Ha vuelto la acampada de Sol, ese camping metafísico donde la juventud descubre, entre una pancarta y un bocadillo de tortilla francesa, que la Historia sigue teniendo plazas libres aunque los pisos estén completos (sobre todo los soleados). Se pide vivienda digna, naturalmente, y si puede ser con sol, mejor; si no, al menos, con vistas a los sueños. Hay que reconocer que la reivindicación tiene su poesía: una buhardilla para Rimbaud, un estudio para Baudelaire, un apartamento luminoso donde Marx pueda explicar la plusvalía sin que el casero le pase el recibo.

En Sol se ha instalado de nuevo el espíritu del 68, convenientemente actualizado con teléfonos móviles y una cierta nostalgia de las revoluciones disimuladamente fallidas que otros hicieron. Los universitarios, herederos sentimentales de Sartre, Marcuse y Herbert Read, parecen convencidos de que la sociedad les debe una casa por el solo hecho de haber leído a Foucault o haber aprobado una asignatura optativa sobre Walter Benjamin. Trabajar, entretanto, es una costumbre burguesa que ya denunciaron los situacionistas, aunque Guy Debord, de haber conocido el precio del alquiler en Madrid, quizá habría dedicado La sociedad del espectáculo a las inmobiliarias.

Uno imagina a los acampados leyendo a Nietzsche bajo las estrellas, con la esperanza de que el Superhombre aparezca por la mañana y les consiga una hipoteca a tipo fijo. O a un joven hegeliano explicando que el problema de la vivienda es una contradicción dialéctica entre el deseo de emancipación y la ausencia de nómina. Todo muy profundo, muy universitario, muy de seminario con calefacción central. Porque el sueño, cuando se comparte en una plaza, adquiere inmediatamente categoría de programa político; cuando se convierte en una factura, empieza a parecerse sospechosamente a la realidad.

No seré yo quien niegue la tragedia del acceso a la vivienda, ni la obscenidad de ciertos precios indignos, ni el derecho de los jóvenes a construir una vida sin hipotecar hasta los recuerdos de su infancia. Pero hay algo enternecedor en esa vieja fe española según la cual las cosas deberían llegar por justicia poética, como en una novela de Carmen Laforet, sin necesidad de atravesar la prosa administrativa de la nómina, el sacrificio, el ahorro y el esfuerzo. Un país de poetas de plaza pública que desconfía del trabajo, pero exige que alguien construya los edificios donde alojar sus metáforas.

Quizá la solución consista en convocar a Camus, que sabía que la rebelión empieza por reconocer el absurdo; a Ortega, que habría reclamado una circunstancia menos cara, y a Unamuno, que habría convertido la falta de piso en una agonía nacional. Después podría hablar Engels, aunque esta vez convendría preguntarle quién paga la comunidad. Y, al final, que tomara la palabra Diógenes, aquel filósofo que vivía en un tonel no hipotecado y al que Alejandro Magno ofreció concederle cualquier deseo (Diógenes solo le pidió que se apartara, porque le tapaba el sol).

Los acampados de Sol piden algo más complicado: que el sol venga incluido en el alquiler. Y, a ser posible, que también haya terraza, vistas y un pequeño trastero donde guardar intacta la juventud revolucionaria. Porque hacerse mayor es descubrir que el mundo no siempre nos da lo que merecemos; hacerse adulto, además, es aprender que hasta los sueños necesitan una dirección postal…

En fin.

La Junta de Castilla y León, Gobierno conformado por el pacto de Partido Popular (PP) y Vox, asumirá al cien por cien el concepto de VPN (Vivienda de Prioridad Nacional) acuñado por los concejales del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. O lo que es lo mismo, el Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España.

De este modo, la Junta asume la condición que impusieron los dos concejales del Vox en el ayuntamiento de la capital de la comarca de El Bierzo cuando en el último Pleno se aprobó la cesión de la parcela en La Rosaleda, el barrio de Ponferrada suyo símbolo sigue siendo el fantasmal rascacielos construido en la primera década del siflo XXI, el edificio más alto de toda Castilla y León, que sigue vacío como una gigantesca alegoría de la burbuja inmobiliaria.

En aquella sesión plenaria, el Grupo Socialista en la oposición se opuso de manera frontal a la enmienda excluyente de Vox, que sí votaron a favor los dos partidos del equipo de Gobierno, PP y Coalición por el Bierzo. Su portavoz, Olegario Ramón, equiparó el concepto de “prioridad nacional” con el de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre. Recordó, además, que el plenario estaba imponiendo a otra administración, en este caso a la Junta de Castilla y León, un criterio de empadronamiento mínimo dilatado desde una Corporación municipal.

Pero la Junta ha certificado hoy que asume ese criterio. Y lo hace, confirmó Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, porque coincide plenamente con el polémico apartado de su pacto con Vox en Castilla y León en el que este último impuso su “prioridad nacional”, que el PP prefiere denominar más eufemísticamente “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

En una rueda de prensa, Carriedo aseguró que en la Junta “somos muy respetuosos” con las decisiones del Consistorio “en el ámbito de su autonomía” para a continuación insistir en que se cumplirá a pies juntillas la literalidad de su pacto de Gobierno. El apartado se denomina de “Acceso a la vivienda protegida y el alquiler social” y determina literalmente la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España”. Y acota aún más, en plena coincidencia con lo acordado por la derecha y la extrema derecha en Ponferrada: un mínimo de 10 años para compra y cinco años para alquiler. “En este criterio se va a mover la Junta de Castilla y León en este ámbito”, zanjó el portavoz, refiriéndose por tanto no sólo al caso de los nuevos pisos a acometerse en Ponferrada sino a cualquier otra construcción social de la Comunidad autónoma.

El núcleo del disturbio. La consecuencia de la barbarie. El recreo de los narcóticos. El desprecio de los caníbales. La carcajada de los utópicos. El silencio soterrado que se hace llama. La estupefacción de los sillones. El sobrevuelo sutil de las corbatas. Las oportunidades perdidas. Los recuerdos del futuro. El desencanto de los revolucionarios. Los techos de paja. La reverencia y la desgana. Los nadies, la nada. El cemento y la austeridad mientras se pudren las montañas lejanas. Reuniones, restaurantes, consultas, trabas. Lo global y lo pequeño, enredado en una trampa. Todos los fuegos, el fuego.

Escribí ese párrafo al volver de un viaje a Madrid el último día de septiembre. Para llegar al tren que me traía de vuelta a León, tuve que pasar por Sol. No vi seres peligrosos con cuchillos en los dientes ni armas arrojadizas. Vi, más bien, seres vulnerables, que apenas sobrepasaban los veinte años, y que se sabían cada vez más flaquitos, más pequeños, más agazapados y, de no poder ya más, no estallaron, sino que se juntaron en una plaza, no cualquier plaza, sino el kilómetro cero de un país que es España pero que podría ser cualquiera de lo que llamábamos el primer mundo. Un lugar en el que éramos privilegiados de base porque no habíamos nacido en medio de una guerra, por ejemplo, o no sentíamos la catástrofe continúa de la inflación o la inseguridad a la puerta de nuestra casa. Pero claro, es que esos jóvenes no tienen perspectiva alguna de conocer el significado de la palabra hogar en las ciudades donde se proyectan, si no es por el que puedan haber heredado de sus padres. Incluso había allí algunos que tenían de todo y mucho más y, sin embargo, decidieron secundar a quienes no. Las clases sociales, eso que nunca murió y que de vez en cuando sale a la superficie y hasta se puede mezclar para bien.

Cómo no recordar a aquellos que desde abajo organizaron la revuelta hace ya quince años. Cómo no recordar cómo muy rápidamente alguien tomó el liderazgo de la indignación y la convirtió en partido político. Cómo olvidar que se movieron de clase pocos años después, pero no lograron que quienes les hicieron llegar ahí, no siguieran cada vez más flaquitos, más asustados, más nadies que nunca. Cómo no temblar de desencanto si estuviste ahí donde todo se decide y ya dentro de los salones del privilegio y los coches oficiales diste ideas que no se querían escuchar porque eso cambiaría todo. El sistema. Eso que supuestamente se había ido a cambiar. Cómo no resignarse entonces al conocer la resolución fatal: que el sistema no se cambia, solo se destruye. Y esa caída suele ser agónica. 

Volví a mi casa con la ternura en la piel de esos jóvenes que han descubierto, después de una vida abocada a las pantallas de sus móviles que, sin embargo, al calor de la calle, codo a codo, se podía ser mucho más que dos. Cómo no agradecerles que traten de gritar sobre la injusticia de este descalabro. Y cómo no retorcerse por dentro al llegar a una casa propia, construida tan lejos del mundo, porque el mundo, amigos míos, este mundo infame, genera desertores de un sistema que machaca a todo el que ose señalar su vacío.

Pero ojalá que esta vez sea distinto, claro, cómo no desear, una y mil veces, que no sea tarde, que la precariedad de esta Españita nuestra se diluya en la ilusión de esos jóvenes jovencísimos que han dicho basta porque han visto que, de seguir así, solo tendrán huesos que llevarse a la boca.

A finales del verano, tiempo ya de descuento para arremangarse, quedé con una gente para tomar algo por una zona menos atestada de la ciudad y me encontré sumido en una conversación tan perversamente surrealista que no me sustraigo a la tentación de contarla.

Se empezó hablando de Ceuta, se pasó a si los países tenían que existir o no, y se terminó hablando del contrato social, ese constructo político que hace que paguemos impuestos para hacer cosas en común, sufragar gastos en común y mantener una estructura que nos aleje de la selva.

Y ahí vino el momento mágico, porque al ser cada cual de su padre y de su madre, el concepto que cada uno tenía de a quién estaba dispuesto a ayudar y de quién esperaba ayuda era completamente divergente. Lo cierto es que no había partidarios del concepto de mundo abierto y sin fronteras, pero a la hora de determinar si su solidaridad llegaba a su familia, a su provincia, a su región, a España entera o a Europa, las diferencias eran enormes.

