El Procurador del Común de Castilla y León pide un vuelco a la política de becas y ayudas educativas de la Junta de Castilla y León. En una resolución considera discriminatorio que determinadas ayudas educativas de la Junta dependan de que los alumnos estudien en un colegio público o en uno privado concertado, y por lo tanto sostenido con dinero público. La institución que dirige Tomás Quintana reclama a la Consejería de Educación que permita también al alumnado de la escuela concertada acceder a ayudas para comedor y transporte escolar, siempre que sus familias se encuentren en situaciones socioeconómicas y familiares equivalentes a las de los beneficiarios de la enseñanza pública.

La resolución procede de una queja presentada ante el Procurador por la exclusión de los estudiantes de centros concertados de determinadas becas, ayudas y subvenciones autonómicas. Tras solicitar información a Educación, la institución ha analizado las diferencias existentes en servicios como el transporte y el comedor y en programas de conciliación como 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole'.

En el caso del transporte, la última convocatoria de ayudas para el curso 2025-2026 establece como regla general que los beneficiarios cursen sus estudios en centros públicos dependientes de Educación. Los estudiantes de centros privados concertados únicamente pueden acceder cuando hayan sido escolarizados en ellos por necesidades determinadas por la Comisión de Escolarización.

Algo similar ocurre con el comedor escolar. Las ayudas reguladas para los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial se circunscriben a centros públicos que dispongan de este servicio. Aunque existe otra línea para el primer ciclo de Infantil que alcanza a determinados centros privados sostenidos con fondos públicos, esta no cubre a los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria de colegios concertados.

'Madrugadores' solo en la pública

Las diferencias se extienden a la conciliación. Los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole' están diseñados para alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria matriculados en centros públicos. Tampoco pueden acceder los estudiantes de la concertada al servicio de atención y cuidado habilitado por Educación después del horario lectivo durante septiembre y junio.

La Junta de Castilla y León ha defendido ante el Procurador que no existe discriminación según la resolución publicada. Educación argumenta que no hay diferencias entre públicos y concertados en lo relativo a la enseñanza propiamente dicha y recuerda que ambos comparten procedimientos de admisión. Sin embargo, sostiene que los servicios complementarios tienen una regulación distinta y que, en el caso de los colegios concertados, no están incluidos en el concierto educativo y los propios centros cuentan con autonomía para establecerlos.

La Consejería también recuerda que existen otras ayudas de las que sí pueden beneficiarse los estudiantes independientemente de la titularidad de su centro. Entre ellas cita las destinadas a Bachillerato, Formación Profesional y determinadas enseñanzas de régimen especial, el programa Releo Plus para libros de texto y las subvenciones para adquirir dispositivos digitales.

Centros concertados, servicio público de educación

Pero el Procurador señala en su resolución que los centros concertados forman parte de la red destinada a prestar el servicio público de educación y sostiene que sus familias pueden encontrarse exactamente en las mismas situaciones de vulnerabilidad que aquellas cuyos hijos estudian en colegios públicos.

Por ello, considera que excluirlas únicamente por la titularidad del centro resulta una diferencia de trato “discriminatoria y carente de justificación razonable”. El Procurador advierte además de que interpretar la elección de la concertada como una renuncia voluntaria a los servicios disponibles en la pública acabaría provocando que la capacidad económica condicionase en la práctica el derecho a elegir centro educativo.

La institución respalda su posición con jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entre otros precedentes, recuerda una sentencia de 2014 que concluyó que, en ausencia de razones específicas, no está justificada la disparidad de trato entre centros públicos y concertados debido a la similitud sustancial de su régimen jurídico. También menciona una sentencia de 2012 que confirmó la anulación de una convocatoria extremeña de inmersión lingüística reservada exclusivamente a alumnos de centros públicos.

El Procurador considera especialmente relevante el posible impacto sobre familias numerosas, monoparentales o económicamente vulnerables. Reconoce que la disponibilidad presupuestaria puede justificar establecer umbrales de renta, priorizar a determinados hogares o introducir progresivamente las ayudas, pero considera mucho más difícil justificar que se excluya por completo a unas familias únicamente porque sus hijos estudien en un colegio concertado.

Por ello la institución que agrupa la defensoría del pueblo en la comunidad reclama a la Junta ayudas para sufragar los gastos de comedor y transporte que incluyan a los alumnos de centros privados concertados, de manera que familias en circunstancias económicas y familiares sustancialmente equivalentes puedan acceder a los mismos recursos públicos con independencia de la titularidad de su colegio.

También insta a la consejería de Educación, por sí misma o conjuntamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a diseñar programas de conciliación abiertos al alumnado de todos los centros financiados con fondos públicos. La institución pone especialmente el foco en las reducciones de jornada escolar y los periodos no lectivos.

La Consejería de Educación dispone hasta octubre para comunicar de forma motivada si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.

La situación de la limpieza y recogida de residuos en el Casco Histórico de León se le atraganta al ayuntamiento de la ciudad, que hace caso omiso a las peticiones de información del Procurador del Común ante las quejas de los ciudadanos por la situación. Si en meses pasados el Ayuntamiento de León dirigido por José Antonio Diez ya fue reprendido por no colaborar en las reclamaciones de información sobre esta materia que le realizaba el defensor del pueblo autonómico, vuelve a hacerlo con quejas referidas en específico a la zona del Mercado del Conde Luna, el único mercado tradicional que sigue abierto en la ciudad.

En una resolución el Procurador del Común de Castilla y León denuncia la persistente falta de salubridad y la deficiente gestión de residuos en el casco histórico de León, además de reprender al Ayuntamiento por ignorar múltiples solicitudes de información y por incumplir su obligación legal de colaborar en la investigación de estas quejas ciudadanas.

El casco histórico de León, especialmente el entorno del Mercado del Conde Luna y la Plaza Mayor, registra problemas recurrentes de saturación y desbordamiento de los sistemas de recogida, con bolsas, cartones y otros residuos acumulados en la vía pública, según denuncian los vecinos. A ello se suma el depósito inadecuado y sin separación, con consecuencias de salubridad como malos olores, lixiviados, suciedad y posibles focos de roedores e insectos. La intensa actividad hostelera, comercial, turística y de mercados incrementa además la generación de residuos en determinados momentos y provoca que los sistemas ordinarios no tengan capacidad suficiente.

Pese a disponer de recogida neumática con sensores de llenado y repasos programados, el servicio municipal no consigue adaptar suficientemente sus frecuencias, rutas y horarios a la demanda real, explica la resolución del Procurador, que también se señala una insuficiente vigilancia y aplicación de sanciones ante los incumplimientos de las ordenanzas sobre horarios y formas de depósito. El resultado es una degradación ambiental y visual especialmente relevante al producirse en uno de los espacios de mayor valor histórico, patrimonial y turístico de León.

El Procurador del Común propone medidas específicas para la hostelería y el comercio, considerados los grandes generadores de residuos e incumplidores de la normativa, con el objetivo de evitar que colapsen los sistemas destinados al uso vecinal. Entre ellas plantea establecer o reforzar circuitos propios de recogida, regular los horarios y las condiciones para depositar residuos comerciales voluminosos -especialmente cartón y vidrio- y adaptar el servicio municipal a los días, horarios y temporadas en los que se producen mayores picos de actividad.

También reclama desarrollar campañas informativas dirigidas específicamente a los establecimientos para recordar sus obligaciones sobre separación, contención y horarios de depósito. Según el Procurador todas estas medidas deberían acompañarse de un refuerzo de la inspección y vigilancia en los puntos y franjas horarias donde se concentran los incumplimientos y de una aplicación rigurosa de las sanciones cuando se abandonen bolsas o embalajes en la calle, se depositen incorrectamente los residuos o no se respete la separación establecida por la normativa.

El Procurador del Común considera insuficiente el control sancionador desarrollado ante la reiterada acumulación de residuos en la vía pública, al entender que el reducido número de denuncias tramitadas durante varios años no se corresponde con la magnitud y frecuencia de los incumplimientos documentados. Según datos de quejas anteriores que el Ayuntamiento de León sí contestó desde el año 2023 la Policía Local ha puesto hasta 22 denuncias por gestión de residuos, de las que solo seis correspondieron a infracciones por depósito indebido o falta de separación.

La institución advierte también de que no dispone de información actualizada sobre posibles nuevas inspecciones o expedientes sancionadores, ya que el Ayuntamiento de León no respondió a los cuatro requerimientos de información realizados entre abril y julio de 2026 dentro del expediente 579/2026. Como última recomendación el defensor del pueblo autonómico recuerda al Ayuntamiento de León su obligación legal de dimensionar y adaptar el servicio de recogida de basuras a las necesidades reales del entorno histórico.

Nuevo contrato de recogida neumática

Por otro lado y paralelamente a las denuncias el Ayuntamiento de León adjudicó en julio a la empresa Envac Iberia la gestión del sistema de recogida neumática de residuos de la ciudad hasta el año 2031, por un importe 1.654.950 euros. La infraestructura presta servicio al Barrio Húmedo, Campos Góticos y La Lastra mediante una red de 7,8 kilómetros de tuberías subterráneas, que transporta diariamente unas 3,34 toneladas de envases, materia orgánica y resto.

