La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha llevado a cabo este sábado en Casares de Arbas la entrega a sus familiares de los restos exhumados por el colectivo en el paraje Peña del campo comunal de Poladura de la Tercia, perteneciente al municipio de Villamanín, correspondientes a los represaliados Aurelio Rodríguez Martínez y Daniel Rodríguez Martínez.

Los restos, exhumados en 2025 gracias a las indicaciones de un vecino de Poladura de Tercia, Servando González, fueron inhumados en el cementerio vecinal junto a otros vecinos de Casares de Arbas, también víctimas de la dictadura franquista. La ARMH buscaba los cuerpos de dos personas y sólo encontró algunos restos en un estado deteriorado por el que no ha sido posible que un laboratorio genético les extraiga una secuencia de ADN.

Los cuerpos de las víctimas fueron buscados por voluntarios de la ARMH en julio de 2025, en un proceso condicionado por varias complicaciones. “Llegar a la fosa común fue extremadamente complicado debido a que se encontraba en medio del monte, a más de 1300 metros de altitud, y con un acceso muy difícil”, señala el colectivo.

Aurelio Rodríguez Martínez, jornalero y afiliado a la UGT, se incorporó voluntario al Ejército Popular de la República en febrero de 1937 para defender la legalidad republicana de los militares golpistas. Tenía 30 años cuando fue detenido en Casares de Arbas y asesinado el 3 de marzo de 1938 en el Monte de Poladura de la Tercia. Su compañera, María Cañón Morán, fue condenada a una pena de 20 años de reclusión menor y su cuñado Laurentino Cañón Morán fue asesinado en 1937 y exhumado por la ARMH en 2024 en Sena de Luna.

También jornalero y en este caso afiliado a la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y miembro del sindicato de Campesinos de Casares de Arbas, Daniel Rodríguez Martínez tenia 38 años, estaba casado y era padre de seis hijos. Fue asesinado en el Monte de Poladura de la Tercia. Su mujer, Cesárea Rodríguez Martínez, sufrió una terrible persecución política hasta ser condenada a 20 años de reclusión menor y su cuñado Lorenzo Rodríguez Martínez fue exhumado en 2024 por la ARMH en Sena de Luna.

Las familias de ambos han estado presentes en el acto y han portado los restos que pudieron encontrarse dentro de una urna funeraria que ha sido inhumada en un panteón en el que ya se encontraban enterradas otras víctimas de la represión franquista.

La ARMH lleva a cabo estas actuaciones con sus propios recursos económicos, proporcionados por sus socios, sin ningún tipo de subvención. El colectivo no solicita ayudas porque desde hace años reclama que “España deje de ser el único país del mundo que pretende buscar a los desaparecidos por la represión franquista convocando subvenciones y no considerándolo un derecho de todas las víctimas”.

El sindicato UGT se planta. Ha anunciado la ruptura de las negociaciones del convenio del sector del transporte por carretera en la provincia de León tras acusar a la patronal de mantener una postura de “bloqueo deliberado” y de plantear condiciones que, aseguran, “empobrecen a los trabajadores”.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha elevado el tono contra la patronal del sector, a la que acusa de “dinamitar la negociación colectiva” tras la cuarta reunión mantenida. El sindicato sostiene que las propuestas planteadas no constituyen una base real de acuerdo, sino “un ataque directo a las condiciones laborales y al poder adquisitivo” de las plantillas.

Según UGT, la oferta empresarial contempla subidas salariales insuficientes frente al incremento del coste de la vida. En concreto, denuncian que para 2026 se plantea un aumento del 2%, por debajo del IPC del 2,9% registrado en 2025, mientras que para los años 2027, 2028 y 2029 se propone únicamente un 1% anual. Una situación que, a su juicio, supondría consolidar la pérdida de poder adquisitivo durante los próximos años.

El sindicato advierte además de que las propuestas no se limitan al ámbito salarial, sino que incluyen medidas que, aseguran, vulneran derechos laborales e incluso la normativa vigente, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este contexto, acusan a la patronal “de priorizar beneficios empresariales a costa de la dignidad de los trabajadores”.

