La caza y también la pesca se han convertido en una nueva y millonaria prioridad de la Junta de Castilla y León, especialmente desde que se sellaron su nuevo pacto de Gobierno autonómico el Partido Popular (PP) y Vox. Y a provincia de León es con diferencia su nuevo coto. El proyecto de presupuestos generales de la Junta para el año 2027, al mismo tiempo que contempla polémicos recortes como cuatro millones menos para proyectos internacionales de cooperación al desarrollo por parte de ONGs, recoge sólo en la provincia de León unas partidas nunca vistas para las actividades cinegéticas y piscícolas. La cuantía se eleva por encima de los 2,5 millones, sumando en total 2.586.509 euros.

Esa cantidad supone multiplicar de un plumazo por seis el presupuesto destinado para estas actividades en el último presupuesto que ha estado vigente, el de 2024, prorrogado hasta hoy por la minoría parlamentaria del PP tras la anterior ruptura con Vox en el Ejecutivo autonómico. En aquellas cuentas, la suma de partidas para caza y pesca apenas alcanzaron los 416.228 euros, divididas en una partida de 291.228 euros para promoción de turismo y otra línea de ayudas de 125.000 euros a pequeñas y medianas empresas, Pymes, para “fomento turismo relacionado con pesca, caza o micología”. Ambas provenían de la única consejería con un leonés al frente, la de Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Todavía esa cifra fue objeto de una drástica reducción en el último proyecto de presupuestos presentado por la Junta el pasado año, para las cuentas del presente 2026. A pesar de que reflejaba una inversión real jamás vista para la provincia, de 285 millones de euros, que se quedaron en el tintero por la soledad parlamentaria del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y el voto en contra unánime de toda la oposición, los capítulos de caza y pesca eran minúsculos. En concreto, sumaban sólo 160.000 euros, ya sin ayuda alguna para Pymes.

Por eso, la cuantía actual de más de 2,5 millones del nuevo presupuesto tras el reeditado pacto PP-Vox supone en este caso multiplicar por 16 la cifra del pasado borrador de cuentas públicas de la Junta. Ahora, las partidas provienen de múltiples órganos autonómicos e incluso se nutren de los fondos del antaño llamado Plan del Carbón para la reconversión de las cuencas mineras leonesas, los Fondos de Transición Justa.

Mucho menos en las restantes ocho provincias y cero en algunas

La distancia económica respecto a las otras ocho provincias de Castilla y León es inmensa y en concreto en materia de caza, prácticamente exclusiva para León, porque el grueso de las partidas presupuestarias se destinan a pesca en el conjunto de la Comunidad, un claro predominio de los recursos dirigidos al ámbito fluvial, pesquero y acuícola frente a la actividad cinegética.

Frente a los 2,5 millones de euros en León, la provincia de Palencia encabeza la inversión global con más de 580.000 euros, distribuidos en la promoción del turismo de caza y pesca (426.108 euros), infraestructuras del sector (100.000 euros) y el Centro del Cangrejo (61.969,95 euros). Le sigue Valladolid, donde se recogen fondos de 350.000 euros expresamente asignados para el seguimiento de especies cinegéticas a escala autonómica.

A estos importes se añaden partidas orientadas a la divulgación ambiental y el fomento de la pesca a través de las Aulas del Río en Burgos (50.752,80 euros en Pineda de la Sierra), Soria (30.080,40 euros en Ucero) y Valladolid (26.250 euros), además de investigaciones sobre acuicultura y producción truchera en Segovia por más de 48.000 euros. En las otras dos provincias de la Región Leonesa, Salamanca y Zamora, así como en Ávila, no se registran asignaciones con denominación específica ni para pesca ni para caza en los capítulos de inversión real.

Así se reparte la inversión en León

En el caso leonés, la primera partida aparece en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que está en manos de Vox bajo la presidencia del exlider sindicalista agrario de Asaja, Joaquín Antonio Pino. Se denomina “Promoción turismo caza y pesca accesos León” y conlleva 779.509 euros. Sin embargo, se trata de una partida que además duplica la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que con idéntico destino, también para accesos de caza y de pesca, contempla otros 57.000,00 euros a mayores. En total, 836.509 euros de presupuesto para la misma finalidad que no se detalla en qué consistirá.

