Castilla y León afronta el inicio del verano con un operativo de incendios forestales “sin refuerzos ni mejoras” y con importantes carencias de personal y medios, según ha denunciado este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta además de la falta de trabajos preventivos en los montes tras un año especialmente grave para los incendios en España.

El sindicato sostiene que la Comunidad llega a la campaña de alto riesgo prácticamente “en el mismo punto que el pasado verano”, sin actuaciones suficientes de prevención y con un “déficit de personal crónico” que afecta tanto a las brigadas forestales como a otros servicios vinculados a la vigilancia y extinción.

CSIF advierte además de que no se han realizado durante el invierno trabajos básicos como limpieza de montes, apertura de cortafuegos o acondicionamiento de caminos y puntos de agua, lo que, a su juicio, deja al territorio “completamente expuesto” ante posibles grandes incendios.

Entre los principales problemas detectados en Castilla y León, el sindicato señala que la parte pública del operativo no se ha reforzado y que las bolsas de empleo están caducadas, una situación que obligará a cubrir vacantes con demandantes de empleo sin experiencia específica ni formación suficiente.

A eso suma la situación de la parte privada del dispositivo, donde CSIF denuncia que sigue sin reconocerse la categoría profesional de bombero forestal y que muchos procesos de selección se están desarrollando apenas dos semanas antes del inicio del periodo de máximo riesgo.

Según el sindicato, esto dificulta que los nuevos trabajadores conozcan adecuadamente el territorio y el funcionamiento de los operativos de extinción.

La organización también alerta del envejecimiento de las plantillas, de la falta de cobertura de jubilaciones y de la escasez de equipos de protección individual y de personal destinado a tareas preventivas.

Más de 16.000 hectáreas quemadas antes del verano en todo el país

CSIF considera especialmente preocupante la situación teniendo en cuenta que, según los datos que maneja el sindicato, en los cuatro primeros meses de 2026 ya se han registrado más de 2.600 incendios forestales en España que han arrasado más de 16.300 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

La organización teme que pueda repetirse un escenario similar al del pasado año, el peor de la última década en superficie quemada, con casi 8.200 incendios forestales y más de 354.000 hectáreas arrasadas en todo el país.

Por ello, reclama a las comunidades autónomas que refuercen de manera inmediata sus dispositivos de prevención y extinción para evitar “otro verano desastroso” marcado por los grandes incendios forestales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el retraso del inicio de las obras de la futura oficina de empleo en Astorga, que se ubicará en el antiguo colegio Leopoldo Panero, y el “exilio forzoso” de usuarios y funcionarios a la oficina existente en La Bañeza.

El sindicato, en un comunicado, lamenta que la solución a las “graves deficiencias estructurales y de insalubridad” de las actuales dependencias de la calle Juego de Cañas, que llevan cerradas al público casi un mes, no se acompasen con la habilitación de la nueva sede prometida por la Junta de Castilla y León para albergar tanto la oficina de empleo autonómica del Ecyl como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El sindicato independiente exige que se ejecuten las obras la nueva oficina y que, mientras, se dé una solución provisional digna al servicio que evite el desplazamiento de la población y de los empleados públicos.

Hay que recordar que la Junta de Castilla y León anunció en enero de este año la ejecución de obras para la nueva sede de la Oficina de Empleo de Astorga con una inversión de 1.173.022 euros. El plazo de ejecución anunciado era de 10 meses, lo cual supondría, si se cumplen los plazos, que debería finalizar al término de este mismo año, pero la oficina antigua se ha cerrado hace ya un mes, certifica CSIF.

Esa nueva sede se ubicará en la antigua Residencia Juvenil Leopoldo Panero, situada en la plaza Arquitecto Gaudí, nº 3, en un inmueble afecto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Según la informació facilitada entonces, la nueva estancia triplicaría el espacio actual, resolveríalos problemas de accesibilidad y ofrecerá unas instalaciones dignas tanto para los trabajadores como para los más de 3.400 usuarios que atiende cada año. Sin embargo, en todos los meses que faltan todos ellos deberán por ahora trasladarse a la ciudad de La Bañeza.

CSIF se toma esta siruación como un “abandono institucional que sufre Astorga en este asunto”, tras meses de promesas y una licitación millonaria que “no se ejecuta”. Recuerdan que el pasado 18 de noviembre de 2025 mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para exponer las insostenibles deficiencias de la actual oficina del SEPE y e Ecyl: falta de espacio, nula privacidad, problemas de accesibilidad (solo escaleras), humedades, baños inutilizados y un persistente olor a gasoil que, a día de hoy, ha obligado a su cierre.

Trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Castilla y León se han concentrado este miércoles ante la Delegación de León para reclamar mejoras laborales, más plantilla y el cumplimiento de acuerdos pendientes, en una jornada de movilizaciones convocada en toda España por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La protesta, que ha incluido un paro parcial de una hora entre las 11.00 y las 12.00 horas, se enmarca en un calendario de movilizaciones que podría culminar con una huelga general el próximo 8 de junio si no se producen avances en la negociación con el Gobierno.

Durante la concentración, con presencia de trabajadores y delegados de toda la comunidad, el responsable de la Agencia Tributaria de CSIF en Castilla y León, Serafín Herrera, ha denunciado que el conflicto laboral nace de “una situación prolongada de bloqueo, retraso e incumplimiento” por parte de la Administración.

“En noviembre de 2024 se firmó un acuerdo con compromisos claros, pero la Agencia Tributaria ha sido incapaz de transformarlos en hechos”, ha criticado Herrera, quien ha asegurado que “la situación se ha enquistado en tres problemas fundamentales”: la carrera profesional, el teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.

En este sentido, ha destacado que los trabajadores exigen la actualización de la carrera profesional y el reconocimiento de los años acumulados sin mejoras desde las últimas reclasificaciones, así como el desarrollo de un modelo de teletrabajo “flexible y adaptado” a las necesidades de la plantilla.

“Hoy mantenemos un sistema impuesto, rígido y poco flexible”, ha señalado Herrera, quien ha reclamado que se aplique a la AEAT un modelo similar al de la Administración General del Estado, con más días de trabajo a distancia y mayores facilidades de conciliación.

El tercer eje de las reivindicaciones se centra en el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos trabajadores —ha subrayado— desempeñan funciones clave en la lucha contra el narcotráfico o el contrabando y afrontan situaciones de riesgo que, a juicio del sindicato, deben ser reconocidas legalmente.

“No se trata de una unidad administrativa cualquiera; hablamos de profesionales con funciones de seguridad que requieren más medios y el reconocimiento efectivo como profesión de riesgo”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado también mejoras salariales, refuerzo de medios y medidas que faciliten la jubilación anticipada en estos casos.

Herrera ha advertido además de la falta estructural de plantilla en la Agencia Tributaria, con unos 1.200 trabajadores en Castilla y León —alrededor de 140 en la provincia de León—, y un déficit que, según ha dicho, se arrastra desde hace años.

“La oferta pública no está siendo capaz de compensar las jubilaciones ni el envejecimiento de la plantilla, mientras aumentan los objetivos y las cargas de trabajo”, ha señalado tras incidir en que esta situación está generando “una tensión que resulta insostenible”.

