Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. La Semana Santa de la capital leonesa seguirá discriminando de manera abrumadora la participación igualitaria de hombres y también de mujeres en las cofradías y hermandades, hasta el punto de que un tercio de las congregaciones existentes no admiten la libre participación en idénticas condiciones de ambos sexos. Una situación que, si se aplica la doctrina gubernamental activada en el caso de una cofradía de Sagunto que sigue votando 'no' a la apertura podría hacer que aquí se acaba perdiendo la valiosa Declaración de Interés Internacional, como ya se encamina a ocurrir con el Interés Nacional de Semana Santa de esta localidad valenciana.

La continuidad de la actual situación en León se desprende de las primeras declaraciones públicas del Obispo de León, Luis Ángel de las Heras, a raíz de reactivarse con fuerza esta polémica hace apenas una semana. Y es que mientras el prelado leonés ha asegurado hoy que “el Obispado siempre promueve la igualdad y quiere que haya una participación equitativa y abierta a unos y otros” (sexos), por otro lado matiza con rotundidad que “en ningún momento el Obispado va a imponer nada”.

Es decir, De las Heras descarta directamente una decisión cuya, de la máxima autoridad eclesial de la Diócesis, como en su día sí impulsaron obispos como los de semanas santas tan representativas como Zamora o Sevilla, impulsando una igualdad real en todas las congregaciones penitenciales como, por otra parte, están obligadas por precepto constitucional al aprobar o actualizar sus estatutos. De ahí que el Gobierno, desde dos ministerios, el de Industria y Turismo y el de Igualdad, hayan anunciado mano dura contra estas discriminaciones por sexos.

Nadando entre dos aguas, el obispo leonés ha insistido a preguntas de los periodistas en que “propiciaremos que haya esta apertura” pero “sin imponer nada, porque eso no es ni nuestro estilo ni el estilo de esta sociedad de estos tiempos”.

Una situación con poca comparación

Hay que recordar que de las 16 existentes, siguen siendo cinco las cofradías de la Semana Santa leonesa que mantienen aún fórmulas de discriminación en la participación: en tres de ellas -Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Santo Cristo de la Redención y Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio- las mujeres no pueden procesionar como cofrades de pleno derecho (‘papones’ en León), quedando como mucho relegadas al papel de ‘manolas’. Una cuarta, Minerva y Veracruz, al menos sí lo ha sometido a votación interna el año pasado, venciendo la opción de abrir la participación en igualdad, si bien el cambio aún no se aplica. Y en un caso más extraordinario aún, la Cofradía de María del Dulce Nombre es una hermandad exclusivamente femenina en la que los hombres no pueden desfilar ni pujar desde su fundación hace 35 años.

La semana Santa leonesa es de Interés Turístico Internacional desde el año 2002, con mención especial a dos hitos seculares de la Cofradía del Dulce Nombre: La Ronda, en la madrugada del Jueves al Viernes Santo, y la Procesión de los Pasos y el momento de El Encuentro. Eso quiere decir que el próximo se conmemorarán los 25 años de esta máxima distinción que tanto ha impulsado el turismo y el conocimiento de los actos pasionales de la capital.

El Ayuntamiento de León tendrá que afrontar una vieja deuda de hace ocho años, un 'recado' envenenado que procede de la heredada de la última Corporación municipal del Partido Popular (PP). Supondrá un desembolso obligado por una sentencia judicial que superará los 100.000 euros, relacionada con el viejo proyecto de la primera fase de reforma del Parador Nacional de la capital leonesa, en León conocido como Hostal de San Marcos.

En concreto, el actual equipo de Gobierno que preside el alcalde socialista, José Antonio Diez, deberá devolver más de 100.000 euros, entre la cuantía principal, intereses y costas judiciales. El dinero tendrá que ser ingresad en la cuenta de la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la reforma del Parador de San Marcos en el año 2018. Se trata de la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, la cual que corrigió el cálculo de varios impuestos municipales a aquella obra, en concreto en abril de hace ocho años. Aunque la resolución judicial fue dictada el 26 de septiembre de 2022, ha cobrado plena actualidad después de que la Junta de Gobierno Local acordara su ejecución en la sesión celebrada el pasado 6 de marzo: de este modo, la Corporación asume que ya no hay forma de pleitear más e impedir el pago.

El fallo de 2022 obliga al Consistorio a rehacer las liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la Tasa por Licencia Urbanística (TLU). El Alto Tribunal autonómico dio la vuelta a una decisión judicial previa, que desestimaba la reclamación de la UTE. Pero las dos empresas, ambas del grupo FCC -FCC Construcción y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas-, consideraban que se inflaron indebidamente las bases imponibles sobre las que aplicar ambos tributos durante la tramitación de las obras del emblemático monumento leonés, después de años de incumplimientos y retrasos en esa reforma.

Como consecuencia, finalmente el TSJ reconoce a las compañías el derecho a recuperar exactamente 98.923,30 euros abonados en exceso al Ayuntamiento, una cantidad que supera con creces los 100.000 euros se suman los intereses legales de tantos años y las costas del proceso que formaron parte de la condena final.

El origen del litigio se remonta a las liquidaciones complementarias giradas por el Ayuntamiento en relación con la primera fase de las obras de reforma del Hostal de San Marcos. Aquellos trabajos habían sido prometidos en origen por el Gobierno central socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, iniciados con retraso por el popular de Mariano Rajoy y retomado después por otro socialista de Pedro Sánchez, pero en todo momento ejecutadas durante el mandato local del PP, siendo alcalde Antonio Silván y Agustín Rajoy, primo del presidente estatal, como el concejal de Hacienda y Régimen Interior que firmó los cobros mal calculados. La UTE recurrió dichos cálculos al considerar que se habían incluido conceptos improcedentes en la base imponible, elevando artificialmente la cuantía a pagar.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León inadmitió el recurso al entender que la UTE carecía de legitimación activa, al no ser el sujeto pasivo directo del impuesto, condición que consideraba que le correspondía a Paradores de Turismo de España como promotor de la obra, y no haber interpuesto recurso previo en su propio nombre. Sin embargo, el TSJ en un auto consultado por ILEÓN revocó este criterio y dio la razón a las empresas, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que reconoce legitimación a quienes asumen contractualmente el pago de los tributos o actúan como sustitutos del contribuyente al ejecutar la obra.

Más allá de la cuestión formal, el núcleo del conflicto residía en cómo se determinó la base imponible del impuesto de construcción y de la tasa urbanística. El tribunal establece que ambos tributos deben calcularse exclusivamente sobre el coste de ejecución material de la obra, excluyendo partidas como los gastos generales y el beneficio industrial, los honorarios profesionales -entre ellos los derivados del seguimiento arqueológico que obligatoriamente hubo que hacer -y que deparó algunas sorpresas- y los costes de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos.

Asimismo, la sentencia determina que debía aplicarse la baja de adjudicación, que se cifró en 25,16% menos, incluso en las liquidaciones provisionales, al reflejar el coste real y efectivo de la obra. Como resultado de estas correcciones, la base imponible se reducía desde más de 17 millones de euros iniciales hasta exactamente 10.772.772,58 euros, lo que rebajaba de forma significativa la carga tributaria. De ahí entiende el Tribunal que surge el derecho a devolución de la mayo cifra pagada en su día.

A pesar de los ocho años transcurridos desde el inicio de aquella polémica y seis desde que se inaugurara aquella primera fase que transformó interiormente el monumento protegido de San Marcos, no sin una fuerte polémica por el gran cambio de su aspecto, todavía sigue pendiente la prometida segunda fase, que debería ampliar en gran medida el espacio de alojamiento y servicios del Parador de cinco estrellas, dado que a día de hoy no se alcazan ni las 50 habitaciones de las casi 300 que tenía antes de la primera fase. El actual Gobierno lanzó en marzo de 2023 la última promesa del diseño de la ampliación, con más habitaciones y espacios para eventos y bienestar, y se cumplen ahora tres años sin más noticias ni de inversión ni de plazos de ejecución.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han solicitado a las industrias lácteas que operan en Castilla y León que prorroguen al menos quince días, hasta mediados de abril, la negociación de los contratos que vencen este martes 31 de marzo, con el fin de garantizar la recogida de leche mientras se alcanza una solución.

