El inicio del curso escolar vuelve a llegar acompañado de protestas por la organización de la escuela rural en la provincia de León. Como ya ocurrió otros septiembres, la configuración de las aulas y colegios en función del número de alumnos ha provocado quejas de familias y sindicatos por agrupaciones de diferentes cursos, recorte de recursos y, en el caso de Santalla del Bierzo, el cierre de la escuela. La Junta de Castilla y León ha dado marcha atrás en algunas de las decisiones inicialmente previstas, pero mantiene otras que la comunidad educativa cuestiona.

Uno de los conflictos abiertos estaba en Vega de Espinareda, donde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP Piñera había convocado para este miércoles una concentración a las puertas del colegio. Las familias rechazaban la unificación de los grupos de primero y segundo de Educación Infantil y reclamaban que se mantuvieran los recursos necesarios para que ambos continuaran separados. Sin embargo, apenas unas horas después de anunciar la protesta y a dos días del comienzo de las clases, el AMPA ha comunicado que Educación ha dado marcha atrás y finalmente mantendrá separados los dos cursos.

La rectificación ha llevado a las familias a desconvocar la concentración. La decisión llega después de que hubieran trasladado sus reclamaciones a la Administración educativa sin obtener, según denunciaba este mismo lunes la asociación, una respuesta ni una reunión antes del comienzo de las clases. “Acabamos de recibir la comunicación de que finalmente se mantienen los cursos separados, por lo que ya no es necesaria la movilización que habíamos convocado”, ha anunciado el AMPA, que ha agradecido el apoyo recibido.

La situación ya había provocado protestas la pasada semana. En el Piñera hay cinco niños matriculados en uno de los cursos afectados y siete en el otro y las familias advertían, además, de la presencia de un alumno con necesidades especiales. La Dirección Provincial de Educación justificó inicialmente la reorganización en que el número de escolares no alcanzaba el mínimo necesario para conservar tres unidades de Infantil y planteó dejar la etapa organizada en dos aulas. Finalmente, los dos cursos afectados continuarán separados.

Cierra la escuela de Santalla

A este conflicto se suma ahora el de Santalla del Bierzo, cuya escuela, integrada en el CRA de Carucedo, no ha abierto este curso después de la supresión de una de las unidades. UGT ha denunciado este lunes que la medida evidencia la pérdida de aulas que está sufriendo el medio rural y las consecuencias que tiene tanto para los alumnos como para las plantillas docentes.

El sindicato contrapone esta decisión con la adoptada en otros centros en los que Educación sí ha rectificado. Es el caso del CEIP Las Alamedas de Dehesas, donde finalmente se ha dado marcha atrás en la clausura de un aula. Algo similar ocurrió la pasada semana en Noceda del Bierzo: las familias habían denunciado que los diez alumnos de entre 3 y 10 años iban a quedar agrupados en una única clase, mezclando hasta seis cursos diferentes, pero la Dirección Provincial terminó garantizando dos aulas mediante la ampliación de horarios del profesorado o la incorporación de otro docente. A estos casos se suma ahora el de Vega de Espinareda, donde la rectificación ha llegado este lunes, a dos días del comienzo de las clases y después de que las familias hubieran llegado a convocar una concentración.

En el CRA de Carucedo, en cambio, la supresión se mantiene y ha supuesto el cierre de Santalla. Las familias reclaman ahora que al menos se conserve a jornada completa un profesor de apoyo. Alegan que actualmente existen cuatro alumnos que necesitan atención educativa específica y otros cuatro pendientes de valoración, a lo que añaden la propia complejidad de trabajar con aulas multinivel distribuidas entre diferentes localidades.

UGT considera que el problema va más allá de estos casos concretos y sostiene que las ratios utilizadas para decidir la continuidad de las unidades no reflejan suficientemente la realidad de la escuela rural. El sindicato advierte de que aumenta el número de alumnos con necesidades educativas especiales y la complejidad de algunos grupos sin que crezcan en la misma medida los recursos humanos.

Entre los centros en los que detecta problemas cita, además del Piñera y el CRA de Carucedo, el CRA de Corullón, el CEIP Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos y los colegios Peñalba y Jesús Maestro de Ponferrada. También cuestiona el aumento de las medias jornadas y de puestos docentes con varios perfiles, la situación de los profesores itinerantes y la carga de trabajo que soportan los equipos directivos.

La polémica se produce además sin que la Junta haya facilitado todavía un balance detallado para la provincia de León sobre los cambios de unidades, aulas y recursos con los que comienza el curso 2026/2027. ILEÓN ha solicitado esta información en dos ocasiones a la Administración autonómica sin obtener hasta el momento los datos provincializados.

La primera petición se trasladó al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al primer consejo de Gobierno autonómico de septiembre, pero evitó contestar aludiendo a que al día siguiente la consejera de Educación comparecería con motivo del inicio del curso. Celebrada esa comparecencia sin un desglose específico para León, este medio volvió a solicitar los datos de la provincia. La respuesta fue emplazar a la futura comparecencia que ofrecerá esta semana el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, cuando el curso escolar ya haya comenzado.

El parque multiaventura La Roca de Palencia acogerá el próximo jueves 24 de septiembre el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla y León. La inscripción, libre y gratuita y con preferencia para afiliados, se puede formalizar hasta el lunes 14 en las sedes de la UJP en cada una de las provincias de la comunidad. La capital palentina toma el relevo de Valladolid, que organizó el pasado año la primera edición en el Pinar de Antequera.

La jornada comenzará entre las 9.00 y las 11.00 horas con la recepción de asistentes y desayuno, seguida de la recepción de autoridades y un acto institucional programado para las 11.15 horas. Una sucesión de actividades dará luego paso a una comida a base de olla ferroviaria (14.45 horas).

Por la tarde serán protagonistas las actuaciones: del Nuevo Mester de Juglaría (16.15 horas) y la música y el baile con Sara Bureba (17.45 horas). A las 19.00 horas llegará el momento de la clausura de este II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

La organización calcula que alrededor de 450 personas participarán en esta cita. La provincia de León cuenta con 1.316 afiliados a la UJP.

El nuevo curso comenzará con conflicto laboral en la Universidad de León (ULE). UGT, CCOO y CSIF han anunciado un paquete de movilizaciones y medidas de protesta a partir del lunes 14 de septiembre contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Los sindicatos rechazan que parte del ajuste recaiga sobre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y advierten: “El PTGAS no pagará los platos rotos del despilfarro”.

Las tres organizaciones llaman a estos trabajadores a cumplir desde esa fecha únicamente la jornada mínima los lunes, de 9.00 a 14.00 horas para el turno de mañana y de 14.00 a 19.00 horas para el de tarde. Según los sindicatos, estos horarios son compatibles con el reglamento de flexibilidad de jornadas de la propia Universidad. Advierten además de que la protesta podría extenderse a más días de la semana si el Rectorado no retira las medidas que consideran perjudiciales para el colectivo.

La protesta incluirá también el rechazo a realizar servicios extraordinarios y horas extra, a utilizar las bolsas de horas previstas en el reglamento de la ULE y a aceptar cambios de turno que no hayan sido programados y comunicados con al menos cinco días laborables de antelación. UGT, CCOO y CSIF llaman igualmente a los trabajadores a limitarse estrictamente a las funciones asignadas a sus puestos y a ejercer diariamente su derecho al descanso, incluso cuando ello implique cerrar temporalmente un servicio porque haya una sola persona trabajando.