El representante sindical ha vinculado estas carencias con el incremento de la actividad de la AEAT, que registra cifras récord de recaudación, y ha defendido la necesidad de reforzar los efectivos para garantizar un servicio adecuado a los contribuyentes.

CSIF ha hecho un llamamiento a la unidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales para respaldar las movilizaciones, al considerar que “la fragmentación solo beneficia a quien bloquea” la negociación.

Tras las protestas de este miércoles, el calendario continuará el 29 de mayo con nuevas concentraciones y paros parciales, antes de una huelga general prevista para el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria si no se alcanzan soluciones.

“Estamos en marcha y no cesaremos hasta que tengamos las respuestas que reclamamos”, ha concluido Herrera.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este mediodía, durante una concentración ante la Consejería de Sanidad en Valladolid, el cumplimiento “íntegro e inmediato” de los acuerdos relativos al abono de los sábados trabajados para todo el personal del Sacyl, así como una regulación equitativa del tiempo de solape entre profesionales en los cambios de turno.

La movilización, enmarcada en la campaña ‘Todo x tod@s es más sanidad pública’, ha servido para exigir el respeto a los derechos laborales y poner fin a los agravios retributivos dentro del sistema sanitario público.

El presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha sido contundente al denunciar la situación. “No vamos a permitir más retrasos ni incumplimientos de los acuerdos firmados. El pago de los sábados no es una concesión, es un derecho reconocido que debe hacerse efectivo ya”, ha afirmado.

Según el sindicato, el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial el 10 de octubre de 2025 contemplaba el abono de los sábados trabajados para todas las categorías profesionales con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y fijaba como fecha límite el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, CSIF denuncia la falta de concreción y garantías en su aplicación.

Además, la organización insiste en que este complemento debe equipararse progresivamente al que se percibe por trabajar en domingos y festivos, como ya ocurre en otros ámbitos de la Junta de Castilla y León, con el fin de evitar desigualdades entre empleados públicos.

El solape, clave en la atención sanitaria

Otro de los puntos centrales de la protesta ha sido la regulación del denominado 'solape', el tiempo destinado a la transmisión de información entre turnos. CSIF considera que este periodo debe reconocerse como trabajo efectivo, al ser esencial para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

En la actualidad, existen diferencias significativas entre categorías profesionales. Mientras el personal de enfermería tiene reconocidas 49 horas anuales, los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) apenas cuentan con 7 horas, una cifra que el sindicato considera insuficiente.

Vega ha subrayado que “la transmisión de información clínica no es un trámite accesorio, sino un pilar fundamental de la atención sanitaria”, y ha advertido de que su falta de regulación adecuada puede suponer riesgos innecesarios para los pacientes.

CSIF también critica que los acuerdos parciales y las decisiones fuera de los órganos de negociación están generando más desigualdad y malestar entre las plantillas.

Por ello, el sindicato reclama el pago retroactivo de los sábados, la fijación de un calendario claro para su abono, la regulación homogénea del solape para todas las categorías y la revisión de las horas reconocidas bajo criterios de equidad.

“Sin condiciones laborales dignas no puede haber una sanidad pública de calidad. Los profesionales no pueden seguir siendo los paganos de la mala planificación”, ha concluido Vega. CSIF advierte de que mantendrá las movilizaciones si no se atienden sus reivindicaciones.

Casi la mitad del profesorado de la Educación Pública en la autonomía de Castilla y León asegura haber sufrido algún tipo de agresión o trato vejatorio durante el último curso, según los datos recogidos por CSIF en su informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, presentado este 23 de marzo.

En concreto, la Central Sindical Independiente de Funcionarios asegura el 43% de los docentes encuestados reconoce haber sido víctima de algún tipo de agresión, que van desde el acoso en redes sociales (3,7%) o agresiones físicas (11,4%), hasta situaciones más habituales como faltas de respeto por parte del alumnado (30,1%) o agresiones verbales, que alcanzan el 53%. “Esta realidad tiene su reflejo en la percepción del colectivo: el 66,4% afirma no sentirse reconocido social ni profesionalmente, y menos del 19% percibe un respaldo claro por parte de las familias”, aseguran.

La presidenta de la sección sindical del profesorado autonómica, Isabel Madruga, deja claro que “desde CSIF Educación Castilla y León decimos con firmeza, ya está bien. Casi la mitad del profesorado de la educación pública ha sufrido agresiones o tratos vejatorios en el último curso y más del 50% afirman no haber recibido la formación adecuada para gestionar los problemas del aula. Los datos de nuestra encuesta muestran una realidad que no se puede ocultar¡: Falta de respaldo institucional, protocolos que no funcionan, el 97% los considera insuficientes y un reconocimiento social que sigue cayendo. Más del 66% del profesorado no se siente valorado y el apoyo de las familias es cada vez menor”.

El estudio, elaborado a partir de cuestionarios en centros públicos de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial y Educación Especial en las regiones de León y de Castilla, también evidencia una falta de apoyo institucional. Así, el 47,3% del profesorado considera que no cuenta con el respaldo de la Administración ante estas situaciones. Más preocupante aún resulta que el 97,1% califica los protocolos existentes como insuficientes o ineficaces, lo que genera una creciente sensación de desprotección y debilita la autoridad docente. “Castilla y León ha sido, además, una de las comunidades con mayor participación en esta encuesta nacional, con más del 12% de las más de 7.500 respuestas recogidas”, apunta el sindicato.

Reivindicaciones del profesorado

Entre las principales reivindicaciones del profesorado destaca Madruga el refuerzo de la autoridad en las aulas, la reducción de ratios, el aumento de plantillas para atender a la diversidad, la equiparación salarial con otras comunidades autónomas y la disminución tanto de la carga burocrática como del horario lectivo. De hecho, el rechazo a la burocracia es prácticamente unánime: el 98% de los docentes considera que es excesiva y perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“El profesorado ha sido claro en sus prioridades y reclama un refuerzo de la autoridad docente, reducción de ratios, incremento de plantillas para atender a la diversidad, homologación salarial con otras comunidades autónomas y una reducción real de la burocracia y del horario lectivo. Desde CSIF reclamamos a la Consejería de Educación apoyo decidido y medidas concretas que refuercen la autoridad docente, porque sin profesorado respetado y protegido no hay educación pública de calidad”, considera la presidenta de la sección de Educación del sindicato.

Desde CSIF Educación Castilla y León advierten de que este escenario no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de reconocimiento social afectan directamente a la motivación del profesorado y a la calidad del sistema educativo público. Por ello, reclaman a las administraciones una respuesta firme que pase por reforzar y prestigiar la labor docente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lanza, un curso más, una nueva campaña de apoyo a la matriculación en los centros públicos, destacando que “son un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, más inclusiva y más igualitaria, en todos los territorios de la Comunidad”. Asegura, además, que “son una garantía de continuidad y de futuro para este servicio esencial para la sociedad que es la educación”.