El sistema alcanza actualmente a 4.925 viviendas y establecimientos comerciales y a cerca de 15.000 personas según datos divulgados por la concesionaria. La recogida neumática comenzó a funcionar en León en 1999 y desde entonces ha estado gestionada por Envac. Según la empresa, esta tecnología permite eliminar el paso de camiones de recogida por las zonas atendidas, reducir el ruido y las emisiones y prescindir de contenedores en superficie.

Una encuesta realizada por GAD3 para Envac en septiembre de 2025 señala que el 80% de los usuarios está satisfecho con el sistema, con una valoración media de 4,1 puntos sobre 5, mientras que el 60% asegura utilizarlo diariamente. Además, el 87% prefiere la recogida neumática frente al sistema tradicional y el 92% apoyaría su implantación en otros municipios. Entre los aspectos más valorados figuran la comodidad y accesibilidad, la limpieza y seguridad del entorno y la eliminación de olores y plagas.

La transparencia continúa siendo una asignatura pendiente para varias administraciones leonesas. La Memoria de 2025 del Comisionado de Transparencia de Castilla y León hecha pública este mes de agosto señala incumplimientos en varias instituciones de la provincia, entre las que destacan los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y Astorga y el Consejo Comarcal del Bierzo, que no remitieron los cuestionarios de autoevaluación solicitados por el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

El Comisionado de Transparencia ha hecho pública su décima memoria tras la aprobación de la Ley estatal en el año 2013 y la autonómica en el 2015, que llevó esas funciones al Procurador del Común, el defensor del pueblo autonómico. En la actualidad ocupa el cargo el catedrático de la Universidad de León Tomás Quintana, que lleva en funciones cuatro años por la incapacidad de los partidos políticos para volver a nombrarle o designar un sucesor o sucesora.

La institución, con sede en León, usa el método de envío a las instituciones de un cuestionario de autoevaluación para analizar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que recoge la Ley. Las obligaciones de publicidad activa más relevantes para los ayuntamientos exigen la publicación proactiva y actualizada de información como el organigrama, perfiles de cargos públicos, exposición de proyectos de ordenanzas, reglamentos e informes justificativos, publicación de los presupuestos generales y contratos públicos, subvenciones concedidas, inventario de bienes o las retribuciones anuales de los representantes políticos, entre otros.

El caso de San Andrés del Rabanedo resulta especialmente significativo para el Comisionado de Transparencia en su informe 2025 debido al tamaño del municipio, el tercero de la provincia en habitantes, y los recursos de los que se supone dispone. El ayuntamiento del alfoz de León no respondió al requerimiento para participar en la evaluación de 2025, a diferencia de los de León y Ponferrada, que sí entregaron la documentación. Entre los municipios de más de 7.500 habitantes también incumplió el Ayuntamiento de Astorga, mientras Bembibre, La Bañeza, Villablino y Villaquilambre sí colaboraron.

El Consejo Comarcal del Bierzo rompe con años anteriores

También destaca negativamente el informe de Tomás Quintana la situación del Consejo Comarcal del Bierzo, que no remitió su cuestionario este año pese a que sí había colaborado en ejercicios anteriores. La institución berciana tampoco aportó, según la memoria, ninguna explicación que justificase la ausencia de respuesta.

El Comisionado recuerda que la entrega de esta información no constituye únicamente una muestra voluntaria de colaboración. No responder supone incumplir la obligación de colaboración establecida en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

La ausencia de cuestionario no impidió al organismo fiscalizador revisar directamente el portal de transparencia del Consejo Comarcal. El resultado tampoco resulta favorable: considera que existe “un amplio margen de mejora” y constata que la información disponible continúa siendo “bastante escasa” y no está actualizada.

León responde, pero mantiene carencias

El Ayuntamiento de León sí remitió su autoevaluación, aunque eso no significa que supere el examen sin reproches. El propio Consistorio volvió a reconocer, como ya había sucedido en ejercicios anteriores, que no publica información sobre el grado de cumplimiento y los resultados de sus planes municipales, ni tampoco sobre proyectos normativos, memorias o informes.

En materia de derecho de acceso, el Ayuntamiento de la capital declaró haber recibido 29 solicitudes de información durante 2025, de las que estimó 16. No contabilizó ninguna desestimación expresa ni ninguna inadmisión. Esto deja otras 13 peticiones fuera de las estimaciones expresas, aunque los datos facilitados no permiten atribuirlas automáticamente a negativas o silencios administrativos.

El Ayuntamiento de Ponferrada, por su parte, comunicó siete solicitudes de acceso, tres de ellas estimadas, sin registrar desestimaciones expresas ni inadmisiones. Sin embargo, durante el año el Comisionado tuvo que pronunciarse sobre distintas reclamaciones relacionadas con el Consistorio berciano. Entre ellas figura una estimación parcial para acceder a información sobre retribuciones de la Policía Local y contratos de suministro y mantenimiento, además de otra resolución favorable para acceder a un informe policial relacionado con daños en un vehículo.

La Bañeza, obligada a facilitar información sobre sus fiestas

Las reclamaciones presentadas por ciudadanos permiten comprobar otros conflictos de transparencia en ayuntamientos leoneses. La Bañeza protagoniza varios de ellos. El Comisionado estimó reclamaciones para acceder a documentación económica de las fiestas patronales de 2023, facturas vinculadas a una modificación presupuestaria y la relación de empresarios locales que viajaron a Francia en 2024.

En Igüeña se estimó una petición relacionada con una denuncia urbanística y parcialmente otra relativa a un convenio con el Motor Club de Pobladura y datos sobre recogida de residuos. También hubo una resolución estimatoria frente al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por una solicitud de información municipal.

No todas las reclamaciones dieron la razón a quienes solicitaban la documentación. El Comisionado inadmitió, entre otras, una reclamación contra Villamañán relacionada con las fechas de un proceso de selección y otra contra Soto de la Vega sobre denuncias por obras sin autorización.

El Comisionado estimó parcialmente una reclamación para acceder a actas de concejos de la junta vecinal de La Vid correspondientes al periodo entre 2021 y 2024. En Sueros de Cepeda dio la razón al reclamante que solicitaba las actas de las sesiones de la junta vecinal celebradas desde 2019 y documentación sobre el expediente para instalar un parque fotovoltaico en terrenos comunales. En Curillas, una reclamación sobre ingresos y gastos terminó por pérdida de objeto, mientras que otra presentada contra Campelo fue inadmitida.

La Diputación mejora su portal, pero el ILC tiene deberes

La Diputación de León presenta una situación diferente. La institución provincial sí entregó su cuestionario y ha implantado un nuevo portal de transparencia que, según explicó al Comisionado, está diseñado para que la mayor parte de la información pueda consultarse con un solo clic. Durante 2025 declaró haber recibido 24 solicitudes de acceso a información, de las que estimó 19 e inadmitió dos.

Peor valoración obtiene uno de sus organismos dependientes. El Instituto Leonés de Cultura (ILC) dispone de portal propio desde 2022, pero continúa publicando parte de su información a través del portal general de la Diputación. La Memoria de 2025 considera que el organismo cultural provincial mantiene un amplio margen de mejora en la información que publica directamente.

Frente a los incumplimientos, otras administraciones leonesas sí atendieron los requerimientos de autoevaluación de sus obligaciones de la Ley. Además de León y Ponferrada, entregaron sus cuestionarios de autoevalación Bembibre, La Bañeza, Villablino, Villaquilambre, Sariegos, Valencia de Don Juan y Valverde de la Virgen. También colaboraron la Universidad de León y la Cámara de Comercio e Industria de León en los requerimientos de información. Pese a la existencia de estos documentos, las autoevaluaciones de las instituciones no se publican como tal como anexos en la Memoria anual del Comisionado para su público conocimiento.

Las Cortes y el Gobierno autonómico, la Universidad de León y el mundo jurídico de Castilla y León han lamentado este viernes el fallecimiento del catedrático de Derecho Constitucional Manuel García Álvarez, el primer Procurador del Común de la comunidad, su defensor del pueblo, con una trayectoria marcada por el rigor intelectual y el compromiso con el servicio público.

Nacido en Asturias en agosto de 1943, su visión humanista, unida a una reconocida capacidad para comprender posiciones diferentes y favorecer acuerdos, le convirtieron en una figura de consenso dentro y fuera de la universidad, lo que le llevó en 1995 a ser elegido por unanimidad primer Procurador del Común de Castilla y León, una responsabilidad que ejerció hasta 2005.

Su nombramiento contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas, que confiaron en un jurista capaz de tender puentes y consolidar una institución que entonces iniciaba su andadura.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Manuel García Álvarez, primer Procurador del Común de Castilla y León. Su compromiso fue decisivo para consolidar una institución esencial en la defensa de los derechos de las personas. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”, ha transmitido a través de la red social X el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En la misma línea, las Cortes de Castilla y León han lamentado la muerte de García Álvarez, “cuya trayectoria quedará unida para siempre a la historia de las instituciones de autogobierno de la Comunidad”, con una labor al frente del defensor del pueblo autonómico que consolidó la institución como instrumento de garantía de los derechos de la ciudadanía y de fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas.

