La Audiencia Provincial de León ha comenzado a embargar los bienes y la pensión de jubilación de Pedro Muñoz, el exconcejal de Ponferrada condenado a casi 17 años de cárcel por intentar matar a su esposa, Raquel Díaz, el 27 de mayo de 2020, a quien arrojó por la terraza de su casa y le causó gravísimas lesiones que la dejaron tetrapléjica.

La medida busca que la víctima pueda percibir al menos una parte de la indemnización de 1,5 millones que le fue reconocida en sentencia firme.

El embargo se limita por ahora a la vivienda de Muñoz en Santo Tomás de las Ollas, en Ponferrada, mientras que la finca de Toreno, conocida por los vecinos como “la casa de los horrores”, donde ocurrió la agresión, no ha sido incluida.

Esa propiedad había sido donada por Muñoz a sus hijos para evitar el pago de la indemnización, una maniobra que luego fue declarada nula, aunque los cambios todavía no se han reflejado en el catastro.

Raquel Díaz quedó tetrapléjica con secuelas físicas y neurológicas permanentes, y la sentencia, confirmada por el TSJCyL y el Supremo, impuso a Muñoz casi 17 años de prisión y la indemnización a la víctima, aunque cinco años y medio después todavía no ha recibido el dinero que le corresponde.

Además, se ha iniciado el embargo parcial de la pensión de jubilación de Muñoz, que supera los 2.200 euros al mes.

Actualmente, Raquel Díaz, de 49 años, vive en un centro sociosanitario y no puede volver a ejercer su profesión de abogada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha rechazado paralizar la actividad de la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa de Ponferrada. La decisión corrige la adoptada por la misma instancia en sentido contrario el pasado mes de noviembre como consecuencia de una solicitud (entonces atendida) de la plataforma Bierzo Aire Limpio y el Ayuntamiento de Ponferrada.

La resolución judicial, que ahora acepta los argumentos en contra de la paralización de Ponferrada y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, dependiente de la Junta), considera que detener la instalación supondría un grave perjuicio para el interés general, especialmente en pleno periodo invernal.

Según recoge la resolución e informa el Consistorio, la paralización de la central dejaría sin suministro térmico a numerosos servicios públicos esenciales, entre ellos residencias de mayores, centros educativos o la estación de autobuses Egeria, lo que generaría una situación de desprotección para usuarios especialmente vulnerables.

El juzgado subraya que este riesgo debe prevalecer frente a la solicitud de suspensión de la actividad. Añade que no se cumplen los requisitos legales para acordar la ejecución provisional, ya que la obra de la central está completamente finalizada y no es posible su paralización material.

A ello se suma que los informes técnicos aportados al procedimiento descartan la existencia de alternativas inmediatas y viables de calefacción, lo que podría comprometer la salud de los usuarios de las instalaciones afectadas.

El Ayuntamiento de Ponferrada considera positiva la decisión judicial, al entender que refuerza la protección del interés general y garantiza la continuidad de los servicios básicos.

El consistorio insiste en su respeto a las resoluciones judiciales y en su compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental y la seguridad ciudadana.

El procedimiento judicial, no obstante, continúa abierto, ya que contra esta decisión cabe la interposición de un recurso de apelación en el plazo de quince días.

“Sigue siendo ilegal”, dicen las demandantes

Las entidades denunciantes dicen respetar este pronunciamiento judicial, pero matizan que no entra al fondo del asunto. “Debemos decirlo con toda contundencia: a día de hoy la central de calor sigue siendo ilegal”. A la espera de la deliberación sobre el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Ponferrada y Somacyl, la plataforma y el colectivo vecinal ponen el foco en la parte de este último auto en el que se advierte a la administración de que “una eventual confirmación de la sentencia firme recae sobre su esfera patrimonial”, al tiempo que se le insta a “iniciar los trámites para su regularización”.

“En lugar de sentarse a subsanar las carencias y arreglar las cosas, el Ayuntamiento sigue con su huida hacia adelante optando por recurrir las resoluciones profundizando en los errores cometidos anteriores”, señalan los demandantes.

Frente al argumento del peligro a dejar a usuarios sin calefacción en determinadas instalaciones, Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla afirman que un informe acredita que “todos los edificios (implicados) menos la estación de bus tienen sistemas de calefacción alternativos”.

Las organizaciones demandantes han criticado la decisión del Ayuntamiento de proseguir con la explotación de la red en lugar de corregir las deficiencias detectadas, recurriendo las resoluciones judiciales y profundizando en los problemas ya señalados.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado la condena a 12 años y medio de prisión por un delito de asesinato en tentativa, con agravante de parentesco, para una mujer que intentó envenenar a su expareja con un raticida introducido en una tableta de chocolate de un hijo en común, a quien instó a convencer a su padre para que la comiera. El TSJ ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ratificado la sentencia emitida el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de León.

Los hechos se remontan al mes de junio de 2020. El relato de la sentencia detalla que la mujer “con el fin de acabar con la vida de su expareja, aplicó una sustancia no determinada, pero que contenía una dosis letal de raticida, a una barra de chocolate que entregó a su hijo”, al que dijo que “él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara”.

El niño obedeció a su madre. Y convenció a su padre para que comiera el chocolate. Tras ingerirlo, el hombre se encontró “indispuesto con dolor de barriga y hormigueo en las manos”. Su salud fue empeorando y dos días después acudió al Hospital HM La Regla de León como consecuencia de un “dolor plantar bilateral en manos y pies, lesiones cutáneas y debilidad muscular, además de dolores abdominales”, por lo que quedó ingresado.

Al no presenta mejoría de las lesiones, el hombre ingresó en el Hospital de León el 30 de junio. Y quince días más tarde fue derivado a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) con una insuficiencia respiratoria que obligó a intubación orotraqueal y ventilación mecánica. A lo largo de los días comenzó a presentar más complicaciones, como úlcera corneal, alteraciones visuales, intensa debilidad muscular, lesiones cutáneas descamativas y alopecia.

El hombre fue tratado con diferentes medicamentos y llegó a ingresar otras tres veces en la UCI durante los meses de agosto, septiembre y octubre, hasta que en diciembre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde obtuvo el alta hospitalaria el 22 de enero del 2021.