A estas medidas se sumarán próximamente asambleas informativas y concentraciones de protesta, cuyos detalles todavía no han sido concretados. “Ni una hora de más gratis”, proclaman las organizaciones sindicales, que consideran que las necesidades extraordinarias de trabajo deben cubrirse mediante contratación y empleo público y no recurriendo a la plantilla existente.

El PTGAS, en el centro del conflicto

El principal motivo de la protesta es la decisión incluida en el plan de ajuste de suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del PTGAS. Los sindicatos consideran que este colectivo está soportando de manera “injusta y discriminatoria” una parte especialmente importante de las medidas de ahorro.

UGT, CCOO y CSIF sostienen que los trabajadores no son responsables del incremento del gasto que ha llevado a la Universidad a su actual situación económica. “El exceso de gasto corriente y las cuestionables decisiones presupuestarias de los últimos años no han sido generados por los trabajadores y las trabajadoras del PTGAS”, argumentan antes de denunciar que ahora se pretenda que sean ellos quienes “paguen las consecuencias de una gestión en la que no hemos participado”.

Las organizaciones sindicales critican especialmente el aplazamiento de la carrera profesional y aseguran que convierte al PTGAS en “el único colectivo de toda la Universidad de León que no cobra su nómina íntegra”, mientras, según denuncian, “se siguen manteniendo y abonando con total normalidad otros complementos” y aumentando el número de cargos y puestos de libre designación.

El comunicado conjunto supone un paso más en la contestación sindical que ya despertó este verano el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional. CCOO había rechazado el documento poco después de su aprobación y reprochó entonces tanto las consecuencias laborales de las medidas como la gestión realizada en los últimos años y la falta de financiación suficiente por parte de la Junta de Castilla y León.

Un agujero millonario en las cuentas

El origen del conflicto está en la complicada situación económica de la Universidad de León. El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de julio, con 21 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, un plan de ajuste hasta 2030 que persigue recuperar el equilibrio presupuestario y evitar que la institución continúe consumiendo sus reservas.

La ULE cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y calcula que sus gastos corrientes superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos ordinarios. El remanente de tesorería, que llegó a alcanzar los 58,48 millones de euros en 2021, se había reducido a 18,77 millones al término de 2025, de los que 6,67 millones correspondían al remanente genérico.

Para revertir esta situación, el plan contempla contener el gasto de personal, retrasar ofertas de empleo público y nuevas convocatorias salvo las consideradas imprescindibles, suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y limitar años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. También plantea medidas como cierres selectivos de instalaciones, ahorro energético y reducción de gastos en viajes, impresión y movilidad.

El ajuste va más allá del personal. La Universidad pretende revisar la viabilidad de grados con menos de 20 alumnos de nuevo ingreso y másteres con menos de cinco estudiantes, con la posibilidad de reorganizarlos, fusionarlos o eliminarlos, además de reorganizar servicios y buscar nuevas fuentes de ingresos.

La Universidad pide más financiación a la Junta

El Rectorado, por su parte, ha defendido que el documento no pretende “tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”. La rectora, Nuria González, aseguró tras las primeras críticas sindicales que muchas de las medidas están sujetas a negociación y situó como “eje central” del plan la reclamación de una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.

La Universidad sostiene que necesita un nuevo modelo de financiación plurianual que permita asumir tanto su funcionamiento ordinario como nuevas obligaciones, entre ellas la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla o el coste derivado de diferentes medidas y sentencias judiciales.

El propio plan aprobado en julio ya contemplaba entre sus riesgos la posibilidad de que se produjera un conflicto sindical. Con el regreso de la actividad tras el verano, ese escenario comienza a materializarse: UGT, CCOO y CSIF han puesto fecha al inicio de las protestas y el 14 de septiembre el plan de ajuste saltará de las cuentas de la Universidad a la organización diaria de sus servicios.

UGT ha condenado “con la máxima firmeza” la agresión verbal y física sufrida en plena vía pública de León por S. C., trabajadora y sindicalista de UGT León. La Confederación ha trasladado su respaldo a la víctima y a la organización provincial, al tiempo que ha exigido la detención inmediata de la presunta agresora y ha reclamado a la Fiscalía que impulse el procedimiento penal y solicite medidas cautelares para garantizar la protección de la afectada.

Según la versión ofrecida por el sindicato, la mujer profirió insultos como “rojos”, “putas” y “zorras”, además de acusaciones de ser “violadores de niños”, antes de agredir físicamente a la trabajadora. UGT califica lo ocurrido como un “ataque de odio” dirigido tanto contra la víctima por su condición de sindicalista como contra las propias siglas de la organización.

El sindicato sostiene que la presunta autora es reincidente y ya había protagonizado otros episodios violentos. Entre ellos cita una agresión anterior a la concejala socialista del Ayuntamiento de León Vera López, por la que, según UGT, tenía vigente una orden de alejamiento respecto a la edil. La organización considera que este antecedente agrava los hechos y evidencia un patrón de conducta que exige una respuesta inmediata de las autoridades.

UGT León enmarca el suceso en una escalada de hostilidad contra sus instalaciones y trabajadores durante los últimos meses. La organización recuerda que otra empleada fue agredida el pasado 1 de mayo y que, ese mismo día, su sede amaneció con una esvástica nazi pintada en la fachada. A estos episodios añade las llamadas telefónicas con insultos que, según denuncia, reciben a diario miembros de su plantilla por pertenecer al sindicato.

La Confederación ha ofrecido a UGT León todo su apoyo jurídico, institucional y organizativo y coordina con la estructura provincial las acciones legales y de protección derivadas de los hechos. El sindicato reivindica que la libertad sindical es un derecho fundamental y advierte de que agredir a una persona por ejercerla no constituye únicamente un ataque individual, sino también contra los derechos laborales y sociales del conjunto de las personas trabajadoras.

El sindicato UGT León ha convocado una concentración en repulsa por esta agresión durante el viernes, 28 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la sede del sindicato, situada en el número 31 de la Gran Vía de San Marcos.

El sindicato UGT León ha convocado una concentración en repulsa por la agresión física y verbal sufrida por una trabajadora del sindicato y contra cualquier manifestación de odio, discriminación o violencia.

La movilización tendrá lugar este viernes, 28 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la sede del sindicato, situada en el número 31 de la Gran Vía de San Marcos.

Según ha informado UGT, la trabajadora fue agredida el martes 25 de agosto en las inmediaciones de la sede sindical. Los hechos incluyeron, según la organización, insultos y una agresión física que habría terminado con la empleada en el suelo. UGT ha anunciado que presentará una denuncia ante los tribunales por un posible delito de odio.

La organización ha “condenado enérgicamente” lo ocurrido y considera que “el ataque no solo se dirige contra una trabajadora, sino también contra la libertad sindical, la democracia y los derechos de la clase trabajadora”. UGT León sostiene que el episodio se enmarca en un contexto de hostigamiento continuado, con llamadas telefónicas e insultos a empleados del sindicato.

El sindicato denuncia una escalada de hostilidad

UGT León también relaciona estos hechos con otros episodios anteriores. Entre ellos, cita la vandalización de su sede el pasado 1 de mayo con una pintada de simbología nazi y la agresión sufrida ese mismo día por otra trabajadora durante los actos del Primero de Mayo.

Además, según la información publicada por medios locales, la mujer señalada por el sindicato habría regresado este miércoles a las inmediaciones de la sede y habría continuado con los insultos y las amenazas, tanto en persona como por teléfono.

Ante esta situación, la organización sindical considera que los incidentes no son hechos aislados y alerta de una posible “escalada de odio”. Por ello, reclama una respuesta social y jurídica y asegura que adoptará “todas las medidas oportunas” para impedir que este tipo de comportamientos se repitan.

