Bierzo azul y verde, morado y, en tiempos, negro como el carbón de antracita. Así es nuestra comarca, la región más transparente, como acaso diría el escritor mexicano Carlos Fuentes; nuestro lugar en el mundo, como el título de aquella película del director argentino Adolfo Aristarain. Allí nací y crecí.

Hay territorios, como esta comarca leonesa, que son mucho más que un espacio geográfico. Son, en realidad, una forma de ser y estar en el mundo, una memoria emocional que nos acompaña incluso cuando nos alejamos de ella. Durante algún tiempo viví fuera de la matria, de ese útero protector de Gistredo que, de una manera u otra, siempre acaba llamándome. La llamada de la Sierra de Gistredo.

Desde hace varios años vivo de continuo en esta tierra a la que me unen los afectos familiares, amistosos y cotidianos. Aquí están las voces conocidas, los paisajes de siempre, los muertos que forman parte de nuestra memoria y también quienes, por fortuna, siguen caminando con nosotros por la senda de la vida.

Ahora nos dicen desde el Consejo Comarcal que el Bierzo es una 'zona azul', expresión procedente del mundo anglosajón que designa aquellos lugares del planeta donde la población alcanza edades avanzadas y, además, mantiene durante buena parte de su vejez unas condiciones de vida saludables.

Qué maravilla, pienso. Me encanta que al Bierzo le llamen zona azul. Ojalá sea cierto. Ojalá, inshallah, como dicen en Marruecos y en otros países árabes. Porque vivir mucho está muy bien, pero vivir mucho y vivir bien es otra cosa.

Alcanzar los cien años puede parecer una proeza, aunque lo verdaderamente importante quizá sea llegar a ellos con la cabeza despierta, las piernas en buen estado y ganas de seguir mirando el mundo, de sentirlo como si fuera la primera vez que uno se asomara a él. De poco serviría sumar años si esos años no contienen una mínima dosis de vida.

No tengo hijos ni nietos. Solo sobrinos nietos. Pero sí me gustaría pensar que las generaciones que vienen detrás podrán disfrutar de una longevidad semejante a la de tantas personas de nuestra comarca, siempre que esa longevidad vaya acompañada de salud, autonomía y dignidad.

El secreto de la longevidad berciana

¿Porque... qué hace que algunas personas del Bierzo lleguen a viejas? ¿Qué secreto guarda esta tierra para que algunas de nuestras gentes alcancen los noventa, los cien años e incluso más y continúen siendo, en cierta manera, viejóvenes?

No somos una raza especial. Es obvio. No hay en nuestra sangre ningún elixir secreto ni ninguna fórmula genética que nos haga invulnerables al paso del tiempo. Pero quizá sí haya habido –y todavía quede– una determinada manera de vivir.

Pienso en esa longevidad del Bierzo, en ese territorio azul que es al mismo tiempo realidad y deseo, geografía y metáfora, espacio vivido y territorio imaginado. Una tierra que despierta ilusiones y ganas de seguir caminando por la senda de la vida con entereza física y psíquica, con voluntad de permanecer activos, de seguir formando parte de la comunidad, de continuar sintiendo que todavía tenemos algo que hacer y algo que decir. Quizá ahí resida una parte del secreto.

Nuestros viejos –lo digo con cariño, como se les dice en Argentina a los padres– no vivieron una vida fácil, pero sí, en muchos casos, una vida con un sentido concreto del tiempo.

El tiempo no era ese enemigo que hoy perseguimos a todas horas, esa sustancia que se nos escurre entre los dedos mientras intentamos llegar a todo. Era otra cosa: la sucesión de las estaciones, de las cosechas, de las vendimias, de las fiestas y romerías. Era un tiempo más pegado a la tierra. Y la tierra, en el Bierzo, siempre ha tenido mucho que decir. Se trabajaba la huerta. Se sembraban patatas. Se recogían berzas. Se cuidaban los frutales. Se vendimiaba. Se apañaban castañas. Se trabajaba con el cuerpo. Se conocía al vecino y, con frecuencia, también sus penas.

La vida podía ser dura, pero tenía una cadencia que hoy hemos sustituido por otra mucho más vertiginosa. Vivimos acelerados, pendientes del teléfono móvil a todas horas, de las noticias de la televisión, de esos programas basura que son auténticos gallineros –con el respeto que se merecen los mismos–, de obligaciones en ocasiones insustanciales y de los mensajes de WhatsApp que llegan a cualquier hora del día y de la noche. Un despiporre.

Hemos ganado comodidad y años de esperanza de vida, sí, pero quizá hayamos perdido algo de aquel sosiego, de aquella templanza estoica que acompañaba a nuestros viejos.

No se trata de idealizar el pasado, porque sería injusto y falso. Aquella gente padeció privaciones que algunos de nosotros apenas podemos imaginar. Hubo pobreza, enfermedades, emigración a América y a los llamados entonces países ricos de Europa, trabajos extenuantes y una guerra incivil que dejó heridas profundas en la población, tanto que todavía hoy siguen presentes. Pero también hubo comunidad. Vecindario. Y quizá el vecindario sea una de las grandes medicinas que hemos ido olvidando.

Se vivía más hacia fuera. La casa tenía las puertas y las ventanas abiertas, a veces de par en par. Se hablaba con los vecinos, se compartía comida, se ayudaba al que lo necesitaba en las labores del campo. Había una red humana que, aunque imperfecta, sostenía a las personas cuando llegaban los contratiempos.

Hoy podemos tener cientos o miles de contactos en un teléfono y, paradójicamente, sentirnos solos. Nuestros antepasados no tenían conexiones digitales, pero tal vez sí tenían más conexiones humanas que nosotros. Aunque tampoco conviene idealizar. Acaso ningún tiempo pasado fue mejor.

La cocina berciana

Estaba también la cocina berciana, una cocina de tierra y de aprovechamiento, hecha con los productos que proporcionaban la huerta, el monte y los animales domésticos. Estaban los productos de la matanza del cerdo, entre ellos el botillo, y el vino de cosecha. Estaban las berzas del caldo berciano, hermanadas con las del caldo gallego, que alimentaron a generaciones enteras. Y estaba el unto de cerdo, aquel ingrediente de otros tiempos que hoy contemplamos con otros ojos, pero que durante décadas aportó sabor y sustancia a los platos de nuestros antepasados, que no conocían las expresiones nutricionales que empleamos ahora. Tampoco les hacían falta. Ni necesitaban gimnasios. El ejercicio formaba parte de la existencia. Caminar, cavar, segar, podar, cargar, cuidar animales, trabajar la huerta. El cuerpo se movía porque la vida exigía movimiento. Hoy hacemos ejercicio para compensar nuestro sedentarismo, las interminables horas que pasamos sentados. Ellos descansaban después de haber trabajado físicamente. Aquellas tareas tenían también un precio: el campo castigaba las espaldas, las manos y las rodillas. El trabajo podía ser brutal, como lo era la mina. Pero quizá aquella actividad física cotidiana, unida a una alimentación basada en buena medida en productos de la tierra y a una vida menos sometida a la velocidad, haya contribuido a esa longevidad que hoy contemplamos con sorpresa.

El paisaje berciano del carbón

Y después está el paisaje. Porque el Bierzo es también un paisaje de montañas y valles, de ríos y bosques, de viñas y castaños, de huertas y caminos por los que transitamos. Gistredo, los Ancares, los montes Aquilianos, el Sil, el Boeza, entre tantos otros nombres con los que nos identificamos. Una tierra encerrada entre montañas y, al mismo tiempo, abierta al mundo por los caminos que históricamente la han atravesado.

Un Bierzo verde, sin duda. Pero también morado. Morado por las uvas, las viñas, el mosto, los atardeceres, por esa luz especial que algunas tardes, sobre todo en otoño, parece quedarse suspendida sobre los montes.

Y negro. Negro porque el Bierzo también fue carbón, mina, antracita, trabajo subterráneo, sudor y una forma de vida. Durante generaciones, el negro del carbón convivió con el verde de los montes.

Y ahora aparece el azul, un azul nuevo, al menos en el nombre. Es el azul de la longevidad, de las personas que llegan a edades avanzadas, de quienes han atravesado casi un siglo de historia y todavía conservan memoria, conversación, curiosidad y ganas de vivir.

