Las expropiaciones del mayor entramado eléctrico proyectado en la provincia de León para dar un sustento imprescindible a casi una veintena de macroparques eólicos y solares de la comarca de El Bierzo dan un paso decisivo. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este martes la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar el denominado ‘Nudo Montearenas Sur’, de 400 kilovoltios (kV).

El anuncio activa formalmente el procedimiento de expropiación forzosa sobre una cifra final de 186 fincas en total repartidas en tres municipios, pero con una abrumadora concentración en el de Torre del Bierzo, donde se localizan 180 parcelas afectadas. Las siete restantes se reparten entre Castropodame (tres) y Brazuelo (otras tres), según el listado oficial que acompaña a la resolución.

Los propietarios y titulares de derechos han sido citados para comparecer en los primeros días de junio en dependencias municipales. En concreto, el Ayuntamiento de Torre del Bierzo acogerá las comparecencias los días 1 y 2 de junio, mientras que en Brazuelo y Castropodame -este último en las Escuelas Viejas de Matachana- tendrán lugar el 3 de junio. En estas reuniones se procederá al levantamiento de actas previas, paso imprescindible antes de la ocupación efectiva de los terrenos.

El anexo del anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, firmado por Fernando Bandera, detalla de forma pormenorizada cada finca, incluyendo superficie afectada, servidumbres previstas, ubicación de apoyos eléctricos y el horario concreto de citación, lo que evidencia el grado de avance administrativo del proyecto, el cual ya había sido hace meses 'blindado' por la Junta al declararlo como “de utilidad pública”. Una figura que garantiza que la compañía promotora pueda expropiar los terrenos.

El ‘Nudo Montearenas Sur’ constituye una de las mayores 'autopistas eléctricas' diseñadas en la provincia para dar salida a la producción de energías renovables. Promovido por la sociedad Comunes Montearenas SL, vinculada al grupo empresarial del empresario leonés Lamelas Viloria, el proyecto articula una red de evacuación de alta tensión, principalmente a 400 kV, con ramales también a 220 kV, de la que dependen cerca de una veintena de futuras instalaciones energéticas en diferente grado actual de desarrollo.

Entre ellas figuran parques eólicos proyectados en enclaves como Torre del Bierzo, Santa Colomba de Somoza o Villagatón, así como grandes plantas solares distribuidas por comarcas como La Valduerna, la Cepeda o el entorno de Benavides de Órbigo. En conjunto, se trata de millones de paneles solares y decenas de aerogeneradores cuya viabilidad depende de esta red de evacuación para verter la energía generada a las infraestructuras de Red Eléctrica de España (REE).

Una larga tramitación

El expediente administrativo arrastra una larga tramitación iniciada en 2020, con procedimientos inicialmente separados para las líneas de 400 y 220 kV que terminaron unificándose tras las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas en 2023. La autorización administrativa previa y de construcción llegó en junio de 2024, paso previo a la solicitud de utilidad pública cursada meses después.

En ese proceso apenas se registraron alegaciones, de hecho, solo una, de la plataforma Bierzo Aire Limpio, que fue desestimada por la Administración autonómica al considerar que no se centraban en este trámite concreto sino en fases ya superadas, como la evaluación ambiental o la autorización del proyecto.

La Junta ha defendido reiteradamente la iniciativa en el marco de la transición energética, subrayando su papel para garantizar el suministro eléctrico, reducir la dependencia de combustibles fósiles y facilitar la integración de nuevas fuentes renovables. Además, el expediente recoge que el promotor ya habría alcanzado acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, lo que ha allanado parcialmente el camino hacia esta fase de expropiaciones.

En cuanto al protagonismo empresarial, la sociedad Comunes Montearenas SL que pilota ahora el Nudo Montearenas no deja de ser otro bandazo empresarial dentro del mismo Grupo Lamelas, ya que el megaproyecto nació de la mano de la empresa Erbienergía Inversiones SL pero ahora ha pasado a ser protagonizado por otras compañías del mismo conglomerado leonés, también Montearenas Este SL, la cual se denominaba previamente Parque Eólico Cabra SL.

El pueblo de Langre, en la comarca de El Bierzo, ha hablado. Los vecinos han sido casi una sola voz. Y la práctica totalidad de ellos han cerrado filas frente al inicio de un posible proyecto eólico en sus montes comunales, promovido por un grupo neozelandés y pese a sus jugosas promesas de futuro.

El concejo celebrado este sábado 18 de abril se saldó con un rechazo prácticamente unánime a la instalación de dos torres de medición, dotadas con anemómetros, por espacio de 18 meses, año y medio. Era el primer paso planteado por la compañía para evaluar la viabilidad de un parque de 11 grandes aerogeneradores en los montes públicos comunales.

La votación, realizada a mano alzada, no dejó lugar a dudas: ningún vecino apoyó la instalación de los equipos. A continuación, al preguntar por los votos en contra, la práctica totalidad de los asistentes levantó la mano en señal de rechazo, registrándose únicamente dos abstenciones.

La decisión llega dos semanas después del primer encuentro, celebrado el 4 de abril, cuando el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro (PSOE), convocó a los vecinos junto a representantes de una compañía interesada en el potencial eólico de la zona. En aquella sesión, marcada por la falta de detalles concretos y la petición de una autorización rápida, los asistentes optaron por aplazar cualquier decisión y solicitar más información.

Según lo trasladado entonces, la propuesta inicial consistía en instalar dos torres de medición en las zonas más elevadas del entorno de la localidad para analizar el recurso eólico. Ese estudio sería el paso previo a un eventual desarrollo de un parque con 11 molinos en suelo comunal. A cambio, la empresa planteaba unos ingresos anuales cercanos a los 55.000 euros, que se podría ir actualizando conforme al IPC, y compromisos de actuaciones en el pueblo que de momento eran bastante genéricos.

Detrás del planteamiento se encuentra Galileo, una plataforma internacional de energías renovables impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y respaldada por grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia.

Con el resultado de este sábado, los vecinos de Langre cierran, al menos por ahora, la puerta a la fase inicial del proyecto y evidencian una posición de total ante este tipo de desarrollos en la comarca berciana, donde ya son varios los que han sido tumbados, pero no tanto por la oposición vecinal sino por condicionantes ambientales o falta de autorizaciones administrativas del Gobierno central. Todavía en el caso de Langre podría haber caminos para la compañía para mantener el proyecto en marcha y requerir su aprobación, por ejemplo con figuras que desembocaran en expropiación de los terrenos, previa declaración de interés público, pero la inicial y clara postura vecinal en contra no lo podrá nada fácil.

Langre, un pequeño pueblo del municipio berciano de Berlanga, se sostiene, y sus grietas le cuesta a las casas de sus vecinos, sobre un entramado de galerías de minas. A pocos metros de su letrero, empieza a crecer la vegetación entre los escombros del cielo abierto sin restaurar que durante años explotó el 'rey del carbón' Victorino Alonso. El sector bajó la persiana definitivamente en 2018 en la provincia de León, pero la comarca sigue en el punto de mira de proyectos que buscan explotar sus recursos para generar riqueza. La nueva oleada de proyectos energéticos, ahora renovables, llegó en sábado y en plena Semana Santa.

El 4 de abril, el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro, del PSOE, convocó un concejo al que llegó acompañado por dos hombres desconocidos y muy bien vestidos, que resultaron ser trabajadores de una empresa internacional interesada en el viento que sopla sobre sus montes comunales.

En una sesión con pocos datos, pero muchas prisas y promesas económicas sobre la mesa, pedían a los vecinos su autorización para instalar dos torres de medición durante 18 meses en las zonas más altas del entorno de la localidad. El objetivo, medir el recurso eólico y determinar si resultaría rentable desarrollar allí un parque eólico. Pero en El Bierzo hace tiempo que los vecinos han aprendido que casi ningún macroproyecto empieza llamándose así, y menos por parte de sus promotores.

La respuesta del pueblo fue prudente. Lejos de dar un sí inmediato, los asistentes al concejo optaron por pedir documentación detallada, meditar la información y aplazar la decisión. Quieren estudiar las condiciones, debatirlas con calma y, luego, “¡ya veremos!”, trasladan a este medio. Ese momento llegará este sábado 18 de abril, en una nueva reunión que se prevé clave para el futuro de la localidad.

Promesas económicas jugosas, entre incógnitas

Según lo trasladado, vagamente, a los vecinos, el proyecto que se plantea a medio plazo incluiría la instalación de 11 molinos, sobre terrenos comunales. A cambio, la empresa ofrece unos ingresos anuales de alrededor de 55.000 euros, actualizados conforme al IPC, además de compromisos genéricos de actuaciones en el pueblo, como desbroces o pequeñas mejoras sin concretar.

También se menciona la posibilidad de incluir una cláusulas de reversibilidad en los contratos, un elemento que suele utilizarse como garantía en este tipo de operaciones. Sin embargo, más allá de la oferta económica y la posibilidad de dar marcha atrás en cualquier momento, el resto de aspectos clave del proyecto son difusos.

No se ha presentado, por ahora, un estudio de impacto ambiental del entorno de Langre. Tampoco se han ofrecido garantías claras sobre la creación de empleo local, más allá de menciones genéricas habituales en este tipo de iniciativas. Y el propio proyecto, en su fase actual, se limita oficialmente a la instalación de dos torres de medición, paso previo a cualquier desarrollo posterior.

En otras palabras, la parte mejor definida de la propuesta es el dinero, tentador, que recibiría una junta vecinal con pocos vecinos, escasos recursos y muchas necesidades. La más relevante, su impacto real sobre el territorio, sigue siendo una incógnita.

Una empresa internacional, con interés en un pueblo diminuto

Detrás de esta primera toma de contacto está Galileo, una plataforma internacional de energías renovables creada en 2020 para desarrollar proyectos en distintos países europeos. La compañía está impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y cuenta con el respaldo financiero de grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia, entre ellos el fondo soberano neozelandés, Infratil o la Commonwealth Superannuation Corporation.

