Colectivos, asociaciones y plataformas contrarias a la implantación en León de “proyectos dañinos con el medio ambiente” aprovecharon la celebración este sábado en Mansilla de las Mulas de El Gran Concejo, una reunión de representantes de juntas vecinales convocada por el ILC (Instituto Leonés de Cultura) de la Diputación de León, para reclamar ante las pedanías y la propia institución provincial que “no cabe la inacción ante las agresiones, ni colocarse de perfil, ni ampararse en la falta de competencias” ante este tipo de iniciativas.

La recientemente constituida Plataforma Salvemos la Montaña Leonesa decidió transmitir a los pedáneos la preocupación ante “amenazas” de convertir a la provincia en “tierra de sacrificio” a través de proyectos como plantas de biogás, macrogranjas, minería de fosfatos, plantas de biomasa, pantanos reversibles, centros de datos y otros “dañinos con el medio ambiente y nocivos para los habitantes del medio rural”.

Tras mantener un enfrentamiento con la dirección del Museo de los Pueblos Leoneses (lugar que acogió El Gran Concejo) por la presencia en la vía pública, representantes de estos colectivos y plataformas entregaron trípticos informativos tanto a miembros de juntas vecinales como a vecinos y curiosos mostrando las pancartas reivindicativas “en respetuoso silencio”.

Su pretensión pasaba por reivindica el papel de las juntas vecinales como “una institución viva y con capacidad de obrar” para, en primer lugar, “facilitar la vida de los habitantes de los pueblos, como su administración más cercana”. “Por eso”, añaden, “no cabe la inacción ante las agresiones, ni colocarse de perfil, ni ampararse en la falta de competencias. En esta lucha también tiene que jugar un papel fundamental como intermediadora con otros niveles administrativos, la Diputación Leonesa que destaca demasiadas veces por su inoperancia, independientemente del color que gobierne”.

Y es que los convocantes concluyen que el “leonesismo”·que emana desde la institución provincial (gobernada en coalición por PSOE y UPL) “debe ir más allá del folclore y la cultura y traducirse en una gestión eficaz y eficiente, que mejore la calidad de vida” en el medio rural, po lo que exigen “una defensa activa y una implicación directa en los problemas y las amenazas que surjan, incluso cuando estos vengan de otras administraciones que desconocen o desprecian la identidad leonesa”.

La Universidad de León (ULE) reunirá el próximo 30 de septiembre en la Escuela de Minas a expertos y profesionales de referencia en torno a uno de los grandes retos asociados al desarrollo de las energías renovables, el del almacenamiento de energía a gran escala, en el marco de INNOVAMIN’26.

Esta jornada técnica, organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Geológico y Minero de España y las Escuelas de Ingeniería Minera de la Universidad de León y la Universidad Politécnica de Madrid, analizará los desafíos que plantea el diseño y ejecución de centrales hidroeléctricas reversibles, desde la obra subterránea y la geotecnia hasta la gestión del agua y su integración territorial y ambiental.

El encuentro tendrá como escenario el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar y contará con la participación de técnicos y profesionales de empresas constructoras, mineras e ingenierías, así como de administraciones públicas y entidades vinculadas a la energía, la obra subterránea, la geotecnia y el agua.

Se trata de una iniciativa que pretende reforzar el papel de la Escuela de Minas de la ULE como espacio de conocimiento y especialización en ámbitos estratégicos vinculados a la ingeniería, la energía y las infraestructuras, favoreciendo el intercambio de experiencias entre el ámbito académico y el sector profesional.

Durante la jornada se abordarán algunos de los principales retos asociados al desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles, una de las tecnologías más maduras para el almacenamiento de energía a gran escala y una pieza estratégica para acompañar el crecimiento de las energías renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Su desarrollo plantea importantes desafíos técnicos, constructivos y ambientales, relacionados con las excavaciones subterráneas, la obra civil, la geotecnia, la gestión del agua y la integración territorial y ambiental.

En este sentido, INNOVAMIN’26 pondrá el foco en cuestiones como el diseño de cavernas y la excavación de pozos y túneles, el control de vibraciones, los riesgos geológicos o el bombeo hidráulico, junto con aspectos relacionados con la tramitación administrativa y la financiación de proyectos de I+D+i.

El programa incluirá además la presentación de experiencias concretas de construcción y operación, como la ejecución de San Esteban II, así como soluciones innovadoras aplicadas a la excavación mecanizada de túneles y pozos y a este tipo de infraestructuras.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de la Guía de Diseño y Ejecución de Centrales Hidroeléctricas Reversibles una publicación de más de 300 páginas dirigida a profesionales, empresas y entidades vinculadas al sector energético y de las infraestructuras que reúne conocimiento y criterios técnicos sobre una tipología de infraestructura que requiere la participación coordinada de diferentes ámbitos de especialización.

La presentación correrá a cargo de Carlos López Jimeno, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de un programa que contará con la participación de expertos del IGME, empresas constructoras, ingenierías y compañías especializadas en obra subterránea y energía.

La jornada comenzará a las 9.00 horas y contará con la inauguración de la rectora de la ULE, Nuria González y la consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María González Corral.

El aforo del local La Unión de Val de San Lorenzo quedó este jueves desbordado por la participación vecinal en una jornada informativa sobre el proyecto de planta de biometano y fertilizantes presentado por la empresa Apiolae SL. Y el mismo escenario acogerá este próximo lunes, 14 de septiembre, una asamblea vecinal en la que se ofrecerá asesoramiento y orientación para presentar alegaciones contra una iniciativa que ha despertado preocupación entre habitantes de este municipio, así como de Astorga, Santiago Millas y localidades del entorno como Morales, Piedralba, Lagunas y Valdespino. La inquietud se extiende también entre representantes de diferentes asociaciones y plataformas comarcales que actualmente se movilizan ante la proliferación de proyectos de plantas de biogás y biometano en la provincia.

La cita de este jueves sirvió para exponer detalles técnicos del proyecto, entre ellos el funcionamiento de este tipo de instalaciones y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas para la zona. Y es que los asistentes se interesaron por el impacto de esta actividad sobre la salud y la calidad de vida a través de malos olores o el tráfico de materias primas y residuos, así como los efectos en la biodiversidad del entorno. La inquietud ya se ha canalizado a través de una recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

Asimismo, los vecinos pidieron explicaciones al alcalde de Val de San Lorenzo, Luis Alfonso Cordero, y varios pedáneos, presentes en la cita. Concretamente, preguntaron al regidor los motivos por los que el consistorio “no ha denegado el informe de compatibilidad urbanística”, al tiempo que se quejaron de la “falta de información y comunicación” sobre un proyecto que lleva año y medio en tramitación administrativa. E instaron a que el Gobierno municipal aclarase su posición en torno a esta iniciativa.

A falta de respuestas clarificadoras, los vecinos han convocado una nueva reunión de trabajo, que tendrá lugar también en La Unión el lunes a las 19.00 horas. Los convocantes llaman a la participación en este encuentro, donde se facilitará a los interesados asesoramiento a la hora de presentar alegaciones contra el proyecto. El plazo para ello concluye el 28 de septiembre.

El Ayuntamiento de León ha dado un paso para que la energía generada por la planta fotovoltaica situada en el tejado del Palacio de Exposiciones pueda abastecer no solo a este edificio, sino también a otras instalaciones municipales dentro de un futuro sistema de autoconsumo colectivo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la licitación del servicio de representación en el mercado eléctrico y comercialización de la electricidad producida por esta instalación. El contrato permitirá optimizar los ingresos obtenidos por la venta de energía, eliminar costes asociados a los desvíos energéticos y reducir las comisiones de representación en el mercado eléctrico, explican en una nota de prensa.

Esta situación busca así una salida a la dejadez, con un alto coste económico, que hizo que durante siete años las placas solares fotovoltaicas ya instaladas no sirvieran para nada hasta que el pasado año 2025 no se acometieron las inversiones tecnológicas necesarias. Es más, en todo ese tiempo de desidia del equipo de Gobierno, también presidido por el alcalde José Antonio Diez, impidió poder ingresar decenas de miles de euros y ahorrarse otros tantos en coste energético.

En 2025 se adjudicó el contrato para la venta de energía eléctrica de esta instalación de 1 megavatio a Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU.