El sindicato independiente señala que los estándares de calidad de los centros públicos han quedado demostrados en todos los informes internacionales y pruebas de acceso a la Universidad, “pese a que sobre ellos recae casi todo el esfuerzo de sacar adelante al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. Una circunstancia “que no impide que sea el mejor lugar para garantizar el éxito educativo, gracias a la labor de toda la comunidad escolar y, especialmente, de un profesorado vocacional y comprometido”.

Se pone en valor que los centros públicos son garantía de que la formación de los estudiantes “se hará bajo las premisas de la libertad y la neutralidad ideológica, para construir una ciudadanía crítica y competente, desde el fomento de los valores democráticos, de participación, solidaridad e interculturalidad”. Otro punto a su favor, dice CSIF, es que los colegios públicos permiten conciliar mejor y más fácilmente la vida familiar gracias a los variados servicios que ofrecen, como comedor escolar, programas madrugadores o transporte escolar, entre otros, añade CSIF.

Precisamente, asegura que “la educación pública es la que mejor se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes, ofreciendo la más extensa y variada red de oferta educativa, con toda clase de enseñanzas y programas educativos. CSIF resalta que la red de los centros de la educación pública es la que garantiza el derecho universal a la educación; y una prueba de ello es que es la única presente en el extenso territorio de la Comunidad, especialmente en el ámbito rural, y la que contribuye a paliar las desigualdades sociales y territoriales en estos espacios tan castigados por la despoblación.

Por todos estos motivos, CSIF exige a la Administración educativa de Castilla y León que fomente la matriculación en la red de centros educativos públicos, “ya que cuenta con los mejores profesionales que han sido seleccionados después de unas duras pruebas de admisión”. Al mismo tiempo, critica que el periodo de matriculación coincida, en buena medida, con el periodo vacacional de Semana Santa.

Calendario de matriculación

El proceso de presentación de solicitudes para el curso 2026/2027 empieza el 17 de marzo de 2026 e irá hasta el 8 de abril. Posteriormente, los centros docentes publicarán el 12 de mayo la puntuación del baremo provisional, estableciendo un plazo a las familias para las reclamaciones del 15 al 21, mientras que el sorteo será el 29 de mayo.

Finalmente, el último paso del proceso ordinario será el 24 de junio, cuando se hagan públicos los listados de adjudicación de plazas. La matriculación tendrá lugar del 24 al 30 de junio, ambos inclusive, para la escolarización en Educación Infantil y Educación Primaria, y para Educación Secundaria el proceso se alarga hasta el 10 de julio. El proceso extraordinario de admisión se iniciará el 13 de julio y terminará el 8 de agosto. Por último, el 4 de septiembre se publicarán los listados de adjudicación de las plazas escolares extraordinarias.

El sindicato CSIF ha denunciado la situación que atraviesa la Residencia Mixta de Mayores de Flores del Sil Ponferrada, con “graves problemas de filtración de agua” en estancias, luminarias y enchufes a causa de la lluvia y de la falta de actuaciones por parte de la Junta de Castilla y León, de la que depende.

“El centro presenta desde hace varios años importantes problemas derivados de goteras y humedades que afectan tanto a habitaciones como a zonas comunes del edificio, que tiene casi cincuenta años”, ha criticado el sindicato este domingo en un comunicado. En este momento, las filtraciones afectan a habitaciones, pasillos y dependencias situadas en la tercera y cuarta planta de este centro ubicado en el barrio ponferradino de Flores del Sil.

“En algunos casos, las goteras y humedades alcanzan enchufes o luminarias”, según CSIF, lo que supone “un riesgo tanto para los residentes como para los trabajadores del centro”.

CSIF ha recordado que esta situación ya se denunció en marzo del pasado año ante el Comité de Prevención de Riesgos Laborales de León, que instó a la administración a actuar con urgencia para solucionar los problemas detectados.

“Sin embargo, las obras no comenzaron hasta octubre y noviembre, seis meses después de la denuncia, y han tenido que paralizarse ante la llegada del nuevo periodo de lluvias”, han asegurado.

El sindicato ha asegurado que esta situación se ha repetido durante los tres últimos inviernos y ha reclamado una dotación presupuestaria suficiente para acometer reformas urgentes, entre ellas la reparación del tejado, la sustitución de ascensores, la mejora del aislamiento de ventanas o la renovación del sistema de climatización.

La situación en la prisión provincial de León, el centro penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, vuelve a situarse en los últimos días en el foco tras una sucesión de denuncias sindicales que apuntan a un deterioro de las condiciones de trabajo, la seguridad y la atención sanitaria, en un contexto de fuerte incremento de la población reclusa, según coinciden varias organizaciones.

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado del aumento de las agresiones al personal penitenciario, que vincula directamente a la masificación del centro y a la ausencia de políticas reales de prevención de riesgos laborales. Según datos oficiales citados por el sindicato, el año 2025 se cerró con 529 agresiones físicas al personal penitenciario en el conjunto del sistema, un 4,33 % más que en 2024, unas cifras que, a juicio de CCOO, no reflejan la magnitud real del problema.

En el caso concreto del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, el sindicato sitúa como ejemplo los hechos ocurridos el pasado 30 de enero, cuando una pelea entre internos terminó con dos trabajadores heridos y quince reclusos trasladados al departamento de Aislamiento. CCOO subraya que el centro ha pasado de albergar unos 840 internos en 2025 a superar actualmente los 1.100, una cifra muy por encima de su capacidad real, lo que ha incrementado la tensión, los conflictos graves y las agresiones.

El sindicato denuncia además que la Administración no ha adaptado las plantillas ni dotado de medios suficientes a los centros, y alerta de una crisis sanitaria estructural, con prisiones que funcionan con menos de un tercio del personal médico que les corresponde. En este contexto, advierte de que las cárceles se están convirtiendo en “almacenes de patologías mentales” sin atención adecuada, lo que eleva exponencialmente el riesgo de episodios violentos. CCOO critica también la ineficacia del actual protocolo de agresiones (PEAFA), que considera incapaz de prevenir, proteger o amparar al personal, y denuncia la existencia de agresiones que no aparecen en las estadísticas oficiales, especialmente las relacionadas con la violencia sexual hacia las trabajadoras penitenciarias.

En la misma línea se ha pronunciado el sindicato mayoritario en prisiones, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), que alerta del “colapso del sistema penitenciario” ante el repunte acelerado de la población reclusa en la prisión de León. Según sus datos, el centro ha experimentado en poco más de un año un incremento del 32% de internos, pasando de 840 a más de 1.100, en una cárcel que se encuentra además en obras y con dos departamentos cerrados.

ACAIP señala que la sobreocupación ha convertido la excepción en norma, con la mayoría de las celdas ocupadas por dos internos, lo que dispara la tensión y dificulta cualquier labor de tratamiento y reinserción. El sindicato advierte de que la diversidad de perfiles, unida a la falta de espacio, actúa como un multiplicador de la conflictividad. Como ejemplo, recuerda un incidente reciente en un módulo con capacidad para 72 plazas y 100 internos, que terminó con quince presos aislados y dos trabajadores heridos al intervenir.