UGT León ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración de forma “unida, pacífica y respetuosa”, con el objetivo de mostrar solidaridad con la trabajadora y defender la dignidad, la convivencia democrática y el rechazo a cualquier forma de intimidación.

UGT León ha denunciado este martes la agresión sufrida por una trabajadora del sindicato este martes ante la sede sindical de la ciudad leonesa y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales por un presunto delito de odio. La organización sindical leonesa considera que el ataque se dirige tanto contra la empleada como contra las propias siglas del sindicato y lo enmarca en lo que califica como una “escalada de odio” sufrida durante los últimos meses.

El sindicato ha expresado su condena “enérgica” ante lo ocurrido y sostiene que no se trata de un episodio aislado. UGT recuerda que otra de sus trabajadoras fue agredida hace unos meses durante la celebración del Primero de Mayo y asegura que el personal de su sede leonesa recibe actualmente llamadas telefónicas diarias con insultos por trabajar para la organización sindical.

La presunta agresora es conocida por el sindicato por otras actuaciones similares y anuncia que adoptará “todas las medidas oportunas, vía judicial incluida” para tratar de impedir que vuelvan a producirse. La organización sostiene que no dará “ningún paso atrás frente a los que con sus discursos de odio deshumanizan a las personas y pretenden terminar con la democracia”.

A estos episodios se suma el ataque sufrido por la propia sede de UGT León el pasado 1 de mayo, cuando apareció en sus instalaciones una pintada con una esvástica nazi. El secretario general del sindicato denunció entonces lo sucedido como “un acto de odio manifestado en forma de simbología totalitaria”.

El líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha reclamado un pacto de Estado para que todos los bomberos forestales tengan el mismo sueldo en todo este país. El dirigente sindical ha realizado esta petición después de visitar esta mañana la BRIF de Tabuyo del Monte (León), donde el sindicato ha analizado la situación de los trabajadores que participan en la prevención y extinción de incendios.

Álvarez ha advertido de que no se puede seguir considerando el fuego como un fenómeno excepcional y ha defendido que los dispositivos deben contar con efectivos suficientes para garantizar la seguridad y los descansos de los trabajadores.

A su juicio, las condiciones de los profesionales no pueden depender de cada comunidad autónoma y es necesario establecer unas normas comunes para todo el territorio.

El secretario general ugetista ha alertado además de situaciones laborales “de cierto esclavismo” entre trabajadores de empresas privadas contratadas por las administraciones y ha señalado que las condiciones de las BRIF son mejores que las de algunos de estos empleados y ha criticado también la “huida de la responsabilidad” de las comunidades autónomas y consideró que la UME se ha convertido en un recurso estatal al que se recurre de forma habitual ante los grandes incendios.

Álvarez ha reclamado una planificación territorial del monte, con trabajos de reconocimiento, limpieza y prevención que permitan recuperar una gestión forestal adaptada a las condiciones actuales.

Y ha vinculado esta necesidad con el cambio climático, al tiempo que ha recordado que UGT ya planteó en 2017 un pacto de Estado para abordar sus efectos: “La situación no ha mejorado”, ha lamentado.

Durante su intervención también ha trasladado su solidaridad a las familias afectadas por las recientes riadas de Manzanedo de Valdueza, donde hace una semana murieron dos mujeres, y ha defendido que los fenómenos meteorológicos extremos deben abordarse desde la planificación y la prevención.

UGT Servicios Públicos León ha denunciado la situación del Museo de León, ubicado en el Edificio Pallarés de la capital leonesa y gestionado por la Junta de Castilla y León. UGT denuncia el colapso “total de su sistema de climatización y de la absoluta falta de respuesta de la Consejería de Cultura durante los últimos cuatro años”.

Según la información trasladada tanto por la Dirección del Museo como por el propio Servicio Territorial de Cultura, hace cuatro años se averió uno de los cuatro compresores y una de las dos enfriadoras que componen el sistema de climatización, asegura el sindicato. “Sin embargo, lejos de acometer la reparación necesaria, la Administración ha ido demorando la inversión hasta el punto de que, fruto de esa desidia, en la actualidad se encuentran averiados los cuatro compresores y las dos enfriadoras, dejando al edificio completamente sin capacidad de refrigeración”.

Las consecuencias son que, en una jornada de ola de calor como la de este miércoles 29 de julio, a las 10.30 horas ya se registraban temperaturas de 28,39 grados, que continúan aumentando a medida que avanza el día, con una humedad relativa en torno al 25%. “Esta situación no solo pone en grave riesgo la salud de los trabajadores, sino también la conservación de bienes culturales únicos e irreemplazables. Las colecciones museísticas requieren unas condiciones ambientales estables, con temperaturas que no deberían superar aproximadamente los 23 ºC y una humedad relativa situada entre el 40 % y el 50 % para garantizar su correcta conservación”.

Estas altas temperaturas afectan también al personal: “Los trabajadores llevan semanas desempeñando sus funciones en condiciones extremas y ya se han producido desmayos compatibles con golpes de calor, una circunstancia inadmisible en cualquier centro de trabajo y más aún en un edificio público dependiente de la Junta de Castilla y León”.

UGT considera especialmente grave que, incluso habiéndose planteado como medida provisional el alquiler de una enfriadora mientras se ejecuta la reparación definitiva del sistema de climatización, la Consejería haya rechazado esta solución temporal, prolongando una situación que pone en riesgo tanto la salud laboral como la integridad del patrimonio cultural.

UGT exige “la adopción inmediata de medidas de emergencia que permitan reducir la temperatura del edificio durante el periodo estival, así como la reparación urgente y definitiva del sistema de climatización. El personal no puede afrontar todo el mes de agosto trabajando en estas condiciones de emergencia climática”.

Asimismo, UGT reclama el mismo compromiso con el Museo de León que con otros centros museísticos, “un edificio de titularidad completamente pública, cuyo personal pertenece a la Junta de Castilla y León y que custodia una parte fundamental del patrimonio histórico de todos los castellanos y leoneses”.

“No puede haber museos de primera y de segunda. Tampoco trabajadores públicos de primera y de segunda. La protección del patrimonio comienza por cuidar las condiciones en las que se conserva y por garantizar la seguridad y la salud de quienes lo protegen cada día”, reclama el sindicato.

UGT Servicios Públicos León exige a la Junta de Castilla y León que abandone la inacción y actúe de forma inmediata “antes de que las consecuencias sean irreversibles, tanto para las personas como para un patrimonio cultural que pertenece a toda la ciudadanía”.

El sindicato UGT ha anunciado que ha alcanzado, junto a CCOO, un principio de acuerdo con la patronal para renovar el convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de León. El sindicato considera que, aunque varias de sus reivindicaciones han quedado fuera del texto, el preacuerdo supone una “mejora notable” para los trabajadores del sector y queda ahora pendiente de ser ratificado en asamblea.

Entre las principales novedades figura la creación de varios pluses que hasta ahora no existían en el convenio. Se incorpora un plus de turnicidad y otro de nocturnidad, ambos equivalentes al 7% del salario base; un plus de carga y descarga de 80 euros mensuales para el personal de logística y almacenes; y un plus de conductor de 100 euros mensuales para todas las categorías de conductores. Además, el plus por trabajar domingos y festivos aumenta hasta los 30 euros por jornada.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, entre 2026 y 2028, con una subida salarial del 4% anual en todos los conceptos. UGT destaca que el incremento del salario base, el plus de convenio y las pagas extraordinarias tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, mientras que los nuevos pluses comenzarán a abonarse a partir del próximo 1 de julio. También se incrementará en un 10% la retribución de las horas extraordinarias y se mejorará la protección en los supuestos de incapacidad temporal más grave.