Su modelo de negocio es global: identificar ubicaciones con potencial energético, desarrollar proyectos competitivos y operar dentro de grandes carteras de inversión en renovables. Según lo trasladado en el concejo, el de Langre, un pueblo con alrededor de 70 vecinos, podría ser su primer proyecto en España.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa para conocer con mayor detalle el alcance de la propuesta, sus previsiones de empleo, el modelo contractual o las compensaciones para el territorio, sin haber obtenido respuesta.

El Bierzo, otra vez en el mapa energético

El caso de Langre no es un hecho aislado, sino un episodio más dentro de un proceso más amplio que afecta a toda la comarca. Tras más de un siglo marcada por la explotación del carbón y la generación eléctrica en centrales térmicas, El Bierzo vuelve a situarse en el punto de mira de grandes operadores energéticos, esta vez bajo el paraguas de la transición hacia fuentes renovables.

El cambio de modelo, de combustibles fósiles a energía eólica, solar o hidráulica, no ha eliminado, sin embargo, las tensiones de fondo. La pregunta que atraviesa muchos de estos proyectos, como el de Langre, sigue siendo la misma: qué parte del valor generado se queda realmente en el territorio y qué parte se marcha fuera.

Durante décadas, la minería llegó a emplear a decenas de miles de personas en la comarca. Hoy, los grandes proyectos renovables manejan cifras de inversión millonarias y promesas de empleo durante su construcción, pero generan puestos de trabajo muy limitados una vez entran en funcionamiento. El contraste entre el volumen de negocio y el retorno local sigue siendo uno de los puntos más cuestionados.

La experiencia reciente en la provincia de León, y especialmente en El Bierzo y el Alto Sil, añade más elementos para estudiar con cautela el futuro de los montes de Langre. En los últimos años, varios proyectos eólicos de gran envergadura han sido tumbados o modificados de manera importante tras evaluar su impacto ambiental.

El caso más emblemático es el de la Sierra de Gistredo, donde tras más de dos décadas de lucha vecinal y ecologista, diferentes iniciativas eólicas han sido rechazadas por su impacto sobre un territorio de alto valor ambiental, hábitat de especies protegidas como el oso pardo o el urogallo cantábrico. Más recientemente, proyectos impulsados por grandes compañías energéticas también han caído por su afección a espacios sensibles o por la acumulación de impactos en una misma zona.

Otros casos, como el parque eólico de Trabadelo, se han caído debido a los muchos condicionantes e importantes recortes en su planteamiento inicial, como la eliminación de la mitad de los aerogeneradores previstos o la obligación de soterrar infraestructuras para reducir su impacto sobre la fauna y el paisaje. La empresa ha acabado desestimando el proyecto.

Estos antecedentes refuerzan una idea cada vez más presente en la comarca: no se trata de un rechazo genérico a las energías renovables, sino de cómo, dónde y para quién se desarrollan. En ese contexto, propuestas como la de Langre abren un debate que va más allá de un solo pueblo. Los 55.000 euros anuales ofrecidos por el gigante energético pueden suponer un ingreso relevante para una junta vecinal pequeña, pero plantean interrogantes cuando se comparan con el valor económico total que puede generar un parque eólico durante décadas de explotación.

Un territorio bajo presión energética constante

La insistencia de nuevas iniciativas energéticas en la zona refuerza la percepción de que El Bierzo sigue siendo un territorio especialmente atractivo para este tipo de inversiones. No solo por su recurso natural, sino también por la existencia de infraestructuras eléctricas heredadas del pasado industrial y por la disponibilidad de suelo en zonas gravemente afectadas por la despoblación.

Ejemplo de ello son otros proyectos recientes, o en estudio, vinculados a magnates mineros, como la polémica planta fotovoltaica proyectada sobre terrenos en disputa de la antigua mina a cielo abierto de la Gran Corta de Fabero que explotó Victorino Alonso, o iniciativas hidroeléctricas de gran escala del grupo Lamelas Viloria como la que acaba de vender a un grupo suizo en Navaleo, y otra en el entorno del río Cúa. En este último caso, ya en 2018 se tramitó una central depuradora reversible con cientos de megavatios de potencia en los términos de Berlanga del Bierzo, Fabero y Vega de Espinareda, destinada a aprovechar y tratar aguas de origen minero en una compleja infraestructura.

Aunque de naturaleza distinta, todos estos proyectos comparten un mismo trasfondo: la utilización intensiva de los recursos naturales de la comarca en un nuevo ciclo energético que afecta a muchos, pero está en manos de muy pocos.

El sábado, nueva decisión

Mientras tanto, en Langre, el proceso sigue en su fase más inicial. Este sábado 18 de abril, los vecinos volverán a reunirse en concejo para decidir si autorizan o no la instalación de las torres de medición.

La decisión no es menor. Aunque se trate solo de un estudio previo, marcará el inicio, o no, de un camino que otros pueblos de la comarca ya han recorrido antes: el de convertirse en pieza de un modelo energético que, con distintos nombres y discursos, lleva más de un siglo definiendo el futuro de El Bierzo.

El Ayuntamiento de León impulsa una estrategia basada en la sostenibilidad y el autoconsumo para reducir la factura energética municipal hasta en 620.000 euros al año y disminuir las emisiones, además de avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

Será a través de la instalación de un total de un total de 13 instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales, diez de la cuales cuentan con sistemas de almacenamiento energético por baterías para conservar la energía generada, que según sus cálculos permitirán llegar a más de 100 puntos de consumo municipales. Es decir, estiman que el reparto podría alcanzar un radio de hasta 5 kilómetros desde cada punto de generación.

El proyecto supone la generación de 1.538,68 kilovatios de potencia total instalada y una capacidad de almacenamiento instalada de 1.970 kilovatios, lo que evitará la emisión de más de 860 toneladas de CO₂, cifró hoy el alcalde de León, José Antonio Alonso, en la presentación de las iniciativas.

Además, el ahorro económico estimado es de más de 620.000 euros anuales, y el alcalde ha indicado que, con estos datos, esperan que se pueda amortizar en un plazo de tres años la inversión de esta primera fase, que contemplaba la instalación de 2.481 placas, repartidas en distintos puntos de la ciudad.

Dónde van las placas

Las placas se ubicarán en la llamada pérgola bioclimática del paseo de los Pendones Leoneses, que en realidad 'esconde' el intercambiador de autobuses urbanos y metropolitanos; los pabellones deportivos de San Esteban, el Margarita Ramos situado en el Polígono 10, el de la Torre y el situado junto al colegio de Luis Vives; las instalaciones del Servicio de Limpieza; los polideportivos de los colegios públicos de La Granja y de Quevedo; el centro cívico Ventas Oeste; el Centro de Acción Social (Ceas) Ventas Este y los polideportivos de Gumersindo Azcárate, Salvio Barrioluengo en el barrio de El Ejido y el de Puente Castro.

Cabe recordar que este último se inauguró tras años de promesas del equipo de Gobierno con el barrio, se invirtieron en él 2,3 millones de euros y tras la inauguración jamás se pudo utilizar por insalvables deficiencias de climatización, las cuales se contrataron después con la necesidad de volver a invertir otros  328.500 euros más. A día de hoy no consta que se pueda utilizar todavía.

El regidor, en rueda de prensa junto a varios técnicos, defendió hoy este sistema “pionero” de autoconsumo energético, que busca cumplir el objetivo de contar “con una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para el futuro”, que invierta en energía solar como inversión en seguridad y bienestar, ha asegurado.

La inversión total se sitúa “alrededor” de 2,5 millones de euros, cofinanciados con un millón de euros de la Unión Europea. Además, han remarcado que el Ayuntamiento de León ha ejecutado diferentes proyectos para el autoconsumo con los que generar una producción de energía limpia de 3,9 millones de kilovatios al año. Y es que al mismo tiempo resaltaron que estas nuevas placas se suman a las casi 5.000 existentes o en construcción (con una potencia total de 1.637 kilovatios) en ubicaciones como el Palacio de Exposiciones -tras siete años inactivas y una nueva necesidad de inversión-; el edificio municipal de Ordoño II; las piscinas de La Palomera, con cuantiosas reformas en marcha; el Parque de Bomberos, fruto de otra millonaria inversión de 3,3 millones; o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), que también suma ya 7 millones en total.

Reolum ha adquirido una nave industrial en el polígono El Crispín, en La Robla, que transformará en su nuevo centro de innovación y oficinas técnicas, en una operación valorada en 12 millones de euros y vinculada directamente al desarrollo de su macroproyecto energético en la zona.

La instalación, con una superficie total de 49.750 metros cuadrados, contará con cerca de 3.000 metros destinados a oficinas y albergará un laboratorio, un taller de ensayos, espacio de almacenamiento y áreas de premontaje. El objetivo de la compañía es centralizar en este enclave parte de su capacidad técnica y avanzar en el desarrollo de combustibles sintéticos verdes.

La nave jugará además un papel clave durante la fase de construcción de ‘La Robla Green’, el proyecto energético impulsado por la compañía en los terrenos de la antigua central térmica, al servir como base para el personal técnico encargado de supervisar las obras y como espacio logístico para el almacenamiento de equipos y el premontaje de instalaciones.

Una vez en funcionamiento, el complejo dará soporte tanto a la planta de La Robla como al proyecto previsto en Villadangos, actuando como centro administrativo, taller técnico, laboratorio de pruebas y almacén de repuestos.

La adquisición se enmarca en la hoja de ruta industrial de la empresa, que busca reforzar su capacidad de innovación en un momento clave para el desarrollo de sus proyectos. El consejero delegado y cofundador de Reolum, Yann Dumont, señala que estas instalaciones permitirán “desarrollar, testar y optimizar soluciones en el ámbito de los combustibles sintéticos verdes”, además de integrar talento local y mejorar la eficiencia y coordinación de las plantas.