Qué paradoja tan hermosa: una comarca que durante tanto tiempo tuvo el negro del carbón como uno de sus colores identitarios puede aspirar ahora a reconocerse en el azul de la longevidad.

Pero hay que tener cuidado, porque una comarca longeva no puede ser solamente una comarca vieja. Ese es quizá uno de nuestros grandes desafíos.

El Bierzo puede presumir –y debe hacerlo– de sus centenarios, de sus nonagenarios, de quienes han demostrado que se puede recorrer un larguísimo camino vital. Pero también necesita niños, jóvenes, trabajo, oportunidades, servicios públicos, vivienda y futuro.

Queremos vivir mucho, sí. Pero también queremos que haya alguien detrás de nosotros; que los pueblos sigan teniendo voces infantiles; que las escuelas continúen abiertas; que quienes se fueron puedan regresar y quienes nunca se marcharon puedan seguir viviendo aquí. Que los jóvenes no tengan que abandonar necesariamente la comarca para encontrar un futuro.

El Bierzo, territorio de ancianos

Una zona azul no debería ser un territorio de ancianos, sino un territorio donde la vejez sea una consecuencia de haber vivido y donde la juventud tenga razones para quedarse.

Tal vez el verdadero secreto no esté en una sustancia concreta, ni en una receta milagrosa, ni siquiera en un determinado gen. Tal vez esté en una suma de pequeñas cosas: comer de la tierra, caminar, trabajar, descansar, conversar, sentirse querido, cuidar y ser cuidado; tener, en definitiva, un lugar al que regresar. Yo tengo, por fortuna, ese lugar. Por eso, cuando escucho que el Bierzo puede ser una «zona azul», no puedo evitar sentir una cierta alegría, porque detrás de esa expresión aparecen rostros. Aparece mi madre, con más de noventa años. Aparecen las mujeres y los hombres que han superado los noventa años y siguen preguntando qué tiempo hará mañana, quién ha venido al pueblo, cómo están los hijos, los nietos y los biznietos, cuándo empieza la vendimia o si este año habrá buenas castañas. Aparece la vida. La vida con sus pérdidas, sus achaques, sus alegrías, sus recuerdos y sus ganas de continuar. Quizá eso sea ser viejoven. No negar la edad, sino llevarla con dignidad. No pretender tener veinte años cuando se tienen noventa, sino conservar algo de aquella capacidad de asombro que teníamos a los veinte y a los treinta.

Seguir aprendiendo. Seguir hablando. Seguir caminando. Seguir queriendo. Seguir perteneciendo.

Y entonces comprendo que quizá el Bierzo sea azul desde hace mucho tiempo, aunque nosotros no hubiéramos sabido nombrarlo. Azul por sus viejos. Verde por sus montes. Morado por sus viñas. Negro por su carbón. Cuatro colores para una misma tierra. Cuatro maneras de contar una misma historia: la de quienes nacieron aquí, la de quienes se marcharon y la de quienes regresaron. La historia de quienes llegaron a viejos porque tuvieron la fortuna de vivir muchos años, pero también porque encontraron razones para seguir viviendo.

La historia, en definitiva, de una tierra que no solo nos vio nacer, sino que todavía nos llama. La matria. El útero de Gistredo, como me gusta llamarlo. Nuestro lugar en el mundo. Y ojalá, inshallah, como dicen en los países árabes, también nuestro lugar en el tiempo.

El apetito de los fondos de inversión por las energías renovables en la comarca de El Bierzo no decae y tras conocerse el la intención de un fondo de inversión británico de instalar un parque eólico en la zona del Alto Sil y sierra de Gistredo donde se han denegado seis, ahora lo intenta un fondo suizo de capital con origen en Oceanía.

El nuevo proyecto se denomina parque eólico 'Calanina', promovido por una empresa llamada Macrina Solar 35, sociedad vinculada al grupo suizo Galileo. El proyecto abarca los municipios de Fabero, Palacios del Sil, Toreno, Páramo del Sil y Berlanga del Bierzo, se compone de once aerogeneradores y con parte del mismo dentro del plan de recuperación del urogallo cantábrico según los datos del proyecto a los que ha accedido este periódico.

El proyecto contempla once grandes aerogeneradores con rotores de 163 metros de diámetro y bujes situados a 113 metros de altura. Con una pala colocada verticalmente, cada molino alcanzaría aproximadamente 194,5 metros desde el suelo hasta su punto más elevado, los más grandes que se instalarían en la provincia.

La compañía ha presentado una propuesta de potencia total de 49,5 megavatios (MW) lo que implica que la evaluación ambiental correrá a cargo de la Junta de Castilla y León y no el Ministerio de Transición Ecológica por estar por debajo de los 50 MW. Además de las torres eólicas contempla una red eléctrica de hasta 9 kilómetros para llevar su producción a la subestación de Ondinas en el Alto Sil.

Cuenca minera y afección al urogallo

El emplazamiento seleccionado por la empresa suiza ubica los once aerogeneradores en los municipios de Berlanga del Bierzo, Fabero, Páramo del Sil y Toreno. En Palacios de Sil iría parte de la línea de evacuación al finalizar en las Ondinas. Una alternativa inicial situaba también los aerogeneradores principalmente en Páramo del Sil y Toreno, pero fue descartada por su mayor sensibilidad ambiental por su cercanía con la IBA 'Sierras de Gistreo y Coto' y afectar a territorios vinculados a los planes de recuperación del oso pardo y el urogallo cantábrico, las dos especes más amenazadas del ecosistema cantábrico.

La elección, sin embargo, no elimina los problemas ambientales. El propio documento inicial reconoce un impacto global “moderado” y señala efectos de esa consideración sobre la geología, los suelos, la hidrología, la vegetación y la fauna durante las obras, además de sobre el paisaje y los animales durante los años de funcionamiento.

Uno de los puntos más delicados del proyecto afecta al urogallo cantábrico. La futura subestación Calanina, la línea de evacuación de 220 kV y parte de la conexión de media tensión se solapan con el ámbito territorial de aplicación de su Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico pero la empresa asegura que las instalaciones que promueve quedan fuera de las denominadas áreas críticas para la especie. La infraestructura más próxima se encontraría a 1.243 metros del límite de una de esas áreas, mientras que dentro de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 se plantea soterrar la línea de evacuación.

El proyecto se levanta también en un territorio utilizado por otras especies protegidas como el oso pardo además del desmán ibérico y el murciélago grande de herradura, considerados especies vulnerables, según recoge la documentación del mismo

El paisaje constituye otra de las afecciones que el propio promotor califica como moderada. Sus cálculos estiman que los aerogeneradores de hasta 200 metros podrán verse desde el 20,8% del territorio incluido en un radio de estudio de 25 kilómetros. El proyecto se ubica en una zona donde en un radio de 25 kilómetros se contabilizan ya cuatro parques eólicos en funcionamiento, entre ellos Valdelín, El Manzanal y Era del Pico. Por ello, el futuro estudio ambiental tendrá que analizar específicamente los efectos acumulativos y sinérgicos de sumar Calanina a las instalaciones existentes, especialmente sobre el paisaje, los corredores ecológicos y la fauna.

El proyecto de la empresa no recoge la prohibición de instalación de parques eólicos que tiene el municipio de Toreno en su ordenamiento urbanístico y la empresa que ha realizado el informe ambiental, Taxus, también está realizando estudios en la sierra de Gistredo, donde la Justicia y Transición Ecológica han tumbado varios proyectos de parques eólicos por su grave afección ambiental.

Empresa suiza con dinero del otro lado del mundo

La empresa promotora del nuevo parque eólico se denomina Galileo, nacida en el ño 2020 como “plataforma paneuropea de desarrollo de energías renovables y productor independiente de energía”, por el ejecutivo Ingmar Wilhelm y la gestora de infreatestructuras Morrison & Co. Nació como Galileo Green Energy y hace poco tiempo simplificó su nombre a Galileo. La compañía se dedica al desarrollo de proyectos renovables, la venta de electricidad a consumidores finales, la gestión energética y la financiación de proyectos.

