Casi la mitad del profesorado de la Educación Pública en la autonomía de Castilla y León asegura haber sufrido algún tipo de agresión o trato vejatorio durante el último curso, según los datos recogidos por CSIF en su informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, presentado este 23 de marzo.

En concreto, la Central Sindical Independiente de Funcionarios asegura el 43% de los docentes encuestados reconoce haber sido víctima de algún tipo de agresión, que van desde el acoso en redes sociales (3,7%) o agresiones físicas (11,4%), hasta situaciones más habituales como faltas de respeto por parte del alumnado (30,1%) o agresiones verbales, que alcanzan el 53%. “Esta realidad tiene su reflejo en la percepción del colectivo: el 66,4% afirma no sentirse reconocido social ni profesionalmente, y menos del 19% percibe un respaldo claro por parte de las familias”, aseguran.

La presidenta de la sección sindical del profesorado autonómica, Isabel Madruga, deja claro que “desde CSIF Educación Castilla y León decimos con firmeza, ya está bien. Casi la mitad del profesorado de la educación pública ha sufrido agresiones o tratos vejatorios en el último curso y más del 50% afirman no haber recibido la formación adecuada para gestionar los problemas del aula. Los datos de nuestra encuesta muestran una realidad que no se puede ocultar¡: Falta de respaldo institucional, protocolos que no funcionan, el 97% los considera insuficientes y un reconocimiento social que sigue cayendo. Más del 66% del profesorado no se siente valorado y el apoyo de las familias es cada vez menor”.

El estudio, elaborado a partir de cuestionarios en centros públicos de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial y Educación Especial en las regiones de León y de Castilla, también evidencia una falta de apoyo institucional. Así, el 47,3% del profesorado considera que no cuenta con el respaldo de la Administración ante estas situaciones. Más preocupante aún resulta que el 97,1% califica los protocolos existentes como insuficientes o ineficaces, lo que genera una creciente sensación de desprotección y debilita la autoridad docente. “Castilla y León ha sido, además, una de las comunidades con mayor participación en esta encuesta nacional, con más del 12% de las más de 7.500 respuestas recogidas”, apunta el sindicato.

Reivindicaciones del profesorado

Entre las principales reivindicaciones del profesorado destaca Madruga el refuerzo de la autoridad en las aulas, la reducción de ratios, el aumento de plantillas para atender a la diversidad, la equiparación salarial con otras comunidades autónomas y la disminución tanto de la carga burocrática como del horario lectivo. De hecho, el rechazo a la burocracia es prácticamente unánime: el 98% de los docentes considera que es excesiva y perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“El profesorado ha sido claro en sus prioridades y reclama un refuerzo de la autoridad docente, reducción de ratios, incremento de plantillas para atender a la diversidad, homologación salarial con otras comunidades autónomas y una reducción real de la burocracia y del horario lectivo. Desde CSIF reclamamos a la Consejería de Educación apoyo decidido y medidas concretas que refuercen la autoridad docente, porque sin profesorado respetado y protegido no hay educación pública de calidad”, considera la presidenta de la sección de Educación del sindicato.

Desde CSIF Educación Castilla y León advierten de que este escenario no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de reconocimiento social afectan directamente a la motivación del profesorado y a la calidad del sistema educativo público. Por ello, reclaman a las administraciones una respuesta firme que pase por reforzar y prestigiar la labor docente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lanza, un curso más, una nueva campaña de apoyo a la matriculación en los centros públicos, destacando que “son un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, más inclusiva y más igualitaria, en todos los territorios de la Comunidad”. Asegura, además, que “son una garantía de continuidad y de futuro para este servicio esencial para la sociedad que es la educación”.

El sindicato independiente señala que los estándares de calidad de los centros públicos han quedado demostrados en todos los informes internacionales y pruebas de acceso a la Universidad, “pese a que sobre ellos recae casi todo el esfuerzo de sacar adelante al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. Una circunstancia “que no impide que sea el mejor lugar para garantizar el éxito educativo, gracias a la labor de toda la comunidad escolar y, especialmente, de un profesorado vocacional y comprometido”.

Se pone en valor que los centros públicos son garantía de que la formación de los estudiantes “se hará bajo las premisas de la libertad y la neutralidad ideológica, para construir una ciudadanía crítica y competente, desde el fomento de los valores democráticos, de participación, solidaridad e interculturalidad”. Otro punto a su favor, dice CSIF, es que los colegios públicos permiten conciliar mejor y más fácilmente la vida familiar gracias a los variados servicios que ofrecen, como comedor escolar, programas madrugadores o transporte escolar, entre otros, añade CSIF.

Precisamente, asegura que “la educación pública es la que mejor se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes, ofreciendo la más extensa y variada red de oferta educativa, con toda clase de enseñanzas y programas educativos. CSIF resalta que la red de los centros de la educación pública es la que garantiza el derecho universal a la educación; y una prueba de ello es que es la única presente en el extenso territorio de la Comunidad, especialmente en el ámbito rural, y la que contribuye a paliar las desigualdades sociales y territoriales en estos espacios tan castigados por la despoblación.

Por todos estos motivos, CSIF exige a la Administración educativa de Castilla y León que fomente la matriculación en la red de centros educativos públicos, “ya que cuenta con los mejores profesionales que han sido seleccionados después de unas duras pruebas de admisión”. Al mismo tiempo, critica que el periodo de matriculación coincida, en buena medida, con el periodo vacacional de Semana Santa.

Calendario de matriculación

El proceso de presentación de solicitudes para el curso 2026/2027 empieza el 17 de marzo de 2026 e irá hasta el 8 de abril. Posteriormente, los centros docentes publicarán el 12 de mayo la puntuación del baremo provisional, estableciendo un plazo a las familias para las reclamaciones del 15 al 21, mientras que el sorteo será el 29 de mayo.

Finalmente, el último paso del proceso ordinario será el 24 de junio, cuando se hagan públicos los listados de adjudicación de plazas. La matriculación tendrá lugar del 24 al 30 de junio, ambos inclusive, para la escolarización en Educación Infantil y Educación Primaria, y para Educación Secundaria el proceso se alarga hasta el 10 de julio. El proceso extraordinario de admisión se iniciará el 13 de julio y terminará el 8 de agosto. Por último, el 4 de septiembre se publicarán los listados de adjudicación de las plazas escolares extraordinarias.

El sindicato CSIF ha denunciado la situación que atraviesa la Residencia Mixta de Mayores de Flores del Sil Ponferrada, con “graves problemas de filtración de agua” en estancias, luminarias y enchufes a causa de la lluvia y de la falta de actuaciones por parte de la Junta de Castilla y León, de la que depende.

“El centro presenta desde hace varios años importantes problemas derivados de goteras y humedades que afectan tanto a habitaciones como a zonas comunes del edificio, que tiene casi cincuenta años”, ha criticado el sindicato este domingo en un comunicado. En este momento, las filtraciones afectan a habitaciones, pasillos y dependencias situadas en la tercera y cuarta planta de este centro ubicado en el barrio ponferradino de Flores del Sil.

“En algunos casos, las goteras y humedades alcanzan enchufes o luminarias”, según CSIF, lo que supone “un riesgo tanto para los residentes como para los trabajadores del centro”.

CSIF ha recordado que esta situación ya se denunció en marzo del pasado año ante el Comité de Prevención de Riesgos Laborales de León, que instó a la administración a actuar con urgencia para solucionar los problemas detectados.

“Sin embargo, las obras no comenzaron hasta octubre y noviembre, seis meses después de la denuncia, y han tenido que paralizarse ante la llegada del nuevo periodo de lluvias”, han asegurado.