Según han denunciado este lunes en un comunicado, la negociación se está desarrollando de forma “muy precipitada”, ya que las empresas han esperado a los últimos días para realizar sus ofertas, en muchos casos de forma verbal y no por escrito, con propuestas que suponen bajadas de precio de en torno al 14% sobre un valor de referencia actual de 52 céntimos por litro.

Las organizaciones agrarias han considerado que, al tratarse de un producto perecedero, las industrias “juegan con ventaja” en la negociación y pueden imponer sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada.

En este sentido, han advertido de que dejar de recoger leche a partir del 1 de abril a quienes no tengan suscritos los contratos se entendería como un “chantaje” y convertiría la ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial.

Por ello, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reclamado prolongar el periodo de negociación, que las ofertas se realicen por escrito, que se recoja toda la leche mientras se negocia y que el precio acordado tenga carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Ante la “magnitud del problema”, con caídas de precios de hasta el 14%, las organizaciones han exigido a las administraciones públicas, Estado y Junta de Castilla y León, que se ofrezcan a mediar entre las partes, vigilen el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria, y eviten pactos de precios entre los principales operadores.

Por todo ello, han indicado que esperan que las industrias lácteas y la gran distribución actúen con “amplitud de miras” y antepongan la viabilidad del sector a medio y largo plazo frente a medidas “cortoplacistas”, como la bajada de precios en un contexto de excedentes puntuales en varios países productores de la Unión Europea.

Los grandes incendios forestales del pasado verano, con especial incidencia en territorios del noroeste como la provincia de León, donde se batieron récords históricos, se han convertido en un factor clave que está condicionando la política estatal sobre la conservación y la posibilidad de cazar al lobo ibérico. Así lo reflejan tanto la demora del Gobierno en actualizar el estado de la especie como las advertencias de la Comisión Europea sobre su gestión.

En paralelo, el lobo (Canis lupus) ha sido incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de “vulnerable”, debido a que su población no garantiza su viabilidad a largo plazo. La evaluación, coordinada por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem), estima que en España hay menos de 1.000 individuos maduros, e incluso por debajo de 700 si se atiende a la estructura reproductiva de la especie.

El núcleo principal de la población se concentra en el tercio noroccidental de la península, con la autononía de Castilla y León como uno de sus principales bastiones, precisamente las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Este impacto ha llevado al Gobierno a aplazar la publicación del informe oficial sobre el estado de conservación del periodo 2019-2024, al considerar necesario actualizar los datos aportados por las comunidades autónomas teniendo en cuenta los efectos del fuego sobre el hábitat y las poblaciones de lobo. En concreto, Castilla y León identiticó un censo actualizado con mayor número de ejemplares en su última actualización, aunque con muchos matices. Mientras por otro lado, ha permitido la caza de numerosas especies cinegéticas en apenas siete meses cuando su propia Ley concedía una moratoria obligatoria de cinco años, y eso sin dar a conocer ningún tipo de informe oficial respecto.

A esta presión ambiental se suma la derivada de la gestión cinegética. En el último año, varias comunidades como Asturias o Cantabria han autorizado controles letales para reducir daños al ganado, lo que también influye en el cómputo global de la especie, una decisión que los Tribunales estatales han acabado tumbando.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado a España que cualquier medida de caza debe ser compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable. En una respuesta remitida a Podemos y Alianza Verde y recogida por Efe, la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, subraya que los Estados miembros están obligados a garantizar que la explotación de especies como el lobo, incluida en el anexo V de la Directiva Hábitats al norte del Duero- no comprometa su supervivencia.

Bruselas va más allá y advierte, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, de que en situaciones de incertidumbre sobre el impacto de estas prácticas, los países deben abstenerse de autorizarlas. Además, recuerda que el lobo presentaba ya un estado de conservación “desfavorable” en el último informe remitido por España (2013-2018), a la espera de la actualización actualmente en revisión, la cual va a tener en cuenta la variable de la no documentada afección de los incendios en la población lobera.

Los expertos inciden en que la situación no ha mejorado en las últimas décadas. El número de manadas se ha mantenido estable, en torno a los 300 grupos familiares, y la distribución de la especie sigue limitada a una fracción de su área histórica, apenas un 30% de la existente en 1850. A ello se suma una gestión desigual entre comunidades autónomas y la reciente retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2025, una decisión que, según denuncian desde Secem, no tuvo en cuenta criterios científicos.

El escenario ibérico tampoco es más favorable. En Portugal, el lobo está catalogado “en peligro” y su población ha sufrido una contracción del 20% en las últimas décadas. Por ello, los especialistas reclaman una gestión coordinada entre ambos países, al tratarse de una única metapoblación compartida.

Ante este panorama, los científicos insisten en la necesidad de reforzar la protección legal del lobo, mejorar los sistemas de seguimiento y prevención de daños al ganado y avanzar hacia una estrategia común a escala peninsular. Todo ello en un momento en el que factores como los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, están reconfigurando no solo los ecosistemas, sino también las decisiones políticas sobre una de las especies más emblemáticas y controvertidas de la fauna ibérica.

El Defensor del Pueblo registró en 2025 en la provincia de Leónun total de 278 expedientes de queja, que bajan de forma notable desde el 2024 cuando la cifra ascendió a 316. Son datos del informe anual de la institución constitucional que dirige Ángel Gabilondo y que se han hecho públicos esta semana. En ella se recogen además las acciones concretas que hacen ante las acciones erróneas, o directamente ilegales, de las instituciones, al margen de las que realiza también su hómologo autonómico, el Procurador del Común.

Con esas quejas la provincia de León es la número 28 de España con mayor número de protestas ante el Defensor del Pueblo, que representan el 0,76 % del total nacional de quejas de procedencia nacional. A nivel autonómico es la segunda provincia que más quejas genera (solo por detrás de Valladolid, que registró 443), aportando uno de cada seis expedientes de la autonomía.

Uno de los reproches más duros del Defensor del Pueblo a una institución leonesa se lo lleva el Ayuntamiento de Cacabelos. El asunto de fondo es la falta de respuesta a la petición de una ciudadana de “Solicitud de información sobre costes ambientales y su gestión por parte de la administración”. La ciudadana elevó una queja a la institución tras recibir una pobre respuesta de su petición.

Ángel Gabilondo cree que la justificación del Ayuntamiento para no facilitar los datos “no es admisible”. Recuerda al consistorio que “La petición de la interesada es una petición concreta acerca de los costes ambientales, su gestión por parte de la Administración, y el cálculo de los mismos, con desglose de determinados ejercicios. La respuesta a esta petición no es de cumplimiento imposible por esa Administración municipal”. Por ello le insta a cumplir sus obligaciones legales y “Que se responda a la solicitud de información formulada por la interesada”.

Recomendaciones de atención al ciudadano

Entre las recomendaciones expresas que el Defensor del Pueblo cita en su informe dos afectan de forma directa al Ayuntamiento de Bembibre y otra a la prisión provincial de Villahierro, ubicada en Mansilla de las Mulas, y relacionadas ambas con la atención al ciudadano.

El Defensor insta al Ayuntamiento de Bembibre a que permita el acceso de los ciudadanos al registro municipal sin necesidad de cita previa. Lo hace en respuesta a una queja de un ciudadano que denunciaba la necesidad de cita previa para el mero registro de un documento en el consistorio berciano. “De acuerdo con los razonamientos expuestos, y una vez analizada la información recibida, se advierte que ese ayuntamiento requiere por lo general de una cita previa para poder registrar un documento en el registro de entrada de la corporación, lo que, como se señaló anteriormente, compromete el normal acceso a dicho servicio”, reprocha el Defensor. Por ello defiende que “ha de quedar salvaguardado, en todo caso, el derecho al ciudadano a registrar sus escritos y documentos sin la exigencia de la cita previa, que podría suponer una demora en el registro del documento de varios días”.