La acusada y su pareja, tras terminar una relación sentimental en la que tuvieron dos hijos, habían acordado que los vástagos comunes quedaran bajo la custodia de la madre. Y fijaron un régimen de visitas para el padre, que más tarde y por sentencia judicial se cambió a la custodia para el padre y visitas para la madre.

Según recoge la sentencia, la relación personal entre ambos se fue complicando y deteriorando, en particular por las visitas de los hijos comunes, hasta el punto de que eran frecuentes desencuentros en los intercambios.

Contra el pronunciamiento del TSJ cabe recurso de casación, que se podrá prepararse en la misma Sala para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años de prisión que impuso la Audiencia de León a cada uno de los tres jóvenes que fueron juzgados por agresión sexual y lesiones leves cometidos en agosto de 2021, un caso que viene derivado de las diligencias previas abiertas en su día por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada.

Según la sentencia, los encausados abordaron a la menor, que caminaba por la calle, a la que llegaron en un vehículo conducido sin permiso por uno de los procesados.

Durante el incidente, los tres intentaron realizar tocamientos a la víctima, que logró escapar. Como consecuencia, la menor sufrió un hematoma en el brazo y un arañazo en la espalda, lesiones de carácter leve.

La Audiencia Provincial de León impuso a cada uno de los acusados dos años de prisión por agresión sexual, penas de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela o profesiones con contacto con menores, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante tres años.

Además, deberán indemnizar conjuntamente a la menor con 1.500 euros por daños morales y 400 euros por las lesiones.

El conductor del vehículo fue condenado además a doce meses de multa por un delito contra la seguridad vial, al conducir sin licencia.

El TSJCyL ha establecido que la sentencia de primera instancia estaba correctamente fundamentada, y ha destacado la credibilidad del testimonio de la víctima, corroborado por familiares y pruebas periciales, frente a los relatos contradictorios de los acusados.

La Sala ha concluido que no se vulneró la presunción de inocencia y que las medidas impuestas son proporcionadas a la gravedad de los hechos.

Contra esta resolución, que confirma todas las penas impuestas por la Audiencia Provincial, cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha ordenado “el cese inmediato de cualquier actividad” de la central de biomasa de Ponferrada, conocida como la Red de Calor, tras estimar parcialmente la petición presentada por las asociaciones Bierzo Aire Limpio y vecinos del barrio de Compostilla, que habían solicitado la ejecución de una sentencia del pasado mes de julio.

El juez acepta los argumentos de los colectivos, que alegaban que la planta supone un riesgo para la salud y el medio ambiente al no haber superado una evaluación ambiental integral. Y ordena la paralización de la infraestructura por “operar sin las garantías ambientales debidas”.

No obstante, el auto precisa que no procede paralizar las obras, ya que estas ya están finalizadas. La resolución establece, además, que el Ayuntamiento de Ponferrada y la empresa pública Somacyl deberán disponer de medios alternativos para garantizar la continuidad del servicio de calefacción y agua caliente que la red proporciona a edificios públicos, comunidades de vecinos y espacios sensibles.

El Ayuntamiento de Ponferrada citó los edificios municipales ya conectados a la Red de Calor: el Parque de Bomberos, el Pabellón Lydia Valentín, la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal Valentín García Yebra, los colegios Peñalba, La Puebla-Luis del Olmo (este prácticamente sin uso) y el de personas adultas Ramón Carnicer.

Y es que el juez advierte en el auto de que “el perjuicio derivado de la falta de calefacción, si bien de extrema gravedad social, es técnicamente reparable” y lo limita a lo “económico” y lo “organizativo”, por lo que insta al Ayuntamiento y a Somacyl a “disponer los medios alternativos” para garantizar la continuidad del servicio.

“Llevamos más de siete años denunciando que esta incineradora de biomasa era ilegal y el Ayuntamiento ha optado por una huida hacia delante inadmisible”, ha dicho la Asociación de Vecinos Compostilla, en un caso llevado por el despacho Cordal Abogados de León.

Bierzo Aire Limpio, que vuelve a exigir dimisiones y que se deriven responsabilidades, así como una auditoría del dinero público gastado en esta infraestructura, recuerda que ya en julio se produjo la segunda sentencia judicial contraria a la Red de calor. “No ha habido tampoco movimiento para intentar arreglar la situación, todo lo contrario se ha mantenido en las mismas a pesar de la ejecución provisional”, asegura su portavoz, Marga Camba.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Llamamiento “a la responsabilidad”

Tras conocerse el fallo, el concejal de Urbanismo de Ponferrada, Carlos Cortina, ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad para con la ciudadanía”, al tiempo que ha advertido del “perjuicio notabilísimo” que supondría una interrupción del servicio en estas fechas.

Cortina ha atribuido la situación a “errores administrativos del anterior equipo de gobierno, encabezado por Olegario Ramón (PSOE)”, y defendió que la red de calor “beneficia al municipio por el mantenimiento de empleo y la gestión sostenible de los recursos forestales”.

“Respetamos el derecho de las asociaciones a actuar, pero apelamos también a su conciencia ecológica y ciudadana ante los beneficios de esta infraestructura”, ha concluido el edil.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado íntegramente las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de León en el conocido caso del Club Bahillo, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, un procedimiento que se originó tras la operación policial desarrollada en 2019 en ese local de alterne en el que se retenía a varias mujeres para presuntamente ejercer la prostitución, con el amparo de un subinspector de Extranjería de la Policía Nacional, como desveló ILEÓN en exclusiva en el año 2019.

La sentencia hoy conocida del Alto Tribunal autonómico desestima los recursos de apelación interpuestos por los condenados, los dueños de la empresa que regentaba el local, cerrado hace muchos años, y ratifica sus penas, tanto impuestas a los gerentes como al funcionario policial, declarando así firmes varias absoluciones de otros delitos por los que también fueron juzgados. Ya sólo cabría un último recurso ante el Tribunal Supremo.

Los responsables del establecimiento, ambos socios de la empresa Hotelera Leonesa SAP, fueron condenados como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El tribunal considera probado que hasta diecisiete mujeres extranjeras realizaban labores de alterne en el club sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y, en muchos casos, en situación irregular en España. La Sala reitera el criterio de la Audiencia de que la actividad de alterne reúne las condiciones de una relación laboral, por lo que los acusados debieron cumplir con las obligaciones de cotización.

Cada uno de ellos deberá cumplir un año de prisión, inhabilitación especial para actividades empresariales por un año, multa e indemnizar solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social por las cuotas no ingresadas. Además, se mantiene la suspensión de actividades durante un año del local Club Bahillo.