Amilivia y Zapatero

Esa capacidad conciliadora también quedó reflejada en la propia Universidad de León, donde logró integrar en su área de conocimiento a dos profesores asociados que posteriormente protagonizarían destacadas trayectorias políticas: Mario Amilivia y José Luis Rodríguez Zapatero, dos sensibilidades distintas que convivieron bajo su magisterio académico.

García Álvarez ha dejado una profunda huella en varias generaciones de juristas, a quienes transmitió una visión rigurosa y, al mismo tiempo, humana del Derecho Constitucional.

Especialista en constitucionalismo soviético, desarrolló una destacada labor académica e investigadora desde una perspectiva abierta e internacional.

Sus antiguos alumnos han recordado especialmente su claridad expositiva y su capacidad pedagógica para acercar una disciplina compleja como el Derecho Constitucional.

La decana de la Facultad de Derecho, Susana Rodríguez Escanciano, ha destacado precisamente esa facilidad para explicar y hacer accesibles los principios constitucionales.

De Harvard al Kremlin

Su trayectoria estuvo marcada asimismo por una intensa proyección internacional. Fue alumno del Colegio de Europa, donde obtuvo el Diploma de Estudios Europeos Avanzados de Ciencia Política, y entre 1974 y 1976 fue becario de investigación en la Universidad de Harvard.

Su relación con Rusia resultó especialmente intensa. Tras estudiar en la Universidad de Vorónezh, trabajó entre 1991 y 1993 como experto extranjero en la Comisión Constitucional del Parlamento de la Federación Rusa y participó en la Asamblea Constitucional celebrada en el Kremlin en 1993. También colaboró con el Consejo de Europa en distintos encuentros celebrados en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo.

Quienes compartieron con él su trayectoria profesional han destacado igualmente su carácter trabajador, exhaustivo y riguroso, unido a una permanente curiosidad intelectual.

Políglota y autor de numerosos trabajos en lengua rusa, llegó a utilizar en sus investigaciones una máquina de escribir adaptada con alfabeto cirílico.

Esa inquietud intelectual encontró también reflejo en la literatura. Publicó los libros de relatos -'Veladas de la casa rectoral' y 'Cuentos de la meseta'-, y en los últimos años trabajaba en la redacción de sus memorias.

El Procurador del Común de Castilla y León ha llamado la atención al Ayuntamiento de León por las deficiencias detectadas en la conservación y el entorno urbano de la muralla romana y medieval de la ciudad. Lo ha hecho a través de una resolución emitida tras una queja vecinal, en la que se denunciaba la falta de medidas suficientes para proteger y poner en valor este Bien de Interés Cultural (BIC) que goza de la máxima protección por su origen romano y su traza medieval.

La reclamación ciudadana que dio origen al expediente alertaba de la presencia de señales de tráfico, contenedores y otros elementos urbanos situados junto al monumento, además del estacionamiento habitual de vehículos en sus inmediaciones, algo ya destacado hace años por ILEÓN, entre otros desmanes de tráfico en el Casco Histórico. También se advertía de problemas de limpieza y mantenimiento, con pintadas, suciedad, malos olores y restos de deposiciones de animales en distintos puntos del recinto amurallado. Las situaciones no se han corregido en su inmensa mayoría durante años.

La resolución presta una especial atención a los entornos de la calle Puerta Moneda, acceso sur al Casco Histórico y además Camino de Santiago -también protegido como Patrimonio de la Humanidad-, y de la calle Las Cercas, que van desde San Francisco al Barrio Húmedo. Los denunciantes señalaban estos puntos como algunos de los tramos donde más se evidencian las carencias de conservación, cuidado y seguridad. De hecho hace escasas semanas un tramo tuvo que cortarse al tránsito peatonal por algunos desprendimientos. El 'defensor del pueblo' de Castilla y León comparte la necesidad con ellos de que cualquier actuación municipal tenga en cuenta la protección de la imagen del monumento y evite cualquier elemento que altere su contemplación.

Por ello, recomienda al Ayuntamiento que cualquier instalación de mobiliario urbano o señalización se realice minimizando su impacto visual sobre la muralla. Asimismo, reclama reforzar la vigilancia para prevenir actos vandálicos, muy particularmente roturas de la estructura de la muralla, o pintadas que se producen desde hace varios años con impunidad, así como problemas de insalubridad. Finalmente, insta a ejercer un control más estricto sobre el tráfico y el aparcamiento en las zonas próximas al monumento, ya que ahora mismo se produce a diario y sin sanción alguna.

Recientemente, el Ayuntamiento acometió tras una serie de actos vandálicos unas obras de reforma, especialmente de iluminación, en el amplio tramo de Las Cercas. Dos contratos, de 95.000 y 100.000 respectivamente, fueron ejecutados en 2025, también el tramo de la calle Prado de los Judíos, después de quejas no sólo vecinales sino incluso de partidos en el Ayuntamiento como Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Ahora, el Procurador remarca que el Consistorio no puede escudarse en ninguna otra institución, como en alguna ocasión ha dirigido al Gobierno central, o a la Junta de Castilla y León, que es competente con carácter general en materia de patrimonio. La institución insiste en que las reclamaciones son competencias municipales plenas, materias como la limpieza, la gestión de residuos, el tráfico urbano o el alumbrado. Y que todos ellos deben orientarse también a preservar y destacar el valor patrimonial de la muralla leonesa, uno de los principales elementos históricos de la ciudad y, además, una de sus principales señas de identidad.

Tres conocerse la resolución del Procurador, a todo ello se sumó esta semana el Partido Popular (PP) en la oposición, que ampliaba el foco y sumaba a las críticas hacia el equipo de Gobierno del PSOE el estado del lienzo en el tramo de la calle Ramón y Cajal, con un “preocupante estado” por la proliferación de hierbajos y vegetación entre las piedras, amén de otros problemas de limpieza y mantenimiento básicos. La conservación de la muralla debe ser una prioridad permanente y no una actuación puntual cuando el problema ya es visible“, señalaba el portavoz popular, David Fernández.

En la actualidad, los trabajos que el Consistorio está realizando bajo el argumento de salvaguardar no tanto la muralla en Las Cercas y sus proximidades sino la mayor visibilidad de ellas consiste en la demolición de dos viejas viviendas de hechura antigua, de las pocas que quedan en pie en el barrio de Santa Ana. Y pronto habrá un derribo más, de modo que en poco tiempo habrán sido tres las casas demolidas. Las actuales sobre las que se trabaja son la situada en la calle las Cercas, número 2, haciendo esquina y colindante con el tramo de muralla, y el número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana, con un coste primero de expropiaciones de cerca de 80.000 euros cada una y después en torno a otros 20.000 en cada caso para contratar a la empresa que las eche abajo.

El 'defensor del pueblo' autonómico, Procurador del Común de Castilla y León, tramitó durante el pasado año un total de 6.267 expedientes, frente a los 5.886 del año anterior, impulsado principalmente por las reclamaciones relacionadas con una planta de incineración de biomasa como epicentro de la Red de Calor de la Junta en León capital, que acapararon casi la mitad de las quejas (cerca de 3.000), y por la reducción de consultas de Pediatría en el centro de salud de Cistierna.

El informe anual de la institución, entregado este viernes por el Procurador del Común en funciones desde hace años, Tomás Quintana, al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, refleja que de esos 6.267 expedientes, 4.078 correspondieron a 17 quejas múltiples, es decir, reclamaciones presentadas por numerosos ciudadanos sobre un mismo asunto.

De ahí que la actuación que generó un mayor volumen de expedientes fue la oposición al proyecto de instalación de la macroplanta de incineración de la llamada Red de Calor del barrio leonés de Puente Castro, con una instalación de quema de biomasa, nitrógeno verde y placas solares. Sólo esta iniciativa, con gran contestación vecinal del sur de la ciudad, motivó 2.962 reclamaciones.

Curiosamente, esta iniciativa se archivó al haber tenido conocimiento la institución de que se habían interpuesto recursos judiciales, contencioso-administrativos, tanto frente a la concesión demanial de los terrenos por el Ayuntamiento a la empresa pública Somacyl como frente a la declaración de la Junta como Proyecto de Interés Regional y a la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Es decir, que las casi 3.000 quejas se quedaron finalmente en nada.

Fue seguida en segundo lugar por las 476 relacionadas con la gran protesta social de la reducción de consultas de Pediatría en Cistierna, en la Montaña Oriental de León. También destacaron las 248 quejas por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) debido al riesgo de incendios, así como diversas reclamaciones vinculadas a procesos de reclasificación profesional de empleados públicos.

Gran presencia de Castrocalbón

Más allá de las reclamaciones ciudadanas, el Procurador del Común inició 143 actuaciones de oficio, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por contaminación por nitratos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Buena parte de ellas se produjeron por un goteo de asuntos diferentes en el municipio de Castrocalbón, también en la provincia leonesa.