El sindicato ha asegurado que esta situación se ha repetido durante los tres últimos inviernos y ha reclamado una dotación presupuestaria suficiente para acometer reformas urgentes, entre ellas la reparación del tejado, la sustitución de ascensores, la mejora del aislamiento de ventanas o la renovación del sistema de climatización.

La situación en la prisión provincial de León, el centro penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, vuelve a situarse en los últimos días en el foco tras una sucesión de denuncias sindicales que apuntan a un deterioro de las condiciones de trabajo, la seguridad y la atención sanitaria, en un contexto de fuerte incremento de la población reclusa, según coinciden varias organizaciones.

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado del aumento de las agresiones al personal penitenciario, que vincula directamente a la masificación del centro y a la ausencia de políticas reales de prevención de riesgos laborales. Según datos oficiales citados por el sindicato, el año 2025 se cerró con 529 agresiones físicas al personal penitenciario en el conjunto del sistema, un 4,33 % más que en 2024, unas cifras que, a juicio de CCOO, no reflejan la magnitud real del problema.

En el caso concreto del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, el sindicato sitúa como ejemplo los hechos ocurridos el pasado 30 de enero, cuando una pelea entre internos terminó con dos trabajadores heridos y quince reclusos trasladados al departamento de Aislamiento. CCOO subraya que el centro ha pasado de albergar unos 840 internos en 2025 a superar actualmente los 1.100, una cifra muy por encima de su capacidad real, lo que ha incrementado la tensión, los conflictos graves y las agresiones.

El sindicato denuncia además que la Administración no ha adaptado las plantillas ni dotado de medios suficientes a los centros, y alerta de una crisis sanitaria estructural, con prisiones que funcionan con menos de un tercio del personal médico que les corresponde. En este contexto, advierte de que las cárceles se están convirtiendo en “almacenes de patologías mentales” sin atención adecuada, lo que eleva exponencialmente el riesgo de episodios violentos. CCOO critica también la ineficacia del actual protocolo de agresiones (PEAFA), que considera incapaz de prevenir, proteger o amparar al personal, y denuncia la existencia de agresiones que no aparecen en las estadísticas oficiales, especialmente las relacionadas con la violencia sexual hacia las trabajadoras penitenciarias.

En la misma línea se ha pronunciado el sindicato mayoritario en prisiones, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), que alerta del “colapso del sistema penitenciario” ante el repunte acelerado de la población reclusa en la prisión de León. Según sus datos, el centro ha experimentado en poco más de un año un incremento del 32% de internos, pasando de 840 a más de 1.100, en una cárcel que se encuentra además en obras y con dos departamentos cerrados.

ACAIP señala que la sobreocupación ha convertido la excepción en norma, con la mayoría de las celdas ocupadas por dos internos, lo que dispara la tensión y dificulta cualquier labor de tratamiento y reinserción. El sindicato advierte de que la diversidad de perfiles, unida a la falta de espacio, actúa como un multiplicador de la conflictividad. Como ejemplo, recuerda un incidente reciente en un módulo con capacidad para 72 plazas y 100 internos, que terminó con quince presos aislados y dos trabajadores heridos al intervenir.

Desde ACAIP se denuncia también la falta de herramientas y de una reestructuración adecuada de las plantillas para afrontar esta nueva realidad, así como una grave crisis sanitaria. En el centro penitenciario de León, según el sindicato, solo hay tres médicos de los diez que deberían cubrir la relación de puestos de trabajo, lo que impide una supervisión adecuada de los tratamientos y una atención primaria efectiva, especialmente en materia de salud mental.

A este escenario se ha sumado también una nueva denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha llevado ante la Inspección de Trabajo y la Dirección del centro las deficiencias del servicio de limpieza. El sindicato alerta de carencias estructurales derivadas de la falta de personal, la no cobertura de ausencias y una organización deficiente, que estarían provocando un deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias y un riesgo añadido para la salud laboral.

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes que la Junta de Castilla y León dedique 228.000 euros a sistemas de radiocomunicación del operativo de incendios forestales que están “claramente obsoletos, más propios del siglo pasado y muy lejos de los estándares tecnológicos que hoy exigen las emergencias forestales”.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que en las zonas afectadas por los incendios del pasado agosto “los teléfonos facilitados por la Junta al personal del operativo carecían de cobertura y las radios de emergencia no funcionaban, dejando al operativo sin medios de comunicación”, uno de los muchos problemas del operativo que afrontaba los peores siniestros forestales de la historia documentada de la Comunidad y en especial en provincias como León o Zamora.

Y a su juicio, como consecuencia, la gestión de los incendios se realizó “de manera precaria y totalmente inadmisible a través de los teléfonos móviles particulares de los propios trabajadores, una situación que evidencia el abandono del sistema de comunicaciones y el riesgo al que se sometió al personal de extinción en plena emergencia”.

“Hablamos de bomberos forestales, agentes y personal de extinción que han tenido que actuar sin comunicaciones operativas, sin saber qué ocurría a su alrededor, sin poder coordinarse adecuadamente y sin garantías mínimas de seguridad”, ha sostenido CSIF.

El sindicato ha lamentado que después de que el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones afirmara en las Cortes de Castilla y León que se había aprendido de los errores cometidos en los incendios de 2025, la primera decisión adoptada haya sido destinar más de 200.000 euros a sistemas de radiocomunicación del operativo de incendios forestales que están claramente obsoletos.

El reparto en lotes por regiones

Se trata de contratos aprobados el pasado Consejo de Gobierno, partidos en dos lotes, uno para región de la Comunidad: por un lado para las provincias castellanas de Valladodid, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Ávila, por 137.366,46 euros, y por otro las provincias de la Región Leonesa, Salamanca, Zamora y León, por otros 90.713,70 euros.

“Mientras otras comunidades han apostado por sistemas satelitales y digitales modernos, interoperables y seguros, en Castilla y León se sigue gastando dinero en parches, reparaciones y tecnología del pasado, alargando artificialmente la vida de un sistema que ya ha demostrado ser ineficaz y peligroso”, han alertado desde CSIF.

El sindicato ha argüido que la propia Junta de Castilla y León ha reconocido durante la formación impartida a los trabajadores que “las ondas presentan importantes limitaciones e interferencias que deterioran la calidad de la señal”, provocadas por factores como la radiación solar extrema, las interferencias con repetidores de telefonía o televisión, los obstáculos geográficos o la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

Para CSIF eso evidencia “las carencias estructurales de un sistema que no ofrece garantías en situaciones de emergencia y de las cuales son perfectamente conocedores en la Junta, cuando se deben implantar”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que la Junta de Castilla y León ha comenzado a “desmantelar” el operativo de incendios forestales después de un verano en el que las llamas han calcinado más de 100.000 hectáreas en la provincia de León.

Del mismo modo, CSIF critica que la administración autonómica publicita que todos los trabajadores el operativo de incendios serán empleados públicos mientras ya ha despedido al 30% del personal: “Una actitud de hipocresía descarada sin precedentes que no vamos a apoyar y de la que no seremos cómplices”, advierte la Central Sindical que critica que estos anuncios siguen sin asegurar ni la estabilización ni profesionalización de los trabajadores.

Esta circunstancia llega después de que el riesgo de incendios se haya reducido de alto a medio, aunque CSIF alerta de que “siguen produciéndose incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño”.

“Hay material que deja de funcionar y la operatividad se limita”, advierte CSIF, “y mientras el operativo antiincendios ‘flexible’ del consejero de Medio Ambiente se desmantela, Suárez-Quiñones se mantiene incomprensiblemente en su cargo”.

Para CSIF, la única realidad es que, “si este año no hemos tenido capacidad para extinguir los incendios de agosto”, el año que viene “tampoco la vamos a tener ante unas circunstancias similares, porque no se prevé aumentar ni las personas ni los medios. Es algo evidente. Parece que la Junta pretende que la ciudadanía olvide el infierno y la angustia que hemos pasado este verano, con fallecidos, heridos y pueblos arrasados, y que ha sido consecuencia directa de su mala gestión”.