El también a veces llamado 'la Junta B' o criticado como “chiringuito”, que es Somacyl, registra una nueva partida en el borrador presupuestario que al final viene a ser la más elevada: un millón de euros para literalmente “Infraestructuras Caza y Pesca León”. Es aquí cuando desvela que ese dinero estará íntegramente financiado por Fondo de Transición Justa minero, no directamente para la reconversión de las comarcas gravemente afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas.

Y por si fuera poco dinero, todavía otro 'chiringuito' dependiente de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, suplementa una nueva cifra de 750.000 euros. En este caso, para lo que denominan “actuaciones del fomento del turismo de naturaleza, caza y pesca”, también sin detalle alguno.

Un cúmulo de polémicas medidas para matar más

Todas estas medidas de tipo presupuestario se suman a otras adoptadas en los últimos años, tales como la exención del pago de tasas cinegéticas del anterior Gobierno de PP y Vox, que disparó los permisos un 43,7% en dos años frente a las críticas de los ecologistas. Y recientemente, la nueva Consejería de Vox para el campo con parte de las antiguas competencias de Medio Ambiente ha autorizado el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para modalidades de caza mayor, igualmente denostada por los conservacionistas.

Esosignificaa que a partir de ahora los cazadores podrán abatir ejemplares con la ayuda de visores diurnos en la caza mayor y nocturnos para el jabalí. La excusa administrativa de la Junta es la de reducir daños agrícolas y ganaderos y mejorar la gestión cinegética. También se estudia el modo de permitir el uso de silenciadores que pillen más desprevenidos aún a los animales.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.

El proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2027, el primero del reeditado pacto PP y Vox tras las elecciones de principios de año, prevé un incremento del 13,11% respecto a las últimas cuentas públicas aprobadas en 2024, hasta alcanzar ahora los 16.472 millones de euros, la cifra más alta con la que ha contado nunca la Comunidad. Sin embargo, respecto a la propuesta para este año, que no salió adelante por la mayoría insuficiente de los populares tras la ruptura con Vox, la diferencia al alza es de un 4,8%, casi un 5%.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, el leonés Carlos Pollán (Vox), han presentado estas cuentas en una rueda de prensa tras aprobar el documento en el Consejo de Gobierno Extraordinario del Ejecutivo autonómico. Mañueco ha defendido que se trata de un “buen presupuesto”, destinado a cumplir el acuerdo de gobierno de coalición entre PP y Vox, y planteado para tratar de “innovar, competir y liderar”, para “proteger y conectar mejor” los servicios públicos.

Consolidar la posición de Castilla y León, impulsar los sectores productivos, dinamizar el medio rural y hacer de este territorio un lugar “más atractivo” para trabajar, emprender y vivir, son otros de los objetivos del proyecto de ley, en palabras del presidente, quien ha incidido en que se alcanzan los presupuestos más altos de la historia con “los impuestos más bajos de la historia”.

Por su parte, Pollán ha defendido que la Comunidad “está de enhorabuena” por la “normalidad y estabilidad” que este proyecto de ley aporta a la Comunidad, como desarrollo del pacto de gobierno suscrito en el pasado junio.

Ingresos

En el apartado de los ingresos que tendrá la Comunidad en 2027, el proyecto de ley prevé una recaudación de impuestos directos de 4.489 millones, el 30,86% respecto a 2024 como última referencia de presupuesto autonómico aprobado, y eso que ya están prácticamente en retirada los fondos de recuperación europeos. En concreto, recoge Efe, provenientes de impuestos indirectos suman 4.646 millones y de transferencias corrientes del Estado ascienden a 4.743 millones, el 14% más con la actual financiación.

Sin embargo, se produce un ligero incremento del 2,78% en el importe de la recaudación prevista en las tasas, precios públicos y otros ingreso similares, hasta los 240,4 millones y una ligera disminución del 1,1% en el apartado de los ingresos patrimoniales, al quedarse en 41,5 millones, como principales recursos corrientes.

En el caso de la emisión de deuda, la Comunidad prevé para 2027 conseguir por esta vía 1.422 millones de euros, el 9,42% menos que en 2024, cuando fueron 1.570 millones de ingresos por esa vía.