Cuenta con el respaldo de cuatro grandes inversores institucionales de Australia y Nueva Zelanda y, en su lanzamiento, recibió un compromiso inicial de capital de 220 millones de euros. Entre sus financiadores están la compañía inversora Infratil Limited (Nueva Zelanda), cotizada en las bolsas de Nueva Zelanda y Australia, con inversiones en renovables, aeropuertos, infraestructuras digitales y sociales. Además está Commonwealth Superannuation Corporation, gestora de fondos de pensiones de empleados y miembros de las fuerzas armadas del Gobierno australiano así como el fondo soberano de Nueva Zelanda, New Zealand Superannuation Fund, creado por el Gobierno para contribuir a financiar el sistema público de pensiones.

Actualmente desarrolla en Europa una cartera que alcanza los 17 GW en energía solar, almacenamiento y eólica terrestre y marina. España se ha convertido en uno de sus mercados relevantes. Según los datos difundidos por la propia empresa en mayo de 2026, Galileo dispone en el país de una cartera de 1,4 GW de proyectos en desarrollo, de los que 700 MW ya cuentan con permisos de acceso y conexión a la red. A estos se añaden otros 1,4 GW vinculados a futuros concursos de capacidad previstos en España. Su estrategia española combina principalmente grandes instalaciones de baterías independientes (BESS), proyectos híbridos fotovoltaicos y parques eólicos, con especial interés por el almacenamiento en grandes áreas de consumo como Madrid y Cataluña.

La Junta de Castilla y León ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de una planta de generación de biometano y fertilizantes proyectada en el municipio leonés de Val de San Lorenzo por la empresa Apiolae S.L, filial del grupo ID Energy, con sede en Ciudad Real.

Según publica este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), la instalación se ubicará en las parcelas 16 y 17 del polígono 517 de este municipio de la comarca maragata y se tramita bajo el expediente 014-25-AALE.

El proyecto contempla una instalación para la producción de biometano mediante valorización de residuos no peligrosos y una planta asociada para la fabricación de fertilizantes, actividades incluidas dentro de los supuestos que requieren autorización ambiental y evaluación de impacto ambiental.

La Junta señala que el proyecto se encuadra entre las instalaciones de valorización de residuos no peligrosos con capacidad superior a 75 toneladas diarias mediante tratamiento biológico y también incluye actividades para la producción de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio.

Además, la iniciativa está sometida al procedimiento de evaluación ambiental al afectar a varias categorías recogidas en la legislación estatal, entre ellas la gestión y valorización de residuos, la industria química vinculada a fertilizantes y determinadas infraestructuras eléctricas asociadas al complejo.

El Ayuntamiento de Cistierna plantea endurecer las condiciones para la implantación de plantas de biogás y biometano en este municipio de la Montaña Oriental leonesa, después de conocerse un primer proyecto diseñado para el polígono de Vidanes, avanzada por ILEÓN a finales del año pasado, y la inmediata reacción en contra que ha provocado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) daba hoy a conocer el borrador del avance de la modificación n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Cistierna. Un proceso que comienza ahora y de momento se abre a participación pública antes de su aprobación definitiva. La propuesta es poner al día un planeamiento que originalmente data de hace más de 30 años, concretamente de 1993, y que no contemplaba ningún tipo de instalaciones de energías renovables de estas u otras características.

El texto propuesto por el Consistorio, y disponible ya en la Sede Electrónica de Cistierna, pinchando aquí, impone unas condiciones muy restrictivas. Pero hay que tener en cuenta que lo hace a futuro, es decir, que con la legislación española no cabría impedir el impulso de aquellos proyectos que, como el de la empresa Apaycachana-6 SL en el polígono de Vidanes, ya están muy avanzados e incluso con la evaluación de impacto ambiental de la Junta favorable. Otra cosa sería en aquellas alternativas que se planteen tras aprobarse de manera definitiva esta nueva normativa.

Entre las futuras restricciones que Cistierna pretende, destaba el veto completo a la ubicación de estas plantas en suelo urbano y también urbanizable. De este modo, su posible implantación quedaría limitada a las categorías de suelo rústico que lo permitan de manera expresa. Ya para complicarlo aún más, exige que se proyecte en parcelas únicas y de, al menos, diez hectáreas de tamaño. Por otro lado, los proyectos también deberán respetar un retranqueo mínimo de 30 metros respecto a los linderos, acompañado de una pantalla vegetal espesa en su entorno formada por especies autóctonas, para mitigar incluso el impacto visual.

La normativa diferencia entre instalaciones de pequeña capacidad -de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos orgánicos-, y plantas de gran capacidad. Las primeras deberán situarse a un mínimo de un kilómetro de cualquier pueblo o núcleo de población o de viviendas residenciales legalmente construidas o con más de 20 años. Para las de mayor tamaño, la distancia exigida aumentaría hasta como mínimo los dos kilómetros.

También se limita la concentración de infraestructuras: no podrán instalarse nuevas plantas a menos de diez kilómetros de otra ya previamente existente, tan sólo con la excepción de que tenga una autorización ambiental expresa, la cual permitiría reducir esa distancia hasta cinco kilómetros de manera excepcional.

Por otro lado, para poder seguir adelante y ser autorizados, las empresas deberán garantizar que al menos el 70% de los residuos que se emplean como materia prima de este tipo de instalaciones, especialmente estiércol animal, procedan de un radio máximo de 15 kilómetros a la redonda. Se trata, explica la normativa, de primar un abastecimiento local y reducir los desplazamientos, y por lo tanto la contaminación.

Los promotores también deberán acreditar obligatoriamente que cuentan con accesos y vías interiores capaces de soportar el tránsito de vehículos pesados sin deteriorar los caminos rurales ni agravar el tráfico local. Y finalmente, la nueva propuesta urbanística obliga a estudiar los impactos acumulativos de estas actividades en el entorno y a cumplir la normativa sectorial en materia de residuos, sanidad, olores, emisiones y protección del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como por otra parte evalúan las declaraciones de impacto ambiental.

El físico investigador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Antonio Turiel compartirá este jueves, 13 de agosto, una mesa redonda con el doctor en Geología Antonio Aretxabala y el biólogo de la Universidad de Oviedo Hugo Robles en un acto en defensa de la Montaña Leonesa que tendrá lugar en el Cine Mary de Cistierna. La cita es a las 19.00 horas.

Asociación Esla Vida, ARBA, CGT-León, Coordinadora en Defensa del Territorio, Espacio Apoyo Mutuo o Colapso, Plataforma Lodos NO, Plataforma Payuelo Libre y Plataforma por la Vida de la Montaña Oriental Leonesa son los grupos organizadores de este acto, que también podrá seguirse en YouTube a través del siguiente enlace.

La intención de los convocantes es poner sobre la mesa del debate lo que consideran como “peligros que amenazan” a la Montaña Central y la Montaña Oriental Leonesa desde “la minería de fosfatos” a “los proyectos de pantanos de bombeo reversible en el de Riaño” y “un nuevo embalse en el Curueño” hasta “la biomasa y los proyectos de biometano”.

Una nueva macroplanta solar cobra forma y avanza ya de modo imparable en la Montaña Central de la provincia de León. Ese impulso definitivo llega de la mano de la Junta de Castilla y León, que en apenas medio año ha declarado de utilidad pública el proyecto fotovoltaico Roblasun 2, promovido por la sociedad Roblasun 2, perteneciente a la compañía Ignis Group, un productor independiente de energía español, en el municipio de Rioseco de Tapia.

La decisión blinda el proyecto definitivamente y permite activar los trámites de expropiación forzosa y la imposición de servidumbres sobre todos los terrenos necesarios para ejecutar la instalación. La resolución llega después de que el proyecto superara los trámites de autorización administrativa y construcción y de que la promotora acreditara acuerdos con más de la mitad de los propietarios afectados, tras iniciarse el proceso en enero de este mismo año.

El expediente contempla una superficie total afectada de 1.591.117 metros cuadrados de extensión, lo que es lo mismo, 159,1 hectáreas, correspondiente a la suma de 427 parcelas particulares incluidas en el ámbito del proyecto. De ellas, 238 parcelas, el 55,74% del total, ya cuentan con acuerdos previos entre la empresa y sus propietarios, mientras que quedan 189 parcelas sin acuerdo. Es sobre estas sobre las que la declaración de utilidad pública permite establecer la necesidad 'a la fuerza' de ocupación o el paso de servicios e instalaciones.