Un plan de mejora que califican de “propaganda electoralista”

Sobre este plan de mejora anunciado por la Junta, CSIF alerta de que: “No supone ninguna mejora estructural y laboral que permita un operativo realmente profesional” y lo califica de “propaganda electoralista”.

El presidente de la Junta anunció hace pocos días que todos los trabajadores el operativo de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años y que arrancaría en 2026 con la conversión de un tercio de los actualmente contratados por empresas privadas, que pasarían a depender de la empresa pública estatal Tragsa.

Al respecto la Central Sindical recuerda que “no podemos olvidar que un operativo cien por cien público es más económico que el gestionado por ese tipo de sociedades privadas, cuyo objetivo es el de maximizar los beneficios”.

Otro de los aspectos de los anuncios de la Junta que denuncia CSIF es que el gobierno está reconociendo unas “mínimas mejoras laborales” a las que le obliga el Gobierno de España como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, pero al que “solo” se le va a subir 75 euros mensuales por la peligrosidad, esfuerzo físico o toxicidad a las que se enfrentan los bomberos forestales en la extinción de incendios, “y esto es un insulto”.

Por otra parte, la medida de que se va a reconocer el Grupo B para los agentes medioambientales es algo que la Junta, “llevaba incumpliendo durante 17 años”; y nuevamente en Castilla y León es un dardo envenenado, ya que solo accederá la mitad de la plantilla, porque a los agentes con más antigüedad no les exigieron titulación superior para el acceso y “ahora directamente quedan excluidos”, en vez hacer de buscar fórmulas de solución como ha ocurrido en Galicia, Asturias o Andalucía, indica el sindicato independiente.

Los sindicatos CSIF, CCOO y USCAL-TISCYL han mostrado su rechazo a las últimas declaraciones del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, sobre las supuestas mejoras en el operativo autonómico de incendios forestales. Las organizaciones sindicales aseguran que las medidas anunciadas “se alejan mucho de la realidad” y que la Administración autonómica únicamente pretende cumplir ahora “lo que ya está obligada a aplicar por ley”.

En un comunicado conjunto, los sindicatos explican que las modificaciones que la Junta presenta como avances responden a la aplicación de dos normas básicas estatales aprobadas en 2024: la Ley 5/2024, que reconoce la figura del bombero forestal, y la Ley 4/2024, que crea el grupo B para el colectivo de agentes forestales y medioambientales. Subrayan que se trata de una adaptación legal obligatoria en la normativa autonómica, derivada además del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), cuyo cumplimiento —afirman— la Junta lleva dieciocho años retrasando.

Fuera de esas medidas impuestas por ley, la Junta ha planteado un incremento salarial de 75 euros mensuales brutos. Una subida que los sindicatos califican de “exigua, injusta” y que consideran un “menosprecio” al trabajo de los agentes medioambientales y los bomberos forestales de la comunidad, que desempeñan su labor en condiciones extremas y con jornadas de hasta 24 horas durante los incendios.

Las tres organizaciones recuerdan que, en la reunión mantenida el pasado 10 de octubre con representantes de la administración, trasladaron de forma conjunta su negativa a aceptar la propuesta, al considerarla “una paupérrima mejora” que no responde a las necesidades reales del operativo. Añaden que las negociaciones “ni siquiera pueden llamarse así” debido a las prisas con las que se han llevado a cabo, tras años de incumplimientos por parte de la Junta.

Ante esta situación, los sindicatos anuncian que convocarán movilizaciones de carácter indefinido, con el objetivo de denunciar públicamente lo que consideran un nuevo episodio de maltrato hacia el operativo de incendios de Castilla y León.

En el comunicado, CSIF, CCOO y USCAL-TISCYL recuerdan que el operativo necesita “cambios profundos, propuestas nuevas y un dispositivo público real” que permita a sus trabajadores desarrollar su labor con dignidad. También hacen referencia a los incendios de 2022 y 2025, en los que se registraron ocho fallecimientos, para subrayar la importancia de dotar al operativo de medios y condiciones adecuadas.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, se lleva el protagonismo de las críticas de los partidos políticos de la oposición y de los sindicatos por su gestión ante los incendios forestales que han barrido la provincia de León y han llegado a asolar el Parque Arqueológico de Las Médulas. Su decisión de quedarse a comer en Gijón mientras las llamas asediaban localidades y quemaban algunas casas, es el centro de las mismas.

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, consideró que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es “el máximo responsable” de la situación de incendios que vive la provincia “tanto por su sumisión a la Junta como por sus decisiones políticas que han debilitado la capacidad de respuesta frente a emergencias como esta”.

De igual manera, calificó “de vergüenza que, en plenos incendios en la provincia”, el Partido Popular decidiera ayer “criticar el pacto de Gobierno entre del PSOE y Unión del Pueblo Leonés en la Diputación de León”, que “está centrado en trabajar por León y en sacar adelante proyectos que mejoren la vida de la ciudadanía”, mientras la Junta de Castilla y León “acumula décadas de incumplimientos que han frenado el progreso de la provincia”.

PSOE: “Quiñones, la persona que más daño ha causado a León”

“Quiñones es, con diferencia, la persona que más daño ha causado a León. Ha utilizado cada cargo para ponerse a las órdenes de la Junta y servir de mamporrero político de Mañueco, olvidando por completo a los leoneses”, aseveró Javier Alfonso Cendón, convencido de que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio “ha bloqueado proyectos clave, ha permitido el deterioro de la sanidad y la educación, ha reducido los recursos en materia de prevención y extinción de incendios y ha sido cómplice del abandono de nuestras infraestructuras”, ha señalado el líder socialista“.

Frente a ello, Cendón recordó que el Gobierno de España “ha invertido más de mil millones de euros en León desde que Pedro Sánchez es presidente”, mientras la Junta “sigue sin cumplir compromisos como la ampliación de las urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León, la radioterapia en el Bierzo, la construcción de centros de salud, la ejecución de autovías pendientes o la dotación adecuada de medios para la lucha contra el fuego”.

“Que no vengan ahora a dar lecciones quienes han condenado a León a la parálisis y al abandono. El pacto de gobierno en la Diputación está pensado por y para León, mientras Quiñones y Mañueco solo piensan en su sumisión política, incluso a costa de poner en riesgo la seguridad y el futuro de nuestra provincia”, finalizó el secretario provincial del PSOE.

UPL: “No se ha tomado en serio la gravedad del incendio”

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés ha lamentado “que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, estuviera feria en Gijón mientras la provincia de León registraba una importante cantidad de incendios con varias localidades desalojadas. Una muestra más de la 'dejadez de funciones' del encargado del área de la Junta de Castilla y León –leonés y no menos leonesista que nadie como dice él—, en vez de estar sobre el terreno coordinando las actuaciones”

“Y más cuando este mismo domingo cerca de ochocientas personas han sido desalojadas de sus casas de Yeres, Borrenes, Las Médulas, Carucedo, Orellán o Voces por el incendio que está afectando a un Patrimonio de la Humanidad como Las Medulas. No basta con anticipar el riesgo de incendios por altas temperaturas, que son pura palabrería, y debe asumir sus competencias –ya tarde, como siempre— hay que estar preparados y actuar antes, porque si no es una dejadez clara y una falta de inversión para mejorar el operativo”, recuerdan desde la formación leonesista.

