El Procurador del Común de Castilla y León da un tirón de orejas al Ayuntamiento de La Bañeza y pide a su alcalde, el 'popular' Javier Carrera, que regule el uso de los perfiles institucionales en redes sociales y desbloquee a los vecinos a los que se les ha impedido el acceso, tras constatar que estas restricciones se han aplicado sin normativa previa ni procedimiento administrativo.

La resolución, emitida tras una queja ciudadana, analiza el bloqueo de usuarios en la cuenta oficial de Facebook del Consistorio, utilizada como canal de información pública sobre actividades municipales. El Procurador concluye que no existe constancia de qué órgano ordenó esos bloqueos ni de que se haya seguido un procedimiento formal, lo que supone una actuación sin respaldo administrativo.

Además, el órgano autonómico cuestiona la falta de normas que regulen el uso de este canal institucional, pese a que se trata de un espacio que la propia administración reconoce como herramienta al servicio del interés general. En este sentido, considera necesario que el Ayuntamiento apruebe una reglamentación clara que establezca tanto las condiciones de uso como las consecuencias en caso de incumplimiento, garantizando los derechos de los usuarios.

El Procurador también pone el acento en la necesidad de respetar principios básicos como la proporcionalidad, la motivación de las decisiones y el derecho de los ciudadanos a conocer las causas de cualquier restricción. De hecho, subraya que los usuarios bloqueados desconocían los motivos de esa medida y que no se les dio la oportunidad de corregir su comportamiento antes de aplicar el veto.

A raíz de esta resolución, Unión del Pueblo Leonés (UPL) en La Bañeza ha reclamado el desbloqueo inmediato de los vecinos afectados y la aprobación urgente de una normativa que regule las redes sociales municipales. La formación leonesista asegura que ya había denunciado en 2025 un uso “partidista y arbitrario” de estos perfiles y considera que el pronunciamiento del Procurador confirma sus críticas.

El concejal de UPL, Roberto Carracedo, ha acusado al equipo de gobierno, formado por PP y Vox, de “censura” y de actuar de forma “autoritaria” y de utilizar las redes institucionales para silenciar críticas vecinales, y ha anunciado que llevará este asunto al próximo pleno municipal para exigir medidas concretas.

La resolución da ahora al Ayuntamiento un plazo para responder si acepta o no las recomendaciones, que pasan por establecer un marco regulador y revisar los bloqueos aplicados hasta el momento. Mientras tanto, el caso vuelve a poner el foco en el uso de las redes sociales por parte de las administraciones públicas y en los límites entre la moderación de contenidos y el derecho a la participación ciudadana.

Precintado el edificio desde hace semanas y con un deterioro visible sobre todo tras la concatenación de lluvias, la casona de la calle Dámaso Merino, en pleno centro de León capital, se ha derrumbado parcialmente en la tarde noche de este sábado, en principio sin causar heridos pese a tratarse de una zona concurrida de paso entre el barrio Romántico y la Catedral.

El desplome se ha producido en fin de semana, en un entorno de paso frecuente por tratarse de una zona de vinos y con el flujo añadido del turismo, ya a las puertas de la Semana Santa y con la visita de centenares de aficionados del Racing de Santander, que jugó por la tarde en el Reino de León contra la Cultural Leonesa.

El edificio, que linda con el hotel del Camarote Madrid, está ubicado a escasos metros de la sede la Fundación Sierra Pambley y del Procurador del Común, entidad que precisamente ya había alertado del deterioro del inmueble.

Agentes de la Policía Local de León se han personado en el lugar de los hechos para precintar el entorno tras el desplome, ocurrido en torno a las 21.00 horas.

Se trata de un problema recurrente en los últimos años. Parte del edifico se desplomó ya en abril de 2011. Y el Ayuntamiento de León cortó temporalmente los accesos en diciembre de 2022 ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común de la comunidad, recibió en 2025 un total de 1.432 reclamaciones de ciudadanos y el 85% de ellas tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales.

Del total de las 1.432 reclamaciones recibidas, 1.263 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales, ha explicado este sábado la Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, en un comunicado.

De ellas, 1.197 se presentaron frente a ayuntamientos, 34 frente a entidades locales menores, 29 frente a diputaciones provinciales y 3 frente a una mancomunidad; el sector público de las entidades locales sumó otras 2.

Por otra parte, 130 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración de la Comunidad y 20 frente a entidades integrantes del sector público institucional autonómico; 7 reclamaciones se refirieron a la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad; finalmente, en relación con Colegios Profesionales de Castilla y León se presentaron 3 reclamaciones.

La mayor parte de las reclamaciones, en concreto 1.220, se fundamentaban en la falta de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 85% del total de las presentadas.

Además, 129 reclamaciones fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 113 las formularon concejales de ayuntamientos, 15 fueron presentadas por vocales de juntas vecinales y 1 por un diputado provincial.

En cuanto a otros colectivos, destacan, en menor número, las reclamaciones presentadas por representantes de los empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas. En más de 8 de cada 10 de las reclamaciones se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación.

Más de 210 reclamaciones lo fueron frente a denegaciones expresas de información, denegaciones que se basaban principalmente en algunos de los siguientes motivos: protección de datos personales; que la solicitud era manifiestamente repetitiva o de carácter abusivo o la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada.

Como ha ocurrido en años anteriores, el tipo de información solicitada cuya denegación ha motivado las reclamaciones es muy diverso; no obstante, las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas al bienestar animal, empleo público, contratación, urbanismo, medio ambiente, gestión y disposición de recursos públicos y actas y acuerdos.

En el año de referencia, el 2025, la Comisión de Transparencia ha adoptado 497 resoluciones -número prácticamente igual al de las formuladas en los dos años anteriores-, de las cuales 328 se adoptaron en reclamaciones presentadas frente a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, y 162 se refirieron a la Administración autonómica o a su sector público. El resto se refieren a Universidades o Colegios Profesionales. En 216 resoluciones se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada.

Las resoluciones de la Comisión de Transparencia, cabe recordar, deben cumplirse y, por tanto, las Administraciones concernidas han de proporcionar el acceso a la información previamente denegada.

En 188 casos, una vez que se pidió la intervención de la Comisión ante el silencio o la falta de respuesta a una solicitud de información dirigida a la Administración o a una entidad pública, estas proporcionaron la información solicitada sin que la Comisión de Transparencia hubiera tenido que resolver acerca del derecho del solicitante a acceder a la información.

En 33 resoluciones de las 497 dictadas, la Comisión de Transparencia confirmó la legalidad de la denegación de la información solicitada que con anterioridad había manifestado la Administración o entidad pública correspondiente. El resto, es decir 60 resoluciones, fueron inadmisiones o desistimientos.

El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución formal dirigida a un ayuntamiento de la provincia de León tras recibir una queja ciudadana sobre la ocupación ilegal y el estado de abandono de un camino público de titularidad municipal. Y concluye que la “defensa del dominio público viario no constituye una actuación discrecional ni condicionada exclusivamente a la disponibilidad presupuestaria, sino un deber jurídico que debe ejercerse con la diligencia necesaria para garantizar la funcionalidad del camino y su uso público”.

La resolución del defensor del pueblo autonómico se basa en una queja recibida en este 2025 en la que se denunciaba que un camino que sirve de acceso a numerosas fincas rústicas en su localidad, “está parcialmente ocupado tanto por la maleza como por las fincas colindantes, cuyos titulares han arado parte de su superficie haciendo desaparecer su trazado en algunos tramos, por lo que ha perdido su funcionalidad”. La denuncia señalaba que el Ayuntamiento no había tomado ninguna medida pese a ser advertido de tal hecho.

Un informe municipal de contestación a la investigación reconocía tanto la existencia del camino como que su estado estaba parcialmente ocupado por parcelas colindantes como por un arroyo cuya titularidad recae cuya en la Confederación Hidrográfica del Duero, “precisando que la conservación y mantenimiento de las riberas del arroyo es competencia de dicha Administración hidráulica”.

Además el Ayuntamiento afectato reconocía que “debe proceder a su deslinde y recuperación, de conformidad con la normativa reguladora de los bienes de las entidades locales”.

El Procurador aprovecha para recordar en su resolución la situación legal de los caminos públicos, “bienes de dominio y uso público” y “infraestructuras básicas para el acceso a los predios rústicos, el desarrollo de las labores agrícolas y ganaderas y, en general, para la satisfacción de las necesidades propias del medio rural”.

Además son “inalienables, inembargables e imprescriptibles”, y son los ayuntamientos titulares de los mismos quienes tienen que “ejercer de forma efectiva las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio cuando su trazado resulte alterado, invadido o indebidamente ocupado”.