Entre las iniciativas destacadas figuran actuaciones para mejorar las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida, la adaptación de aseos públicos para personas ostomizadas y el análisis de la futura gestión de residuos procedentes de instalaciones fotovoltaicas cuando alcancen el final de su vida útil.

Por áreas, la Administración local volvió a concentrar el mayor número de quejas, con 504, seguida de Fomento (294), Empleo Público (238), Sanidad y Consumo (230) y Medio Ambiente (223).

El informe también refleja que la institución dictó 1.333 resoluciones durante el pasado ejercicio. De ellas, 1.103 incluyeron recomendaciones o sugerencias a las administraciones afectadas, con un grado de aceptación del 84,39 %, una cifra similar a la registrada en ejercicios anteriores.

La Consejería de Sanidad volvió a ser el departamento autonómico que acumuló más reclamaciones, con 259, seguida por Educación (148) y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (97). El informe será debatido en un próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León en una fecha aún por determinar, una vez que tome posesión el nuevo Gobierno.

Los ruidos provocados por el ocio nocturno en el Barrio Húmedo de la ciudad de León son una de las quejas frecuentes que los ciudadanos elevan al Procurador del Común de Castilla y León, la defensoría del pueblo autonómica que tiene su sede en, precisamente, la zona histórica de la ciudad.

Varias son las resoluciones acumuladas en los últimos meses por el Procurador dando al razón a los ciudadanos sobre quejas por el exceso de ruidos en una lugar como es la mayor parte del Casco Antiguo de León con una limitación extra en la llamada Zona Acústicamente Saturada (ZAS), con una estricta normativa en vigor. El Procurador pide al Ayuntamiento que mantenga las inspecciones sobre el cumplimiento de los niveles de ruido y los horarios de cierre, así como las molestias ocasionadas por la acumulación de personas en la vía pública.

Una de las últimas resoluciones del Procurador del Común reprocha los ruidos pero los provocados por el servicio de limpieza del propio Ayuntamiento de León. Un tema sobre el que el consistorio leonés ha pasado de puntillas sin contestar, lo que le ha llevado a ser clasificado como entidad 'no colaboradora'.

Un vecino del Casco Antiguo reclamaba en su queja que la limpieza de la zona comience a las 8 de la mañana, en lugar de las 6 habituales, haciendo alusión a los ruidos que genera y causa molestia a los vecinos el funcionamiento de la máquina barredora y los sopladores de la suciedad cuando los operarios trabajan. El vecino reclamaba que se cumple la normativa ZAS que impide el uso de elementos mecánicos de limpieza entre la medianoche y las siete de la mañana, acreditando el uso de una sopladora con imágenes. Además pedía que se controlaran las aglomeraciones de personas afuera de locales de ocio, lo que genera una gran cantidad de residuos y obliga a extremar su limpieza a primera hora de los miércoles y sábados al desarrollarse en la Plaza Mayor el tradicional mercado.

El Procurador del Común ha recordado al consistorio leonés el caso de un ayuntamiento condenado por los ruidos nocturnos del camión de la basura, que tuvo que indemnizar al vecino por el exceso de ruidos que sobrepasaban los límites legales. Por ello le instan a “adoptar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, con el fin de que los vecinos de las calles (no facilitadas) no sufran las molestias causadas por el ruido y demás perjuicios ocasionados por el consumo de bebidas en la vía pública”.

Además le reclama que “como responsable del servicio municipal de limpieza viaria, para que, con carácter general, no se utilicen medios mecánicos en el período fijado entre las 00:00 y las 07:00 horas en las vías públicas incluidas dentro de la Zona declarada Acústicamente Saturada del Casco Antiguo de la ciudad de León”. Es decir, que se cumpla lo ya puesto en la ordenanza municipal.

De paso le reclama que “en adelante cumpla ese Ayuntamiento la obligación de auxiliar al Procurador del Común en sus investigaciones en los términos exigidos por la Ley”.

Un bar sin aforo desde 1971

Otra de las situaciones más surrealistas detectadas por el problema de ruidos ha sido la situación provocada por un local de ocio del Barrio Húmedo, y en la Zona Acústicamente Saturada de la ciudad que ha sido denunciado por un ciudadano a la defensoría tras varias quejas al Ayuntamiento de León. Este local cuenta con una doble licencia (Bar y Sala de Fiestas) desde el año 1971.

El Ayuntamiento de León ha reconocido el Procurador que existen quejas vecinales sobre infracciones administrativas y alteraciones del orden público causadas por el funcionamiento de este local de ocio debido a la presencia de clientes en el exterior. En el año 2024, señala, se produjeron catorce intervenciones por los agentes de la autoridad, fundamentalmente como consecuencia de quejas vecinales ante las molestias y ruidos generados por la aglomeración de personas y en el año 2025, la mayor parte de denuncias se formularon por el incumplimiento del horario de cierre, las cuales fueron remitidas para su tramitación a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León.

Pero la sorpresa ha venido al revisar las licencias y el aforo del bar, que no está fijado al tener las dos licencias a la vez, lo que a su vez le permite abrir de de forma continuada desde las 6 de la mañana hasta las 4 y media de lunes a jueves y hasta las 6:30 los fines de semana. Es decir, puede llegar a esta abierto todo el día por la coincidencia de las licencias. La Policía Local de León instó al servicio que regula las licencias del Ayuntamiento de León a revisar esta cuestión para garantizar la convivencia vecinal.

En el proceso de revisión el Ayuntamiento de León descubrió que no existe limitación de aforo en las licencias del año 1971 y que como no se han producido obras que obliguen a adaptarse al código técnico de edificación no puede obligar a realizar cambios. Además, el Ayuntamiento de León reprocha que como la Junta de Castilla y León aún no ha desarrollado el procedimiento legal necesario para revisar y fijar el aforo en licencias tan antiguas no puede fijar un aforo, pese a que la normativa de ruidos data del año 2009. Incluso un informe del arquitecto municipal de 2025 señaló que las condiciones de evacuación del local denunciado son “claramente insuficientes para ocupaciones superiores a 100 personas”.

El Procurador del Común reconoce el vacío legal para determinar el aforo pero insta al Ayuntamiento de León a exigir al dueño un seguro de responsabilidad civil de al menos 100.000 euros. Además, exige que se aplique la nueva normativa que obliga a un intervalo de seis horas de cierre entre las dos actividades para romper el ciclo de funcionamiento continuo y garantizar el descanso de los vecinos y la convivencia. También insta a la Policía Local a mantener la vigilancia del local sobre su funcionamiento en cuanto a horarios de ruido y las conexiones del sistema de control de ruidos, que alguna vez se ha desconectado y no se ha podido verificar.

El Procurador del Común de Castilla y León insta al Ayuntamiento de León a mejorar la comunicación con la Junta Vecinal de Armunia después de que el Consistorio pasase un año y medio ignorando a la pedanía para mejorar su seguridad vial, especialmente en el conocido como cruce de Michaisa, uno de los puntos negros del municipio leonés. También reclama el Procurador que el Ayuntamiento realice una medición objetiva del tráfico en estas zonas, después de que en los informes elaborados por el Consistorio se reflejase que la seguridad e infraestructura vial era suficiente.

No es la primera vez que la Junta Vecinal de Armunia denuncia el vacío administrativo por parte del Ayuntamiento de León y esta vez es el Procurador del Común quien resuelve que se ha vulnerado la obligación legal de resolver la solicitud en plazo y sin colaboración entre administraciones.

Todo ello después de que la Junta Vecinal de Armunia presentase una queja ante el Procurador del Común poniendo de manifiesto que la pedanía, en repetidas ocasiones e incluso mediante una reunión presencial con el alcalde de León, había reclamado un informe técnico de seguridad vial sobre la pedanía, pero especialmente sobre la rotonda de Michaisa, la calle Calvo Sotelo y la calle Juan Nuevo.

La Junta Vecinal tuvo que acudir al Procurador del Común después de múltiples escritos registrados, requerimientos formales, reuniones institucionales y reiteradas peticiones ignoradas y solo tras la intervención del Procurador, el Ayuntamiento emitió finalmente un informe y una respuesta administrativa. Un año y medio después la pedanía no había obtenido una respuesta que en cambio el Ayuntamiento sí hizo llegar al Procurador del Común.

Cuando el Procurador del Común solicitó información a la Entidad local, esta aportó dos informes técnicos elaborados en diciembre de 2025, uno de la Técnico Municipal de Tráfico y otro de la Policía Local, en los que se concluía que “la infraestructura existente en las vías afectadas era suficiente desde el punto de vista de la seguridad vial, atendiendo a los datos de siniestralidad de los últimos años”.

Según retrataban los informes, y ahora hace público el Procurador, la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de León había acordado trasladar su contenido a la Junta Vecinal, sin adoptar medidas adicionales ni prever ningún mecanismo de seguimiento. El Procurador valora que, aunque los informes técnicos abordaban “de forma razonable” las cuestiones planteadas por la Junta Vecinal, el retraso de más de un año en responder a la Junta Vecinal “vulneraba la obligación legal de resolver en plazo y los principios de colaboración entre administraciones”.