Y entonces, alguien habitualmente sobrio y sensato, pero que aquel día se había alejado de sus propias normas, planteó la cuestión de qué podemos esperar de los demás, y por qué vamos a pagar los gastos de gente que nos odia o nos desprecia.

¿A cambio de qué le pagamos la no contributiva a ese viejo cabrón que ya era un vago borrachín desde los cuarenta y que todos conocemos? Si el que tiene dinero aporta dinero a la caja común, ya sea más o menos, ¿por qué no aporta otra cosa el que no tiene dinero? ¿No tenemos todos veinticuatro horas cada día? Pues el que no pueda aportar dinero, que aporte tiempo. La tía que me llama baboso si le miro el escote, ¿por qué espera que arriesgue el físico para defenderla si alguien la ataca por la calle?

Según este tío, que no sé si lo decía en serio o no, hemos llegado a la era del fraude: utilizar a los demás como cajero automático, sacándoles lo que se pueda y ofreciendo lo menos posible, para generar un margen de ganancia. La narrativa es lo de menos, pero el objetivo es ese.

El viejo borrachín reclama la pensión porque se le debe, el pobre entiende que su tiempo es suyo y el dinero de los demás también, y la que te llama baboso por mirarle las tetas entiende que eso es parte de su libertad, pero tú no tienes libertad de mirar para otro lado si alguien le arrea una hostia.

Todo un poco surrealista, pero me quedé pensando. Hay una corriente rara recorriendo nuestra sociedad. Algo extraño repta por ahí.

La Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convoca su concentración de los lunes para este 12 de octubre a las 12.30 horas frente al edificio de Botines en la capital leonesa, una cita en la que se guardará un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen Alcázar, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su piso de Madrid y falleció en días pasados en un hospital.

Y es que los convocantes ensalzan “la dignidad, valentía y coraje” tanto de Maricarmen como del sindicato de inquilinas como catalizadoras de un movimiento por el que “la ciudadanía indignada puso fin al silencio y la resignación por la falta de regulación a los altísimos precios de la vivienda y la prohibición de desahucio en casos de personas vulnerables”.

Asimismo, la cita servirá para hacer una reflexión “sobre la invisibilidad y maltrato a las mujeres mayores, que sufren en toda su crudeza la desigualdad y la pobreza”.

Pedro Sánchez abre la precampaña a las elecciones generales del 29N en la provincia de León en un acto multitudinario en La Térmica Cultural de Ponferrada. El presidente del Gobierno se dio un baño de masas en el bastión socialista del noroeste, con la Sala de las Calderas abarrotada, hasta el punto de que fue necesario habilitar otro espacio con pantallas para las cerca de mil personas que se quedaron sin hueco.

No eran ni las diez de la mañana cuando los asistentes se agolpaban ya a las puertas del museo berciano. Dentro, el grupo Los Flekiss se encargó de amenizar la espera tocando versiones de Estopa, Melendi o Ska-P. El acto, previsto inicialmente para las once de la mañana, comenzó finalmente a las doce. El público, de pie, recibió a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo y a la eurodiputada Iratxe García, agitando banderas del PSOE, del Bierzo, de Asturias, de España y arcoíris, en apoyo al colectivo LGTBI.

Tras un breve vídeo apelando a la movilización del voto progresista, Sánchez irrumpió en la sala al ritmo de Resistance, de Muse, arropado por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Sánchez, cercano, estrechó manos, abrazó y se hizo fotografías con los asistentes a lo largo de todo el pasillo antes de sentarse en la grada, rodeado de jóvenes, entre aplausos y gritos de “¡Pedro, presidente!”.

“Se nota, se siente la fuerza de la gente”, arrancó Sánchez ante un público entregado que había coreado ya durante la espera consignas a favor del PSOE. El presidente situó precisamente en esa “fuerza de la gente” el eje de su discurso de precampaña y lanzó un mensaje de victoria: “Por eso les vamos a ganar el próximo 29N”, aseguró, en referencia a la cita electoral del 29 de noviembre.

Y desde Ponferrada lanzó también una petición al Tribunal Supremo por otra de las batallas electorales abiertas de cara al 29N: el derecho al voto de los españoles nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos. Sánchez acusó a PP y Vox de haber presentado una denuncia para que 400.000 españoles no puedan votar en las próximas elecciones y reclamó al alto tribunal que frene lo que calificó de “intento de atropello” de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

“Nunca les gustó la Ley de Memoria Democrática”, afirmó el presidente, que defendió que se trata de españoles que ya ejercieron su derecho al voto en 2023 y 2025 y que deberían poder volver a hacerlo en 2026. “¿Es constitucional? ¿Se puede decir a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho al voto que no lo pueden volver a hacer en el año 2026 porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal?”, planteó.

Sánchez llevó entonces el debate al origen de estos nuevos ciudadanos españoles. “¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?”, preguntó. Y terminó dirigiéndose directamente al Supremo: “Yo le pido desde aquí al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal porque en una democracia el derecho al voto no se restringe, se garantiza”.

La vivienda volvió a ocupar un lugar central en su intervención, en línea con el discurso con el que el PSOE abrió el sábado la precampaña nacional. Sánchez recuperó el caso de Mari Carmen, la mujer desahuciada de su vivienda cuya muerte ha irrumpido de lleno en el debate político, y recordó sus palabras: “Que lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más”. “Vamos a honrar esa causa”, afirmó el presidente, antes de presentar la vivienda como “la causa” de esta generación: “Cada generación tiene su causa. La nuestra será la de la vivienda y la vamos a ganar como se ganan siempre las luchas, con la fuerza de la gente y con una mayoría progresista”.

El líder socialista enlazó esa reivindicación con una defensa de las políticas de su Gobierno y dirigió su discurso a trabajadores, jóvenes y mujeres, además de reivindicar las políticas de empleo y el feminismo. También volvió a situar Gaza en su intervención para defender la posición del Ejecutivo ante el conflicto y reivindicar que España reconociera el Estado palestino. Sánchez contrapuso esa actuación a la de sus adversarios y aseguró que el Gobierno progresista fue “valiente” al decir no al 5% de gasto militar que, según su intervención, se le reclamaba y sí al reconocimiento de Palestina.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, había preparado el terreno reivindicando la movilización de la militancia. “Ponferrada nunca falla, El Bierzo nunca falla, León nunca falla”, proclamó, antes de pedir disculpas por el desbordamiento del aforo y comprometerse a duplicarlo en una próxima ocasión para que nadie se quede fuera. Martínez definió el encuentro como el primer gran acto del PSOE después de las elecciones autonómicas y agradeció el respaldo obtenido por los socialistas en la provincia. “En León el cambio es posible”, sostuvo.

En su intervención también hubo espacio para el feminismo y para recordar el caso de Nevenka Fernández, que Martínez situó como referente para avanzar hacia una sociedad “de iguales” y feminista. El dirigente socialista incorporó además al discurso el fallecimiento de Mari Carmen y habló de una mujer que, a su juicio, “ha prendido una llama que nos interpela a todos”.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE de León, agradeció a Sánchez haber elegido Ponferrada para abrir la precampaña y reivindicó el apoyo histórico de la provincia a los gobiernos socialistas. “Esta es una tierra de luchadores, gente trabajadora”, afirmó antes de lanzar su pronóstico electoral: “El PSOE va a ganar las elecciones en El Bierzo, en León y en España”. También tuvo un recuerdo para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que envió “un abrazo desde su tierra”, antes de cerrar su intervención con un contundente “¡A ganar!”.

Nuria Rubio, vicesecretaria autonómica del PSOE, reivindicó por su parte sus orígenes vinculados a la cuenca minera de Laciana y utilizó esa procedencia para reforzar el discurso identitario de la jornada: “Quiero reivindicar quiénes somos y de dónde venimos. Yo, que soy de cuenca minera. ¡Somos obreros!”, proclamó ante los asistentes.

En el tramo final de su intervención, Sánchez volvió a apelar a “la fuerza de la gente que necesitamos para seguir avanzando” y planteó el próximo ciclo electoral como una disyuntiva entre el proyecto socialista y el de la derecha. “¿Queréis a Feijóo y Abascal o al PSOE?”, preguntó a los asistentes, que respondieron con aplausos y gritos a favor del presidente. El líder socialista defendió que su Gobierno ha logrado avances, aunque admitió que “queda mucho por hacer”.

Sánchez proyectó entonces su visión de España para 2030, con más vivienda protegida, un mayor desarrollo de las energías renovables y avances en la lucha contra el cambio climático. También situó entre sus objetivos la reducción del abandono escolar para ampliar las oportunidades de los jóvenes y cargó contra lo que definió como el “terraplanismo de la ultraderecha”.

“Yo pido una mayoría amplia y progresista para llegar más lejos y antes en la conquista de avances sociales”, reclamó antes de cerrar el acto con un “ánimo y a por ello”. Un final en alto ante un público entregado que no se movió de la silla hasta la una del mediodía.

Unos acusan; otros denuncian que el contrario se ha aprovechado de su sufrimiento. Mientras tanto, otra pregunta puede quedar sin respuesta: ¿Quién podía actuar y qué hizo con el desahucio de MariCarmen?.

Hay distintas formas de convertir su historia y su muerte en un arma política.

La más evidente consiste en presentar lo sucedido como prueba de la crueldad o la incompetencia del adversario. La historia de Maricarmen acaba sirviendo para demostrar lo malos que son los otros, porque las respuestas que se dan no satisfacen a todos.

Señalar al contrario

En torno a Maricarmen pueden construirse distintas explicaciones, según qué hechos se destaquen y cuáles se dejen fuera. Por eso importa comprobar qué sostiene cada acusación.

Señalar responsabilidades es necesario. Sin esa exigencia, cualquier daño podría despacharse como una desgracia inevitable. Las historias como la de Maricarmen enlazan lo ocurrido con las decisiones de las causas que le llevaron hasta ahí y qué podría haberse hecho de otra manera.

Acusar al partido contrario no basta. Hay que explicar qué podía hacer cada institución, qué hizo y qué dejó de hacer, aunque los hechos incomoden a quien acusa. En el caso de Maricarmen, exigir responsabilidades supone señalar decisiones concretas y explicar qué alternativas había.