Si el trazado ha sido ocupado hay dos métodos para restituirlo: recuperación posesoria de oficio cuando es clara la ocupación del dominio público o bien un expediente administrativo de deslinde “cuando concurren dudas razonables sobre la delimitación exacta del bien, su anchura o sus límites frente a las fincas colindantes”.

Además de instar al ayuntamiento a que recupere el trazado de acuerdo al procedimiento oportuno pide que se coordine con la Confederación Hidrográfica del Duero para el mantenimiento integral del entorno, sin que la competencia de esta última exima al consistorio de sus responsabilidades.

Por eso pide “una actuación administrativa efectiva por parte del Ayuntamiento, orientada a la delimitación precisa del camino, la recuperación del trazado y el restablecimiento de su funcionalidad como vía de uso público”.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió este martes que las ayudas “están llegando” a los afectados por los incendios forestales, tras su aprobación el pasado 20 de agosto, y añadió que ante las críticas del portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, todo le indicaba que iban en la dirección adecuada. “Vamos haciendo bien las cosas”, dijo, mientras el leonesista le exigió que que escuche a los alcaldes, no sólo “a los suyos”, porque piden menos burocracia y que se les facilite la labores de limpieza y desbroce de los solares urbanos.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Santos preguntó al presidente por cómo estaba ayudando la Junta a las entidades locales, a lo que Fernández Mañueco le explicó que estaban aplicando con “rapidez”, “amplitud y eficacia” el plan de 47 medidas y 114 millones de euros. “Son muchos los ayuntamientos y juntas vecinales que pueden dar testimonio de esto”, le dijo a Santos.

Sin embargo, el procurador de UPL advirtió de que se acerca el otoño y las lluvias, por lo que pidió a la Junta que tomen decisiones y ayuden a los consistorios, ya que afeó que el PP de León se reuniera con los municipios de mayor riesgo antes que lo hiciera la Diputación, lo que vinculó a que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sea también presidente de la gestora del PP leonés. 

Por el contrario, el presidente de la Junta reconoció la labor de los alcaldes, con los que recordó se ha reunido Suárez-Quiñones y la vicepresidenta Isabel Blanco, “independientemente de su color político”. También aprovechó para repasar las medidas puestas ya en marcha desde agosto, como los 2,8 millones destinados a la reparación de sistemas de agua potable, los 2,5 millones para contratar 225 desempleados en 114 ayuntamientos para recuperar las zonas afectadas, los tres millones para consolidar las viviendas deterioradas y realizar desescombros o los 3,6 millones para reparar daños en viviendas y edificaciones en 22 municipios.

A esto añadió las labores para la extracción de madera, que aseguró “dará buenos beneficios” a los ayuntamientos y juntas vecinales. También, aludió a las ayudas a los cotos de caza, que pertenecen a los ayuntamientos, o la línea para los cercados de pastos comunales. Además, aseguró que se impulsarán planes de promoción turística y una normativa para ayudar a los consistorios, de la mano de las diputaciones, para crear “anillos de seguridad” y facilitar la limpieza y desbroce de los terrenos colindantes a las poblaciones.

“Maldita la gracia que nos hace esa necesidad suya de presumir de esfuerzo de arreglar algo que ustedes han estropeado”, dijo a Fernández Mañueco, mostrando una fotografía de un cartel que informaba de una inversión de la Junta en una vivienda afectada por un incendio en Castrocalbón. También criticó que ahora se ofrezcan buldócer y motoniveladoras, como a principios de año se hacía con los helicópteros sanitarios, y se preguntó si se financiará con los ahorros en prevención de fuegos. 

Tampoco ahorró críticas Luis Mariano Santos contra el fiscal por haber “lanzado” a la Guardia Civil contra los propios ayuntamientos y el Procurador del Común por exigir la limpieza de solares. De esta forma, invitó a Fernández Mañueco a desarrollar una normativa autonómica para que los ayuntamientos puedan limpiar los solares urbanos y le aconsejó dejar a un lado el “caballo de la soberbia” e invertir en planes de prevención y limpieza de montes.

El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido 18 resoluciones este verano sobre la limpieza de solares privados y lugares públicos, advirtiendo el peligro de incendio que supone no efectuar un adecuado mantenimiento de las vías y espacios públicos, así como fincas privadas ubicadas en el entorno urbano que pueden también supone un riesgo en caso de incendio.

De las 18 resoluciones que se recogen en su información pública categorizadas dentro de incendios, 17 se han emitido desde el 21 de agosto hasta mediados de septiembre, justo en plena explosión de la peor oleada de incendios de la historia autonómica, que se ha cebado especialmente con la provincia de León, donde se ubica la sede del defensor del pueblo de la comunidad.

Las resoluciones son reclamaciones de ciudadanos sobre la no actuación de las administraciones locales ante la exigencia de mantenimiento adecuado de solares y parcelas, tanto públicas como privadas. El Procurador del Común recrimina en todas ellas la persistente inactividad de los ayuntamientos para hacer cumplir la normativa vigente. Entre los que han recibido escritos están los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo, Cistierna, Burgos o San Bartolomé de Béjar (Salamanca), ya que en varios casos el defensor autonómico borra el nombre del municipio al que le ha realizado el requerimiento.

La mayoría de las quejas recibidas por el Procurador se centran en el estado de abandono de parcelas privadas, tanto urbanas como periurbanas, donde la acumulación de maleza y vegetación seca constituye un “riesgo objetivo, severo y evidente de incendio”. Esta situación, señalan varias resoluciones, se agrava en el contexto de emergencia climática y el aumento de incendios forestales y de interfaz urbano-forestal.

En las resoluciones se reitera que la responsabilidad principal de mantener los terrenos en condiciones de seguridad recae en sus propietarios, emanado por la Ley de Urbanismo de Castilla y León y que no requiere de un aviso previo por parte de la administración.

Pero los ayuntamientos tienen un deber subsidiario, que es instar al propietario a la limpieza del solar a cumplir la normativa de tenerlo en condiciones de seguridad. Teniendo incluso herramientas legales, recuerda el Procurador, de órdenes de ejecución subsididiaria a costa del propietario. Además, se puede imponer multas coercitivas a quienes no se hagan cargo de su solar.

En las resoluciones sobre fincas privadas el Procurador subraya que los ayuntamientos tienen el deber el cumplimiento de la ley y actuar ante su inobservancia y que la pasividad municipal puede derivar en responsabilidad patrimonial para la administración en caso de producirse daños a terceros como puede suceder en un incendio. Y en el caso de fincas o espacios públicos el defensor del pueblo autonómico recalca la obligación de los ayuntamientos de mantener los espacios públicos en las pertinentes condiciones de seguridad.

“Cuando se trate de actuaciones de conservación que hayan de ser reiteradas año tras año como, por ejemplo, las de desbroce y limpieza de maleza, ha de tenerse en cuenta esa circunstancia para que ese Ayuntamiento actúe periódicamente en el ejercicio de las competencias antedichas, ejercitando la orden de ejecución e, incluso, la ejecución subsidiaria a costa del propietario del bien si fuera necesario, a fin de que las fincas se mantengan en adecuado estado de conservación”, señala de forma reiterada el Procurador.

Además, en algunos casos el Procurador reprocha que las quejas ciudadanas no es que no hayan sido atendidas, es que ni siquiera han sido contestadas, lo que contraviene los principios de buena administración por lo que se deben regir.

Riesgo de incendio por un parrillada popular

Una de las resoluciones más llamativas se ha dado en la provincia de León, aunque el Procurador no desvela ni el ayuntamiento ni la junta vecinal afectadas. Se trata de una resolución de una denuncia presentada hace un año, en julio del 2024, al advertir un vecino que se regulara la celebración de una parrillada popular celebrada en el casco urbano en unas fiestas. Según el denunciante la celebración del evento sin las debidas autorizaciones, suponía un grave riesgo de incendio por realizarse junto a viviendas.

La investigación del Procurador desveló que la parrillada de julio de 2024 se llevó a cabo sin ningún tipo de autorización alguna. El ayuntamiento admitió no tener conocimiento previo de los hechos debido a la falta de vigilancia y la junta vecinal, presunta organizadora, no ha responido al Procurador del Común pese a ser requerida en cuatro ocasiones. Este hecho ha provovcado que se incluya en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras.