Ahora, la nueva licitación sale a concurso con un presupuesto base de 7.824 euros para un periodo inicial de dos años, prorrogable por otros dos. La empresa adjudicataria asumirá la gestión de la instalación ante los organismos reguladores del sistema eléctrico y, en una primera fase, comercializará toda la energía producida.

Posteriormente, una vez que la distribuidora autorice el cambio de configuración, la instalación pasará al modelo de autoconsumo colectivo previsto por el Ayuntamiento leonés.

En ese escenario, la electricidad generada por la cubierta fotovoltaica abastecerá al propio Palacio de Congresos y el excedente se distribuirá entre otros centros municipales que suman elevados consumos energéticos, para así abaratar su factura.

La planta solar cuenta con una potencia de un megavatio y una producción anual estimada de 1,3 millones de kilovatios hora. Forma parte del plan municipal de autoconsumo, en el que el Consistorio ha invertido 2,1 millones de euros, financiados en parte con fondos europeos Next Generation, aseguran en el comunicado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico 'Alto Cabrera', promovido por Enel Green Power España y proyectado entre las provincias de León y Ourense, una instalación de 144 megavatios (MW) que figuraba entre los grandes desarrollos renovables previstos en el suroeste leonés.

La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone el archivo definitivo del expediente tras un procedimiento iniciado hace casi seis años y marcado por los obstáculos ambientales y la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

El proyecto recogía la construcción del parque eólico en los términos municipales leoneses de Encinedo y Benuza, en la comarca de la Cabrera, así como parte de sus infraestructuras de evacuación en la provincia de Ourense, con una potencia de 144 MW y una línea de evacuación hasta la subestación de San Quereño, propiedad de Red Eléctrica.

La iniciativa fue presentada en noviembre de 2020, en plena carrera por desarrollar proyectos renovables tras el impulso regulatorio dado por el Estado a la transición energética, con la tramitación ambiental como principal escollo.

En abril de 2022, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental inadmitió a trámite la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto (cuya extensión también afectaba a los municipios leoneses de Puente de Domingo Flórez y Castrocontrigo) al apreciar varias causas previstas en la legislación ambiental.

El promotor recurrió inicialmente esa decisión, pero en mayo de este año desistió del recurso al considerar inviable desarrollar la instalación dentro de los plazos legales exigidos.

A ello se sumó la pérdida de los permisos de acceso y conexión. Red Eléctrica comunicó al Ministerio que dichos permisos habían caducado el 25 de enero de 2023 por incumplir uno de los hitos temporales establecidos por el Real Decreto-ley 23/2020, concretamente la obtención de una declaración de impacto ambiental favorable.

La resolución recuerda que la normativa estatal obliga a que los proyectos de generación eléctrica cuenten tanto con una evaluación ambiental favorable como con permisos vigentes de acceso y conexión para poder obtener la autorización administrativa previa. La ausencia de ambos requisitos impedía continuar la tramitación.

El caso de 'Alto Cabrera' refleja además las dificultades que han encontrado numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España durante los últimos años. El Real Decreto-ley 23/2020 estableció una serie de hitos obligatorios para evitar la especulación con los puntos de conexión a la red y depurar los proyectos que no avanzasen adecuadamente en su desarrollo.

Como consecuencia, cientos de iniciativas han decaído al no superar los trámites ambientales o incumplir los plazos fijados.

La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, firmada el pasado 27 de agosto y publicada este viernes, deja abierta la posibilidad de presentar recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, aunque el propio promotor ya había mostrado su conformidad con el archivo del expediente tras retirar el recurso ambiental que mantenía abierto.

La Junta de Castilla y León ha autorizado la construcción de las infraestructuras eléctricas necesarias para abastecer a una futura planta de biometano en San Millán de los Caballeros, una instalación que generará energía equivalente al suministro de 21.000 hogares.

Se trata de un proyecto promovido por Biorig Energy San Millán-León, S.L.U. que incluye la adaptación de la línea eléctrica 'San Millán', dependiente de la subestación de Villamañán, y la instalación de un nuevo centro de seccionamiento telemandado.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), concede a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., distribuidora del grupo Iberdrola que asumirá posteriormente la titularidad de las instalaciones, la autorización administrativa previa y de construcción de las infraestructuras de conexión a la red para dar servicio a la planta proyectada en el polígono del municipio leonés.

El proyecto, que persigue estar operativo en 2027, contempla la ejecución de dos tramos de línea subterránea de alta tensión de 20 kilovoltios, cada uno de 23 metros de longitud, conectados a la línea aérea procedente de la subestación transformadora y de reparto de Villamañán. Asimismo, se construirá un centro de seccionamiento automatizado para gestionar el nuevo suministro eléctrico.

La autorización llega acompañada de una limitación relevante, ya que la Junta ha dejado sin efecto la declaración de utilidad pública que solicitó inicialmente el promotor después de que surgieran dudas sobre la titularidad y gestión de una parcela afectada por las obras, asociada a una infraestructura hidráulica.

La resolución establece que las obras autorizadas deberán ejecutarse en un plazo máximo de doce meses, aunque prohíbe expresamente actuar sobre la parcela en disputa o ejecutar los accesos vinculados a ella hasta que exista autorización del Ministerio para la Transición Ecológica o del organismo público que acredite la gestión de esos terrenos.

De este modo, la Junta da luz verde a la infraestructura eléctrica necesaria para la futura planta de biometano, una instalación vinculada a la producción de gas renovable a partir de residuos orgánicos, aunque parte del desarrollo del proyecto queda condicionado a la resolución de los permisos sobre los terrenos afectados.

Esta instalación, que cuenta con una inversión cercana a los 35 millones de euros, contribuirá al desarrollo económico del municipio con la creación de 100 empleos durante su fase de construcción y 35 directos e indirectos durante su operación, según Biorig Energy.

La empresa ha asegurado que la planta estará impermeabilizada en las zonas de tratamiento de residuos para evitar vertidos o filtraciones, contará con sistemas de reutilización de aguas para evitar el consumo de agua externa y tendrá sistemas de detección y prevención de olores.

La oposición vecinal al proyecto de planta de biometano y fertilizantes promovido por Apiolae SL en el municipio leonés de Val de San Lorenzo ha superado las 850 firmas en una petición ciudadana que reclama la paralización de la instalación, que prevé tratar 223.000 toneladas anuales de residuos orgánicos en la comarca leonesa de la Maragatería.

La iniciativa, difundida a través de la plataforma Change.org y acompañada de una campaña de alegaciones durante el periodo de información pública, denuncia el impacto que podría tener la planta sobre el territorio y advierte del riesgo de que la comarca se convierta en un polo receptor de residuos procedentes de otros lugares.

Según recoge la petición ciudadana, el proyecto contempla el tratamiento de unas 223.500 toneladas anuales de residuos, entre ellos 120.000 toneladas de purines de cerdo, 41.000 toneladas de estiércol bovino, 33.000 toneladas de estiércol ovino, 30.000 toneladas de gallinaza y 9.500 toneladas de estiércol porcino.

Los promotores de la campaña sostienen que estas cifras equivalen a más de 600 toneladas diarias de residuos y alertan de las consecuencias que podrían derivarse para una comarca conocida por su patrimonio cultural, paisajístico y turístico y estrechamente vinculada al Camino de Santiago.

La movilización ha trascendido ya el ámbito de Val de San Lorenzo y se ha extendido a otros municipios de la zona y a la cercana ciudad de Astorga, donde colectivos vecinales han iniciado acciones informativas para explicar los detalles de la iniciativa empresarial y fomentar la presentación de alegaciones.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los vecinos figuran el aumento del tráfico pesado asociado al transporte de residuos, los posibles problemas de olores y la gestión posterior del digestato, el subproducto generado tras el proceso de digestión anaerobia.

“Efecto llamada” para nuevas infraestructuras

Los impulsores de la petición subrayan además que el proyecto llega en un contexto en el que también se plantean otras instalaciones relacionadas con el tratamiento de residuos y la producción de energía renovable, entre ellas, proyectos de biogás y de lodos, una circunstancia que, a su juicio, podría provocar un “efecto llamada” para nuevas infraestructuras de este tipo en la zona.

La petición se dirige a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, al Ayuntamiento de Santiago Millas y al Ayuntamiento de Astorga, a quienes solicita que tengan en cuenta las objeciones planteadas por los vecinos antes de adoptar cualquier decisión sobre la instalación.