La declaración de utilidad pública supone, por tanto, un nuevo paso administrativo para un proyecto que ya obtuvo la autorización administrativa previa en abril de 2023 y de construcción en 2024. La resolución establece la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y permite continuar con el procedimiento expropiatorio de las fincas que todavía no han sido objeto de acuerdo.

El expediente ha estado sometido a información pública, periodo durante el cual los titulares de los terrenos afectados formularon alegaciones y objeciones a la ocupación de sus propiedades. La documentación recoge la contestación técnica de la empresa promotora a estas alegaciones y el resultado de las gestiones realizadas para alcanzar acuerdos con los propietarios.

El listado de bienes y derechos afectados muestra, además, que el procedimiento no se limita a terrenos de carácter particular. Entre las parcelas incluidas figuran seis propiedades del propio Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, otras cuatro pertenecientes a la Junta Vecinal del pueblo de Espinosa de la Ribera y tres de la Junta Vecinal de Rioseco de Tapia. También aparece una parcela vinculada incluso a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista León-Asturias AP-66, que transcurre cerca de donde se desarrollará la macroplanta.

Una planta con más de 110.000 paneles solares

Roblasun 2 es uno de los grandes proyectos solares previstos en Rioseco de Tapia. La instalación contará con 110.970 módulos fotovoltaicos de 450 Wp, con una potencia pico total de 49,93 MWp y una potencia nominal de 41,66 MVA.

La infraestructura dispondrá además de 11 centros de transformación y 19 inversores de 2.500 kVA. La electricidad generada será evacuada mediante tres líneas subterráneas, con una longitud conjunta superior a los 20 kilómetros, hasta la subestación SET Rioseco 132/30 kV, recoge la documentación.

Roblasun 2 forma parte, además, de un conjunto de tres proyectos fotovoltaicos promovidos en Rioseco de Tapia por sociedades vinculadas a Enagás, junto a Roblasun 1 y Roblasun 3. En conjunto, las tres iniciativas plantean ocupar más de 500 hectáreas de terreno y representan una inversión estimada superior a los 80 millones de euros, aunque estos dos últimos llevan trámites menos avanzados por el momento.

La tramitación de estos proyectos ya generó en su día oposición entre colectivos agrarios, ecologistas y vecinos de la zona, que han cuestionado en fases anteriores aspectos relacionados con el cambio de uso de terrenos agrícolas, el impacto ambiental y sobre la actividad apícola, la fragmentación de las iniciativas -ya que si superan los 50 megavatios ya no tramita la Junta sino el Ministerio- y la inclusión de parcelas cuyos propietarios no habrían autorizado inicialmente su utilización.

La declaración de utilidad pública de Roblasun 2 supone ahora un avance decisivo en su tramitación, al permitir que las fincas para las que no se ha alcanzado un acuerdo voluntario puedan quedar sometidas al procedimiento de expropiación forzosa o de imposición de servidumbres.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

Una especie en total peligro de extinción, el urogallo cantábrico, del que se estima que apenas quedan 209 ejemplares en libertad, y bajando, ha vuelto a ganar la partida a un macroproyecto eólico. Y ha vuelto a ocurrir en la provincia de León, donde se concentran la mayoría de los ejemplares, junto con el Principado de Asturias.

Esta vez la victoria de la delicadísima urogallina se ha convertido además en protagonista de un boletín oficial. Ha sido en el BOP de León donde la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado que Solaria, uno de los mayores grupos empresariales de proyectos de energía renovables, desiste de manera formal de una macroplanta eólica que venía impulsado desde hace casi dos años en la comarca leonesa de la Cepeda.

Se trataba de un proyecto que preveía la instalación de 10 enormes aerogeneradores e infraestructuras de evacuación en los municipios leoneses de Quintana del Castillo, Valdesamario y Villagatón, para generar 70 megavatios de potencia. El motivo por el que la compañía renuncia al parque bautizado como 'Aquarii', renuncia que el Ministerio asume paralizando la solicitud de autorización administrativa previa que estaba en marcha, no es otro que el impacto irreversible que este proyecto había supuesto para el urogallo.

Así se refleja en la documentación dada a conocer a través del Boletín leonés: “El promotor pone de manifiesto que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha informado que el proyecto resulta ambientalmente inviable por ser incompatible con el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico”, se limita a recoger. Llama la atención, además, porque ha sido la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta la que ha peleado durante años por legalizar, hasta en tres ocasiones, algunos antiguos parques eólicos como Peña del Gato, que la Justicia declaraba reiteradamente ilegales, precisamente por los daños a la especie protegida.

Ahora, ante la acumulación de informes desfavorables de diversos organismos y administraciones durante la tramitación ambiental, la empresa reconoce la inviabilidad de esta parte de su gran proyecto en León, solicitando el cierre formal del expediente. Pero solo parte. Porque sin embargo, Aquarii sigue adelante en su formato original, que era una macroplanta de placas solares en la misma comarca leonesa, de 89,6 Mw. Y es que la instalación eólica a la que se renuncia se había planteado por parte de Solaria como una “hibridación con la instalación fotovoltaica Aquarii Solar”. Juntos iban a ocupar unas 200 hectáreas. También continuará avanzando plazos administrativos y ambientales toda la infraestructura de evacuación energética de esta planta solar, gran parte de la cual se iba a aprovechar conjuntamente para ambos proyectos. Esta infraestructura se tramitaba en un expediente separado, SGIISE/PFot-234.

Una larga historia de trámites

El expediente original, impulsado por Planta FV 127 SLU, arrancó en julio de 2024, al presentarse la solicitud de autorización administrativa previa para el proyecto. Medio año después, el 24 de enero de 2025, la administración acordó admitir a trámite la petición, dando continuidad al procedimiento. Sin embargo, el proyecto el primer obstáculo apenas unas semanas después: El 13 de febrero de 2025 se dictó una resolución que puso fin a la pretensión de la compañía se someter las dos plantas a un procedimiento simplificado de afección ambiental.

El Ministerio determinó que la actuación debía someterse a una tramitación ordinaria de evaluación ambiental, un proceso más amplio que implica un análisis detallado de las posibles afecciones del proyecto. Y ha sido este trámite de impacto ambiental ordinario, que comenzó formalmente el 1 de septiembre de 2025, en el que la Junta ha sido tajante al advertir la incompatibilidad de la parte eólica con la supervivencia del urogallo en una de las pocas comarcas de España donse aún sobrevive. Y aún así, la proliferación de proyectos de macroplantas solares sigue atenazando el paisaje de toda la Cepeda, donde se multiplican este tipo de proyectos desde hace años.

La organización agraria Asaja León ha cargado con dureza contra el proyecto de la gran línea eléctrica de alta tensión que pretende transportar hasta la subestación de Luengos, en el municipio leonés de Santas Martas, la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia. La organización califica de “aberrante” la infraestructura y anuncia que presentará alegaciones.

La crítica llega apenas una semana después de que se conociera el proyecto, que contempla la construcción de una línea de 61,66 kilómetros entre el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde (Palencia), y la subestación transformadora de Promotores Luengos, desde donde la electricidad se inyectará en la red de transporte de Red Eléctrica. La actuación, promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad vinculada al grupo berciano Erbienergía de los Lamelas Viloria, implica la declaración de utilidad pública de la infraestructura y, con ella, la posibilidad de expropiar terrenos y establecer servidumbres de paso en decenas de fincas de León y Palencia.

Asaja sostiene que “no tiene” ese supuesto interés público. A su juicio, la línea responde exclusivamente “al ánimo lucrativo de sus promotores” y a la búsqueda del punto más barato para evacuar la electricidad generada en Palencia, utilizando para ello la subestación de Luengos. La organización recuerda que León ya produce más energía de la que consume y considera que la provincia asume el impacto de una infraestructura que, asegura, “no genera riqueza ni empleo local”.

“La provincia recibe una infraestructura que no se quiere en otros territorios, que genera una energía que no necesitamos, que perjudica a los propietarios de fincas rústicas y a quienes las cultivan y que, además, tiene un fuerte impacto ambiental”, resume la organización agraria en su comunicado.