Acusar a quien acusa

También se puede utilizar el caso para atacar a quien pide explicaciones. En vez de responder qué se hizo, se intenta demostrar que el contrario tiene malas intenciones.

La elusión de la culpa ayuda a entender cómo se intenta pasar la responsabilidad a otros para evitar el coste político de las propias decisiones. Denunciar que alguien se aprovecha de Maricarmen puede estar justificado. Pero esa denuncia no responde por sí sola a la pregunta sobre qué se hizo por ella.

Pedir respeto por Maricarmen y exigir respuestas son cosas compatibles. El respeto no debería convertirse en una excusa para impedir que se revise la actuación de las instituciones y actores políticos.

Tampoco hablar en su nombre da automáticamente la razón. Quien acusa debe demostrar lo que dice. Pedir hechos a todos no significa que todos tengan la misma responsabilidad.

Conseguir que las redes sociales se incendien

La historia de Maricarmen puede despertar dolor e indignación. Si un mensaje señala además a un culpable, ofrece alguien contra quien dirigir esa rabia. Compartirlo puede servir para apoyar a Maricarmen y atacar al adversario al mismo tiempo.

Hablar del contrario atrae atención en las redes sociales. Los mensajes sobre el grupo político contrario se comparten aproximadamente el doble que los referidos al propio.

Las palabras también cuentan. Cada palabra adicional con contenido moral y emocional supone cerca de un 20 % más de difusión. No es una receta que funcione siempre, pero muestra la fuerza que puede tener una mensaje que mezcla emoción y juicio moral.

Los datos ofrecen una pista. Una acusación puede encontrar público porque reúne emoción y alguien a quien señalar. Una explicación detallada exige detenerse en decisiones, fechas y alternativas. Y las redes sociales buscan reacciones al instante. Compartir la rabia, la indignación o el reproche mientras las preguntas siguen sin respuesta.

Qué cambia después de la indignación

Dar a conocer la historia de Maricarmen también puede ayudar a reclamar protección para otras personas. Su caso puede abrir preguntas sobre qué ayuda existe, a quién llega y quién queda fuera.

Pero si todo se cuenta como un caso aislado, sin explicar su contexto, se pierde de vista las decisiones públicas. La conversación puede quedarse en lo que le ocurrió a Maricarmen sin preguntar por qué otras personas podrían pasar por lo mismo.

Utilizar a Maricarmen para atacar al contrario es fácil. Más difícil es explicar qué se hizo, reconocer qué falló y tomar medidas para que otras personas no pasen por lo mismo. Ahí se distingue el compromiso del oportunismo político: en lo que cambia después de las palabras.

Cuando se deje de hablar de Maricarmen, seguirá habiendo personas que necesiten protección. Lo que se haga por ellas dirá más que todas las acusaciones pronunciadas en su nombre.

Maite Aurrekoetxea Casaus es profesora doctora en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation España e ILEÓN cuenta con permisos de republicación.

Los principales sindicatos de la provincia de León, Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), han convocado este viernes 9 de octubre en los centros de trabajo de la capital leonesa un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada de su casa de Madrid.

Los sindicatos han denunciado la muerte el pasado 7 de octubre en el hospital Gregorio Marañón de esta anciana, María del Carmen Abascal Martín, que fue desahuciada el pasado mes de septiembre de la casa en la que llevaba viviendo toda su vida y que era propiedad de la empresa Urbagestión. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros; una cifra muy por encima de su pensión.

“Maricarmen no debería haber sido desahuciada. No debería haber pasado sus últimos días alejada de su casa. No debería haber tenido que enfrentarse, a los 87 años, a la angustia de perder su hogar frente a quienes habían convertido su vivienda en un negocio”, ha lamen dato UGT de León este viernes.

Gran parte de la sociedad española se volcó con la causa de esta anciana, convertida en un símbolo de la crisis de la vivienda en España que afecta a los jóvenes y los sectores vulnerables como los pensionistas.

La dramática historia de Maricarmen ha provocado el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Además, los principales sindicatos han convocado una huelga general el próximo 11 de noviembre.

El portavoz popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, habla de “incapacidad” y “engaño” a la hora de valorar la política en materia de vivienda del equipo de Gobierno municipal. Lo ha hecho al recapitular lo que define como “promesas incumplidas” del alcalde, el socialista José Antonio Diez, al que insta a atender las necesidades de los vecinos en vez de practicar un “populismo de pandereta”.

“Si el balance de Pedro Sánchez en vivienda ha sido nulo en estos 8 años, el de José Antonio Diez, lamentablemente, no puede tener mejor valoración. Ya lo he dicho en varias ocasiones: Sánchez y Diez se parecen más de lo que a ambos les gustaría”, señaló Fernández al repasar los programas electorales del PSOE municipal en 2019 y 2023 hasta llegar a la conclusión de que muchas medidas “han sido incumplidas prácticamente en su totalidad después de casi 8 años como alcalde”.

Así, el portavoz del PP zanjó con un “nada” final el resultado de cinco promesas electorales: la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda Leonesa, un comité de emergencias ante riesgos de desahucios, una bolsa municipal de alquiler, así como el establecimiento de ayudas e incentivos a propietarios de viviendas vacías y un banco de suelo para la construcción de vivienda de protección oficial.

El popular va más allá al citar que el programa socialista pone “en letra roja y negrita” la “colaboración institucional para facilitar la construcción de viviendas públicas”. “Y la verdad es que el balance no puede ser más pobre”, apostilla ahora Fernández al hacer una recapitulación: “canceladas” las 370 viviendas planteadas en el cuartel de Almansa; “paralizado sine die” el proyecto de urbanización del sector de la Azucarera con 900 viviendas; “ni un solo avance” en la urbanización y construcción en suelos de Renfe y Adif tras el traslado de los talleres a Torneros; y “nada” de las 147 viviendas en solares del sector de Feve.

“Lo cierto es que podemos afirmar que José Antonio Diez no solo no ha hecho nada para mejorar el acceso a la vivienda de los leoneses, sino que además les ha engañado con promesas que nunca ha tenido la más mínima intención de cumplir tras 8 años como alcalde, 6 presupuestos aprobados y un crecimiento presupuestario municipal en estos años de un 30% en los ingresos”, apuntó David Fernández.

El elemento distintivo de la democracia es la oposición. El gobierno es componente innato hasta en las tiranías. En España hay poca pedagogía de oposición. Los últimos cien años de nuestra historia, o sea cuatro generaciones, están asaltados por sistemas desequilibrados en esta necesaria ambivalencia de libertades formales. Quizá la ilusionante etapa inicial de la Transición pueda ser el periodo que mejor conjugó la dualidad necesaria de mandar y oponer. Pero llegaron los aprendices de brujos y el contrato sociopolítico básico de la democracia se desvirtuó hasta el disparate en una y otra orilla.

Que gobernar es gobernar y oponerse es oponerse es una verdad de Pero (o Pedro) Grullo que en el imaginario de la calle se llama perogrullada, feliz ocurrencia de la genial sátira quevedesca (andarase con los pies / volarase con las plumas / serán seis dos veces tres / por muy mal que hagas las sumas). La cuestión es que el debate político está tan rebasado de insensatez que parece mentira que se eche de menos la perogrullada para encarrilarlo en las vías del sentido común.

La perogrullada opera como el zasca que pone el punto y final al remedo de grillera que no hay día que los dirigentes políticos pongan a funcionar. Viene a propósito recordar el sucedido entre los filósofos Zenón de Elea y Diógenes el Cínico, cuando el primero expuso una retórica de la inmovilidad con el ejemplo de que Aquiles nunca podría alcanzar a la tortuga. El segundo no tuvo más que ponerse en pie, echar a andar y decir 'el movimiento se demuestra andando'. Cuestión zanjada.

La ciudadanía de este país asiste inerme a una relación Gobierno-Oposición que recoge el modelo dialéctico de Zenón, de encasillamientos que impiden avanzar. Con ese comportamiento emerge toda la inmovilidad propugnada por el de Elea. Aquiles y la tortuga han sido reemplazados por la resistencia numantina de belicismo medieval en la defensa del castillo, o sea, el poder, o por el asedio sin tregua en las acometidas a la plaza fortificada. La batalla se dirime sin piedad ni respeto en el campo de los parlamentos o en la calle, o en las tribunas mediáticas. Es un malsano ejemplo de política con obsesiones feudales de señoríos con derecho de pernada y levas reclutadas a la fuerza en el banderín de enganche de las redes sociales.

Toda obsesión impide visiones panorámicas. Se encela en lo angosto y oposita con éxito a la frustración colectiva. El poder se convierte de este modo en palanca de fin en sí mismo y, como tal fin, atención: perogrullada… justifica los medios.

Dos caras de una misma moneda

Lo avancé al principio. La reciente historia de España constata no estar duchos en el rol de la oposición. Obvio –sinónimo de perogrullada– que tiene que confrontar, a veces, con modales abruptos. Esto de la política tiene dosis de salón versallesco y hay que guardar formas y cortesías, pero también de cuadrilátero con doce cuerdas. La hermandad siamesa Gobierno-Oposición de las democracias tiene que poner el foco en los asuntos, no en las personas. Viene a cuento una frase atribuida a diferentes portavoces. De quien primero la leí fue de Jules Romain. Esta es la cita: 'La gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas, la gente mediocre habla de gente'. Buena brújula para orientar la calidad del debate parlamentario. Y aún así, la calificación de mediocre parece amable, cuando del hemiciclo, de la calle y de los medios se ha enseñoreado el insulto personal por bocazas encantados de haberse conocido en tan miserable cometido.  

En España se da por cierto que Oposición es una especie de dádiva de trigo en graciosa beneficencia. No, de ninguna manera. Es la otra cara de una misma moneda. La que equilibra al cincuenta por ciento las posibilidades del cara o cruz. La vigilante del poder que cae en manos de los gobiernos con ínfulas omnímodas. Recibe el reconocimiento de leal porque se le supone lealtad no solo a su electorado, sino al de todo el arco político, como el gobierno, pero con el matiz decisivo de ser propositiva y no ejecutiva. Oposición no es sinónimo de años sabáticos. No puede ni debe eludir el juicio, la crítica y el peso específico de sus logros y carencias en el acto de votar. Está obligada, como los gobiernos, al por sus hechos (y dichos) los conoceréis.