Un 6,5% más de inversiones reales

En el caso de los gastos y su destino previsto en el proyecto de ley, destacan por su cuantía los de personal, al destinar 5.629,8 millones de euros a este fin, el 15,79% más que en 2024, en una partida que representa el 34,18% del total del presupuesto.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que el impacto que tiene el incremento de precios es clave para observar este incremento de los costes asociados al pago de los salarios, que se incrementarán en total el 5,5% de cara a 2027 en comparación con los de 2026.

En el caso de las inversiones reales, se incrementarán el 6,5%, hasta los 1.164,28 millones, y las transferencias de capital alcanzarán los 1.364 millones, el 15,5% más.

Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal

El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (4 millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales -como en las Cortes de Castilla y León-, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.

Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.

Mañueco ha destacado que casi el 82% del gasto no financiero, unos 11.250 millones de euros, tendrán como finalidad la “protección y la promoción social” y “sanidad, educación y cultura”. Dicho de otro modo, ocho de cada diez euros para las consejerías sociales, siendo las de Vivienda y Educación como las que más crecen respecto al último presupuesto.

El gasto total por secciones indica que la consejería que más crece es la de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer, sin comparativa en legislaturas anteriores, con 257,67 millones, el 69,76% de incremento, frente al 13,11 de media de las cuentas autonómicas, pero sólo supone el 1,56% del total presupuestario.

Un centro de formación para las familias

Educación llegará a los 2.724 millones, y eso que se le han quitado las universidades, con un aumento del 22,15%, con medidas como la gratuidad de la primera matrícula de grado, o la novedad de un centro de formación a las familias, que según ha explicado Mañueco se presentará más adelante, por lo que no entró en detalles.

Las políticas de familia, que se engloban en varias consejerías, tendrán un incremento del 32% hasta los 3.581 millones de euros. Economía y Hacienda crece un 4,05%, Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental un 16,53%; Medio Ambiente y Energía un 1,56%; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial el 18,61%, y la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, donde ahora dirige el único leonés del Ejecutivo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el 8,65% a mayores.

Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la consejería que corresponde a Pollán, contará con 457,67 millones, 13,38% de incremento y el 2,78 del total de las cuentas autonómicas para 2027, y la otra consejería de Vox, además de Agricultura, la de Cultura, Turismo y Deporte crece un 1,02% con 216,86 millones.

5.604 millones para Sanidad

La Sanidad tendrá un presupuesto de 5.604 millones de euros para mejorar la atención primaria, mejorar la atención especializada con más prestaciones, más equipamiento, más tecnología, más personal, más inversiones en centros de salud y hospitales, ha anticipado Mañueco, de momento sin más detalle tampoco.

Respecto de la educación, el presupuesto serán 3.308 millones de euros para “cuidar, por un lado, a los alumnos, a las familias, también a los docentes, al medio rural y al conjunto del sistema educativo”, con planes específicos para el refuerzo de lectura y de la escritura; un entorno emocional cada vez mejor en el aula ordinaria y como novedades un centro de formación a las familias y, por otro lado, y el impulso de medidas de apoyo para aquellos hijos con altas capacidades.

Mañueco ha anunciado que quieren que todas las aulas sean, desde el punto de vista de la temperatura, lo más confortables posibles y, también, más modernas todavía, por lo que culminarán el proceso de conectividad y de digitalización de la conexión a Internet de todas las aulas.

1.758 para Servicios Sociales

En Servicios sociales, las cifras son 1.758 millones de euros para seguir dando oportunidades a quienes más lo necesitan y ofrecer protección a personas mayores, personas con discapacidad, los menores, las personas sin relación vulnerable, las familias de clase media que afrontan el futuro con dificultades.

Mañueco ha explicado que en esa área, que las políticas de promoción y de apoyo a la mujer tendrán un aumento de un 27% y una cifra absoluta de 24 millones de euros.

Pollán también ha sostenido que se avanzará “en uno de los grandes retos de nuestro sistema de protección, que es preparar a esos adolescentes y jóvenes tutelados para su transición a la vida adulta, favoreciendo progresivamente su autonomía personal y ofreciéndoles herramientas para construir su proyecto de vida”. “Otra cuestión que este Gobierno va a afrontar con determinación es la convivencia, la disciplina y la seguridad en los centros de protección a menores que dependen de la Junta de Castilla y León”, ha advertido.

El vicepresidente ha explicado, además, que el presupuesto de los servicios sociales básicos e inclusión social contará con 63,3 millones, para seguir apoyando económicamente a las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito, exigiendo, a cambio, una gestión responsable de los fondos públicos.