La resolución del Procurador señala la necesidad de compatibilizar las celebraciones festivas con derechos constitucionales como el disfrute de un medio ambiente adecuado, la salud y la inviolabilidad del domicilio. Se recuerda que la Ley 7/2006 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León exige autorización municipal para estas actividades, pudiendo denegarse si menoscaban derechos de terceros. Además, es imperativo que los organizadores suscriban un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de daños e incendio, conforme al artículo 6 de dicha ley.

Por ello el Procurador del Común insta al ayuntamiento a autorizar expresamente y de forma motivada la ubicación de futuras parrilladas, eligiendo un lugar seguro y alejado de las viviendas para evitar la arbitrariedad. Y a la junta vecinal se le pide motivar sus propuestas de ubicación y cumplir con la suscripción del seguro obligatorio. Finalmente, se solicita que, de ser necesario, se requiera la intervención de la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas y, en caso de incumplimiento, formular las denuncias pertinentes.

Anillos de seguridad en los pueblos

Precisamente hace unos días la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales han acordado priorizar la creación de “anillos de seguridad” o cortafuegos alrededor de las localidades en municipios de alto riesgo de incendios, 114 en León, para impedir que los incendios forestales lleguen a las viviendas, medida que ya estaba proyectada en 2013. Se contempla que en 2026 todos los núcleos de población considerados de alto riesgo (714 municipios en toda la comunidad) dispongan de estos perímetros protectores. Además, la Junta asumirá la financiación completa para la compra de maquinaria pesada y subvencionará planes municipales de prevención y evacuación, además de colaborar en la revisión de infraestructuras como hidrantes o bocas de riego. 

El acuerdo surgido tras los graves incendios de agosto que han arrasado más de 100.000 hectáreas solo en la provincia de León también se ha comprometido una inyección de 2 millones de euros para mejorar las condiciones de brigadistas, voluntarios y personal municipal en cuanto a equipamiento, comunicación y protección laboral. Además, se pretende flexibilizar la normativa para permitir que los ayuntamientos intervengan más fácilmente en la limpieza y mantenimiento de sus entornos, reduciendo burocracia, fomentando prácticas como las quemas controladas, y articulando colaboración entre instituciones provinciales, municipales y organizaciones agrarias. 

La asociación Bierzo Aire Limpio ha convocado para el próximo 8 de septiembre el “Día de Luto Forestal” en El Bierzo como protesta por los recientes incendios que han afectado a Las Médulas y a otras comarcas de León como Laciana, Omaña y la Cabrera, y ha exigido el cese del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, algo esto último que ha reclamado también Podemos este mismo martes.

La organización ha pedido al Gobierno de España la declaración urgente de zona catastrófica para las áreas afectadas y ha presentado una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León para que investigue posibles responsabilidades políticas.

La convocatoria invita a la ciudadanía a asistir a los actos del Día del Bierzo en Ponferrada, el 8 de septiembre, portando símbolos de luto como camisetas, banderas, brazaletes y crespones negros, sin emblemas de organizaciones, como muestra de protesta unitaria.

Entre sus reivindicaciones, Bierzo Aire Limpio denuncia la falta de planificación y prevención forestal, reclama inversiones en restauración del paisaje y prevención de incendios, y rechaza proyectos que, según la asociación, favorecen la “explotación del territorio” mediante plantaciones masivas de especies pirófitas y uso industrial de biomasa.

La organización también alerta de que la calidad del aire en las zonas afectadas es “irrespirable” y que la ausencia de protocolos e información para la población supone un “riesgo sanitario”.

El Procurador del Común ha emitido una resolución en la que solicita a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que verifique si los centros de carácter residencial y los centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración de Castilla y León han procedido a desarrollar e implantar, previa aprobación administrativa, el necesario plan de eliminación o supresión de sujeciones conforme a los principios y normas de aplicación vigentes en la actualidad.

Teniendo en cuenta, esgrime la institución autonómica que encabeza Tomás Quintana, que en la Comunidad ha sido instaurado un modelo de atención en esos espacios libre de sujeciones físicas y que el uso de esos elementos debe ser siempre “excepcional y temporal, cuando hayan fracasado el resto de medidas alternativas y hubiera un riesgo para la persona usuaria o terceros”, se pide que el el cambio que deben experimentar los distintos recursos no se dilate en el tiempo ni, en consecuencia, “puedan darse situaciones o actuaciones deficitarias o contrarias a la legalidad”.

Las acciones recomendadas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades incluyen actuaciones periódicas de inspección y comprobación del derecho de los usuarios a recibir una atención libre de sujeciones, la adopción de medidas necesarias en caso de verificar la utilización desviada de medios de sujeción o el desarrollo de planes o programas de formación del personal sobre la materia.

Todo, señalan desde el Procurador del Común, con la finalidad de propiciar un cambio eficaz y con todas las garantías hacia el nuevo modelo, consistente no solo en la satisfacción de las necesidades básicas, sino también en la protección de los derechos, las libertades fundamentales y la dignidad humana.

También plantea que se exija a aquellos centros que en la actualidad no hubieran implantado la nueva normativa a que procedan a hacerlo, al haber transcurrido el plazo temporal de un año establecido para ello en la Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración.

En los casos en que se haya utilizado elementos de sujeción física, se reclama que se compruebe que se han aplicado en situaciones excepcionales y temporales en las que se haya constatado claramente el fracaso de otras medidas alternativas y conforme a un procedimiento documentado que cuente con prescripción médica, supervisión técnica, consentimiento informado, determinación de tiempos y forma, así como el análisis de riesgos en su uso y la obligatoria comunicación al Ministerio Fiscal.

Además, se insta a informar de forma precisa a las familias y residentes sobre el nuevo modelo de atención centrado en la persona, para aclarar que en la actualidad rige de forma general el cuidado sin sujeciones, siendo su uso excepcional y siempre bajo criterios médicos y sometido a la legislación vigente.

Las asociaciones vecinales de Armunia se adhirieron de forma unánime a la denuncia presentada por la Junta Vecinal de la pedanía contra el Ayuntamiento de León ante el “incumplimiento de competencias municipales básicas” por el “abandono del entorno”.

La denuncia, que ha sido dirigida a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, al Servicio de Medio Ambiente de la Junta y al Procurador del Común, expone el “grave deterioro de los servicios públicos, especialmente en lo relativo a la limpieza viaria, el mantenimiento urbano y la gestión de residuos, tal y como establece la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

Entre los problemas denunciados, la Junta Vecinal y las asociaciones vecinales destacaron el “abandono total de fincas y solares urbanos, convertidos en focos de insalubridad”, la presa de Armunia, “actualmente utilizada como vertedero incontrolado, en grave estado de suciedad y riesgo ambiental”, la proliferación de plagas de ratas, garrapatas y cucarachas “sin respuesta efectiva municipal”, el “riesgo elevado de incendios por falta de siega y desbroce”, contenedores de basura “deteriorados e insuficientes” y una “práctica ausencia de limpieza viaria, con apenas unos días de presencia de barrenderos en todo el mes de abril”.

Desde la asociaciones reclamaron a las instituciones regionales una “intervención firme” para “garantizar el cumplimiento de la legalidad y la igualdad territorial”. “Armunia también es León”, remarcaron, al tiempo que recordaron que sus vecinos “merecen el mismo respeto y servicios públicos que cualquier otro barrio de la ciudad”.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha suspendido cautelarmente los Bandos de Alcaldía firmados por el regidor de la capital leonesa, José Antonio Diez, que amparaban las restricciones de tráfico en nuevas calles peatonalizadas en el centro de la ciudad. Los tribunales dan así la razón al Grupo Municipal Popular, que pide paralizar la ordenanza de movilidad que se estaba tramitando y abrir un nuevo proceso para definir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al tiempo que exige la asunción de responsabilidades políticas. “Si el alcalde fuera el máximo responsable de una empresa, ya estaría despedido”, dijo este miércoles al dar a conocer el pronunciamiento judicial el portavoz popular, David Fernández. El equipo de Gobierno, por su parte, ya ha avanzado que mantendrá su hoja de ruta y llevará

La sentencia deviene del recurso contencioso presentado el pasado mes de enero por el PP para impugnar los Bandos de Alcaldía en los que se establecía una nueva regulación para calles peatonalizadas en los últimos tiempos y pedir su suspensión cautelar. Denegadas en primera instancia en un auto que los populares tachan de “desconcertante”, ahora son reconocidas por el TSJ a través de una sentencia contra la que se puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.