Además, valoró que la respuesta municipal no era del todo satisfactoria, porque los propios informes reconocían problemas de exceso de velocidad y, sin embargo, el acuerdo adoptado no preveía ningún mecanismo de seguimiento ni de revisión.

Por ello, el Procurador insta al Ayuntamiento a que “estableciera un cauce formal y periódico de información con la Junta Vecinal sobre la evolución de la seguridad vial en la zona”, y pide la realización de “mediciones objetivas” de velocidad e intensidad de tráfico, teniendo también en cuenta la presencia cercana de una zona escolar, un centro de mayores y una iglesia.

“Ha tenido que ser el Procurador del Común quien recuerde al Ayuntamiento de León que las administraciones públicas tienen la obligación de responder, colaborar y actuar cuando está en juego la seguridad de los vecinos”, valora la Junta Vecinal tras conocer la resolución del Procurador del Común. “Se debe recordar que Armunia no pide privilegios, sino algo mucho más básico: ser escuchada y tratada como un igual entre los barrios y pedanías de la ciudad leonesa”, reclama.

La Junta Vecinal de Calzada de la Valdería ha llevado ante el Procurador del Común una denuncia contra la administración local de Castrocalbón por impagos en los aprovechamientos comunales desde el año 2018, aludiendo a un derecho que, afirman, posee desde el año 1722.

Tres siglos después de este derecho, la Junta Vecinal de Calzada de la Valdería denuncia que no ha obtenido los pagos por el usufructo de los bienes comunales obtenidos por el aprovechamiento de madera, en concreto tras la tala de chopos en la ribera del río que cifran en 400.000 euros, de los que a Calzada le correspondería la cuarta parte; y el arrendamiento del coto de caza y de fincas.

La denuncia, presentada a finales del pasado mes de marzo alude a un convenio que, según la Junta Vecinal de Calzada, “se constató en 1722” y ha sido cumplido hasta el año 2018, “cuando se produjo el último pago” por parte de la Junta Vecinal de Castrocalbón.

“El pueblo de Calzada de la Valdería tiene y ha tenido derecho a una cuarta parte del aprovechamiento de los terrenos que en común posee con el pueblo de Castrocalbón”, remarcan en el escrito presentado en el que alegan que “este derecho proviene desde tiempo inmemorial ya que en 1722 el alcalde mayor del adelantamiento de León resolvió la cuestión expresada confirmándose su fallo en 1738 y 1740”.

“De forma continuada se ha reclamado de forma verbal y en diversas reuniones entre las dos juntas vecinales sin que ello haya fructificado”, asegura la Junta Vecinal de Calzada, que informa de que se han celebrado seis reuniones con la administración local de Castrocalbón, que, afirman, se niega a pagar “la parte correspondiente a Calzada de la Valdería, una aportación que puede llevar a la junta vecinal a su desaparición al no contar con ningún recurso económico”.

De manera más 'reciente', la Junta Vecinal de Calzada recuerda que existe una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de La Bañeza, con fecha del 11 de abril de 1935, en el que, según afirman, “se reconoce al pueblo de Calzada el derecho y posesión inmemorial sobre los terrenos comunales de Castrocalbón, declarando que la junta vecinal de Castrocalbón estaba obligada a cumplir en todas sus partes el contrato o convenio de doce de agosto de 1900 sobre la proporción en que había de repartirse entre los dos pueblos los aprovechamientos”.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

La profesora Susana Rodríguez Escanciano ha hecho historia este martes al tomar posesión como primera decana en la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de León con una hoja de ruta centrada en reforzar la calidad académica, potenciar la proyección institucional del centro y poner en marcha la Clínica Jurídica como principal proyecto de esta nueva etapa.

De esta forma, la catedrática de Derecho del Trabajo se convierte en la primera mujer en asumir este cargo en la historia de la Facultad y recoge el testigo de Salvador Tarodo, avalada por el consenso unánime de la Junta de Facultad, en un proceso que refuerza el espíritu de estabilidad, continuidad y proyecto compartido con el que se afronta el nuevo mandato de seis años.

El respaldo se ha reflejado en el acto de toma de posesión, en el que ha estado acompañada por numerosos compañeros de la Facultad, así como por el anterior equipo decanal, el equipo rectoral y representantes institucionales, como el Procurador del Común, Tomás Quintana, y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Álvarez-Alaiz.

Durante su intervención, la nueva decana ha subrayado su voluntad de “afianzar la posición institucional de la Facultad”, tanto a escala nacional como internacional, y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en la excelencia formativa, así como en la visibilidad y proyección de la actividad académica que se desarrolla en el centro, con la presencia habitual de destacados profesionales del ámbito jurídico, magistrados, juristas y referentes internacionales.

En este sentido, ha señalado como retos inmediatos la mejora de los procesos de calidad de las enseñanzas con el objetivo de reforzar su atractivo y contribuir a incrementar el número de estudiantes, y destacó la calidad formativa del grado en Derecho, así como de los másteres en Abogacía y Procura y el Máster en Derecho de la Ciberseguridad y del Entorno Digital.

Asimismo, Rodríguez Escanciano ha avanzado como uno de los principales proyectos de esta nueva etapa la implantación de una Clínica Jurídica, una iniciativa de transferencia de conocimiento ya implantada en otras universidades que permitiría ofrecer un servicio jurídico a la sociedad, además de reforzar la formación práctica del estudiantado.

“Espero devolver la confianza que he recibido con esfuerzo, dedicación, compromiso, transparencia, responsabilidad, diálogo y compañerismo. Nuestro objetivo es seguir afianzando la Facultad como un centro de referencia, reforzando las titulaciones que impartimos y potenciando todas aquellas actividades formativas, de innovación, transferencia, microcredenciales, títulos propios, jornadas, seminarios y debates que dan visibilidad y proyección a nuestro trabajo y a la propia Universidad de León”, ha resaltado la nueva decana.

Por su parte, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha agradecido la labor del anterior equipo decanal y ha puesto en valor el consenso alcanzado en el proceso electoral, subrayando que la Facultad inicia una etapa de continuidad y fortalecimiento institucional basada en el compromiso, la excelencia académica y el servicio público de la universidad.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha restringido el derecho de sus concejales de la oposición a ejercer el control efectivo del gobierno municipal al no responder en pleno los ruegos y preguntas. Es la conclusión a la que llega el Procurador del Común tras una denuncia presentada por el PSOE de Ponferrada en el año 2024 y que se ha resuelto casi dos años después.

La institución que dirige Tomás Quintana López, que lleva con su mandato caducado desde el 2022, ha emitido una resolución en la que cuestiona el tratamiento dado por el Ayuntamiento de Ponferrada a los ruegos y preguntas formulados por la oposición en sesión plenaria, al haberse contestado únicamente por escrito y fuera del pleno.

En el mandato actual con Marco Morala (PP) en la Alcaldía se decidió que en la organización municipal las respuestas a los ruegos y preguntas se darían en la Junta de Portavoces, una reunión no pública y de carácter consultivo, mediante respuestas por escrito y con su posterior publicación en la web municipal. El PSOE denunció la práctica por considerar que se vulneraba el derecho a saber lo que pasa en el ayuntamiento berciano.

Según el Procurador lo realizado por Ponferrada “altera una de las competencias indelegables del Pleno”, como es la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, recogida en la Ley de Bases del Régimen Local. En concreto, recuerda que el artículo 22.2 atribuye al pleno esa función, mientras que el artículo 46.2 exige que exista una parte diferenciada en las sesiones ordinarias destinada a garantizar ese control político. “La Junta de Portavoces no es, ni puede ser, un órgano de fiscalización de la acción del gobierno, función que corresponde exclusivamente al Pleno del que forman parte todos los concejales, no solo los portavoces de los grupos”, incide.

Además, el dictamen de la defensoría del pueblo autonómica va más allá del plano organizativo y entra en el terreno constitucional. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, recuerda que el derecho de los concejales a formular preguntas y obtener respuesta forma parte del derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. Este derecho incluye no solo intervenir en los plenos, sino hacerlo en condiciones que permitan ejercer de forma efectiva su función de control.

“Hemos de insistir en que no puede quedar a voluntad del órgano sobre el que se ejerce el control, el Alcalde o Concejal delegado, la posibilidad de elegir si el Pleno conoce el ruego o no, precisamente puede ser útil al concejal que lo ha formulado que el Pleno conozca que esa aceptación se ha producido a iniciativa suya”, especifica.

En este sentido, advierte también de que el Reglamento Orgánico Municipal de Ponferrada aprobado en 2025 podría incurrir en ilegalidad si permite que los ruegos no se debatan o que las preguntas no se respondan en sesión plenaria. De hecho, señala que condicionar ese debate a la voluntad del equipo de gobierno o a la solicitud expresa del concejal supone una restricción indebida de derechos. Por ello recomienda al Pleno de Ponferrada “que valore la procedencia de iniciar el procedimiento para declarar la nulidad de la regulación introducida en el artículo 68 del Reglamento Orgánico Municipal, al suponer una infracción de los derechos de los concejales a la participación política”.