“Las ayudas públicas han de llegar a quienes realmente las necesitan. Nuestro propósito no es mantener a las personas en situación de precariedad, sino proporcionarles herramientas para salir a la calle y salir de ella”, ha zanjado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), presentarán este martes 13 de octubre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, después de dos ejercicios prorrogados, y que serían las terceras Cuentas de PP y Vox, tras las de 2023 y 2024 de la pasada legislatura.

La presentación se producirá en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que estará condicionada por las restricciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe a los poderes públicos organizar actos institucionales que ensalcen sus logros de gestión durante el periodo electoral.

El proyecto tomará como referencia el límite de gasto no financiero aprobado el pasado miércoles por las Cortes, de 15.104,54 millones de euros, un 6,5 % más que el anterior, con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo del PSOE, UPL y Por Ávila, mientras que Soria ¡Ya! se abstuvo.

Las cuentas de 2024 fueron las últimas aprobadas en Castilla y León, después de que el Ejecutivo autonómico no lograra sacar adelante nuevos presupuestos para 2025 y 2026, ejercicios en los que se mantuvieron prorrogadas las anteriores debido a que el PP quedó en minoría tras la ruptura de su coalición con Vox.

La presentación de este martes abrirá así una nueva fase de la tramitación presupuestaria, con el objetivo de que Castilla y León disponga de nuevas cuentas para 2027 tras dos años consecutivos de prórroga.

La Junta de Castilla y León ya ha distribuido 1.265 toneladas de alimento, forraje y paja en explotaciones ganaderas de las provincias de León (casi 50 toneladas), Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia, dando respuesta a las necesidades trasladadas en las zonas damnificadas por los incendios.

En este contexto, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha visitado este martes la explotación bovina SAT GARFI, en Santa María del Condado, donde se ha realizado la entrega de un camión con 25 toneladas de pulpa de remolacha destinadas a la alimentación del ganado. Lo hizo acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León, Fidentino Reyero.

Esta entrega de pulpa se realiza en colaboración con la cooperativa ACOR, que se ha ofrecido a colaborar para facilitar el suministro de este alimento a los ganaderos afectados.

En concreto, este martes han llegado a esta zona dos camiones, cada uno de ellos con 25 microsilos de pulpa de remolacha, con una capacidad de una tonelada por microsilo.

El primero se ha destinado a la explotación SAT GARFI, que cuenta con más de 250 cabezas de ganado bovino, mientras que el segundo, de otras 25 toneladas, se ha entregado en Castro del Condado, a otros dos ganaderos afectados.

Desde el Gobierno de Castilla y León se ha agradecido la colaboración de ACOR, cuya respuesta ha contribuido a reforzar el dispositivo de apoyo activado para atender las necesidades más inmediatas de las explotaciones afectadas.

En el caso de León, un total de 16 explotaciones han solicitado ya este tipo de suministro. De ellas, 12 han sido atendidas hasta el momento, con la distribución de más de 46.380 kilos de forraje destinados a siete explotaciones de ganado bovino y equino; además se han suministrado 508 litros de alimento energético y 76 kilos de alimento proteico a otras cinco explotaciones apícolas.

Ayudas a los damnificados

Asimismo, la Consejería dice trabajar ya en la agilización y simplificación de los trámites para el abono durante este mes de agosto de las ayudas directas por importe de 5.500 euros destinadas a agricultores y ganaderos profesionales que hayan sufrido daños en sus explotaciones como consecuencia de los incendios.

Con el objetivo de que estas ayudas puedan llegar a los afectados de forma inmediata, Pollán ha informado de que se está trabajando en un sistema de tramitación simplificado mediante el cruce de los datos de la Seguridad Social con la información disponible sobre las superficies y explotaciones afectadas.

Según defiende, esta fórmula permitirá reducir las cargas administrativas para los beneficiarios y acelerar al máximo la concesión y el abono de las ayudas.

El objetivo declarado es que los profesionales afectados puedan concentrar sus esfuerzos en la recuperación de sus explotaciones. Para ello, la administración pretende evitar lo que califica como “trámites innecesarios” en un momento de especial dificultad.

Entre los muchos nombramientos de altos cargos y directores generales que han sido aprobados hoy en el nuevo Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox al frente de la Junta de Castilla y León, y en los que hay nuevamente abrumadora mayoría de nombres de Valladolid, destaca la presencia de una mujer leonesa designada como nueva directora general.