La campaña continuará esta semana con una charla informativa convocada para el próximo jueves 10 de septiembre a las 20.00 horas en el local de La Unión, en Val de San Lorenzo. Los organizadores pretenden explicar a vecinos y colectivos los detalles de la instalación proyectada, así como resolver dudas sobre sus posibles repercusiones ambientales, económicas y sociales en la comarca.

La disputa contra la construcción de una gran planta de biogás en el polígono industrial de Cistierna, ubicado en la localidad de Vidanes, ha llegado ya a los tribunales. La Asociación EslaVIDA, constituida expresamente para oponerse al proyecto promovido por la empresa Apaycachana-6 SL, ha confirmado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la iniciativa cuyos trámites han sido aprobados por la Junta de Castilla y León.

El procedimiento fue interpuesto el pasado 31 de julio por el despacho Hormigos & Asociados, especializado en Derecho Medioambiental, según informó la organización durante una nueva asamblea celebrada este sábado 29 de agosto en el local de las antiguas escuelas de Vidanes. La reunión estuvo abierta a socios, colaboradores, simpatizantes y vecinos preocupados por la implantación de la planta.

El proyecto contempla la construcción de unas instalaciones para transformar unas 86.000 toneladas anuales de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia. Las previsiones recogidas en la iniciativa apuntan a una producción anual de unas 6.200 toneladas de biogás, 11.780 toneladas de fertilizantes sólidos y otras 4.797 toneladas de fertilizantes líquidos.

La planta se presenta como una inversión vinculada a la economía circular, la reducción de emisiones y el aprovechamiento energético de los residuos. Sin embargo, desde EslaVIDA cuestionan desde hace meses tanto las características del proyecto como su ubicación y el procedimiento seguido hasta obtener el visto bueno de la Administración autonómica. La asociación recuerda que las instalaciones se proyectan a aproximadamente un kilómetro de las primeras viviendas de Vidanes.

La autorización de la Junta fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 5 de junio. EslaVIDA sostiene que el procedimiento se ha desarrollado en un contexto de “desinformación y descontento vecinal” y ha optado ahora por recurrir a la Justicia para tratar de frenar el proyecto.

Más frentes judiciales contra las plantas de biogás

El contencioso no es el único frente judicial abordado durante la reunión. La asociación informó también sobre la querella anunciada en marzo por Stop Biogás CyL contra el director de Infraestructuras de Castilla y León y responsables de servicios territoriales. Según EslaVIDA, esa actuación ha sufrido distintos retrasos debido a “la complejidad del proceso”.

La asamblea sirvió igualmente para informar de la modificación de las normas subsidiarias urbanísticas anunciada por el Ayuntamiento de Cistierna en relación con la instalación de plantas de biogás en el municipio.

EslaVIDA reclama además que tanto Cistierna como los municipios del entorno se doten de normativas más restrictivas antes de que puedan avanzar otros grandes proyectos de este tipo en la Montaña Leonesa. Para ello, reiteró su intención de mantener encuentros con alcaldes y presidentes de juntas vecinales de las localidades que considera potencialmente afectadas por estas instalaciones.

Otro de los asuntos abordados fue la anunciada ampliación del polígono industrial de Cistierna en Vidanes. La asociación reclama conocer con detalle las actuaciones previstas y muestra sus recelos por la intervención de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) en la operación.

Además, la asociación reprocha a la Junta Vecinal no haber realizado hasta ahora ninguna aportación económica a la campaña contra el proyecto y recuerda la polémica surgida después de que se exigiera la retirada de una pancarta contra la planta. Su directiva acabó retirándola para evitar “enfrentamientos mayores”, una decisión que generó malestar entre algunos socios.

Mientras arrecian en el barrio de La Lastra, en el sur de la ciudad de León, las críticas por el avance del multimillonario proyecto energético de las macroplantas de incineración de la llamada Red de la Calor, otro pequeño y llamativo proyecto que busca dotar de energía geotérmica a un edificio de nueva construcción. Y para ello plantea ejecutar 22 sondeos de 125 metros de profundidad en busca del calor de la tierra para climatizar la casa, lo que se denomina geotermia de muy baja entalpía, es decir de menos de 30 grados, tanto para la climatización del ambiente como el frío y calor del agua sanitaria.

El proyecto está promovido por una empresa leonesa, Alzajope SL, de Valencia de Don Juan, y se plantea en la parcela 27.2b de la Avenida La Lastra, la principal de este barrio leonés, todavía en plena expansión urbanística y de construcción después de varios años muy paralizado.

De momento, la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno ambiental a este proyecto de energía geotérmica, zanjando que la ejecución de los 22 pozos previstos no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque condiciona su desarrollo al cumplimiento de distintas medidas de protección, especialmente para garantizar la seguridad de los acuíferos.

La Delegación Territorial de la Junta en León dictó la resolución favorable el pasado 19 de agosto, según se refleja hoy en la publicación del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), identificando que la instalación permitirá cubrir las necesidades de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria del futuro edificio mediante el aprovechamiento del calor del subsuelo. La suma total de los 22 sondeos alcanzará una longitud total de 2.750 metros.

El sistema que se plantea es de circuito cerrado, de manera que no se extraerá agua del subsuelo ni existirá contacto directo con las masas de agua subterráneas, remarca la evaluación de impacto ambiental. También considera que los principales impactos negativos estarán vinculados a la fase de construcción y serán temporales y además reversibles, sobre todo por tratarse de una zona ya totalmente urbanizada.

Por el interior de las sondas circulará agua con un anticongelante biodegradable que intercambiará calor con el terreno y regresará al sistema, aprovechando que a partir de unos cinco metros de profundidad la temperatura del subsuelo presenta una mayor estabilidad durante todo el año. Según la documentación ambiental, esta tecnología puede alcanzar ahorros de hasta el 90% en calefacción y del 50% en refrigeración activa, además de reducir las emisiones asociadas al consumo energético al evitar el uso de combustibles fósiles para estos servicios.

Control específico de los acuíferos

Uno de los principales condicionantes procede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que considera que las actuaciones no afectan a los ríos Torío o Bernesga, no muy lejanos, ni a otros cauces públicos o a sus zonas de protección. Sin embargo, al superar los sondeos los 20 metros de profundidad, el promotor deberá obtener la correspondiente autorización expresa de este organismo de cuenca.

La CHD exige además comprobar la estanqueidad del circuito antes de su puesta en funcionamiento para garantizar que no puedan producirse fugas del fluido utilizado para el intercambio térmico.

Por su parte, la Sección de Protección Ciudadana de León ha evaluado los riesgos existentes en el entorno y concluye que la actuación no debe incrementar los riesgos para las personas o los bienes. Y especifica como contexto que el municipio presenta un riesgo bajo de incendios forestales, medio de inundación y un riesgo medio por transporte de mercancías peligrosas por carretera y alto por ferrocarril.

El expediente ambiental arrancó con la solicitud a principios de este mismo año, hasta que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León formuló su propuesta favorable el pasado 30 de julio, poco antes de ser aprobada de manera ya formal. Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, los trabajos de perforación de los 22 sondeos tienen un plazo estimado de ejecución de tres meses.

Más de un centenar de personas procedentes de los valles del Bernesga, Torío, Curueño, Porma y Esla se dieron cita ayer, martes 25 de agosto, en el salón de actos del Colegio Público de La Vecilla, que se quedó pequeño ante la elevada asistencia, para participar en el acto 'Salvemos la Montaña'.

El encuentro sirvió para analizar la proliferación de grandes proyectos industriales y energéticos que se están proyectando sobre el territorio bajo el argumento de una supuesta «transición energética» y que, según los participantes, están siendo impulsados sin valorar suficientemente sus efectos sobre los recursos naturales, la población y el futuro del medio rural.

Biomasa: la madera no puede convertirse en el nuevo carbón

Durante el acto se abordaron cuatro grandes amenazas que afectan directamente a la montaña leonesa. Uno de los asuntos tratados fue el creciente uso de la biomasa forestal como fuente de energía, ante la consideración por parte de las administraciones de la madera como un recurso energético estratégico.

Los participantes alertaron del riesgo de convertir los bosques en una fuente masiva de combustible para producir calor, electricidad o combustibles sintéticos, especialmente en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad.