Ante esta situación, UGT ha decidido no acudir a nuevas reuniones en la Fele “mientras no se produzca una rectificación por parte de la patronal y se presente una propuesta digna”. Paralelamente, el sindicato ha convocado asambleas informativas para los trabajadores del sector el día 7 de mayo en Ponferrada, a las 10.30 y 19.30 horas, y el 11 de mayo en León en los mismos horarios.

La Unión General de Trabajadores también critica la contradicción de las empresas del sector, que denuncian la falta de conductores mientras, según el sindicato, no adoptan medidas que hagan más atractiva la profesión ni mejoren sus condiciones laborales.

El sindicato UGT de León ha sido objeto de un ataque fascista en su sede de León con la pintada de una esvástica en la puerta de su sede principal en la ciudad, desde donde partió precisamente la manifestación del Primero de Mayo celebrada este viernes 1.

UGT ha denunciado el ataque vandálico señalando “El odio se ha manifestado en forma de simbología totalitaria”, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, muy próxima a la sede sindical.

“No es solo una agresión contra nuestras siglas sino una embestida con los valores democráticas con los derechos de la clase trabajadora, hoy Primero de Mayo”, señalaba la pasada noche el secretario general leonés del sindicato, Enrique Reguero.

El sindicato ha pedido que “la ley actúe frente a quienes pretenden que el miedo sea el paisaje de nuestra convivencia”.

Cientos de personas han salido este jueves a las calles de León con motivo del Primero de Mayo en una manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos bajo el eslogan “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

La movilización, encabezada por los líderes sindicales provinciales Enrique Reguero (UGT) y Elena Blasco (CCOO), ha reunido a trabajadores, colectivos sociales, políticos y ciudadanos en una jornada marcada por el tono reivindicativo. Bajo el lema centrado en la defensa de la democracia y los derechos sociales, los participantes han coreado consignas en favor de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos. También han realizado una defensa del proceso de regularización de inmigrantes establecido por el Gobierno y han recordado el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas por realizar una acción sindical en Asturias.

Blasco ha lamentado “el rearme de la extrema derecha que se está dando en el ámbito europeo, en el ámbito nacional, en el ámbito de esta comunidad autónoma, y por consiguiente, también en esta provincia, en el que es un gobierno de retrocesos, de abandono de todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora y que limitan y mucho de una manera catastrófica el poder desarrollar políticas sociales y políticas públicas”.

Reguero ha recordado que “estamos viendo que estamos siendo como León seguimos siendo de las peores provincias de España en casi todos los indicadores socioeconómicos”. Por ello ha exigido a la Junta de Castilla y León que convoque la reuniónd de un mesa para León prometida hace un año “para empezar a desbloquear un convenio de inversiones y de futuro para nuestra tierra”. “Están más pendientes de quién van a ocupar los sillones en ahora mismo en las Cortes de Castilla y León”, reprochó para “animar a la ciudadanía leonesa a luchar a salir a las calles y a reivindicar un futuro para nuestra tierra que yo creo que tiene que tiene que ir en esa línea”.

La celebración del Día del Trabajo en la capital leonesa ha congregado a un buen número de políticos como el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la número 2 del PSOE autonómico, Nuria Rubio; el alcalde de León, José Antonio Diez o la lideresa de UPL, Alicia Gallego, entre otros.

El contexto económico y político ha centrado buena parte de los discursos de la jornada, en los que se ha apelado a la movilización social como vía para frenar desigualdades y consolidar avances, más ante el previsible pacto de gobierno de Castilla y León entre PP y Vox que se espera para después de las elecciones andaluzar. CCOO y UGT han reivindicado, una vez más, el papel del movimiento sindical en la defensa del Estado del bienestar y han llamado a mantener la presión social.

El mes de abril del año pasado la Delegación Territorial de la Junta en León acogió la primera reunión de lo que fue un grupo de trabajo que tenía como objetivo diseñar un estudio para paliar la crisis socioeconómica que persiste en la provincia de León, contando con la propia Junta, los sindicatos y representantes empresariales de la provincia. A pesar de que se había anunciado una segunda reunión para el mes de junio, esta nunca se llegó a realizar. Con ello, aquella especie de 'Mesa por León 2.0' comienza a apuntar al mismo resultado que su inspiración original.