El PSOE cree que lo sucedido va contra la transparencia

Para los socialistas de Ponferrada “esta resolución del Procurador del Común deja en evidencia una forma de actuar del equipo de gobierno que va en contra de algo básico: la transparencia y el derecho de los vecinos y vecinas a saber qué está pasando en su Ayuntamiento”.

“Cuando se evita que los ruegos y preguntas se debatan en el Pleno, no solo se limita a la oposición, se está limitando también a la ciudadanía, que pierde la oportunidad de escuchar explicaciones públicas, de conocer las respuestas y de ver cómo se fiscaliza la acción del gobierno”, incide el grupo que lidera Olegario Ramón, que explica que a veces sus preguntas son asuntos que les plantean ciudadanos y colectivos “que tienen derecho a conocer de manera pública las respuestas que están esperando del equipo de gobierno”

“El Pleno no es un trámite ni un espacio para tratar asuntos sin debate, es donde se da la cara ante la gente. Y lo que no se explica ahí, simplemente deja de ser transparente”, consideran. Por ello piden al Ayuntamiento de Ponferrada que rectifique y aplique la resolución del Procurador del Común, “y que se vuelva a un funcionamiento normal, donde haya debate, donde haya respuestas y donde los vecinos y vecinas puedan confiar en que su Ayuntamiento actúa con claridad y de cara a la ciudadanía.

León ciudad, tampoco se responde

Un caso similar al de Ponferrada es el que se vive cada mes en el Ayuntamiento de León ciudad. Ahí la tradición, que ningún alcalde ha revertido en décadas, dicta que la oposición pregunta en cada pleno y espera un mes para recibir la respuesta: normalmente vía informe, con el más alto nivel de enrevesamiento técnico posible, leída de corrido y, para dificultar al máximo su comprensión, sin ni siquiera recordar a los asistentes sobre qué asunto se había preguntado en la sesión anterior, un mes antes.

Pero últimamente sucede que cada vez son menos los ruegos y preguntas in voce que los grupos manifiestan en el pleno de León ciudad. Y para no dilatar tanto la espera, o acercar más la pregunta a algún asunto de candente actualidad, emplean otra técnica: plantear las preguntas vía registro municipal. Si se hace con la suficiente antelación marcada, cuando se celebra el pleno el equipo de Gobierno de ese mismo mes ya sí está obligado a responder, sin poder ocultar el asunto solicitado y sin dilaciones ni excusas. La nueva resolución del Procurador del Común, que resalta la necesidad de debatir y responder en el mismo momento del pleno, puede llevar a un cambio de décadas en el consistorio de la ciudad leonesa.

Otros ejemplos de respuestas 'vivo y en directo'

La Diputación de León, durante décadas desde que se retomara la normalidad democrática, afronta el habitual momento plenario de los ‘ruegos y preguntas’ asumiendo las respuestas en vivo y en directo. Prácticamente nunca el equipo de Gobierno de turno se ha escudado en la necesidad de consultar datos, realizar informes u otras tretas habituales, bien haya gobernado el PP o el PSOE, con o sin alianzas como la actual entre socialistas y leonesistas.

Así, cuando en la parte final de cada plenario la oposición lanza sus preguntas y sus quejas -que suelen superar con creces la decena- el presidente, actualmente el socialista Gerardo Álvarez Courel, pasa a contestarlo todo a pecho descubierto. Esa es la tradición. Como mucho, si se requiere alguna aclaración muy precisa, otorga el turno de palabra al diputado provincial del área del asunto cuestionado. Sólo en casos muy excepcionales remite al mes siguiente para satisfacer las peticiones, como ocurrió por ejemplo en el pleno de abril al reclamar el Grupo Popular con todo detalle las subvenciones atraídas desde el Palacio de los Guzmanes con la Oficina Provincial de Fondos Europeos que se creó precisamente a instancias populares.

Otro lugar donde se contesta habitualmente de forma directa a las preguntas de la oposición es el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, bajo gobierno de UPL. Los larguísimos plenos municipales, muchas veces con más de siete horas, no son óbice para que el equipo de gobierno que dirige Ana María Fernández Caurel no responda a las varias preguntas de la oposición, salvo alguna cuestión técnica que hace que se lleve a otra sesión. De hecho el frecuente debate y las preguntas y repreguntas convierten a los plenos de San Andrés en largos, pero a la vez fiel reflejo de lo que se espera del máximo órgano de un municipio, control político y debate público.

El Procurador del Común de Castilla y León da un tirón de orejas al Ayuntamiento de La Bañeza y pide a su alcalde, el 'popular' Javier Carrera, que regule el uso de los perfiles institucionales en redes sociales y desbloquee a los vecinos a los que se les ha impedido el acceso, tras constatar que estas restricciones se han aplicado sin normativa previa ni procedimiento administrativo.

La resolución, emitida tras una queja ciudadana, analiza el bloqueo de usuarios en la cuenta oficial de Facebook del Consistorio, utilizada como canal de información pública sobre actividades municipales. El Procurador concluye que no existe constancia de qué órgano ordenó esos bloqueos ni de que se haya seguido un procedimiento formal, lo que supone una actuación sin respaldo administrativo.

Además, el órgano autonómico cuestiona la falta de normas que regulen el uso de este canal institucional, pese a que se trata de un espacio que la propia administración reconoce como herramienta al servicio del interés general. En este sentido, considera necesario que el Ayuntamiento apruebe una reglamentación clara que establezca tanto las condiciones de uso como las consecuencias en caso de incumplimiento, garantizando los derechos de los usuarios.

El Procurador también pone el acento en la necesidad de respetar principios básicos como la proporcionalidad, la motivación de las decisiones y el derecho de los ciudadanos a conocer las causas de cualquier restricción. De hecho, subraya que los usuarios bloqueados desconocían los motivos de esa medida y que no se les dio la oportunidad de corregir su comportamiento antes de aplicar el veto.

A raíz de esta resolución, Unión del Pueblo Leonés (UPL) en La Bañeza ha reclamado el desbloqueo inmediato de los vecinos afectados y la aprobación urgente de una normativa que regule las redes sociales municipales. La formación leonesista asegura que ya había denunciado en 2025 un uso “partidista y arbitrario” de estos perfiles y considera que el pronunciamiento del Procurador confirma sus críticas.

El concejal de UPL, Roberto Carracedo, ha acusado al equipo de gobierno, formado por PP y Vox, de “censura” y de actuar de forma “autoritaria” y de utilizar las redes institucionales para silenciar críticas vecinales, y ha anunciado que llevará este asunto al próximo pleno municipal para exigir medidas concretas.

La resolución da ahora al Ayuntamiento un plazo para responder si acepta o no las recomendaciones, que pasan por establecer un marco regulador y revisar los bloqueos aplicados hasta el momento. Mientras tanto, el caso vuelve a poner el foco en el uso de las redes sociales por parte de las administraciones públicas y en los límites entre la moderación de contenidos y el derecho a la participación ciudadana.

Precintado el edificio desde hace semanas y con un deterioro visible sobre todo tras la concatenación de lluvias, la casona de la calle Dámaso Merino, en pleno centro de León capital, se ha derrumbado parcialmente en la tarde noche de este sábado, en principio sin causar heridos pese a tratarse de una zona concurrida de paso entre el barrio Romántico y la Catedral.

El desplome se ha producido en fin de semana, en un entorno de paso frecuente por tratarse de una zona de vinos y con el flujo añadido del turismo, ya a las puertas de la Semana Santa y con la visita de centenares de aficionados del Racing de Santander, que jugó por la tarde en el Reino de León contra la Cultural Leonesa.

El edificio, que linda con el hotel del Camarote Madrid, está ubicado a escasos metros de la sede la Fundación Sierra Pambley y del Procurador del Común, entidad que precisamente ya había alertado del deterioro del inmueble.

Agentes de la Policía Local de León se han personado en el lugar de los hechos para precintar el entorno tras el desplome, ocurrido en torno a las 21.00 horas.

Se trata de un problema recurrente en los últimos años. Parte del edifico se desplomó ya en abril de 2011. Y el Ayuntamiento de León cortó temporalmente los accesos en diciembre de 2022 ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común de la comunidad, recibió en 2025 un total de 1.432 reclamaciones de ciudadanos y el 85% de ellas tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales.

Del total de las 1.432 reclamaciones recibidas, 1.263 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales, ha explicado este sábado la Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, en un comunicado.

De ellas, 1.197 se presentaron frente a ayuntamientos, 34 frente a entidades locales menores, 29 frente a diputaciones provinciales y 3 frente a una mancomunidad; el sector público de las entidades locales sumó otras 2.

Por otra parte, 130 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración de la Comunidad y 20 frente a entidades integrantes del sector público institucional autonómico; 7 reclamaciones se refirieron a la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad; finalmente, en relación con Colegios Profesionales de Castilla y León se presentaron 3 reclamaciones.

La mayor parte de las reclamaciones, en concreto 1.220, se fundamentaban en la falta de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 85% del total de las presentadas.