En su valoración política, el PP califica la sentencia como un “golpe rotundo de realidad a la soberbia habitual del alcalde y una enmienda a la totalidad al proyecto estrella de este mandato”. Y es que el portavoz popular habla de una Zona de Bajas Emisiones “mal planteada”, “improvisada” y sin “soporte jurídico”, con “mucho de ideología y capricho” a través de bandos que tachó de “atajo torticero” y por la vía de peatonalizaciones como las acometidas en calles del centro de la ciudad como San Agustín, Alfonso V o Gil y Carrasco. Se trata, remachó, de proyectos “personalísimos” cuyas consecuencias se dejan notar en el centro con un “tráfico colapsado” y donde “aparcar es imposible”.

Ahora, de forma inmediata, el PP exige a Diez que “acate la decisión judicial y revierta el uso de las vías al estipulado en el contrato de obras de adecuación de las mismas: el calmado de tráfico que permita la convivencia entre viandantes y vehículos con una velocidad de circulación limitada a 10 kilómetros por hora”. A continuación, reclama la paralización de la tramitación de la nueva ordenanza de movilidad, por su contenido relativo a la ZBE, hasta retirar el punto de la sesión plenaria de esta semana. El siguiente paso, según los populares, pasaría por abrir un nuevo procedimiento con un debate “sosegado” y alejado de los “caprichos personales del alcalde”. Fernández concluyó exigiendo “responsabilidades y disculpas por la grave ilegalidad cometida” a pesar de las advertencias políticas y del Procurador del Común, que ya el pasado diciembre alertó de posibles ilegalidades e instó a revertir la situación.

La sentencia apenas unos días después de que el propio Grupo Popular achacara a José Antonio Diez "descontrol" por no aclarar si las cámaras ubicadas en las calles peatonalizadas comenzarían ya a multar el pasado viernes. Con este fallo judicial en las manos, el portavoz del PP ahondó en sus críticas al regidor sin dejar de pasar la ocasión para afear el papel de la Unión del Pueblo Leonés, “colaborador fiel” del Ejecutivo municipal al “meter en un cajón” una moción presentada en diciembre por los populares para buscar alternativas. “A ver si UPL, que se dice oposición pero que son dóciles socios de gobierno y cooperantes en la sombra de esta chapuza legal, se pone, de una vez por todas, serio con el alcalde y no repite papelones como el de llegar a tachar de negligente la gestión del alcalde un día y al día siguiente abstenerse de su reprobación”, añadió.

“No entra en el fondo”, se defiende al Ejecutivo municipal

El equipo de Gobierno no ha tardado en contestar. Y lo ha hecho confirmando que llevará este viernes a la sesión plenaria ordinaria la aprobación inicial de la ordenanza municipal al sostener que “las medidas cautelares planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no tienen ningún efecto práctico puesto que actualmente el Consistorio no ha impuesto ninguna sanción”.

“El Ayuntamiento de León se ha limitado a cumplir con la normativa actual, aprobada en 2006 por el PP, en la que se permite regular zonas peatonales a través de un bando”, añade el Ejecutivo municipal para avalar la importancia de aprobar la ordenanza de movilidad como herramienta para “regular los accesos a las nuevas calles peatonales así como a la Zona de Bajas Emisiones”.

Asimismo, el Ejecutivo municipal limita los efectos de la sentencia al hablar de una medida cautelar que “no entra en el fondo del asunto”. Y alude a la judicialización consecuencia del contencioso presentado por el PP para señalar que, “por un principio de seguridad jurídica”, se aplazó la aplicación de medidas hasta conocer la posición del TSJ.

“Ahora mismo estamos trabajando en sacar adelante la ordenanza elaborada por los técnicos y que cuenta con aportaciones efectuadas por la Unión del Pueblo Leonés”, dijo el concejal de Movilidad, Vicente Canuria. Con la aprobación inicial de esta herramienta este viernes, el Ayuntamiento espera que pueda entrar en vigor el próximo otoño hasta “dar cumplimiento, también, a la normativa europea en materia de movilidad y reducción de la contaminación en áreas urbanas”.

“Este equipo de Gobierno sigue con su plan de hacer de León una ciudad mejor que, además, cumpla con las normativas europeas para la reducción de la contaminación en las ciudades y la mejora de la calidad de vida de los residentes, una ciudad más sostenible, más accesible, más saludable y más cómoda para todos. Una ciudad del siglo XXI acorde a los modelos europeos. León ya ha iniciado ese camino de modernidad y en él seguimos”, ha expresado Canuria, quien, además, ha incidido en que se trata de poner en marcha para las nuevas zonas peatonales “las mismas medidas que llevan ya dos décadas funcionando en el casco histórico, con accesos permitidos a residentes, reparto y servicios de emergencia, entre otros permisos otorgados”.

Como cada verano cuando el calor aprieta y empiezan a abrir las piscinas, hay una pregunta recurrente que ronda la mente de muchas mujeres: ¿puedo hacer toples en una piscina municipal? En la provincia de León, la respuesta no es única ni tampoco sencilla. La regulación del uso del traje de baño femenino en estos espacios públicos queda a la estricta elección de cada Ayuntamiento, y esto genera un mosaico de normativas que oscilan entre lo permisivo, lo prohibitivo y, en muchos casos, la omisión.

En Castilla y León no hay una norma autonómica que permita o prohíba taxativamente a las mujeres el toples, proveniente del anglosajón topless, que significa pecho descubierto y describe la práctica de tomar el sol o bañarse, generalmente, sin cubrirse el pecho. Es por eso que en ILEÓN nos hemos propuesto hacer un mapa regulativo en León.

Un análisis de las ordenanzas municipales de piscinas en diferentes municipios de la provincia deja tres grupos diferenciados: el de los Ayuntamientos que prohíben el desnudo del pecho femenino, el de aquellos que omiten este punto en sus reglamentos y el de los que abogan por el derecho a decidir de las mujeres.

Municipios que prohíben el toples

En algunos municipios de la provincia de León, la respuesta institucional a la pregunta de si una mujer puede prescindir de la parte superior del bikini en una piscina municipal es un “no” tajante. En otros es un “no” también, pero con la boca pequeña. Estas prohibiciones, lejos de estar justificadas por motivos sanitarios o de seguridad, responden a criterios que remiten a normas morales y de “decencia” socialmente caducas, y que solo afectan a las mujeres, dejando en evidencia una desigualdad de trato en función del género.

Santa María del Páramo está a la cabeza de la lista de municipios que prohíben el toples con una ordenanza sorprendentemente clara y restrictiva. Entre todas las posibles conductas a evitar en una instalación pública, la primera prohibición que se enuncia es la de “hacer toples en toda la instalación de la piscina”. La contundencia con la que se formula y su ubicación en el listado de infracciones llaman la atención: se sitúa incluso por delante de otras prácticas más directamente relacionadas con la seguridad, como el uso de recipientes de vidrio o elementos cortantes. Esta elección normativa muestra hasta qué punto se da prioridad al control del cuerpo femenino sobre otros riesgos más objetivos. Como elemento curioso, la misma ordenanza establece que no es obligatorio el uso de gorro de baño para las personas sin pelo, una medida razonable desde el punto de vista higiénico, pero que contrasta con la nula sensibilidad para reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su indumentaria.

Villaquilambre, por su parte, incluye el toples en la categoría de “usos prohibidos” junto al nudismo, sin matices ni excepciones. Esta equiparación refleja una concepción todavía presente en ciertas normativas locales: que mostrar el pecho femenino es comparable a la desnudez integral, perpetuando un enfoque sexualizado del cuerpo de las mujeres que no se aplica al cuerpo masculino. Eso sí, la normativa también recoge recomendaciones y algunas son tan curiosas como las de una madre en los 90: “Se aconseja esperar un mínimo de 2 horas después de comer, antes de entrar al agua”, a lo que añade que, “se deberá entrar despacio y evitando los cambios bruscos de temperatura”, y pone ejemplos: “tras realizar ejercicio intenso o tras una exposición prolongada al sol”. No lo dice, porque sería repetirse, pero si eres mujer debes tomar el sol con el pecho bien cubierto.

Otros dos municipios que dicen “no” al toples son Astorga y Valdefresno, aunque con la boca más pequeña. En la bimilenaria ciudad, aunque no se menciona la palabra “toples” de manera explícita, el resultado práctico es el mismo. La ordenanza prohíbe el baño “sin parte superior del bikini”, lo que de forma indirecta excluye a las mujeres de cualquier posibilidad de bañarse sin cubrirse el pecho. Una redacción eufemística, que pretende mantener una apariencia neutral, similar a la de Valdefresno, que sí alude directamente al “top less” para permitirlo a la hora de tomar el sol, antes de añadir que, “si bien para bañarse será obligatorio ir cubierto”. Una norma exclusivamente para las mujeres, puesto que a ningún hombre se le exige en la misma ordenanza el uso de una prenda equivalente.