Fue el 14 de abril de 2025 cuando los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones anunciaron junto a los representantes sindicales de UGT, USO, CGT y CCOO en León la creación de este grupo de trabajo como respuesta a la manifestación que había tenido lugar un mes antes en la capital leonesa y en la que los ciudadanos de León reclamaron soluciones ante la crisis que experimenta desde hace décadas la provincia.

Nacía sin calendario y sin acciones concretas, salvo la reunión que se suponía que tenía que llevarse a cabo el mes de junio y es precisamente esta fecha (la única medianamente acotada) la que no ha llegado a realizarse.

Según las explicaciones del consejero Suárez-Quiñones, presente en la reunión, el grupo trabajaría sobre un documento elaborado con anterioridad, llamado 'León-Horizonte 2030'. Se trata del único 'resultado' real y tangible que derivó de la original Mesa por León encargado por la Diputación de León por 161.722,94 euros a la empresa pública Tragsa.

El documento, después de dos años de retraso, se hizo público sin anuncio en la web, cuando ya no existía la Mesa por León, que se dio por disuelta en el año 2021 (un año después de su creación).

En cualquier caso, aquel documento constaba de un conjunto de conclusiones obvias sobre las fortalezas, debilidades y necesidades de la provincia, sin aportar soluciones factibles.

Aunque el clima general de la reunión, según palabras de Suárez-Quiñones aquel 14 de abril, había sido positivo, el escaso resultado de este grupo de trabajo ha comenzado a agriar las esperanzas de sindicatos, que han recordado este miércoles 29 de abril los retrasos de las reuniones prometidas y la inexistencia de un estudio sobre el estado de la provincia y las soluciones prácticas a su crisis.

“En junio íbamos a tener la reunión, hace casi un año que no nos convocan”, ha criticado el secretario general de UGT de León, Enrique Reguero, quien añade, aludiendo a la polémica gestión del consejero Suárez-Quiñones durante la gran oleada de incendios forestales del pasado verano: “Han pasado cosas por el medio, todos sabemos que un consejero no ha pasado por sus mejores momentos y ha decidido no convocar estas reuniones”.

Antes del inicio de la oleada de incendios, y cuando ya había pasado el plazo para convocar la segunda reunión con sindicatos, la Junta se reunió con representantes empresariales de la provincia durante el mes de julio. Fue entonces cuando la administración autonómica aseguró que se encontraban “ultimando” el documento derivado de estas dos primeras y únicas reuniones (una con sindicatos y otra con empresarios) en el que analizar el cumplimiento de los compromisos del plan ‘León Horizonte 2030’ pero también incluir nuevas actuaciones. Por ahora, no se conoce la existencia ni el contenido de este documento.

CCOO y UGT ya han alertado de que las multitudinarias manifestaciones por el futuro de la provincia de León, que en 2020 derivaron en la original Mesa por León y en 2025 en el citado grupo de trabajo, podrían repetirse un año más: “A día de hoy no tenemos Gobierno formado, en el momento en el que esté formado volveremos a exigir esa reunión y ese estudio que ya tienen que tener encima de la mesa y que a nosotros no se nos ha aportado”, reclama la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco.

Se cumple así un año, el mismo periodo de tiempo que sobrevivió la genuina 'Mesa por León' y su sucesora, a falta de nuevas reuniones de diálogo o un documento derivado, podría sufrir el mismo destino.

León ha acogido este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una nueva movilización de los sindicatos UGT y CCOO para denunciar las cifras de siniestralidad laboral y reclamar cambios normativos y refuerzos en la prevención. La concentración principal en la capital leonesa se ha celebrado frente a la sede de la Patronal, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), en el marco de una convocatoria simultánea en todas las provincias de Castilla y León y también con acto en la comarca de El Bierzo.