Si bien la entidad de defensa de los ciudadanos “entiende que el sistema de cita previa puede constituir un sistema adecuado y compatible con el cumplimiento del principio de servicio efectivo al ciudadano”, cree que si es “un requisito adicional no previsto en la ley que impida el acceso a la Administración en términos de razonabilidad, en cuyo caso dicho sistema sí merece la consideración de irregular”.

Además, recalca, “la Administración pública ha de velar por que en las oficinas de asistencia en materia de registros se proporcione directamente al ciudadano información general permanente y actualizada sobre los procedimientos administrativos y servicios dirigidos a la ciudadanía que sean de su competencia”.

Nadie coge el teléfono en la cárcel de Mansilla de las Mulas

También pide a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior que en la prisión provincial, ubicada en Mansilla de las Mulas, se “adopten las medidas oportunas para que se proceda a regular la atención telefónica a los ciudadanos a través de las centralitas de los servicios telefónicos de las instalaciones penitenciarias que gestiona, unificando los servicios a los que los ciudadanos pueden acceder por esta vía”. El Defensor pide “Que se constate el correcto funcionamiento y operatividad de las centralitas telefónicas en servicio como garantía de la correcta prestación del servicio”.

En este caso la recomendación se adopta tras un escrito recibido por un familiar de una persona que está privada de libertad en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas en León y que denunciaba que nadie cogía el teléfono en un servicio concreto de la cárcel.

“Llevo más de dos meses intentando ponerme en contacto telefónico con el departamento de peculio de dicha prisión. Es totalmente imposible. Al llamar al teléfono de la prisión el contestador te da varias opciones para hablar con los distintos departamentos. He comprobado que en cada una de las opciones atienden las llamadas a excepción del departamento de peculio”. Relataba para denunciar que al ser un asunto que afecta a la economía de quienes cumplen condena. El Defensor del Pueblo hizo la prueba y comprobó que, efectivamente, nadie cogía el teléfono en ese departamento.

Por ello pide que se verifique la atención telefónica de la cárcel de Mansilla y que al menos se determine un horario de atención al ciudadano en cada uno de ellos.

Sugerencias

El Defensor del Pueblo ha emitido varias sugerencias de actuación a distintas instituciones leonesas como la Diputación de León, el Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño o el de Ponferrada.

A la Diputación de León Ángel Gabilondo le reprocha dos actuaciones. Una está relacionada con no haber respondido a un ciudadano al que se le giró la correspondiente factura por una intevención de los bomberos provinciales, Sepeis, y que había presentado una reclamación del importe. Entiende la institución que la Diputación de León, al margen de aplicar la tasa, tiene la obligación de responder al ciudadano y le insta a que lo haga, sin indicar los términos sobre el fondo del asunto que competen a la institución provincial.

El otro 'pescozón' a la Diputación de León es relativo al mal estado de algunas carreteras y cómo actuaba, al menos hasta ahora la institución provincial. Un ciudadano reclamó el arreglo de la carretera LE-7311 en la Cabrera, entre Corporales y Odollo, en muy mal estado. La Diputación contestó al Defensor con el plan previsto de arreglos pero citando la controversia sobre la expropiación de terrenos como hándicap para llevarla a cabo, que se habían encargado a un ayuntamiento que consideraba que no tenía competencia para hacerlo. La institución nacional señala que “dicho conflicto negativo de competencia por cuanto se refiere al ejercicio de la potestad expropiatoria no se compadece con los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, lealtad institucional, cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas que deben presidir la actuación administrativa”.

Por ello pedía que se hagan las obras y que además la “Diputación de León obtenga por sus propios medios, técnicos y económicos, los terrenos precisos para ejecutar las obras”. La realización de las obras fue algo aceptado por la Diputación pero la segunda sugerencia consta como 'rechazada' pero la institución provincial anunció a finales del año pasado que pondría en marcha una oficina de expropiaciones propia para evitar estos problemas, con lo que así cumpliría totalmente con la sugerencia del Defensor del Pueblo pese a haberla rechazada en un inicio.

En el caso del Ayuntamiento de Ponferrada el Defensor del Pueblo le insta a devolver a un ciudadano la liquidación, y posterior embargo, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El ciudadano interpuso un recurso de reposición que el Ayuntamiento de Ponferrada no respondió en el plazo potestativo de un mes, por lo que se produjo el embargo. Atendiendo a la jurisprudencia Gabilondo entiende que procede a la devolución del importe embargado y “se reponga el procedimiento a la fase de pago en voluntaria posterior a la resolución del recurso de reposición”.

Al Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño el Defensor del Pueblo le instó a hacer cumplir una denuncia por el mal estado de un inmueble, que el propio ayuntamiento ya detectó en el 2020 pero que nunca se ejecutó. La institución señala que pese “a la contundencia con la que los servicios técnicos municipales describen el deficiente estado en el que se encuentra el inmueble y del evidente incumplimiento de la orden de ejecución, no consta que ese ayuntamiento haya adoptado medidas de ejecución forzosa”. Por ello le insiste en que conteste a las peticiones del ciudadano y a ejecutar forzosamente la conservación del inmueble, y consiguientemente, pasar los gastos al titular del edificio que no ha llevado a cabo sus obligaciones tal y como recoge la Ley.

En el 2025 el Defensor del Pueblo visitó hasta tres veces la Comisaría de León dentro de sus actuaciones dentro del Mecanismo Nacional de Prevención que supervisa los lugares de privación de libertad en España, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Durante la última visita se examinaron las instalaciones y la documentación, además de mantene entrevistas con las personas detenidas y responsables de la Comisaría.

Entre algunas de las sugerencis o deficiencias detectadas están que no todos los agentes portaban la identificación obligatoria, que algunos agentes de custodia accedían a la zona de calabozos con armas de fuego, así como deficiencias de las instalaciones como azulejos rotos, falta de sistema sonoro de llamada, ausencia de climatización, colchones rotos o que el sistema de videovigilancia no cubre la totalidad del espacio de todas las celdas y no cuenta con un sistema de audio.

Además de las quejas ordinarias, la provincia registró 1 solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional en 2025 (frente a ninguna en 2024). En el listado de entidades no colaboradoras con el Defensor del Pueblo, es decir aquellas que obvian sus reclamaciones de información o respuesta, no figura ninguna institución de la provincia leonesa en el año 2025.

Los restos de los hornos altos de la Ferrería de San Blas de Sabero recibirán 2 millones de euros, el 70% procedentes del Fondo de Transición Justa y el 30 restante de la Junta, para acometer unas obras de protección y consolidación, según ha anunciado este jueves el portavoz del Gobierno autonómico en funciones.

La intervención se enmarca en la línea de inversiones destinadas a la gestión y puesta en valor del Sistema Territorial del Patrimonio Cultural Industrial de las Cuencas Mineras de León y Palencia, en las zonas afectadas por el cierre de las minas de carbón y el desmantelamiento de las centrales térmicas.

El proyecto en los restos de la Ferrería de San Blas, en Sabero, ubicados junto al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, busca rescatar la tradicional conservación del patrimonio de los bienes culturales, en el actual contexto social y cultural, transformándola en conservación global y activa.

La actuación supone reorganizar los espacios exteriores para crear nuevas conexiones entre el museo y la excavación, sin renovación solo con consolidación y protegiendo el terreno con materiales reversibles (geotextil y escoria siderúrgica), además de recuperar las estructuras originales para facilitar la comprensión del espacio histórico.

La Ferrería de San Blas fue la primera de España en contar con altos hornos de cok entre 1847 y 1862, incluso antes que los de Trubia y Mieres en Asturias. La crisis arancelaria de los años 60 del siglo XIX provocó su cierre.