El foco, en las tierras de Payuelos

Uno de los principales argumentos de Asaja se centra en la afección sobre la zona regable de Payuelos, por donde discurrirá parte del trazado. La organización recuerda que ya durante la tramitación ambiental presentó alegaciones para evitar que la línea cruzara esta zona y consiguió, como “mal menor”, que el tramo afectado se ejecutara finalmente de forma subterránea.

Según la organización, la documentación sometida a información pública identifica 276 parcelas agrícolas de la provincia de León, la mayoría procedentes de procesos de concentración parcelaria y muchas de ellas de regadío modernizado, sobre las que recaerán servidumbres de paso, apoyos o ocupaciones temporales.

Además, critica que el expediente no concrete cuánto tiempo durarán esas ocupaciones temporales, qué indemnizaciones recibirán los propietarios ni qué compensaciones corresponderán a los agricultores que cultivan esas tierras en régimen de arrendamiento. Por ello, confirma que presentará alegaciones dentro del plazo de treinta días habilitado por la Junta.

Una línea de más de 60 kilómetros con expropiaciones

El proyecto prevé una línea de alta tensión de 132 kilovoltios y 61,66 kilómetros que atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún, además de otros quince términos municipales de Palencia.

La infraestructura permitirá evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, con una potencia conjunta de 144 MW, mediante una red que combina tramos aéreos y soterrados antes de conectar con la subestación de Luengos.

Asaja enmarca esta oposición dentro de una reivindicación más amplia para que el nuevo Gobierno autonómico proteja el suelo agrícola más productivo frente a la proliferación de parques renovables y de sus infraestructuras de evacuación. La organización lamenta que, a su juicio, ni la Junta de Castilla y León ni el Estado hayan priorizado hasta ahora los intereses de los agricultores frente a este tipo de proyectos.

La Junta de Castilla y León saca a información pública el proyecto de una gran línea eléctrica de alta tensión de más de 60 kilómetros para conectar en León la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia.

La infraestructura conectará el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde, con la subestación transformadora de Promotores Luengos, ubicada en el municipio leonés de Santas Martas, desde donde la electricidad se inyectará en la subestación de 400 kilovoltios de Red Eléctrica en Luengos.

La actuación está promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad con sede en Ponferrada vinculada al grupo Erbienergía, propiedad de la familia berciana Viloria, históricamente minera. El proyecto contempla la declaración de utilidad pública de las infraestructuras, lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y la posibilidad de expropiaciones en todos los municipios atravesados por el trazado.

La línea principal tendrá 61,66 kilómetros de longitud y un voltaje de 132 kilovoltios. Su recorrido unirá Santas Martas con el centro de seccionamiento de Carrión, donde confluirá la producción de los parques eólicos de Perales, Villaumbrales y Villaherreros, todos ellos en Palencia. El trazado combinará tres tramos subterráneos y tres aéreos, una solución adoptada tras la tramitación ambiental para reducir el impacto sobre el territorio.

La infraestructura atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún. En la provincia de Palencia discurrirá por quince términos municipales: Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Valde-Ucieza, Villasarracino y Villaherreros.

El sistema de evacuación se completará con otras dos líneas que recogerán la producción de los parques eólicos hasta el centro de seccionamiento de Carrión. Una de ellas, completamente soterrada, tendrá 22,48 kilómetros y conectará los parques de Perales y Villaumbrales, mientras que la otra alcanzará 16,6 kilómetros, prácticamente toda subterránea salvo un corto tramo aéreo para salvar el río Carrión, destinado a evacuar la energía del parque de Villaherreros.

En conjunto, las infraestructuras permitirán evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, lo que suma una potencia instalada de 144 MW. Toda esa energía se concentrará en el nuevo centro de seccionamiento de Carrión antes de ser transportada hasta la subestación de Santas Martas y, desde allí, a la red de transporte de Red Eléctrica en Luengos.

El expediente incorpora un extenso anexo con la relación de bienes y derechos afectados en ambas provincias. En el caso de León, las expropiaciones y servidumbres alcanzan a numerosas parcelas de los municipios incluidos en el recorrido de la línea, mientras que la declaración de utilidad pública supondrá la urgente ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar la infraestructura.

El anuncio establece un plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, para que cualquier persona pueda examinar la documentación del proyecto y presentar las alegaciones que considere oportunas. El expediente puede consultarse en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, situado en la avenida Casado del Alisal, número 27, en horario de 9.00 a 14.00 horas, así como a través del portal de información pública en materia de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León.

La Fundación Santa Bárbara, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ofertará más de 1.600 plazas de Formación Profesional para el empleo en industrias extractivas durante la presente legislatura, con el objetivo de consolidarse como centro de referencia nacional en este ámbito.

El anuncio lo ha realizado este martes el director general de Energía y Minas, Alberto Castro, durante una visita a las instalaciones de la fundación en la comarca del Bierzo, donde destacó que entre 2020 y 2025 más de 1.100 alumnos participaron en las acciones formativas desarrolladas por la entidad y que más de 850 consiguieron acceder al mercado laboral.

La Junta pretende reforzar la especialización del centro mediante una oferta adaptada a las necesidades actuales del sector extractivo y energético.

Durante la visita, Castro ha conocido además varios proyectos de innovación que desarrolla la fundación, entre ellos La Mina en Vivo, que transformará la antigua escuela mina de Caboalles de Arriba (Villablino) en un centro de turismo industrial financiado por el Fondo de Transición Justa, y GENMIN, que estudia el uso de antiguas explotaciones mineras para almacenar energía mediante aire comprimido, hidrógeno verde o biogás y prevé desarrollar una planta piloto en 2027.

Actualmente la Fundación Santa Bárbara dispone de instalaciones en Folgoso de la Ribera y Torre del Bierzo donde oferta alrededor de 500 plazas de formación al año y desarrolla actividades de investigación, ensayos tecnológicos y formación especializada para industrias extractivas, obra civil y servicios de emergencias.

La provincia de León es la que más depende de toda la Comunidad del uso del petróleo. Todo ello, en mitad de una tormenta geopolítica agravada por la guerra de Irán entre Estados Unidos, Israel y el país de Oriente Medio, que han cortado el flujo del mercado naval petrolero por el Estrecho de Ormuz (por el que pasa el 20% del oro negro global) desde el mes de marzo, tras una breve tregua que permitió el paso contado de buques. Así, la economía leonesa se encuentra a merced de los bandazos internacionales, lo que explica en gran medida el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de la provincia, que en lo que llevamos de año es de un 2,6%; tres puntos por encima de la media nacional.

Durante el año 2025, la provincia de León consumió un total de 522.225 toneladas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos (fuel doméstico), según los datos del Ente Regional de la Energía (Eren). Así, la leonesa fue la provincia de toda Castilla y León que más derivados del petróleo consumió durante ese año, seguida de cerca por Burgos (472.667 toneladas al año) y Valladolid (420.472 toneladas anuales); frente a las que menos: Soria (128.213 toneladas) y Ávila (162.099 toneladas). A pesar de todo ello, la provincia fue una de las tres que redujo su consumo de combustibles respecto al año anterior, concretamente un 2,6% menos. Burgos, a pesar de ser ya la segunda provincia de la Comunidad que más productos petroleros consume, incluso incrementó un 13% su uso.

También durante los primeros cinco meses del año 2026, la provincia de León ha mantenido su alto consumo de combustibles, con un total de 206.764 toneladas solo entre enero y mayo, según las cifras de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). De nuevo, le siguen Burgos (189.219 toneladas) y Valladolid (164.218 toneladas).

En el caso de León, este uso tan alto de derivados del petróleo se corresponde, en su mayoría, con el uso de gasóleo tipo B y C, destinado a calefacción y maquinaria agrícola. Teniendo en cuenta los inviernos leoneses, este dato cobra más sentido y hace que la cifra total se vea aupada, pese a tener menos población que Valladolid (que consume más gasolina debido a su cifra de habitantes más elevada) y menos industria que Burgos (que lidera el consumo de gasóleo tipo A; es decir, el diésel para los coches).