Se puso como ejemplo el proyecto de centro logístico de biomasa previsto en Almanza, cuyo radio de acción podría extenderse por buena parte de los bosques de la montaña oriental.

La preocupación expresada durante el encuentro es que una explotación energética intensiva de la masa forestal termine favoreciendo la sustitución de bosques autóctonos por plantaciones de crecimiento rápido y reduzca la capacidad de los ecosistemas para actuar como sumideros de carbono.

Biogás: importar residuos a nuestros pueblos

Otro de los proyectos analizados fue la central de biogás proyectada en Vidanes, con una capacidad prevista de tratamiento superior a 80.000 toneladas anuales de residuos, lodos y otros subproductos.

Uno de los principales motivos de preocupación es que buena parte de estos materiales no se generan en el propio territorio, lo que podría convertir a la montaña leonesa en receptora de residuos procedentes de otras zonas.

Los asistentes alertaron además del posible efecto llamada que este tipo de instalaciones puede generar sobre otras actividades industriales vinculadas a la producción de residuos, como las macrogranjas.

La pregunta planteada durante el acto fue clara: ¿queremos generar riqueza en nuestros pueblos o convertirlos en el lugar donde otros vienen a gestionar sus residuos?

La amenaza de la minería de fosfatos

También se informó sobre los permisos de investigación minera de fosfatos admitidos por la Junta de Castilla y León en los cinco valles representados en el encuentro.

Los participantes alertaron especialmente de los impactos asociados a este tipo de minería a cielo abierto, por la alteración de los terrenos y la generación de residuos mineros, entre ellos fosfoyesos que pueden contener metales pesados y elementos radiactivos.

Además, las cuadrículas de investigación afectarían a zonas de elevado valor ambiental, incluyendo espacios vinculados a la Red Natura 2000 y lugares tan emblemáticos como las Hoces de Vegacervera.

Para los colectivos presentes, resulta especialmente preocupante que se planteen actividades extractivas de estas características en algunos de los espacios naturales más valiosos de la montaña leonesa.

El agua: un recurso cada vez más escaso

El cuarto gran asunto tratado fue el de los proyectos de bombeo reversible previstos en los embalses de Riaño y Bárcena y, especialmente, el proyecto previsto en el río Curueño.

Este último contempla la captación de agua en el término de La Vecilla para su bombeo hasta una balsa inferior situada en las proximidades de Aviados y, posteriormente, mediante una central en caverna, hasta otra balsa superior situada a unos 1.500 metros de altitud, entre Correcillas y Valdorria.

Los participantes consideran que un proyecto de estas dimensiones debe analizarse teniendo en cuenta la situación hídrica actual y las previsiones para las próximas décadas.

Con reducciones previstas de las precipitaciones, aumentos de la evapotranspiración, menor recarga de los acuíferos y una disminución de las precipitaciones en forma de nieve, el agua está llamada a convertirse en uno de los recursos más estratégicos del futuro.

Por ello, se defendió que sus usos prioritarios deben ser, en primer lugar, el abastecimiento humano, la agricultura y el mantenimiento de los ecosistemas, y que cualquier proyecto industrial o energético debe quedar subordinado a estas necesidades.

Además, se recordó que el río Curueño ya soporta actualmente una detracción de caudal derivada del trasvase Curueño-Porma, por lo que cualquier nueva captación debería analizarse teniendo en cuenta sus efectos acumulativos sobre el río y sobre los regantes.

Coordinarción para defender el territorio

El encuentro concluyó con un amplio debate entre los asistentes, en el que quedó patente la necesidad de extender este tipo de actos informativos a las zonas directamente afectadas y a León capital, así como de mejorar la coordinación entre los diferentes colectivos y plataformas.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la coordinación de los recursos jurídicos disponibles, el contacto con las Juntas Vecinales afectadas y la preparación de posibles movilizaciones en el futuro.

El acto de La Vecilla pone de manifiesto una preocupación que cada vez se extiende a más territorios de la provincia: la imposición de proyectos dirigidos a llevarse nuestros recursos, destruyendo irreversiblemente nuestro medio. Proyectos de los que no solo no se informa a la población local, sino que evitan promover cualquier debate científico o social.

Bierzo azul y verde, morado y, en tiempos, negro como el carbón de antracita. Así es nuestra comarca, la región más transparente, como acaso diría el escritor mexicano Carlos Fuentes; nuestro lugar en el mundo, como el título de aquella película del director argentino Adolfo Aristarain. Allí nací y crecí.

Hay territorios, como esta comarca leonesa, que son mucho más que un espacio geográfico. Son, en realidad, una forma de ser y estar en el mundo, una memoria emocional que nos acompaña incluso cuando nos alejamos de ella. Durante algún tiempo viví fuera de la matria, de ese útero protector de Gistredo que, de una manera u otra, siempre acaba llamándome. La llamada de la Sierra de Gistredo.

Desde hace varios años vivo de continuo en esta tierra a la que me unen los afectos familiares, amistosos y cotidianos. Aquí están las voces conocidas, los paisajes de siempre, los muertos que forman parte de nuestra memoria y también quienes, por fortuna, siguen caminando con nosotros por la senda de la vida.

Ahora nos dicen desde el Consejo Comarcal que el Bierzo es una 'zona azul', expresión procedente del mundo anglosajón que designa aquellos lugares del planeta donde la población alcanza edades avanzadas y, además, mantiene durante buena parte de su vejez unas condiciones de vida saludables.

Qué maravilla, pienso. Me encanta que al Bierzo le llamen zona azul. Ojalá sea cierto. Ojalá, inshallah, como dicen en Marruecos y en otros países árabes. Porque vivir mucho está muy bien, pero vivir mucho y vivir bien es otra cosa.

Alcanzar los cien años puede parecer una proeza, aunque lo verdaderamente importante quizá sea llegar a ellos con la cabeza despierta, las piernas en buen estado y ganas de seguir mirando el mundo, de sentirlo como si fuera la primera vez que uno se asomara a él. De poco serviría sumar años si esos años no contienen una mínima dosis de vida.

No tengo hijos ni nietos. Solo sobrinos nietos. Pero sí me gustaría pensar que las generaciones que vienen detrás podrán disfrutar de una longevidad semejante a la de tantas personas de nuestra comarca, siempre que esa longevidad vaya acompañada de salud, autonomía y dignidad.

El secreto de la longevidad berciana

¿Porque... qué hace que algunas personas del Bierzo lleguen a viejas? ¿Qué secreto guarda esta tierra para que algunas de nuestras gentes alcancen los noventa, los cien años e incluso más y continúen siendo, en cierta manera, viejóvenes?

No somos una raza especial. Es obvio. No hay en nuestra sangre ningún elixir secreto ni ninguna fórmula genética que nos haga invulnerables al paso del tiempo. Pero quizá sí haya habido –y todavía quede– una determinada manera de vivir.

Pienso en esa longevidad del Bierzo, en ese territorio azul que es al mismo tiempo realidad y deseo, geografía y metáfora, espacio vivido y territorio imaginado. Una tierra que despierta ilusiones y ganas de seguir caminando por la senda de la vida con entereza física y psíquica, con voluntad de permanecer activos, de seguir formando parte de la comunidad, de continuar sintiendo que todavía tenemos algo que hacer y algo que decir. Quizá ahí resida una parte del secreto.

Nuestros viejos –lo digo con cariño, como se les dice en Argentina a los padres– no vivieron una vida fácil, pero sí, en muchos casos, una vida con un sentido concreto del tiempo.

El tiempo no era ese enemigo que hoy perseguimos a todas horas, esa sustancia que se nos escurre entre los dedos mientras intentamos llegar a todo. Era otra cosa: la sucesión de las estaciones, de las cosechas, de las vendimias, de las fiestas y romerías. Era un tiempo más pegado a la tierra. Y la tierra, en el Bierzo, siempre ha tenido mucho que decir. Se trabajaba la huerta. Se sembraban patatas. Se recogían berzas. Se cuidaban los frutales. Se vendimiaba. Se apañaban castañas. Se trabajaba con el cuerpo. Se conocía al vecino y, con frecuencia, también sus penas.