El objetivo es detener el deterioro y garantizar el uso sin alterar la autenticidad del conjunto, y el proyecto se completa con una reintegración paisajística del entorno, especialmente en la ladera noroeste, donde se aplicarán técnicas de bioingeniería (gaviones de piedra caliza y vegetación de raíces profundas) para estabilizar el terreno y recuperar su aspecto natural.

En cuanto a la gestión, se propone una actuación museística que puede coordinarse desde el museo, con un sistema de visita inmersiva y autoguiada, apoyada en recursos digitales y señalización interpretativa, que facilite la comprensión del proceso siderúrgico sin necesidad de guías especializados.

La Junta de Castilla y León no cuestiona los reconocimientos turísticos de las Semanas Santas de la Comunidad aunque algunas de sus cofradías no cumplan con el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Así lo ha asegurado el portavoz en funciones del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en respuesta a preguntas de ILEÓN, en plena polémica por la discriminación femenina en varias hermandades, al menos cinco leonesas.

El Ejecutivo autonómico se desmarca así de la posición del Gobierno central, que ha abierto la puerta a retirar la declaración de Interés Turístico Nacional a celebraciones como la de Sagunto (Valencia) por excluir a las mujeres de determinadas cofradías.

Carriedo ha afirmado que la Junta “no está pensando” ni en retirar la declaración de interés turístico regional ni en solicitar al Gobierno la retirada de los reconocimientos nacionales o internacionales, pese a que en Castilla y León existen casos similares. “Claramente estamos a favor de la igualdad”, ha señalado, aunque ha añadido que esto no implica “abrir la puerta en este momento” a adoptar medidas contra estas celebraciones.

En este sentido, ha insistido en que las cofradías son entidades con “su propio funcionamiento” y regulación, por lo que ha apelado a que sean ellas mismas las que avancen en igualdad “desde el diálogo” y de acuerdo con sus propias capacidades.

Estas declaraciones llegan apenas un día después de que este medio recordara que cinco cofradías de la Semana Santa de la capital leonesa no permiten la participación igualitaria de hombres y mujeres, una situación que afecta a un tercio de las hermandades existentes y que, aplicando el criterio del Gobierno central, podría poner en riesgo el reconocimiento de Interés Turístico Internacional del que goza la Semana Santa de León desde 2002.

En cuatro de esos casos, las mujeres no pueden participar como cofrades de pleno derecho, mientras que en otro, el de María del Dulce Nombre, son los hombres los que tienen vetada su entrada. Una situación que contraviene el principio constitucional de igualdad y que, sin embargo, se mantiene desde hace años sin que las administraciones hayan intervenido.

El debate ha cobrado fuerza tras el caso de Sagunto, donde una cofradía exclusivamente masculina ha rechazado modificar sus estatutos para admitir mujeres, lo que ha llevado al Ministerio de Industria y Turismo a estudiar la retirada de su reconocimiento. La normativa estatal contempla esta posibilidad cuando una fiesta deja de cumplir requisitos como la participación ciudadana.

Pese a ello, la Junta de Castilla y León mantiene por ahora una posición de no intervención, limitándose a “animar” a las cofradías a adaptarse a los tiempos, pero sin plantear medidas que afecten a sus distinciones turísticas, incluso en casos como el de León, donde la polémica está ya plenamente abierta.

El IES (Instituto de Educación Secundaria) Antonio García Bellido reconoce este año con su VII Premio Concordia la labor del Centro de Protección Internacional La Fontana, perteneciente al Hospital San Juan de Dios. Este recurso apoya a personas solicitantes o beneficiarias de asilo en España, ayudándolas a reconstruir su vida tras huir de sus países de origen. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, participó en el acto de entrega del galardón.

El Proyecto de Protección Internacional comenzó en 2019 con el apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en 2022 dio un importante salto con la apertura del centro La Fontana. Ubicado junto a la parroquia San Antonio de Padua, en la localidad de Armunia (perteneciente al municipio de León), cuenta con capacidad para acoger a más de 80 personas y favorece la convivencia y la integración desde el inicio.

“La Fontana representa mucho más que un recurso asistencial”, aseguró el delegado, “es un espacio de acogida, de acompañamiento y, sobre todo, de esperanza para personas que han tenido que abandonar sus países en busca de seguridad y de una vida digna”.

Por su parte, la directora del centro educativo, Giovanna García, ha resaltado el compromiso social de La Fontana, estrechamente unido al IES Antonio García Bellido en su labor de “tender puentes entre culturas y realidades diferentes, con un mismo fin: la integración”.

En este sentido, el delegado territorial puntualizó que “la concordia, como valor, se construye cada día: en cómo miramos al otro, en cómo escuchamos y en cómo acogemos”, y subrayó que “el ejemplo de La Fontana nos recuerda que todos podemos contribuir a hacer una sociedad más justa, inclusiva y humana”.

Solo en 2025, este proyecto acompañó a 419 personas de más de 35 nacionalidades distintas, brindándoles un espacio seguro y herramientas para su integración social y laboral.

El programa cuenta con 136 plazas, distribuidas entre el centro La Fontana (86) y un total de siete pisos (50), uno de ellos destinado a víctimas de violencia de género.

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, aseguró que su formación está “ofendida por las gracietas” tanto del ministro de Transportes, Óscar Puente, como del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la idiosincrasia de la Región Leonesa y ha asegurado que “de momento” se reunirán con el PP.

“De momento vamos a reunirnos con el PP. El PSOE ha intentado hablar con nosotros, pero estamos bastante ofendidos con las gracietas de Óscar Puente y de Carlos Martínez”, ha señalado Gallego en declaraciones a la Agencia EFE.

El ministro, especialmente en su etapa como alcalde de Valladolid, tuvo varios enfrentamientos tanto con la Unión del Pueblo Leonés como con el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), por declaraciones que fueron identificadas como provocaciones hacia la identidad de la Región Leonesa.

Provocaciones de Óscar Puente

Puente, en diciembre de 2019, como regidor de Valladolid, se mostró crítico con la aprobación de la moción en favor de la autonomía leonesa en el Ayuntamiento de León, que calificaba de “aventura” que “no se había meditado”.

“Salamanca y Zamora, las dos provincias que debían acompañar en la aventura a León ya han dicho que no quieren ir en ese barco. Parece que la iniciativa no se ha meditado lo suficiente y trata de poner la venda sobre la herida sin haber pensado claramente en cuáles son las causas de que esa herida esté ahí”, aseguraba.

A su juicio, el hecho de plantear la moción que defendía que León saliese de la actual Comunidad Autónoma era una consecuencia de querer “culpar al de fuera” por no verse “capaces de arreglar su propia situación”.

“Cuando no tienen una solución a los problemas de su tierra buscan un culpable fuera que les sirva de justificación para su incapacidad de resolver los problemas que tiene su tierra. Esa es la explicación más razonable”, aseguró.

Críticas infundadas a los leoneses

Además, en junio de 2024, en una entrevista en Onda Cero, Puente aseguró que León necesitaba “políticos con mejores ideas” y el pasado noviembre, durante su participación en la Fiesta de la Rosa de Candeleda (Ávila) el ministro obvió a León en el nombre de la Comunidad Autónoma, lo que le valió las críticas de varios colectivos leonesistas.

En esa fiesta Puente recordó un verso de una canción del Nuevo Mester de Juglaría que reza “desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar” y añadió que “Castilla va a renunciar por fin a la mediocridad”.

“Hacer gracietas o el payaso constantemente no es propio de un ministro”, ha señalado Gallego.

Insulto a lo leonés de Carlos Martínez

Al mismo tiempo, Gallego ha mostrado su descontento con las declaraciones del candidato del PSOE Carlos Martínez durante estas elecciones, tanto por omitir la ‘y’ en el nombre de la Comunidad Autónoma, como por asegurar que “León era una Castilla dentro de la propia Castilla”.

Ya en precampaña la UPL criticó que el PSOE afirmase que “habría que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia” unas semanas antes de la intervención de Puente en Candeleda.