Los leonesistas critican que Suárez-Quiñones “parece, eso sí, más preocupado ahora que encabeza al PP de León de criticar a UPL por un acuerdo de 2019 y roto en 2021 que de los incendios de la provincia de León”, en los cuales los propios vecinos de las zonas criticaron “que les tienen abandonados” y “no se han tomado en serio el riesgo y la gravedad de este incendio”. “Silencio cómplice es hacer caso omiso a las advertencias de los bomberos forestales, que año sí y año también denuncian la falta de medios y fallos organizativos en la respuesta inicial, que gracias a su buena voluntad y profesionalidad sacan adelante estas situaciones”, remarcaron los leonesistas.

“Hay que recordar, que según los sindicatos desde 2022 no se han convocado dichas bolsas, y se está contratando de forma improvisada a través del Servicio de Empleo de Castilla y León (ECyL), sin garantizar la formación ni experiencia necesarias”. Por todo ello, desde UPL reclaman a Suárez-Quiñones que “deje de poner sus habituales excusas, asuma sus competencias y de una vez por todas disponga de un operativo acorde para este periodo estival.

CCOO Bierzo exige un operativo contra incendios “permanente, público y profesional”

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras (CCOO) El Bierzo reclamó hoy la puesta en marcha de un dispositivo de incendios forestales “permanente, profesional y cien por cien público, con personal formado, estabilidad laboral y medios adecuados durante todo el año”.

El sindicato, que trasladó su “solidaridad y apoyo” a todas las personas, familias y trabajadores afectados por los incendios que estos días afectan a distintos puntos de la comarca, condenó “enérgicamente” la intencionalidad en aquellos casos en que la hubiera y recordó que “cada hectárea perdida, cada vivienda dañada y cada empleo en riesgo suponen un golpe más a un territorio que continúa esperando su recuperación económica”.

El secretario comarcal de CCOO Bierzo, Roberto Echegaray, señaló que “una comarca que está a la espera de su recuperación económica, comprueba una vez más cómo, lejos de producirse, es herida en lo poco que le queda como patrimonio” y exigió a la Junta de Castilla y León que “cubra las necesidades de las personas afectadas durante el tiempo que sea necesario”, así como “la mayor agilidad en la recuperación de viviendas y negocios” porque “la gente tiene derecho a rehacer su vida y su trabajo en su pueblo y no tener que marcharse fuera como única salida”.

CCOO Bierzo recordó también que ya había denunciado “la temeridad” de la Junta de Castilla y León en su política de incendios forestales, al mantener un modelo “precario, temporal y basado en la subcontratación, que deja al operativo contra incendios infradotado y sin recursos suficientes en periodos clave”, por lo que reclamó la puesta en marcha de un dispositivo “permanente, profesional y cien por cien público, con personal formado, estabilidad laboral y medios adecuados durante todo el año”.

Asimismo, la organización puso de relieve que también había advertido del “incumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales”, exigiendo su aplicación efectiva junto con la normativa de prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de enfermedades profesionales.

Para CCOO, “frente a la propaganda y las medidas improvisadas, es imprescindible una verdadera estrategia de prevención que incluya gestión forestal sostenible, planes de autoprotección en pueblos y empresas, mantenimiento de cortafuegos, dotación de recursos a las cuadrillas y una coordinación real entre administraciones”.

El responsable de Universidad y vicepresidente del sector nacional de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Ramón Caballero, advirtió este lunes de “la infrafinanciación de las universidades y la precariedad del personal docente investigador” como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Todo ello, sumado al “invierno demográfico que será una realidad a partir de 2027” y la “fuerte competencia de las universidades privadas”, hace “muy complejo” el escenario para el futuro de las universidades públicas.

Así lo apuntó este lunes con motivo de la celebración en León de una jornada autonómica de delegados de Universidad, donde recordó que la inversión por estudiante universitario en España es un 21 por ciento inferior a la media europea, mientras que “el único compromiso que había en la Losu, que era llegar al uno por ciento del PIB para financiación universitaria en el 2030, no va a llegar a ningún lado”.

Entre los datos aportados por Caballero también se encuentra que “la precariedad del personal docente e investigador”, con una temporalidad situada en el 49 por ciento, lo que supone que uno de cada dos de los 106.000 profesores del sistema universitario español “tiene un contrato temporal y precario”.

“Todo ello se iba a arreglar con un estatuto del personal docente investigador, para el que se daba al Gobierno seis meses para presentarlo en el Congreso, pero han pasado más de dos años y no hay absolutamente nada sobre el tema, mientras que las reuniones con el Gobierno y comunidades autónomas son de una hostilidad y de un enfrentamiento alarmante”, apuntó el responsable de Universidad de CSIF, al tiempo que lamentó que “nadie quiere asumir la financiación”, lo que tendrá un resultado “bastante negativo para las universidades públicas y para la sociedad española en su conjunto”.

Castilla y León

En el caso concreto de Castilla y León, el responsable de Universidad y vicepresidente del sector autonómico de Educación, Roberto Fernández, lamentó que, dos años y medio después de la entrada en vigor de la Losu, el Gobierno autonómico “no ha desarrollado ninguna de las materias que son de su competencia”, como es la figura de los profesores permanentes laborales“, ya que ”se continúa todavía con los profesores contratados como doctores“.

Además, en cuanto al profesorado sustituto, explicó que “aquellos profesionales que están en un primer empleo público en Castilla y León por la ley de incompatibilidades”, al que “ni resuelve el Ministerio de Educación ni resuelve la Comunidad Autónoma”.

Asimismo, puso de relieve que el profesorado autonómico tiene “uno de los salarios más bajos en relación con el personal laboral de las universidades públicas de toda España”, con un diez por ciento de diferencia retributiva en relación con la media nacional, mientras que el decreto autonómico de retribuciones de todo el personal docente investigador de las universidades públicas de Castilla y León “lleva sin actualizarse desde el año 2002”.

También puso de relieve Roberto Fernández la existencia de “carreras profesionales diferentes en cada una de las universidades” porque la Junta “no ha decidido ido a hacer una carrera homogénea”, de forma que “en cada universidad se ha ido pactando de manera diferente”.

“La Junta de Castilla y León nos dice que las universidades son autónoma y que con su capítulo de presupuestos pueden hacer lo que quieran, pero nadie pone remedio para que haya unos salarios y condiciones dignos”, criticó el responsable autonómico de Universidad de CSIF, quien advirtió de que “el personal docente investigador se va a comunidades autónomas limítrofes porque cobran más”.

Ante todas estas reivindicaciones, Fernández advirtió que, “si La Junta de Castilla y León no da una solución”, cuando comience el curso se podría llevar a cabo “alguna actuación de manifestación o concentración ante los rectorados para seguir exigiendo que haya unas condiciones dignas y mejores para los el personal docente investigador y el personal técnico de gestión y administración y servicios de las universidades públicas de Castilla y León”.

Carrera profesional

La jornada autonómica de delegados de Universidad celebrada este lunes en León contó también con la participación del presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, quien mostró su “preocupación” por la carrera profesional, ya que, “a pesar de estar implantada en toda la administración autonómica”, las cuatro universidades públicas “aún no cuentan con ella”, por lo que “se empujará para conseguirla de una vez por todas”.

Benjamín Castro aprovechó la ocasión para felicitarse de que las Cortes de Castilla y León “hayan dado a trámite a la iniciativa legislativa popular de exigencia de la enfermería escolar en todos los tramos de educación pública dentro de Castilla y León”.

La Junta de Personal Docente (JPD) de la provincia de León celebró en Villablino una sesión plenaria en la que han dado el visto bueno y su aprobación a un informe sobre la implantación del nuevo sistema de Formación Profesional (FP), que se deriva de la ley de 2022. En el documento se recogen tanto las deficiencias detectadas como las peticiones a la Consejería de Educación del Gobierno autonómico.