La vida podía ser dura, pero tenía una cadencia que hoy hemos sustituido por otra mucho más vertiginosa. Vivimos acelerados, pendientes del teléfono móvil a todas horas, de las noticias de la televisión, de esos programas basura que son auténticos gallineros –con el respeto que se merecen los mismos–, de obligaciones en ocasiones insustanciales y de los mensajes de WhatsApp que llegan a cualquier hora del día y de la noche. Un despiporre.

Hemos ganado comodidad y años de esperanza de vida, sí, pero quizá hayamos perdido algo de aquel sosiego, de aquella templanza estoica que acompañaba a nuestros viejos.

No se trata de idealizar el pasado, porque sería injusto y falso. Aquella gente padeció privaciones que algunos de nosotros apenas podemos imaginar. Hubo pobreza, enfermedades, emigración a América y a los llamados entonces países ricos de Europa, trabajos extenuantes y una guerra incivil que dejó heridas profundas en la población, tanto que todavía hoy siguen presentes. Pero también hubo comunidad. Vecindario. Y quizá el vecindario sea una de las grandes medicinas que hemos ido olvidando.

Se vivía más hacia fuera. La casa tenía las puertas y las ventanas abiertas, a veces de par en par. Se hablaba con los vecinos, se compartía comida, se ayudaba al que lo necesitaba en las labores del campo. Había una red humana que, aunque imperfecta, sostenía a las personas cuando llegaban los contratiempos.

Hoy podemos tener cientos o miles de contactos en un teléfono y, paradójicamente, sentirnos solos. Nuestros antepasados no tenían conexiones digitales, pero tal vez sí tenían más conexiones humanas que nosotros. Aunque tampoco conviene idealizar. Acaso ningún tiempo pasado fue mejor.

La cocina berciana

Estaba también la cocina berciana, una cocina de tierra y de aprovechamiento, hecha con los productos que proporcionaban la huerta, el monte y los animales domésticos. Estaban los productos de la matanza del cerdo, entre ellos el botillo, y el vino de cosecha. Estaban las berzas del caldo berciano, hermanadas con las del caldo gallego, que alimentaron a generaciones enteras. Y estaba el unto de cerdo, aquel ingrediente de otros tiempos que hoy contemplamos con otros ojos, pero que durante décadas aportó sabor y sustancia a los platos de nuestros antepasados, que no conocían las expresiones nutricionales que empleamos ahora. Tampoco les hacían falta. Ni necesitaban gimnasios. El ejercicio formaba parte de la existencia. Caminar, cavar, segar, podar, cargar, cuidar animales, trabajar la huerta. El cuerpo se movía porque la vida exigía movimiento. Hoy hacemos ejercicio para compensar nuestro sedentarismo, las interminables horas que pasamos sentados. Ellos descansaban después de haber trabajado físicamente. Aquellas tareas tenían también un precio: el campo castigaba las espaldas, las manos y las rodillas. El trabajo podía ser brutal, como lo era la mina. Pero quizá aquella actividad física cotidiana, unida a una alimentación basada en buena medida en productos de la tierra y a una vida menos sometida a la velocidad, haya contribuido a esa longevidad que hoy contemplamos con sorpresa.

El paisaje berciano del carbón

Y después está el paisaje. Porque el Bierzo es también un paisaje de montañas y valles, de ríos y bosques, de viñas y castaños, de huertas y caminos por los que transitamos. Gistredo, los Ancares, los montes Aquilianos, el Sil, el Boeza, entre tantos otros nombres con los que nos identificamos. Una tierra encerrada entre montañas y, al mismo tiempo, abierta al mundo por los caminos que históricamente la han atravesado.

Un Bierzo verde, sin duda. Pero también morado. Morado por las uvas, las viñas, el mosto, los atardeceres, por esa luz especial que algunas tardes, sobre todo en otoño, parece quedarse suspendida sobre los montes.

Y negro. Negro porque el Bierzo también fue carbón, mina, antracita, trabajo subterráneo, sudor y una forma de vida. Durante generaciones, el negro del carbón convivió con el verde de los montes.

Y ahora aparece el azul, un azul nuevo, al menos en el nombre. Es el azul de la longevidad, de las personas que llegan a edades avanzadas, de quienes han atravesado casi un siglo de historia y todavía conservan memoria, conversación, curiosidad y ganas de vivir.

Qué paradoja tan hermosa: una comarca que durante tanto tiempo tuvo el negro del carbón como uno de sus colores identitarios puede aspirar ahora a reconocerse en el azul de la longevidad.

Pero hay que tener cuidado, porque una comarca longeva no puede ser solamente una comarca vieja. Ese es quizá uno de nuestros grandes desafíos.

El Bierzo puede presumir –y debe hacerlo– de sus centenarios, de sus nonagenarios, de quienes han demostrado que se puede recorrer un larguísimo camino vital. Pero también necesita niños, jóvenes, trabajo, oportunidades, servicios públicos, vivienda y futuro.

Queremos vivir mucho, sí. Pero también queremos que haya alguien detrás de nosotros; que los pueblos sigan teniendo voces infantiles; que las escuelas continúen abiertas; que quienes se fueron puedan regresar y quienes nunca se marcharon puedan seguir viviendo aquí. Que los jóvenes no tengan que abandonar necesariamente la comarca para encontrar un futuro.

El Bierzo, territorio de ancianos

Una zona azul no debería ser un territorio de ancianos, sino un territorio donde la vejez sea una consecuencia de haber vivido y donde la juventud tenga razones para quedarse.

Tal vez el verdadero secreto no esté en una sustancia concreta, ni en una receta milagrosa, ni siquiera en un determinado gen. Tal vez esté en una suma de pequeñas cosas: comer de la tierra, caminar, trabajar, descansar, conversar, sentirse querido, cuidar y ser cuidado; tener, en definitiva, un lugar al que regresar. Yo tengo, por fortuna, ese lugar. Por eso, cuando escucho que el Bierzo puede ser una «zona azul», no puedo evitar sentir una cierta alegría, porque detrás de esa expresión aparecen rostros. Aparece mi madre, con más de noventa años. Aparecen las mujeres y los hombres que han superado los noventa años y siguen preguntando qué tiempo hará mañana, quién ha venido al pueblo, cómo están los hijos, los nietos y los biznietos, cuándo empieza la vendimia o si este año habrá buenas castañas. Aparece la vida. La vida con sus pérdidas, sus achaques, sus alegrías, sus recuerdos y sus ganas de continuar. Quizá eso sea ser viejoven. No negar la edad, sino llevarla con dignidad. No pretender tener veinte años cuando se tienen noventa, sino conservar algo de aquella capacidad de asombro que teníamos a los veinte y a los treinta.

Seguir aprendiendo. Seguir hablando. Seguir caminando. Seguir queriendo. Seguir perteneciendo.

Y entonces comprendo que quizá el Bierzo sea azul desde hace mucho tiempo, aunque nosotros no hubiéramos sabido nombrarlo. Azul por sus viejos. Verde por sus montes. Morado por sus viñas. Negro por su carbón. Cuatro colores para una misma tierra. Cuatro maneras de contar una misma historia: la de quienes nacieron aquí, la de quienes se marcharon y la de quienes regresaron. La historia de quienes llegaron a viejos porque tuvieron la fortuna de vivir muchos años, pero también porque encontraron razones para seguir viviendo.

La historia, en definitiva, de una tierra que no solo nos vio nacer, sino que todavía nos llama. La matria. El útero de Gistredo, como me gusta llamarlo. Nuestro lugar en el mundo. Y ojalá, inshallah, como dicen en los países árabes, también nuestro lugar en el tiempo.

El apetito de los fondos de inversión por las energías renovables en la comarca de El Bierzo no decae y tras conocerse el la intención de un fondo de inversión británico de instalar un parque eólico en la zona del Alto Sil y sierra de Gistredo donde se han denegado seis, ahora lo intenta un fondo suizo de capital con origen en Oceanía.

El nuevo proyecto se denomina parque eólico 'Calanina', promovido por una empresa llamada Macrina Solar 35, sociedad vinculada al grupo suizo Galileo. El proyecto abarca los municipios de Fabero, Palacios del Sil, Toreno, Páramo del Sil y Berlanga del Bierzo, se compone de once aerogeneradores y con parte del mismo dentro del plan de recuperación del urogallo cantábrico según los datos del proyecto a los que ha accedido este periódico.