El movimiento supone un nuevo avance en el despliegue de ‘La Robla Green’, una de las mayores inversiones privadas previstas en la provincia de León, con un presupuesto de 850 millones de euros. El proyecto contempla una planta de biomasa de 50 megavatios eléctricos, sistemas de captura de CO₂, producción de hidrógeno verde y una instalación de e-metanol con capacidad de hasta 140.000 toneladas anuales.

La Junta de Castilla y León ha declarado de utilidad pública la planta fotovoltaica ‘Soleyada I’, proyectada en el municipio leonés de Villamañán y promovida por la empresa asturiana Soleyada Energía Solar SL, lo que abre la puerta a la expropiación de terrenos necesarios para su ejecución en los casos en los que no se han alcanzado acuerdos.

Según la resolución publicada este miércoles 15 de abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el promotor ha logrado cerrar acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, tanto en número como en superficie, un requisito clave para avanzar en la tramitación. Sin embargo, el resto de titulares de parcelas, que no firmaron o lo hicieron de forma parcial, podrá verse ahora afectado por procedimientos de expropiación.

El expediente administrativo señala que durante el periodo de información pública, desarrollado entre finales de 2025 y comienzos de 2026, no se presentaron alegaciones por parte de los afectados.

La declaración de utilidad pública, firmada el pasado 7 de abril por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, implica la necesidad de ocupación de los bienes y derechos incluidos en un anexo con varias parcelas del término municipal, que suman varios miles de metros cuadrados.

El proyecto cuenta con autorización administrativa previa y de construcción desde junio de 2022, tras haber iniciado su tramitación en 2021 como uno de los varios parques solares planteados en la zona sur de la provincia de León.

Desde el punto de vista técnico, ‘Soleyada I’ contempla la instalación de 14.616 módulos fotovoltaicos sobre una superficie de entre 14 y 17 hectáreas, con una potencia prevista de 6 megavatios y una inversión estimada de 3,5 millones de euros. La iniciativa incluye también su infraestructura de evacuación, en parte soterrada.

Además, ya había obtenido en mayo de 2022 una declaración de impacto ambiental favorable, en la que la administración autonómica concluía que no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, dentro de un conjunto de tres plantas solares previstas entre Villamañán y La Bañeza que suman más de 63 hectáreas.

Con esta resolución, el proyecto encara la fase final antes de su ejecución material, al quedar habilitada legalmente la ocupación de terrenos en caso de no existir acuerdo con todos los propietarios. No obstante, la decisión no pone fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación ante el Director General de Energía y Minas, en la sede de la Junta en la avenida Reyes Leoneses, 11, en León.

Un equipo de investigadores ha demostrado que los posos de café usados pueden transformarse de forma eficiente en biobutanol, un biocombustible avanzado con potencial para sustituir parcialmente a los combustibles fósiles, mediante un proceso optimizado que reduce costes y refuerza la viabilidad industrial de esta alternativa energética.

El estudio, liderado por el Centro de Biocombustibles y Bioproductos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) y la Universidad de León (ULE), confirma que los residuos sólidos del café, uno de los subproductos agroalimentarios más abundantes del mundo, pueden revalorizarse dentro de un modelo de economía circular, al convertirse en una fuente eficaz de energía renovable.

Según explican los autores, el trabajo optimiza por primera vez todo el proceso de producción de biobutanol a partir de posos de café, desde el tratamiento previo del residuo hasta la fermentación final, logrando altas concentraciones del biocombustible con una reducción significativa en la cantidad de nutrientes necesarios para el proceso, uno de los principales factores de coste.

Ventajas sobre el bioetanol

El biobutanol es un alcohol de cuatro carbonos que presenta ventajas frente al bioetanol, al tener mayor densidad energética, menor volatilidad y una mayor compatibilidad con las infraestructuras actuales de transporte y almacenamiento de combustibles, además de poder mezclarse con gasolina en cualquier proporción.

En la primera fase del trabajo consultado por EFE tras su publicación en la revista 'Process Safety and Environmental Protection', los investigadores optimizaron el pretratamiento químico de los posos de café mediante ácido sulfúrico diluido y posterior hidrólisis enzimática, con el objetivo de liberar la mayor cantidad posible de azúcares fermentables.

Con las condiciones óptimas, se logró recuperar más del 91% de los azúcares totales contenidos en el residuo, una cifra muy superior a la descrita en estudios previos.

Posteriormente, el hidrolizado obtenido fue sometido a un proceso de detoxificación para eliminar compuestos inhibidores que dificultan la fermentación. Este paso permitió eliminar completamente sustancias tóxicas como los furanos y reducir en más de un 80 % los compuestos fenólicos, sin una pérdida significativa de azúcares.

El siguiente avance clave fue la selección de la bacteria más eficiente para transformar esos azúcares en biobutanol. Tras evaluar ocho cepas del género Clostridium, el equipo identificó a Clostridium saccharoperbutylacetonicum como la más eficaz, tanto en producción de butanol como en consumo de azúcares, superando a otras cepas comúnmente utilizadas.

Desarrollo de la fermentación

Uno de los principales logros del estudio es el desarrollo de un medio de fermentación con nutrientes mínimos. Mediante un diseño estadístico, los investigadores demostraron que muchos de los compuestos habitualmente añadidos no eran necesarios, lo que permitió reducir la fermentación a solo tres suplementos esenciales. Esta simplificación se tradujo en una reducción de los costes de hasta casi el 50 % respecto a formulaciones convencionales.

Finalmente, la optimización de las condiciones de fermentación permitió alcanzar concentraciones de hasta 7,9 gramos por litro de biobutanol y casi 12 gramos por litro de la mezcla total de disolventes, con rendimientos superiores a los reportados anteriormente para residuos de café.

Los autores subrayan que estos resultados refuerzan el potencial de los posos de café como materia prima para la producción de biocombustibles avanzados y muestran que, mediante una adecuada selección de microorganismos y condiciones de proceso, es posible mejorar tanto la eficiencia como la rentabilidad.

El estudio contribuye así a dar una segunda vida a un residuo que actualmente se gestiona en gran medida como desecho, al tiempo que impulsa soluciones energéticas más sostenibles alineadas con los objetivos de descarbonización y economía circular de la Unión Europea. 

Durante décadas, la Gran Corta de Fabero fue una herida en el paisaje de El Bierzo. Un enorme hueco que creció hasta convertirse en una de las explotaciones mineras a cielo abierto más grandes de Europa, símbolo de la era del carbón y del modelo económico que sostuvo durante generaciones a la comarca, la provincia y el país.

Cuando el sector de la minería cerró definitivamente a finales de 2018, lo que quedó no fue solo el silencio de las máquinas y los trabajadores mal llamados excedentes del carbón. Sobre el terreno, más de 700 hectáreas profundamente transformadas: taludes inestables, escombreras, cursos de agua alterados y un ecosistema degradado tras más de un siglo de extracción intensiva.

Un cierre sin restauración

La legislación obligaba a devolver esos terrenos a unas condiciones ambientales seguras. Pero esa restauración nunca llegó por parte de quien debía asumirla. El empresario minero Victorino Alonso, conocido como ‘el rey del carbón’, abandonó la explotación sin ejecutar los trabajos de recuperación ambiental.

Años después, ya fuera de la actividad minera y con antecedentes judiciales por delitos medioambientales en otras explotaciones de la provincia, el agujero de Fabero seguía ahí, intacto. El coste de esa inacción lo asumió finalmente lo público.

En 2021, el Instituto para la Transición Justa y la Junta de Castilla y León firmaron un convenio para restaurar la Gran Corta con fondos del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea. La intervención, con una inversión de más de 38 millones de euros, arrancó en 2022 con un objetivo claro: reconstruir un territorio profundamente alterado. Una intervención millonaria que, en la práctica, vino a cubrir una obligación incumplida por la empresa explotadora, cuyas fianzas resultaron insuficientes para reparar el daño causado.

En 2023, cuando la restauración empezaba a andar, el 'rey del carbón' entraba en prisión para cumplir sus dos condenas firmes por delitos medioambientales en dos explotaciones mineras de Laciana y Babia, El Feixolín y Nueva Julia. Apenas estuvo un año en prisión, a pesar de que fue condenado a 5 años y diez meses de cárcel y al pago de más de 50 millonarias en multas que va pagando con un embargo de su pensión a razón de 500 euros al mes.

Pero hay un elemento añadido que introduce aún más controversia en toda esta historia: parte de esos trabajos financiados con dinero público en la Gran Corta han sido ejecutados por empresas vinculadas al propio entorno empresarial del ‘rey del carbón’, utilizando además su maquinaria.

Millones para rehacer el paisaje, pero no del todo

El proyecto de restauración con dinero público llegaba para plantear una transformación integral del espacio. No solo tratar de cubrir las cicatrices de la actividad minera, sino de redibujar completamente el terreno.

Los trabajos, que ya deberían estar terminados, pero todavía están en ejecución, han supuesto grandes movimientos de tierra, estabilización de taludes, creación de una nueva red hidrográfica y la recuperación de la vegetación con la plantación de cientos de miles de árboles. En paralelo, se han diseñado nuevos usos para el espacio: zonas recreativas, miradores, rutas peatonales y equipamientos vinculados a la interpretación ambiental y minera.

A eso se suman actuaciones de carácter divulgativo, como la instalación de cartelería temática, elementos interpretativos o incluso réplicas paleobotánicas de gran formato, con un contrato que ronda los 60.000 euros.

La imagen que se quiere proyectar ahora de la Gran Corta es la de un espacio que deja atrás su pasado industrial para convertirse en un entorno recuperado, visitable y con nuevos usos. Pero este relato no está aún completo.

Pero no toda la Gran Corta forma parte del proyecto financiado con fondos públicos. Dos áreas quedaron fuera del perímetro de actuación. Y es precisamente en esos espacios donde hoy se concentran algunos de los principales conflictos sobre el futuro del enclave.

Del carbón al negocio del Sol

En una de esas zonas que quedaron fuera del plan de restauración, el pasado vuelve a abrirse paso para explotar los recursos naturales, aunque de otra manera: a través de la energía solar.