De hecho, el mes en el que más carburantes se consumieron durante los primeros cinco meses del año en la provincia de León fue enero, cuando la provincia lideró el uso de gasolina 98 (0,11% del total de la Comunidad), y los gasóleos A, B y C (18%respecto al total de toneladas usadas en Castilla y León ese mes). Esto indica un uso primordial del combustible para calefacción, aunque también para coches diésel.

Una muestra más es el consumo de gases derivados del petróleo, como son el butano, propano y autogas. Todos ellos se usan especialmente para los sistemas de calefacción de la provincia de León, que es también líder de consumo en este campo, con 16.260 toneladas al año. Esto supone el 21,29% del consumo de la Comunidad, especialmente por el uso de propano.

Lo que esto implica para la población leonesa

Uno de los aspectos más destacables del sector petrolero es su dependencia a la inseguridad geopolítica. Uno de los principales temas de conversación económica desde finales del mes de febrero han sido los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, donde se encuentra el Estrecho de Ormuz, un canal por el que pasa el 20% de la producción del petróleo mundial y que ha estado cerrado (con una breve tregua anulada hace pocos días por el presidente Trump) desde entonces.

Este panorama internacional ha provocado subidas históricas del precio del petróleo, con la medida del barril de Brent como referencia, que este martes 14 de julio ha vuelto a dispararse por encima de los 90 euros después de nuevos ataques de Estados Unidos a Irán.

No ha sido la primera etapa de inestabilidad internacional que ha vivido el mundo durante los últimos años, ya que hay que sumar los estragos de la pandemia covid-19 desencadenada en 2020 y la guerra que aún se mantiene en Ucrania y comenzó en febrero de 2022, tras la invasión por parte de Rusia.

Una de las consecuencias directas para la provincia de León ha sido el encarecimiento de los precios que perciben los ciudadanos y que refleja el IPC. Así, entre 2020 y 2025, León fue la segunda provincia de toda España donde más aumentaron los precios, superada (por poco) por Toledo. En concreto, entre el año 2020 y 2025, este índice aumentó un 29,4%. Uno de los grupos donde más aumentó el coste fue, precisamente, el gas.

El profesor de Economía de la Universidad de León, Pablo García, ya ha explicado en otras ocasiones a ILEÓN que uno de los motivos por los que la provincia leonesa depende tan directamente de los combustibles tiene que ver, por un lado con su amplia extensión territorial (es una de las provincias de España con mayores kilómetros cuadrados), lo que obliga a los leoneses a depender mucho de medios de transporte; y el clima, que provoca un mayor consumo de calefacción.

Además, en lo que va de año (entre enero y junio), el IPC de la provincia de León ha aumentado un 2,6%: tres puntos por encima de la media nacional. El mes en el que más subieron los precios, incluyendo el año 2025, fue precisamente marzo, epicentro temporal del conflicto en el Estrecho de Ormuz. Además de los alojamientos (cuyo precio se ha incrementado un 17% en seis meses), han sido los combustibles los que han propiciado esta subida de la inflación leonesa, tras subir un 7,7%.

Así, lo que pueda parecer un conflicto internacional entre países ajenos, no solo afecta a España, sino a nivel hiperlocal para provincias como León y, especialmente a los bolsillos ya doloridos de la población leonesa. Todo ello teniendo en cuenta que no existe por ahora alternativa viable para esta dependencia petrolera.

La Junta ha formulado la declaración de impacto ambiental favorable al 'proyecto regional' Villadangos Green, una iniciativa cuestionada por Ecologistas en Acción, que llegó a tachar de “delirante” su conexión con el también 'proyecto regional' La Robla Green, ambos promovidos por el grupo Reolum. El plácet, condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones, proviene ya de la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del Gobierno autonómico, según publica en su edición de este miércoles el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

Villadangos Green consta de una planta para la fabricación de hidrógeno con capacidad de 200 MW (megavatios) de electrolisis y una producción anual estimada de 28.800 toneladas, una planta para la fabricación de 140.000 toneladas/año de metanol y dos conducciones de más de 36 kilómetros (un ceoducto y un hidroducto) para el transporte de hidrógeno y CO2, que conectarán la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín, donde la misma empresa promueve el Proyecto Regional La Robla Green, ya ha autorizado.

La promotora es Villadangos Nueva Energía SL, del grupo Reolum, compañía española creada en 2019 por Fernando Muñoz y Yann Dumont, centrada en la generación de energías renovables y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, e-metanol y biomasa. Su objetivo, según la firma, es “impulsar la transición energética desde una perspectiva rentable y sostenible”.

Las conducciones diseñadas para conectar Villadangos Green con La Robla Green atravesarán también otros seis municipios leoneses: Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen (el plan inicial pasaba por la expropiación de casi 300 fincas). Las plantas de Villadangos ocuparán una superficie de alrededor de 150.000 metros cuadrados y requerirán un consumo anual superior a 1,65 millones de metros cúbicos de agua procedente de la red de abastecimiento de la ampliación del polígono industrial.

Precisamente la ubicación de este proyecto en el polígono industrial, una “zona ya muy transformada” por la presencia de naves e infraestructuras de transporte, hace que “el impacto sobre paisaje será limitado”, señala la declaración del Bocyl, que hace algunas advertencias: avisa de que el trazado de tuberías podría interferir con la planta fotovoltaica 'El Monte', al tiempo que recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados “procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición” en sustitución de áridos naturales.

La aprobación ambiental no supone todavía la autorización definitiva de Villadangos Green, que deberá obtener el resto de permisos sectoriales y ambientales exigibles.

El proyecto de autoconsumo energético 'León Smart Solar City', por el que el Ayuntamiento de León ha instalado un mapa solar en una decena de tejados de edificios e instalaciones del municipio, ha sido seleccionado como finalista de los Innovation in Politics Awards 2026, uno de los principales reconocimientos en Europa a la innovación pública.

El premio lo concede The European Capital of Democracy y el Ayuntamiento de León, con esta propuesta, es uno de los 13 proyectos seleccionados para la fase final de entre más de 300 iniciativas de 35 países, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

“Los tejados de algunos barrios han dejado de ser meras cubiertas para convertirse en una red de centrales de energía limpia, un ambicioso mapa solar que no solo busca mitigar el cambio climático y sus efectos, sino blindar las arcas municipales frente a los vaivenes del mercado eléctrico mediante un sistema pionero de autoconsumo colectivo con almacenamiento energético”, ha detallado el consistorio.

El proyecto, cofinanciado con un millón de euros procedentes de fondos de la Unión Europea, ha supuesto una inversión del Ayuntamiento de León de 2,5 millones y la puesta en marcha de un circuito que generará 3,9 millones de kilovatios hora al año de energía verde.

Este volumen de producción limpia equivale al consumo anual de unas 118 viviendas y, sumando todas las fases de optimización, permitirá reducir drásticamente la factura de la luz municipal, amortizando la inversión en apenas tres años.

Tras conocer la selección del proyecto León Smart Solar City, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado que “más allá del evidente impacto económico, supone un gran salto cualitativo que radica en un concepto estratégico crucial en los tiempos actuales que es la soberanía energética”.

Cubrir las necesidades

La gran novedad técnica que ha llamado la atención al jurado europeo no radica solo en la captura de la luz solar, sino en cómo se gestiona y se distribuye esa energía.

La primera fase del plan ha supuesto la instalación de 2.481 nuevas placas fotovoltaicas repartidas estratégicamente en 13 ubicaciones municipales como los pabellones de San Esteban, Margarita Ramos, La Torre y Luis Vives, los polideportivos de Quevedo y La Granja, el CEAS Ventas Este o el centro cívico Ventas Oeste.

Gracias a este proyecto el Ayuntamiento de León logrará abastecer a más de 100 puntos de consumo municipales y su objetivo es llegar a cubrir el 85% de las necesidades energéticas en los espacios municipales que registran un mayor gasto.

En la vertiente puramente ecológica, el proyecto funciona como un auténtico pulmón verde invisible para León, ya que la entrada en funcionamiento de todo este ecosistema solar evitará cada año la emisión de más de 860 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que equivale a una masa forestal de más de 41.000 árboles.

Ni yo mismo me puedo creer el título que acabo de escribir, pero el mundo está tan raro últimamente que, por una vez, va a ser verdad que la especulación y el fraude juegan a favor del común de los mortales en vez de darnos por el saco. Y me refiero a las reservas de petróleo y a lo que están dando de sí, inopinadamente, tras el cierre del estrecho de Ormuz.