“O no entiende la birregionalidad de la Comunidad o se burla de la identidad de la Región Leonesa” afirmaron entonces desde la UPL.

Todas estas declaraciones, ha asegurado Gallego, “no le hacen gracia ni al partido, ni a los votantes”.

Reunión este jueves con Mañueco sin pedir puestos

La UPL, ha insistido, “no va a regalar votos, ni va a dar cheques en blanco, pero eso no significa que busquemos puestos. La Mesa de las Cortes es importante, pero no para un reparto de cargos sino para una toma de decisiones”, ha insistido.

La formación se reunirá este jueves con Alfonso Fernández Mañueco con la premisa de apoyar “lo que sea bueno para la Región Leonesa”.

Además, Gallego ha anticipado que aprovecharán la jornada del jueves para mantener contactos con Soria Ya, con quien trabajaron “a gusto” y con Por Ávila, para tratar de llegar a un acuerdo que desemboque en la creación de un grupo mixto “con el objetivo de que los tres podamos tener la mayor visibilidad”. 

El Consejo de Ministros ha aprobado dos indultos vinculados a la tradición de la Semana Santa en la provincia de León que beneficiarán a dos mujeres condenadas por delitos de tráfico de drogas y de estafa y falsedad documental, cuya liberación se hará efectiva en León y Ponferrada durante los próximos días.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles los reales decretos que formalizan estas medidas de gracia, que se aplicarán en el marco de los actos penitenciales organizados por las cofradías de ambas ciudades .

En el caso de León, el indulto se materializará durante el tradicional acto del ‘Locus Appellationis’, que celebra la Cofradía del Santo Cristo del Perdón en la tarde del Martes Santo, uno de los momentos más simbólicos de la Semana Santa leonesa. En Ponferrada, la liberación tendrá lugar el Jueves Santo, dentro del conocido como ‘acto del perdón’, vinculado a la Hermandad de Jesús Nazareno.

Las dos personas indultadas son mujeres de la provincia de León cuyos expedientes fueron propuestos por las cofradías y la Audiencia Provincial, y que contaban con informes favorables del centro penitenciario.

En concreto, el BOE recoge el indulto de N.D.E., condenada por la Audiencia Provincial de León en junio de 2021 a dos años de prisión por un delito de tráfico de drogas que causaban grave daño a la salud, por hechos cometidos entre 2016 y 2017. El Gobierno ha conmutado la pena de prisión que aún tenía pendiente de cumplimiento por razones de justicia y equidad, con la condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años.

El segundo indulto corresponde a M.J.B.B., también vecina de la provincia, condenada en diciembre de 2020 por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil a penas que sumaban 21 meses de prisión por cada delito, además de multas económicas, por hechos cometidos entre 2010 y 2017. En este caso, la medida extingue las penas de prisión pendientes, con la condición de no cometer nuevos delitos dolosos durante cuatro años.

Estos indultos responden a una prerrogativa histórica vinculada a la Semana Santa, por la que distintas cofradías solicitan cada año el perdón de personas privadas de libertad como símbolo de segundas oportunidades y reinserción social.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, ha seguido de cerca ambos expedientes, manteniendo contacto con las cofradías implicadas y el Ejecutivo central para que las medidas pudieran materializarse coincidiendo con estas fechas señaladas.

Enfado mayúsculo de las organizaciones y asociaciones ferroviarias leonesas con las palabras emitidas por el Comisionado del Corredor Atlántico ferroviario, José Antonio Sebastián en una entrevista en La Nueva Crónica en la que señalaba que “Torneros no tiene el apoyo empresarial que sí hemos podido ver en Villadangos”.

Estas palabras han destapado la caja de los truenos y la exigencia de dimisión, o cese, es tan clamorosa como dura es la nota de prensa en la que la reclaman los defensores del desarrollo del ferrocarril en la provincia de León. La misma comienza literalmente así: “El comisionado del Corredor Atlántico ha confirmado el bloqueo del gobierno a todos los proyectos que afectan al eje León-Astorga-Ponferrada, clave para el desarrollo de la provincia. Ni una obra, ni un proyecto nuevo aceptado y ni Plan Director para Castilla y León en general ni León en particular. La discriminación a los proyectos de León y las excusas eternas muestran un cinismo intolerable y un claro boicot según ha confirmado este portavoz del Gobierno. León necesita plazos, presupuesto y realidades. Su dimisión se justifica claramente por boicotear en León el proyecto de Torneros donde tampoco invierten empresas públicas como Renfe y Adif de las que el gobierno es responsable; no invierten porque no quieren. En Astorga el boicot se centra en su no al tramo Astorga-La Bañeza como ramal para mercancías y al proyecto industrial y logístico impulsado por el Ayuntamiento de Astorga y la Cámara de Comercio. Finalmente, en Ponferrada paralizan el ramal ferroviario prometido que sigue sin obras”.

“Destrozo al nudo ferroviario de León”

El cabreo es tan monumental que las organizaciones no se cortan en el comunicado de echar la culpa de estos abandonos a “la actitud del gobierno manifestada a través del comisionado del Corredor Atlántico ha vuelto a manifestar su negativa total a las inversiones ferroviarias en León. El grado de negativas y desprecio a nuestra provincia y el oeste de España es tal, que es de obligado cumplimiento pedir su dimisión. La posición del Comisionado del Corredor Atlántico ha hecho que se convierta en un cargo partidista y no institucional al marginar a territorios como León”.

La realidad sobre Torneros es que hace unos años, en 2022, había seis empresas leonesas reclaman ya espacio en la Plataforma Logística de Torneros para generar 660 empleos, pero la desidia en avanzar sobre la plataforma multimodal prometida hace casi 20 años por parte del Gobierno hizo que algunas de ellas tuvieran que tomar la decisión de instalarse en el polígono de Villadnagos.

Para los defensores del ferrocarril en León, “las previsiones ahondan en el destrozo que se está causando a León como nudo ferroviario. Todas estas valoraciones se justifican por el boicot a proyectos concretos y claves para León”, indicando que las políticas del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente benefician a Valladolid (ciudad de la que fue alcalde hasta hace poco menos de tres años) y allí “por decisión del gobierno las empresas públicas (Renfe y Adif) si han invertido en su polígono ferroviario, pero en Torneros el gobierno se niega a invertir. Torneros es un proyecto fantasma porque el gobierno lo bloquea”. 

“Por todas estas cuestiones que atentan claramente a nuestro futuro como nudo ferroviario, pedimos la dimisión de un cargo que defiende más su sillón, que el presente y futuro de los leoneses. El comisionado portavoz del Ministerio de Transportes de Óscar Puente arruinará el futuro de León si sigue en un cargo”, finalizan.

El 28 de abril de 2025 quedó marcado en el calendario energético de España y Portugal como el día en que el sistema eléctrico peninsular colapsó, dejando a millones de personas sin suministro. Tras casi un año de investigación, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha presentado este viernes su informe final.

La conclusión es clara: no hubo un único culpable, sino una “tormenta perfecta” de oscilaciones de frecuencia, deficiencias en el control de la tensión y una respuesta descoordinada de los generadores que desembocó en una desconexión en cascada.

El documento, elaborado por un panel de 49 expertos internacionales, subraya que el sistema entró en un punto de no retorno donde los mecanismos de defensa, aunque actuaron, fueron insuficientes. “El problema no son las energías renovables, sino el control de la tensión, independientemente del tipo de generación”, ha sentenciado Damián Cortinas, presidente del Consejo de Administración de ENTSO-E, durante la presentación de los resultados. Según los analistas, el sistema falló en algo que la ingeniería eléctrica domina desde hace décadas, pero que no se adaptó a la velocidad que exigía la situación.