Encuadré esta columna en la dialéctica entre Zenón y Diógenes. La perogrullada del cerrojazo al asunto a esa dialéctica sin fruto posible, ha calado en la protesta ciudadana contra la incompetencia manifiesta de Gobierno y Oposición, en la insuficiencia sangrante para una generación que implica el imposible acceso factible a la vivienda. Ha tomado lo que es la tercera cámara parlamentaria: la calle. Aquí el debate torna a ultimátum. De ahí el enorme peligro de no cogerle el pulso desde el poder político. 

Gobierno y oposición, necesario repetirlo, son la proa de la democracia. Se han sometido a una irresponsable, ojalá no sea irreparable, confrontación de personas y no de asuntos. Han ignorado que las libertades son razón de ser para ambos. Pero han desatendido el embrión de esa libertad que supone la emancipación en su más diáfano testimonio: una vivienda digna.

Reactualicemos lo suficiente a Pero Grullo.

Varios colectivos de izquierdas convocan una concentración bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada este jueves, 8 de octubre, a las 19.30 horas.

Las estructuras bercianas de Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras, así como Podemos Ponferrada, Alianza Bierzo Cabrera y El Bierzo Antifascista figuran en el cartel como convocantes de la protesta.

“El problema de la vivienda nos afecta a todas y todos, nuestras casas tienen que ser para vivir, no para especular”, señalan a través de las redes sociales las organizaciones convocantes, que enfocan el problema tanto desde el ámbito comarcal como desde el nacional.

Y es que la movilización social levantada por las dificultades de acceso a la vivienda ya ha desencadenado una convocatoria de huelga general (11 de noviembre) y de elecciones anticipadas (29 de noviembre) en España.

Os traslado una charla con gente que sabía más que yo. A mí, al menos, me ha ayudado a aclarar algunos conceptos.

Si tienes un piso, por el motivo que sea, y lo puedes vender en 200.000 euros, o lo acabas de comprar por ese precio, la tarifa de alquiler tiene que ser 825 euros al mes, o te vas a la mierda. Ese es el precio absolutamente mínimo, y esta es la única manera de calcular los alquileres intentando ser justo y que puedan cerrarse tratos. Así me lo plantearon.

De esos 825 eutos tienes que pagar los impuestos, los gastos de mantenimiento, y la probabilidad de que algún inquilino te salga rana. Si suben los impuestos, los gastos de mantenimiento, o la probabilidad de que la gente no te pague, el 5% inicial hay que pasarlo a un 6% o incluso a un 7%. Por eso se da la paradoja de que los edificios antiguos hay que alquilarlos más caros que los nuevos. Porque necesitan más mantenimiento.

¿Pero qué pasa cuando los pisos nuevos están a 300.000 o a precios mayores? Pues que el 5% es también una cantidad elevadísima que la gente no puede pagar. Y lo peor de este modo de hacer las cuentas es que me lo pasó alguien que quiere que se construya vivienda pública de alquiler.

Ese es mi último punto: la vivienda pública de alquiler se debería alquilar al 3 % de su valor de mercado, pues el Estado no se cobra impuestos a sí mismo. Pero la condición necesaria para ello es el desahucio draconiano de cualquiera que no pague, independientemente de las causas, y la dureza extrema y radical con los daños a los inmuebles, cobrándolos por embargo fiscal ejecutivo (Hacienda se hace cargo de esas deudas) o incluso penas graves de cárcel. Hay países donde se hace eso, pero aquí no parece que estemos preparados para ello.

Por ejemplo, no sé si es cierto o no, pero ya he oído a mucha gente distinta que dejar de pagar un piso público en Viena te puede dejar en la calle, con lo puesto, y bajo la nevada. En el día. Y que los mismos que te echan te llevan a un albergue, desde el que puedes iniciar las reclamaciones que quieras.

No, no estamos preparados para eso. Pero es la solución que va quedando...

El Ayuntamiento de Riaño (León) ha aprobado la creación de un Banco Municipal de Oferta y Demanda de Vivienda con el objetivo de conectar a propietarios de inmuebles vacíos con personas interesadas en residir en el municipio, una iniciativa con la que la localidad leonesa busca hacer frente a uno de los principales obstáculos para fijar población en las zonas rurales: la falta de vivienda disponible en alquiler.

La medida, aprobada en el último pleno ordinario y desarrollada en colaboración con los Centros de Acción Social (CEAS) de la Diputación de León, pretende actuar como intermediaria entre quienes disponen de una vivienda sin uso y quienes buscan un hogar para establecerse en el municipio, ya sea de forma permanente o temporal.

El Consistorio considera que la escasez de inmuebles accesibles se ha convertido en una paradoja en muchos pueblos de la montaña leonesa, donde existen viviendas cerradas durante gran parte del año mientras familias, trabajadores y nuevos residentes encuentran dificultades para acceder a un alquiler.

Según la información difundida por el Ayuntamiento, el nuevo banco municipal ofrecerá además servicios de información y asesoramiento legal tanto a propietarios como a demandantes, con el fin de aportar seguridad a ambas partes y facilitar la formalización de contratos.

La iniciativa permitirá registrar distintos tipos de alquiler. Entre ellos figuran viviendas habituales para todo el año, alquileres de larga duración, arrendamientos temporales vinculados a motivos laborales y la puesta en uso de inmuebles turísticos durante la temporada baja.

Como primer paso, el Consistorio celebrará próximamente una jornada informativa para explicar el funcionamiento del banco de vivienda, resolver dudas y animar a los propietarios a incorporarse al proyecto. Además del servicio de intermediación, el programa contempla apoyo para la búsqueda de ayudas y recursos disponibles, así como orientación jurídica sobre alquileres y cesiones de uso.

En plena reflexión del presidente del Gobierno sobre si mañana convocará Elecciones Generales tras haber votado en contra el PP, junto a Vox y Junts, de los dos decretos de vivienda dedicada al alquiler, el Partido Popular de León ha cargado este fin de semana contra la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber dejado a la provincia “sin un solo piso iniciado” de los cientos prometidos durante los ocho años de mandato socialista.

La formación ha puesto como ejemplo más reciente la decisión de “no utilizar” los terrenos del cuartel de Almansa, en la ciudad de León, para levantar más de 370 viviendas asequibles en suelo del Ministerio de Defensa, una de las piezas clave del plan estatal para dotarse de suelo finalista.

“La última muestra es la decisión de 'no utilizar' los terrenos del cuartel de Almansa, en la ciudad de León, para levantar más de 370 viviendas asequibles en los terrenos de Defensa, una de las propuestas que utilizaba el Gobierno para dotarse de suelo finalista”, critican los populares en una nota de prensa. 

“Esta propuesta, ahora descartada, ya formaba parte del acuerdo alcanzado por el PSOE con la UPL en 2019, acuerdo 'bendecido' por el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y que abrió la puerta al acuerdo de gobierno en la Diputación que se mantiene vigente pese a los reiterados incumplimientos”, continúa el comunicado. 

“Ni siquiera la nueva entidad creada, Casa47, dependiente del Ministerio de Vivienda, para poner en el mercado vivienda asequible tiene en cuenta las necesidades de los leoneses ya que ”no oferta ningún piso“ en la provincia ni ha promovido todavía ninguna promoción, pese a los anuncios de 60 viviendas en Valverde de la Virgen que, por el momento, 'están en diseño”, remachan.

Desde el Ministerio se alegan “diversas afecciones de gestión urbanísticas y de titularidad que impedían su desarrollo urbanístico a corto plazo”, una explicación que los populares consideran insuficiente ante la crisis de acceso a la vivienda.

“La Junta sí apuesta por viviendas de alquiler”, según el PP

“Esta es la realidad: la Junta apuesta por la promoción de viviendas sociales, por facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes a través del alquiler en viviendas públicas y por medio de ayudas directas para los menores de 40 años, mientras que el Gobierno, en ocho años, no ha puesto encima de la mesa nada más que promesas”, remarcan desde el partido.

Para ilustrar lo que consideran diferencias de modelo, los populares han puesto el ejemplo de dos edificios gemelos en Astorga, las antiguas viviendas de los camineros. Uno de ellos, propiedad de la Junta de Castilla y León, recibió una inversión de 1,2 millones de euros para recuperar las viviendas para alquiler joven, que ya están ocupadas.

El otro edificio, propiedad del Gobierno central, “sigue igual, sin restaurar ni adecuar y, lo que es peor, sin proyecto para ello”, denuncian desde el PP, que considera que este contraste resume la distinta prioridad que dan ambas administraciones a la vivienda social.

Más de 400 viviendas 'autonómicas' en la provincia

Frente a lo que califican de 'ausencia' del Gobierno, el PP de León destaca la apuesta de la Junta de Castilla y León en los últimos años para dotar a la provincia de vivienda asequible, con la promoción de más de 400 viviendas para venta y alquiler, algunas de las cuales se van a “poner en el mercado” en breve, como dos promociones en la ciudad de León.

A esto se suma el impulso del programa Rehabitare, que favorece la recuperación de inmuebles de titularidad pública en el medio rural, una línea de trabajo que los populares reivindican “como prueba de que sí existe una política de vivienda en la Administración autonómica”.

La mayoría de las personas tienden a pensar que los antiguos eran menos inteligentes y más zafios que hoy en día, pero la realidad histórica muestra obstinadamente una y otra vez que no fue así. La mayoría de los problemas que acucian la vida de una persona se solventan desde antaño con soluciones que han ido cuajando en nuestra sociedad, quizá con otros nombres distintos y, a veces, mejoradas por los pensadores que han ido apareciendo a lo largo del tiempo.