Condena al policía de Extranjería

El TSJ también confirma la pena impuesta al subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, cuyo nombre nunca ha trascendido, el cual estaba entonces destinado en la Brigada Provincial de Extranjería de León. La condena es por un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, que tenía acceso a información privilegiada que afectaba a la actividad a las que se sometía a las mujeres, casi todas precisamente extranjeras.

Según los hechos probados, el agente accedió indebidamente a bases de datos policiales para consultar antecedentes personales de un ciudadano, información que posteriormente reveló a una tercera persona. Fue condenado a tres años y seis meses de prisión y a nueve años de inhabilitación absoluta, lo cual ratifica ahora el Tribunal.

También se confirman las absoluciones de otros acusados, entre ellos dos guardias civiles inicialmente investigados, y descarta la existencia de delitos de falsificación, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de drogas o blanqueo de capitales, que ya habían sido rechazados por la Audiencia Provincial.

Sin dilaciones indebidas

El TSJCyL también rechaza aplicar la atenuante que las defensas habían argumentado, basado en presuntas dilaciones indebidas al juzgarse este caso. El tribunal entiende que el procedimiento, que se inició tras la denuncia de una mujer paraguaya en el año 2018, y que fue declarado secreto durante dos años, se desarrolló dentro de plazos razonables, dada su gran complejidad.

Fue aquella denuncia particular de la mujer la que dio origen a todo el caso, al denunciar en la propia Comisaría que había sufrido la retención de su documentación personal. La operación derivó en la detención de los responsables del club y del propio subinspector de Extranjería, aunque posteriormente fue puesto en libertad con cargos, en una investigación que abordó presuntos delitos relacionados con la inmigración irregular, la explotación laboral y la corrupción policial. En aquella ocasión, el Ministerio del Interior se negó a informar a ILEÓN si este policía había sido apartado de su puesto.

La Asociación de Vecinos de Compostilla y la ONG Bierzo Aire Limpio han exigido la ejecución inmediata de la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo de León que anula las licencias y autorizaciones otorgadas para la central y la Red de Calor en Ponferrada. Ahora tanto la administración autonómica como la municipal han anunciado recursos contra el pronunciamiento judicial, el segundo que se produce en este sentido.

Ambas organizaciones, que recomiendan a las comunidades de vecinos “máxima cautela antes de firmar ningún contrato”, han recordado este viernes en un comunicado que esta resolución confirma la sentencia de 2020 y rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento y Somacyl.

Según estas entidades, el artículo 117 de la Constitución Española y el principio de tutela judicial efectiva obligan a cumplir las resoluciones judiciales, incluso de manera provisional, cuando así se solicita.

Por ello, solicitan al Ayuntamiento de Ponferrada y a la Junta de Castilla y León que ordenen a la empresa adjudicataria la “restauración inmediata” de las zonas afectadas por las obras, incluyendo aceras, calles, arquetas y zonas verdes, para evitar molestias y riesgos a los vecinos durante la tramitación de posibles recursos.

Desde la Asociación de Vecinos han denunciado la persistencia del “caos” y los “escombros” en las calles, lo que califican como un “desprecio flagrante” al poder judicial y a la ciudadanía.

Además, Bierzo Aire Limpio ha advertido sobre la “sensación de impunidad institucional” generada por la intención del Ayuntamiento y la Junta de continuar con las obras “como si nada” tras la sentencia que declaró irregular el proyecto.

Las organizaciones también han alertado de la confusión que puede provocar la promoción de la Red de Calor entre la población, ya que algunos comercios están ofreciendo servicios vinculados a esta infraestructura que podría quedar paralizada por orden judicial, lo que dejaría sin calefacción a quienes contraten el sistema.

El Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado este martes una declaración institucional para condenar la "agresión salvaje" del exconcejal Pedro Muñoz contra su exmujer, Raquel Díaz, a quien dejó en silla de ruedas tras una brutal paliza.

El texto solicita también apoyo para la víctima, que necesita asistencia para continuar con su vida. Esta declaración se suma a la aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Ponferrada, tras el fallo del Tribunal Supremo que confirmó la condena de casi 17 años de prisión para el acusado.

El pleno ha aprobado otra declaración institucional para poner en marcha un plan comarcal contra el racismo y la xenofobia. Olegario Ramón, presidente del Consejo, ha explicado que esta iniciativa responde al aumento de actitudes xenófobas en la comarca, evidenciado en pintadas aparecidas en los pilares del puente hacia el Pajariel.

Por otro lado, Coalición por El Bierzo (CB) ha presentado y logrado la aprobación de dos mociones que reclaman al Gobierno la igualdad fiscal en el sector agrario para todos los municipios de la comarca, así como la eliminación del peaje de la autopista AP-71 entre Astorga y León.

En la primera moción, CB exige al Ministerio de Hacienda que homologue las reducciones fiscales en el IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por fenómenos climáticos adversos, como heladas y pedrisco.

Señalan que la actual normativa otorga beneficios a municipios como Cacabelos o Carracedelo, pero excluye a Ponferrada a pesar de contar con explotaciones similares, generando desigualdades incluso en parcelas bajo la misma titularidad.

En la segunda, el grupo pide la supresión del peaje de la AP-71 (León-Astorga), tras la reciente prórroga de la concesión hasta 2055, argumentando que supone un coste excesivo para los residentes que se desplazan a León, quienes en muchos casos optan por la carretera N-120, una vía con alta siniestralidad y tráfico pesado.

CB critica la falta de políticas de cohesión territorial y recuerda la promesa de eliminación del peaje realizada por el expresidente Zapatero en 2003.

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ponferrada recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia que declara ilegales los permisos de la central de biomasa de Ponferrada y la Red de Calor, y ordena la paralización de las obras de extensión, tal y como anunció la plataforma Bierzo Aire Limpio, que ha capitaneado la oposición a esta iniciativa junto a la Asociación de Vecinos Compostilla, barrio en el que se asienta la infraestructura principal.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, confirmaron este lunes que recurrirán ese fallo del Juzgado de León, ya que no están de acuerdo y creen que la tramitación fue correcta. Se trata del segundo pronunciamiento judicial (el primero data de julio de 2020) que suspende los permisos de la Red de Calor.