Allí, empresas vinculadas al entorno societario de Victorino Alonso impulsan la construcción de una planta solar fotovoltaica sobre 26,5 hectáreas de la antigua explotación minera, con unos 26.000 paneles previstos. El proyecto ha contado con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que lo eximió de someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y lo tramitó posteriormente de forma acelerada.

No es un movimiento aislado ni improvisado. Antes incluso de su entrada en prisión, el empresario minero ya había comenzado a reorientar su actividad hacia las energías renovables utilizando suelo de sus antiguas minas, muchas de ellas aún sin restaurar.

Pero la controversia va aún más allá del modelo energético o del impacto ambiental. El conflicto de fondo es la propiedad de esos terrenos.

La mayoría de las fincas en las que está proyectada la planta solar fueron cedidas en los años noventa por particulares mediante contratos que incluían cláusulas de reversión. Es decir, debían volver a sus dueños originales pasados 25 años. Ese plazo ya se ha cumplido. Sin embargo, los terrenos no han sido devueltos.

Una empresa vinculada al antiguo entramado minero ha reconocido que más de 200 hectáreas están sujetas a esa obligación de retorno. Aun así, el proyecto fotovoltaico sigue avanzando sobre esos suelos, lo que ha provocado la reacción de los propietarios.

Vecinos de pedanías como Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes se han organizado en una plataforma para reclamar lo que consideran suyo. El conflicto ha llegado hasta el Defensor del Pueblo y su denuncia resume décadas de historia: tras el carbón, la degradación del territorio y una restauración pagada con dinero público, los terrenos no han vuelto a sus dueños y ahora se proyecta sobre ellos un nuevo negocio. Distinto en apariencia, pero con los mismos protagonistas de fondo.

Otro modelo: uso público y turismo

Frente a ese modelo energético, el Ayuntamiento de Fabero impulsa otro tipo de iniciativas en la zona. Entre ellas, el desarrollo de rutas para bicicletas de montaña y otros usos vinculados al ocio y al turismo activo, en línea con el propio proyecto de restauración.

La idea es integrar la Gran Corta en una estrategia de reconversión del territorio que mire hacia el turismo, la naturaleza y la puesta en valor del patrimonio minero. Dos formas distintas de entender el futuro de un mismo espacio.

Recientemente, se acaba de adjudicar el contrato para la construcción de senderos técnicos BTT y Pump Tracks, dos modalidades distintas dentro del ciclismo de montaña, con una inversión que supera los 760.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que deberían estar listas para el mes de julio.

Cicatrizar no es olvidar

La Gran Corta de Fabero empieza, por fin, a dejar de ser solo una herida. El paisaje se empieza a recomponer gracias al dinero público. La mina que fue símbolo del carbón quiere convertirse ahora en espacio de vida, de memoria y de nuevas oportunidades. Pero no todo ha cambiado.

Una parte de ese pasado sigue ahí, reapareciendo bajo otras formas: en los conflictos por la propiedad de la tierra, en los proyectos energéticos impulsados por el mismo entorno que explotó el carbón, en decisiones que vuelven a poner en cuestión quién controla el territorio.

Al mismo tiempo, otra mirada intenta abrirse paso. La de quienes ven en la Gran Corta un lugar para reconstruir, para recorrer, para darle un uso distinto que no pase por extraer, sino por habitar.

Entre lo que fue, lo que aún permanece y lo que está por venir, Fabero vuelve a enfrentarse a la misma pregunta de fondo. Qué hacer con su pasado. Y, sobre todo, quién decide su futuro.

El 8 de abril de 2026, Estados Unidos e Irán aceptaron un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán. La pausa llegó a apenas dos horas de que expirara el ultimátum de Trump para destruir centrales eléctricas y puentes iraníes.

Es una buena noticia, pero conviene no engañarse: aunque los combates cesen, sus consecuencias no van a deshacerse.

Tras cinco semanas de guerra, el mundo energético, militar y geopolítico que existía antes del 28 de febrero ya no existe. Y no va a volver.

40 instalaciones energéticas dañadas en nueve países

La dimensión de los daños físicos es el primer motivo para el pesimismo. El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, calificó la situación como la mayor crisis de seguridad energética de la historia, equiparando su impacto al de las dos crisis petroleras de los años 70 y la crisis del gas de 2022 juntas. Al menos 40 activos energéticos en nueve países han sufrido daños graves.

La lista es demoledora. En Irán, las instalaciones de South Pars y la isla de Jarg han sido bombardeadas. En Arabia Saudí, la planta de Ras Tanura –con 550 000 barriles diarios de capacidad– fue alcanzada por drones. En los Emiratos Árabes Unidos, la refinería de Ruwais (una de las mayores del mundo), el campo de gas de Shah y el puerto de Fujairah han sufrido daños. En Catar, el complejo de Ras Laffan, responsable de aproximadamente el 20 % del gas natural licuado (GNL) mundial, fue atacado con misiles en varias oleadas. Y en Kuwait, las refinerías de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah fueron golpeadas, junto con plantas de desalinización y electricidad. De hecho, Kuwait declaró “fuerza mayor” (exime de responsabilidad por incumplimiento, cubriendo eventos como desastres naturales, guerras o actos gubernamentales) y redujo su producción a consumo doméstico.

Y aquí viene el punto clave: estas instalaciones no se reparan pulsando un botón. Los cierres forzados de producción provocan corrosión y daños estructurales que requieren reparaciones previas al reinicio. Como señaló un investigador de la Universidad de Columbia, el proceso puede ser lento y costoso. El centro de investigación Brookings fue más directo: los ataques iraníes a Ras Laffan, Yanbu y Fujairah estaban diseñados precisamente para prolongar la escasez más allá de la reapertura del estrecho de Ormuz. Las instalaciones dañadas tardarán meses o años en repararse.

El petróleo: de 65 a 128 dólares y sin vuelta rápida

Antes de la guerra, el barril de Brent cotizaba entre 64 y 70 dólares. El 2 de abril alcanzó los 128 dólares, un alza del 93 %. Tras el anuncio del alto el fuego, está bajando un 15 %. Los 90 dólares por barril suponen un alza del 30 % con respecto al nivel previo a la guerra.

La Administración de Información Energética de EE UU (EIA) publicó el 7 de abril su previsión actualizada: no espera una normalización por debajo de 76 dólares el barril hasta 2027. La guerra ha provocado que Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahréin redujeran de forma conjunta alrededor de 7,5 millones de barriles diarios de producción de crudo en marzo, según la EIA. Se espera que esta histórica interrupción del suministro empeore antes de mejorar, aumentando a 9,1 millones de barriles diarios en abril.

Es la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero, según la AIE. Esa reducción equivale a la producción combinada de Kuwait, Catar, Emiratos y Bahréin desapareciendo del mercado de un día para otro.

Sin vuelta atrás

¿Por qué no volverán los precios al nivel anterior? Por cinco razones estructurales:

Ormuz: de canal rutinario a punto de riesgo permanente

El estrecho de Ormuz transportaba el 20 % del petróleo mundial. Desde el 2 de marzo, los tránsitos diarios cayeron de 138 buques a cifras de un solo dígito. Unos dos mil buques y más de veinte mil marineros quedaron varados. Irán creó un canal alternativo al norte de la isla de Larak, cobrando dos millones de dólares por tránsito en yuanes.

El coste de asegurar un petrolero para cruzar el estrecho pasó de una fracción de porcentaje del valor del buque a entre el 3,5 % y el 10 %. Para un superpetrolero de cien millones de dólares, eso significa entre 3,5 y 10 millones por viaje, frente a unos doscientos mil dólares antes de la guerra.

¿Se fiarán los países de que no vuelva a ocurrir? Difícilmente. La consecuencia será una reestructuración permanente: más oleoductos terrestres, más reservas estratégicas regionales, más inversión en defensa aérea propia por parte de los estados del Golfo. Todo eso cuesta dinero. Y ese dinero acabará en el precio de la energía.

Arsenales agotados: años para recuperarse

El coste militar directo de la guerra para Estados Unidos se estima en unos 28.000 millones de dólares en 39 días. El Pentágono ha solicitado 200.000 millones adicionales al Congreso. Pero el problema no es solo el dinero: es el agotamiento de las reservas de armamento.

En los primeros días se consumió aproximadamente el 10 % del inventario de misiles de crucero y el 25 % de los interceptores THAAD (siglas en inglés de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal). La producción anual de misiles Patriot PAC-3 es de solo 172 unidades. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la producción de 2026 no cubrirá el consumo, y las municiones desviadas al teatro iraní crean riesgos en otros frentes como Ucrania y el Pacífico occidental. Reponer inventarios llevará años, no meses.

Un dato revela la asimetría del conflicto: el coste de interceptar un dron iraní con un misil estadounidense es 106 veces mayor que el coste del propio dron.

Más allá de la energía: fertilizantes, alimentos y la señal a China

El impacto no se limita al petróleo. El Golfo produce alrededor del 12 % de los fertilizantes nitrogenados mundiales. Con las plantas de gas paradas, esa producción está interrumpida. El impacto en la cosecha 2026-2027 y en los precios de alimentos podría ser severo, especialmente para países importadores netos.

Y hay una dimensión estratégica que no debería pasar desapercibida: si Estados Unidos ha agotado arsenales críticos en Irán... ¿Qué señal envía eso a Pekín respecto al estrecho de Taiwán? El CSIS lo advirtió explícitamente.

Para Europa, y para España en particular, la vulnerabilidad es clara. La dependencia del GNL catarí (con Ras Laffan dañado), la subida del precio del gas en el mercado TTF (mercado de referencia del gas en Europa) y la inflación energética importada golpean a una economía que apostó por el gas como energía de transición. Esa transición se ha encarecido dramáticamente.

Y para Irán (90 millones de personas), la inflación alimentaria interanual alcanzó el 112,5 % en marzo de 2026. La reconstrucción con sanciones, industria destruida y liderazgo decapitado será un factor geoeconómico durante décadas.