Es evidente que los hombres del medievo no contaban con la tecnología futurista del siglo XXI. Y eso sin hablar del advenimiento de la inteligencia artificial que se está produciendo. Pero cuando tenían que resolver problemas serios tenían la herramienta más potente de la humanidad: el cerebro humano. Pensar, el homo sapiens ha pensado mucho –y bien– a lo largo de los siglos. Ya los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes e incluso Arquímedes discurrieron hace 2.500 años sobre cómo se debía vivir con ética y gestionar la vida de la ciudad con la política [palabra que significa originalmente 'las cosas de la ciudad'] y crear leyes para mejorar la felicidad humana. Los filósofos romanos como el estoico (e hispano) Séneca, o los cristianos como Agustín de Hipona, o Juan Escoto Eriúgena, o Isidoro de Sevilla –sin olvidar a los andalusíes Abbás Ibn Firnás e Ibn Masarra– habían debatido sobre todos los asuntos de Dios y los hombres antes de que llegaran el hebreo hispano Maimónides o el famoso musulmán andalusí Averroes. Pensar, lo que se dice pensar, los antiguos pensaban tanto y de forma tan lógica (y muchas veces correcta) que hoy en día seguimos estudiándolos para aprender de ellos.

Y para ciertos problemas hay que pensar mucho, sobre todo en una época como el medievo en la que los eruditos afirmaban que “la Ley, cuanto más antigua, mejor”. Aún hoy en día le damos más valor a ciertas tradiciones del pasado que a las actuales, sobre todo a la hora de afrontar la legislación de ciertos asuntos espinosos; pero cuando el problema se vuelve tan difícil que los nobles llegan a arrancar las puertas de los comerciantes y artesanos atraídos por el rey para dar nueva vida y pujanza económica a una ciudad que ellos mismos habían abandonado cobardemente tras ser arrasada por el enemigo... las leyes viejas dejaban de funcionar y había que volver a pensar para crear una legislación innovadora que solventara este tipo de peligrosas tensiones.

Y así estaban por el año mil los caseros y los inquilinos en el Reino de León. Cuya capital intentó solventar un problema de 'okupas' –aunque hace un milenio no se usara ese término, de ciudadanos que vivían en los solares de otros que los querían recuperar–, que se le había ido de las manos al rey Alfonso V, al que conocieron como el de los Buenos Fueros. Había prometido a proteger a los habitantes de casas construidas ilegalmente sobre terrenos que eran de otros tras prometerles el oro y el moro en derechos que les permitirían mejorar su miserable vida, con tal de que reconstruyeran la abandonada y destrozada ciudad.

¿Pero cómo se llegó a aquella tensión entre propietarios e inquilinos que obligó a pensar la pionera solución de redactar una Ley para garantizar 'la Paz de la Casa' nada menos que entre 1017 y 1020?

La destrucción de León por Almanzor

El caudillo andalusí Abu Amir Muhammad ben Abi Amir, en la historia conocido por Almanzor [de Al mansur, que significa 'el victorioso' en árabe], fue el culmen (el prime dirían hoy los más jóvenes) del poder del Califato de Córdoba. Durante casi un cuarto de siglo arrasó los reinos cristianos peninsulares en 56 campañas entre los años 977 y 1002, conquistando y saqueando Barcelona, Pamplona, Burgos y hasta Santiago de Compostela. La capital del reino legionense tampoco se libró y en 994 León cayó tras un largo asedio, y su ejército la asoló por dentro.

“Entonces el único estado [medieval] capaz de sostener con cierta igualdad de condiciones el perpetuo duelo de fuerzas [entre cristianos y musulmanes] que se había convertido en una tradición a lo largo de la décima centuria era el Reino de León”, indica la historiadora Margarita Torres-Sevilla en su libro Las batallas legendarias y el oficio de la guerra.

El caudillo amirí ejecutó una destrucción absoluta del interior de la ciudad, salvo la Catedral prerrománica (era muy supersticioso) y “ordenó que las puertas romanas de la misma fueran demolidas por completo, y las torres de la muralla desmochadas”, según indica la medievalista que dicen las crónicas.

La leyenda dice que arrasó las murallas, pero solo viendo la potencia de su construcción romana (con cinco metros de ancho en los lienzos y otros siete de avanzada por cada torre, completando un máximo de 12 metros de muro de cal y canto), lo más lógico es que en las dos semanas que podía estar en la zona cristiana antes de volver al califato destrozara las puertas concienzudamente y el interior de la ciudad, escapando despavoridos sus habitantes y los dueños de los solares.

Almanzor seguiría amenazando al reino cristiano, volviendo a asediar la urbe legionense (esta vez más como campamento militar que como ciudad propiamente dicha) y arrasando su alfoz y las villas de alrededor hasta su muerte en 1002. Su hijo Abdelmalic el Muzáfar continuó sus algaradas hasta ser asesinado en el año 1008, cuando el futuro rey Alfonso V era un niño de unos diez años y la reina madre Elvira lidiaba, como regente, contra moros y cristianos... y frente a unos nobles que pretendían aprovecharse de la situación de debilidad del trono.

En esas condiciones de miedo y absoluta inseguridad, los antiguos propietarios de los solares en la ciudad amurallada por la antigua Legio VII Gemina romana la habían abandonado por completo.

Pero una fortificación así no se deja abandonada para siempre, no fuera que la tomara un enemigo de la monarquía leonesa. En cuanto Almanzor se retiró a Córdoba, el rey Vermudo II de León volvió con una mesnada para reparar de urgencia las puertas. Una muralla de ese calibre es perfectamente defendible durante días ante un ejército de dos mil soldados (uno bastante grande para la época) con unos doscientos hombres armados. Pero para mantener soldados se necesita pan, ganado, herreros, tejedores, zapateros, carpinteros y toda clase de artesanos. Así que, intentando no perder el bastión militar más importante que podía mantener la dinastía astur de la monarquía leonesa (pese a haber sido vencidas las murallas de la legión romana eran las más imponentes de la península y no se podían abandonar así como así), comenzó una política de repoblación clara por parte de la monarquía, prometiendo protección y privilegios en forma de derechos a los manufactureros que se censaran allí.

“En relación a la ocupación de la tierra, debemos tener en cuenta que nos situamos en el contexto del fenómeno conocido como repoblación, el cual comienza con las primeras expansiones del reino asturiano y continúa hasta el traslado de la capital a la ciudad de León en los primeros años del siglo X. Del proceso repoblador, ampliamente estudiado, nos interesa en este caso aquello que lo relaciona con el territorio leonés del Fuero. Sabemos que uno de los motivos de la redacción del Fuero, tal como dice la propia carta foral, es precisamente el intento de Alfonso V de reorganizar el territorio después de los ataques musulmanes sufridos por la ciudad de León en tiempos de su padre. En el año 1003, en la venta de una corte que se encuentra junto al arco de Puerta Obispo, se alude expresamente a la destrucción de la misma por las devastaciones causadas por los musulmanes en la ciudad de León”, expone el profesor José María Santamarta Luengos en su artículo 'Aspectos Económicos en la Época del Fuero de León' en el libro El Reino de León hace mil años: el Fuero de 1017, editado por el Instituto de Estudios Leoneses.

Una vieja ciudad con nuevos habitantes

Así, de facto, la urbe legionense se fue reconstruyendo por dentro, edificando nuevas casas en los solares de otros, los propietarios que, o bien ocupados por la guerra, o bien protegidos en sus señoríos de la montaña, no prestaban la atención debida a sus bienes a una ciudad que consideraban insegura... mientras la monarquía leonesa otorgaba protección a los repobladores.

José Luis Gavilanes Laso, en el artículo 'En torno al decreto XXI' (del Fuero de León) en el mismo libro se pregunta quiénes eran los dueños del suelo, y expone que dos fueros emparentados con el de León, los de Castrocalbón y Rabanal, los identifican como seniores villae o con el qui villa tenerit (el tenedor), pero en estos casos era un solo poseedor mientras que en la urbe legionense la situación era diferente y no había un señor único antes de la destrucción de Almanzor. “Con motivo de la repoblación del siglo IX el suelo había sido repartido entre un número bastante elevado de populatores”.

¿Pero cómo repoblar con artesanos para hacer de la ciudad un lugar dinámico y de producción, que era el objetivo de la monarquía asturleonesa? Pues transformando el estatuto de los artesanos rurales y de los siervos fugitivos y haciendo de ellos hombres libres. “Efectivamente, estos, a su llegada, no encontraban probablemente tierras vacantes en esta antigua ciudad. El suelo pertenecía a los domini soli que solo lo cedían en ciertas condiciones: la de un arrendamiento a cambio de un censo, en el caso de los más indigentes, y no de un simple alquiler”, señala Laso.

Y de ahí los problemas. ¿Dónde vivían los repobladores? En casas nuevas o reconstruidas, posiblemente hasta por ellos y su familia... en solares dentro de la ciudad... que pertenecían a los otros propietarios que salieron corriendo de la urbe cuando el demonio Almanzor desató el infierno en la Tierra. Que no volvieron a reclamar lo suyo hasta que estos nuevos ciudadanos habían vuelto a poner en pujanza y en valor la ciudad amurallada al reconstruirla urbana y económicamente.

Los problemas debieron comenzar en cuanto murió asesinado a comienzos de 1009 el último hijo de Almanzor –Abú al Mutarrif, más conocido como Sanchuelo por su madre, una princesa cristiana del Reino de Pamplona– y el Califato de Córdoba dejó de atacar al entrar en una fitna [una definición de 'guerra civil' en árabe] que lo colapsó hasta provocar su desaparición en 1031. Entonces, los nobles propietarios fueron bajando de las montañas para reclamar lo que era suyo, creando una situación muy difícil para el rey Alfonso y su madre Elvira: habían prometido defender a los repobladores, pero tenían que lidiar con las reclamaciones de la nobleza sobre lo que era suyo.

Arrancar las puertas para echar al vecino

La tensión debió ser muy alta, porque hay descripciones de la época de entradas en los huertos de las casas para robar la cosecha y de hasta llegar a arrancar las puertas de los edificios que se habían construido, con los habitantes dentro para dejarlos desprotegidos. Los propietarios, nobles señores de la guerra con mesnadas armadas a su cargo, no se andaban con chiquitas en la Edad Media.