El foco de la protesta ha estado en los datos registrados en 2025, que reflejan una elevada incidencia de accidentes laborales. En el conjunto de la provincia de León se contabilizaron 10.238 siniestros, de los cuales seis tuvieron resultado mortal. Estas cifras se enmarcan en un contexto autonómico igualmente preocupante, con 62.651 accidentes de trabajo y 53 fallecidos en Castilla y León durante el pasado año.

De forma más detallada, en la comarca de El Bierzo se registraron 1.065 accidentes laborales en 2025, con cuatro víctimas mortales, lo que subraya el peso de la siniestralidad sobre todo en esta comarca.

Durante las concentraciones, ambos sindicatos han recordado a las personas que perdieron la vida o la salud como consecuencia del trabajo y han insistido en la necesidad de actuar “de forma eficaz e inmediata”. Entre sus principales reivindicaciones figura el cumplimiento estricto de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, así como su actualización para adaptarla a los cambios del mercado laboral.

En este sentido, han puesto el acento en los nuevos riesgos derivados de la digitalización, el impacto del cambio climático, el envejecimiento de la población trabajadora o la creciente incorporación de mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados. También han advertido sobre el impacto en la salud mental, señalando problemas como la falta de desconexión digital o la monitorización constante en el entorno laboral.

Coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, declarado además como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT y CCOO han reclamado la actualización del cuadro de enfermedades profesionales para incluir, entre otras, las patologías mentales vinculadas al trabajo y dotarlo de perspectiva de género.

Asimismo, han exigido un refuerzo de los recursos de la Inspección de Trabajo y de los organismos autonómicos de prevención, junto con la creación de juzgados especializados en materia de seguridad y salud laboral. Los sindicatos han defendido que el diálogo social debe seguir siendo una herramienta clave para avanzar en políticas públicas que reduzcan la siniestralidad.

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado, aunque por separado en León, el bloqueo de la Consejería de Educación en el desarrollo del acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2025 para la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Ambas organizaciones coinciden en señalar la falta de avances reales y la ausencia de voluntad negociadora por parte de la Administración autonómica.

UGT Enseñanza León ha convocado una concentración de docentes en la sede provincial de Educación para visibilizar el malestar del sector tras un trimestre en el que apenas se ha celebrado una reunión de seguimiento del acuerdo y sin resultados concretos. El sindicato critica que los encuentros mantenidos han sido “meramente formales”, sin propuestas ni calendario de negociación, lo que ha generado una creciente sensación de “engaño y hartazgo” entre el profesorado .

En la misma línea, CCOO Enseñanza León ha iniciado un calendario de concentraciones en la provincia, con protestas en el instituto público Legio VII de León y en el Beatriz Ossorio de Fabero, dentro de una movilización extendida a toda Castilla y León. El sindicato exige el desbloqueo inmediato de las negociaciones y denuncia que la Consejería mantiene paralizadas medidas clave que deberían aplicarse el próximo curso .

Entre las principales reivindicaciones compartidas por ambos sindicatos destacan la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años, el reconocimiento de la función tutorial y una mejora efectiva de la atención a la diversidad, así como la reducción de la carga burocrática y el refuerzo de personal en los centros educativos. En el caso de CCOO, subrayan además que muchas de estas medidas ya se aplican en otras comunidades autónomas, lo que evidencia el retraso de Castilla y León en su implantación .

Las organizaciones sindicales coinciden también en criticar la falta de respuesta de la Administración a las propuestas presentadas hace meses. Según CCOO, la Consejería ha optado por dilatar los plazos sin abordar contenidos reales en las reuniones, mientras que UGT denuncia la inexistencia de planificación y compromisos concretos que permitan avanzar en el acuerdo.

Ante esta situación, ambos sindicatos advierten de que mantendrán e intensificarán las movilizaciones si no se producen avances inmediatos. Mientras UGT llama a la participación del profesorado para defender unas condiciones laborales dignas, CCOO insiste en la necesidad de una respuesta firme y no descarta continuar con protestas, tanto de forma conjunta como en solitario, para forzar el desbloqueo de las negociaciones.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y Léon ha informado este lunes que el ala izquierda de la segunda planta del Hospital Monte San Isidro, perteneciente al Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), afectada por chinches, como denunció el sindicato UGT, fue reabierta el domingo tras la limpieza exhaustiva de toda la zona afectada.