El mundo del 27 de febrero ya no existe

Este alto el fuego –si se consolida– pondrá fin a los combates. Pero no deshará sus consecuencias. El estrecho de Ormuz ha dejado de ser un canal rutinario para convertirse en un punto de riesgo permanente. Los arsenales occidentales necesitarán años para reponerse. Los estados del Golfo invertirán masivamente en defensa y rutas alternativas. Y países como China, India y los europeos acelerarán su búsqueda de independencia energética, no por idealismo verde, sino porque han visto lo que puede pasar cuando no la tienes.

El 28 de febrero de 2026 no fue solo el día en que comenzó una guerra. Fue el día en que acabó la ilusión de que el petróleo siempre fluye.

Enrique Parra Iglesias es profesor titular del Departamento de Economía Universidad de Alcalá. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation España e ILEÓN tiene permiso de republicación.

Las entidades conformadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, la asociación Paisajes y Viñedos del Bierzo y la asociadión Bierzo Aire Limpio trabajan en una propuesta para impulsar la declaración del Bierzo Oeste como espacio protegido.

El objetivo consiste en preservar sus valores naturales, culturales y paisajísticos y garantizar un desarrollo sostenible acorde con la identidad de la comarca.

Esta iniciativa se ha dado a conocer tras la valoración del desistimiento del proyecto del parque eólico de Trabadelo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 8 de abril y aceptado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto contemplaba la instalación de 18 aerogeneradores de unos 200 metros de altura y una línea eléctrica de alta tensión de 26 kilómetros, con afección a distintas zonas de elevado valor ecológico y paisajístico del Bierzo.

Las entidades consideran que la retirada del proyecto supone un “paso importante” para la defensa del territorio, especialmente tras la movilización social registrada en octubre de 2022 contra los macroproyectos eólicos en la comarca.

A pesar de que la iniciativa llegó a contar con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, aunque muy condicionada hasta la mitad del proyecto original, los colectivos señalan que este desenlace respalda la validez de las alegaciones presentadas desde el territorio.

En este sentido, insisten en que “la defensa del Bierzo no es incompatible con la transición energética, pero exige planificación, proporcionalidad y respeto”.

Asimismo, advierten de que este tipo de proyectos pueden responder en ocasiones a dinámicas especulativas vinculadas al desarrollo de grandes infraestructuras energéticas, por lo que anuncian que mantendrán una labor de vigilancia ante posibles nuevas iniciativas en la comarca. 

España aspira a ser durante la próxima década la principal 'pila' de combustible de la Unión Europea según los proyectos de almacenamiento energético presentados a evalución a través de las centrales de bombeo hidroeléctrico. Y el exgrupo minero berciano, y ahora energético, Erbienergía, controlado por la familia Lamelas Viloria, se convierte en uno de los grandes jugadores europeos.

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha publicado esta semana la actualización de su documento de referencia de plan decenal de desarrollo de la red eléctrica europea, que hace cada dos años, y que incluye 199 proyectos de redes y 69 de almacenamiento energético. 23 de los proyectos son de almacenamiento energético en España, basados en centrales reversibles de bombeo hidroeléctrico, y tres de ellos a examen se sitúan en la provincia de León. Dos de ellos aprovechando antiguas instalaciones mineras.

Todos los proyectos incluidos en este proceso, señala la entidad, “serán evaluados mediante un análisis de costo-beneficio”, que se actualizará a final de año. Este visto bueno es necesario para su conexión a la red eléctrica nacional y europea ya que analiza la inversión y el posterior coste que esto supone para el precio eléctrico final.

La provincia leonesa presentó cuatro proyectos a evaluación, que por su parte están en distintas fases administrativas en España. El más avanzado de todos es el de Navaleo, una central hidroeléctrica reversible que aprovecha el agua de una antigua mina del río Tremor, Navaleo, y que abarcará, junto a sus instalaciones de evacuación, los municipios de Torre del Bierzo, Congosto, Castropodame y Molinaseca. Se compone de dos embalses con un volumen de 2,23 millones de m³ que recircularán el agua de las viejas minas.

Cuenta con las autorizaciones para su construcción desde el año 2023 con una inversión estimada de 300 millones de euros y una producción de 1332 GWh/año. Los promotores, la familia berciana Lamelas Viloria, vendieron la mayoría del proyecto al grupo suizo Alpiq de forma reciente, que cuenta con fondos europeos para su construcción. Se espera que pueda entrar en funcionamiento en la próxima década del 2030. ENTSO-E destaca que el proyecto es altamente innovador y su ubicación en una zona “económicamente deprimida con altas tasas de desempleo”.

Minas en el río Cua

Otro de los proyectos que pasarán la evaluación de los operadores de redes eléctricas es la 'Central depuradora reversible del Rio Cúa, ubicada en los términos municipales de Berlanga del Bierzo, Fabero y Vega de Espinareda y también propiedad de los Lamelas Viloria.

El proyecto data del año 2012 y usará las aguas de drenaje de las minas Alicia y Julia, caracterizadas por su contaminación de metales para hacer un proceso de depuración y aprovechamiento energético “de forma que las aguas contaminadas se devuelvan al cauce en las debidas condiciones de calidad exigidas por la normativa vigente”, aseguraba la empresa. Desde el año 2018 cuentan con una autorización ambiental positiva.

El proyecto consiste en coger las aguas de las minas antes de que caigan al río Cua y llevarlas a un embalse para subirlas casi siete kilómetros hasta un nuevo embalse ubicado al lado de una escombrera y bajarlas hacia el río de nuevo produciendo la energía y el proceso de depuración. La producción de energía estimada en un año medio será de 1,08 GW, con una vida útil de 75 años mínimo.

Proyecto en el río Curueño

El desarrollo más desconocido es el de otra planta hidroeléctrica reversible sobre el río Curueño, en la cuenca minera de la Montaña Central en los municipios de Valdepiélago y La Vecilla. De él solo hay constancia de la petición del agua a Confederación Hidrográfica del Duero del caudal para un “almacenamiento hidráulico de energía” con 1.300 litros por segundo máximo de consumo, que equivaldría a casi una quinta parte del caudal medio del río. La sociedad peticionaria, Bubión Partners SL, está vinculada a un exdirectivo del gigante energético Abengoa que promueve otra similar en Garoña, Burgos.

Según ENTSO-E la central hidroeléctrica de bombeo denominada Valdepiélago, “es una planta de bombeo puro, sin aporte natural de agua externa al circuito hidráulico y, por lo tanto, bombea el mismo volumen de agua que se genera mediante turbinas, entre dos embalses de circuito cerrado”. Así “la reposición de agua del circuito hidráulico será mínima, correspondiendo a las filtraciones propias de los embalses, válvulas y tuberías, y a la evapotranspiración de los dos embalses, que se compensa parcialmente con las precipitaciones”.

Fuera de los proyectos que serán sometidos a evaluación se ha quedado, al menos de momento, otro promovido por la familia Lamelas Viloria, en este caso llamado 'Hullera' consistente en la instalación de una central hidroeléctrica de bombeo reversible aprovechando el drenaje de las minas del Transversal y Corta Pastora, en Ciñera y Santa Lucía, ambas pertenecientes al municipio de La Pola de Gordón. Según ENTSO-E el proyecto no demostró el cumplimiento de ninguno de los criterios administrativos adicionales, lo que le excluye de este proceso. El plan decenal es un documento vivo y sometido a actualizaciones cada dos años así que bien podría ser llevado para su evaluación en una actualización posterior.

Los Lamelas Viloria sí han conseguido, por otro lado, que entre a evaluación un proyecto idéntico a los leoneses en la cuenca minera de Palencia, que también tiene visto bueno ambiental, y que se extiende hasta el municipio leonés de Valderrueda. También han logrado el pase a un proyecto en Asturias, en Buseiro (Asturias). Todos los proyectos que logren un informe positivo deberán estar en marcha como máximo en el 2036.

Del que no se sabe nada fue de un proyecto similar planteado en el río Cabrera en la localidad de Odollo por el gigante Capital Energy, que prometía una inversión de 1.200 millones de euros en una gigantesca central hidroeléctrica reversible y que generó una notable controversia por su alto impacto.

“Como consecuencia de los condicionantes de eliminación de aerogeneradores y de soterramiento de la línea de evacuación, impuestos por la declaración de impacto ambiental, considera que el proyecto ha devenido económicamente inviable”. Con esta categórica frase se resume el fin de otro proyecto para ejecutar un macroparque eólico en la comarca de El Bierzo, en este caso el denominado Trabadelo, que proyectaba e impulsaba la multinacional Enel Green Power España.

Ha sido la compañía la que ha presentado formalmente ante el Ministerio el desistimiento del proyecto, el cual ha sido admitido y firmado por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, suponiendo de facto el fin de más de seis años de trámites e intentos desde que se pusiera en marcha en el año 2020.

La compañía concibió en primera instancia la macroplanta para un total de 18 aerogeneradores y una potencia de 110 megavatios, suficiente para que no fuera la Junta de Castilla y León sino el estado quien tuviera que tramitarlo. El parque afectaba entre su instalación y la infraestructura de evacuación a un total de once municipios bercianos: Trabadelo, Barjas, Corullón, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo, Cacabelos, Arganza, Cabañas Raras, Sancedo, Camponaraya y Ponferrada. En parte por tan amplia afección, fue por lo que se situó como uno de los proyectos que despertó en la zona un movimiento de oposición vecinal canalizado en la creación de la Plataforma Rural Sostenible.

Sin embargo, en el trámite ambiental, el Ministerio dictó la exclusión de hasta nueve aerogeneradores, obligando, tal y como advirtió la Junta de Castilla y León en sus informes, a que toda la línea de evacuación quede “completamente soterrada”, salvo que excepcionalmente “existan impedimentos” como fuertes pendientes “que hagan técnicamente inviable” esa operación o que la empresa justificara que comparte instalación con otras líneas aéreas ya existentes y por lo tanto sin causar nuevos daños. “En todo caso”, matiza, “la implantación de esos tramos de línea en aéreo deberá contar con la autorización expresa del órgano competente en medio ambiente de la Junta de Castilla y León, con anterioridad a la autorización sustantiva del proyecto”.