El informe, elaborado por Ana Núñez, en su introducción analiza el desarrollo normativo de la FP para adaptarse a la Ley Orgánica 3/2022. Aborda los distintos pasos de desarrollo normativo dados por el Ministerio de Educación a lo largo de los años 2022, 2023 y 2024 y los decretos autonómicos correspondientes del año 2024, ya iniciado el curso escolar actual.

La adaptación, según el informe, ha generado a lo largo del curso académico una situación de precariedad e incertidumbre, sin una normativa clara y adecuada en casi todos los aspectos educativos. Con muchas preguntas sin respuestas, agravado todo con la aplicación al profesorado de horarios ilegales, “como ha demostrado la sentencia que ha dado la razón a la denuncia de CCOO”, explica Javier Ampudia, presidente de la JPD.

El documento aprobado concluye con trece preguntas que se plantean a la Consejería, para que dé respuestas a ellas antes del comienzo de nuevo curso. Y realiza seis peticiones y reivindicaciones del profesorado que se van a hacer llegar a Educación, para que se busque solución a las mismas y “así ofrecer la calidad educativa que merece nuestra Escuela Pública”.

Por qué en Villablino

Ampudia explicó que la elección del IES Obispo Argüelles de Villablino, para esta reunión de la JPD está razonada con varios argumentos. Pese a significar una dificultad para muchos de los integrantes por la lejanía geográfica, “queríamos recordar a los fallecidos en el accidente de Cerredo, algunos de los cuales estudiaron en este centro, respaldar la calidad de la enseñanza en Laciana, de la que continuamente están dando muestras, y dar visibilidad a esta educación pública de calidad en áreas como esta inmersa en una crisis poblacional”.

La Junta de Personal Docente es el órgano de representación del profesorado de los distintos niveles de enseñanzas no universitarias. En ella tienen representación hasta siete sindicatos profesionales de educación: AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este martes la falta de la mitad del personal de enfermería en el Centro de Referencia Estatal para la atención de grandes dependientes de San Andrés del Rabanedo, “lo que compromete la calidad de su atención sanitaria y coloca a los residentes en una posición de vulnerabilidad inaceptable”.

Según los datos aportados por el sindicato, a pesar de que el centro cuenta con una plantilla orgánica de diez enfermeras, en realidad solo hay cinco en activo, “lo que representa un déficit insostenible que hace imposible que los turnos tengan los profesionales suficientes”.

Además, señalaron que la implantación, según palabras de la dirección del centro, de un nuevo modelo de perfil de atención, de socio-sanitario a asistencial, “lejos de suponer una mejora, está generando un profundo malestar entre los trabajadores y familiares, al pretender reorganizar funciones sin antes asegurar los recursos humanos necesarios”.

Así, la carencia de enfermeras en numerosos turnos, que CSIF denuncia ante la propia dirección desde hace meses, ha provocado que las auxiliares de enfermería tengan que realizar ciertas tareas sanitarias “para las que no tienen competencias ni titulación adecuada, generando en ellas una presión desproporcionada”.

Ante esta situación “inasumible e inadmisible”, CSIF ha solicitado reuniones y ha intentado abrir vías de diálogo en reiteradas ocasiones, “pero los responsables del centro han hecho oídos sordos negándose a ofrecer soluciones reales o compromisos concretos”. Asimismo, la organización sindical rechazó las “excusas habituales ofrecidas”, de que no es posible la cobertura o que no se encuentran enfermeras, al tratarse de “justificaciones que encubren la falta de planificación y de voluntad para abordar el problema con seriedad”.

Por otro lado, CSIF reclamó que se garantice la cobertura legal de los trabajadores afectados por la aplicación de protocolos “ambiguos y poco operativos” en ausencia personal de enfermería, ya que ello está propiciando “una situación de vulnerabilidad para los auxiliares”. Debido a esos protocolos, al no definirse claramente las funciones de cada categoría, “o por el afán de dar cobertura a todas las necesidades asistenciales o sanitarias sin contar con recursos personales suficientes”, hay profesionales que se ven obligados a asumir tareas que no les corresponde, lo que “no solo pone en riesgo la calidad de la atención asistencial, sino que expone a los trabajadores a posibles responsabilidades legales”e.

Además, advirtieron que “las bajas y las vacantes por concursos de traslado no se cubren”, mientras que “las convocatorias de empleo son insuficientes”. Por ello, exigió a los responsables competentes, es decir, el Imserso y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que actúen con urgencia y responsabilidad, procediendo de inmediato a la cobertura de los puestos vacantes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia irregularidades en los procesos selectivos de la sanidad pública de Castilla y León, criticando que los trabajadores “se encuentran atrapados en un laberinto burocrático interminable que los tiene en vilo, mientras la administración se muestra incapaz de ofrecer soluciones claras”.

Concretamente, CSIF critica el proceso selectivo para los puestos de Celador, que se inició en 2022 y en abril de este año los aprobados todavía no conocen su destino: “Correcciones de errores constantes, tanto en los listados de aprobados como en la valoración de méritos, han convertido un proceso que debería haber sido resolutivo en una agonía interminable”. El sindicato cita también el proceso de selección de auxiliares administrativos que, tras aprobar el examen realizado en diciembre de 2023, tampoco conocen su destino.

“Esta espera inhumana y desmesurada es una falta de respeto para quienes han trabajado arduamente para lograr una plaza en la administración pública”, afea el sindicato, “Fisioterapeutas, Técnicos de Imagen para el Diagnóstico, Técnicos de Laboratorio e Ingenieros Técnicos continúan esperando a que se resuelvan los procesos de reposición de 2022. La convocatoria de Oficial de Mantenimiento, realizada en diciembre de 2022, ha realizado su examen este 5 de abril, un retraso escandaloso”.

El proceso de reposición de 2023 también está siendo “un desastre” para CSIF. “El personal de TCAE presentó méritos dentro de la fase de concurso a finales enero de 2025, y los Técnicos de Farmacia, convocados en diciembre de 2023, siguen esperando fecha de examen, tras la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) publicación de un listado provisional de admitidos y excluidos que no ha hecho más que aumentar la frustración”.

“A esta ineficiencia hay que sumarle el caos generado por las interminables bolsas de empleo temporales, que siguen funcionando con listados obsoletos y plazos incumplidos: La bolsa de TCAE, con corte de febrero de 2020, y la de Celador, con corte de diciembre de 2021. Y no hablemos de la bolsa de Enfermería, que, a pesar de ser una de las categorías con mayores carencias de personal, sigue funcionando con un listado de corte de 2022 y en vigor hasta 2024, dejando al sector sanitario aún más desbordado”, critica el sindicato.

Por todo ello CSIF demanda “de manera contundente a la Gerencia Regional de Salud que asuma su responsabilidad y actúe de inmediato para solucionar esta grave situación. Los procesos selectivos y las bolsas de empleo no pueden seguir siendo un parche mal gestionado. Es hora de que los órganos encargados de resolver estos procesos sean dotados con más recursos humanos y se actúe con la urgencia que la situación requiere. La sanidad de Castilla y León no puede permitirse más incertidumbre ni más dilaciones”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la administración más garantías de seguridad para los funcionarios de la prisión de Mansilla de las Mulas, a la que se acaban de incorporar 29 funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que esos nuevos ayudantes en prácticas corresponden a la oferta de empleo público de 2024, y les ha ofrecido “todo el apoyo necesario en unos tiempos complicados en las prisiones, donde los insultos, amenazas y agresiones a los profesionales se han convertido en el pan nuestro de cada día”.

Se trata de una situación que se produce, según CSIF, con una administración penitenciaria que “olvida por completo a sus funcionarios, haciendo oídos sordos a sus legítimas reivindicaciones”, entre ellas ser reconocidos como agentes de la autoridad, equiparación salarial con otras comunidades y mejora del material de seguridad y medios coercitivos.