En estos cuatro municipios, las normas no solo niegan en distinta medida el derecho de las mujeres a elegir cómo están en una piscina municipal, sino que lo sancionan al situar la exposición del pecho femenino al nivel de una conducta inapropiada o indecente, reforzando la idea machista de que las mujeres deben cubrirse por pudor, por respeto o por un supuesto deber social. Una visión anacrónica que ignora décadas de avance en derechos y libertades individuales, y que contrasta con la normalización del toples en muchas playas del país y en otras ciudades donde sí se respeta el derecho a decidir.

La omisión por respuesta

La mayoría de los municipios analizados en la provincia de León optan por no posicionarse textualmente de forma clara sobre el toples en las ordenanzas de sus piscinas municipales. Es decir, no lo prohíben expresamente, pero tampoco lo permiten de forma explícita, lo que deja la interpretación en manos del personal de las instalaciones o incluso del juicio social del entorno.

Ponferrada, La Bañeza, San Andrés del Rabanedo, Almanza y Valencia de Don Juan pertenecen a este grupo mayoritario. En la mayoría de los casos, las ordenanzas se limitan a incluir referencias generales a la “convivencia”, la “decencia” o el “orden público”, sin aclarar cómo se aplica eso a la vestimenta en el recinto.

El ejemplo más claro es el de Valencia de Don Juan, cuya normativa pide a los usuarios que respeten “las normas usuales de convivencia y moralidad, decencia y orden público”, pero no concreta qué conductas específicas se consideran adecuadas o inadecuadas. Esta ambigüedad puede derivar en decisiones arbitrarias, desiguales o discriminatorias según quién esté al frente de la instalación.

En Almanza, se prohíbe el nudismo, pero no se menciona en absoluto el toples. El reglamento también recomienda —aunque no obliga— a las personas con el pelo largo a recogérselo para bañarse, lo que contrasta con el silencio sobre una cuestión tan debatida y visible como el uso del traje de baño femenino.

En el caso de León capital, ni siquiera se ha podido localizar una ordenanza vigente que regule el uso de las piscinas municipales, que no quiere decir que no la tenga, pero no es accesible a los usuarios de forma digital.

En definitiva, esta falta de claridad genera inseguridad y expone a las mujeres a decisiones arbitrarias, sin una base normativa que ampare su derecho a decidir. Aunque el silencio normativo puede parecer más permisivo que la prohibición explícita, en la práctica deja sin garantías a quienes opten por hacer toples en estos espacios públicos.

El derecho a decidir

Aunque la mayoría de las ordenanzas revisadas no contemplan el derecho de las mujeres a hacer toples en piscinas municipales y unas cuantas lo prohíben, hay excepciones que invitan a cierto optimismo.

Matallana de Torío es el único municipio de los analizados que recoge de forma clara y explícita en su normativa que el toples está permitido, tanto para tomar el sol como para bañarse, siempre que no implique desnudez total. Esta disposición no solo ofrece seguridad a las usuarias, sino que refleja un enfoque respetuoso con la libertad individual y los cambios sociales en torno al cuerpo femenino.

Valdefresno, por su parte, y como ya reseñamos anteriormente, adopta una postura intermedia: permite tomar el sol en toples, pero exige cubrirse el pecho para entrar al agua. Aunque la medida es contradictoria —¿por qué el mismo cuerpo sin cubrir es aceptable en la toalla pero no en el agua?—, supone un primer paso hacia la normalización del toples en espacios públicos.

Similar es la situación en Astorga, que prohíbe el baño sin parte superior del bikini, pero lo permite para tomar el sol. En todo caso, estos ejemplos muestran que existen caminos para avanzar hacia una regulación más igualitaria y respetuosa con la libertad de elección de las mujeres en el uso de las piscinas públicas.

¿Qué pasa en otras comunidades?

En Castilla y León no existe una normativa autonómica 'marco' que regule de forma general el uso del traje de baño en piscinas públicas, por lo que esta 'descentralización normativa' deja en manos de cada Ayuntamiento la decisión de permitir o prohibir el toples a través de ordenanzas municipales. Esta fórmula provoca una realidad desigual en la que, dependiendo del municipio, una mujer puede ejercer libremente su derecho a elegir su indumentaria o, por el contrario, enfrentarse a restricciones, advertencias o incluso sanciones.

La situación contrasta con lo que ocurre en otras comunidades autónomas que han adoptado posturas claras en defensa del derecho de las mujeres a decidir cómo se visten en espacios públicos. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat envió en 2023 una carta a todos los municipios para recordar expresamente que las mujeres pueden hacer toples en igualdad de condiciones que los hombres. Ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza o Bilbao ya lo recogen en sus ordenanzas como un derecho garantizado, contribuyendo así a normalizar una práctica socialmente aceptada.

Un caso para reflexionar es el de La Rioja, donde una usuaria de una piscina municipal de Lardero fue obligada a cubrirse el pecho. La mujer presentó una queja ante el Defensor del Pueblo, que no solo le dio la razón, sino que dejó claro que la prohibición carecía de justificación sanitaria o legal, y que restringir únicamente a las mujeres supone una vulneración de su derecho a la propia imagen y a la libertad de elección. La resolución concluyó que no existe base normativa para limitar esa práctica, y el propio Ayuntamiento tuvo que modificar su reglamento para reconocer parcialmente ese derecho, al menos en las zonas verdes de la instalación.

Todo esto lo que deja de fondo es la paradoja que se sigue dando en un país donde el toples está ampliamente aceptado en las playas, pero que lo veta en piscinas municipales —espacios públicos gestionados por administraciones— sin justificación técnica ni constitucional. Que en algunos municipios se permita tomar el sol sin la parte superior del bañador pero se prohíba bañarse, evidencia una lógica incoherente que apunta más al control del cuerpo femenino que a criterios de higiene o seguridad y que deja a las mujeres en una situación de desigualdad según su código postal, y en manos de la interpretación —o la omisión— de cada Gobierno local.

Hasta el momento, el Procurador del Común de Castilla y León no se ha pronunciado sobre esta cuestión, si bien ha sentado jurisprudencia en otros asuntos como en una práctica también muy habitual en las piscinas municipales que resultó ser desigual y discriminatoria: el cobro de distintos precios de entrada a los usuarios en función no del género si no del lugar de empadronamiento.

¿Y ahora qué?

En este contexto, la reivindicación no es que todas las mujeres hagan toples, sino que puedan decidir libremente hacerlo o no, sin miedo a sanciones, advertencias o reproches. La solución pasa por una normativa clara y respetuosa con los derechos igualitarios, como el de la propia imagen y la libertad de elección. Porque, en pleno siglo XXI, la presencia de una mujer sin parte de arriba en una piscina no debería ser noticia, sino una expresión normalizada de igualdad y autonomía personal.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, volverá a presentar su informe de 2024 en el pleno de las Cortes de la próxima semana con su mandato caducado, pese al compromiso del Grupo Popular de renovar las instituciones propias ya que en todas ellas sus titulares han cumplido su plazo reglamentario en el cargo.

Tras la Junta de Portavoces que ordenó el debate del pleno monográfico del Procurador del Común, el portavoz popular, Ricardo Gavilanes, preguntado sobre ello, manifestó que una vez que la oposición socialista ha completado su proceso orgánico de cambios, si barajan hablar de las instituciones propias. 

Por su parte, la nueva portavoz socialista, Patricia Gómez, manifestó que el único contacto con el PP para abordar la renovación de las instituciones propias (CES, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Común) se produjo hace más de dos años, pero interpretó que “Mañueco no está por la labor” a la vista del retraso. 

Ante el pleno, Gómez destacó “la magnífica función” del defensor de los castellanos y leoneses porque refleja “blanco sobre negro” la realidad de la Comunidad, pues aseguró que no es la que presenta el PP y el presidente de la Junta. 

Por su parte, Gavilanes se centró en manifestar que la mitad de las quejas recibidas por el Común van dirigidas a la administración local y elogió la colaboración de la Junta con la institución, como estimó que ocurre con las actuaciones de oficio, entre otras acciones. 

Precisamente, el Procurador del Común, Tomás Quintana, confió, cuando registró el informe el pasado 24 de marzo, en que “en algún momento decidan” y él también en relación a la renovación de la institución, después de más de dos años con el mandato caducado y en funciones, pese a que los grupos de las Cortes apoyan su reelección.