Además de los propios condicionantes de la administración, el proyecto demostró ser muy polémico al recibir un total de 1.381 alegaciones de parte de juntas vecinales, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), entidades locales de diversa índole y particulares.

En primera instancia, todavía en aquel año 2023, la empresa recalculó el diseño y tamaño de la infraestructura a instalar, anulando los nueve aerogeneradores vetados y ciñendo los restantes a un nuevo modelo de aerogenerador muy similar a los anteriores, de Siemens Gamesa, pero ahora “con una potencia unitaria de 7 MW, manteniendo el diámetro del rotor de 170 metros, la altura de buje de 115 metros y el resto de características dimensionales originales del anteproyecto”. Eso significaba que la potencia total bajaba hasta los 77 megavatios finalmente, es decir, “once aerogeneradores de 7 MW de potencia cada uno de ellos”. Así se ha publicado este martes 7 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León.

Pero finalmente, las cuentas no le salieron a la compañía promotora, que en abril de 2023 presentó su renuncia. Casi en esa misma fecha, Red Eléctrica de España (REE) comunicaba que “para la instalación parque eólico Trabadelo titularidad de Enel Green Power España SL, en LOMBA 220, se ha sido desistido del permiso de acceso y conexión”. No ha sido hasta marzo de este año que el Ministerio ha atendido a la solicitud formal de desistimiento, declarándose la devolución de la garantía depositada en su día. Así, el carpetazo al controvertido macroparque es definitivo, con el “archivo del expediente SGIISE/PEol-437” y es “firme a todos os efectos”, ya que no se ha recurrido en el plazo habilitado.

La Junta de Castilla y León da el visto bueno ambiental a una planta de producción de biometano en el municipio de La Antigua, en León. El proyecto, promovido por una empresa francesa, atraviesa una vía romana y ya cuenta con múltiples alegaciones de juntas vecinales cercanas, el propio Ayuntamiento y Ecologistas en Acción. A pesar de ello, el Bocyl de este martes 7 de abril publica la aprobación del informe ambiental de esta planta.

El proyecto promovido por Aratel Energía Renovable S.L, una de las muchas filiales de la compañía Vinci SA de capital francés, consiste en el procesamiento de 60.000 toneladas al año de residuos orgánicos de procedencia ganadera como agroalimentarios, a través de su combustión. El objetivo es producir 4.152.590,40 normometros cúbicos al año de biometano.

Para ello, se construirá un complejo en una superficie de 39.300 metros cúbicos en este municipio al sur de la provincia de León. Existirá una planta de pretratamiento, otra de 'gestión del digerido' y otras dos dedicadas a la producción de biogás y biometano. Se ubicará a dos kilómetros de los pueblos más cercanos: Grajal de la Ribera y Ribera de la Polvorosa.

Afecta a un yacimiento romano y a especies en peligro de extinción

Una parte de este proyecto, en el sector sur, se proyecta sobre el yacimiento arqueológico denominado Vía Clunia-Astúrica, según un informe emitido por el Ayuntamiento de La Antigua. A pesar de ello, la Junta opta por darle el visto bueno ambiental al proyecto, aplicando medidas de protección como un control arqueológico constante y una mayor vigilancia en este sentido en las zonas más cercanas a los restos.

Este es uno de los motivos por los que el Ayuntamiento de La Antigua ha presentado alegaciones contra la planta de biogás, a las que se han sumado las juntas vecinales de Grajal de la Ribera, Cazanuecos, Audanzas del Valle, La Antigua y Ribera de la Polvorosa. También Ecologistas en Acción denunciaba que la planta inclumplía la Ley de Transparencia y convocó protestas en su contra. La empresa Embutidos Palazuelo S.L. y varios ciudadanos a título individual se han sumado a las alegaciones.

Además del yacimiento romano, las críticas se centran en el impacto ambiental directo para los ciudadanos, generando olores y ruidos, además de daños a la fauna a especies de aves como el Sisón Común, catalogada en 2020 como especie en peligro de extinción. Respecto a esta especie, el proyecto afirma que las obras de construcción de la planta de biogás se iniciarán antes del 1 de abril (aunque no especifica de qué año) o, si no, se pospondrán hasta el 1 de agosto para no afectar negativamente a la reproducción de la especie.

Desacuerdo por el uso del agua

Otro de los motivos de choque entre la empresa, vecinos y ecologistas es el uso del agua. El proyecto tiene un consumo de agua previsto de 3.285 metros cúbicos al año.

El proyecto inicial de la empresa francesa afirmaba contar con un acuerdo para obtener agua de Grajal de la Ribera, mientras que el Ayuntamiento, en su alegación, asegura que no existe ningún acuerdo al respecto.

Para solucionar esta falta de acuerdo, la resolución y el proyecto establecen un suministro mediante camiones cisterna que abastecerán un consumo de 9 metros cúbicos al día. Por otro lado, la declaración de impacto ambiental especifica que, en caso de que finamente fuese necesaria la captación de aguas superficiales o subterráneas, el promotor debe obtener la autorización correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Respecto a los olores y ruidos frecuentes de este tipo de proyectos, los vecinos también alegaron al respecto. Por su parte, la empresa argumenta que la distancia de más de 2 kilómetros del núcleo de población más cercano, atenuará el ruido y el mal olor. Por otro lado, la compañía defiende que la planta se abastecerá en un 30% de subproductos animales, reduciendo el mal olor. La Junta impone al respecto un estudio olfatométrico durante el primer año de funcionamiento de la planta, así como restricciones en días de viento y una unidad de desodorización en el proyecto.

Apenas finalizada la Semana Santa, y con los pies en el suelo, sin raseo procesional, sin capillo por mi parte, y con el velo de la duda a medias por las elecciones pasadas, con el eco de los rataplanes procesionales veamos algo de León, con la mejor de las intenciones.

Es humano dudar. Tanto da que las inquietudes vengan en son de fe, para creer en lo que no vemos, o de la peripecia humana, que cada día nos acosa más en nuestro vivir civilizado en un mundo donde vamos agotando las existencias.

Ahora “lo que toca es meter el dedo en la llaga a los de poca fe” para comprobar si los políticos, los hombres y mujeres dedicados a esta disciplina, que nos impone un vivir, del que discrepan otros del mismo ramo pero de distinta mano, a ver si traen veracidad. O si las promesas... ¡Eran un calentón!

Disciplina dije, y no es que sean disciplinantes ellos y ellas, al estilo de los picaos por ejemplo. ¡No! Lejos están del sacrificio, lo suyo es asegurarse estabilidad en su oficio, que es su modus vivendi, puede que como mejor opción personal, incardinada en una ideología, intentando que lo asumamos, y hasta lo consiguen bien encajados ellas y ellos en lo que llaman partidismo.

Éste, para nosotros los gobernados, se asemeja a fe en lo que el más alto dignatario pretende, y ellos, los palmeros, no los del hosanna palma en mano, sino los que batiendo palmas corean al jefe, en el intento, nos llevan, cual flautistas, a asumir y votar. Votar a su partido claro. Que es adhesión y exigencia para los suyos y conlleva lealtad. Y eco de oferta, anuncio generalizado de '“buenas obras”: una música que no se ha de volver a tocar.

¿Cuál es el futuro de León según Antonio Turiel?

Todo lo anterior de verdadera condición sociopolítica, pero elucubración al fin y al cabo, eso sí, con sabor aún a lo penitencial, viene dado tras la lectura del artículo de Antonio Turiel, el físico leonés: 'Distintas formas de ver León', donde se pregunta: ¿Cuál es el futuro que le espera a nuestra provincia? Y casi responde a sus cuestionamientos, y a fe que va con certezas caminando por el rumbo que se nos marca a los leoneses, como colistas irredentos de un ente que nos esquilma cada vez con más descaro.

No va a ir aquí una lista de agravios que se nos han inferido en plan autonómico, que la hay, y bien engordada, sino apoyados en los 'condicionantes Turiel', digamos medioambientales, componiendo un cuadro para la ciudadanía leonesa, esa que vota por partidismo ideológico, cuando no por seguidismo insulso, y en verdadera mayoría, y esto es lo alarmante, no teniendo en cuenta el deseo mayoritario de viajar solos en autogobierno, como proclaman unos dentro del meollo, o bendecimos otros, desde la orilla.

Los cuestionamientos de Turiel, el físico, sobre esta tierra leonesa, son demoledores. Una tierra de extracción, y cita el carbón que NO dejó valor añadido, al igual que el agua embalsada y las centrales hidroeléctricas productoras de electricidad que se llevaron con grandes tendidos, a veces abriendo caminos destructores, hacia polos de desarrollo para que en otros sitios floreciera la industria… “la energía pasa de largo”… ¡IUnaudito!

Mañueco, lo debió de leer, dado que en sus promesas electorales iba: “La energía no puede pasar de largo en León, tiene que traer industria”. Le quedó bonito de palabra. Ahora a esperar… ¡Tomada nota!

Y todo ello nos ha venido siendo impuesto desde los gobiernos que en Madrid han sido. Asumiendo de paso, que en el ente autonómico donde nos empujaron a estar los nuestros, y todos nos tienen bloqueada la puerta de salida con total injusticia constitucional. Lejos de ayudarnos en las movilizaciones defensivas, han entrado también en fase de aprovechamiento, los de aquí nos han vendido, se manejan cual corifeos, y el pueblo abducido, acompaña con el voto.

“Las macroplantas de biogas, nunca han sido rentables” y añade más Turiel: “Ni jamás lo serán”. Y luego está la biomasa, para que nos quememos en salud: “Acabando con nuestros bosques. León un erial contaminado y tóxico”. Parece apocalíptico. Personalmente le creo, no tengo necesidad de meter el dedo en la llaga, tengo fe en su palabra, y nadie, con prestigio profesional ha salido demostrando lo contrario.