CSIF ha apuntado que la situación que sufren los funcionarios en las prisiones “en nada contribuye al buen funcionamiento de los centros, y que lo único que lleva es a la desmotivación de los profesionales que en ellas realizan su trabajo”.

Por otra parte, la organización sindical ha señalado que los dos años que durarán las prácticas de los nuevos funcionarios son fundamentales para desarrollar posteriormente, con eficacia, su labor profesional para la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, además de atender su vigilancia y custodia.

CSIF ha hecho hincapié que para llevar a buen término esta tarea “resulta fundamental la seguridad, y garantizar la integridad física de los trabajadores penitenciarios y de los propios internos”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León (CSIF) reclamó este miércoles al Gobierno central una solución al problema de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ante la posibilidad de que miles de personas tengan que incorporarse al Sistema Nacional de Salud.

En declaraciones recogidas por Ical durante su visita al Bierzo, el presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, recordó que a pesar de la nueva licitación, las compañías aseguradoras “no quieren licitar”. “Nos inquieta y nos preocupa la inacción del Gobierno, se lo tiene que tomar en serio y no se puede jugar con la salud de millones de personas, que en Castilla y León son cerca de 200.000”, explicó a las puertas del Hospital El Bierzo.

Castro afirmó que están dispuestos a acudir a la justicia “si es necesario” y recordó que han puesto a disposición de los mutualistas borradores para reclamar ante las aseguradoras. “Pedimos al presidente del Gobierno que intervenga y pedimos transparencia. Además, no se ha convocado el Consejo General de Muface, que debe convocarse”, añadió. 

En cuanto a la Junta de Castilla y León, el presidente autonómico de CSIF mostró su preocupación por la “desidia y desinterés” del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ante la posible incorporación de los mutualistas a Sacyl. “Es un sistema ya tensionado, colapsado en algunos ámbitos, y supondría que una provincia entera, como la de León, entre en el Sacyl, lo que supondrá un colapso absoluto con un incremento de listas de espera de más de un 200 por cien”, vaticinó. 

Y es que Castro lamentó que la edad media de los funcionarios es elevada y, por tanto, sufren ya muchas patologías. “Los funcionarios somos un reflejo de la sociedad y la edad media en Castilla y León es la que es y las patologías son las que son por esa edad avanzada. Debiera preocuparle más y exigir medidas”, dijo al consejero de Sanidad.

Por otro lado, el presidente sindical recordó que los empleados públicos también están preocupados por su salario. “Estamos en un vacío ya que al no haber Presupuestos Generales del Estado no se sabe nada de nuestro incremento salarial y de la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años en más de 20 puntos. La Junta también tiene mucho que decir y reivindicamos que a los docentes se les equipare con otros territorios”, finalizó.

Buscar “puntos atractivos” para los oncólogos

Por su parte, el responsable comarcal de CSIF, Maximino Prieto, se refirió a los problemas locales, y el más acuciante en la actualidad es la falta de oncólogos en el Hospital El Bierzo. En ese sentido, y después de las últimas declaraciones de Vázquez sobre los problemas para encontrar profesionales que quieran instalarse en la comarca, Prieto reclamó un esfuerzo mayor. “Reivindicamos que siga negociando y buscando puntos atractivos para que vengan aquí. Tenemos opciones como la conciliación de la vida laboral y familiar, apoyo a la investigación, incentivos fiscales y puntos extra”, explicó. 

Lo mismo ocurre con otras especialidades, como Cardiología o Radiología, cuyos licenciados están esperando la resolución del proceso de estabilización. “Estamos a la espera de la publicidad de la toma de posesión de licenciados del concurso de méritos. Para El Bierzo hay 23 plazas, entre ellas una de Oncología, cuatro de Radiología o dos de Cardiología. Pedimos celeridad para que haya más estabilidad a nivel de plantilla. El resto de categorías están en elección de plazas”, añadió Prieto, que en todo caso aseguró que no hay problemas de plantilla en el Hospital El Bierzo, más allá de las existentes en el ámbito médico.

Por otro lado, reclamó a la Junta más rapidez a la hora de resolver los exámenes ya que muchos opositores están esperando resoluciones a pruebas que hicieron en 2023. “Ahí vemos lo lento que es el proceso”, dijo. 

Por último, el responsable comarcal de CSIF pidió que se abran las bolsas de empleo y se resuelvan de forma anual, que se clarifiquen los baremos que puntúan en el ámbito formativo “porque han echado para atrás muchos cursos” y la creación de nuevas categorías.

CSIF ha rechazado este sábado la privatización de la residencia El Santo y la escuela infantil municipal de Bembibre y ha exigido al Ayuntamiento que defienda su carácter público.

CSIF ha mostrado, a través de un comunicado, su oposición a la externalización de estos servicios del Ayuntamiento a través de encomiendas, contratos de gestión, empresas externas, entidades o fundaciones, “más si cabe cuando nos encontramos en plena negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)” de los dos centros.

El sindicato ha solicitado al Ayuntamiento de Bembibre una reunión urgente con el comité de empresa “para analizar con rigor y objetividad la situación económica y las posibles vías de solución” para seguir garantizando la prestación pública de los servicios afectados.

CSIF viene solicitando reuniones con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento y de la residencia El Santo con el fin de resolver la elaboración de las RPT y la problemática del personal de la residencia, “lo cual nos hace lamentar aún más la circunstancia de haber tenido conocimiento del anuncio de la privatización por los medios de comunicación”.

La organización sindical ha insistido en que siempre defenderá el modelo de gestión pública y los derechos de los trabajadores, y valorará “la adopción de las medidas de presión y las actuaciones administrativas y judiciales que sean necesarias”. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado este jueves que el personal de la Dirección Provincial de Educación de León esté “sin cubrir” en un proporción que calcula en un 40%, tras denunciar la “sobrecarga de trabajo y presión” a la que se ve sometido.

“La falta de cobertura de plazas, tanto en situación de vacante o por incapacidad laboral de sus titulares en numerosos centros de toda la provincia, provoca que los servicios se estén realizando gracias a la buena voluntad de los trabajadores, y en detrimento de los servicios de calidad que debe prestar la Administración Pública”, ha precisado el sindicato.

Además, según ha apostillado, “todo ello supone una sobrecarga tanto física como psíquica con las consiguientes consecuencias que esto conlleva”.

“La solución aportada en muchas ocasiones por la Dirección Provincial de León es movilizar trabajadores de un centro a otro, lo que partiendo de que la plantilla está muy ajustada, causa un perjuicio irracional”, ha indicado.

“La excusa que la Dirección Provincial de Educación pone para dejar sin cobertura estas plazas es la falta de candidatos en algunas bolsas de empleo (ATE, TSEI, Ordenanzas, entre otras), pero en otras bolsas donde sí hay candidatos suficientes para cubrir los puestos (Personal de Servicios) tampoco se realizan llamamientos para cubrirlos”, ha dicho esta organización.

CSIF ha subrayado que hay centros que comenzaron el curso escolar con plazas sin cubrir y ha citado como ejemplo el Colegio de Educación Especial (CEE) Bergidum de Ponferrada que, “por el tipo de alumnado que atiende necesitaría la cobertura total e inmediata del personal, faltando actualmente un auxiliar técnico educativo y tres trabajadores de Personal de Servicios”.

“Esta situación tan crítica se ve agravada por la falta de funcionarios, tanto en las dependencias de la Dirección Provincial de León como en los centros educativos de toda la provincia”, ha concluido.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha acusado este lunes al Gobierno de España de querer que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) desparezca al haber publicado una “oferta ridícula” a las aseguradoras en un concurso público que finalmente ha quedado desierto, de ahí que demanden “soluciones a largo plazo”.