“No compartimos la sentencia, el criterio del juez lo respetamos pero vamos a recurrirlo. Vamos a defender la actuación porque entendemos que la tramitación es correcta. Si hay que hacer alguna corrección, me imagino que el ayuntamiento está por la labor. Quiero defender la tramitación por parte de los funcionarios públicos, Hay una diferencia de criterio e intentaremos hacer valer el nuestro”, dijo Quiñones, quien, en todo caso, defendió las bondades de las redes de calor y recordó que esta sentencia habla de defectos de forma y no entra a cuestionar la legalidad de estas instalaciones.

“La sentencia de León no pone cuestionamientos el fondo, está inmaculado. Hay suficiente legislación y es lo que permite hacerlas. Son una gran oportunidad porque son un servicio público que abarata el coste de la energía, la hacen más sostenible, permite el aprovechamiento de la biomasa de limpieza de los montes para evitar incendios y es modernidad. Permite eliminar chimeneas de sistemas de combustión y mejora la calidad del aire. Todo son ventajas”, defendió.

Por su parte, Morala confirmó las palabras del consejero y aseguró que se recurrirá esa sentencia porque consideran que las cosas se tramitaron de forma correcta.

La Red de Calor de Ponferrada se queda ya por segunda vez en un limbo legal. Primero fue el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de León el que, en julio de 2020, suspendió las licencias municipales otorgadas y las declaró nulas. Ahora, después de que la Junta de Castilla y León burlara aquel prodedimiento quitándose a sí misma la obligación del trámite de evaluación ambiental para activar el proyecto, es el Juzgado de la Contencioso Número 2 de León el que anula todos los permisos y ordena paralizar la actividad. Así lo dice la sentencia dada a conocer por la plataforma Bierzo Aire Limpio, la plataforma que lideró la oposición a esta iniciativa junto a la Asociación de Vecinos Compostilla, el barrio ponferradino en el que se levantó la infraestructura, puesta en marcha con el objetivo de atender la demanda de más de 2.800 viviendas y 43 edificios con una inversión de 12,5 millones de euros.

“La Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial”, reza la nueva sentencia del Contencioso de León, calificada como “durísima” por Bierzo Aire Limpio, que exige “dimisiones y una auditoría del dinero público” empleado en este proyecto, impulsado por la Junta con la participación del Ayuntamiento de Ponferrada, que aprobó por unanimidad a finales de 2023 su puesta en funcionamiento. Y es que tira de esa alusión del pronunciamiento judicial para denunciar que esa actitud de la administración “supuso perdonarle a Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, dependiente de la Junta) decenas de miles de euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se liquidó sobre el presupuesto del edificio (unos 797.000 euros), mientras que el coste total de la obra era más de 2,1 millones de euros”.

“Desde el principio”, expone Bierzo Aire Limpio, “ha sido una cacicada del consejero (de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos) Suárez-Quiñones y de la entonces alcaldesa (de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo), que el siguiente alcalde (Olegario Ramón) consintió. Han sido ocho años de lucha desigual de la sociedad civil del Bierzo contra el Ayuntamiento de Ponferrada y contra la empresa pública Somacyl. Ha sido la lucha de David contra la prepotencia del consejero de Medio Ambiente, que se cree Goliat. Esta sentencia histórica recoge todos nuestros argumentos respecto a dicha instalación construida ilegalmente en el Barrio de Compostilla y que seguirá sin funcionar”.

Los tribunales anulan ahora la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional de la planta por varios motivos. Aprecian que el Ayuntamiento de Ponferrada ha incurrido en un “fraccionamiento del proyecto” al optar por conceder las licencias impugnadas limitando su objeto exclusivamente a la edificación de la central y excluyendo a la red de calor que distribuye el mismo por toda la ciudad.

Asimismo, la sentencia cuestiona la información pública transmitida en su día sobre el proyecto hasta incluso omitir el trámite de audiencia a los interesados. “A Bierzo Aire Limpio se le notificó el plazo de información pública cuando la documentación prácticamente ya había sido retirada de la web municipal”, señala la propia plataforma, que se hace eco de irregularidades urbanísticas puesto que el proyecto “implica una ocupación intensiva del dominio público local (el subsuelo de numerosas calles) para un uso privativo”, señala la sentencia.

Así las cosas, Bierzo Aire Limpio reclama que este segundo pronunciamiento judicial tenga consecuencias políticas: “Exigimos expresamente la dimisión inmediata de Suárez-Quiñones y la exigencia de las responsabilidades políticas y económicas correspondientes, así como una auditoría del dinero público gastado en este proyecto”.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Compostilla solicita al actual alcalde Ponferrada, Marco Morala, que no recurra la sentencia. Cordal Estudio Jurídico, despacho que ha llevado esta demanda judicial, comunicará esta sentencia al Banco Europeo (que había concedido un aval a Somacyl, igualmente cuestionado“ para que no se siga financiando con dinero público esta instalación que califica como ”un sumidero de préstamos europeos“.

Y es que el abogado de Cordal Estudio Jurídico Víctor A. Bayón sugiere que, de toda esta situación, podrían “incluso derivarse responsabilidades de alguno de los intervinientes dado que el juzgado aprecia una reiteración en la conducta infractora por parte de la Administración al volver a incurrir en parte de los mismos motivos que llevaron a su primera anulación en 2020”.

El Ayuntamiento estudia recurrir

El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado, a través de su concejal de Urbanismo, Carlos Cortina, que sus servicios jurídicos están estudiando recurrir la sentencia que anula permisos de la central térmica de biomasa, cuya actividad debe paralizarse de inmediato, según el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León.

La sentencia declara nulos varios actos administrativos vinculados a la instalación energética. Pero Cortina aclaró que dichos actos administrativos corresponden al anterior mandato municipal (2019-2023), liderado por el socialista Olegario Ramón.

La sentencia anula, en concreto, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 25 de noviembre de 2021, que autorizaba provisionalmente la central, así como los decretos firmados por Ramón en diciembre de 2021 que concedieron las licencias ambiental y urbanística.

El Ayuntamiento deberá paralizar la actividad de la central mientras se resuelve la situación jurídica.