“León puede y debe dar de todo, desde alimentos a materiales, de energía a agua. Todo lo tenemos aquí. Solo nos falta tener fe en nosotros mismos. Y saber decir que no cuando conviene”.

Pero, a tenor de los resultados electorales, seguimos alentando a los maltratadores… “apasionadamente”.

La asociación EslaVida ha convocado para este sábado 4 de abril una asamblea general extraordinaria en Vidanes, en el municipio de Cistierna, en la que se analizarán los próximos pasos en su oposición al proyecto de planta de biogás previsto en el polígono industrial de la localidad.

La cita tendrá lugar a las 12.00 horas en el local de las antiguas escuelas de Vidanes y se presenta como un encuentro clave para el colectivo vecinal, que desde su creación a comienzos de este año se ha consolidado como el principal frente social contra esta iniciativa industrial. Entre los puntos destacados del orden del día figura la definición de la estrategia legal, incluida la posible contratación de asesoría jurídica y el inicio de acciones contenciosas.

Además, la asamblea abordará la ratificación de su adhesión a la asociación STOP Biogás Castilla y León y la posible participación en una querella colectiva, así como cuestiones organizativas internas como la renovación de la presidencia y el seguimiento de las acciones emprendidas hasta ahora.

Este encuentro llega tras varias semanas de movilización y actividad informativa impulsadas por el colectivo. La asociación ha organizado recientemente actos de concienciación como la proyección del documental ‘Vidas irrenovables’, centrado en el impacto de los macroproyectos energéticos en el medio rural, con el objetivo de alertar sobre las posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas de este tipo de instalaciones.

EslaVida nació en enero como una plataforma vecinal que reclama mayor transparencia y participación en torno al proyecto promovido por la empresa Apaycachana-6. Desde entonces, ha denunciado la falta de información clara y ha advertido de los posibles efectos sobre la salud, el entorno y el modelo de desarrollo de la Montaña Oriental Leonesa.

La convocatoria de este sábado supone un nuevo paso en la organización de la respuesta vecinal frente a una iniciativa que ha generado un amplio debate en la comarca y que ya ha sido rechazada por unanimidad por los grupos políticos del Ayuntamiento de Cistierna.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha anunciado este jueves la muerte por electrocución de una hembra de quebrantahuesos, especie en peligro de extinción, localizado en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre Caín y Posada de Valdeón.

El tramo donde ha aparecido electrocutado ya fue objeto de corrección en 2019 (mediante su aislamiento e instalación de dispositivos anticolisión) tras la muerte de otro quebrantahuesos conocido como Sidney.

A pesar de ello, se ha producido esta nueva electrocución, por lo que desde la Junta de Castilla y León se instará nuevamente al titular de la línea a que adopte las medidas complementarias precisas para evitar que suceda de nuevo.

Desde la Fundación se ha lamentado la pérdida de un nuevo ejemplar procedente del proyecto LIFE Pro Quebrantahuesos, que impulsa acciones científicas de conservación, reintroducción y seguimiento de la especie en sus áreas históricas de distribución, con el objetivo de consolidar la población emergente de la Cordillera Cantábrica.

Según la Fundación, la muerte de este ejemplar vuelve a poner de manifiesto el riesgo que representan los tendidos eléctricos sin medidas correctoras eficientes que garanticen la ausencia de accidentes en áreas críticas para la especie.

Se trata de una de las principales causas de mortalidad no natural para grandes aves planeadoras en España y un factor que compromete los avances logrados durante décadas de trabajo científico, técnico y social en favor de la recuperación del quebrantahuesos.

El ejemplar era una hembra nacida el 28 de febrero de 2025, cedida por el Gobierno de Aragón a la FCQ, y liberada en el Parque Nacional de los Picos de Europa el 15 de julio del mismo año.

La quebrantahuesos se instaló desde mediados de septiembre en la zona alpina del río Cares, entre Bulnes y el entorno de Cordiñanes de Valdeón, donde realizaba vuelos regulares.

El 6 de febrero de 2026, tras detectarse movimientos anómalos en su emisor satelital, técnicos de la FCQ se desplazaron hasta el lugar y, tras dar aviso a la autoridad ambientales de la Junta de Castilla y León, se localizó su cadáver a escasos metros de dicho tendido, procediéndose al levantamiento del ejemplar por agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Posteriormente, tras la necropsia realizada por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos se confirmó que la causa de la muerte fue por electrocución.

Un problema que afecta a otras especies

El quebrantahuesos es una de las especies más monitorizadas de la Península Ibérica gracias a emisores satelitales y equipos de campo especializados.

Y por ello, su mortalidad en tendidos eléctricos es visible y cuantificable.

La FCQ ha advertido de que este mismo problema está afectando de forma silenciosa a muchas otras especies de aves rapaces y planeadoras —algunas también amenazadas— que no cuentan con un seguimiento tan exhaustivo y cuyas muertes pasan desapercibidas en amplias zonas del territorio.

Dado el problema que supone la mortalidad no natural de avifauna por tendidos eléctricos, desde la Junta se dictan las actuaciones administrativas necesarias para que los titulares de las mismas procedan a su adecuación como responsables de su corrección, en el marco del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

Entre las medidas, el impulso de un plan de inspecciones con carácter preventivo y un protocolo de actuación ante casos constatados de electrocución y colisión.

Desde el punto de vista técnico, también se han elaborado diversos manuales con el fin de zonificar la Comunidad en función de la probabilidad de electrocución, establecer la tipología de los apoyos peligrosos, categorizar su peligrosidad, establecer las correcciones tipo a realizar y cuantificar desde el punto de vista económico la cuantía de dichas correcciones. 

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anunciado paquete de ayudas, por importe de 287 millones de euros -117,4 millones correspondientes a las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central-, para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con especial incidencia en los sectores dependientes del petróleo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a estas ayudas que se trata de 28 medidas agrupadas en siete bloques específicos para atender las diferentes necesidades de los sectores productivos y las familias.

De entre estos bloques, Carriedo ha detallado que el que absorbe más fondos es el vinculado a la merma de ingresos en las arcas autonómicas que implica el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central, con 117,4 millones; seguido de los 113 millones para la financiación de sectores empresariales, 33,3 millones para eficiencia y ahorro energético, 10 millones para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, 7 millones para favorecer la empleabilidad, 5 millones para reforzar el transporte colectivo de viajeros y 1 millón para ampliar el apoyo a las familias vulnerables.

Carriedo ha defendido que se trata de una respuesta rápida por parte de la Junta, al tratarse de una de las primeras autonomías en aprobar ayudas de este tipo, y ha añadido que aunque algunas de las medidas tienen como horizonte temporal el próximo 30 de junio, otras tienen vocación de permanencia, al entender que se trata de medidas estructurales que seguirán vigentes haya o no guerra en Oriente Medio, como las vinculadas al transporte de viajeros en autobús.

Como sectores más afectados, el portavoz de la Junta ha asegurado que estas medidas han sido tomadas tras mantener contactos con asociaciones de industriales, transportistas y con las organizaciones profesionales agrarias.

Ha reconocido que puede que con estas medidas no den “satisfacción completa” a las reivindicaciones de los sectores, pero ha asegurado que la financiación queda “garantizada”, pese a estar actualmente el Gobierno autonómico en funciones, sin tener referencias claras sobre la duración de esta crisis de precios energéticos.

Preguntado por la posibilidad de deflactar el IRPF para compensar la subida de precios, tal y como reclama el PP a nivel nacional, Carriedo ha respondido con la propuesta de su partido para rebajar el tramo autonómico del mismo impuesto, pero sin referencias a la deflactación.

En este sentido, Carriedo ha explicado que al estar en funciones el Gobierno no puede aprobar proyectos de ley en este sentido, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para constituir pronto un nuevo Gobierno que dé “estabilidad y confianza”.

No obstante, ha subrayado que desde el Gobierno autonómico en funciones asumirán “todos los restos y desafíos” que se presenten: “Que haya un gobierno en funciones no significa que haya un gobierno que no funciona”, ha resumido Carriedo, convencido de que tienen la “obligación de funcionar y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”.

Las medidas concretas:

1. Línea de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75% y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

2. Financiación de circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5 % y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

3. Financiación de costes energéticos a empresas exportadoras para inversión en sistemas de autoconsumo que reduzcan la exposición a la volatilidad energética de hidrocarburos, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5% y un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

4. Fondo Internacionalización: para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización. Hasta 300.000 euros, amortización hasta 10 años con un límite de 3 años de carencia. Tipo de interés máximo del 1,5%.

5. Ampliación de la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos (forestal, agro, piedra).

6. Renegociación de las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados.

7. Incremento de las cuantías destinadas al Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 en 6,4 millones de euros. Permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados con aval público y en condiciones ventajosas por importe de 40 millones de euros de préstamos.

8. Incremento del porcentaje de bonificación para la contratación de seguros agrarios a titulares de explotaciones agrarias que tengan la consideración de joven agricultor pasando del 10% actual al 25%.

9. Cualificación vinculada a servicios estratégicos: impulso de programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial.

10. Atracción y fidelización del talento: refuerzo de la contratación del talento joven y cualificado, impulsando itinerarios de inserción, contratos vinculados a sectores estratégicos y programas de retorno.

11. Incentivos al empleo en sectores estratégicos: incremento de la contratación por cuenta ajena vinculada a sectores estratégicos y en sectores especialmente afectados por la crisis.

12. Refuerzo e incremento de servicios de las rutas Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles.

13. Incremento del coste de las rutas Buscyl del servicio de transporte regular de viajeros de titularidad y gestión de la Junta de Castilla y León por el incremento del precio de los carburantes.