Desde ACAIP se denuncia también la falta de herramientas y de una reestructuración adecuada de las plantillas para afrontar esta nueva realidad, así como una grave crisis sanitaria. En el centro penitenciario de León, según el sindicato, solo hay tres médicos de los diez que deberían cubrir la relación de puestos de trabajo, lo que impide una supervisión adecuada de los tratamientos y una atención primaria efectiva, especialmente en materia de salud mental.

A este escenario se ha sumado también una nueva denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha llevado ante la Inspección de Trabajo y la Dirección del centro las deficiencias del servicio de limpieza. El sindicato alerta de carencias estructurales derivadas de la falta de personal, la no cobertura de ausencias y una organización deficiente, que estarían provocando un deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias y un riesgo añadido para la salud laboral.

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes que la Junta de Castilla y León dedique 228.000 euros a sistemas de radiocomunicación del operativo de incendios forestales que están “claramente obsoletos, más propios del siglo pasado y muy lejos de los estándares tecnológicos que hoy exigen las emergencias forestales”.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que en las zonas afectadas por los incendios del pasado agosto “los teléfonos facilitados por la Junta al personal del operativo carecían de cobertura y las radios de emergencia no funcionaban, dejando al operativo sin medios de comunicación”, uno de los muchos problemas del operativo que afrontaba los peores siniestros forestales de la historia documentada de la Comunidad y en especial en provincias como León o Zamora.

Y a su juicio, como consecuencia, la gestión de los incendios se realizó “de manera precaria y totalmente inadmisible a través de los teléfonos móviles particulares de los propios trabajadores, una situación que evidencia el abandono del sistema de comunicaciones y el riesgo al que se sometió al personal de extinción en plena emergencia”.

“Hablamos de bomberos forestales, agentes y personal de extinción que han tenido que actuar sin comunicaciones operativas, sin saber qué ocurría a su alrededor, sin poder coordinarse adecuadamente y sin garantías mínimas de seguridad”, ha sostenido CSIF.

El sindicato ha lamentado que después de que el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones afirmara en las Cortes de Castilla y León que se había aprendido de los errores cometidos en los incendios de 2025, la primera decisión adoptada haya sido destinar más de 200.000 euros a sistemas de radiocomunicación del operativo de incendios forestales que están claramente obsoletos.

El reparto en lotes por regiones

Se trata de contratos aprobados el pasado Consejo de Gobierno, partidos en dos lotes, uno para región de la Comunidad: por un lado para las provincias castellanas de Valladodid, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Ávila, por 137.366,46 euros, y por otro las provincias de la Región Leonesa, Salamanca, Zamora y León, por otros 90.713,70 euros.

“Mientras otras comunidades han apostado por sistemas satelitales y digitales modernos, interoperables y seguros, en Castilla y León se sigue gastando dinero en parches, reparaciones y tecnología del pasado, alargando artificialmente la vida de un sistema que ya ha demostrado ser ineficaz y peligroso”, han alertado desde CSIF.

El sindicato ha argüido que la propia Junta de Castilla y León ha reconocido durante la formación impartida a los trabajadores que “las ondas presentan importantes limitaciones e interferencias que deterioran la calidad de la señal”, provocadas por factores como la radiación solar extrema, las interferencias con repetidores de telefonía o televisión, los obstáculos geográficos o la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

Para CSIF eso evidencia “las carencias estructurales de un sistema que no ofrece garantías en situaciones de emergencia y de las cuales son perfectamente conocedores en la Junta, cuando se deben implantar”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que la Junta de Castilla y León ha comenzado a “desmantelar” el operativo de incendios forestales después de un verano en el que las llamas han calcinado más de 100.000 hectáreas en la provincia de León.

Del mismo modo, CSIF critica que la administración autonómica publicita que todos los trabajadores el operativo de incendios serán empleados públicos mientras ya ha despedido al 30% del personal: “Una actitud de hipocresía descarada sin precedentes que no vamos a apoyar y de la que no seremos cómplices”, advierte la Central Sindical que critica que estos anuncios siguen sin asegurar ni la estabilización ni profesionalización de los trabajadores.

Esta circunstancia llega después de que el riesgo de incendios se haya reducido de alto a medio, aunque CSIF alerta de que “siguen produciéndose incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño”.

“Hay material que deja de funcionar y la operatividad se limita”, advierte CSIF, “y mientras el operativo antiincendios ‘flexible’ del consejero de Medio Ambiente se desmantela, Suárez-Quiñones se mantiene incomprensiblemente en su cargo”.

Para CSIF, la única realidad es que, “si este año no hemos tenido capacidad para extinguir los incendios de agosto”, el año que viene “tampoco la vamos a tener ante unas circunstancias similares, porque no se prevé aumentar ni las personas ni los medios. Es algo evidente. Parece que la Junta pretende que la ciudadanía olvide el infierno y la angustia que hemos pasado este verano, con fallecidos, heridos y pueblos arrasados, y que ha sido consecuencia directa de su mala gestión”.

Un plan de mejora que califican de “propaganda electoralista”

Sobre este plan de mejora anunciado por la Junta, CSIF alerta de que: “No supone ninguna mejora estructural y laboral que permita un operativo realmente profesional” y lo califica de “propaganda electoralista”.

El presidente de la Junta anunció hace pocos días que todos los trabajadores el operativo de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años y que arrancaría en 2026 con la conversión de un tercio de los actualmente contratados por empresas privadas, que pasarían a depender de la empresa pública estatal Tragsa.

Al respecto la Central Sindical recuerda que “no podemos olvidar que un operativo cien por cien público es más económico que el gestionado por ese tipo de sociedades privadas, cuyo objetivo es el de maximizar los beneficios”.

Otro de los aspectos de los anuncios de la Junta que denuncia CSIF es que el gobierno está reconociendo unas “mínimas mejoras laborales” a las que le obliga el Gobierno de España como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, pero al que “solo” se le va a subir 75 euros mensuales por la peligrosidad, esfuerzo físico o toxicidad a las que se enfrentan los bomberos forestales en la extinción de incendios, “y esto es un insulto”.

Por otra parte, la medida de que se va a reconocer el Grupo B para los agentes medioambientales es algo que la Junta, “llevaba incumpliendo durante 17 años”; y nuevamente en Castilla y León es un dardo envenenado, ya que solo accederá la mitad de la plantilla, porque a los agentes con más antigüedad no les exigieron titulación superior para el acceso y “ahora directamente quedan excluidos”, en vez hacer de buscar fórmulas de solución como ha ocurrido en Galicia, Asturias o Andalucía, indica el sindicato independiente.

Los sindicatos CSIF, CCOO y USCAL-TISCYL han mostrado su rechazo a las últimas declaraciones del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, sobre las supuestas mejoras en el operativo autonómico de incendios forestales. Las organizaciones sindicales aseguran que las medidas anunciadas “se alejan mucho de la realidad” y que la Administración autonómica únicamente pretende cumplir ahora “lo que ya está obligada a aplicar por ley”.