La portavoz de Podemos Ponferrada, Lorena González, exigió este martes la declaración del exconcejal Pedro Muñoz como persona non grata por parte del Ayuntamiento de Ponferrada y del Consejo Comarcal del Bierzo, después de la condena firme del Tribunal Supremo a 16 años y once meses de prisión por delitos los de maltrato familiar y de lesiones agravadas con las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género sobre su exmujer, Raquel Díaz, a quien dejó parapléjica tras lanzarla por el balcón en una finca en la localidad leonesa de Toreno, en mayo de 2020. La reacción de Podemos se suma a la de la Plataforma contra las Violencias de Género de Ponferrada, que reclama a partidos e instituciones apartar de la vida pública a los agresores.

“La reciente sentencia firme contra Pedro Muñoz elimina cualquier excusa para quienes, en su momento, rechazaron la petición de Podemos de actuar con contundencia política e institucional”, advirtió Lorena González, convencida de que, tras la sentencia firme, “ni el Ayuntamiento de Ponferrada ni el Consejo Comarcal tienen excusa para hacer una reprobación pública y explícita a quien torturó durante años a Raquel Díaz mientras se hacía fotos con lazos morados para, como culmen final de su depravación, dejarla tetrapléjica de una paliza”.

La portavoz de la formación morada ya intentó en su momento promover esta declaración, pero fue rechazada por todas las formaciones políticas “argumentando la falta de firmeza de la sentencia”, de forma que “ahora, con la resolución judicial firme en mano, no hay justificación para continuar escurriendo el bulto y no asumiendo dicha responsabilidad”.

Además de al Ayuntamiento de Ponferrada, Podemos también instó al Consejo Comarcal del Bierzo “como máximo órgano político de la comarca”, a elevar su propia declaración de persona non grata contra Pedro Muñoz, al que González acusó este martes de “manosear el término bercianismo, tratar de hacer carrera política instrumentalizando el nombre de El Bierzo y mancillar la bandera arrastrándola por sus actos como señuelo de un proyecto político que jamás tuvo nada que ver con la tierra sino únicamente con él mismo y sus habituales delirios de grandeza”.

“Es fundamental que todas las instituciones demuestren un compromiso férreo con la erradicación de la violencia de género y que envíen un mensaje claro de que no hay cabida para quienes cometen actos tan atroces”, remarcó la portavoz de Podemos Ponferrada, para quien la declaración de persona non grata “no es solo un acto simbólico, sino un posicionamiento político y moral contundente que busca visibilizar el rechazo institucional a la violencia machista y dignificar y reconocer a las víctimas”.

Finalmente, Lorena González tuvo un recuerdo para Raquel Díaz y “las personas que no la han dejado sola en este durísimo proceso y la han acompañado hasta llegar a una sentencia firme” de la que espera que “se cumpla en su totalidad y no se le rebaje ni un solo día, ni un mísero minuto”.

La Plataforma contra las Violencias de Género de Ponferrada ha expresado este lunes su “satisfacción” tras ratificar el Tribunal Supremo la condena a 17 años de cárcel al exconcejal ponferradino Pedro Muñoz por los malos tratos que dejaron al borde de la muerte a su exesposa Raquel Díaz. El conglomerado ha aprovechado el caso para exigir a partidos políticos e instituciones que aparten de la vida pública a los agresores.

Tras conocerse el pronunciamiento del Supremo sobre el caso de Pedro Muñoz, condenado por maltrato continuado después del episodio de mayo de 2020 en Toreno en el que dejó parapléjica a su entonces esposa, la Plataforma contra las Violencias de Género considera la sentencia como “un paso imprescindible para que se haga justicia”. “Pero”, matiza, “llega tarde y tras años de sufrimiento para la víctima, que ha tenido que soportar no solo la brutal agresión física y psicológica, sino también la exposición pública y la dureza de un proceso judicial prolongado”.

“Trasladamos toda nuestra solidaridad, apoyo y admiración a la víctima, que ha demostrado un valor enorme al enfrentarse a quien la maltrató, a pesar de la presión y el silencio que durante demasiado tiempo ha rodeado este caso”, señala en un comunicado el conglomerado para a continuación pedir “responsabilidad a los partidos políticos e instituciones para que rompan de forma inmediata cualquier vínculo con personas condenadas por violencia machista y asuman su deber de protección hacia las víctimas”. “Tolerancia cero”, añade, “significa no solo condenar los hechos, sino también apartar de la vida pública a los agresores”.

Concejal en Ponferrada por Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz había sido previamente procurador autonómico del Partido Popular, formación con la que completó entre 2007 y 2015 su andadura como alcalde de Toreno comenzada en 2003 con la Unión del Pueblo Leonés. Muñoz fue detenido unos días después de la agresión en Toreno de mayo de 2020 e ingresó en prisión provisional durante dos años hasta quedar en libertad a la espera del juicio en la Audiencia Provincial de León a finales de 2023, tras el cual resultó condenado a 17 años de cárcel. Ahora el Tribunal Supremo ha ratificado ese pronunciamiento tras haberlo hecho ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Al mismo tiempo, la plataforma echa en falta en este caso una reparación a la víctima: “Las víctimas de violencia machista no solo merecen justicia, sino también una reparación integral y efectiva, algo que en este caso está muy lejos de haberse producido. La justicia tiene la obligación de enviar un mensaje claro y contundente: quien agrede, quien maltrata y quien maniobra para eludir sus responsabilidades económicas hacia las víctimas, debe pagar con todo el peso de la ley”.

“Este caso debe servir para recordar que la violencia de género no entiende de profesiones, ni de partidos, ni de clases sociales. Puede estar en cualquier lugar, incluso en las instituciones. Y debemos erradicarla”, concluye.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha desestimado el recurso presentado contra la sentencia que condenó a un joven a total de seis años de prisión como autor de un delito de detención ilegal y conducción temeraria con lesiones imprudente sobre su expareja. La víctima planteaba el reconocimiento de un delito de revelación de secretos que no se reconoce por el TSJ.

El dictamen que ratifica el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de León alega que hay una falta de prueba pericial y que resulta insuficiente la declaración de la víctima, que supone que el acusado accedió a sus mensajes de WhatsApp o Instagram, y la declaración de su madre por referencias al estado de nerviosismo de su hija y lo que le comentó.

“Estas sospechas no corroboradas se incluyen en el atestado, pero no cuentan con ningún otro elemento que acredite la lectura de los mensajes del móvil de la víctima, así como el borrado y envío de otros mensajes desde el terminal móvil”, argumenta el TSJ.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 11 de octubre de 2022, cuando el acusado coincidió con su expareja en varios locales de ocio nocturno de la ciudad, tras lo que la esperó en las inmediaciones de su domicilio, donde inició una discusión. En un momento dado y durante esa discusión, el joven le dijo a la chica “¿A que te meto en el maletero?”.