El que fuera presidente del Gobierno de la República en el exilio, el erudito Claudio Sánchez Albornoz, explicó el motivo de esta notoria salvajada en su afamado libro de 1965 Una ciudad de la España cristiana hace mil años, que se refiere precisamente a León y en el que explica la vida de sus habitantes sobre el año 1000. Aunque ya muy sobrepasado su trabajo por las nuevas investigaciones históricas durante más de medio siglo, de esta hoy curiosísima práctica –que cree anterior a la legislación del Fuero de León–, apunta datos interesantes: se producía al inicio legalmente por parte de los sayones [los emisarios del rey] porque la gente pobre que tenía deudas por multas (la más común era descubrir que engañaban con el peso del pan que vendían) no tenían nada más de tanto valor.

Pero pronto los nobles verían esa táctica punitiva como algo muy práctico para animar a los inquilinos a que desalojaran los nuevos edificios, y comenzaron a mandar a sus hombres a hacer lo mismo. Y, mientras, el joven rey debía mantener su palabra de proteger a los laboratores que sostenían el nuevo impulso de su capital.

Tras varios años de disputas, y posiblemente con órdenes de palabra para evitar la violencia ejercida contra los repobladores intentando cumplir las promesas que atrajeron a la nueva población que sufría esos abusos, convocó en julio de 1017 una Curia Regia (una asamblea de notables eclesiásticos y nobles).

Su intención era consolidar las nuevas normas redactando una nueva legislación, porque los nuevos problemas no se podían solventar con la que se creía hasta entonces la mejor ley por ser más antigua. El Liber Iudiciorum, el códice de la Lex Visigothorum, tenía casi cuatro siglos y tuvieron que reconocer que no funcionaba del todo bien y había que ampliarla añadiendo más preceptos que solventaran los problemas que se habían creado en aquella situación excepcional. El Fuero de León se convirtió así en el primer texto legal del mundo medieval con derechos ciudadanos, un claro desarrollo del delito de iniuria por allanamiento del Derecho Romano.

A la fuerza ahorcan.

Solución número uno: la casa más importante que el solar

En el libro de actas del Congreso Científico del Fuero de León en su Milenario (2017) sobre La Ciudad de León y su derecho, su coordinador, el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid Félix Martínez Llorente, apuntó la doble naturaleza del texto del Fuero Legionense –que no se sabe todavía del todo bien si fue escrito de dos veces, una para los preceptos generales del reino en 1017 y otra para los locales, en 1020– y explica en su artículo académico las medidas para estimular la repoblación y asentamiento.

Y esto es fundamental para entender que los legisladores legionenses medievales intentaban proteger al inquilino de que le echaran de su domicilio; aunque fuera considerado un huésped ilegítimo por los dueños del solar. Lo que hoy –en un presentismo divulgativo para poder mejor entender el pasado, aunque no se pudiera definir correctamente así con el pensamiento medieval– llamamos claramente un 'okupa' o, más bien, un 'inquiokupa'.

Así, Martínez Llorente describe que “los preceptos XXVI a XXVIII [del 26.º al 28.º] abordan aspectos relacionados con la repoblación de la ciudad, tras la desaparición de Almanzor (1002), principalmente de aquellos numerosos problemas surgidos por la colonización de tierras y solares incluidas en el perímetro urbano deshabitadas como resultado de la huida de sus propietarios y que son reclamadas con posterioridad a su revitalización”.

Es mejor que el erudito historiador del Derecho, lo explique con su propio texto, porque es meridianamente clara la intención del Fuero de León, de proteger al inquilino:

“En el decreto XXVI se regula el caso de la persona que construye ilícitamente en solar ajeno y con posterioridad apareciere el propietario exigiendo su derecho sobre dicho suelo.

El fuero distingue entre dos tipos de pobladores. En el precepto antedicho (XXVI) si el poblador no fuese caballero –esto es, no dispusiese de caballo o asno– se le darán facilidades para que pueda conservar su casa o casas erigidas, no exigiéndosele el derribo de lo construido –ni tampoco podrá ser obligado a vender la casa, ni ser coaccionado en su construcción, ni se le conminará a tomar señor–, y estableciéndose a cambio la obligación de abonar al dueño del solar anualmente una cantidad en especie, en concepto de renta, consistente en 10 panes de trigo, media cañadilla de vino y un lomo bueno.

Se hace prevalecer, pues, la propiedad de la casa frente a la del solar –por razones puramente repobladoras–, de manera contraria a lo exigido por el derecho romano-visigodo, del que viene a perfilarse como una novedad especial o foral.

El dueño del solar no podía adquirir aquel inmueble construido sobre su propiedad por el repoblador salvo que éste, voluntariamente, no accediera a ello. En este caso el Fuero de León establece el procedimiento a seguir: dos cristianos y dos judíos deberán tasar el precio del bien, disponiendo de derecho de retracto el dueño del solar; si éste no lo ejerciese por lo tasado, el repoblador podrá venderlo a quien quisiese, pero si el propietario del solar aceptase quedarse con ella, se corroborará el acuerdo con un 'alboroço' (comida o brindis entre los contratantes que sella el acuerdo).

Por el contrario, en el decreto XXVII se regula el caso de que el repoblador que erige casa en solar ajeno fuere un caballero; un 'miles': propietario de caballo con arnés. En esta ocasión, el repoblador estará exento de abonar renta alguna al dueño del solar –en concreto, el 'nuncium'–, permutándose por la prestación de un servicio de carácter nobiliario personal: acompañarle dos veces al año a la 'junta' o asambleas políticas y judiciales –celebradas habitualmente fuera de la ciudad de León, en el alfoz–, pero solo por un día, regresando a la conclusión a su domicilio. En cualquier caso el miles propietario podía vender la casa de idéntica manera y con las mismas condiciones a como veíamos acontecía en el caso anterior.

Si en lugar de caballo el miles dispusiere de asnos –precepto XXVIII–, la prestación a la que estará obligado con el titular del solar será la de cederle dos veces al año dichos semovientes, pero con la limitación de siete entregados para su disfrute por una única jornada, debiendo retornar a sus manos concluido el día. El dueño del solar estará obligado a sustentar al repoblador –del que se reafirma su libertad de elegir señor– y sus asnos en tanto ocupen la casa. Igualmente, a la hora de su venta, se seguirá idéntico procedimiento enunciado en los casos anteriores.

Solución número dos: inviolabilidad del domicilio (la Paz de la Casa)

Observando desde la atalaya del presente, habiéndose desarrollado mucho más el Derecho durante mil años, se puede ver claramente que una de las intenciones del Fuero de León es intentar resolver estas disputas y las prácticas abusivas de los propietarios. En él se encuentra claramente legislado el primer atisbo de la Inviolabilidad del Domicilio –en la Edad Media hispánica se llamaba a este principio 'La Paz de la Casa'– en la Historia Legislativa mundial.

En primer lugar, se garantizan cosas para los repobladores tales como la libertad de residencia. El precepto número XXII (22.º) lo deja meridianamente claro: “Establecemos también que la ciudad de León, que fue devastada por los sarracenos en los días de mi padre el rey Vermudo, sea repoblada por estos fueros suscritos y que jamás sean violentados. Mandamos pues que ningún junior, tonelero, tejedor que venga a morar a León sea sacado de aquí”. Y lo segundo, da la excepcional oportunidad a los siervos de ser hombres libres si vienen a vivir a la ciudad y sus señores no los reclaman, asegurando en el siguiente precepto que “del mismo modo no sea sacado de allí ni sea dado a alguien”. Esto cambiará muchas cosas en las relaciones entre los señores y su campesinado de cara al futuro.

Una vez garantizada la seguridad personal de los repobladores de no poder ser expulsados de su ciudad, llega el momento de asegurar 'La Paz de la Casa', que se hacía extensiva a los huertos particulares. En el precepto XXXIX (39.º) se dicta: “Al huerto de un hombre no vayan el merino o el sayón contra la voluntad del dueño del huerto para sacar algo de allí, a no ser que no fuese siervo del rey”. Una inviolabilidad que se certifica directamente en el XLII (42.º): “Y mandamos que ni el merino ni el sayón, ni el dueño del suelo, ni algún señor entren en la casa de algún hombre que viva en León por caloña [multa] alguna...”

¿Y qué pasó entonces con aquella brutal práctica de arrancar puertas?

Pues que ese mismo cuadragésimo segundo precepto termina con “...ni se quiten las puertas de su casa”. Si se prohíbe hacerlo a los alguaciles del monarca con el mandato de hacer cumplir su autoridad, está bastante claro que eso era un aviso para navegantes: los nobles también tenían que dejar de presionar a los inquilinos de esa manera si querían conservar el prestigio ante el rey y no provocar sus iras molestando a los ciudadanos a los que prometía protección.

Ejemplo milenario para garantizar el derecho a dormir bajo techo

Pese a que los hombres del siglo XXI miramos a la Edad Media como un lugar atrasado y bárbaro, la cuestión es que no era tan así si un joven rey frenó de esta manera a los legítimos propietarios de los solares para proteger a los habitantes de las casas que se habían construido 'ilegalmente' en ellas. Se tiende a pensar que era una época atrasada, y ciertamente lo era comparando la tecnología y los avances que tenemos hoy, pero en cuestión de pensar en resolver los problemas sociales y vitales no eran estúpidos precisamente: el Fuero de León demuestra ser una legislación pionera, y no solo para su tiempo hace mil años. En realidad el medievo fue una época de avance de derechos ciudadanos... mientras que la Edad Moderna lo fue de regresión, ya que fue el momento en que los reyes se convirtieron en monarcas absolutos.

¿Y significó que se acabaron las disputas entre los propietarios de los solares y los habitantes de las casas? Pues no. Si a día de hoy ha resultado del todo imposible frenar una mala relación con el casero, está claro que el Derecho Foral Legionense –que fue el modelo para todos los demás fueros de los reinos de Hispania como el de Pamplona entonces y después los de Aragón, que nació del de Navarra, y Castilla y Portugal, que nacieron del de León– no fue la panacea; aunque sí sirvió como base para garantizar hoy unos derechos ciudadanos básicos en toda democracia occidental como que nadie entre en casa ajena sin permiso; ni siquiera el propietario que la arrienda.