No obstante, el sindicato lamenta que la negociación no haya permitido sacar adelante una de sus principales reivindicaciones: obligar a las empresas a reflejar mensualmente el cómputo de horas trabajadas en las nóminas y reconocer como jornada efectiva todo el tiempo que el trabajador permanece a disposición de la empresa. UGT atribuye este punto a la negativa de la patronal y a la falta de apoyo de CCOO.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado este lunes que el operativo de lucha contra incendios forestales en Castilla y León continúa sin estar plenamente desplegado y que todavía faltan efectivos en distintos dispositivos de extinción, pese a la primera gran oleada de incendios del verano, que durante la última semana ha puesto al límite el sistema con una veintena de fuegos prácticamente simultáneos en la provincia de León, especialmente en la comarca de El Bierzo.

El sindicato ha iniciado una campaña en redes sociales para denunciar esta situación y sostiene que, aunque la Comunidad ya ha atravesado jornadas de calor extremo y ha tenido que hacer frente a numerosos incendios, “muchos operativos aún no están plenamente activados”. En este sentido, considera que la crisis vivida estos últimos días evidencia la necesidad de reforzar el dispositivo de prevención y extinción.

En un comunicado, el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Tomás Pérez, ha afirmado que “los incendios no entienden de cambios en la ejecutiva autonómica ni de cien días de tregua en la actual legislatura”, en referencia al reciente relevo al frente de la Consejería de Medio Ambiente, y ha recordado que, a su juicio, quienes gestionan el operativo siguen siendo los mismos responsables de la etapa anterior.

UGT sostiene además que continúan sin resolverse algunas de las principales reivindicaciones del colectivo. Entre ellas, cita la regulación de las jornadas laborales, el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales o la aprobación de un reglamento específico de prevención de riesgos laborales para los bomberos forestales.

El sindicato advierte de que los incendios forestales son “cada vez más complejos” y considera que los recursos actuales siguen siendo insuficientes porque la prevención “no puede hacerse solo en verano”. Por ello, reclama consolidar un operativo público y estable durante los 365 días del año, además de actualizar las condiciones salariales de los profesionales que participan en las labores de extinción.

La denuncia llega después de una semana especialmente complicada en la provincia de León, donde una tormenta seca registrada durante la noche de San Juan provocó una oleada de incendios por el impacto de cerca de 400 rayos. Aunque la situación ha mejorado durante las últimas jornadas, todavía permanecen activos los incendios de Pradela y Congosto, ambos en Índice de Gravedad Potencial 1, mientras continúan las labores de vigilancia y remate sobre el terreno con un amplio despliegue de medios autonómicos y estatales.

Laciana volvió a movilizarse este miércoles en una de las protestas más amplias y unitarias de los últimos años. La comarca ha llevado a cabo un paro general de tres horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas, para denunciar lo que considera décadas de abandono institucional y reclamar medidas urgentes que permitan garantizar su futuro.

La movilización estuvo impulsada por el denominado Frente Común de Laciana, una plataforma que agrupa a los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Villablino, junto a los sindicatos UGT, CCOO y USO, y que en los últimos meses ha ido sumando el respaldo de colectivos sociales, empresarios, asociaciones y representantes del ámbito educativo.

La concentración arrancó a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Villablino y recorrió varias calles de la capital lacianiega antes de regresar al Consistorio, donde estudiantes de los centros de educación secundaria de la comarca leyeron un manifiesto en nombre de los participantes.

Los convocantes consideran que Laciana atraviesa un momento “decisivo” y sostienen que la situación actual es consecuencia de años de promesas incumplidas, planes de reactivación fallidos y falta de compromiso por parte de las administraciones públicas. En el manifiesto que se leyó al término de la marcha denunciaron que, tras el cierre de la minería, las alternativas prometidas nunca llegaron a generar el empleo ni la actividad económica necesarios para sustituir el peso que tuvo históricamente este sector.

La plataforma asegura que la comarca sufre una pérdida constante de población, servicios y oportunidades laborales, una situación que atribuye tanto al fracaso de los sucesivos planes de reactivación como a la falta de inversiones efectivas. “Laciana no puede seguir siendo una tierra olvidada”, sostienen los convocantes, que reclaman una respuesta coordinada de todas las administraciones.

Entre las principales reivindicaciones figuran la puesta en marcha de un plan específico para Laciana, la llegada de nuevos proyectos industriales compatibles con el entorno, mejores infraestructuras, comunicaciones modernas, incentivos para empresas y autónomos, vivienda, empleo y servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia o la formación profesional.

Los impulsores de la movilización también reclaman medidas concretas contra la despoblación y el envejecimiento de la comarca, advirtiendo de que la falta de oportunidades continúa obligando a marcharse a buena parte de la población joven. “Sin oportunidades, los jóvenes nos vamos, y sin juventud no hay relevo generacional”, recoge el manifiesto.

El Frente Común considera que las administraciones mantienen una “deuda histórica” con Laciana y advierte de que la protesta de este miércoles será solo el inicio de nuevas acciones si no llegan respuestas. “No vamos a aceptar más engaños, más abandono, más silencios ni más excusas”, señalan.

La movilización pretende convertirse en un nuevo hito reivindicativo para una comarca marcada durante décadas por las luchas vinculadas a la minería y que ahora busca abrir una nueva etapa centrada en la reactivación económica y la fijación de población. “Laciana sigue viva”, zanjaron.

UGT ha denunciado este viernes 29 de mayo la situación actual del operativo de incendios de Castilla y León y, concretamente, de la provincia leonesa. A las puertas del verano, los representantes sindicales alertan de que, no solo la situación meteorológica es peligrosamente similar a la del año 2025 (cuando ardieron en León 135.000 hectáreas tras una letal oleada de incendios forestales), sino que además, las condiciones del personal del operativo son mucho peores.

El vicesecretario de la sección autonómica de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha alertado de que con una primavera tan lluviosa como la que ha pasado la provincia de León, seguida del calor de los últimos días, todo apunta a que la dramática situación medioambiental del año pasado se podrá repetir. Si el año pasado se hablaba de incendios de sexta generación, el sindicato alerta de que este verano pueden llegar a ser de séptima. A todo ello se suma el hecho de que los agentes forestales no han sido formados todavía, por lo que ni siquiera se han podido llevar a cabo las limpiezas de los montes.

La situación, ya de por sí preocupante, empeora mucho más después del órdago conocido los últimos días por parte de las empresas privadas que integran el operativo de la Junta de Castilla y León, que anunciaron que no participarían en esta campaña. En concreto, para la provincia de León supone que la mitad de las 22 brigadas de tierra no estarán operativas, en caso de ser necesarias: “Las empresas dedicadas a esto han advertido que no se cumplía con la prevención de riesgos laborales y que no pueden asumir esos costes”, ha explicado Arenas, quien lamenta: “Si fueran empresas públicas el sistema estaría mucho mejor servido”.

A esta situación se suma la carencia de agentes medioambientales de la provincia de León, donde apenas hay movilizados 160 para 15.600 kilómetros cuadrados, según ha informado el agente forestal Alfonso Vallecillo. Además, esta temporada coincide con numerosas bajas del personal, lo que va a provocar que los que queden asuman una sobrecarga de guardias.