14. Activación en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables.

15. Impuesto Especial sobre Electricidad. La recaudación de este impuesto está íntegramente cedida a las comunidades autónomas según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba una reducción del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad del 5,1 % al 0,5 %. El impacto tributario se estima en 24,1 millones, que recaerá íntegramente en la Junta de Castilla y León.

16. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El 50 % de la recaudación de este impuesto está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley reduce del 21 % al 10 % el tipo impositivo del IVA aplicable a la electricidad, hidrocarburos, gas natural, briquetas y pellets. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 52,2 millones.

17. Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos. La recaudación del 58 % del tipo estatal general y del 100 % del tipo estatal especial está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba la reducción de los tipos impositivos del impuesto sobre hidrocarburos hasta el máximo permitido por la directiva europea que regula la imposición de los productos energéticos. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 41,1 millones.

18. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Esta línea tiene como objetivo continuar fomentando el ahorro energético de las pequeñas, medianas y grandes empresas, para mejorar la competitividad y paliar la subida de costes energéticos en el sector industrial.

19. Línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, así como a la implantación de renovables, en edificios del sector terciario de Castilla y León. Esta línea persigue fomentar el ahorro energético en edificios existentes del sector terciario.

20. Implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios de titularidad de la Administración de la Comunidad.

21. Promoción de la biomasa con la asociación AVEBIOM (o la mesa intersectorial de la madera).

22. Impulso al aumento de la producción de biomasa autóctona.

23. Fomento de la construcción sostenible con madera para mejora de la eficiencia energética.

24. Impulso de la implantación de nuevas redes de calor por su determinante contribución a la consecución de los siguientes objetivos: la reducción del consumo energético final; la disminución de las emisiones de CO₂; el ahorro económico para administraciones y usuarios; la mejora de la calidad del aire urbano, y el impulso a la economía rural mediante el uso de biomasa local.

25. Bonificación del 100 % del coste para las comunidades de propietarios de las subestaciones necesarias para la conexión de edificios privados a redes de calor urbanas con biomasa forestal.

26. Para asegurar la correcta ejecución de los contratos de la Administración, de las obras, suministros y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos, se impulsará la aplicación, por los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de las directrices vinculantes aprobadas en el contexto de la guerra en Ucrania mediante Acuerdo 145/2022, de 23 de junio.

27. Puesta a disposición de las diferentes consejerías de los recursos presupuestarios necesarios para atender el mayor gasto derivado del encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos.

28. Solicitud de reprogramación y ampliación del período de ejecución de los Fondos Europeos para adaptarse a las circunstancias derivadas de la situación.

El inicio de la guerra en Irán no ha supuesto el impacto inicial que trajo consigo la invasión rusa de Ucrania. Los precios han subido, pero no tan deprisa. La alarma empieza a cundir, pero parece que con mayor tranquilidad. Por algún motivo, parece haberse extendido por el mundo la idea de que esta crisis no es tan grave como la ucraniana, y el caso es que, vista de cerca, parece mucho peor, sobre todo porque se produce de manera acumulativa, es decir, cuando aún no se ha resuelto la anterior.

Ahora hace justamente un mes que las fuerzas norteamericanas e israelíes comenzaron a bombardear Irán. La república islámica respondió a misilazos por toda la región, atacando infraestructuras energéticas y cerrando el estratégico estrecho de Ormuz. Pero un mes, para los que llevan la actual gobernanza planetaria, es muy poca cosa. La clave de esta idea son las reservas estratégicas de crudo y gas natural. Por lo que he podido averiguar, el país de cierto tamaño del mundo con menores reservas es Vietnam, que cuenta con reservas para 60 días. España, por ejemplo, está por los noventa y tantos días. Por ese motivo, y teniendo en mente el escenario de que la crisis sólo puede durar unas semanas, todo es cuestión de apretar un poco los dientes con los precios y esperar a rellenar esas reservas en cuanto se aclare el panorama.

El problema está en que Irán no ha respondido como se esperaba, atacando a los portaaviones norteamericanos y las instalaciones militares enemigas (que también), sino que ha centrado sus contraataques en las refinerías, los yacimientos y las infraestructuras energéticas de la región. Quien quiera que hizo los cálculos, pensó sólo en las consecuencias de eliminar la producción iraní de la ecuación, pero no en lo que sucedería si se eliminaban también buena parte de las capacidades productivas de los otros países de la región.

Y ahí es donde entra en juego el reloj. Las reservas siguen cayendo, porque de momento nadie se ha atrevido a tomar medidas restrictivas del consumo, y el tiempo requerido para reabastecer estas reservas es cada día más alto, por los daños que han sufrido las infraestructuras.

Si la guerra se prolonga hasta el 15 de abril, empezaremos a leer noticias sobre países, tal vez el nuestro, que comienzan a racionar el combustible. No hablo de precio, sino de simple disponibilidad.

Si la guerra se prolonga hasta el 1 de mayo, será imposible evitar una crisis económica de gran envergadura, que puede tardar años en resolverse. En ese momento, las restricciones y los racionamientos serán inevitables, generando una especie de nuevo confinamiento, donde los viajes no esenciales deberán ser fuertemente recortados.

Si la guerra llegara hasta el 1 de Junio, tendríamos una catástrofe encima, sin paliativos, y no me atrevo a prever el escenario, pero no sería nada bonito.

Lo más importante, en este momento, es saber cuáles son las reservas, quién y cómo las gestiona, y cuales son sus cuellos de botella. El actual sistema productivo 'just in time' hace que la rotura de la cadena de suministros pueda afectar a cualquier cosa, donde menos lo esperemos. No se trata sólo de que España, por ejemplo, pueda perder sus ingresos por turismo, sino de que haya fertilizantes para la agricultura y piezas para la industria. Y es sólo cuestión de tiempo, de poco tiempo, que en alguna parte se queden sin capacidad de producción o de transporte.

No estamos a años del desastre. Estamos a semanas, y el reloj sigue corriendo a la espera de que alguien encuentre una salida para esta descomunal insensatez. A mi entender, si del modo que sea, el asunto se resuelve antes de mediados de abril, podremos considerarlo un susto y un mal recuerdo. Si pasa de esa fecha, nos encontraremos nadando literalmente en mierda.

Dos semanas quedan para que lo sepamos. Y una de ella, de vacaciones.

Suerte.

La central térmica de Compostilla ha completado este jueves el derribo del tramo de chimenea que permanecía en pie tras la voladura realizada hace dos semanas, 82 metros de estructura han caído tras una nueva detonación controlada.

Para esta operación han sido necesarios 360 kilos de dinamita, con los que se han logrado derribar alrededor de 5.000 toneladas de hormigón correspondientes a la parte que no se vino abajo en la primera intervención, cuando se demolió la chimenea principal de 270 metros de los grupos cuatro y cinco.

Desde Endesa ya habían señalado que esta incidencia entraba dentro de los planes de contingencia previstos, aunque durante estos días se ha analizado el motivo por el que este tramo no cayó junto al resto de la estructura.

Durante este tiempo, el perímetro ha permanecido acordonado por seguridad, una situación que se ha mantenido también durante la nueva voladura.

En la jornada de hoy, la Guardia Civil ha sido la encargada de restringir los accesos a las instalaciones, permitiendo únicamente el paso a los operarios responsables de las tareas posteriores de retirada de escombros.

Con esta actuación se completa el derribo de una de las estructuras más emblemáticas de la antigua central térmica, dentro del proceso de desmantelamiento y transformación del enclave. 

Un equipo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ha logrado este martes transportar con éxito en un camión una nube de antiprotones, algo que la prestigiosa institución considera un “hito mundial” y un gran paso hacia el estudio de la antimateria, muy difícil de conservar.

El logro, alcanzado en el centro de experimentos BASE del CERN, acerca más la posibilidad de transportar antimateria, hasta ahora casi imposible porque se aniquila al entrar en contacto con la materia, a otros laboratorios europeos con el fin de poder realizar mediciones de alta precisión de estas partículas.

Según destacó un comunicado del CERN, es el único lugar del mundo donde pueden producirse, almacenarse y estudiarse antiprotones, algo que se logra mediante los desaceleradores AD y ELENA, y ahora busca transportarlos a un espacio externo para experimentos más precisos.

Para ello ha desarrollado el sistema de captura criogénica de antimateria BASE-STEP, con el que este martes logró acumular una nube de 92 antiprotones (un tipo de antimateria junto a los positrones y los antineutrones) que desconectó de las instalaciones experimentales para después cargarla en un camión.

El BASE-STEP, que pesa alrededor de una tonelada, incluye un imán superconductor así como refrigeración criogénica con helio líquido para poder mantener los antiprotones a bajas temperaturas cercanas al cero absoluto.

El CERN quiere transportar antiprotones a laboratorios como el de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf o el de la Universidad Leibniz de Hannover, ambos en Alemania, para poder llevar a cabo mediciones más exactas que en la institución de Ginebra, donde los desaceleradores y otros aparatos producen unas fluctuaciones del campo magnético que limitan la precisión.

Traslado a cerca del cero absoluto de temperatura

“Para alcanzar nuestro primer destino, el laboratorio de precisión de Düsseldorf, necesitaríamos ocho horas, por lo que tendríamos que mantener el imán superconductor a una temperatura inferior a 8,2 grados Kelvin (−264,95 °C) durante todo ese tiempo”, explicó el responsable de BASE-STEP Christian Smorra en el comunicado.

No obstante, agregó, el mayor desafío sigue estando en la llegada al destino, donde hay que idear aún formas de transferir los antiprotones a las zonas de experimentación sin que desaparezcan.

La antimateria es una clase de partículas casi idéntica a la materia ordinaria, solo que con carga eléctrica y momento magnético invertidos, y su estudio es uno de los pilares del CERN, en su meta de desentrañar los misterios de la física de partículas.

Uno de esos misterios es por qué nuestro universo posee predominantemente materia mientras que la antimateria prácticamente desapareció tras el Big Bang, cuando deberían haberse creado cantidades iguales de materia y antimateria que, al encontrarse, se aniquilaran mutuamente, dejando el universo vacío.