Lo de que bajen los alquileres y haya vivienda a precios dignos para todos, está claro que ni la legislación más avanzada lo ha resuelto todavía. Todos los inquilinos de hoy esperan ver cómo resultan los nuevos decretos del Gobierno tras el caso Maricarmen, pero tiene toda la pinta de que no van a conseguir efectos tan pioneros como los del milenario Fuero de León si lo pudiéramos saber dentro de otros mil años.

Más de 1.500 personas han desafiado este sábado la lluvia para salir a las calles de León y reclamar medidas que garanticen el acceso a una vivienda. La manifestación, convocada por la Asamblea Vivienda León, ha partido de la plaza de Guzmán y ha recorrido el centro de la ciudad hasta San Marcelo bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio', en una jornada marcada por el rechazo, apenas 24 horas antes, de los dos decretos de vivienda en el Congreso. La lluvia ha comenzado a caer de forma notable justo cuando ha comenzado la protesta.

La movilización ha trasladado a León el clima de protesta que se ha extendido por distintas ciudades españolas en las últimas semanas. El detonante más reciente ha sido la caída en el Congreso de los dos reales decretos-ley que incluían medidas de protección para personas vulnerables ante determinados desahucios, prórrogas de contratos de alquiler y otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. PP, Vox y Junts votaron en contra de las normas, que finalmente no fueron convalidadas.

Durante el recorrido se han escuchado gritos contra el sector inmobiliario, así como contra el Gobierno y su gestión: “Gobierno responsable, rentistas culpables”, “Contra la especulación, expropiación” o “No toleramos ni un desahucio más”.

“La vivienda no es una mercancía”

Al finalizar el recorrido se ha leído un manifiesto en el que la Asamblea Vivienda León ha puesto el foco en el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en la misma casa y cuyo caso se ha convertido en uno de los símbolos de las recientes movilizaciones por la vivienda. El colectivo considera que su situación, junto con la de otras personas afectadas por desahucios, evidencia la dimensión social del problema.

El texto sostiene que la vivienda funciona actualmente “como una mercancía”: las casas se compran, venden y alquilan con el objetivo de obtener rentabilidad mientras las personas que necesitan una vivienda encuentran cada vez más dificultades para pagarla. Además vincula esta situación con el encarecimiento de los alquileres, los desahucios, el endeudamiento y el retraso en la emancipación de los jóvenes.

La Asamblea ha puesto un ejemplo concreto sobre la situación en León: según sus datos, dos de cada tres jóvenes destinan más de un 40% de su salario al alquiler, una situación que, a su juicio, se produce en un contexto de subida de los precios de la vivienda y de salarios que no han evolucionado al mismo ritmo.

Críticas a las administraciones y llamamiento a organizarse

El manifiesto leído durante la marcha también dirige críticas a la Junta de Castilla y León, a la que acusa de no desarrollar las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda y de no declarar zonas tensionadas, “Queremos denunciar públicamente la inacción, la dejadez y el boicot ideológico de la Junta negándose a declarar zonas tensionadas, a perseguir la especulación y el descontrol de los pisos turísticos y a ampliar el parque público de vivienda social ”.

La organización ha defendido además la necesidad de ampliar el parque público de vivienda social, limitar la especulación y abordar el impacto de los pisos turísticos. Su planteamiento pasa por considerar la vivienda como un derecho fundamental y no como un activo destinado prioritariamente a generar rentabilidad.

“El problema no puede reducirse simplemente a que 'faltan viviendas' ”, señalan en el manifiesto para criticar que la propuesta de “Construir más casas no garantiza el acceso a ellas”. Por ello señalan que “la cuestión es quién tiene la propiedad, quién especula y obtiene ingresos de ella”.

La movilización de este sábado ha cerrado con un llamamiento a mantener la organización y continuar las protestas. En el manifiesto, la Asamblea Vivienda León plantea incluso la necesidad de avanzar hacia una huelga general como una de las herramientas de presión social frente a lo que considera una situación de emergencia habitacional. Los sindicatos CCOO y UGT, presentes en la protesta, han dejado abierta la puerta a la convocatoria, una facultad exclusiva de ellos según la Ley.

Para finalizar han reivindicado que “Urge continuar escalando la lucha hacia la completa y real desmercantilización de la vivienda para su reconocimiento como un derecho fundamental”.

La vivienda volverá a ocupar este sábado 3 de octubre las calles de León, con una manifestación convocada por la Asamblea Vivienda León bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio'. La marcha comenzará a las 12 horas en la plaza de Guzmán y recorrerá el centro de la ciudad hasta la plaza de San Marcelo, según la convocatoria difundida por la plataforma.

La movilización se produce un día después de que el Congreso tumbara los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno. Las normas incluían, entre otras medidas, la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, mecanismos de protección de los arrendatarios, regulación de la condición de gran tenedor y distintas medidas fiscales vinculadas a la vivienda. El segundo decreto planteaba además la renovación automática de los contratos de alquiler, salvo que el propietario acreditara una causa justificada para no hacerlo.

El rechazo se produjo este viernes en el Congreso después de que Junts mantuviera su decisión de votar en contra, a la que se sumaron el PP y Vox. El resultado dejó sin convalidar ambos decretos y abrió además un nuevo escenario de incertidumbre para la legislatura.

La Asamblea Vivienda León convoca ahora su movilización en un contexto marcado por el debate sobre el acceso a la vivienda, los alquileres y la protección frente a los desahucios. El rechazo de las medidas estatales se produce además después de semanas de movilizaciones por la vivienda en distintas ciudades españolas y de la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid a raíz del caso de Maricarmen.

Los cuatro diputados leoneses, divididos

La votación tuvo también una lectura leonesa. Los cuatro diputados elegidos por la provincia votaron en función de sus respectivos grupos: Ester Muñoz y Silvia Franco, del PP, rechazaron los dos decretos, mientras que Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández, del PSOE, votaron a favor. La votación se realizó por llamamiento, de modo que los parlamentarios tuvieron que expresar públicamente su posición desde sus escaños.

Hoy todos los ojos estaban puestos en el Congreso de los Diputados de España. Y no sólo porque se debatían dos importantes reales decretos sobre vivienda, que buscaban a propuesta del Gobierno de coalición la ampliación de la protección para quienes viven de alquiler o están inmersos en procesos de desahucio, como el de la madrileña Maricarmen.

También porque el hecho de que finalmente hayan sido tumbados por una mayoría parlamentaria de derechas provoca una tensa y casi definitiva ruptura de ese Gobierno por alguno de sus hasta ahora socios, como el PNV o Junts per Catalunya, al votar con Partido Popular (PP) y Vox. Y todo indica que eso precipitará, incluso para este mismo año, el adelanto de nuevas elecciones generales.

Así las cosas, desahucios como el de Maricarmen pueden volver a ocurrir desde este viernes. La mayoría del Congreso de los Diputados, con los votos de Junts, PP y Vox, ha tumbado los decretos de vivienda que aprobó el Gobierno el martes en el Consejo de Ministros. Los independentistas catalanes, con los que el Ejecutivo negoció el texto para incluir la inmensa mayor parte de sus demandas a cambio de que permitieran la convalidación, se mantuvieron en la decisión adoptada a última hora del jueves y votaron 'no' a ambos decretos. Y dejan ahora la legislatura más cerca que nunca de un adelanto electoral en el que ya trabaja la Moncloa.

Con este doble escenario, por un lado social, sobre el drama de la vivienda, y por otro político, la provincia de León miraba al Parlamento también con ojos de mirada local. Y lo hacía para escudriñar el sentido del voto que finalmente mantenían frente a los dos decretos los cuatro leoneses y leonesas con representación en el Congreso.

Por un lado, la actualmente portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, y su compañera de candidatura en los últimos comicios de julio de 2023, Silvia Franco. Sin margen para la sorpresa, y en alta voz, como se decidió que fuera esta vez la votación de los reales decretos, ambas manifestaron su 'no' a las iniciativas. Un rechazo que finalmente se materializó en la Cámara Baja de manera mayoritaria.

También tuvieron que incorporarse de su escaño y votar de viva voz, en este caso con un esperado 'sí' a los reales decretos, los dos parlamentarios del Grupo Socialista electos por la provincia leonesa: el actual secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y la que fuera entonces su número dos, Andrea Fernández.

No tuvieron ninguno de ellos el protagonismo de tomar la palabra en el hemicilo pero con sus votaciones esas fueron las cuatro voces leonesas, y sus posiciones, en un debate repleto de tensión, de cruce de reproches entre el Gobierno y sus socios, por un lado, y aquellos grupos que finalmente consiguieron reunir una mayoría parlamentaria para no sancionar los decretos.

El partido Vox se acaba de inventar en Ponferrada, en la provincia de León, una modalidad de pisos sociales inexistente y que ha dado en llamar Vivienda de Prioridad Nacional (VPN). Se trata de un eufemismo para tratar de imponer un rechazo al hecho de que cualquier persona, independiente de su nacionalidad, procedencia o tiempo de residencia, pueda acceder en igualdad de condiciones a una vivienda pública.

Ocurrió en un tenso debate plenario en el que, para apoyar un convenio de cesión de una parcela municipal a la Junta de Castilla y León, para que esta construya 80 pisos sociales, consiguió imponer como requisito imprescindible el criterio de la prioridad nacional. Un criterio que estos días han aireado nuevamente en sus redes sociales.

En concreto, a través de una enmienda al convenio, impuso que se exija a los solicitantes de esas futuras viviendas la obligación de haber estado al menos diez años empadronados en Castilla y León, añadiendo a posteriori “y en España”, al advertir que lo primero causaría todavía mayores exclusiones.