En un comunicado conjunto, los sindicatos explican que las modificaciones que la Junta presenta como avances responden a la aplicación de dos normas básicas estatales aprobadas en 2024: la Ley 5/2024, que reconoce la figura del bombero forestal, y la Ley 4/2024, que crea el grupo B para el colectivo de agentes forestales y medioambientales. Subrayan que se trata de una adaptación legal obligatoria en la normativa autonómica, derivada además del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), cuyo cumplimiento —afirman— la Junta lleva dieciocho años retrasando.

Fuera de esas medidas impuestas por ley, la Junta ha planteado un incremento salarial de 75 euros mensuales brutos. Una subida que los sindicatos califican de “exigua, injusta” y que consideran un “menosprecio” al trabajo de los agentes medioambientales y los bomberos forestales de la comunidad, que desempeñan su labor en condiciones extremas y con jornadas de hasta 24 horas durante los incendios.

Las tres organizaciones recuerdan que, en la reunión mantenida el pasado 10 de octubre con representantes de la administración, trasladaron de forma conjunta su negativa a aceptar la propuesta, al considerarla “una paupérrima mejora” que no responde a las necesidades reales del operativo. Añaden que las negociaciones “ni siquiera pueden llamarse así” debido a las prisas con las que se han llevado a cabo, tras años de incumplimientos por parte de la Junta.

Ante esta situación, los sindicatos anuncian que convocarán movilizaciones de carácter indefinido, con el objetivo de denunciar públicamente lo que consideran un nuevo episodio de maltrato hacia el operativo de incendios de Castilla y León.

En el comunicado, CSIF, CCOO y USCAL-TISCYL recuerdan que el operativo necesita “cambios profundos, propuestas nuevas y un dispositivo público real” que permita a sus trabajadores desarrollar su labor con dignidad. También hacen referencia a los incendios de 2022 y 2025, en los que se registraron ocho fallecimientos, para subrayar la importancia de dotar al operativo de medios y condiciones adecuadas.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, se lleva el protagonismo de las críticas de los partidos políticos de la oposición y de los sindicatos por su gestión ante los incendios forestales que han barrido la provincia de León y han llegado a asolar el Parque Arqueológico de Las Médulas. Su decisión de quedarse a comer en Gijón mientras las llamas asediaban localidades y quemaban algunas casas, es el centro de las mismas.

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, consideró que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es “el máximo responsable” de la situación de incendios que vive la provincia “tanto por su sumisión a la Junta como por sus decisiones políticas que han debilitado la capacidad de respuesta frente a emergencias como esta”.

De igual manera, calificó “de vergüenza que, en plenos incendios en la provincia”, el Partido Popular decidiera ayer “criticar el pacto de Gobierno entre del PSOE y Unión del Pueblo Leonés en la Diputación de León”, que “está centrado en trabajar por León y en sacar adelante proyectos que mejoren la vida de la ciudadanía”, mientras la Junta de Castilla y León “acumula décadas de incumplimientos que han frenado el progreso de la provincia”.

PSOE: “Quiñones, la persona que más daño ha causado a León”

“Quiñones es, con diferencia, la persona que más daño ha causado a León. Ha utilizado cada cargo para ponerse a las órdenes de la Junta y servir de mamporrero político de Mañueco, olvidando por completo a los leoneses”, aseveró Javier Alfonso Cendón, convencido de que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio “ha bloqueado proyectos clave, ha permitido el deterioro de la sanidad y la educación, ha reducido los recursos en materia de prevención y extinción de incendios y ha sido cómplice del abandono de nuestras infraestructuras”, ha señalado el líder socialista“.

Frente a ello, Cendón recordó que el Gobierno de España “ha invertido más de mil millones de euros en León desde que Pedro Sánchez es presidente”, mientras la Junta “sigue sin cumplir compromisos como la ampliación de las urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León, la radioterapia en el Bierzo, la construcción de centros de salud, la ejecución de autovías pendientes o la dotación adecuada de medios para la lucha contra el fuego”.

“Que no vengan ahora a dar lecciones quienes han condenado a León a la parálisis y al abandono. El pacto de gobierno en la Diputación está pensado por y para León, mientras Quiñones y Mañueco solo piensan en su sumisión política, incluso a costa de poner en riesgo la seguridad y el futuro de nuestra provincia”, finalizó el secretario provincial del PSOE.

UPL: “No se ha tomado en serio la gravedad del incendio”

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés ha lamentado “que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, estuviera feria en Gijón mientras la provincia de León registraba una importante cantidad de incendios con varias localidades desalojadas. Una muestra más de la 'dejadez de funciones' del encargado del área de la Junta de Castilla y León –leonés y no menos leonesista que nadie como dice él—, en vez de estar sobre el terreno coordinando las actuaciones”

“Y más cuando este mismo domingo cerca de ochocientas personas han sido desalojadas de sus casas de Yeres, Borrenes, Las Médulas, Carucedo, Orellán o Voces por el incendio que está afectando a un Patrimonio de la Humanidad como Las Medulas. No basta con anticipar el riesgo de incendios por altas temperaturas, que son pura palabrería, y debe asumir sus competencias –ya tarde, como siempre— hay que estar preparados y actuar antes, porque si no es una dejadez clara y una falta de inversión para mejorar el operativo”, recuerdan desde la formación leonesista.

Los leonesistas critican que Suárez-Quiñones “parece, eso sí, más preocupado ahora que encabeza al PP de León de criticar a UPL por un acuerdo de 2019 y roto en 2021 que de los incendios de la provincia de León”, en los cuales los propios vecinos de las zonas criticaron “que les tienen abandonados” y “no se han tomado en serio el riesgo y la gravedad de este incendio”. “Silencio cómplice es hacer caso omiso a las advertencias de los bomberos forestales, que año sí y año también denuncian la falta de medios y fallos organizativos en la respuesta inicial, que gracias a su buena voluntad y profesionalidad sacan adelante estas situaciones”, remarcaron los leonesistas.

“Hay que recordar, que según los sindicatos desde 2022 no se han convocado dichas bolsas, y se está contratando de forma improvisada a través del Servicio de Empleo de Castilla y León (ECyL), sin garantizar la formación ni experiencia necesarias”. Por todo ello, desde UPL reclaman a Suárez-Quiñones que “deje de poner sus habituales excusas, asuma sus competencias y de una vez por todas disponga de un operativo acorde para este periodo estival.

CCOO Bierzo exige un operativo contra incendios “permanente, público y profesional”

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras (CCOO) El Bierzo reclamó hoy la puesta en marcha de un dispositivo de incendios forestales “permanente, profesional y cien por cien público, con personal formado, estabilidad laboral y medios adecuados durante todo el año”.

El sindicato, que trasladó su “solidaridad y apoyo” a todas las personas, familias y trabajadores afectados por los incendios que estos días afectan a distintos puntos de la comarca, condenó “enérgicamente” la intencionalidad en aquellos casos en que la hubiera y recordó que “cada hectárea perdida, cada vivienda dañada y cada empleo en riesgo suponen un golpe más a un territorio que continúa esperando su recuperación económica”.