Los datos del último informe

El informe recoge que las instituciones estimaron el 88,79 % de las resoluciones formuladas por el Procurador del Común en 2024, cuando tramitó 2.273 expedientes, derivados de 2.129 quejas entre individuales (1918) y múltiples (ocho), junto con 144 actuaciones de oficio, entre las que destacan la petición del alto comisionado a los ayuntamiento de controlar los consumos internos de agua y su calidad para evitar contaminación por nitratos. 

De las 1.918 quejas individuales, el mayor número se concentra en la Administración Local (organización, funcionamiento y servicios públicos), Fomento y Empleo Público. De este montante, un total de 1.087 se dirigen a las entidades locales y 635 a la administración autonómica.

Así, el Procurador dictó 1.693 resoluciones, de las que 198 se archivaron al no detectarse ninguna irregularidad jurídica y en las otras 1.495 se formularon recomendaciones, recordatorios, sugerencias o deberes legales con el 88,79 % de aceptación a fecha de 28 de febrero de 2025.

La Junta Vecinal de Armunia denuncia ante el Procurador del Común la situación de abandono, deterioro, insalubridad y carencia de servicios básicos que dice sufrir esta pedanía del municipio de León parte del Ayuntamiento.

La pedanía ha informado, a través de una nota de prensa, de que la queja se produce después de que el Ayuntamiento de León haya desatendido más de 20 peticiones por falta de limpieza del alcalde pedáneo, que también ha denunciado la situación ante la Junta de Castilla y León.

La queja recoge deficiencias que afectan a la calidad de vida de los vecinos, entre ellas el abandono de la presa, con acumulación de residuos y riesgo para la salud pública y una persistente plaga de ratas, garrapatas y cucarachas que aseguran que se extiende por la pedanía.

Unas quejas a las que se unen el elevado riesgo de incendio por la falta de siega y desbroce en parcelas y terrenos colindantes, contenedores de basura deteriorados e inoperativos y de forma especialmente alarmante, la práctica ausencia de limpieza viaria.

El escrito denuncia, además, el incumplimiento del artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza en Espacios Públicos y Privados, Residuos y Economía Circular del Ayuntamiento de León, que obliga a mantener los solares y fincas “en debidas condiciones de salubridad, seguridad, desbrozado, desratización, desinsectación y ornato público”.

El alcalde pedáneo ha solicitado al Procurador del Común que requiera al Ayuntamiento de León a “adoptar medidas urgentes para corregir esta situación y garantizar una atención digna, regular y adecuada a los vecinos de la pedanía”.

El procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, recomienda al Ayuntamiento de Ponferrada que establezca una periodicidad para la celebración de las diversas comisiones informativas después de comprobar que no se ha cumplido con este requisito y que estas sesiones no cumplen con una pauta. 

Así se desprende de una resolución emitida por Quintana en respuesta a una queja presentada por un ciudadano, quien denunció que no hubo sesiones entre junio y diciembre de 2023 y que, además, no se había dado respuesta a varias preguntas formuladas por el PSOE, concretamente a las que se presentaron en las comisiones de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad del 11 de diciembre de 2023; en la de Mayores y Participación Ciudadana de esa misma fecha; en la de Presidencia, Relaciones Institucionales, Fondos Europeos y Transparencia del 14 de diciembre de 2023; la de Educación, Cultura, Formación y Empleo de 5 de enero de 2024; en la de Bienestar Social de 26 de febrero de 2024; y en la de Infraestructuras, Medio Rural, Turismo, Patrimonio Histórico, Salubridad y Protección Animal de 29 de febrero de 2024. 

Tras esa denuncia, el Procurador del Común analizó la documentación aportada por el Ayuntamiento, de la que se desprende que no hay constancia del carácter de las sesiones de Presidencia, Relaciones Institucionales, Fondos Europeos y Transparencia; Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad; Mayores y Participación Ciudadana; y Bienestar Social. En cuanto al resto de áreas, las comisiones fueron ordinarias pero “entre la celebración de las mismas no transcurre un plazo de tiempo regular”, dice la resolución del Procurador del Común.

Ante este hecho, Quintana recuerda que en los artículos 134 a 138 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se establece que “cualquier órgano colegiado de las Entidades Locales ha de celebrar sesiones ordinarias en las fechas preestablecidas, además de las que puede convocar el presidente con carácter extraordinario o urgente”.

Sin embargo, en el Ayuntamiento de la capital del Bierzo no se ha establecido la periodicidad con la que se deben celebrar esas comisiones, motivo por el que recomienda que se subsane este hecho. “Con el fin de dar cumplimiento a ese mandato, el Pleno debe adoptar el acuerdo correspondiente, de manera que el presidente de cada una pueda fijar las fechas y horario de celebración de las sesiones ordinarias de forma que queden predeterminadas, sin perjuicio de las que pueda convocar con carácter extraordinario y urgente”, dicta la resolución.

En cuanto a la respuesta a las preguntas del PSOE, Quintana afirma que según los informes enviados por los secretarios de las diferentes áreas, se ha dado respuesta a todas ellas, aunque “no ha sido posible comprobarlo puesto que no se dispone de todas las actas de las reuniones solicitadas”, dice el Procurador del Común. 

Por ello, pide a los responsables de las Comisiones de Hacienda y Régimen Interior y Especial de Cuentas; Urbanismo Fomento y Contratación; y Educación, Cultura Formación y Empleo “que comprueben que han dado respuesta a todas las preguntas formuladas por sus integrantes y, en caso de no haber respondido a alguna, procedan a dar contestación en la próxima sesión”, concluye.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, ha presentado una reclamación ante el Procurador del Común contra la reciente prohibición del pago en efectivo en las instalaciones deportivas municipales, al considerar que podría tratarse de “una posible vulneración de los derechos vecinales y contravención de la legislación vigente”.

Fernando Prieto Olite explicó que la petición de amparo está fundamentada en la “violación del derecho al pago en efectivo” establecido el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al tiempo que “discriminación a colectivos vulnerables por afectar especialmente a la población mayor del municipio”.

Prieto Olite también expuso “la desproporcionalidad de la medida”, ya que “los precios de las entradas a las instalaciones deportivas oscilan entre 1,2 y 5,6 euros, muy por debajo del límite legal de 1.000 euros para pagos en efectivo”, así como a la “falta de justificación”, ya que “los datos de pago en las instalaciones reflejan una preferencia de los usuarios por el efectivo”.

Además, advirtió que la decisión podría suponer “una posible exclusión financiera de sectores de la población que dependen del efectivo para sus transacciones diarias”, así como conllevar “una infracción sancionable con multas de entre 150 y 10.000 euros”.

En su denuncia formulada ante el Procurador del Común, el Grupo Municipal de Vox solicita que se investigue la ilegalidad del bando emitido por la alcaldesa, así como que se inste al Ayuntamiento a revocar inmediatamente esta prohibición y se garantice el derecho de los ciudadanos a utilizar efectivo en las instalaciones municipales.

El Procurador del Común, 'defensor del pueblo' de Castilla y León, vuelve a tirar de las orejas a la Junta de Castilla y León por el nefasto cumplimiento que lleva años permitiendo respecto a su propia Ley de Patrimonio, en el apartado en el que obliga a facilitar un día a la semana de visita completa y totalmente gratuita, o cuatro al mes, como por otra parte mandatan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Un reciente y duro informe, a raíz de la queja presentada otra vez por un particular, admite que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta lleva años plegándose a las triquiñuelas de la iglesia católica, de fundaciones, asociaciones o particulares responsables de los monumentos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y a los que la anterior y la nueva Ley de Patrimonio obliga a esas visitas gratis. Un incumplimiento flagrante que lleva años también denunciando ILEÓN, y que el actual consejero, elegido en su día por Vox, Gonzalo Santonja, llegó a admitir pero sin imponer una sola sanción.

Tras analizar los informes de la Consejería respecto a las condiciones reales de visitas sin pasar por taquilla, para lo que debe estar habilitado fijo un día de cada semana, el Procurador del Común zanja el asunto con nuevas exigencias a la Junta. Entre ellas, que no se limite el horario de las visitas gratuitas, el cual debe ser exactamente igual que el de las visitas de pago. Se trata de un 'timo' ya destacado pormenorizadamente en 2018 por este medio.

Este tipo de incumplimiento la Junta los sigue permitiendo, por ejemplo, en casos tan valiosos y turísticos como la Catedral de León o la de Astorga, el Museo Casa Botines de León o el Palacio Episcopal también de Gaudí en Astorga, o ahora también en el Museo de San Isidoro, tras perder la “dispensa” de cinco años una vez reabierto al completo tras su última reforma. Una minoría, como por ejemplo el Castillo de Ponferrada, desde siempre lo han cumplido a rajatabla.