Sacyl ha detallado que el pasado miércoles, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital avisó de tres casos de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del Hospital Monte San Isidro afectadas por picaduras compatibles con chinches.

Posteriormente, desde la Supervisión de Enfermería de ese hospital, se comunicaron otros dos posibles casos en otras dos TCAE, prestando servicio todos los trabajadores afectados en el ala izquierda de la planta segunda del centro sanitario. Además, en el comunicado se desmiente la información sindical de que se viera afectado algún paciente de los atendidos en esta zona del hospital.

La sospecha es que los chinches proceden de un sillón trasladado por las trabajadoras desde otro punto del hospital a la sala de personal de esa segunda planta, según declaraciones de los propios trabajadores en las indagaciones realizadas.

Asimismo, desde el Sacyl se ha recalcado que el mismo miércoles se estableció la desinfección de las zonas comunes de la unidad donde se registran los casos y, tras 24 horas, la limpieza exhaustiva de toda la zona finalizó, trasladando a los nueve pacientes que se encontraban en el ala a otras zonas. “El ala está abierta desde este domingo y hubiera sido posible abrirla el viernes por la tarde, pero al ser la ocupación muy baja se aplazó a ese día y desde entonces se trabaja con normalidad y no ha habido nuevos casos”, se ha apuntado desde el Sacyl.

Hay que recordar que estos hechos provocó la denuncia del sindicato UGT al considerar que se trataba de una situación “extremadamente grave y difícil de justificar” en un centro sanitario, donde las condiciones higiénico-sanitarias deben estar garantizadas en todo momento.

Asimismo, la organización recalcó que había sido evidente que los protocolos de control de plagas no habían funcionado correctamente o no se han aplicado con el rigor necesario.

Críticas de UPL

El asunto dio hoy también el salto al ámbito político al criticar Unión del Pueblo Leonés (UPL), a través de su secretaria de Sanidad, Rosa M. Quintanilla, estas “situaciones que se están produciendo en la sanidad pública” de manos de la Junta, entendiendo que este tipo “episodios no pueden producirse en centros sanitarios públicos, donde deben de garantizarse en todo momento unas condiciones adecuadas tanto para los pacientes como para los profesionales”.

A su juicio, además de “inaceptable” que se den circunstancias que obliguen al cierre de unidades hospitalarias, se “evidencian posibles deficiencias en la gestión, mantenimiento e inspección de las instalaciones sanitarias”, motivo por el que la formación exige a la Consejería que “se depuren responsabilidades y se actúe con la máxima celeridad para evitar que situaciones similares se vuelvan a repetir”, porque les preocupa, dicen, que este tipo de situaciones “generan alarma social y deterioran la confianza en el sistema público de salud”.

Lo enmarcan, además, en una serie de deficiencias concretas del Hospital Monte San Isidro “sobre la que se ha advertido a través de distintas iniciativas de UPL en las Cortes”, como por ejemplo cuando “se denunció el calor excesivo que tenía durante el verano, sobre todo en pacientes con patologías graves y para los propios trabajadores”.

El sindicato UGT denuncia el cierre de una planta completa del hospital público Monte San Isidro de león, que forma parte del complejo asistencial universitario de la capital (Caule), a causa de una plaga de chinches. El centro, que se especializa en cuidados paliativos y procesos de media estancia, está sufriendo según fuentes sindicales una situación que habría provocado picaduras tanto en pacientes como en trabajadores. Ese es el motivo que aducen para el cierre de la segunda planta del hospital.

La central sindical ha informado, a través de un comunicado de prensa, de que la planta tuvo que ser cerrada desde la tarde del pasado miércoles para proceder a las labores de desinfección y control de la plaga.

Desde el sindicato se ha considerado que se trata de una situación “extremadamente grave y difícil de justificar” en un centro sanitario, donde las condiciones higiénico-sanitarias deben estar garantizadas en todo momento.