El secretario comarcal de CCOO Bierzo, Roberto Echegaray, señaló que “una comarca que está a la espera de su recuperación económica, comprueba una vez más cómo, lejos de producirse, es herida en lo poco que le queda como patrimonio” y exigió a la Junta de Castilla y León que “cubra las necesidades de las personas afectadas durante el tiempo que sea necesario”, así como “la mayor agilidad en la recuperación de viviendas y negocios” porque “la gente tiene derecho a rehacer su vida y su trabajo en su pueblo y no tener que marcharse fuera como única salida”.

CCOO Bierzo recordó también que ya había denunciado “la temeridad” de la Junta de Castilla y León en su política de incendios forestales, al mantener un modelo “precario, temporal y basado en la subcontratación, que deja al operativo contra incendios infradotado y sin recursos suficientes en periodos clave”, por lo que reclamó la puesta en marcha de un dispositivo “permanente, profesional y cien por cien público, con personal formado, estabilidad laboral y medios adecuados durante todo el año”.

Asimismo, la organización puso de relieve que también había advertido del “incumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales”, exigiendo su aplicación efectiva junto con la normativa de prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de enfermedades profesionales.

Para CCOO, “frente a la propaganda y las medidas improvisadas, es imprescindible una verdadera estrategia de prevención que incluya gestión forestal sostenible, planes de autoprotección en pueblos y empresas, mantenimiento de cortafuegos, dotación de recursos a las cuadrillas y una coordinación real entre administraciones”.

El responsable de Universidad y vicepresidente del sector nacional de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Ramón Caballero, advirtió este lunes de “la infrafinanciación de las universidades y la precariedad del personal docente investigador” como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Todo ello, sumado al “invierno demográfico que será una realidad a partir de 2027” y la “fuerte competencia de las universidades privadas”, hace “muy complejo” el escenario para el futuro de las universidades públicas.

Así lo apuntó este lunes con motivo de la celebración en León de una jornada autonómica de delegados de Universidad, donde recordó que la inversión por estudiante universitario en España es un 21 por ciento inferior a la media europea, mientras que “el único compromiso que había en la Losu, que era llegar al uno por ciento del PIB para financiación universitaria en el 2030, no va a llegar a ningún lado”.

Entre los datos aportados por Caballero también se encuentra que “la precariedad del personal docente e investigador”, con una temporalidad situada en el 49 por ciento, lo que supone que uno de cada dos de los 106.000 profesores del sistema universitario español “tiene un contrato temporal y precario”.

“Todo ello se iba a arreglar con un estatuto del personal docente investigador, para el que se daba al Gobierno seis meses para presentarlo en el Congreso, pero han pasado más de dos años y no hay absolutamente nada sobre el tema, mientras que las reuniones con el Gobierno y comunidades autónomas son de una hostilidad y de un enfrentamiento alarmante”, apuntó el responsable de Universidad de CSIF, al tiempo que lamentó que “nadie quiere asumir la financiación”, lo que tendrá un resultado “bastante negativo para las universidades públicas y para la sociedad española en su conjunto”.

Castilla y León

En el caso concreto de Castilla y León, el responsable de Universidad y vicepresidente del sector autonómico de Educación, Roberto Fernández, lamentó que, dos años y medio después de la entrada en vigor de la Losu, el Gobierno autonómico “no ha desarrollado ninguna de las materias que son de su competencia”, como es la figura de los profesores permanentes laborales“, ya que ”se continúa todavía con los profesores contratados como doctores“.

Además, en cuanto al profesorado sustituto, explicó que “aquellos profesionales que están en un primer empleo público en Castilla y León por la ley de incompatibilidades”, al que “ni resuelve el Ministerio de Educación ni resuelve la Comunidad Autónoma”.

Asimismo, puso de relieve que el profesorado autonómico tiene “uno de los salarios más bajos en relación con el personal laboral de las universidades públicas de toda España”, con un diez por ciento de diferencia retributiva en relación con la media nacional, mientras que el decreto autonómico de retribuciones de todo el personal docente investigador de las universidades públicas de Castilla y León “lleva sin actualizarse desde el año 2002”.

También puso de relieve Roberto Fernández la existencia de “carreras profesionales diferentes en cada una de las universidades” porque la Junta “no ha decidido ido a hacer una carrera homogénea”, de forma que “en cada universidad se ha ido pactando de manera diferente”.

“La Junta de Castilla y León nos dice que las universidades son autónoma y que con su capítulo de presupuestos pueden hacer lo que quieran, pero nadie pone remedio para que haya unos salarios y condiciones dignos”, criticó el responsable autonómico de Universidad de CSIF, quien advirtió de que “el personal docente investigador se va a comunidades autónomas limítrofes porque cobran más”.

Ante todas estas reivindicaciones, Fernández advirtió que, “si La Junta de Castilla y León no da una solución”, cuando comience el curso se podría llevar a cabo “alguna actuación de manifestación o concentración ante los rectorados para seguir exigiendo que haya unas condiciones dignas y mejores para los el personal docente investigador y el personal técnico de gestión y administración y servicios de las universidades públicas de Castilla y León”.

Carrera profesional

La jornada autonómica de delegados de Universidad celebrada este lunes en León contó también con la participación del presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, quien mostró su “preocupación” por la carrera profesional, ya que, “a pesar de estar implantada en toda la administración autonómica”, las cuatro universidades públicas “aún no cuentan con ella”, por lo que “se empujará para conseguirla de una vez por todas”.

Benjamín Castro aprovechó la ocasión para felicitarse de que las Cortes de Castilla y León “hayan dado a trámite a la iniciativa legislativa popular de exigencia de la enfermería escolar en todos los tramos de educación pública dentro de Castilla y León”.

La Junta de Personal Docente (JPD) de la provincia de León celebró en Villablino una sesión plenaria en la que han dado el visto bueno y su aprobación a un informe sobre la implantación del nuevo sistema de Formación Profesional (FP), que se deriva de la ley de 2022. En el documento se recogen tanto las deficiencias detectadas como las peticiones a la Consejería de Educación del Gobierno autonómico.

El informe, elaborado por Ana Núñez, en su introducción analiza el desarrollo normativo de la FP para adaptarse a la Ley Orgánica 3/2022. Aborda los distintos pasos de desarrollo normativo dados por el Ministerio de Educación a lo largo de los años 2022, 2023 y 2024 y los decretos autonómicos correspondientes del año 2024, ya iniciado el curso escolar actual.

La adaptación, según el informe, ha generado a lo largo del curso académico una situación de precariedad e incertidumbre, sin una normativa clara y adecuada en casi todos los aspectos educativos. Con muchas preguntas sin respuestas, agravado todo con la aplicación al profesorado de horarios ilegales, “como ha demostrado la sentencia que ha dado la razón a la denuncia de CCOO”, explica Javier Ampudia, presidente de la JPD.

El documento aprobado concluye con trece preguntas que se plantean a la Consejería, para que dé respuestas a ellas antes del comienzo de nuevo curso. Y realiza seis peticiones y reivindicaciones del profesorado que se van a hacer llegar a Educación, para que se busque solución a las mismas y “así ofrecer la calidad educativa que merece nuestra Escuela Pública”.