El proyecto contempla once grandes aerogeneradores con rotores de 163 metros de diámetro y bujes situados a 113 metros de altura. Con una pala colocada verticalmente, cada molino alcanzaría aproximadamente 194,5 metros desde el suelo hasta su punto más elevado, los más grandes que se instalarían en la provincia.

La compañía ha presentado una propuesta de potencia total de 49,5 megavatios (MW) lo que implica que la evaluación ambiental correrá a cargo de la Junta de Castilla y León y no el Ministerio de Transición Ecológica por estar por debajo de los 50 MW. Además de las torres eólicas contempla una red eléctrica de hasta 9 kilómetros para llevar su producción a la subestación de Ondinas en el Alto Sil.

Cuenca minera y afección al urogallo

El emplazamiento seleccionado por la empresa suiza ubica los once aerogeneradores en los municipios de Berlanga del Bierzo, Fabero, Páramo del Sil y Toreno. En Palacios de Sil iría parte de la línea de evacuación al finalizar en las Ondinas. Una alternativa inicial situaba también los aerogeneradores principalmente en Páramo del Sil y Toreno, pero fue descartada por su mayor sensibilidad ambiental por su cercanía con la IBA 'Sierras de Gistreo y Coto' y afectar a territorios vinculados a los planes de recuperación del oso pardo y el urogallo cantábrico, las dos especes más amenazadas del ecosistema cantábrico.

La elección, sin embargo, no elimina los problemas ambientales. El propio documento inicial reconoce un impacto global “moderado” y señala efectos de esa consideración sobre la geología, los suelos, la hidrología, la vegetación y la fauna durante las obras, además de sobre el paisaje y los animales durante los años de funcionamiento.

Uno de los puntos más delicados del proyecto afecta al urogallo cantábrico. La futura subestación Calanina, la línea de evacuación de 220 kV y parte de la conexión de media tensión se solapan con el ámbito territorial de aplicación de su Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico pero la empresa asegura que las instalaciones que promueve quedan fuera de las denominadas áreas críticas para la especie. La infraestructura más próxima se encontraría a 1.243 metros del límite de una de esas áreas, mientras que dentro de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 se plantea soterrar la línea de evacuación.

El proyecto se levanta también en un territorio utilizado por otras especies protegidas como el oso pardo además del desmán ibérico y el murciélago grande de herradura, considerados especies vulnerables, según recoge la documentación del mismo

El paisaje constituye otra de las afecciones que el propio promotor califica como moderada. Sus cálculos estiman que los aerogeneradores de hasta 200 metros podrán verse desde el 20,8% del territorio incluido en un radio de estudio de 25 kilómetros. El proyecto se ubica en una zona donde en un radio de 25 kilómetros se contabilizan ya cuatro parques eólicos en funcionamiento, entre ellos Valdelín, El Manzanal y Era del Pico. Por ello, el futuro estudio ambiental tendrá que analizar específicamente los efectos acumulativos y sinérgicos de sumar Calanina a las instalaciones existentes, especialmente sobre el paisaje, los corredores ecológicos y la fauna.

El proyecto de la empresa no recoge la prohibición de instalación de parques eólicos que tiene el municipio de Toreno en su ordenamiento urbanístico y la empresa que ha realizado el informe ambiental, Taxus, también está realizando estudios en la sierra de Gistredo, donde la Justicia y Transición Ecológica han tumbado varios proyectos de parques eólicos por su grave afección ambiental.

Empresa suiza con dinero del otro lado del mundo

La empresa promotora del nuevo parque eólico se denomina Galileo, nacida en el ño 2020 como “plataforma paneuropea de desarrollo de energías renovables y productor independiente de energía”, por el ejecutivo Ingmar Wilhelm y la gestora de infreatestructuras Morrison & Co. Nació como Galileo Green Energy y hace poco tiempo simplificó su nombre a Galileo. La compañía se dedica al desarrollo de proyectos renovables, la venta de electricidad a consumidores finales, la gestión energética y la financiación de proyectos.

Cuenta con el respaldo de cuatro grandes inversores institucionales de Australia y Nueva Zelanda y, en su lanzamiento, recibió un compromiso inicial de capital de 220 millones de euros. Entre sus financiadores están la compañía inversora Infratil Limited (Nueva Zelanda), cotizada en las bolsas de Nueva Zelanda y Australia, con inversiones en renovables, aeropuertos, infraestructuras digitales y sociales. Además está Commonwealth Superannuation Corporation, gestora de fondos de pensiones de empleados y miembros de las fuerzas armadas del Gobierno australiano así como el fondo soberano de Nueva Zelanda, New Zealand Superannuation Fund, creado por el Gobierno para contribuir a financiar el sistema público de pensiones.

Actualmente desarrolla en Europa una cartera que alcanza los 17 GW en energía solar, almacenamiento y eólica terrestre y marina. España se ha convertido en uno de sus mercados relevantes. Según los datos difundidos por la propia empresa en mayo de 2026, Galileo dispone en el país de una cartera de 1,4 GW de proyectos en desarrollo, de los que 700 MW ya cuentan con permisos de acceso y conexión a la red. A estos se añaden otros 1,4 GW vinculados a futuros concursos de capacidad previstos en España. Su estrategia española combina principalmente grandes instalaciones de baterías independientes (BESS), proyectos híbridos fotovoltaicos y parques eólicos, con especial interés por el almacenamiento en grandes áreas de consumo como Madrid y Cataluña.

La Junta de Castilla y León ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de una planta de generación de biometano y fertilizantes proyectada en el municipio leonés de Val de San Lorenzo por la empresa Apiolae S.L, filial del grupo ID Energy, con sede en Ciudad Real.

Según publica este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), la instalación se ubicará en las parcelas 16 y 17 del polígono 517 de este municipio de la comarca maragata y se tramita bajo el expediente 014-25-AALE.

El proyecto contempla una instalación para la producción de biometano mediante valorización de residuos no peligrosos y una planta asociada para la fabricación de fertilizantes, actividades incluidas dentro de los supuestos que requieren autorización ambiental y evaluación de impacto ambiental.

La Junta señala que el proyecto se encuadra entre las instalaciones de valorización de residuos no peligrosos con capacidad superior a 75 toneladas diarias mediante tratamiento biológico y también incluye actividades para la producción de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio.

Además, la iniciativa está sometida al procedimiento de evaluación ambiental al afectar a varias categorías recogidas en la legislación estatal, entre ellas la gestión y valorización de residuos, la industria química vinculada a fertilizantes y determinadas infraestructuras eléctricas asociadas al complejo.

El Ayuntamiento de Cistierna plantea endurecer las condiciones para la implantación de plantas de biogás y biometano en este municipio de la Montaña Oriental leonesa, después de conocerse un primer proyecto diseñado para el polígono de Vidanes, avanzada por ILEÓN a finales del año pasado, y la inmediata reacción en contra que ha provocado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) daba hoy a conocer el borrador del avance de la modificación n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Cistierna. Un proceso que comienza ahora y de momento se abre a participación pública antes de su aprobación definitiva. La propuesta es poner al día un planeamiento que originalmente data de hace más de 30 años, concretamente de 1993, y que no contemplaba ningún tipo de instalaciones de energías renovables de estas u otras características.

El texto propuesto por el Consistorio, y disponible ya en la Sede Electrónica de Cistierna, pinchando aquí, impone unas condiciones muy restrictivas. Pero hay que tener en cuenta que lo hace a futuro, es decir, que con la legislación española no cabría impedir el impulso de aquellos proyectos que, como el de la empresa Apaycachana-6 SL en el polígono de Vidanes, ya están muy avanzados e incluso con la evaluación de impacto ambiental de la Junta favorable. Otra cosa sería en aquellas alternativas que se planteen tras aprobarse de manera definitiva esta nueva normativa.

Entre las futuras restricciones que Cistierna pretende, destaba el veto completo a la ubicación de estas plantas en suelo urbano y también urbanizable. De este modo, su posible implantación quedaría limitada a las categorías de suelo rústico que lo permitan de manera expresa. Ya para complicarlo aún más, exige que se proyecte en parcelas únicas y de, al menos, diez hectáreas de tamaño. Por otro lado, los proyectos también deberán respetar un retranqueo mínimo de 30 metros respecto a los linderos, acompañado de una pantalla vegetal espesa en su entorno formada por especies autóctonas, para mitigar incluso el impacto visual.