Ya con la mujer en el maletero y tras quitarle el teléfono móvil, el hombre condujo durante media hora, mientras la víctima consiguió accionar una palanca y plegar los asientos traseros del vehículo para acceder a la zona de los asientes traseros. Ante la posibilidad de que la joven pudiera salir, él “aceleró el vehículo y, al frenar bruscamente, ella salió disparada y se empotró contra el salpicadero del coche”.

Como consecuencia de esto, tal y como recoge la sentencia, la mujer sufrió varias lesiones que precisaron para su curación de una primera asistencia facultativa y tratamiento médico-quirúrgico, además de estrés postraumático grave. Ante la sangre que presentaba la mujer en el rostro, el acusado la llevó a su domicilio, donde se limpió la herida y la obligó a cambiarse de ropa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha suspendido cautelarmente los Bandos de Alcaldía firmados por el regidor de la capital leonesa, José Antonio Diez, que amparaban las restricciones de tráfico en nuevas calles peatonalizadas en el centro de la ciudad. Los tribunales dan así la razón al Grupo Municipal Popular, que pide paralizar la ordenanza de movilidad que se estaba tramitando y abrir un nuevo proceso para definir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al tiempo que exige la asunción de responsabilidades políticas. “Si el alcalde fuera el máximo responsable de una empresa, ya estaría despedido”, dijo este miércoles al dar a conocer el pronunciamiento judicial el portavoz popular, David Fernández. El equipo de Gobierno, por su parte, ya ha avanzado que mantendrá su hoja de ruta y llevará

La sentencia deviene del recurso contencioso presentado el pasado mes de enero por el PP para impugnar los Bandos de Alcaldía en los que se establecía una nueva regulación para calles peatonalizadas en los últimos tiempos y pedir su suspensión cautelar. Denegadas en primera instancia en un auto que los populares tachan de “desconcertante”, ahora son reconocidas por el TSJ a través de una sentencia contra la que se puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.

En su valoración política, el PP califica la sentencia como un “golpe rotundo de realidad a la soberbia habitual del alcalde y una enmienda a la totalidad al proyecto estrella de este mandato”. Y es que el portavoz popular habla de una Zona de Bajas Emisiones “mal planteada”, “improvisada” y sin “soporte jurídico”, con “mucho de ideología y capricho” a través de bandos que tachó de “atajo torticero” y por la vía de peatonalizaciones como las acometidas en calles del centro de la ciudad como San Agustín, Alfonso V o Gil y Carrasco. Se trata, remachó, de proyectos “personalísimos” cuyas consecuencias se dejan notar en el centro con un “tráfico colapsado” y donde “aparcar es imposible”.

Ahora, de forma inmediata, el PP exige a Diez que “acate la decisión judicial y revierta el uso de las vías al estipulado en el contrato de obras de adecuación de las mismas: el calmado de tráfico que permita la convivencia entre viandantes y vehículos con una velocidad de circulación limitada a 10 kilómetros por hora”. A continuación, reclama la paralización de la tramitación de la nueva ordenanza de movilidad, por su contenido relativo a la ZBE, hasta retirar el punto de la sesión plenaria de esta semana. El siguiente paso, según los populares, pasaría por abrir un nuevo procedimiento con un debate “sosegado” y alejado de los “caprichos personales del alcalde”. Fernández concluyó exigiendo “responsabilidades y disculpas por la grave ilegalidad cometida” a pesar de las advertencias políticas y del Procurador del Común, que ya el pasado diciembre alertó de posibles ilegalidades e instó a revertir la situación.

La sentencia apenas unos días después de que el propio Grupo Popular achacara a José Antonio Diez "descontrol" por no aclarar si las cámaras ubicadas en las calles peatonalizadas comenzarían ya a multar el pasado viernes. Con este fallo judicial en las manos, el portavoz del PP ahondó en sus críticas al regidor sin dejar de pasar la ocasión para afear el papel de la Unión del Pueblo Leonés, “colaborador fiel” del Ejecutivo municipal al “meter en un cajón” una moción presentada en diciembre por los populares para buscar alternativas. “A ver si UPL, que se dice oposición pero que son dóciles socios de gobierno y cooperantes en la sombra de esta chapuza legal, se pone, de una vez por todas, serio con el alcalde y no repite papelones como el de llegar a tachar de negligente la gestión del alcalde un día y al día siguiente abstenerse de su reprobación”, añadió.

“No entra en el fondo”, se defiende al Ejecutivo municipal

El equipo de Gobierno no ha tardado en contestar. Y lo ha hecho confirmando que llevará este viernes a la sesión plenaria ordinaria la aprobación inicial de la ordenanza municipal al sostener que “las medidas cautelares planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no tienen ningún efecto práctico puesto que actualmente el Consistorio no ha impuesto ninguna sanción”.

“El Ayuntamiento de León se ha limitado a cumplir con la normativa actual, aprobada en 2006 por el PP, en la que se permite regular zonas peatonales a través de un bando”, añade el Ejecutivo municipal para avalar la importancia de aprobar la ordenanza de movilidad como herramienta para “regular los accesos a las nuevas calles peatonales así como a la Zona de Bajas Emisiones”.

Asimismo, el Ejecutivo municipal limita los efectos de la sentencia al hablar de una medida cautelar que “no entra en el fondo del asunto”. Y alude a la judicialización consecuencia del contencioso presentado por el PP para señalar que, “por un principio de seguridad jurídica”, se aplazó la aplicación de medidas hasta conocer la posición del TSJ.

“Ahora mismo estamos trabajando en sacar adelante la ordenanza elaborada por los técnicos y que cuenta con aportaciones efectuadas por la Unión del Pueblo Leonés”, dijo el concejal de Movilidad, Vicente Canuria. Con la aprobación inicial de esta herramienta este viernes, el Ayuntamiento espera que pueda entrar en vigor el próximo otoño hasta “dar cumplimiento, también, a la normativa europea en materia de movilidad y reducción de la contaminación en áreas urbanas”.