Se trata de María Belén Pulgar Gutiérrez. Ella ha sido la elegida por el consejero y flamante vicepresidente primero también leonés y de Vox Carlos Pollán tras el pacto alcanzado con el PP, un pacto que otorga a Alfonso Fernández Mañueco nuevamente la Presidencia de la Junta. La Consejería adscrita al vicepresidente es una de nuevo cuño, denominada Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Será de una de sus más importantes patas, precisamente la de Ayudas Sociales, de la que se encargará Pulgar Gutiérrez, que pasa así por primera vez a la primera línea política de la Comunidad a la que pertenece su provincia natal, León. El alto cargo por designación política del que tomará posesión este viernes 3 de junio es la Dirección General de Ayudas Sociales. Pero tendrá todavía mayores atribuciones, ya que se la designa además en calidad de comisionada para las Adicciones.

María Belén Pulgar Gutiérrez (León, 1967), diplomada en Trabajo Social por la Universidad de León, licenciada en Sociología por la Pontificia de Salamanca y máster en Dirección de Recursos Humanos, llega a su nueva responsabilidad en la Junta de Castilla y León proveniente de una muy dilatada trayectoria sobre todo en el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que era justo su actividad hasta la actualidad.

En Interior lleva muchos años desarrollando diferentes responsabilidades, especialmente centradas en el ámbito de la atención a víctimas del terrorismo, la gestión de ayudas sociales y la elaboración de informes técnicos. Resalta que tuvo dos recientes años de impás, 2023 y 2024, como directora general de Víctimas y Acceso a la Justicia dentro de la Consellería de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, cuya consejera por Vox era Elisa Gómez Sánchez, y siendo presidente Carlos Mazón. Dejó ese puesto al cesar ésta, en julio de 2024, apenas cuatro meses antes de la terrible dana mortal en Valencia, que le acabó costando el puesto a Salomé Pradas que acababa de estrenarse, por el PP, al frente de esa misma Consellería de Justicia e Interior.

En listas por Vox León a las generales de 2019

No sólo eso delata la vinculación política de Pulgar Gutiérrez con Vox. También, y sobre todo, el hecho de que ocupara un puesto preeminente, el segundo de la lista, en la candidatura electoral por la provincia de León de la formación de extrema derecha que lidera Abascal. Ocurrió ya en las elecciones generales de abril del año 2019.

Su experiencia profesional incluye responsabilidades en la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Dirección General de Política Interior y la Unidad de Inclusión de personas con discapacidad, todas ellas del Ministerio del Interior. Precisamente una de sus áreas más habituales partió de su tesina de diplomatura cuando estudió en León, bajo el título de ‘Las Víctimas del Terrorismo de ETA’, que fue el primer estudio de investigación social sobre víctimas del terrorismo en la Universidad leonesa hasta entonces, según recoge su currículum.

También suma trabajo social en la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Luca de Tena, el TIPAI de Madrid y el Comité Ciudadano Antisida de León (en 1992 y sobre la población joven), junto a publicaciones, ponencias y formación especializada en derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia de género, emergencias y atención social.

Su currículum recoge además formación complementaria en terrorismo, derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia sexual y de género, gestión de crisis, adopción internacional, drogodependencias y salud mental, así como publicaciones y ponencias sobre víctimas del terrorismo, emergencias, asistencia social y procesos electorales. En 2005 recibió la Cruz al Honor por su labor en defensa de los intereses sociales de las víctimas del terrorismo.

Tal cosa, aberrante a más no poder, es parte del mensaje que nos larga Mañueco para que los leoneses “no forniquemos, con 'j' de ajo…”

Somos incapaces de digerir lo de estar en el ente, pero nos dejamos llevar la mano, la traidora al interno sentimiento de ser leonés, hacia la urna electoral con un insensato papel, cual puñal de Guzman, para que escriban nuestras desdichas. Situación que los leoneses, y los nuestros, vamos prolongando: aberración al cuadrado.

¿Qué historia tiene esta Comunidad señor Mañueco? No se regodee en el absurdo. En Castilla y León como entidad político-administrativa impuesta, nunca hubo común hermanamiento, y lo moderno que llegará a ser ‘la historia de una imposición’, lo pretenderán explicitar algunos exégetas a sueldo, y no sin falseo de datos.