Así lo ha reivindicado este lunes el sindicato en las concentraciones que ha mantenido frente a las nueve subdelegaciones del Gobierno en Castilla y León, en una protesta nacional en la que también han demandado al Gobierno de España una subida salarial, mejores condiciones laborales relativas al teletrabajo y más empleo público.

La presidenta de Csif León, Ofelia Rodríguez, ha explicado que el actual acuerdo salarial firmado por CCOO y UGT concluye a finales de diciembre, con el que los empleados públicos han perdido un 5% desde la firma del acuerdo y casi un 20% desde los recortes de 2010.

Csif también ha recordado que se necesita un acuerdo sobre financiación autonómica, o que existen conflictos laborales en SEPE, Seguridad Social, Agencia Tributaria o en la Inspección de Trabajo que requieren una solución.

En la polémica sobre Muface, Rodríguez ha apuntado que cerca de un tercio de los empleados públicos de León ya se han pasado a la Seguridad Social para no perder prestaciones sanitarias, “con lo que esto conlleva para el ya tensionado sistema de sanidad público”, a la vez que ha confiado en que la nueva licitación resuelva este problema.

La provincia de León tiene unos 6.500 trabajadores públicos en la administración local y aproximadamente la mitad son trabajadores interinos en situación de ilegalidad, unos 3.000, en muchos casos desde hace décadas. Una Ley estatal obliga a que los procesos de estabilización de esos puestos, para regularizarlos, queden resueltos antes de final de año, con fecha tope el 31 de diciembre del presente 2024, pero la realidad es que solo algunos de los Ayuntamientos más pequeños lo cumplen a día de hoy, que suponen en torno al 20% del total de las plazas. El resto, cientos, están en el aire y a la espera de los acontecimientos.

Según ha podido conocer este medio por el sindicato de los funcionarios, CSIF, y el sindicato mayoritario CCOO, en torno al 95% de los procesos sí que se han iniciado pero están por concluir, y hay solo una administración local que ni siquiera los ha empezado, se trata del tercer Ayuntamiento en número de población de la provincia, San Andrés del Rabanedo.

El tejido de las administraciones públicas deberían conformarlo los trabajadores públicos, conocidos como funcionarios. Personas que han pasado una oposición pública, en concurrencia competitiva con otras personas, y que en función de unos méritos obtienen una plaza. La interinidad sortea ese proceso selectivo.

Las administraciones públicas pueden recurrir a la contratación de interinos para suplir puestos que por cirscunstancias sobrevenidas se han quedado vacantes de manera temporal, como excedencias o bajas, y que en ningún caso deberían sobrepasar el espacio temporal de 3 años. No obstante, Ayuntamientos, Diputación y Junta han venido abusando de esta práctica y llevan años contratando personal interino en vez de sacar a concurso público las plazas, hasta el punto de que algunos de esos trabajadores llevan desempeñando sus funciones más de veinte años.

Tan elevada es la tasa de interinidad en las administraciones públicas, no solo en la provincia de León, sino en toda España, que el Gobierno legisló para ponerle coto. La Ley 20/2021 obliga a las administraciones públicas a estabilizar esas plazas, acordando o no con los sindicatos las bases para hacerlo, antes de que termine este año. Y los sindicatos reconocen a ILEÓN que “en muchos sitios no vamos a llegar”.

A dos meses de que el plazo expire, la gran duda es qué pasará con los miles de puestos que están en el aire en la provincia de León. CSIF adelanta que “denunciará” a los incumplidores y CCOO teme que esos puestos decaigan, desaparezcan. Nadie se atreve a asegurar si habrá una nueva prórroga para llegar, si se 'perdonará' a los procesos ya iniciados y en qué situación quedan los que siquiera se han empezado, como es el caso de los 101 trabajadores de San Andrés.

Abuso de la interinidad y retraso en la estabilización

Los Ayuntamientos pequeños, de menos de 10 trabajadores, “el 98% eran interinos”, explican desde CSIF. Y la mayoría de ellos, que suponen un 22-23% del total de plazas a estabilizar, ya están regularizadas. El 95% de los procesos de estabilización de toda la provincia están en marcha, con sus bases aprobadas y publicadas, sus tribunales y sus cauces legales, atendiendo alegaciones y recursos.

La Diputación de León tiene un 13% de personal interino, que supone un total de 210 personas, a estabilizar en 66 procesos ya en marcha. Y los tres principales Ayuntamientos de la provincia tienen situaciones dispares.

El Ayuntamiento de León tiene una tasa de interinidad del 50%. Lo que es lo mismo, la mitad de sus trabajadores son funcionarios y la otra mitad no, en total 460 personas. “Es el Ayuntamiento con la tasa de interinidad más alta de Castilla y León”, aseguran desde CSIF. Para regularizarlos a todos, ha puesto en marcha 118 procesos, que algunos están concluidos pero otros todavía están pendientes de que se forme tribunal, se resuelvan o se solventen las alegaciones, que pueden llegar incluso a los tribunales. “Estos procesos pueden ser engorrosos y alargarse en el tiempo”, subrayan desde CCOO.

El Ayuntamiento de Ponferrada tiene un 15% de sus trabajadores en situación de interinidad y en proceso de estabilización y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que tiene un 43% de interinidad, es la única administración que ni siquiera ha empezado el procedimiento para los 101 trabajadores afectados. “Astorga va lento también, muy lento, preocupa”.

Tanto CCOO como CSIF reclaman a las administraciones públicas que prioricen y agilicen los trámites para intentar llegar en plazo porque, de lo contrario, no saben qué puede suceder. CSIF advierte de que “denunciará” los incumplimientos “y pediremos las responsabilidades que procedan” y CCOO barrunta que se puedan llegar a 'amortizar' esas plazas, los puestos desaparezcan y haya que despedir a esos trabajadores.

“Cuanto más tiempo pasa, peor”, porque más cerca está el 31 de diciembre y el tope legal para convertir en legales los puestos de miles de peones, administrativos, técnicos y personal laboral de todo tipo que llevan, en algunos casos, hasta 20 y 30 años como trabajadores interinos en la administración pública. “Hemos estado asesorando y ayudando para que se llevaran a efecto las estabilizaciones y no podemos permitir que se incumpla la Ley”, zanjan los sindicatos.

La situación de la provincia de León en comparación con otras de la Comunidad es similar, todas van con retraso. En cambio, León ciudad sí que va peor que otras capitales de provincia, quizá porque su tasa de interinidad es la más elevada de toda Castilla y León.

Sin empezar en San Andrés

La semana pasada, CCOO denunciaba públicamente el “bloqueo” del proceso de estabilización de los 101 trabajadores municipales interinos en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, del que culpaba directamente al equipo de Gobierno de la UPL. El próximo 31 de diciembre termina el plazo para culminar el proceso, “pero aún no se ha producido ningún avance” en el tercer municipio de la provincia, “lo que genera serias dudas de que pueda llevarse a cabo en los plazos marcados”, a pesar de su mano tendida para ayudar.

El anterior equipo de Gobierno del PSOE había alcanzado un acuerdo con los sindicatos pero que no se llegó a aprobar de manera formal. Tras las elecciones municipales de mayo del 2023, UPL asumió el mando en solitario y en minoría en el Ayuntamiento. Propuso unas bases que fueron denunciadas ante la delegación del Gobierno por posibles “ilegalidades” y el proceso se paralizó. CCOO aseguró en un comunicado que ofreció al Consistorio asesoría jurídica y una propuesta para seguir con la estabilización pero que UPL nunca les respondió.

Ahora, los sindicatos manifiestan no saber qué va a pasar. “Nadie lo sabe porque es un proceso nuevo que nunca se había hecho”, pero las expectativas no son nada halagüeñas y amenazan con empeorar la situación ya de por sí complicada del tercer Consistorio de la provincia.