Según UGT, lo ocurrido pone en evidencia la “falta de control y prevención” por parte de la dirección del hospital, que como ha recordado, está obligada a garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para pacientes y trabajadores. Asimismo, el sindicato ha recalcado que es evidente que los protocolos de control de plagas no han funcionado correctamente o no se han aplicado con el rigor necesario.

Por ello, desde UGT se ha exigido a la gerencia del hospital que deje a un lado el hermetismo al que acostumbra y ofrezca explicaciones pertinentes, además de la revisión de los protocolos de control de plagas y adoptar medidas que garanticen que ni pacientes ni profesionales vuelvan a verse expuestos a otra situación similar. Desde el sindicato se ha advertido de que la seguridad de pacientes y profesionales debe ser “una prioridad absoluta y que hechos como este no pueden volver a repetirse”.

La maquinaria que explotó el pasado 8 de enero en la cocina del Hospital de León, por fortuna sin causar heridos, no había pasado las revisiones periódicas establecidas por el fabricante, según recoge el informe elaborado por la Inspección de Trabajo tras el accidente y que ha dado a conocer, entre críticas, el sindicato UGT de León.

El equipo siniestrado era un cocedero de vapor instalado en 1992 (hace 34 años) que, de acuerdo con las conclusiones del inspector, se encontraba en funcionamiento sin que se hubieran realizado los controles técnicos necesarios recogidos en su ficha técnica. Estas revisiones, apunta el informe, podrían haber servido para evitar el incidente.

La investigación también señala que el aparato arrastraba numerosos problemas de funcionamiento desde hace años. En concreto, constan múltiples incidencias y reparaciones desde 2019 relacionadas con fallos en la presión, problemas en el sistema de apertura de la puerta, fugas y distintos fallos mecánicos.

Según el informe de la Inspección de Trabajo, se ha estado utilizando un equipo de trabajo en el que no se garantizaba totalmente la seguridad y salud de los trabajadores, lo que ha motivado la actuación inspectora tras la explosión registrada en las instalaciones de cocina del complejo hospitalario leonés.

“Inacción y desidia”

A raíz de estas conclusiones, el área de Sanidad del sindicato UGT ha criticado lo que considera una situación derivada de la “inacción y desidia” de los responsables del centro sanitario. La organización sindical advierte de que este tipo de situaciones pueden tener consecuencias graves tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.

El sindicato recuerda además que la normativa vigente establece que el empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo la prevención, la información y la formación, obligaciones que, a su juicio, “se han incumplido en este caso”.

UGT considera “inaceptable” que en un centro sanitario se mantengan en funcionamiento equipos con más de 30 años de antigüedad y con un historial prolongado de averías, al entender que esto supone un riesgo potencial para la seguridad laboral. Por ello, el sindicato ha reclamado a la Gerencia del Hospital de León la depuración de responsabilidades que correspondan tras el accidente.

El 40.º aniversario del referéndum para la permanencia de España en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y la situación bélica mundial confluyen en una doble convocatoria este jueves 12 de marzo en León capital. La primera tendrá lugar a las 17.00 horas con un acto político en la sede de Izquierda Unida (Calle Ramón y Cajal, 29) con la presencia del responsable de Solidaridad Internacional de la coalición, Manu Pineda. Y la segunda será a las 19.00 horas con una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno respaldada por un buen número de colectivos bajo el lema ‘OTAN no, bases fuera. OTAN, de salida, sí’.

Pineda estará arropado por miembros de la candidatura por León a las Cortes autonómicas, encabezados por su número uno, Sergio Carro. Y se desplazarán a las 19.00 horas a la Subdelegación del Gobierno para asistir a la concentración promovida por la Coordinadora No a la Guerra. No a la OTAN. Hasta 25 colectivos leoneses respaldan esta iniciativa, hablan de “referéndum trampa” (el PSOE, en el Gobierno en 1986, se mostró inicialmente a favor de salir de la Alianza Atlántica para finalmente defender la permanencia) y reivindican “el derecho soberano de los pueblos a no formar parte de esta estructura militar”.