El caso es que en los foros sobre el petróleo y la energía se calcula desde hace tiempo cuándo comenzarán a ser necesarios los racionamientos de suministro por culpa del bloqueo, y resulta que de momento no acierta nadie, porque el suministro permanece estable y sin que se observen problemas en casi ningún lugar del mundo. Y digo casi ninguno porque, poco a poco, comienzan a aparecer noticias sobre tensiones en Sri Lanka, Filipinas y algunos otros países asiáticos.

Se decía, con cifras muy serias y muy oficiales, que si el bloqueo llegaba al primero de mayo, en junio sería imprescindible una política de racionamiento. Las fuentes, insisto, eran precisas y oficiales, pero también equivocadas, y precisamente por ser oficiales.

¿Y de dónde viene ese error? Pues parece ser que de los especuladores. Prácticamente todas las refinerías y compañías petroleras del mundo esconden petróleo comprado a precios bajos para poder venderlo a precios altos al menor repunte, en una especie de ingeniería fiscal pirata y trapacera. Los saudíes, por ejemplo, extraen el petróleo, lo llevan a diversos depósitos por medio mundo, y no lo declaran como extraído hasta el momento de su venta. Por eso, vaya por Dios, sus yacimientos son tan flexibles para aumentar o disminuir la producción al ritmo de los acuerdos de la OPEP, cuando todos los especialistas en la materia saben que esa flexibilidad no existe y que se tarda una barbaridad en ejecutar semejantes altibajos productivos. Pero si lo tienes escondido y sin declarar ya es otra cosa.

Y lo mismo, insisto, pasa con los inventarios comerciales de las petroleras y las industrias de hidrocarburos: refinan, almacenan y no declaran el producto hasta el momento en que les interesa venderlo, a precio de sangre de unicornio. Y por supuesto, sin decirle una palabra a las autoridades, ya sean nacionales o internacionales.

Así que ahora, cuando pensábamos que estábamos en las últimas, resulta que la picaresca de los especuladores nos ha salvado. Lo que nadie sabe es hasta cuándo, porque ni en un momento como este se puede confiar en que los datos de los inventarios tengan alguna relación con la realidad. Ese secreto es la clave de la competitividad, según dicen, o del trilerismo irredento de su negocio, opino yo, y solo lo conoceremos cuando empecemos a ver gasolineras cerradas, quizás de un día para otro. O quizás, con un poco de suerte, no lleguemos a saberlo nunca, porque las cosas se arreglen antes de que llegue la sangre al río.

Lo que sabemos, obviamente, es que esas reservas desconocidas no son infinitas y que, a buen seguro, la escasez llegará antes a donde no se puedan pagar precios más altos. Así que, nuevamente, habrá que tirar del viejo refrán y creer que mientras los pobres vayan en moto los ricos no irán en burra.

Tiempos interesantes.

Buscas en el diccionario de la RAE el significado de ese término tan manoseado por los gobernantes de este santo planeta: geopolítica. Por lo visto es la ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, raciales, culturales y religiosos. Y no sé a ustedes, pero a uno todo esto le sigue sonando a cortina verbal para ocultar los interesados tejemanejes de unos cuantos arribistas y amorales dirigentes. Unos políticos que utilizan su ámbito de poder para obtener más poder y para no defraudar a esas grandes corporaciones económicas que, en muchos casos, son las que les han colocado a los mandos del gran tablero geopolítico mundial. ¡Toma ya! La verdad es que cuando sueltas la palabrita en cuestión te quedas como nuevo.

El mejor ejemplo de todos esas turbias motivaciones que mueven la geopolítica actual lo encontramos, cómo no, en la política exterior que ejerce un tipo tan caprichoso como Trump y que ha llegado al paroxismo con esta absurda guerra (¿No lo son todas?). Tener a los mandos de la mayor potencia económica y militar del mundo a este peligroso cantamañanas ha podido desembocar en una autentica tragedia. El personaje ya había mostrado al mundo en cada una de sus verborreicas apariciones que no le importa lo más mínimo pasarse por el arco de triunfo todos esos códigos legales y morales que establece el derecho internacional. Pero lo de acudir a la llamada de su amigo Bibi (Netanyahu) para ejercer nuevamente de matón de la clase ha sido un error mayúsculo, una torpeza estratégica que ha agitado el avispero de Oriente Próximo y ha fortalecido a esa abyecta teocracia que gobierna Irán desde hace décadas.

El principio de acuerdo exige a Teherán que diluya sus reservas de uranio altamente enriquecido, a cambio de la suspensión de las sanciones contra el país. El acuerdo también permitiría el tránsito sin peajes por el estrecho de Ormuz durante dos meses y reafirmaría el compromiso con la integridad territorial de Líbano frente a la invasión israelí contra Hezbolá. Veremos en que queda, pero en principio el ridículo parece evidente: has revuelto con actitud bravucona y miopía histórica una zona en permanente conflicto para retirarte meses después y celebrar un acuerdo que te lleva de nuevo al punto de partida. 

“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”, leemos en la frase de diálogo más célebre de El gatopardo. Unas palabras con las que Lampedusa inauguraría lo que más tarde se llamó gatopardismo, esa idea de cambiar todo para que nada cambie que es ya un concepto incorporado a los estudios de ciencia política. Quizás Trump sea un genio de la geopolítica y esa haya sido su intención desde el principio.

Quizás el gatopardismo haya sido su miserable coartada para enviar al Séptimo de Caballería allá donde nadie lo había demandado.

Varias organizaciones ecologistas han exigido frenar el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica reversible de bombeo llamada Valdepiélago, en el Valle del Curueño, en la montaña de León. Se trata de una infraestructura que han calificado de “atentado medioambiental” porque destruiría un valle que es Reserva de la Biosfera, además de una zona de alto valor paisajístico, geológico y hogar de varias especies amenazadas.

La iniciativa, impulsada por los colectivos Defensa del Territorio, la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida) y ARBA León-Bierzo, ha surgido tras el anuncio del Gobierno sobre un proyecto que actualmente se encuentra en fase de evaluación técnica para su integración en las redes eléctricas europeas.

El proyecto estima el uso de 1.300 litros por segundo máximo de consumo, que equivaldría a casi una quinta parte del caudal medio del río Curueño. La sociedad peticionaria, Bubión Partners SL, está vinculada a un exdirectivo del gigante energético Abengoa que promueve otra similar en Garoña, Burgos. Es una más de las muchas que se tramitan actualmente en la provincia, varias de ellas vinculadas al agua de antiguas explotaciones mineras y, por lo tanto, con cuantiosos fondos públicos disponibles.

Este tipo de centrales de bombeo constan de dos embalses y funcionan como una gran batería en la que el agua se bombea al depósito superior utilizando el exceso de producción de energía eólica o fotovoltaica de la zona y se turbina de vuelta al inferior para generar electricidad en los momentos de mayor demanda, una operación que, según han apuntado las organizaciones, se realizaría a un precio que duplica el habitual.

El bombeo, han afirmado, puede parecer una tecnología “sensata” pero carece de sentido en esta ubicación debido al irreversible impacto ecológico que comportaría. Se trata, recuerdan, de un entorno que combina masas maduras de hayas, abedules y robledales con formaciones calizas, integrado en la Red Natura 2000 y que cuenta con varias Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 13 lugares de interés geológico.

Su construcción, han alertado, provocaría la desaparición de numerosas especies protegidas puesto que este valle alberga actualmente a dos especies animales en peligro de extinción y ocho vulnerables, además de tres incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.

Entre la fauna afectada se encuentran 17 de las 29 especies de murciélagos de la península ibérica, aves rapaces, el tritón alpino e ibérico, el lobo, la nutria, el gato montés, el rebeco, el águila real, el buitre leonado y el halcón.

Asimismo, el entorno es el hábitat de dos especies exclusivas de la Cordillera Cantábrica como son la perdiz pardilla y la liebre de piornal y una zona crítica para el oso pardo, al actuar como nexo de unión indispensable entre las poblaciones occidental y oriental de la cordillera.