La normativa diferencia entre instalaciones de pequeña capacidad -de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos orgánicos-, y plantas de gran capacidad. Las primeras deberán situarse a un mínimo de un kilómetro de cualquier pueblo o núcleo de población o de viviendas residenciales legalmente construidas o con más de 20 años. Para las de mayor tamaño, la distancia exigida aumentaría hasta como mínimo los dos kilómetros.

También se limita la concentración de infraestructuras: no podrán instalarse nuevas plantas a menos de diez kilómetros de otra ya previamente existente, tan sólo con la excepción de que tenga una autorización ambiental expresa, la cual permitiría reducir esa distancia hasta cinco kilómetros de manera excepcional.

Por otro lado, para poder seguir adelante y ser autorizados, las empresas deberán garantizar que al menos el 70% de los residuos que se emplean como materia prima de este tipo de instalaciones, especialmente estiércol animal, procedan de un radio máximo de 15 kilómetros a la redonda. Se trata, explica la normativa, de primar un abastecimiento local y reducir los desplazamientos, y por lo tanto la contaminación.

Los promotores también deberán acreditar obligatoriamente que cuentan con accesos y vías interiores capaces de soportar el tránsito de vehículos pesados sin deteriorar los caminos rurales ni agravar el tráfico local. Y finalmente, la nueva propuesta urbanística obliga a estudiar los impactos acumulativos de estas actividades en el entorno y a cumplir la normativa sectorial en materia de residuos, sanidad, olores, emisiones y protección del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como por otra parte evalúan las declaraciones de impacto ambiental.

El físico investigador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Antonio Turiel compartirá este jueves, 13 de agosto, una mesa redonda con el doctor en Geología Antonio Aretxabala y el biólogo de la Universidad de Oviedo Hugo Robles en un acto en defensa de la Montaña Leonesa que tendrá lugar en el Cine Mary de Cistierna. La cita es a las 19.00 horas.

Asociación Esla Vida, ARBA, CGT-León, Coordinadora en Defensa del Territorio, Espacio Apoyo Mutuo o Colapso, Plataforma Lodos NO, Plataforma Payuelo Libre y Plataforma por la Vida de la Montaña Oriental Leonesa son los grupos organizadores de este acto, que también podrá seguirse en YouTube a través del siguiente enlace.

La intención de los convocantes es poner sobre la mesa del debate lo que consideran como “peligros que amenazan” a la Montaña Central y la Montaña Oriental Leonesa desde “la minería de fosfatos” a “los proyectos de pantanos de bombeo reversible en el de Riaño” y “un nuevo embalse en el Curueño” hasta “la biomasa y los proyectos de biometano”.

Una nueva macroplanta solar cobra forma y avanza ya de modo imparable en la Montaña Central de la provincia de León. Ese impulso definitivo llega de la mano de la Junta de Castilla y León, que en apenas medio año ha declarado de utilidad pública el proyecto fotovoltaico Roblasun 2, promovido por la sociedad Roblasun 2, perteneciente a la compañía Ignis Group, un productor independiente de energía español, en el municipio de Rioseco de Tapia.

La decisión blinda el proyecto definitivamente y permite activar los trámites de expropiación forzosa y la imposición de servidumbres sobre todos los terrenos necesarios para ejecutar la instalación. La resolución llega después de que el proyecto superara los trámites de autorización administrativa y construcción y de que la promotora acreditara acuerdos con más de la mitad de los propietarios afectados, tras iniciarse el proceso en enero de este mismo año.

El expediente contempla una superficie total afectada de 1.591.117 metros cuadrados de extensión, lo que es lo mismo, 159,1 hectáreas, correspondiente a la suma de 427 parcelas particulares incluidas en el ámbito del proyecto. De ellas, 238 parcelas, el 55,74% del total, ya cuentan con acuerdos previos entre la empresa y sus propietarios, mientras que quedan 189 parcelas sin acuerdo. Es sobre estas sobre las que la declaración de utilidad pública permite establecer la necesidad 'a la fuerza' de ocupación o el paso de servicios e instalaciones.

La declaración de utilidad pública supone, por tanto, un nuevo paso administrativo para un proyecto que ya obtuvo la autorización administrativa previa en abril de 2023 y de construcción en 2024. La resolución establece la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y permite continuar con el procedimiento expropiatorio de las fincas que todavía no han sido objeto de acuerdo.

El expediente ha estado sometido a información pública, periodo durante el cual los titulares de los terrenos afectados formularon alegaciones y objeciones a la ocupación de sus propiedades. La documentación recoge la contestación técnica de la empresa promotora a estas alegaciones y el resultado de las gestiones realizadas para alcanzar acuerdos con los propietarios.

El listado de bienes y derechos afectados muestra, además, que el procedimiento no se limita a terrenos de carácter particular. Entre las parcelas incluidas figuran seis propiedades del propio Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, otras cuatro pertenecientes a la Junta Vecinal del pueblo de Espinosa de la Ribera y tres de la Junta Vecinal de Rioseco de Tapia. También aparece una parcela vinculada incluso a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista León-Asturias AP-66, que transcurre cerca de donde se desarrollará la macroplanta.

Una planta con más de 110.000 paneles solares

Roblasun 2 es uno de los grandes proyectos solares previstos en Rioseco de Tapia. La instalación contará con 110.970 módulos fotovoltaicos de 450 Wp, con una potencia pico total de 49,93 MWp y una potencia nominal de 41,66 MVA.

La infraestructura dispondrá además de 11 centros de transformación y 19 inversores de 2.500 kVA. La electricidad generada será evacuada mediante tres líneas subterráneas, con una longitud conjunta superior a los 20 kilómetros, hasta la subestación SET Rioseco 132/30 kV, recoge la documentación.

Roblasun 2 forma parte, además, de un conjunto de tres proyectos fotovoltaicos promovidos en Rioseco de Tapia por sociedades vinculadas a Enagás, junto a Roblasun 1 y Roblasun 3. En conjunto, las tres iniciativas plantean ocupar más de 500 hectáreas de terreno y representan una inversión estimada superior a los 80 millones de euros, aunque estos dos últimos llevan trámites menos avanzados por el momento.

La tramitación de estos proyectos ya generó en su día oposición entre colectivos agrarios, ecologistas y vecinos de la zona, que han cuestionado en fases anteriores aspectos relacionados con el cambio de uso de terrenos agrícolas, el impacto ambiental y sobre la actividad apícola, la fragmentación de las iniciativas -ya que si superan los 50 megavatios ya no tramita la Junta sino el Ministerio- y la inclusión de parcelas cuyos propietarios no habrían autorizado inicialmente su utilización.

La declaración de utilidad pública de Roblasun 2 supone ahora un avance decisivo en su tramitación, al permitir que las fincas para las que no se ha alcanzado un acuerdo voluntario puedan quedar sometidas al procedimiento de expropiación forzosa o de imposición de servidumbres.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

Una especie en total peligro de extinción, el urogallo cantábrico, del que se estima que apenas quedan 209 ejemplares en libertad, y bajando, ha vuelto a ganar la partida a un macroproyecto eólico. Y ha vuelto a ocurrir en la provincia de León, donde se concentran la mayoría de los ejemplares, junto con el Principado de Asturias.

Esta vez la victoria de la delicadísima urogallina se ha convertido además en protagonista de un boletín oficial. Ha sido en el BOP de León donde la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado que Solaria, uno de los mayores grupos empresariales de proyectos de energía renovables, desiste de manera formal de una macroplanta eólica que venía impulsado desde hace casi dos años en la comarca leonesa de la Cepeda.

Se trataba de un proyecto que preveía la instalación de 10 enormes aerogeneradores e infraestructuras de evacuación en los municipios leoneses de Quintana del Castillo, Valdesamario y Villagatón, para generar 70 megavatios de potencia. El motivo por el que la compañía renuncia al parque bautizado como 'Aquarii', renuncia que el Ministerio asume paralizando la solicitud de autorización administrativa previa que estaba en marcha, no es otro que el impacto irreversible que este proyecto había supuesto para el urogallo.