Tal y como sucedió la temporada pasada, varias torres de vigilancia se encuentran fuera de servicio. En concreto, Vallecillo ha informado de que son dos las que están cerradas por deficiencias estructurales (una es “inaccesible” y en otra se ha caído el tejado) y ya no hay tiempo para rehabilitarlos y que estén en funcionamiento durante el verano. También se mantienen los problemas de comunicación que lastraron gravemente el trabajo del operativo la temporada pasada: “Hemos tenido problemas de comunicación en el mismo incendio de un sector con otro, no podíamos hablar. ¿Por qué? Porque utilizamos tecnología del siglo XX”, denuncia Vallecillo.

Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, ha recordado que los dos helicópteros de refuerzo anunciados por la Junta para la provincia de León tampoco estarán disponibles este verano, ya que los contratos han quedado desiertos.

“Denunciamos la apatía y el desinterés de un Gobierno autonómico que ni siquiera tenemos”, critica Pérez Urueña, en alusión al Gobierno autonómico que aún se encuentra en funciones. “Tendríamos que tener un interlocutor, pero para eso tendríamos que saber quién será el consejero de Medio Ambiente. Estamos a merced de un milagro. Seguimos esperando una respuesta”, alerta Pérez Urueña.

El sindicato UGT ha convocado una jornada de huelga general para el sábado 23 de mayo en el sector de las grandes empresas del comercio textil y del calzado, una movilización de carácter estatal que también tendrá seguimiento en la provincia de León y que afectará a algunas de las principales cadenas comerciales presentes en la capital leonesa y otros municipios.

La convocatoria parte de la federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT), que rechaza frontalmente el preacuerdo del futuro convenio colectivo de ARTE, como se denomina el sector de grandes cadenas textiles y de calzado, firmado el pasado marzo por CCOO y Fetico, vinculado a marcas como El Corte Inglés y otros. El sindicato considera que ese texto supone un “recorte de derechos” y abre la puerta a una “precarización” de las condiciones laborales en el sector.

En León, UGT ha convocado además una concentración el mismo 23 de mayo entre las 12.00 y las 13.00 horas en la avenida Ordoño II, frente a la tienda de Zara España en la capital, según recoge el comunicado difundido por el sindicato. La huelga afectará especialmente a las plantillas de grandes cadenas comerciales integradas en ARTE, entre ellas firmas con implantación en León como la misma Zara, Stradivarius, Mango, H&M, Springfield, Cortefiel, Women’secret, Sprinter, JD Sports, Zeeman o Pepco, cuyos nombres aparecen expresamente en la cartelería distribuida por UGT para la convocatoria.

El sindicato sostiene que el nuevo marco laboral generaría diferencias entre trabajadores antiguos y nuevos dentro de una misma empresa. Según denuncia, el convenio permitiría contratar nuevo personal con condiciones económicas inferiores a las actuales, además de facilitar la absorción de futuras subidas salariales mediante complementos personales, algo que, a juicio de UGT, acabaría provocando una pérdida progresiva de poder adquisitivo.

Otro de los puntos que más rechazo genera en la organización es la regulación del trabajo en domingos y festivos. UGT asegura que el texto pactado permitiría imponer estos turnos “si no se garantiza la plantilla imprescindible para la apertura de la tienda”, una fórmula que considera demasiado abierta y favorable a la empresa.

Prevalecer sobre convenios provinciales

El sindicato también critica que el convenio estatal pase a prevalecer sobre los provinciales cuando estos expiren, lo que, en su opinión, supondría vaciar de contenido la negociación colectiva territorial y eliminar mejoras laborales conquistadas en cada provincia.

En el material difundido por FeSMC-UGT León, la organización carga especialmente contra Fetico y CCOO por haber suscrito el preacuerdo con la patronal ARTE y asegura que el texto “traiciona” a los trabajadores del sector. Entre los aspectos concretos que denuncia figuran además la pérdida del complemento de incapacidad temporal al 100%, cambios en categorías profesionales y la asunción por parte del trabajador de determinados descansos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Desde UGT defienden que el convenio estatal debería limitarse a establecer unas condiciones mínimas comunes, manteniendo intactas las mejoras recogidas en los convenios provinciales. La organización asegura que continuará con la movilización mientras no se modifique el contenido del acuerdo negociado en el marco de ARTE.

La inconfundible voz de José María García sonó al otro lado del teléfono. León se preparaba el 16 de mayo de 1991 para vivir una histórica jornada de huelga provincial, que se concatenaba con el segundo día seguido de paros en la minería del carbón, sector a su vez amenazado por el que a finales de ese año sería el cierre de Hulleras de Sabero. La Vuelta Ciclista a España salía aquel mismo día de la capital leonesa con destino a Valladolid, entre amenazas de mineros de cortar la carrera. “¿Qué va a ocurrir?”, le preguntó el célebre periodista radiofónico al entonces gobernador civil en León, Antonio Sandoval, que contestó así: “Los ciclistas son tan trabajadores como los demás. Y se los va a proteger”. Al margen de una escaramuza en la zona de salida en la avenida Sáenz de Miera, las hostilidades se desataron a la altura de Mansilla de las Mulas, donde un intento frustrado de corte por parte de operarios de Hulleras se saldó con 14 detenidos y una veintena de heridos justo hace 35 años.

La voz de José María García ya era la de la propia retransmisión radiofónica cuando uno de aquellos mineros de Hulleras de Sabero, Carlos García Kubala, se enteró por esta vía de la movilización y acudió con un compañero a Mansilla. Cuando llegaron ya se había levantado la barricada de neumáticos. Y había comenzado una persecución por fincas aledañas entre fuerzas antidisturbios y los trabajadores. “Hacíamos esas cosas para salir en los medios”, cuenta Kubala para retrotraerse al escenario de aquellas movilizaciones en las que confluían la reconversión general del sector del carbón tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea con las acechantes sombras que se cernían sobre el futuro concreto de Hulleras, para la que a esas alturas del año se situaba su cierre en 1993. Los cortes de carretera eran habituales, señala el minero, que todavía recuerda a García refiriéndose a los protagonistas de aquel altercado en Mansilla como “un grupo de incontrolados”.

El ciclista granadino Antonio Miguel Díaz no oyó en la mañana de aquel 16 de mayo de 1991 en los boletines informativos a José María García referir la previa de una etapa en cierto modo marcada por su salida en León, que sería ya por la tarde el escenario de una manifestación que reunió en torno a 20.000 personas, el punto álgido de una convocatoria de huelga por parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras contra lo que entendían como “marginación” y “subdesarrollo” de la provincia. Ajeno a esta circunstancia ante una etapa que había marcado en rojo en su calendario previendo viento de costado y posibles abanicos en la meseta camino de Valladolid, Díaz se escapó ya recién dada la salida y compartió aventura con el alemán Mario Kummer, al que se impuso en la meta ubicada en el entorno del paseo de Zorrilla de Valladolid. El corredor andaluz, que tiene grabados en su mente los detalles de aquella jornada en la que ganó su primera y única etapa en la Vuelta a España, no se enteró, sin embargo, de lo ocurrido en Mansilla hasta que al día siguiente leyó la noticia en los periódicos.