Dicho de otro modo: Pergeñando escritos de imposición estatutaria nos colocaron no de compañeros con los castellanos, sino de comparsas, usando de la inestimable colaboración de “nuestros políticos” traga sapos…

¡Sí, sí!, ¡Ñeoneses! Pero también abusando de nuestra infantil condescendencia que descansa en las sentimentales tradiciones leonesas, que parecen actuar de suavizante vaselina (regocijando el ego) cual si no tuvieran las cosas más cualidad que la festiva donde refugiarnos. ¡Algo totalmente incomprensible!

Podemos decir que la frase de Mañueco está escrita con plena malicia. ¡Pues sí! Pudo haber dicho “una Comunidad llamada Castilla y León”, pero como de este modo denotaba la dualidad regional, no interesaba para seguir machacando con lo de una historia común, ¡la de siempre!, de siglos… la de una gran falsedad territorial en busca de un pueblo único… ¡or estatutos!

Por el apoyo a la legislatura, agradecido, cambia a Pollán de cargo. El representante de Vox, que no le veo de extremista, sí de acomodaticio vivir en política, caiga quien caiga, le lleva a ejercer de vicepresidente primero.

¿Qué tipo de leonés es el señor Pollán?

Qué tipo de leonés es el señor Pollán. Pues en verdad no lo sé. Con relación a su pasado deportivo y luego directivo, todo lo que se pueda aportar no lo clasifica en las labores políticas, para las que ha exhibido un corto recorrido. Sorprende, cuando menos, que no viera en la cancha leonesa, o aún peor, no valorara que el despliegue de banderas leonesas ondeadas entre cánticos leoneses y de leoneses, estaba dentro de un proceso reivindicativo.

De una buena tacada salió presidente de las Cortes autonómicas, con escaso entrenamiento, nunca proclive a comprender lo leonés, y muestras no le faltaron. Y en lo socioeconómico no querer ver e interpretar el estado depauperado al que nos han venido abocando y luego enciscando los dos grandes partidos en el ente. Y ahora ellos, que ni creen en las autonomías, los acompañan.

Por otra parte, el señor Mañueco, en cierta ladina manera, trata de indisponer –¡Un poco más!– a los leoneses contra el actual gerifalte socialista autonómico, señor Martínez. Se emplea a fondo hurgando en la herida, al recordarle con indolente insistencia, pues va de boquilla, lo de la 'Y' que aparece en la nominación de la Comunidad y que al soriano se le atraganta. Por supuesto algo totalmente cierto… Pero no lo es menos que quien evoca y quien traga, en este caso, van de la mano... ¡Para no dejar moverse a los leoneses!

Siempre me ha llamado la atención que los leoneses no acertemos a ver plenamente esa compenetración tácita, PP-PSOE, hoy evidencia floral, que manejan para amarrarnos y hundirnos en la despersonalización y en una precariedad socioeconómica de subsistencia, cada día más palpable.

Creo interpretar fidedignamente que vivimos un estatus de orgullo autárquico, y apoyados en muestras festividades con evocaciones históricas a las que parece que pretendemos asirnos. Pero no nos engañemos en un devenir descuidado, no planeado, movidos por el sentimiento interiorizado de ser leonés.

Esto, considerado intocable para algunos, puede que indeleble permanezca, cuando más, como en un espejo. Y para otros, un paso más allá, el que siempre he considerado un –¡Vívido!– 'estado de conciencia' llamado leonesismo. Ése que, alargado en el tiempo, en la faceta política, seguirá languideciendo estacionalmente agostado, si no acertamos a liberarnos.

Lexit.

El frío Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este lunes 15 de junio de 2026 marca las pautas por las que los dos leoneses integrantes del nuevo Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ganan peso específico en el Ejecutivo que hoy mismo ha tomado posesión dentro de la XII legislatura. Se trata del modo en el que el recién reelegido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha diseñado el nuevo Gobierno de pacto de PP con Vox para dirigir los destinos de la Comunidad los próximos cuatro años, si como en los dos últimos mandatos no surge alguna ruptura abrupta.

Esos 'deberes' de Pollán y Quiñones aparecen claramente afectados por una amplia reestructuración de competencias del nuevo Ejecutivo. Una reestructuración que en general incrementan la relevancia institucional de ambos políticos, al asumir nuevas responsabilidades en dos de las áreas con mayor peso.