Así se refleja en la documentación dada a conocer a través del Boletín leonés: “El promotor pone de manifiesto que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha informado que el proyecto resulta ambientalmente inviable por ser incompatible con el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico”, se limita a recoger. Llama la atención, además, porque ha sido la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta la que ha peleado durante años por legalizar, hasta en tres ocasiones, algunos antiguos parques eólicos como Peña del Gato, que la Justicia declaraba reiteradamente ilegales, precisamente por los daños a la especie protegida.

Ahora, ante la acumulación de informes desfavorables de diversos organismos y administraciones durante la tramitación ambiental, la empresa reconoce la inviabilidad de esta parte de su gran proyecto en León, solicitando el cierre formal del expediente. Pero solo parte. Porque sin embargo, Aquarii sigue adelante en su formato original, que era una macroplanta de placas solares en la misma comarca leonesa, de 89,6 Mw. Y es que la instalación eólica a la que se renuncia se había planteado por parte de Solaria como una “hibridación con la instalación fotovoltaica Aquarii Solar”. Juntos iban a ocupar unas 200 hectáreas. También continuará avanzando plazos administrativos y ambientales toda la infraestructura de evacuación energética de esta planta solar, gran parte de la cual se iba a aprovechar conjuntamente para ambos proyectos. Esta infraestructura se tramitaba en un expediente separado, SGIISE/PFot-234.

Una larga historia de trámites

El expediente original, impulsado por Planta FV 127 SLU, arrancó en julio de 2024, al presentarse la solicitud de autorización administrativa previa para el proyecto. Medio año después, el 24 de enero de 2025, la administración acordó admitir a trámite la petición, dando continuidad al procedimiento. Sin embargo, el proyecto el primer obstáculo apenas unas semanas después: El 13 de febrero de 2025 se dictó una resolución que puso fin a la pretensión de la compañía se someter las dos plantas a un procedimiento simplificado de afección ambiental.

El Ministerio determinó que la actuación debía someterse a una tramitación ordinaria de evaluación ambiental, un proceso más amplio que implica un análisis detallado de las posibles afecciones del proyecto. Y ha sido este trámite de impacto ambiental ordinario, que comenzó formalmente el 1 de septiembre de 2025, en el que la Junta ha sido tajante al advertir la incompatibilidad de la parte eólica con la supervivencia del urogallo en una de las pocas comarcas de España donse aún sobrevive. Y aún así, la proliferación de proyectos de macroplantas solares sigue atenazando el paisaje de toda la Cepeda, donde se multiplican este tipo de proyectos desde hace años.

La organización agraria Asaja León ha cargado con dureza contra el proyecto de la gran línea eléctrica de alta tensión que pretende transportar hasta la subestación de Luengos, en el municipio leonés de Santas Martas, la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia. La organización califica de “aberrante” la infraestructura y anuncia que presentará alegaciones.

La crítica llega apenas una semana después de que se conociera el proyecto, que contempla la construcción de una línea de 61,66 kilómetros entre el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde (Palencia), y la subestación transformadora de Promotores Luengos, desde donde la electricidad se inyectará en la red de transporte de Red Eléctrica. La actuación, promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad vinculada al grupo berciano Erbienergía de los Lamelas Viloria, implica la declaración de utilidad pública de la infraestructura y, con ella, la posibilidad de expropiar terrenos y establecer servidumbres de paso en decenas de fincas de León y Palencia.

Asaja sostiene que “no tiene” ese supuesto interés público. A su juicio, la línea responde exclusivamente “al ánimo lucrativo de sus promotores” y a la búsqueda del punto más barato para evacuar la electricidad generada en Palencia, utilizando para ello la subestación de Luengos. La organización recuerda que León ya produce más energía de la que consume y considera que la provincia asume el impacto de una infraestructura que, asegura, “no genera riqueza ni empleo local”.

“La provincia recibe una infraestructura que no se quiere en otros territorios, que genera una energía que no necesitamos, que perjudica a los propietarios de fincas rústicas y a quienes las cultivan y que, además, tiene un fuerte impacto ambiental”, resume la organización agraria en su comunicado.

El foco, en las tierras de Payuelos

Uno de los principales argumentos de Asaja se centra en la afección sobre la zona regable de Payuelos, por donde discurrirá parte del trazado. La organización recuerda que ya durante la tramitación ambiental presentó alegaciones para evitar que la línea cruzara esta zona y consiguió, como “mal menor”, que el tramo afectado se ejecutara finalmente de forma subterránea.

Según la organización, la documentación sometida a información pública identifica 276 parcelas agrícolas de la provincia de León, la mayoría procedentes de procesos de concentración parcelaria y muchas de ellas de regadío modernizado, sobre las que recaerán servidumbres de paso, apoyos o ocupaciones temporales.

Además, critica que el expediente no concrete cuánto tiempo durarán esas ocupaciones temporales, qué indemnizaciones recibirán los propietarios ni qué compensaciones corresponderán a los agricultores que cultivan esas tierras en régimen de arrendamiento. Por ello, confirma que presentará alegaciones dentro del plazo de treinta días habilitado por la Junta.

Una línea de más de 60 kilómetros con expropiaciones

El proyecto prevé una línea de alta tensión de 132 kilovoltios y 61,66 kilómetros que atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún, además de otros quince términos municipales de Palencia.

La infraestructura permitirá evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, con una potencia conjunta de 144 MW, mediante una red que combina tramos aéreos y soterrados antes de conectar con la subestación de Luengos.

Asaja enmarca esta oposición dentro de una reivindicación más amplia para que el nuevo Gobierno autonómico proteja el suelo agrícola más productivo frente a la proliferación de parques renovables y de sus infraestructuras de evacuación. La organización lamenta que, a su juicio, ni la Junta de Castilla y León ni el Estado hayan priorizado hasta ahora los intereses de los agricultores frente a este tipo de proyectos.

La Junta de Castilla y León saca a información pública el proyecto de una gran línea eléctrica de alta tensión de más de 60 kilómetros para conectar en León la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia.

La infraestructura conectará el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde, con la subestación transformadora de Promotores Luengos, ubicada en el municipio leonés de Santas Martas, desde donde la electricidad se inyectará en la subestación de 400 kilovoltios de Red Eléctrica en Luengos.

La actuación está promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad con sede en Ponferrada vinculada al grupo Erbienergía, propiedad de la familia berciana Viloria, históricamente minera. El proyecto contempla la declaración de utilidad pública de las infraestructuras, lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y la posibilidad de expropiaciones en todos los municipios atravesados por el trazado.

La línea principal tendrá 61,66 kilómetros de longitud y un voltaje de 132 kilovoltios. Su recorrido unirá Santas Martas con el centro de seccionamiento de Carrión, donde confluirá la producción de los parques eólicos de Perales, Villaumbrales y Villaherreros, todos ellos en Palencia. El trazado combinará tres tramos subterráneos y tres aéreos, una solución adoptada tras la tramitación ambiental para reducir el impacto sobre el territorio.

La infraestructura atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún. En la provincia de Palencia discurrirá por quince términos municipales: Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Valde-Ucieza, Villasarracino y Villaherreros.

El sistema de evacuación se completará con otras dos líneas que recogerán la producción de los parques eólicos hasta el centro de seccionamiento de Carrión. Una de ellas, completamente soterrada, tendrá 22,48 kilómetros y conectará los parques de Perales y Villaumbrales, mientras que la otra alcanzará 16,6 kilómetros, prácticamente toda subterránea salvo un corto tramo aéreo para salvar el río Carrión, destinado a evacuar la energía del parque de Villaherreros.

En conjunto, las infraestructuras permitirán evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, lo que suma una potencia instalada de 144 MW. Toda esa energía se concentrará en el nuevo centro de seccionamiento de Carrión antes de ser transportada hasta la subestación de Santas Martas y, desde allí, a la red de transporte de Red Eléctrica en Luengos.

El expediente incorpora un extenso anexo con la relación de bienes y derechos afectados en ambas provincias. En el caso de León, las expropiaciones y servidumbres alcanzan a numerosas parcelas de los municipios incluidos en el recorrido de la línea, mientras que la declaración de utilidad pública supondrá la urgente ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar la infraestructura.

El anuncio establece un plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, para que cualquier persona pueda examinar la documentación del proyecto y presentar las alegaciones que considere oportunas. El expediente puede consultarse en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, situado en la avenida Casado del Alisal, número 27, en horario de 9.00 a 14.00 horas, así como a través del portal de información pública en materia de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León.