Durante la concentración, se leerá un manifiesto conjunto acordado por todas las entidades participantes, que pretenden mostrar su “unidad ante el actual contexto internacional de creciente tensión y conflictos bélicos”, así como su “rechazo a la guerra, a la estructura militar de la OTAN y a la presencia de bases militares vinculadas a esta alianza”.

Las organizaciones convocantes, integradas en el denominado Movimiento OTAN No de León, son Agora País Llionés, Alantre, AISPAZ, Ateneo Varillas, Asociación Feminista Flora Tristán, CGT, CNT León, CJC, CCOO, Coordinadora No a la Guerra, No a la OTAN León, Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COSPAZ, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Llion con Palestina, Marea Palestina, PCE, PCPE, PCTE, Podemos, RAM, STELE, UGT, Asociación Teleno Libre y UJCE.

Comisiones Obreras ha acusado a la dirección de la empresa vidriera Tvitec, con sede en El Bierzo, de vulnerar los derechos de los trabajadores al impedir el acceso a las instalaciones para realizar la campaña informativa de las elecciones sindicales.

A través de un comunicado remitido este martes, la organización sindical denuncia un trato desigual con otros sindicatos, ya que aseguran que los representantes de UGT tienen facilidades para acceder a estos espacios.

Una situación “antidemocrática”, que CCOO ha vinculado al conflicto laboral que mantiene con la empresa desde 2024, derivado de varias reclamaciones relacionadas con las condiciones de trabajo y el cumplimiento del convenio colectivo.

Irregularidades

Entre las principales cuestiones denunciadas por CCOO figuran supuestos incumplimientos en el pago de las pagas extraordinarias, irregularidades en el cálculo de las horas extraordinarias y la modificación unilateral de complementos de producción por parte de la dirección.

También critican el incumplimiento de acuerdos firmados con el comité de empresa y la negativa de la compañía a regularizar la clasificación profesional de la plantilla.

Este sindicato, además, ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, relacionadas con el pago incorrecto de las vacaciones y el uso de empresas de trabajo temporal (ETT) para cubrir puestos estructurales dentro de la plantilla.

Una nueva víctima mortal en accidente de trabajo en la provincia de León. ILEÓN ha podido confirmar que el joven empleado de 27 años de una empresa de telecomunicaciones que ayer lunes recibió un fuerte golpe en la cabeza cuando trabajaba bajo una torre eléctrica de tensión en el pueblo de Villarroquel, en el municipio de Cimanes del Tejar, en el alto Órbigo, ha perdido finalmente la vida a pesar de la urgencia con la que fue trasladado en helicóptero al Hospital de León y atendido por los servicios sanitarios.

El empleado presentaba una situación de extrema gravedad desde que en el primer momento fue ya atendido por personal sanitario procedente del Centro de Salud de Benavides de Órbigo, el punto más cercano a donde sufrió el accidente, y en la no muy larga espera a la llegada del helicóptero sanitario de urgencias de la Junta de Castilla y León. Y es que la base de este helicóptero se encuentra en Astorga, a muy corta distancia del pueblo donde ocurrió el siniestro laboral.

El suceso había ocurrido muy poco después de las once de la mañana, en concreto a las 11.08, según una serie de llamadas registradas en la Sala de Operaciones de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León, que fue quien activó toda la coordinación para actuar lo antes posible. El siniestro había ocurrido en un monte de la localidad de Villarroquel, cuando en un momento dado, y por causas que no han trascendido, un gran objeto de hierro se desprendió de una torre de tensión eléctrica y fue a impactar en la cabeza del trabajador, de 27 años de edad.

Aunque también se envió una ambulancia de soporte vital básico, con la ayuda del helicóptero sanitario fue rápidamente trasladado e ingresado en el Hospital de León, donde ya nada se pudo hacer por mantenerle con vida por la extrema gravedad de las heridas sufridas.

Otro hace una semana, y críticas sindicales

Hace justo una semana que tuvo lugar otro siniestro laboral en la provincia de León, al resultar atropellado mortalmente por un coche un operario de carreteras de la Junta de Castilla y León mientras realizaba labores de mantenimiento y desbroce en las proximidades del cruce de Manzaneda de Torío en la carretera LE-311 León-Collanzo, la travesía principal que vertebra la comarca del Torío.