Una cascada de errores técnicos

El informe identifica que el origen del caos técnico se cimentó en tres pilares. Primero, varios generadores convencionales (síncronos), que tienen la responsabilidad teórica de mantener la estabilidad de la tensión, no operaron según lo previsto. Segundo, la generación renovable funcionaba con un factor de potencia fijo, lo que limitaba su capacidad para ayudar a regular la tensión de forma flexible, según informa de su contenido la Agencia SINC. Por último, el Operador del Sistema (Red Eléctrica) se vio superado por la velocidad de los eventos: algunos dispositivos de compensación requerían activación manual, un proceso demasiado lento para una crisis que se desarrollaba en milisegundos.

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“El informe coincide con el elaborado por Red Eléctrica en junio de 2025 en que el apagón fue producido por un problema de tensión”, explica Manuel Alcázar Ortega, profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, al Science Media Centre (SMC) España. Para este experto, la clave reside en la “falta de efectividad del control de tensiones”, agravada por un ajuste inadecuado de las protecciones que saltaron prematuramente ante las sobretensiones.

El papel de las oscilaciones y la electrónica de potencia

Uno de los puntos más novedosos del análisis de ENTSO-E es la detección de dos episodios de oscilación previos al colapso: una forzada por inversores de potencia y otra natural entre diferentes áreas de la red. Aunque no se consideran la causa única, sí revelan una “debilidad dinámica” en un sistema cada vez más dependiente de la electrónica de potencia.

Los expertos señalan que muchos generadores no tenían correctamente ajustados los estabilizadores (PSS), herramientas críticas para amortiguar estos movimientos antes de que se vuelvan incontrolables.

La explicación se desplaza hacia la capacidad del sistema para sostenerse ante perturbaciones rápidas, más que hacia la inercia

Álvaro de la Puente — Universidad de León

Álvaro de la Puente Gil, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de León, destaca que el informe desplaza el foco de teorías simplistas hacia una interpretación sistémica. “La explicación se desplaza hacia la capacidad del sistema para sostenerse ante perturbaciones rápidas, más que hacia interpretaciones basadas exclusivamente en la inercia”, afirma el investigador al SMC, quien considera el documento como una oportunidad de aprendizaje para reforzar la resiliencia europea. Se puede leer la entrevista completa a Álvaro de la Puente con el Science Media Centre España aquí.

Agujeros en la normativa actual

El análisis forense también deja al descubierto lagunas regulatorias. El panel de expertos critica que el marco legal vigente en el momento del apagón no contemplaba penalizaciones por incumplimiento en el soporte de potencia reactiva, ni fijaba requisitos de velocidad en la respuesta.

En la práctica, esto significa que el sistema no incentivaba económicamente a las plantas para que ayudaran a mantener la tensión estable, una carencia estructural que el informe recomienda subsanar con urgencia.

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Además, el informe pone el foco en los pequeños generadores conectados a las redes de distribución (como el autoconsumo). Durante el incidente, muchos se desconectaron de forma súbita, lo que aumentó drásticamente la demanda neta que el resto del sistema tuvo que cubrir de golpe, acelerando el colapso final. Esta falta de visibilidad y control sobre los recursos distribuidos dificultó incluso las labores de reposición del servicio tras el apagón.

Recomendaciones para el futuro eléctrico

Para evitar que un evento de esta magnitud se repita, ENTSO-E propone reforzar la coordinación entre los transportistas y distribuidores de energía, así como mejorar la supervisión en tiempo real de todos los activos de la red. Miguel de Simón Martín, investigador del Instituto I4 de la Universidad de León, advierte al SMC de que este incidente es una manifestación de las “limitaciones estructurales” del diseño actual frente a la transición energética.

Deben revisarse los planes de contingencia para evitar alcanzar situaciones críticas

Miguel de Simón Martín — Universidad de León

“Deben revisarse los planes de contingencia para evitar alcanzar situaciones críticas”, concluye De Simón. Entre las medidas prácticas, el informe urge a revisar los procedimientos de operación (como el P.O. 7.4 en España) y a integrar obligatoriamente a las energías renovables en los servicios de regulación de tensión, asegurando que el sistema sea capaz de responder con la robustez necesaria ante un mix energético en constante transformación. Se puede leer una entrevista completa a Miguel de Simón en Science Media Centre aquí.

Referencia: ENTSO-E Expert Panel – 'Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025. ICS Investigation Expert Panel. Final Report. Management Summary' (2026) | El informe completo se puede leer aquí.

Cubillos del Sil volverá a situarse en el mapa industrial con un proyecto ligado a la transición energética. El municipio berciano acogerá la primera planta de reciclaje de baterías de litio de España, una iniciativa que ha sido seleccionada como una de las más innovadoras del país y que contará con una ayuda pública de 6,3 millones de euros.

El proyecto, promovido por la empresa Novolitio, ha sido uno de los mejor valorados en la convocatoria estatal Renocicla, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que destina 86 millones de euros a 47 iniciativas vinculadas a la economía circular en energías renovables.

La futura planta se ubicará en el polígono industrial de El Bayo y funcionará como gestor de residuos peligrosos, centrada principalmente en el reciclaje de baterías de litio. En una primera fase tendrá capacidad para tratar unas 10 toneladas anuales, aunque el objetivo es escalar progresivamente hasta alcanzar las 25.000 toneladas.

El proceso permitirá recuperar materiales valiosos como metales y plásticos procedentes de baterías y acumuladores, así como gestionar residuos derivados de equipos eléctricos y electrónicos o del propio tratamiento del electrolito. Además, la instalación contará con un área de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos con capacidad superior a 50 toneladas.

Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia estatal para impulsar la economía circular y crear una cadena industrial en torno a los residuos que genera el despliegue de energías limpias. Entre los materiales que se podrán recuperar figuran elementos clave como litio, níquel o cobalto, considerados estratégicos por la Unión Europea.

La planta de Cubillos no parte de cero. En septiembre de 2024 ya recibió la autorización ambiental definitiva por parte de la Junta de Castilla y León, junto a otra instalación para el reciclaje de palas de aerogenerador. Ambas iniciativas buscan dar continuidad industrial a la zona tras el cierre y demolición de la central térmica de Compostilla II.

En ese contexto, el proyecto de Novolitio se perfila como uno de los principales ejemplos de reconversión industrial en El Bierzo, con el objetivo de transformar antiguos territorios ligados al carbón en polos vinculados a la economía circular y las energías renovables.

Castilla y León ha logrado financiación para cuatro proyectos en esta convocatoria, con una inversión global de más de 12,5 millones de euros, siendo el de Cubillos del Sil el que mayor respaldo económico ha recibido.

La inversión prevista por los promotores era de 14 millones de euros, aunque en esas mismas previsiones la planta iba a estar operando ya a mediados de 2024 y está aún por hacer. La instalación ocupará una superficie de 15.000 metros cuadrados y supondría la creación de una veintena de puestos de trabajo, una cifra que podría elevarse hasta los 50 puestos de trabajo una vez la planta opere a su máxima capacidad.

El Gobierno de España tumba la instalación de dos parque eólicos proyectados entre las comarcas leonesas de La Cabrera y El Bierzo y Valdeorras, en Orense. Se trata de 'Bierzo Wind I' y 'Bierzo Wind II' (de 6 y 2 aerogeneradores, respectivamente), cuyo impacto ambiental es tan desfavorable que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido que no seguirán adelante, y así se refleja en la publicación del BOE de este miércoles 18 de marzo.

El proyecto ha sido promovido la empresa Ekain Renovables, SL, filial de la firma petrolera italiana por excelencia, ENI. En un principio los trámites para su aprobación se presentaron por separado a finales del año 2023, pero finalmente, se tramitaron juntos con un presupuesto de 55,7 millones de euros. Sus infraestructuras de evacuación se extendían por los términos municipales de Encinedo, Benuza y Puente de Domingo Flórez en la provincia de León y Carballeda de Valdeorras y Rubiá en la de Orense.

Durante el proceso de información pública, se recibieron numerosas alegaciones de vecinos y grupos ecologistas, que mostraban su preocupación por la instalación de aerogeneradores de más de 200 metros de altura y las 79 torres de alta tensión de 40 metros de altura “en pleno corazón de Cabrera”.