En la mayoría de ellos, las entradas gratis por Ley en realidad se limitan a escasas horas, a sólo la mañana o la tarde, o a un espacio muy reducido de los monumentos que en cambio no se limitan a los visitantes 'de pago'. Argucias que la Ley no contempla ni ampara pero que la Junta sí permite en muchos casos, entre ellos para los monumentos más relevantes.

Condiciones ilegales para entradas de acceso gratis

También debido a la queja presentada, el 'Común' reclama a Cultura que “no debe exigirse la obtención de entrada para las visitas gratuitas bajo ciertas condiciones” que no se imponen a quienes pagan en taquilla, trucos que están a la orden del día como habilitar esas visitas exclusivamente con reserva previa online o con algún tipo de anticipación. Eso es ilegal: a quien acuda en el día fijado se le debe permitir el acceso simple y directamente, sin excusas.

El nuevo informe de la institución autonómica no lo menciona esta vez, pero la Ley también se incumple de manera abrumadora en el apartado que obliga a mostrar de manera clara, de forma presencial y también en recursos como las páginas web, las fechas y condiciones exactas de esas visitas gratis, de manera que los visitantes las puedan conocer y programar con antelación. Porque al no hacerlo, además de incumplir la normativa en vigor, supone un enriquecimiento para los gestores de ese patrimonio. La nueva Ley, aprobada este mismo año 2024, permite ocultar aún más este derecho de gratuidad, lejos de haber aprovechado para mejorar la situación.

También días gratis los museos, cree el Procurador

Pero el Procurador del Común, institución que preside Tomás Quintana, no se queda ahí si no que pide a la Junta que incluya a los museos de gestión autonómica dentro de ese régimen obligatorio de visitas sin cobro, un día a la semana, o cuatro al mes.

El organismo se aferra al artículo 21.2 de la Ley de Patrimonio en vigor, donde dice que “las colecciones de los museos, los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Castilla y León conservados en los archivos y el fondo antiguo de las bibliotecas, así como el fondo de la Filmoteca de Castilla y León, tienen la condición de Bien de Interés Cultural y quedan sometidos a las disposiciones aplicables de la presente Ley”. Y así, si todos estos centros son BIC, les afecta idéntica obligación que a cualquier BIC. No queda del todo claro si esa gratuidad semanal y obligada afectaría al resto de museos y colecciones que, aun no estando catalogada su sede, sí alberguen alguna pieza que sea Bien de Interés Cultural.

La Consejería ha respondido a la reciente queja que los museos autonómicos ya abren gratis cinco días al año. Literalmente: “el Día Nacional de España (12 de octubre), el Día de la Constitución (6 de diciembre), el Día de Navarra (3 de diciembre) -SIC, aunque tiene que referirse al 23 de abril, Día de Castilla y León-, el Día Internacional de los Museos (18 de mayo) y el Día Internacional del Turismo (27 de septiembre)”.

El 'Común' analiza comparativamente la legislación castellana y leonesa en vigor con otras autonomías para concluir que aquí “las visitas gratuitas establecidas para los centros museísticos de Castilla y León están previstas de forma más restrictiva que en otras comunidades autónomas”. Por ejemplo, tienen un día gratis por semana o cuatro al mes las de Andalucía, Euskadi, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Murcia, mientras que en Aragón se pueden visitar gratis todos los días del año, salvo restricciones de conservación.

El listado de los museos

En base a todo ello, el Procurador del Común insta a la Junta a “fijar por Ley un régimen de visitas gratuitas a los museos de la Comunidad de Castilla y León”, en las mismas condiciones que los monumentos, y pide a la Consejería “modificar la normativa” en este sentido. En el caso de León, esto afectaría a casos como el Museo de Arte Contemporáneo (Musac) de la capital leonesa y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en Sabero; Igualmente el Museo de la Evolución Humana de Burgos y el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora. Porque casos como el Museo de León, en el edificio Pallarés del corazón de la capital, y su sede de San Marcos, ya abren desde siempre gratis todos los fines de semana del año, sábados y domingo, cumpliendo más que sobradamente lo que la Ley marca.

El Procurador del Común, el defensor del pueblo de Castilla y León, ha emitido una dura resolución contra el Ayuntamiento de León por lo que considera algunas irregularidades en la obligatoria implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital leonesa. La decisión de esta institución es que pone en entredicho la legalidad de las restricciones al tráfico implantadas en varias calles de la ciudad, como Gil y Carrasco, San Agustín, Alfonso V y Ramiro Valbuena, que han sido peatonalizadas, u otras como el tramo final de Padre Isla, semipeatonalizada.

A juicio del Procurador, estas medidas, adoptadas por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, son más una implementación encubierta y carente de respaldo normativo de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), lo que ha derivado, entiende la entidad, en una vulneración de las exigencias legales que exige el Ministerio, que León no cumple pero que en otros puntos como Ponferrada sí se les reclama.

En su pronunciamiento, el Procurador insta al Ayuntamiento a levantar las restricciones de tráfico en todas esas calles hasta que se apruebe una ordenanza reguladora que proporcione la cobertura legal necesaria. Asimismo, exige que la futura normativa cumpla con los valores límite de contaminantes establecidos en el Real Decreto 102/2011 y que las restricciones sean justificadas en términos de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. Además, subraya la importancia de garantizar procesos de audiencia pública, participación ciudadana y análisis del impacto económico, priorizando la protección de las personas vulnerables y las pequeñas empresas que puedan verse afectadas.

“Por la puerta de atrás”

David Fernández, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), que impulsó la queja ante el Procurador del Común, ha dado a conocer hoy esta dura resolución y denunciado lo que consideran una gestión ilegal y opaca por parte del alcalde. Según Fernández, este implementó una ZBE “por la puerta de atrás” y “saltándose la Ley”, que ve como un claro engaño a los ciudadanos.

Recordó que antes de las elecciones el regidor afirmó que las medidas en estas calles se limitarían a un calmado de tráfico con circulación reducida a 10 kilómetros por hora y estacionamientos permitidos. Sin embargo, tras los comicios, adoptó restricciones mucho más severas, en concreto peatonalizaciones completas en casi todas estas calles, demostrando, según el PP, sus verdaderas intenciones.

El Grupo Popular también criticó la improvisación en la ejecución de las obras, que sumadas has costado ya más de 4 millones de euros, y cuya planificación no incluyó elementos como zonas verdes o sombras si el objetivo era peatonalizar las calles. Además, destacaron la falta de transparencia y diálogo en la toma de decisiones, ya que no se consultó a los vecinos ni se sometió el proyecto a debate en órganos colegiados municipales, añade.

El impacto negativo de estas medidas, según el PP, ha sido notable, generando embotellamientos en las calles del entorno de las peatonalizadas, aumento de los tiempos de circulación y dificultades extremas para encontrar estacionamiento en el centro de la ciudad. Fernández añadió que, desde el principio, tuvieron dudas sobre la legalidad de gastar millones de euros en proyectos y señalización para una ZBE sin contar con una ordenanza que lo respaldara.

Fernández, acompañado por varios concejales populares, denuncia además que el equipo de gobierno intentó engañar al Procurador del Común al afirmar que las calles en cuestión no formaban parte de una ZBE, pese a que los contratos municipales describían explícitamente ese objetivo. A esto se suma la adquisición de equipamiento y señalización, valorada en 1,9 millones de euros, que ya se ha comenzado a instalar sin que exista un marco normativo que lo regule, censuran.

Amenaza de posibles medidas

El Procurador del Común, además de señalar la ilegalidad de las actuaciones del alcalde, recordó que cualquier ordenanza de ZBE debe cumplir con principios fundamentales como la participación ciudadana, la transparencia en la toma de decisiones y una sólida justificación ambiental de las restricciones. También insistió en la necesidad de evaluar el impacto económico de las medidas, prestando especial atención a las personas más vulnerables y a las pequeñas empresas.

David Fernández concluyó que el PP no está en contra de las peatonalizaciones, pero sí de las “chapuzas legales” y los “engaños” que han caracterizado la gestión del alcalde. Según Fernández, decisiones de esta magnitud no pueden tomarse sin planificación ni consulta, y mucho menos imponerse a través de decretos de Alcaldía. Por todo ello, avisó de que si el alcalde no rectifica y corrige estas irregularidades, el PP tomará todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que la futura ordenanza cumpla con la legalidad y los intereses generales de León.