Tanto CSIF como CCOO coinciden en exigir “que se cumpla con la Ley”, mientras siguen pendientes de los procesos y cualquier novedad que pueda producirse en los dos meses que quedan por delante. La normativa es clara, las administraciones públicas tenían que adoptar medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, la de San Andrés está en el 43 y quedan dos meses para que se agote el plazo para cumplirlo, con el proceso sin empezar.

El XI Congreso Provincial de CSIF León, celebrado este 15 de octubre, ha elegido a Ofelia Rodríguez González nueva presidenta de la Unión Provincial de CSIF León, sustituyendo así a Hipólito Riesco Álvarez, que deja el cargo después de doce años como máximo responsable. La nueva presidenta lleva seis años al frente de la Agrupación Comarcal del Bierzo, desde noviembre de 2018.

La marcha de Hipólito Riesco pone fin al periodo presidencial más largo de CSIF León, y también a una etapa de estabilidad “tremendamente positiva” que ha posibilitado “el asentamiento y enorme crecimiento de nuestro sindicato independiente en la provincia, que va a seguir”, señala el presidente saliente. “Han sido doce años de trabajo en equipo, de entendimiento, de paz absoluta en la organización. Nos hemos podido centrar en la defensa de los intereses de los derechos de los trabajadores y en nuestros afiliados, que son el pilar esencial de CSIF y de nuestro sindicalismo independiente y profesional”.

Hipólito Riesco, que continuará de vicepresidente, ha hecho balance de su mandato destacando el incremento del 75% de afiliados en la unión provincial, que han pasado de 3.268 a 5.720; y también el aumento del 31% de representatividad, pasando de 190 delegados a 249. “CSIF es primera fuerza sindical de León en los sectores de Educación, Administración General de la Junta, Administración General del Estado, Justicia… En la Administración Local contamos con 65 representantes, o en la empresa privada crecemos cada día y ya sumamos 91 delegados”, recuerda. A nivel provincial, CSIF sube del 7,87% de representatividad, a 8,67%, asentándose así firmemente como el tercer sindicato a nivel provincial.

Hipólito Riesco asegura que CSIF León “queda en buenas manos, con una presidenta que tiene experiencia sindical, que conoce bien los servicios públicos y la empresa privada, y con una capacidad de gestión ya demostrada”.

En este sentido, Ofelia Rodríguez ha advertido que en el último año -hasta julio de 2024, hay 500 empleados públicos menos en la provincia de León. Asimismo, insiste en la necesidad de reforzar las plantillas de empleados públicos, ya que el 30% de puestos de la Administración General de la Junta están vacantes (más de 600), o con problemas muy serios para cubrir plazas en la Sanidad, especialmente en el área de salud del Bierzo. La nueva presidenta ha expresado su voluntad de crear un grupo que se centre en la acción sindical, reforzar la asesoría jurídica o impulsar la relación y coordinación entre los sectores, “por ser un pilar básico para la organización”.

Además de Ofelia Rodríguez, que asume la responsabilidad de la presidencia “con mucha ilusión y renovados retos”, integran el comité ejecutivo provincial Hipólito Riesco (vicepresidente), Emilio Fernández (secretario general) y Armonía García y Gumersindo Expósito (vocales).

Movilización jueves 17 de octubre

Por su parte, el presidente autonómico Benjamín Castro y León ha aprovechado su presencia, en el congreso de León, para hacer un llamamiento a todos los empleados públicos y a la sociedad de Castilla y León, para participar en la gran manifestación que ha convocado CSIF en Valladolid, este jueves 17 de octubre.

Castro asegura que es “hora de actuar contra la parálisis negociadora del Gobierno y de la Junta, el inmovilismo de sus dirigentes y la falta de presupuestos generales y autonómicos”. “Sin ellos, se asistirá a un progresivo hundimiento en la calidad de los servicios públicos que se prestan, no habrá ofertas de empleo público para reforzar plantillas, se acentuará la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y de la empresa privada de Castilla y León, y no habrá políticas que generen crecimiento económico y empleo en la Comunidad”, advierte el responsable autonómico de CSIF. “Si el Gobierno y la Junta se niegan a escucharnos en los despachos, nos oirán en la calle”, insiste Castro, “harto de juegos de artificio y promesas vacías”, mientras se asiste en Castilla y León a acuerdos del Diálogo Social que “ni se tratan ni se acuerdan en las mesas de negociación correspondientes”, y a leyes que supuestamente blindan los servicios públicos olvidándose de ‘blindar’ a unas plantillas que, cada vez, “están más mermadas y tensionadas por la sobrecarga de trabajo, que son unas de las peor pagadas del país y que sufren una elevada temporalidad”

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, que ha clausurado el congreso provincial de León, urge al Gobierno a iniciar y reactivar la negociación de un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos, porque el actual caduca este año. Recuerda que las empleadas y los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 5% en los últimos dos años, tras el acuerdo firmado entre el anterior Ejecutivo y los sindicatos CCOO y UGT, y casi del 20% desde 2010.

Pide al Gobierno que fije cuanto antes unos Presupuestos Generales del Estado con una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales de personal de la administración, sin tasa de reposición y con plantillas sostenibles, bien estructuradas y estables, en las que la temporalidad se reduzca al 8 por ciento a finales de este año (actualmente es del 30 por ciento, el doble que en el sector privado.

La falta de acuerdo entre el Gobierno y Muface, que está poniendo en riesgo la asistencia sanitaria a millón y medio de funcionarios, preocupa “gravemente” a CSIF. Ve insuficiente la subida de la prima propuesta por el Gobierno (17,12% frente al 24% que pide la dirección de Muface), y dice que convocará movilizaciones si hay nuevos recortes asistenciales.   

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, denunció este lunes el deterioro para usuarios y trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de León tras casi dos años de retraso en la adjudicación del nuevo contrato. Según han destacado a los medios a las puertas del Consistorio de San Marcelo, la situación de prórroga del contrato actual impide que se renueven los medios técnicos y materiales que precisan las trabajadoras para atender a los beneficiarios y que se aplique la subida salarial acordada para una plantilla feminizada que actualmente integran 115 personas y que atienden a más de 520 personas.

El contrato se adjudicó en octubre de 2023 y en noviembre fue anulado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Tarcyl, por un defecto de forma en el pliego de condiciones sin que por ahora se haya reiniciado el proceso. “Denunciamos la ineptitud e inacción del Consistorio” recalcó hoy la responsable provincial de CSIF para empresa privada, Florentina Pérez.

“Si nuestros mayores necesitan una cama o una grúa para moverlos, no pueden acceder a ella desde febrero de 2023 y tienen que ser las trabajadores las que hagan el trabajo, con el consiguiente riesgo para el usuario como para la salud de ellas”, subrayó y explicó también que la paralización provoca que la subida salarial prevista del 4,5 por ciento se haga efectiva.

A día de hoy, la licitación sigue paralizada y el comité de empresa expresó hoy su protesta frente a la sede consistorial de San Marcelo para reclamar que se retome y para recordar que afecta a un sector altamente feminizado y precarizado y que hasta ahora las “buenas palabras” recibidas desde el Ayuntamiento no se han traducido en hechos.

CSIF tampoco entiende el incremento de nueve euros en la prestación de hora de servicio que se aplicó al pliego “para subirlo a 24 euros, en cuestión de dos meses, sin que se argumente y sin que nos hayan informado del motivo”. La organización reclama desde hace tiempo que se recupere la gestión directa del servicio que hubo hace años. “Sabemos que se puede hacer y mejorar con ello las condiciones de los usuarios y las trabajadoras”, aseguró Florentina Pérez.