Además, 129 reclamaciones fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 113 las formularon concejales de ayuntamientos, 15 fueron presentadas por vocales de juntas vecinales y 1 por un diputado provincial.

En cuanto a otros colectivos, destacan, en menor número, las reclamaciones presentadas por representantes de los empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas. En más de 8 de cada 10 de las reclamaciones se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación.

Más de 210 reclamaciones lo fueron frente a denegaciones expresas de información, denegaciones que se basaban principalmente en algunos de los siguientes motivos: protección de datos personales; que la solicitud era manifiestamente repetitiva o de carácter abusivo o la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada.

Como ha ocurrido en años anteriores, el tipo de información solicitada cuya denegación ha motivado las reclamaciones es muy diverso; no obstante, las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas al bienestar animal, empleo público, contratación, urbanismo, medio ambiente, gestión y disposición de recursos públicos y actas y acuerdos.

En el año de referencia, el 2025, la Comisión de Transparencia ha adoptado 497 resoluciones -número prácticamente igual al de las formuladas en los dos años anteriores-, de las cuales 328 se adoptaron en reclamaciones presentadas frente a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, y 162 se refirieron a la Administración autonómica o a su sector público. El resto se refieren a Universidades o Colegios Profesionales. En 216 resoluciones se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada.

Las resoluciones de la Comisión de Transparencia, cabe recordar, deben cumplirse y, por tanto, las Administraciones concernidas han de proporcionar el acceso a la información previamente denegada.

En 188 casos, una vez que se pidió la intervención de la Comisión ante el silencio o la falta de respuesta a una solicitud de información dirigida a la Administración o a una entidad pública, estas proporcionaron la información solicitada sin que la Comisión de Transparencia hubiera tenido que resolver acerca del derecho del solicitante a acceder a la información.

En 33 resoluciones de las 497 dictadas, la Comisión de Transparencia confirmó la legalidad de la denegación de la información solicitada que con anterioridad había manifestado la Administración o entidad pública correspondiente. El resto, es decir 60 resoluciones, fueron inadmisiones o desistimientos.

El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución formal dirigida a un ayuntamiento de la provincia de León tras recibir una queja ciudadana sobre la ocupación ilegal y el estado de abandono de un camino público de titularidad municipal. Y concluye que la “defensa del dominio público viario no constituye una actuación discrecional ni condicionada exclusivamente a la disponibilidad presupuestaria, sino un deber jurídico que debe ejercerse con la diligencia necesaria para garantizar la funcionalidad del camino y su uso público”.

La resolución del defensor del pueblo autonómico se basa en una queja recibida en este 2025 en la que se denunciaba que un camino que sirve de acceso a numerosas fincas rústicas en su localidad, “está parcialmente ocupado tanto por la maleza como por las fincas colindantes, cuyos titulares han arado parte de su superficie haciendo desaparecer su trazado en algunos tramos, por lo que ha perdido su funcionalidad”. La denuncia señalaba que el Ayuntamiento no había tomado ninguna medida pese a ser advertido de tal hecho.

Un informe municipal de contestación a la investigación reconocía tanto la existencia del camino como que su estado estaba parcialmente ocupado por parcelas colindantes como por un arroyo cuya titularidad recae cuya en la Confederación Hidrográfica del Duero, “precisando que la conservación y mantenimiento de las riberas del arroyo es competencia de dicha Administración hidráulica”.

Además el Ayuntamiento afectato reconocía que “debe proceder a su deslinde y recuperación, de conformidad con la normativa reguladora de los bienes de las entidades locales”.

El Procurador aprovecha para recordar en su resolución la situación legal de los caminos públicos, “bienes de dominio y uso público” y “infraestructuras básicas para el acceso a los predios rústicos, el desarrollo de las labores agrícolas y ganaderas y, en general, para la satisfacción de las necesidades propias del medio rural”.

Además son “inalienables, inembargables e imprescriptibles”, y son los ayuntamientos titulares de los mismos quienes tienen que “ejercer de forma efectiva las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio cuando su trazado resulte alterado, invadido o indebidamente ocupado”.

Si el trazado ha sido ocupado hay dos métodos para restituirlo: recuperación posesoria de oficio cuando es clara la ocupación del dominio público o bien un expediente administrativo de deslinde “cuando concurren dudas razonables sobre la delimitación exacta del bien, su anchura o sus límites frente a las fincas colindantes”.

Además de instar al ayuntamiento a que recupere el trazado de acuerdo al procedimiento oportuno pide que se coordine con la Confederación Hidrográfica del Duero para el mantenimiento integral del entorno, sin que la competencia de esta última exima al consistorio de sus responsabilidades.

Por eso pide “una actuación administrativa efectiva por parte del Ayuntamiento, orientada a la delimitación precisa del camino, la recuperación del trazado y el restablecimiento de su funcionalidad como vía de uso público”.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió este martes que las ayudas “están llegando” a los afectados por los incendios forestales, tras su aprobación el pasado 20 de agosto, y añadió que ante las críticas del portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, todo le indicaba que iban en la dirección adecuada. “Vamos haciendo bien las cosas”, dijo, mientras el leonesista le exigió que que escuche a los alcaldes, no sólo “a los suyos”, porque piden menos burocracia y que se les facilite la labores de limpieza y desbroce de los solares urbanos.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Santos preguntó al presidente por cómo estaba ayudando la Junta a las entidades locales, a lo que Fernández Mañueco le explicó que estaban aplicando con “rapidez”, “amplitud y eficacia” el plan de 47 medidas y 114 millones de euros. “Son muchos los ayuntamientos y juntas vecinales que pueden dar testimonio de esto”, le dijo a Santos.

Sin embargo, el procurador de UPL advirtió de que se acerca el otoño y las lluvias, por lo que pidió a la Junta que tomen decisiones y ayuden a los consistorios, ya que afeó que el PP de León se reuniera con los municipios de mayor riesgo antes que lo hiciera la Diputación, lo que vinculó a que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sea también presidente de la gestora del PP leonés. 

Por el contrario, el presidente de la Junta reconoció la labor de los alcaldes, con los que recordó se ha reunido Suárez-Quiñones y la vicepresidenta Isabel Blanco, “independientemente de su color político”. También aprovechó para repasar las medidas puestas ya en marcha desde agosto, como los 2,8 millones destinados a la reparación de sistemas de agua potable, los 2,5 millones para contratar 225 desempleados en 114 ayuntamientos para recuperar las zonas afectadas, los tres millones para consolidar las viviendas deterioradas y realizar desescombros o los 3,6 millones para reparar daños en viviendas y edificaciones en 22 municipios.

A esto añadió las labores para la extracción de madera, que aseguró “dará buenos beneficios” a los ayuntamientos y juntas vecinales. También, aludió a las ayudas a los cotos de caza, que pertenecen a los ayuntamientos, o la línea para los cercados de pastos comunales. Además, aseguró que se impulsarán planes de promoción turística y una normativa para ayudar a los consistorios, de la mano de las diputaciones, para crear “anillos de seguridad” y facilitar la limpieza y desbroce de los terrenos colindantes a las poblaciones.

“Maldita la gracia que nos hace esa necesidad suya de presumir de esfuerzo de arreglar algo que ustedes han estropeado”, dijo a Fernández Mañueco, mostrando una fotografía de un cartel que informaba de una inversión de la Junta en una vivienda afectada por un incendio en Castrocalbón. También criticó que ahora se ofrezcan buldócer y motoniveladoras, como a principios de año se hacía con los helicópteros sanitarios, y se preguntó si se financiará con los ahorros en prevención de fuegos. 

Tampoco ahorró críticas Luis Mariano Santos contra el fiscal por haber “lanzado” a la Guardia Civil contra los propios ayuntamientos y el Procurador del Común por exigir la limpieza de solares. De esta forma, invitó a Fernández Mañueco a desarrollar una normativa autonómica para que los ayuntamientos puedan limpiar los solares urbanos y le aconsejó dejar a un lado el “caballo de la soberbia” e invertir en planes de prevención y limpieza de montes.

El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido 18 resoluciones este verano sobre la limpieza de solares privados y lugares públicos, advirtiendo el peligro de incendio que supone no efectuar un adecuado mantenimiento de las vías y espacios públicos, así como fincas privadas ubicadas en el entorno urbano que pueden también supone un riesgo en caso de incendio.

De las 18 resoluciones que se recogen en su información pública categorizadas dentro de incendios, 17 se han emitido desde el 21 de agosto hasta mediados de septiembre, justo en plena explosión de la peor oleada de incendios de la historia autonómica, que se ha cebado especialmente con la provincia de León, donde se ubica la sede del defensor del pueblo de la comunidad.

Las resoluciones son reclamaciones de ciudadanos sobre la no actuación de las administraciones locales ante la exigencia de mantenimiento adecuado de solares y parcelas, tanto públicas como privadas. El Procurador del Común recrimina en todas ellas la persistente inactividad de los ayuntamientos para hacer cumplir la normativa vigente. Entre los que han recibido escritos están los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo, Cistierna, Burgos o San Bartolomé de Béjar (Salamanca), ya que en varios casos el defensor autonómico borra el nombre del municipio al que le ha realizado el requerimiento.