El Procurador del Común ha admitido a trámite una queja presentada por alumnos de la Escuela Municipal de Música de León, que denuncian que en el centro no se están impartiendo clases de violonchelo, contrabajo, acordeón, informática musical, trompeta y clarinete por falta de contratación de profesores.

Los alumnos achacan a “las restricciones económicas anteriores a 2020” y “la costumbre y la incuria del Ayuntamiento de León” la falta de relevo a los docentes que abandonaron su puesto en las disciplinas citadas, además de uno de flauta travesera.

Habiendo ya recabado el apoyo de los grupos políticos en la oposición en el Ayuntamiento de León, los alumnos han recibido ahora la comunicación del Procurador del Común, que admite a trámite la queja y comenzará “las investigaciones pertinentes ante los órganos administrativos competentes”.

“Confiamos en que el Ayuntamiento de León provea de profesores estas disciplinas musicales, y se dé continuidad a las que se prevea que van a quedar vacantes por jubilación u otras causas. Otro proceder no se compadecería con los elogios que hacen los munícipes a la labor de los profesores y a la Escuela de Música por la trasmisión de cultura musical, y por su importante función social”, concluyen. 

El Procurador del Común de Castilla y León ha resuelto que una Junta Vecinal de la provincia de León, en concreto de la comarca de El Bierzo aunque se oculta el nombre de la afectada, debe adoptar medidas concretas para implementar una sede electrónica y garantizar el registro electrónico interoperable, en cumplimiento con las Leyes 39/2015 y 40/2015. La Resolución, del 17 de octubre de este año, refuerza el derecho de los administrados a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas, a las que están obligadas todas las entidades locales menores, recuerda la resolución a la que ha accedido este medio.

El Procurador del Común señala en referencia a una disputa que “La creación de la sede electrónica es la base del funcionamiento del modelo de Administración electrónica y todas las Administraciones locales están obligadas a implantarla, incluidas las Entidades locales menores que conservan esa naturaleza jurídica”. E incluso ha ido más allá y ha tramitado de oficio dos expedientes en los que ha pedido a las Diputaciones provinciales de Castilla y León que recuerden a las juntas vecinales “que están obligadas a constituir sus sedes electrónicas y les presten la asistencia necesaria para crearlas”. En el caso concreto la prestación del auxilio recaería en el Consejo Comarcal de El Bierzo, donde la Diputación de León tiene transferidas las competencias de juntas vecinales.

El caso: limitaciones para la comunicación telemática

Un vocal de la Junta Vecinal presentó una queja ante la imposibilidad de relacionarse electrónicamente con la entidad donde ejercía la representación, ya que no existía una sede electrónica ni un registro electrónico funcional. La Junta Vecinal alegó carecer de recursos humanos, técnicos y económicos para implementar estas herramientas, y explicó que sus relaciones electrónicas dependían exclusivamente de la sede electrónica del Ayuntamiento al que está adscrita.

La queja señalaba una vulneración del derecho de elección de los administrados en sus comunicaciones con la administración, recogido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015. Además, cuestionaba una comunicación oficial en la que se requería al vocal el uso exclusivo del correo postal, lo que contraviene el principio de preferencia electrónica establecido desde 2016.

El Procurador destacó que las Leyes 39/2015 y 40/2015 imponen la obligación de disponer de sedes electrónicas y registros interoperables para todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales menores. Resaltó también una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2019, que concluye que los miembros de corporaciones locales deben asumir la administración electrónica en sus interacciones oficiales.

Si bien la Junta Vecinal arguyó insuficiencia de recursos como causa principal de incumplimiento, el Procurador recordó que la falta de medios no exime a ninguna administración de sus deberes legales. Sugirió que esta podría solicitar asistencia técnica y jurídica a órganos superiores, como el Consejo Comarcal del Bierzo, y acogerse a ayudas disponibles para cumplir sus obligaciones.

En la resolución el Procurador pide a la junta vecinal afectada que permita la relación telemática “para hacer efectivo, entre otros, el derecho y, en su caso, deber de los administrados a relacionarse con la Entidad por medios electrónicos”. Para ello debe implementar “un registro electrónico que conecte con otras administraciones públicas”.

En el escrito que da la razón al vocal señala que hay jurisprudencia que señala que “Las Administraciones no pueden imponer el formato papel a ningún administrado, ni pueden obligarle a utilizar el correo postal para remitirle solicitudes, reclamaciones o recursos; por tanto, no puede considerarse correcta la comunicación que le fue dirigida al vocal el 16 de noviembre de 2023”, en la que le instaban a mandarlo por correo. Recuerda una sentencia del TSJ que prima los medios electrónicos pero considera que aunque no se diera ese caso “al menos debe estar en condiciones de elegir el medio de relacionarse con la Entidad (digital o papel)”. Además del Registro Electrónico la entidad debe regularlo mediante un regalmento “y, con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos, se asegure que todos los miembros de la Entidad disponen de medios electrónicos y conocen el uso de esa herramienta para ejercer sus derechos y obligaciones”.

El Procurador del Común advierte además de la ilegalidad de no cumplir con la puesta en marcha de las comunicaciones electrónicas ya que “el funcionamiento de cualquier Entidad local exige tener los recursos que garanticen el cumplimiento de los fines para los que se ha creado, de lo contrario incurrirá en un supuesto de disolución”.

La Junta Vecinal afectada tiene dos meses para aceptar o rechazar motivadamente esta resolución, que como todas las del Procurador del Común no son de obligado cumplimiento, sino una mera recomendación aunque si no la acepta pasará a la 'lista negra' de entidades no colaboradoras. Con esta decisión, la defensoría del pueblo autonómica de Castilla y León considera que “se refuerza la importancia de la administración electrónica como herramienta clave para garantizar los derechos de los ciudadanos en la interacción con las instituciones públicas”.

La resolución ha sido publicada en la web del Procurador del Común “tras la disociación de datos personales”, obviando que el nombre de una administración pública no está protegida por la ley de protección de datos personales, ocultando el nombre de la entidad local afectada, un hecho recurrente en los últimos tiempos justificado en ocasiones anteriores en no “estigmatizar” a administraciones incumplidoras.

En total esta situación afectaría a las 1.226 juntas vecinales que existen en la provincia de León, de las que 284 se localizan en la comarca de El Bierzo, según los datos del Consejo de Cuentas autonómico. En Castilla y León en total existen 2.208 entidades locales menores, con la provincia de Burgos con 643 con la segunda más numerosa después de León.

El colectivo cultural Fala Ceibe lleva al Procurador del Común sus quejas por lo que considera una dinámica “antigallega” del Instituto Leonés de Cultura (ILC), de la Diputación Provincial de León.

Su portavoz, Javier Lago, ha explicado en un comunicado que el ILC ha editado recientemente una unidad didáctica titulada 'Conociendo la lengua leonesa', dirigida a profesores y alumnado y, sin embargo, no ha hecho lo mismo con la “necesaria” unidad de la lengua gallega del Bierzo.

Además, Fala Ceibe señala que el instituto convoca subvenciones para la celebración de talleres culturales por los Ayuntamientos y Juntas Vecinales, los cuales se refieren al fomento del patrimonio leonés (lucha leonesa, bolos o pendones) pero “tampoco incluyen referencias a la lengua gallega en la convocatoria”.

Con respecto a la nueva revista de la Diputación de León, llamada 'Feje', “no aparece para nada la lengua gallega”. “Se insiste en dicha publicación que sean 'redactados preferiblemente en español', desincentivando así el uso del idioma gallego del Bierzo, insistiendo expresamente en que haya un 'resumen del contenido del trabajo en español e inglés'”, han lamentado.

Por otro lado, añaden que en la biblioteca provincial 'Domingo Berrueta' y en el bibliobús, los libros y materiales en gallego son “testimoniales”, a pesar de que Fala Ceibe donara hace años libros en gallego al bibliobús del Bierzo para suplir esta “lamentable falta”. Apuntan también que los museos de la Diputación o el de Monasterio de Carracedo, “ignoran también la presencia del idioma gallego del Bierzo”.

Así las cosas, consideran que “la Diputación de León no respeta la toponimia en lengua gallega en la elaboración de señales de tráfico, edición de folletos turísticos, mapas, carteles e indicadores paisajísticos, etc. La utilización de topónimos oficiales no impide, de ninguna manera, el uso de toponimia bilingüe también en gallego del Bierzo”.

Fala Ceibe espera que “el Procurador pida información al respecto para confirmar los hechos denunciados” y solicita a Diputación un cambio de rumbo “para cumplir así con la legislación lingüística vigente”.