“Los equipos de la Vuelta a España adelantan su salida de Asturias por temor a no llegar a Sáenz de Miera”, titulaba una noticia aquel mismo jueves 16 de mayo La Crónica de León aludiendo a la etapa anterior, que terminó en el Alto del Naranco con victoria del bejarano Laudelino Cubino. El rotativo leonés se hacía también eco de temores de Unipublic, empresa organizadora de la ronda nacional, a que se produjeran cortes en La Robla o a la salida de la autopista León-Asturias. “La Policía de León pide ayuda a otras provincias para controlar a los piquetes de la huelga general”, rezaba otra de las informaciones del periódico (y se llegó a cifrar en 50 los agentes extra llegados para unirse al dispositivo de seguridad de la carrera). “¡León, hazte oír!”, era el lema de la huelga elegido por los sindicatos convocantes, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Los problemas de la minería y la provincia representaban una especie de cara B de un país que se acicalaba para los fastos de 1992: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla o la capitalidad cultural europea de Madrid. Y el paso de la Vuelta a España suponía un indudable escaparate para las protestas: hace 35 años las de una empresa minera amenazada de cierre y una provincia que se rebelaba frente al olvido; y el pasado 2025 las derivadas de la masacre perpetrada por el Gobierno de Israel en la franja de Gaza.

Yo no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida

Antonio Miguel Díaz — Ciclista ganador de la etapa León-Valladolid de la Vuelta a España 1991

“La salida de la etapa en León no se verá afectada por la huelga general”, titulaba Diario de León la noticia de apertura de su sección de Deportes, en la que informaba de un acuerdo entre UGT y CCOO y la organización de la carrera para que un representante sindical leyera un comunicado en la zona de salida haciendo referencia a las motivaciones de la jornada de huelga provincial. “Se había hablado de eso”, tercia el gobernador civil de la época, Antonio Sandoval, al aludir a un tipo de pactos como los alcanzados en las llegadas de la Vuelta a Ponferrada en 1987 y 1989, donde los organizadores admitieron la presencia de las reivindicaciones mineras en zonas visibles del entorno de la meta. Así se cumplió hasta el punto de que el primer año dos mujeres en representación del sector entregaron el ramo de flores, puño en alto, al vencedor de la etapa, el francés Dominique Arnaud; y en la segunda ocasión mineros de Victoriano González acabaron irrumpiendo en el podio cuando imponían el maillot amarillo al también galo Roland Le Clerc.

Y llegó el esperado jueves 16 de mayo. La huelga tuvo un seguimiento desigual en la provincia. El paro se combinó de alguna manera con la celebración en Sáenz de Miera, por lo que de festivo no deja de tener un acontecimiento como la salida de una etapa de la Vuelta a España. Fue finalmente el entonces secretario provincial de UGT, Fermín Carnero, el encargado de leer el comunicado. “No sobran agricultores ni mineros, sobra el gobierno entero”, se podía leer en una pancarta. Y hubo por parte de algunos huelguistas un conato de cortar la salida de vehículos, intento rápidamente abortado por los policías. Sin dejar de sugerir que quizás algún miembro de su equipo, el mítico Kelme, le informara entonces de la huelga, Antonio Miguel Díaz tenía ya la vista puesta en la carretera. “Yo”, dice el ciclista 35 años después, “no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida”.

Los mineros de Hulleras de Sabero llevaban tiempo calentando la movilización. “Se había puesto sobre la mesa un plan de viabilidad de la empresa que incluía bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas”, expone Carlos García para poner el contexto de aquel mes mayo anterior a un verano en el que “cambió todo” y se precipitó el cierre. Otro compañero de la empresa que prefiere no hacer público su nombre incluso recuerda la distribución estratégica por el territorio de aquel 16 de mayo. “Había dos personas en el Alto del Portillo, otros en Puente Villarente y nosotros en Mansilla”, cita. Los antidisturbios intervinieron primero para levantar la barricada en Mansilla tiempo antes del paso de la caravana ciclista, que no sufrió ningún contratiempo. Mientras los corredores avanzaban camino de Valladolid, los mineros se desperdigaban por el entorno. “Nos perseguían los helicópteros por las huertas”, afirma Kubala. “Parecíamos conejos”, añade su compañero. Ninguno de los dos estuvo entre la veintena de heridos (nueve de ellos antidisturbios) ni entre los 14 detenidos (todos ellos trabajadores de Hulleras).

El altercado pasó totalmente desapercibido para la caravana de la ronda ciclista, como constata el célebre fotoperiodista de la Agencia EFE Desiderio Mondelo, precisamente hijo de minero y criado en Caboalles de Abajo (Villablino) antes de trasladarse a Madrid y desarrollar una carrera profesional que incluyó la cobertura de varios Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo de Fútbol, así como de más de una veintena de ediciones de la Vuelta a España. “No me paraba ni a desayunar”, cuenta el relatar su día a día en la carrera: montado en una motocicleta siguiendo la carrera y dejando a un compañero carretes para ser revelados en un furgón habilitado como laboratorio. Mondelo hizo la Vuelta de 1991. Retrató en la salida en Mérida a Miguel Indurain con el manillar de triatleta para el prólogo y a Melchor Mauri haciendo de improvisado director de orquesta en la etapa entre Santo Domingo de la Calzada y Santander. Pero no conserva ni en el archivo ni en su memoria recuerdos de lo sucedido en León y en Mansilla de las Mulas.

El entonces periodista de La Crónica de León Juan Daniel Rodríguez relata un episodio justamente anterior a ese día para hacer ver las características del conflicto. Había acudido junto a su compañero fotoperiodista Secundino Pérez a cubrir un corte de carretera en Puente Villarente cuando “un coche intentó saltarse la barricada”. La secuencia se trasladó al día siguiente a la portada del rotativo con tres fotos del consiguiente vuelco del vehículo. Con la provincia entera de huelga y una manifestación por la tarde en la capital, Rodríguez no acudió aquel jueves 16 a Mansilla de las Mulas. “No podíamos estar en todos los sitios”, dice al repasar la noticia puramente informativa que publicó al día siguiente y recordarse con apenas 24 años de edad ante aquel escenario del que sí conserva la sensación que se palpaba entre los vecinos de Sabero: “La preocupación de que el valle se iba a quedar desierto porque la del carbón era su única industria”.

No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro

Carlos García ‘Kubala’ — Minero de Hulleras de Sabero en 1991

Para entonces ya colaboraba con La Crónica de León como corresponsal el hoy director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, Roberto Fernández, quien aquel día intervino como miembro de la Asociación Juvenil El Hayedo. “Los ánimos estaban muy alterados. Por la tarde fuimos a León a manifestarnos ante el Gobierno Civil para exigir la liberación de los mineros detenidos”, repesca. “Volaban las papeleras”, rescata el trabajador que prefiere mantener el anonimato. La prensa del día siguiente recoge ya la puesta en libertad aquel mismo día de los operarios de Hulleras detenidos en el entorno de Mansilla de las Mulas. El sector cambiaría en cierto modo el paradigma de las movilizaciones al año siguiente, cuando en marzo de 1992 se produjo la primera Marcha Negra desde la cuenca de Laciana hasta Madrid.

Lo ocurrido el pasado 2025 en la Vuelta a España, con varios cortes que sí se hicieron efectivos hasta incluso tener que suspender la etapa final con meta en Madrid, ha hecho evocar aquel episodio de 1991 a varios de sus protagonistas. “El año pasado consiguieron cortar porque había más apoyo. Nosotros éramos cuatro gatos. Estábamos muy apartados. Y la gente no apoyaba tanto”, cuenta el minero de Hulleras. Su compañero Kubala precisa. “No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro”, sostiene sin dejar de citar las llegadas de la Vuelta en la pasada década al Alto de la Camperona: “Y la gente quedó encantada”. El ganador de aquella etapa León-Valladolid hace una lectura similar: “Todo el mundo tiene derecho a reivindicar. Pero yo creo que hay otros foros para hacerlo. Los ciclistas profesionales son ajenos a estas circunstancias. Y parece que siempre nos tocan a nosotros. La política no debería entrar en el deporte”.