Pollán, que hasta ahora presidía las Cortes de Castilla y León -y por lo tanto era la segunda autoridad autonómica-, se convierte ahora en vicepresidente primero de la Junta. Pero además, asume la consejería de nueva creación llamada de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Su nombramiento le sitúa por tanto como número dos del Gobierno autonómico, puesto que ocupó en el pasado mandato Juan García-Gallardo, y le atribuye la coordinación de una de las principales apuestas de la nueva etapa política impulsada por Mañueco: la reducción de trámites administrativos y la simplificación burocrática.

Según establece el boletín, la nueva consejería asumirá además las competencias de coordinación y seguimiento de las medidas destinadas a racionalizar procedimientos administrativos, simplificar su tramitación y eliminar o reducir cargas burocráticas y gasto considerado ineficiente. Pero se matiza que estas funciones no serán exclusivas de Pollán: también tiene parecidas atribuciones la Consejería de Economía y Hacienda que sigue en manos del hombre de confianza total de Mañueco, el sempiterno Carlos Fernández Carriedo, que a su vez repetirá como portavoz del Ejecutivo.

Pollán se queda con áreas de la polémica 'Prioridad nacional'

Además, el departamento que dirigirá Pollán incorporará las competencias de Cooperación para el Desarrollo que hasta ahora dependían de la Consejería de la Presidencia, junto con todas las áreas que ya gestionaba la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que queda por lo tanto desgajada con la vicepresidencia segunda. Entre los 'poderes' que asume Pollán ahora aparecen Servicios Sociales, Juventud, Familia, Infancia y Atención a la Diversidad o Inmigración, aspectos en torno a los cuales Vox hace pivotar algunos de sus programas más polémicos, resumidos en el principio de la llamada 'Prioridad nacional' que figura además en el acto del PP de Mañueco con la formación de Santiago Abascal. Sus atribuciones se completarán con áreas como drogodependencias, inclusión social y las relaciones con el Tercer Sector Social.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones abandona la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la cual ocupaba desde hace más de una década (2015), y tras ser el epicentro político de las críticas por los incendios históricos que asolaron la Comunidad el pasado verano. Pero lejos de perder peso, ahora Mañueco no solo le mantiene sino que deja en sus manos una consejería de nueva creación: de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

El veterano dirigente leonés mantendrá las competencias que ya correspondían a la anterior Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sumará además las relativas a universidades e investigación que hasta ahora dependían de la Consejería de Educación. De este modo, concentrará bajo un mismo departamento las políticas industriales, comerciales y laborales, junto con la planificación universitaria y la actividad investigadora de la Comunidad.

Inicio con polémica sobre el 'no' de Medicina para Ponferrada

La nueva estructura busca reforzar la conexión entre el sistema universitario y el tejido productivo de Castilla y León, integrando en una misma consejería ámbitos considerados estratégicos para la captación de inversiones, la generación de empleo cualificado y la transferencia de conocimiento, argumenta el Ejecutivo. También quedará adscrita a este departamento la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Y eso es muy relevante respecto a las nuevas titulaciones.

No en vano, esta Agencia, totalmente dependiente de la Junta, está en el epicentro de la polémica territorial tras negar a la Universidad de León su intención de implantar el nuevo grado de Medicina a medias entre el Campus de Vegazana en León y el de Ponferrada, en El Bierzo. Contra lo que adujo la Junta en principio, responsabilizando a la Universidad de León, lo cierto es que fue la Junta, a través de la mencionada Agencia, la que impuso la condición de que El Bierzo quedara al margen, como demostró ILEÓN con la documentación oficial.

Con estos cambios, dos de los principales referentes políticos leoneses dentro del Ejecutivo autonómico amplían notablemente su campo de actuación. Pollán asume la Vicepresidencia Primera con competencias transversales en desregulación administrativa y políticas sociales, mientras que Suárez-Quiñones pasa a dirigir una macroconsejería. Aunque con amplios poderes, también es cierto que al desvincularse de Medio Ambiente pierde su alta capacidad inversora y presupuestaria, ya que dejará de dirigir la sociedad pública Somacyl que en los últimos años invierte más en proyectos autonómicos en la provincia de León que los propios presupuestos ordinarios de la Junta.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.