El órgano ambiental tuvo que requerir la subsanación del expediente en septiembre de 2025, debido a la falta de informes preceptivos de la Junta de Castilla y León y a la existencia de un informe desfavorable inicial de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido que el proyecto es ambientalmente inviable. La resolución concluye que la instalación de los parques causaría impactos adversos significativos e irreversibles sobre el paisaje de alta montaña y sobre especies de fauna protegidas y en peligro de extinción, como el águila real, el aguilucho cenizo, la perdiz pardilla y el oso pardo. A pesar de las medidas correctoras propuestas por el promotor, los informes de los organismos competentes ratificaron que el proyecto afectaría gravemente la biodiversidad y la integridad de los corredores entre espacios de la Red Natura 2000.

La huelga nacional de médicos ha vuelto a dejar este martes una notable incidencia en la provincia de León, donde el seguimiento ha alcanzado el 26,8% en el turno de mañana, ligeramente por encima de la media autonómica. En total, 339 facultativos han secundado el paro en la provincia en una jornada marcada de nuevo por la suspensión de actividad asistencial.

En el conjunto de Castilla y León, el seguimiento ha sido del 20%, un punto más que el registrado el lunes, con 1.428 médicos en huelga de los 7.128 previstos. La movilización, convocada para reclamar un estatuto marco propio para la profesión, encara así su segunda jornada de esta semana de paros, que se repiten una vez al mes desde febrero y hasta junio.

La incidencia en la asistencia ha vuelto a ser relevante. En Atención Primaria, se han suspendido 1.660 consultas de medicina familiar y pediatría en el área de León y otras 392 en El Bierzo, lo que eleva a más de 2.000 las consultas canceladas en la provincia berciana y leonesa solo en la mañana de este miércoles.

En el conjunto autonómico, la jornada ha dejado 6.007 consultas de Atención Primaria suspendidas, junto a 3.785 consultas hospitalarias. Además, se han cancelado 227 intervenciones quirúrgicas y 487 pruebas diagnósticas, cifras ligeramente inferiores a las del lunes, aunque con un impacto todavía elevado en el sistema sanitario.

Por niveles asistenciales, el seguimiento ha sido mayor en los hospitales, con un 26% de paro, frente al 8% registrado en Atención Primaria, lo que refleja una mayor incidencia en la actividad hospitalaria.

La huelga, convocada por varios sindicatos médicos a nivel nacional, continúa sin visos de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y mantiene la presión sobre el sistema sanitario público, también en León, donde el seguimiento se sitúa entre los más altos de la Comunidad.

La segunda semana de huelga de médicos convocada a nivel nacional ha arrancado este lunes con incidencias también en la provincia de León, donde el paro ha provocado la suspensión de 1.955 consultas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, con 1.689 cancelaciones en el área de salud de León y 266 en el área de El Bierzo.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la movilización ha tenido un seguimiento del 26,3% entre los facultativos en la provincia, con 330 médicos en huelga, una de las cifras más elevadas de la comunidad autónoma en esta jornada.

En el conjunto de Castilla y León, el paro ha sido secundado por 1.311 facultativos de los 7.034 que estaban de servicio en el turno de mañana, lo que supone un seguimiento medio del 19%. La participación ha sido mayor en Atención Hospitalaria, con un 24%, mientras que en Atención Primaria se ha situado en el 9%.

La jornada de huelga ha tenido un impacto directo en la actividad asistencial programada. En toda la comunidad se han cancelado 240 intervenciones quirúrgicas, 432 pruebas diagnósticas y 3.810 consultas externas hospitalarias, además de las consultas de atención primaria suspendidas.

Segunda semana de paros en el conflicto por el estatuto médico

La movilización forma parte de una convocatoria nacional impulsada por seis organizaciones sindicales médicas para reclamar un estatuto marco específico para la profesión médica, separado del resto del personal sanitario.

La huelga se desarrolla una semana al mes desde febrero y hasta junio y ha estado acompañada de concentraciones y protestas frente a hospitales y centros sanitarios en distintas ciudades del país.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo médico se encuentran la voluntariedad de las guardias, que estas computen para la jubilación, una clasificación profesional específica y una interlocución laboral directa con el Ministerio de Sanidad.

El conflicto se mantiene con las negociaciones rotas entre los sindicatos convocantes y el Ministerio de Sanidad, tras una escalada de reproches en los últimos días entre ambas partes.

La ministra apunta a posibles “motivaciones políticas”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que algunas de las razones que están detrás de la huelga podrían responder a “motivaciones políticas” más que a reivindicaciones profesionales.

En declaraciones a los medios, García ha defendido que el nuevo estatuto marco recoge mejoras laborales para los sanitarios y ha rechazado las críticas sobre la falta de diálogo con el comité de huelga. Según ha señalado, el Ministerio ha mantenido decenas de reuniones con los sindicatos y con las mesas del ámbito sanitario durante el proceso de negociación.

La ministra también ha instado a los convocantes a “desescalar el conflicto” y ha señalado que ahora corresponde a las comunidades autónomas desarrollar algunas de las mejoras previstas en el nuevo marco laboral dentro de sus competencias.

Miles de consultas ya suspendidas en la primera fase

La huelga ya tuvo un impacto notable en su primera fase el pasado mes de febrero. Durante aquella semana de paros en Castilla y León se cancelaron más de 59.000 consultas médicas, 1.200 intervenciones quirúrgicas y cerca de 3.000 pruebas diagnósticas en el conjunto de la comunidad.

Nueva huelga sanitaria esta semana

A este conflicto laboral en el sistema sanitario se sumará además una huelga en el transporte sanitario prevista para el próximo 18 de marzo, para la que la Junta de Castilla y León ya ha fijado servicios mínimos con el objetivo de garantizar la atención urgente y los traslados de pacientes que requieren tratamientos esenciales.

La orden establece que se mantendrán operativos los recursos para emergencias y los traslados necesarios para tratamientos como hemodiálisis, radioterapia o quimioterapia, además de un porcentaje mínimo de ambulancias para altas hospitalarias y pruebas diagnósticas.

La coincidencia de ambas movilizaciones amenaza con seguir tensionando la actividad asistencial en los centros sanitarios de Castilla y León durante esta semana.

Decía quien en su día fuera miembro por León del Congreso de los Diputados, José Ortega y Gasset, que la misión de la izquierda para poder ganar elecciones es la de hostigar la modorra popular. Debe de ser por eso que aquí, tras estas elecciones, hemos quedado vencidos o amodorrados, valga la redundancia…

El recuento electoral en Castilla y León en efecto ha terminado, y han ganado todos menos la extrema izquierda y las encuestas.

Así las cosas, dado que el único asunto que empaña el triunfo incontestable de las derechas en Castilla y León son las expectativas previas, la primera reflexión sobre los resultados electorales en Castilla y León que se nos ocurre es ésta:

¿Las encuestas electorales últimamente son algo que pertenece al ámbito de la ciencia, o al de la superstición, o al de la propaganda?

Y la segunda reflexión es ésta:

¿Los resultados nos dicen que el leonesismo ha tocado techo, la extrema izquierda ha tocado suelo y la extrema derecha ha tocado pelo?

Y la tercera es ésta:

¿Por qué lo llaman Podemos si no puede, por qué Sumar si no suma, y porqué mejor visto lo visto no pasa Izquierda Unida a denominarse Izquierda Hundida?

Y esta es la cuarta:

¿El único PSOE que resiste electoralmente es el que no es sanchista como Emiliano García Page que es socialista español, el alcalde Soria que es socialista soriano a lo José Antonio Díez, Barbón que rima con excepción y Salvador Illa que, lo sepa o no, es nacionalista?

Y la última: la hostia que se va a dar María Jesús Montero en Andalucía se ve ya hasta desde Mozóndiga.