Por qué en Villablino

Ampudia explicó que la elección del IES Obispo Argüelles de Villablino, para esta reunión de la JPD está razonada con varios argumentos. Pese a significar una dificultad para muchos de los integrantes por la lejanía geográfica, “queríamos recordar a los fallecidos en el accidente de Cerredo, algunos de los cuales estudiaron en este centro, respaldar la calidad de la enseñanza en Laciana, de la que continuamente están dando muestras, y dar visibilidad a esta educación pública de calidad en áreas como esta inmersa en una crisis poblacional”.

La Junta de Personal Docente es el órgano de representación del profesorado de los distintos niveles de enseñanzas no universitarias. En ella tienen representación hasta siete sindicatos profesionales de educación: AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este martes la falta de la mitad del personal de enfermería en el Centro de Referencia Estatal para la atención de grandes dependientes de San Andrés del Rabanedo, “lo que compromete la calidad de su atención sanitaria y coloca a los residentes en una posición de vulnerabilidad inaceptable”.

Según los datos aportados por el sindicato, a pesar de que el centro cuenta con una plantilla orgánica de diez enfermeras, en realidad solo hay cinco en activo, “lo que representa un déficit insostenible que hace imposible que los turnos tengan los profesionales suficientes”.

Además, señalaron que la implantación, según palabras de la dirección del centro, de un nuevo modelo de perfil de atención, de socio-sanitario a asistencial, “lejos de suponer una mejora, está generando un profundo malestar entre los trabajadores y familiares, al pretender reorganizar funciones sin antes asegurar los recursos humanos necesarios”.

Así, la carencia de enfermeras en numerosos turnos, que CSIF denuncia ante la propia dirección desde hace meses, ha provocado que las auxiliares de enfermería tengan que realizar ciertas tareas sanitarias “para las que no tienen competencias ni titulación adecuada, generando en ellas una presión desproporcionada”.

Ante esta situación “inasumible e inadmisible”, CSIF ha solicitado reuniones y ha intentado abrir vías de diálogo en reiteradas ocasiones, “pero los responsables del centro han hecho oídos sordos negándose a ofrecer soluciones reales o compromisos concretos”. Asimismo, la organización sindical rechazó las “excusas habituales ofrecidas”, de que no es posible la cobertura o que no se encuentran enfermeras, al tratarse de “justificaciones que encubren la falta de planificación y de voluntad para abordar el problema con seriedad”.

Por otro lado, CSIF reclamó que se garantice la cobertura legal de los trabajadores afectados por la aplicación de protocolos “ambiguos y poco operativos” en ausencia personal de enfermería, ya que ello está propiciando “una situación de vulnerabilidad para los auxiliares”. Debido a esos protocolos, al no definirse claramente las funciones de cada categoría, “o por el afán de dar cobertura a todas las necesidades asistenciales o sanitarias sin contar con recursos personales suficientes”, hay profesionales que se ven obligados a asumir tareas que no les corresponde, lo que “no solo pone en riesgo la calidad de la atención asistencial, sino que expone a los trabajadores a posibles responsabilidades legales”e.

Además, advirtieron que “las bajas y las vacantes por concursos de traslado no se cubren”, mientras que “las convocatorias de empleo son insuficientes”. Por ello, exigió a los responsables competentes, es decir, el Imserso y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que actúen con urgencia y responsabilidad, procediendo de inmediato a la cobertura de los puestos vacantes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia irregularidades en los procesos selectivos de la sanidad pública de Castilla y León, criticando que los trabajadores “se encuentran atrapados en un laberinto burocrático interminable que los tiene en vilo, mientras la administración se muestra incapaz de ofrecer soluciones claras”.

Concretamente, CSIF critica el proceso selectivo para los puestos de Celador, que se inició en 2022 y en abril de este año los aprobados todavía no conocen su destino: “Correcciones de errores constantes, tanto en los listados de aprobados como en la valoración de méritos, han convertido un proceso que debería haber sido resolutivo en una agonía interminable”. El sindicato cita también el proceso de selección de auxiliares administrativos que, tras aprobar el examen realizado en diciembre de 2023, tampoco conocen su destino.

“Esta espera inhumana y desmesurada es una falta de respeto para quienes han trabajado arduamente para lograr una plaza en la administración pública”, afea el sindicato, “Fisioterapeutas, Técnicos de Imagen para el Diagnóstico, Técnicos de Laboratorio e Ingenieros Técnicos continúan esperando a que se resuelvan los procesos de reposición de 2022. La convocatoria de Oficial de Mantenimiento, realizada en diciembre de 2022, ha realizado su examen este 5 de abril, un retraso escandaloso”.

El proceso de reposición de 2023 también está siendo “un desastre” para CSIF. “El personal de TCAE presentó méritos dentro de la fase de concurso a finales enero de 2025, y los Técnicos de Farmacia, convocados en diciembre de 2023, siguen esperando fecha de examen, tras la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) publicación de un listado provisional de admitidos y excluidos que no ha hecho más que aumentar la frustración”.

“A esta ineficiencia hay que sumarle el caos generado por las interminables bolsas de empleo temporales, que siguen funcionando con listados obsoletos y plazos incumplidos: La bolsa de TCAE, con corte de febrero de 2020, y la de Celador, con corte de diciembre de 2021. Y no hablemos de la bolsa de Enfermería, que, a pesar de ser una de las categorías con mayores carencias de personal, sigue funcionando con un listado de corte de 2022 y en vigor hasta 2024, dejando al sector sanitario aún más desbordado”, critica el sindicato.

Por todo ello CSIF demanda “de manera contundente a la Gerencia Regional de Salud que asuma su responsabilidad y actúe de inmediato para solucionar esta grave situación. Los procesos selectivos y las bolsas de empleo no pueden seguir siendo un parche mal gestionado. Es hora de que los órganos encargados de resolver estos procesos sean dotados con más recursos humanos y se actúe con la urgencia que la situación requiere. La sanidad de Castilla y León no puede permitirse más incertidumbre ni más dilaciones”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la administración más garantías de seguridad para los funcionarios de la prisión de Mansilla de las Mulas, a la que se acaban de incorporar 29 funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que esos nuevos ayudantes en prácticas corresponden a la oferta de empleo público de 2024, y les ha ofrecido “todo el apoyo necesario en unos tiempos complicados en las prisiones, donde los insultos, amenazas y agresiones a los profesionales se han convertido en el pan nuestro de cada día”.

Se trata de una situación que se produce, según CSIF, con una administración penitenciaria que “olvida por completo a sus funcionarios, haciendo oídos sordos a sus legítimas reivindicaciones”, entre ellas ser reconocidos como agentes de la autoridad, equiparación salarial con otras comunidades y mejora del material de seguridad y medios coercitivos.

CSIF ha apuntado que la situación que sufren los funcionarios en las prisiones “en nada contribuye al buen funcionamiento de los centros, y que lo único que lleva es a la desmotivación de los profesionales que en ellas realizan su trabajo”.

Por otra parte, la organización sindical ha señalado que los dos años que durarán las prácticas de los nuevos funcionarios son fundamentales para desarrollar posteriormente, con eficacia, su labor profesional para la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, además de atender su vigilancia y custodia.