El final de aquel día fue feliz para Antonio Miguel Díaz, triunfante en Valladolid en esa jornada con salida en León, dos ciudades de grato recuerdo para el hoy seleccionador andaluz sub-23 y júnior. “Y me gusta ir por la Catedral y por el Barrio Húmedo”, resalta. El final fue traumático para Hulleras de Sabero, que cerró finalmente su explotación de interior en diciembre de ese mismo 1991: los trabajadores aceptaron mayoritariamente el cierre a cambio de indemnizaciones económicas. El final de la Vuelta fue victorioso para Melchor Mauri y premonitorio para Miguel Indurain, segundo en Madrid apenas un par de meses antes de ganar el primero de sus cinco Tour de Francia consecutivos. Su mítica trayectoria fue captada al detalle por Mondelo, que incluso aprovechó el trigésimo aniversario del quinto para llevar una exposición alusiva a Laciana y que, escarbando en su memoria, repesca una etapa de la Vuelta de 1980 en la que en Porriño (Pontevedra) trabajadores de la empresa Censa sí llegaron a cortar la carrera. Aquel día, informó El País, un coche de prensa acabó con el parabrisas roto: fue el de la Cadena Ser al tratar de burlar el corte y viajando a bordo José María García.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha llevado a cabo este sábado en Casares de Arbas la entrega a sus familiares de los restos exhumados por el colectivo en el paraje Peña del campo comunal de Poladura de la Tercia, perteneciente al municipio de Villamanín, correspondientes a los represaliados Aurelio Rodríguez Martínez y Daniel Rodríguez Martínez.

Los restos, exhumados en 2025 gracias a las indicaciones de un vecino de Poladura de Tercia, Servando González, fueron inhumados en el cementerio vecinal junto a otros vecinos de Casares de Arbas, también víctimas de la dictadura franquista. La ARMH buscaba los cuerpos de dos personas y sólo encontró algunos restos en un estado deteriorado por el que no ha sido posible que un laboratorio genético les extraiga una secuencia de ADN.

Los cuerpos de las víctimas fueron buscados por voluntarios de la ARMH en julio de 2025, en un proceso condicionado por varias complicaciones. “Llegar a la fosa común fue extremadamente complicado debido a que se encontraba en medio del monte, a más de 1300 metros de altitud, y con un acceso muy difícil”, señala el colectivo.

Aurelio Rodríguez Martínez, jornalero y afiliado a la UGT, se incorporó voluntario al Ejército Popular de la República en febrero de 1937 para defender la legalidad republicana de los militares golpistas. Tenía 30 años cuando fue detenido en Casares de Arbas y asesinado el 3 de marzo de 1938 en el Monte de Poladura de la Tercia. Su compañera, María Cañón Morán, fue condenada a una pena de 20 años de reclusión menor y su cuñado Laurentino Cañón Morán fue asesinado en 1937 y exhumado por la ARMH en 2024 en Sena de Luna.

También jornalero y en este caso afiliado a la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y miembro del sindicato de Campesinos de Casares de Arbas, Daniel Rodríguez Martínez tenia 38 años, estaba casado y era padre de seis hijos. Fue asesinado en el Monte de Poladura de la Tercia. Su mujer, Cesárea Rodríguez Martínez, sufrió una terrible persecución política hasta ser condenada a 20 años de reclusión menor y su cuñado Lorenzo Rodríguez Martínez fue exhumado en 2024 por la ARMH en Sena de Luna.

Las familias de ambos han estado presentes en el acto y han portado los restos que pudieron encontrarse dentro de una urna funeraria que ha sido inhumada en un panteón en el que ya se encontraban enterradas otras víctimas de la represión franquista.

La ARMH lleva a cabo estas actuaciones con sus propios recursos económicos, proporcionados por sus socios, sin ningún tipo de subvención. El colectivo no solicita ayudas porque desde hace años reclama que “España deje de ser el único país del mundo que pretende buscar a los desaparecidos por la represión franquista convocando subvenciones y no considerándolo un derecho de todas las víctimas”.

El sindicato UGT se planta. Ha anunciado la ruptura de las negociaciones del convenio del sector del transporte por carretera en la provincia de León tras acusar a la patronal de mantener una postura de “bloqueo deliberado” y de plantear condiciones que, aseguran, “empobrecen a los trabajadores”.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha elevado el tono contra la patronal del sector, a la que acusa de “dinamitar la negociación colectiva” tras la cuarta reunión mantenida. El sindicato sostiene que las propuestas planteadas no constituyen una base real de acuerdo, sino “un ataque directo a las condiciones laborales y al poder adquisitivo” de las plantillas.

Según UGT, la oferta empresarial contempla subidas salariales insuficientes frente al incremento del coste de la vida. En concreto, denuncian que para 2026 se plantea un aumento del 2%, por debajo del IPC del 2,9% registrado en 2025, mientras que para los años 2027, 2028 y 2029 se propone únicamente un 1% anual. Una situación que, a su juicio, supondría consolidar la pérdida de poder adquisitivo durante los próximos años.

El sindicato advierte además de que las propuestas no se limitan al ámbito salarial, sino que incluyen medidas que, aseguran, vulneran derechos laborales e incluso la normativa vigente, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este contexto, acusan a la patronal “de priorizar beneficios empresariales a costa de la dignidad de los trabajadores”.

Ante esta situación, UGT ha decidido no acudir a nuevas reuniones en la Fele “mientras no se produzca una rectificación por parte de la patronal y se presente una propuesta digna”. Paralelamente, el sindicato ha convocado asambleas informativas para los trabajadores del sector el día 7 de mayo en Ponferrada, a las 10.30 y 19.30 horas, y el 11 de mayo en León en los mismos horarios.

La Unión General de Trabajadores también critica la contradicción de las empresas del sector, que denuncian la falta de conductores mientras, según el sindicato, no adoptan medidas que hagan más atractiva la profesión ni mejoren sus condiciones laborales.

El sindicato UGT de León ha sido objeto de un ataque fascista en su sede de León con la pintada de una esvástica en la puerta de su sede principal en la ciudad, desde donde partió precisamente la manifestación del Primero de Mayo celebrada este viernes 1.

UGT ha denunciado el ataque vandálico señalando “El odio se ha manifestado en forma de simbología totalitaria”, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, muy próxima a la sede sindical.

“No es solo una agresión contra nuestras siglas sino una embestida con los valores democráticas con los derechos de la clase trabajadora, hoy Primero de Mayo”, señalaba la pasada noche el secretario general leonés del sindicato, Enrique Reguero.

El sindicato ha pedido que “la ley actúe frente a quienes pretenden que el miedo sea el paisaje de nuestra convivencia”.

Cientos de personas han salido este jueves a las calles de León con motivo del Primero de Mayo en una manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos bajo el eslogan “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

La movilización, encabezada por los líderes sindicales provinciales Enrique Reguero (UGT) y Elena Blasco (CCOO), ha reunido a trabajadores, colectivos sociales, políticos y ciudadanos en una jornada marcada por el tono reivindicativo. Bajo el lema centrado en la defensa de la democracia y los derechos sociales, los participantes han coreado consignas en favor de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos. También han realizado una defensa del proceso de regularización de inmigrantes establecido por el Gobierno y han recordado el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas por realizar una acción sindical en Asturias.

Blasco ha lamentado “el rearme de la extrema derecha que se está dando en el ámbito europeo, en el ámbito nacional, en el ámbito de esta comunidad autónoma, y por consiguiente, también en esta provincia, en el que es un gobierno de retrocesos, de abandono de todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora y que limitan y mucho de una manera catastrófica el poder desarrollar políticas sociales y políticas públicas”.