El bloque de la derecha ha arrasado, mayoría absoluta de largo con más votos y más escaños, y el bloque de la izquierda sigue buscando argumentos para autoengañarse (como si el PSOE pudiera gobernar solo; si él sube y sus socios desaparecen el fracaso es total y la izquierda a la izquierda del PSOE va a parecer más que nunca la encarnación política de la arboleda perdida de Rafael Alberti).

La extrema derecha francesa encabezada por Marie Le Pen es inteligente, pues cuenta con ideario deprorable pero filosóficamente elaborado y bien empalabrado (sin duda tienen discurso). Pero aquí, la extrema derecha llega como van a los toros en los tendidos de sombra, esto es, llega a empujones…

Ni siquiera les hace falta discurso (buen ejemplo es Carlos Pollán, que, cuando habla, no se sabe si está senil o empanao, pero vale).

¡Dicen que la sociometría electoral es una ciencia peo en el país de las chapuzas hasta Tezanos tiene trabajo en lo suyo, qué flipe!

Sin embargo el análisis que se deduce de los discursos burbujeantes tras finalizar el escrutinio intenta colocarnos desde la platea la versión de que el PP sube, el PSOE sube, Vox sube, UPL empata, y todos dicen que son los otros los que han subido poco… ¡Todo muy consabido y muy aburrido!

Dan ganas de irse a dormir, y, esta vez, dormir.

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha visitado este jueves Murias de Paredes, donde ha mantenido un encuentro con ganaderos de la comarca de Omaña. En la reunión ha participado el número dos de la candidatura socialista, Mario Rivas, acompañado por la alcaldesa del municipio, Carmen Mallo, además de pedáneos y representantes del territorio, que han remarcado la importancia del sector en la supervivencia del medio rural.

Durante el encuentro, los ganaderos han trasladado a los representantes socialistas las principales dificultades que afronta el sector, especialmente quienes desarrollan su actividad en régimen de ganadería extensiva en zonas de montaña. Entre las preocupaciones planteadas han destacado las consecuencias de los incendios forestales del último verano y la falta de conocimiento del territorio por parte de la Junta de Castilla y León a la hora de diseñar y aplicar determinadas políticas.

Mario Rivas ha subrayado que “la ganadería extensiva es una actividad esencial para mantener vivo el medio rural, fijar población y preservar nuestros ecosistemas, especialmente en comarcas de montaña como Omaña”. En este sentido, ha defendido que el futuro del territorio pasa por “garantizar condiciones dignas para quienes viven del campo y reconocer el papel estratégico del sector primario en el desarrollo económico y social de Castilla y León”.

Rivas ha recordado que el programa del PSOE para la Comunidad incluye medidas específicas para fortalecer el sector agroganadero, entre ellas la defensa de una Política Agraria Común (PAC) más justa que tenga en cuenta las singularidades de territorios como León, el impulso a la ganadería extensiva en zonas de montaña y la puesta en marcha de políticas que garanticen precios justos y refuercen la posición de los productores en la cadena alimentaria.

Asimismo, el candidato socialista ha destacado la necesidad de favorecer el relevo generacional en el campo y apoyar a jóvenes y mujeres que quieran incorporarse a la actividad agraria, facilitando el acceso a la tierra, a la financiación y a la formación, así como promoviendo la modernización y digitalización de las explotaciones.

Durante la visita también se ha puesto en valor el compromiso con el desarrollo de los pequeños municipios a través de inversiones que contribuyen a mejorar la calidad de vida en el medio rural. En este sentido, los socialistas han destacado el proyecto de renovación de luminarias en Murias de Paredes, impulsado a través del programa DUS 5000, una iniciativa financiada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinada a promover proyectos de energía limpia en municipios en riesgo de despoblación.

Mario Rivas ha insistido en que “apostar por el campo y por la ganadería es apostar por el equilibrio territorial y por el futuro de nuestros pueblos”, y ha asegurado que el PSOE seguirá defendiendo políticas que garanticen oportunidades, servicios y desarrollo para el medio rural leonés.

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para solicitar que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización “urgente, exhaustiva e independiente” sobre la contratación y la ejecución del gasto de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa. La propia titular de la cartera y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ya ha prometido “máxima colaboración” en torno a las investigaciones sobre la gestión de la entidad asentada en El Bierzo.

La propuesta, que ha dado a conocer el PP en una nota de prensa, ha sido impulsada por las diputadas leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco, quienes piden que el órgano fiscalizador revise todos los contratos y pagos realizados por Ciuden entre los años 2021 y 2025 —y, en su caso, también durante 2026— ante lo que califican como una acumulación de dudas e indicios sobre la gestión de fondos públicos en la entidad.

Según explican desde el grupo popular, la solicitud busca analizar con detalle la contratación menor realizada por la fundación, su motivación, la posible existencia de fraccionamientos de contratos, la repetición de adjudicaciones a determinados proveedores o la agregación de encargos por concepto. También reclaman revisar la ejecución y el pago de esos contratos, así como los procedimientos ordinarios de contratación.

Entre los aspectos que el PP pide estudiar figura un contrato licitado por Ciuden en mayo de 2025 por 471.900 euros, adjudicado finalmente a la empresa Base Sistemas y Suministros S.A. por 458.590 euros después de que cuatro de las cinco ofertas presentadas fueran excluidas antes de abrirse las propuestas económicas.

La iniciativa también plantea que el Tribunal de Cuentas examine los circuitos de pago utilizados por la fundación, la documentación justificativa de los gastos, los asientos contables y el posible uso de mecanismos como anticipos, caja fija o pagos a justificar.

En caso de que se detectaran indicios de responsabilidad contable por perjuicio a los fondos públicos, el órgano fiscalizador podría actuar dentro de sus competencias.

Las diputadas populares sostienen que Ciuden debe ser una herramienta al servicio de las comarcas mineras y de su proceso de transición energética, y consideran que la entidad debe ofrecer “máxima transparencia” en la gestión de los recursos públicos.

Desde el PP de León defienden que la revisión externa permitiría aclarar las dudas existentes y garantizar que el dinero público destinado a proyectos vinculados a la transición justa en El Bierzo se gestiona con “rigor, control y respeto a la legalidad”.

El 40.º aniversario del referéndum para la permanencia de España en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y la situación bélica mundial confluyen en una doble convocatoria este jueves 12 de marzo en León capital. La primera tendrá lugar a las 17.00 horas con un acto político en la sede de Izquierda Unida (Calle Ramón y Cajal, 29) con la presencia del responsable de Solidaridad Internacional de la coalición, Manu Pineda. Y la segunda será a las 19.00 horas con una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno respaldada por un buen número de colectivos bajo el lema ‘OTAN no, bases fuera. OTAN, de salida, sí’.

Pineda estará arropado por miembros de la candidatura por León a las Cortes autonómicas, encabezados por su número uno, Sergio Carro. Y se desplazarán a las 19.00 horas a la Subdelegación del Gobierno para asistir a la concentración promovida por la Coordinadora No a la Guerra. No a la OTAN. Hasta 25 colectivos leoneses respaldan esta iniciativa, hablan de “referéndum trampa” (el PSOE, en el Gobierno en 1986, se mostró inicialmente a favor de salir de la Alianza Atlántica para finalmente defender la permanencia) y reivindican “el derecho soberano de los pueblos a no formar parte de esta estructura militar”.

Durante la concentración, se leerá un manifiesto conjunto acordado por todas las entidades participantes, que pretenden mostrar su “unidad ante el actual contexto internacional de creciente tensión y conflictos bélicos”, así como su “rechazo a la guerra, a la estructura militar de la OTAN y a la presencia de bases militares vinculadas a esta alianza”.

Las organizaciones convocantes, integradas en el denominado Movimiento OTAN No de León, son Agora País Llionés, Alantre, AISPAZ, Ateneo Varillas, Asociación Feminista Flora Tristán, CGT, CNT León, CJC, CCOO, Coordinadora No a la Guerra, No a la OTAN León, Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COSPAZ, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Llion con Palestina, Marea Palestina, PCE, PCPE, PCTE, Podemos, RAM, STELE, UGT, Asociación Teleno Libre y UJCE.