La asociación León Propone ha trasladado al Ministerio de Hacienda tres medidas que considera clave para reducir las desigualdades que sufren la provincia de León y otros territorios rurales similares: una redistribución más equilibrada de los efectivos de inspección de la Agencia Tributaria, una reforma del sistema de financiación local y la recuperación de mecanismos de compensación para las zonas productoras de energía.

Las propuestas fueron expuestas en una reunión mantenida el pasado 28 de mayo con responsables de la Secretaría de Estado de Financiación Autonómica y Local y varios directores generales del departamento. La asociación enmarca estas iniciativas en su estrategia para corregir lo que considera desequilibrios estructurales entre las grandes áreas urbanas y las provincias que aportan recursos energéticos y población, pero que continúan perdiendo actividad económica y habitantes.

Según el comunicado remitido, en materia fiscal León Propone sostiene que provincias como León soportan una mayor proporción de inspectores por empresa que otros territorios más industrializados, lo que, a su juicio, genera una mayor presión administrativa sobre empresas y autónomos. La organización habla incluso de una “presión fiscal indirecta”, derivada de un mayor número de comprobaciones, inspecciones y actuaciones de control en relación con el volumen de contribuyentes existentes. Según defiende, esta situación puede contribuir al traslado de domicilios fiscales y actividad económica hacia territorios donde la presión inspectora es menor.

Por ello, plantea cambios en la organización territorial de la Inspección de la Agencia Tributaria para que las actuaciones puedan desarrollarse de forma más homogénea en todo el país. Además, reclama una mayor transparencia sobre el reparto de efectivos para poder evaluar con precisión las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

Respecto a la financiación local, León Propone considera que el modelo actual continúa demasiado ligado al peso de la población y no refleja las necesidades reales de las provincias rurales.

La asociación plantea que el reparto de fondos tenga más en cuenta factores como la población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes, la extensión territorial, la dispersión geográfica, la orografía, el envejecimiento o el elevado número de entidades locales menores. A su juicio, son variables que condicionan directamente el coste de prestar servicios públicos en el medio rural.

Remanentes de tesorería

Además, rechaza la idea de que las diputaciones dispongan de recursos sobrantes por el hecho de acumular remanentes de tesorería. Según trasladó al Ministerio, buena parte de esos fondos no pueden destinarse a nuevas políticas por las limitaciones normativas existentes en materia de gasto y contratación de personal, lo que dificulta impulsar medidas contra la despoblación.

El tercer eje de la reunión fue la recuperación de una compensación económica para los territorios que generan energía eléctrica. León Propone sostiene que las provincias que albergan infraestructuras energéticas asumen impactos territoriales y ambientales mientras que los principales beneficios económicos se concentran en las zonas consumidoras y en las sedes de las grandes compañías. Y León acumula, entre otras cosas, numerosos pantanos con centrales hidroeléctricas, amén de muchos proyectos energéticos desde biomasa a fotovoltaicos o eólicos, entre otros.

Vuelta de impuestos

Por ello reclama un mayor retorno económico a través de una participación en el IVA vinculado al consumo eléctrico o en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

Aunque los responsables ministeriales no rechazaron las propuestas, sí advirtieron de las dificultades para impulsar reformas legislativas en el actual contexto político, marcado por el debate sobre la financiación autonómica y la negociación presupuestaria. León Propone, sin embargo, considera que la reunión ha servido para situar estas reivindicaciones en la agenda estatal y anuncia que seguirá buscando apoyos institucionales para que formen parte del debate sobre el futuro modelo de desarrollo y cohesión territorial de España.

El 'defensor del pueblo' autonómico, Procurador del Común de Castilla y León, tramitó durante el pasado año un total de 6.267 expedientes, frente a los 5.886 del año anterior, impulsado principalmente por las reclamaciones relacionadas con una planta de incineración de biomasa como epicentro de la Red de Calor de la Junta en León capital, que acapararon casi la mitad de las quejas (cerca de 3.000), y por la reducción de consultas de Pediatría en el centro de salud de Cistierna.

El informe anual de la institución, entregado este viernes por el Procurador del Común en funciones desde hace años, Tomás Quintana, al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, refleja que de esos 6.267 expedientes, 4.078 correspondieron a 17 quejas múltiples, es decir, reclamaciones presentadas por numerosos ciudadanos sobre un mismo asunto.

De ahí que la actuación que generó un mayor volumen de expedientes fue la oposición al proyecto de instalación de la macroplanta de incineración de la llamada Red de Calor del barrio leonés de Puente Castro, con una instalación de quema de biomasa, nitrógeno verde y placas solares. Sólo esta iniciativa, con gran contestación vecinal del sur de la ciudad, motivó 2.962 reclamaciones.

Curiosamente, esta iniciativa se archivó al haber tenido conocimiento la institución de que se habían interpuesto recursos judiciales, contencioso-administrativos, tanto frente a la concesión demanial de los terrenos por el Ayuntamiento a la empresa pública Somacyl como frente a la declaración de la Junta como Proyecto de Interés Regional y a la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Es decir, que las casi 3.000 quejas se quedaron finalmente en nada.

Fue seguida en segundo lugar por las 476 relacionadas con la gran protesta social de la reducción de consultas de Pediatría en Cistierna, en la Montaña Oriental de León. También destacaron las 248 quejas por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) debido al riesgo de incendios, así como diversas reclamaciones vinculadas a procesos de reclasificación profesional de empleados públicos.

Gran presencia de Castrocalbón

Más allá de las reclamaciones ciudadanas, el Procurador del Común inició 143 actuaciones de oficio, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por contaminación por nitratos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Buena parte de ellas se produjeron por un goteo de asuntos diferentes en el municipio de Castrocalbón, también en la provincia leonesa.

Entre las iniciativas destacadas figuran actuaciones para mejorar las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida, la adaptación de aseos públicos para personas ostomizadas y el análisis de la futura gestión de residuos procedentes de instalaciones fotovoltaicas cuando alcancen el final de su vida útil.

Por áreas, la Administración local volvió a concentrar el mayor número de quejas, con 504, seguida de Fomento (294), Empleo Público (238), Sanidad y Consumo (230) y Medio Ambiente (223).

El informe también refleja que la institución dictó 1.333 resoluciones durante el pasado ejercicio. De ellas, 1.103 incluyeron recomendaciones o sugerencias a las administraciones afectadas, con un grado de aceptación del 84,39 %, una cifra similar a la registrada en ejercicios anteriores.

La Consejería de Sanidad volvió a ser el departamento autonómico que acumuló más reclamaciones, con 259, seguida por Educación (148) y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (97). El informe será debatido en un próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León en una fecha aún por determinar, una vez que tome posesión el nuevo Gobierno.

La planta de fabricación de metanol de La Robla incrementa su capacidad productiva (de 100.000 a 140.000 toneladas al año), al tiempo que duplica la potencia de la caldera de biomasa que suministra calor al proceso (de 15 a 30 megavatios). Son los dos principales cambios de la modificación sustancial de la instalación solicitada por el proyecto La Robla Green y autorizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, según publica en su edición de este lunes el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

La Robla Nueva Energía es la planta de producción de metanol verde (e-metanol), que complementa a Roblum, de generación de energía eléctrica renovable a partir de biomasa, dentro del proyecto La Robla Green. Los promotores solicitaron en mayo de 2025 una serie de modificaciones. Y el Gobierno autonómico da ahora su conformidad.

Además de los incrementos de la capacidad productiva y de la potencia de la caldera de biomasa, el proyecto incluye ahora la instalación de un nuevo oxidador térmico para la combustión de los gases residuales del proceso, que funcionará en continuo, mientras se mantiene la antorcha sólo para casos de emergencia.

La modificación sustancial ahora aprobada también implica la adopción de cambios en la disposición de las instalaciones y equipos en planta, así como aumentos de la capacidad de diversos tanques con el consecuente incremento de la producción y en el consumo de recursos y materias primas y en la producción de residuos, como el fusel oil.

El caso es que el visto bueno a la modificación sustancial redobla la relevancia de la planta de metanol verde, anunciada ya en su día como la más grande de Europa. A su vez, el proyecto La Robla Green está llamado a la reactivación económica de una zona afectada por el cierre de su central térmica, derivado del final de la minería del carbón.