Reguero ha recordado que “estamos viendo que estamos siendo como León seguimos siendo de las peores provincias de España en casi todos los indicadores socioeconómicos”. Por ello ha exigido a la Junta de Castilla y León que convoque la reuniónd de un mesa para León prometida hace un año “para empezar a desbloquear un convenio de inversiones y de futuro para nuestra tierra”. “Están más pendientes de quién van a ocupar los sillones en ahora mismo en las Cortes de Castilla y León”, reprochó para “animar a la ciudadanía leonesa a luchar a salir a las calles y a reivindicar un futuro para nuestra tierra que yo creo que tiene que tiene que ir en esa línea”.

La celebración del Día del Trabajo en la capital leonesa ha congregado a un buen número de políticos como el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la número 2 del PSOE autonómico, Nuria Rubio; el alcalde de León, José Antonio Diez o la lideresa de UPL, Alicia Gallego, entre otros.

El contexto económico y político ha centrado buena parte de los discursos de la jornada, en los que se ha apelado a la movilización social como vía para frenar desigualdades y consolidar avances, más ante el previsible pacto de gobierno de Castilla y León entre PP y Vox que se espera para después de las elecciones andaluzar. CCOO y UGT han reivindicado, una vez más, el papel del movimiento sindical en la defensa del Estado del bienestar y han llamado a mantener la presión social.

El mes de abril del año pasado la Delegación Territorial de la Junta en León acogió la primera reunión de lo que fue un grupo de trabajo que tenía como objetivo diseñar un estudio para paliar la crisis socioeconómica que persiste en la provincia de León, contando con la propia Junta, los sindicatos y representantes empresariales de la provincia. A pesar de que se había anunciado una segunda reunión para el mes de junio, esta nunca se llegó a realizar. Con ello, aquella especie de 'Mesa por León 2.0' comienza a apuntar al mismo resultado que su inspiración original.

Fue el 14 de abril de 2025 cuando los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones anunciaron junto a los representantes sindicales de UGT, USO, CGT y CCOO en León la creación de este grupo de trabajo como respuesta a la manifestación que había tenido lugar un mes antes en la capital leonesa y en la que los ciudadanos de León reclamaron soluciones ante la crisis que experimenta desde hace décadas la provincia.

Nacía sin calendario y sin acciones concretas, salvo la reunión que se suponía que tenía que llevarse a cabo el mes de junio y es precisamente esta fecha (la única medianamente acotada) la que no ha llegado a realizarse.

Según las explicaciones del consejero Suárez-Quiñones, presente en la reunión, el grupo trabajaría sobre un documento elaborado con anterioridad, llamado 'León-Horizonte 2030'. Se trata del único 'resultado' real y tangible que derivó de la original Mesa por León encargado por la Diputación de León por 161.722,94 euros a la empresa pública Tragsa.

El documento, después de dos años de retraso, se hizo público sin anuncio en la web, cuando ya no existía la Mesa por León, que se dio por disuelta en el año 2021 (un año después de su creación).

En cualquier caso, aquel documento constaba de un conjunto de conclusiones obvias sobre las fortalezas, debilidades y necesidades de la provincia, sin aportar soluciones factibles.

Aunque el clima general de la reunión, según palabras de Suárez-Quiñones aquel 14 de abril, había sido positivo, el escaso resultado de este grupo de trabajo ha comenzado a agriar las esperanzas de sindicatos, que han recordado este miércoles 29 de abril los retrasos de las reuniones prometidas y la inexistencia de un estudio sobre el estado de la provincia y las soluciones prácticas a su crisis.

“En junio íbamos a tener la reunión, hace casi un año que no nos convocan”, ha criticado el secretario general de UGT de León, Enrique Reguero, quien añade, aludiendo a la polémica gestión del consejero Suárez-Quiñones durante la gran oleada de incendios forestales del pasado verano: “Han pasado cosas por el medio, todos sabemos que un consejero no ha pasado por sus mejores momentos y ha decidido no convocar estas reuniones”.

Antes del inicio de la oleada de incendios, y cuando ya había pasado el plazo para convocar la segunda reunión con sindicatos, la Junta se reunió con representantes empresariales de la provincia durante el mes de julio. Fue entonces cuando la administración autonómica aseguró que se encontraban “ultimando” el documento derivado de estas dos primeras y únicas reuniones (una con sindicatos y otra con empresarios) en el que analizar el cumplimiento de los compromisos del plan ‘León Horizonte 2030’ pero también incluir nuevas actuaciones. Por ahora, no se conoce la existencia ni el contenido de este documento.

CCOO y UGT ya han alertado de que las multitudinarias manifestaciones por el futuro de la provincia de León, que en 2020 derivaron en la original Mesa por León y en 2025 en el citado grupo de trabajo, podrían repetirse un año más: “A día de hoy no tenemos Gobierno formado, en el momento en el que esté formado volveremos a exigir esa reunión y ese estudio que ya tienen que tener encima de la mesa y que a nosotros no se nos ha aportado”, reclama la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco.

Se cumple así un año, el mismo periodo de tiempo que sobrevivió la genuina 'Mesa por León' y su sucesora, a falta de nuevas reuniones de diálogo o un documento derivado, podría sufrir el mismo destino.

León ha acogido este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una nueva movilización de los sindicatos UGT y CCOO para denunciar las cifras de siniestralidad laboral y reclamar cambios normativos y refuerzos en la prevención. La concentración principal en la capital leonesa se ha celebrado frente a la sede de la Patronal, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), en el marco de una convocatoria simultánea en todas las provincias de Castilla y León y también con acto en la comarca de El Bierzo.

El foco de la protesta ha estado en los datos registrados en 2025, que reflejan una elevada incidencia de accidentes laborales. En el conjunto de la provincia de León se contabilizaron 10.238 siniestros, de los cuales seis tuvieron resultado mortal. Estas cifras se enmarcan en un contexto autonómico igualmente preocupante, con 62.651 accidentes de trabajo y 53 fallecidos en Castilla y León durante el pasado año.

De forma más detallada, en la comarca de El Bierzo se registraron 1.065 accidentes laborales en 2025, con cuatro víctimas mortales, lo que subraya el peso de la siniestralidad sobre todo en esta comarca.

Durante las concentraciones, ambos sindicatos han recordado a las personas que perdieron la vida o la salud como consecuencia del trabajo y han insistido en la necesidad de actuar “de forma eficaz e inmediata”. Entre sus principales reivindicaciones figura el cumplimiento estricto de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, así como su actualización para adaptarla a los cambios del mercado laboral.

En este sentido, han puesto el acento en los nuevos riesgos derivados de la digitalización, el impacto del cambio climático, el envejecimiento de la población trabajadora o la creciente incorporación de mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados. También han advertido sobre el impacto en la salud mental, señalando problemas como la falta de desconexión digital o la monitorización constante en el entorno laboral.

Coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, declarado además como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT y CCOO han reclamado la actualización del cuadro de enfermedades profesionales para incluir, entre otras, las patologías mentales vinculadas al trabajo y dotarlo de perspectiva de género.

Asimismo, han exigido un refuerzo de los recursos de la Inspección de Trabajo y de los organismos autonómicos de prevención, junto con la creación de juzgados especializados en materia de seguridad y salud laboral. Los sindicatos han defendido que el diálogo social debe seguir siendo una herramienta clave para avanzar en políticas públicas que reduzcan la siniestralidad.