“Este equipo de Gobierno sigue con su plan de hacer de León una ciudad mejor que, además, cumpla con las normativas europeas para la reducción de la contaminación en las ciudades y la mejora de la calidad de vida de los residentes, una ciudad más sostenible, más accesible, más saludable y más cómoda para todos. Una ciudad del siglo XXI acorde a los modelos europeos. León ya ha iniciado ese camino de modernidad y en él seguimos”, ha expresado Canuria, quien, además, ha incidido en que se trata de poner en marcha para las nuevas zonas peatonales “las mismas medidas que llevan ya dos décadas funcionando en el casco histórico, con accesos permitidos a residentes, reparto y servicios de emergencia, entre otros permisos otorgados”.

El Tribunal Supremo da la razón a la familia de un niño leonés con síndrome de Down que luchó durante una década por una educación inclusiva para su hijo. El alto tribunal ha reconocido el derecho de la familia a ser indemnizada con 25.000 euros por parte del Estado por los gastos judiciales que han tenido que soportar desde que empezaron los litigios en 2014, pero rechaza darles los 325.000 euros que reclamaban por perjuicios morales. La decisión revoca una sentencia anterior de la Audiencia Nacional y da valor al dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que en 2020 ya había fallado a favor de la familia.

El menor estuvo varios años escolarizado en un colegio público con apoyo educativo, hasta que las autoridades educativas ordenaron su traslado a un centro de educación especial. La familia recurrió esa decisión por vía judicial, pero tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimaron sus demandas.

Al no aceptar esa resolución, los padres decidieron escolarizar a su hijo en un centro privado. La Fiscalía los denunció entonces por abandono de familia, aunque finalmente fueron absueltos.

Ante esta situación, la familia acudió al Comité de la ONU, que dictaminó que España vulneró el derecho del menor a una educación inclusiva. El organismo internacional criticó también la falta de una evaluación adecuada de sus necesidades y la ausencia de ajustes razonables para su permanencia en un centro ordinario.

Con este dictamen, los padres solicitaron una indemnización al Ministerio de Justicia por funcionamiento anormal de la Administración. La Audiencia Nacional rechazó su petición en 2022, alegando que los dictámenes del Comité no tienen carácter vinculante. Sin embargo, la familia recurrió al Supremo, que ya en 2023 consideró que estos informes sí pueden servir como base para reclamar una compensación por daños.

En su segunda sentencia sobre el caso, el Tribunal Supremo ha reafirmado que los dictámenes del Comité no son meramente decorativos y que, aunque no sean ejecutivos por sí solos, pueden respaldar una reclamación de responsabilidad patrimonial si evidencian una vulneración de derechos fundamentales. El Supremo considera que, en este caso, la familia fue perjudicada por las decisiones de la administración y por la falta de políticas que garantizaran el derecho a la inclusión educativa, como señala la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La indemnización reconocida es por los costes judiciales asumidos por la familia, pero no se aceptó la reclamación de 325.000 euros que solicitaban por daños morales.

Un voto particular en contra

La sentencia incluye un voto particular de la magistrada Pilar Teso, quien considera que el recurso de la familia debía haberse rechazado. En su opinión, el dictamen de la ONU no puede convertirse automáticamente en un título ejecutivo que obligue al Estado a indemnizar, sin un análisis detallado de cada caso concreto.

La Audiencia Provincial de León hizo pública este viernes la sentencia por la condena a veinte años de prisión por un delito de asesinato alevoso consumado a Silvia V. R., la auxiliar de Enfermería acusada de agredir a una anciana de 98 años y posteriormente administrarle de varias dosis de insulina con intención de causarle la muerte el 17 de agosto de 2022 en la Residencia Virgen del Camino de León. Asimismo, deberá pagar una multa de 360 euros por otro delito leve de lesiones.

La Audiencia ratifica así el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 13 de mayo, quienes con una mayoría de ocho votos frente a uno, consideraron probado que la mujer, antes de terminar su turno y después propinar varios golpes en la cabeza y zarandear a la víctima cuando tenía que acostarla tras la cena -cosa que vieron demostrada por unanimidad-, accedió al cuarto de Enfermería y cogió el bolígrafo de insulina para posteriormente administrarle las dosis que acabaron provocándole la muerte.

Además, dado que la víctima padecía demencia y necesitaba ser asistida, por lo que su estado de vulnerabilidad le impedía defenderse, el jurado determinó que la acusada procedió con alevosía.

Ante estos hechos, la Fiscalía solicitaba que se le aplicara a Silvia V.R. la pena de prisión permanente revisable, mientas que ya en su día la defensa anunció que presentará el correspondiente recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Diócesis de Astorga, en León, ha sido condenada a cesar el tañido de las campanas de la parroquia de San Ignacio de Loyola de Ponferrada, así como a imponer medidas de limitación del ruido de las mismas tras una demanda interpuesta por un vecino cuya vivienda está situada a cincuenta metros del templo.

El juez ha condenado a la Diócesis a indemnizar a este vecino con la cantidad de mil euros por los perjuicios ocasionados por las emisiones sonoras de la parroquia, cuyas campanas superaban los niveles de tolerancia y límites legales permitidos por la Ley del Ruido de Castilla y León.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el demandante afirmaba que la sonoridad de las campanas “había alcanzado niveles insoportables en los últimos años, tanto cuando se dan los toques diarios como cuando se dan los toques para el aviso de actos litúrgicos”.

Manifestó, según la resolución judicial, que informó del problema al Ayuntamiento de Ponferrada, que abrió un expediente y efectuó mediciones del ruido que se llevaron a cabo por agentes de la Policía Local.

Esas mediciones, junto con dictámenes periciales que fueron realizados por el Laboratorio de Acústica Aplicada de la Escuela de Ingenierías, industrial, informática y Aeroespacial de la Universidad de León, se utilizaron para requerir al Obispado que adoptase las medidas correctoras necesarias para reducir el impacto sonoro de las campanas.

Se hizo constar en el informe que el nivel de “inmisión” sonora obtenido en exteriores era de 83 decibelios, mientras que el valor exigible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2009 de Castilla y León sería igual o inferior a 60 decibelios.

En cuanto a interiores, el nivel era de 64 decibelios, mientras que el valor exigible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2009 de Castilla y León sería igual o inferior a 37 decibelios.

El demandante expresó que, como consecuencia del ruido provocado por las campanas, se veían afectados sus derechos fundamentales a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, impidiéndosele descansar, lo que le ha provocado un trastorno de ansiedad, teniendo que asistir a sesiones de fisioterapia para aliviar la carga muscular que la tensión generada por la problemática acústica le provoca.