La mayoría de las quejas recibidas por el Procurador se centran en el estado de abandono de parcelas privadas, tanto urbanas como periurbanas, donde la acumulación de maleza y vegetación seca constituye un “riesgo objetivo, severo y evidente de incendio”. Esta situación, señalan varias resoluciones, se agrava en el contexto de emergencia climática y el aumento de incendios forestales y de interfaz urbano-forestal.

En las resoluciones se reitera que la responsabilidad principal de mantener los terrenos en condiciones de seguridad recae en sus propietarios, emanado por la Ley de Urbanismo de Castilla y León y que no requiere de un aviso previo por parte de la administración.

Pero los ayuntamientos tienen un deber subsidiario, que es instar al propietario a la limpieza del solar a cumplir la normativa de tenerlo en condiciones de seguridad. Teniendo incluso herramientas legales, recuerda el Procurador, de órdenes de ejecución subsididiaria a costa del propietario. Además, se puede imponer multas coercitivas a quienes no se hagan cargo de su solar.

En las resoluciones sobre fincas privadas el Procurador subraya que los ayuntamientos tienen el deber el cumplimiento de la ley y actuar ante su inobservancia y que la pasividad municipal puede derivar en responsabilidad patrimonial para la administración en caso de producirse daños a terceros como puede suceder en un incendio. Y en el caso de fincas o espacios públicos el defensor del pueblo autonómico recalca la obligación de los ayuntamientos de mantener los espacios públicos en las pertinentes condiciones de seguridad.

“Cuando se trate de actuaciones de conservación que hayan de ser reiteradas año tras año como, por ejemplo, las de desbroce y limpieza de maleza, ha de tenerse en cuenta esa circunstancia para que ese Ayuntamiento actúe periódicamente en el ejercicio de las competencias antedichas, ejercitando la orden de ejecución e, incluso, la ejecución subsidiaria a costa del propietario del bien si fuera necesario, a fin de que las fincas se mantengan en adecuado estado de conservación”, señala de forma reiterada el Procurador.

Además, en algunos casos el Procurador reprocha que las quejas ciudadanas no es que no hayan sido atendidas, es que ni siquiera han sido contestadas, lo que contraviene los principios de buena administración por lo que se deben regir.

Riesgo de incendio por un parrillada popular

Una de las resoluciones más llamativas se ha dado en la provincia de León, aunque el Procurador no desvela ni el ayuntamiento ni la junta vecinal afectadas. Se trata de una resolución de una denuncia presentada hace un año, en julio del 2024, al advertir un vecino que se regulara la celebración de una parrillada popular celebrada en el casco urbano en unas fiestas. Según el denunciante la celebración del evento sin las debidas autorizaciones, suponía un grave riesgo de incendio por realizarse junto a viviendas.

La investigación del Procurador desveló que la parrillada de julio de 2024 se llevó a cabo sin ningún tipo de autorización alguna. El ayuntamiento admitió no tener conocimiento previo de los hechos debido a la falta de vigilancia y la junta vecinal, presunta organizadora, no ha responido al Procurador del Común pese a ser requerida en cuatro ocasiones. Este hecho ha provovcado que se incluya en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras.

La resolución del Procurador señala la necesidad de compatibilizar las celebraciones festivas con derechos constitucionales como el disfrute de un medio ambiente adecuado, la salud y la inviolabilidad del domicilio. Se recuerda que la Ley 7/2006 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León exige autorización municipal para estas actividades, pudiendo denegarse si menoscaban derechos de terceros. Además, es imperativo que los organizadores suscriban un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de daños e incendio, conforme al artículo 6 de dicha ley.

Por ello el Procurador del Común insta al ayuntamiento a autorizar expresamente y de forma motivada la ubicación de futuras parrilladas, eligiendo un lugar seguro y alejado de las viviendas para evitar la arbitrariedad. Y a la junta vecinal se le pide motivar sus propuestas de ubicación y cumplir con la suscripción del seguro obligatorio. Finalmente, se solicita que, de ser necesario, se requiera la intervención de la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas y, en caso de incumplimiento, formular las denuncias pertinentes.

Anillos de seguridad en los pueblos

Precisamente hace unos días la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales han acordado priorizar la creación de “anillos de seguridad” o cortafuegos alrededor de las localidades en municipios de alto riesgo de incendios, 114 en León, para impedir que los incendios forestales lleguen a las viviendas, medida que ya estaba proyectada en 2013. Se contempla que en 2026 todos los núcleos de población considerados de alto riesgo (714 municipios en toda la comunidad) dispongan de estos perímetros protectores. Además, la Junta asumirá la financiación completa para la compra de maquinaria pesada y subvencionará planes municipales de prevención y evacuación, además de colaborar en la revisión de infraestructuras como hidrantes o bocas de riego. 

El acuerdo surgido tras los graves incendios de agosto que han arrasado más de 100.000 hectáreas solo en la provincia de León también se ha comprometido una inyección de 2 millones de euros para mejorar las condiciones de brigadistas, voluntarios y personal municipal en cuanto a equipamiento, comunicación y protección laboral. Además, se pretende flexibilizar la normativa para permitir que los ayuntamientos intervengan más fácilmente en la limpieza y mantenimiento de sus entornos, reduciendo burocracia, fomentando prácticas como las quemas controladas, y articulando colaboración entre instituciones provinciales, municipales y organizaciones agrarias. 

La asociación Bierzo Aire Limpio ha convocado para el próximo 8 de septiembre el “Día de Luto Forestal” en El Bierzo como protesta por los recientes incendios que han afectado a Las Médulas y a otras comarcas de León como Laciana, Omaña y la Cabrera, y ha exigido el cese del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, algo esto último que ha reclamado también Podemos este mismo martes.

La organización ha pedido al Gobierno de España la declaración urgente de zona catastrófica para las áreas afectadas y ha presentado una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León para que investigue posibles responsabilidades políticas.

La convocatoria invita a la ciudadanía a asistir a los actos del Día del Bierzo en Ponferrada, el 8 de septiembre, portando símbolos de luto como camisetas, banderas, brazaletes y crespones negros, sin emblemas de organizaciones, como muestra de protesta unitaria.

Entre sus reivindicaciones, Bierzo Aire Limpio denuncia la falta de planificación y prevención forestal, reclama inversiones en restauración del paisaje y prevención de incendios, y rechaza proyectos que, según la asociación, favorecen la “explotación del territorio” mediante plantaciones masivas de especies pirófitas y uso industrial de biomasa.

La organización también alerta de que la calidad del aire en las zonas afectadas es “irrespirable” y que la ausencia de protocolos e información para la población supone un “riesgo sanitario”.

El Procurador del Común ha emitido una resolución en la que solicita a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que verifique si los centros de carácter residencial y los centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración de Castilla y León han procedido a desarrollar e implantar, previa aprobación administrativa, el necesario plan de eliminación o supresión de sujeciones conforme a los principios y normas de aplicación vigentes en la actualidad.

Teniendo en cuenta, esgrime la institución autonómica que encabeza Tomás Quintana, que en la Comunidad ha sido instaurado un modelo de atención en esos espacios libre de sujeciones físicas y que el uso de esos elementos debe ser siempre “excepcional y temporal, cuando hayan fracasado el resto de medidas alternativas y hubiera un riesgo para la persona usuaria o terceros”, se pide que el el cambio que deben experimentar los distintos recursos no se dilate en el tiempo ni, en consecuencia, “puedan darse situaciones o actuaciones deficitarias o contrarias a la legalidad”.

Las acciones recomendadas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades incluyen actuaciones periódicas de inspección y comprobación del derecho de los usuarios a recibir una atención libre de sujeciones, la adopción de medidas necesarias en caso de verificar la utilización desviada de medios de sujeción o el desarrollo de planes o programas de formación del personal sobre la materia.

Todo, señalan desde el Procurador del Común, con la finalidad de propiciar un cambio eficaz y con todas las garantías hacia el nuevo modelo, consistente no solo en la satisfacción de las necesidades básicas, sino también en la protección de los derechos, las libertades fundamentales y la dignidad humana.

También plantea que se exija a aquellos centros que en la actualidad no hubieran implantado la nueva normativa a que procedan a hacerlo, al haber transcurrido el plazo temporal de un año establecido para ello en la Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración.

En los casos en que se haya utilizado elementos de sujeción física, se reclama que se compruebe que se han aplicado en situaciones excepcionales y temporales en las que se haya constatado claramente el fracaso de otras medidas alternativas y conforme a un procedimiento documentado que cuente con prescripción médica, supervisión técnica, consentimiento informado, determinación de tiempos y forma, así como el análisis de riesgos en su uso y la obligatoria comunicación al Ministerio Fiscal.

Además, se insta a informar de forma precisa a las familias y residentes sobre el nuevo modelo de atención centrado en la persona, para aclarar que en la actualidad rige de forma general el cuidado sin sujeciones, siendo su uso excepcional y siempre bajo criterios médicos y sometido a la legislación vigente.