En el Pleno celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de la capital de El Bierzo, esa exclusión que los dos concejales del partido de Santiago Abascal pusieron como condición innegociable para su voto a favor del convenio de cesión del suelo salió adelante gracias a los votos del equipo de Gobierno en minoría en Ponferrada, es decir, del Partido Popular (PP) y Coalición por El Bierzo (CxB). Tan sólo el Grupo Socialista votó en contra de la controvertida medida, que su portavoz, Olegario Ramón, equiparó al concepto de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía, recordó, una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre, y que “llevó a millones de personas que sufrieron”.

En la defensa de este criterio, la portavoz de extrema derecha, Patricia González, celebró que el alcalde popular, Marcos Morala, “por primera vez suelte la mano del socialismo” y apoyara sus dos enmiedas al texto del convenio de censión de la parcela en el barrio de La Rosaleda. Y celebró que la unión de nuevo de los tres partidos de derechas permita este “primer paso a la prioridad nacional en nuestra ciudad”.

Del tripartito y los sueldos sin cargo a constantes encontronazos

Hay que recordar la mala relación que se ha ido produciendo entre los ediles de Vox, que en campaña prometieron entrar en el Consistorio literalmente con una motosierra, y el equipo de Gobierno de PP y Coalición por El Bierzo desde que saltara por los aires su tripartito inicial del mandato en Ponferrada. Un acuerdo que sólo fue posible cuando se aprobó poner un sueldo de 2.357 euros al mes a los dos concejales de Vox, que percibieron durante meses a pesar de no tener concejalía ni cargo alguno. Su ruptura acabó con un constante desafío al PP, que quedó en una delicada minoría junto a los bercianistas.

A mayores de la enmienda de la prioridad nacional, Vox también introdujo -y apoyaron PP y CxB- otra que impediría concurrir a los pisos de la Junta, que construirá la sociedad pública Somacyl, a quienes estén incursos en “procesos de okupación, usurpación o allanamiento”, resumió Patricia González. Ante el silencio del regidor, que se puso de perfil en este tenso debate, la portavoz popular, Lidia Coca, quiso matizar que lo aprobado ahora no es un criterio inminente ni que el Ayuntamiento ponferradino pueda imponer, sino que “tendría que ser ratificado por la Junta de Castilla y León”, incluyendo estas exclusiones, también la prioridad nacional, en los criterios de selección para todsa la Comunidad.

Un criterio totalmente inexistente

Lo curioso es que entre los criterios en vigor desde 2018 para ser demandante de una vivienda de protección pública en la Comunidad ya figura la imposibilidad de que lo haga quien haya sido “desahuciado de una vivienda protegida” o quien haya “ocupado una vivienda protegida sin título suficiente para ello”, como se puede comprobar aquí. Cosa muy distinta es la imposición del empadronamiento, que nunca ha aparecido por ningún lado.

No ha aparecido hasta ahora en Castilla y León, pero el Gobierno autonómico de coalición de PP y Vox que preside Alfonso Fernández Mañueco sí ha manifestado su intención de asumir la polémica prioridad nacional plenamente. No sólo está incluido entre los puntos de su acuerdo de Gobierno cerrado tras las elecciones autonómicas de este año, sino que ya han mostrado públicamente su intención de comenzar a imponerlo y además en materia de vivienda.

Empezar la prioridad nacional por las ayudas de alquiler

Así lo aseguró en julio el consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que a preguntas de ILEÓN admitió que incorporarían el criterio de la prioridad nacional ya desde la siguiente convocatoria de las ayudas al alquiler de viviendas, que saldrá en apenas dos meses, a final de año. “Podríamos introducir alguna modificación, vinculándolo más al elemento del arraigo”, afirmó. Incluso detalló que ese “arraigo” se exigiría a través de criterios a mayores, como “ese empadronamiento y ese tiempo de resistencia en nuestra Comunidad Autónoma” de todos los peticionarios.

En Ponferrada, el PSOE, que insistió en que “jamás vamos a asumir” criterios como la prioridad nacional, trató de ofrecer un acuerdo al equipo de Gobierno para impedirlo, votando a favor del convenio de cesión del solar sin esa imposición de Vox. Pero el PP mantuvo su postura y la defendió también el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, que retorció el término apostando por lo que “para nosotros es prioridad regional”, en referencia a la Región de El Bierzo que su partido proclama. Sin embargo, consciente de que su apoyo a Vox podría grajearle críticas, quiso compensarlo con el discurso de que para su formación “cualquier persona que viene (a El Bierzo) a desarrollar su proyecto de vida, aquí es tan berciano como el que más”. Para terminar, el socialista y exalcalde Olegario Ramón pedía sin éxito al PP recular con la medida y para ello se preguntó qué sentiría votando a favor, como lo hizo, la concejala de Interculturalidad, Ivelisse Martínez, de origen sudamericano.

Las protestas por la situación de la vivienda en España han estallado tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, con el gobierno progresista aprobando medidas de urgencia con la incógnita de si serán convalidadas en el Congreso este viernes. La situación se vuelca en el mercado del alquiler, con medidas con una mayor protección a los inquilinos para evitar situaciones como la que ha provocado protestas por todo el país, incluyendo León, y una acampada permanente en la plaza de Sol de Madrid.

Pero para saber qué pasa con el alquiler está bien echar un ojo a cómo es el mercado provincial de compraventa de vivienda, con sus peculiaridades adaptadas a la economía local. El Portal Estadístico del Notariado recoge datos de lo que se firma más allá de las estadísticas de portales inmobiliarios. Así en el último año, agosto de 2025 y julio de 2026, se formalizaron 6.996 compraventas de vivienda en la provincia de León. Pero con muchas peculiaridades:

El comprador leonés tiene una edad mediana de 49 años

El perfil del comprador de vivienda en la provincia de León está muy lejos de la juventud, en línea con la edad media de la provincia de España, una de las más altas del país. La edad mediana de quien adquiere una vivienda en la provincia leonesa es de 49 años y el grupo más numeroso es el de compradores de entre 41 y 50 años, que representa el 26,45% del total. Le siguen quienes tienen entre 31 y 40 años, con un 21,80%, y los de 51 a 60 años, con un 21,03%. L

Los compradores de 61 a 70 años suponen el 13,98%, mientras que los mayores de 70 años representan el 7,06%. En el extremo contrario, los menores de 30 años apenas suman el 8,47% de las operaciones de compraventa de viviendas en la provincia leonesa.

La inmensa mayoría de quienes compran son particulares

El 93,83% de los compradores de una vivienda en la provincia de León son personas físicas, frente a un 6,17% de personas jurídicas. Es decir, la adquisición de vivienda en León está protagonizada fundamentalmente por particulares y no por sociedades que acumulen viviendas.

También hay presencia de compradores extranjeros, aunque representan una parte muy minoritaria del mercado: apenas suponen el 8,01% de las operaciones. Los países de origen de los migrantes residente en León son los que protagonizan el mayor número de compra de viviendas, entre los que destacan los ciudadanos de Marruecos, que concentran el 18,76% de las compras realizadas por extranjeros, seguidos por Colombia, Rumanía, Portugal y Bulgaria.

La vivienda se escritura a 814 euros por metro cuadrado

El precio medio de las operaciones formalizadas en la provincia de León ante notario en el último año (agosto 2025-julio 2026) se situó en 814 euros por metro cuadrado. El importe medio de cada compraventa fue de 106.420 euros, con una superficie media de 131 metros cuadrados. La mediana del precio se situó en 843 euros por metro cuadrado. Estas cifras son menos de la mitad del precio medio de España, inflado por las grandes capitales y los precios de la costa. De hecho ese precio medio sitúa a León como una de las diez provincias más baratas por metro cuadrado de España.

Pero en León ciudad y Ponferrada las cosas cambian ya que el precio medio de la provincia se ve influido por el amplio mercado del mundo rural. En la ciudad de León el precio medio de las compras ante Notario de vivienda se situó en el último año 1.441 euros el metro cuadrado, y en Ponferrada en los 900 euros el metro cuadrado. Entre ambas ciudades acaparan la mitad del mercado inmobiliario de la provincia.

El dato de precio medio que registran los notarios resulta especialmente interesante al compararlo con la referencia de tasación residencial de Tinsa, hecha pública este miércoles. El valor de tasación de la vivienda en la provincia alcanzó los 1.090 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2026, frente a los 814 euros de precio medio escriturado que recoge el Notariado. Son 276 euros por metro cuadrado de diferencia. Aunque los datos no son directamente equivalentes permiten observar la distancia entre el precio de las operaciones formalizadas ante notario y el valor de tasación residencial, que llega a suponer hasta un 30% del valor final.

Casi toda la vivienda que se compra ya estaba construida

Una de las características más claras del mercado leonés es el escaso peso de la vivienda nueva. El 94,14% de las compraventas corresponden a vivienda usada, mientras que únicamente el 5,86% son operaciones de vivienda nueva según la estadística del Colegio de Notarios.

Por tipología, los pisos representan el 63,42% de las operaciones y las casas y viviendas unifamiliares el 36,58%. El mercado residencial leonés se apoya, por tanto, de manera muy mayoritaria en el parque de viviendas ya existente.

El precio sube un 31,% desde 2017

Echando un vistazo a medio plazo, los datos del Notariado reflejan una subida considerabl del precio de la vivienda en la provincia de León tras la crisis del 2008. El precio mediano pasó de 642 euros por metro cuadrado en 2017 a 843 euros en 2025, un 31,3% más.

El indicador de esfuerzo para comprar una vivienda en la provincia leonesa también ha aumentado ligeramente después de tocar su mínimo en 2023, actualmente se necesitan 2,86 años de renta para afrontar la compra de una vivienda, frente a los 2,80 años de entonces.

Si hay un dato positivo de los últimos es que el precio parece haber tocado techo la pasada primavera. En abril de este año 2026 el precio medio escriturado fue de 936 euros el metro cuadrado, pero desde entonces ha ido bajando hasta los 745 euros por metro cuadrado del mes de julio. ¿Llega el principio del pinchazo del sector? Los datos indican que esta situación es muy probable que este 2026 termine sucediendo en mayor o menor medida, aunque sea limitando el crecimiento disparado de precios y operaciones de los últimos años desde el fin de la pandemia.