Al no atender la Diócesis de Astorga su solicitud, el denunciante recurrió a la vía civil para la defensa de sus intereses ante unos tañidos que superaban los límites permitidos por la Ley 5/2009, la ley del Ruido de Castilla y León, “ruidos que el demandante no tiene la obligación jurídica de soportar, afectando dichos ruidos a los derechos fundamentales a la salud, inviolabilidad e intimidad de su domicilio”, expone la sentencia.

En su demanda, el vecino pedía que se condenase a la demandada a adoptar las medidas correctoras necesarias para adaptar el funcionamiento del reloj conectado a las campanas en horario diurno (desde las 8.00 horas hasta las 22.00 horas) a los límites establecidos en esa ley.

Además, solicitaba una indemnización de un total de 10.820 euros más intereses legales, correspondientes a la indemnización por daño moral y a la salud por importe de 8.250 euros y 2.030 euros por los gastos de tratamiento de fisioterapia.

Finalmente, la indemnización que ha marcado el juez en su fallo es de 1.000 euros para el vecino afectado. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación.

El Tribunal Supremo ha rechazado que tres negocios de hostelería, uno de ellos en León, deban ser indemnizados por el cierre provocado por la pandemia de COVID por entender que eso sólo es posible si la póliza menciona específicamente dicho supuesto.

En tres sentencias fechadas el pasado 21 de abril a las que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional rechaza los recursos presentados contra sendos fallos de las audiencias provinciales de Oviedo, Girona y León.

Lo que ha rechazado el alto tribunal es la pretensión de los demandantes de recibir una indemnización por la pérdida de beneficios incluida, contenida en un contrato de seguro multirriesgo de negocios de hostelería, que tuvieron que cerrar cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia de COVID a mediados de marzo de 2020.

En dos de las sentencias, el Supremo recuerda que este tipo de seguro de pérdida de beneficios por interrupción de la actividad contempla la indemnización por dicha pérdida únicamente en los casos que estén detallados en la propia póliza.

Se puede pedir indemnización no solo por daños materiales sino por la pérdida de beneficios o los gastos incurridos por la paralización empresarial.

Pero en los casos analizados, las pólizas incluían daños materiales derivados de incendio, agua, rayo, actos vandálicos, explosión, inundación y eléctricos, sin que se mencionara en ningún caso la paralización de la actividad por un estado de alarma.

Con carácter general, indica el Supremo, los seguros incluyen coberturas adicionales a los daños materiales, como un complemento, pero especificando qué sucesos los han provocado.

La tercera de las sentencias aborda la interpretación de la expresión “riesgos extensivos” que se utiliza en las condiciones generales para describir las coberturas del seguro, y si este concepto permite entender que se cubren los daños originados por “cualquier causa”.

En la póliza analizada, la pérdida de beneficios diaria contratada “no sería una cobertura autónoma que protegiera al asegurado frente a cualquier situación que suponga una paralización de su negocio”, incluida la derivada de las restricciones sanitarias durante la pandemia.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó este lunes la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León que absolvió de un delito de apropiación indebida al consejero delegado de Alda Hotels, Alberto Rodríguez Boo, quien fue denunciado por los anteriores propietarios del conocido Hotel Novo de Ponferrada. 

En su sentencia, el alto tribunal no ve razones para aceptar el recurso presentado por la acusación ya que no detecta motivos para anular el fallo, por lo que confirma la absolución y condena a los recurrentes a correr con las costas. El acusado se enfrentaba en origen a una petición de cárcel de 5 años y medio por una presunta apropiación indebida de bienes del Hotel Novo por más de 60.000 euros

Los hechos se remontan al año 2015, cuando el grupo Alda Hotels inició la explotación del conocido Hotel Novo de Ponferrada con un contrato de alquiler de un año prorrogable por idénticos períodos hasta un máximo de 15 años. En 2017, los propietarios del hotel decidieron ponerlo a la venta, para lo que necesitaban el visto bueno de Alda Hotels. Este grupo acordó entonces una indemnización con la propiedad, a cambio de la entrega del establecimiento en octubre de 2018, cuando se cumplían tres años del contrato de alquiler y cuando aún quedaban 12 de vigencia. Alda Hotels cogió entonces la gestión del histórico Hotel Madrid de Ponferrada, ubicado en el centro de la ciudad.

Tras las numerosas evasivas para pagar la indemnización por resolución anticipada del contrato, la cocina del hotel quedó en garantía de dicho pago para la cadena hotelera Alda Hotels. Tras eso los propietarios denunciaron al director de Alda por apropiación indebida, alegando que se había llevado numerosos objetos, entre ellos, esa cocina. 

La sentencia reconoce que esa indemnización por resolución anticipada del contrato no se ha hecho efectiva y absuelve al CEO de Alda Hotels. Contra esta decisión cabe recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.

La Audiencia Provincial de León ha condenado a dos hombres por una serie de robos con violencia e intimidación en entidades bancarias de varias localidades de Ponferrada, San Andrés, Valladolid, Oviedo y Gijón. Uno de los condenados, considerado el cabecilla de la banda, recibió una pena de más de 17 años de prisión, mientras que otro fue sentenciado a 2 años y 1 mes por su participación en uno de los asaltos. Los atracos, cometidos entre 2016 y 2021, dejaron a múltiples víctimas maniatadas y sometidas a amenazas con armas de fuego.

Los hechos juzgados incluyen seis robos en sucursales de Caja Rural y BBVA, además de un asalto a un trabajador de un supermercado que depositaba la recaudación en un cajero. En cada golpe, los delincuentes usaban armas para reducir a empleados y clientes, obligándolos a abrir cajas fuertes o realizar transferencias bancarias. En total, lograron sustraer más de 400.000 euros, gran parte de los cuales fueron indemnizados por aseguradoras.

La sentencia considera a uno de ellos culpable de todos los robos, así como del delito de tenencia ilícita de armas, ya que en su domicilio se hallaron una pistola modificada, bridas, pasamontañas y equipos de comunicación. El otro, por su parte, solo participó en el asalto de Gijón en 2019, donde también encapuchó y ató a los empleados.

Además de las penas de prisión, el tribunal impuso a los acusados el pago de indemnizaciones a las entidades bancarias y aseguradoras afectadas. También ordenó la destrucción de las armas incautadas.