CSIF ha hecho hincapié que para llevar a buen término esta tarea “resulta fundamental la seguridad, y garantizar la integridad física de los trabajadores penitenciarios y de los propios internos”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León (CSIF) reclamó este miércoles al Gobierno central una solución al problema de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ante la posibilidad de que miles de personas tengan que incorporarse al Sistema Nacional de Salud.

En declaraciones recogidas por Ical durante su visita al Bierzo, el presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, recordó que a pesar de la nueva licitación, las compañías aseguradoras “no quieren licitar”. “Nos inquieta y nos preocupa la inacción del Gobierno, se lo tiene que tomar en serio y no se puede jugar con la salud de millones de personas, que en Castilla y León son cerca de 200.000”, explicó a las puertas del Hospital El Bierzo.

Castro afirmó que están dispuestos a acudir a la justicia “si es necesario” y recordó que han puesto a disposición de los mutualistas borradores para reclamar ante las aseguradoras. “Pedimos al presidente del Gobierno que intervenga y pedimos transparencia. Además, no se ha convocado el Consejo General de Muface, que debe convocarse”, añadió. 

En cuanto a la Junta de Castilla y León, el presidente autonómico de CSIF mostró su preocupación por la “desidia y desinterés” del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ante la posible incorporación de los mutualistas a Sacyl. “Es un sistema ya tensionado, colapsado en algunos ámbitos, y supondría que una provincia entera, como la de León, entre en el Sacyl, lo que supondrá un colapso absoluto con un incremento de listas de espera de más de un 200 por cien”, vaticinó. 

Y es que Castro lamentó que la edad media de los funcionarios es elevada y, por tanto, sufren ya muchas patologías. “Los funcionarios somos un reflejo de la sociedad y la edad media en Castilla y León es la que es y las patologías son las que son por esa edad avanzada. Debiera preocuparle más y exigir medidas”, dijo al consejero de Sanidad.

Por otro lado, el presidente sindical recordó que los empleados públicos también están preocupados por su salario. “Estamos en un vacío ya que al no haber Presupuestos Generales del Estado no se sabe nada de nuestro incremento salarial y de la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años en más de 20 puntos. La Junta también tiene mucho que decir y reivindicamos que a los docentes se les equipare con otros territorios”, finalizó.

Buscar “puntos atractivos” para los oncólogos

Por su parte, el responsable comarcal de CSIF, Maximino Prieto, se refirió a los problemas locales, y el más acuciante en la actualidad es la falta de oncólogos en el Hospital El Bierzo. En ese sentido, y después de las últimas declaraciones de Vázquez sobre los problemas para encontrar profesionales que quieran instalarse en la comarca, Prieto reclamó un esfuerzo mayor. “Reivindicamos que siga negociando y buscando puntos atractivos para que vengan aquí. Tenemos opciones como la conciliación de la vida laboral y familiar, apoyo a la investigación, incentivos fiscales y puntos extra”, explicó. 

Lo mismo ocurre con otras especialidades, como Cardiología o Radiología, cuyos licenciados están esperando la resolución del proceso de estabilización. “Estamos a la espera de la publicidad de la toma de posesión de licenciados del concurso de méritos. Para El Bierzo hay 23 plazas, entre ellas una de Oncología, cuatro de Radiología o dos de Cardiología. Pedimos celeridad para que haya más estabilidad a nivel de plantilla. El resto de categorías están en elección de plazas”, añadió Prieto, que en todo caso aseguró que no hay problemas de plantilla en el Hospital El Bierzo, más allá de las existentes en el ámbito médico.

Por otro lado, reclamó a la Junta más rapidez a la hora de resolver los exámenes ya que muchos opositores están esperando resoluciones a pruebas que hicieron en 2023. “Ahí vemos lo lento que es el proceso”, dijo. 

Por último, el responsable comarcal de CSIF pidió que se abran las bolsas de empleo y se resuelvan de forma anual, que se clarifiquen los baremos que puntúan en el ámbito formativo “porque han echado para atrás muchos cursos” y la creación de nuevas categorías.

CSIF ha rechazado este sábado la privatización de la residencia El Santo y la escuela infantil municipal de Bembibre y ha exigido al Ayuntamiento que defienda su carácter público.

CSIF ha mostrado, a través de un comunicado, su oposición a la externalización de estos servicios del Ayuntamiento a través de encomiendas, contratos de gestión, empresas externas, entidades o fundaciones, “más si cabe cuando nos encontramos en plena negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)” de los dos centros.

El sindicato ha solicitado al Ayuntamiento de Bembibre una reunión urgente con el comité de empresa “para analizar con rigor y objetividad la situación económica y las posibles vías de solución” para seguir garantizando la prestación pública de los servicios afectados.

CSIF viene solicitando reuniones con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento y de la residencia El Santo con el fin de resolver la elaboración de las RPT y la problemática del personal de la residencia, “lo cual nos hace lamentar aún más la circunstancia de haber tenido conocimiento del anuncio de la privatización por los medios de comunicación”.

La organización sindical ha insistido en que siempre defenderá el modelo de gestión pública y los derechos de los trabajadores, y valorará “la adopción de las medidas de presión y las actuaciones administrativas y judiciales que sean necesarias”. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado este jueves que el personal de la Dirección Provincial de Educación de León esté “sin cubrir” en un proporción que calcula en un 40%, tras denunciar la “sobrecarga de trabajo y presión” a la que se ve sometido.

“La falta de cobertura de plazas, tanto en situación de vacante o por incapacidad laboral de sus titulares en numerosos centros de toda la provincia, provoca que los servicios se estén realizando gracias a la buena voluntad de los trabajadores, y en detrimento de los servicios de calidad que debe prestar la Administración Pública”, ha precisado el sindicato.

Además, según ha apostillado, “todo ello supone una sobrecarga tanto física como psíquica con las consiguientes consecuencias que esto conlleva”.

“La solución aportada en muchas ocasiones por la Dirección Provincial de León es movilizar trabajadores de un centro a otro, lo que partiendo de que la plantilla está muy ajustada, causa un perjuicio irracional”, ha indicado.

“La excusa que la Dirección Provincial de Educación pone para dejar sin cobertura estas plazas es la falta de candidatos en algunas bolsas de empleo (ATE, TSEI, Ordenanzas, entre otras), pero en otras bolsas donde sí hay candidatos suficientes para cubrir los puestos (Personal de Servicios) tampoco se realizan llamamientos para cubrirlos”, ha dicho esta organización.

CSIF ha subrayado que hay centros que comenzaron el curso escolar con plazas sin cubrir y ha citado como ejemplo el Colegio de Educación Especial (CEE) Bergidum de Ponferrada que, “por el tipo de alumnado que atiende necesitaría la cobertura total e inmediata del personal, faltando actualmente un auxiliar técnico educativo y tres trabajadores de Personal de Servicios”.

“Esta situación tan crítica se ve agravada por la falta de funcionarios, tanto en las dependencias de la Dirección Provincial de León como en los centros educativos de toda la provincia”, ha concluido.