El sindicado CCOO Industria León ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de un nuevo trabajador. En estos momentos de dolor, trasladamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador fallecido“, ha apuntado la organización sindical en un comunicado, pidiendo que se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido y en que se adopten las medidas necesarias conforme a los procedimientos establecidos.

El sindicato UGT ha denunciado este sábado “falta de mantenimiento” en la cocina del Hospital de León tras la explosión de una máquina el pasado jueves, que dejó fuera de servicio parte de las instalaciones.

El sindicato ha aclarado, a través de un comunicado, que la explosión de la máquina no fue un calientaplatos como se trasladó desde la Gerencia del centro hospitalario, sino un horno de cocción al vapor.

UGT ha señalado que tras hablar con los trabajadores les han trasladado que tanto la plantilla de cocina como la dirección del hospital conocían que el horno que ha sufrido la explosión llevaba años presentando un mal funcionamiento, a la vez que los propios trabajadores han denunciado que la “falta de mantenimiento en los aparatos de cocina es la práctica habitual con cables y equipos en mal estado”.

“Desconocemos si se han llevado a cabo revisiones o mantenimiento de dicho equipo, se ha solicitado información a la Gerencia del hospital, que aún no nos ha sido proporcionada”, ha puntualizado el sindicato.

Los trabajadores también han trasladado a la central sindical, que 15 días antes del accidente, alguno de los cocineros había mostrado su preocupación ya que el horno que ha explotado marcaba una presión mayor a la de su normal funcionamiento, superando en ocasiones la marca de seguridad.

UGT ha asegurado que está situación fue transmitida a sus superiores y “desconocemos si se tomaron medidas en ese momento, pero a tenor de lo sucedido podemos sospechar que no se hizo”.

La central sindical ha subrayado que dada la gravedad de la explosión ha sido el “puro azar el no tener que lamentar víctimas” ya que unos minutos antes del suceso se encontraban en el lugar los cocineros del turno de mañana en la sala de preparación donde se registró la explosión.

Asimismo, UGT ha denunciado que tras el suceso se personó en el lugar personal de dirección y técnico y que la mayor preocupación por parte de la Gerencia del hospital era que los trabajadores no hicieran fotos ni vídeos de cómo habían quedado las instalaciones. 

Enrique Reguero, secretario general de UGT en la provincia leonesa, ha reclamado este martes un pacto territorial para León con capacidad de decisión, inversión y reconocimiento territorial.

Una petición que Reguero ha trasladado en una rueda de prensa en la que ha exigido bloquear el “centralismo empobrecedor -en referencia al gobierno autonómico- vivienda social y conectividad en la zona rural”.

El líder ugetista también ha reivindicado para 2026 que los bomberos forestales dispongan de un contrato fijo y trabajen durante todo el año, un refuerzo de los servicios públicos con incrementos de plantillas en todas las administraciones, regulación de la inteligencia artificial para proteger los derechos laborales frente a la automatización y capacidad de decisión local sobre los recursos leoneses sin depender de las administraciones.

Una lista que ha completado con la necesidad de un plan de empleo estable ligado a los sectores energéticos, logísticos, industriales, a la digitalización y a los cuidados, con el objetivo de “desterrar la resignación y abrazar la esperanza con hechos, empleo digno, justicia social y respeto a nuestra identidad y que seamos capaces de reivindicar nuestro futuro”.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Reguero ha realizado un balance del año que ahora termina que ha calificado como “intenso” y en el que ha habido “más sombras que luces y en el que León ha seguido siendo una provincia marginada en la Comunidad y en España”.

A este respecto, ha apuntado que la economía leonesa apenas creció un 1,6% en 2025, mientras otras provincias crecen el doble, y que mantiene una de las peores tasas de actividad de todo el país, a lo que ha sumado los 20.600 parados que afecta sobre todo a los mayores de 55 años, jóvenes y mujeres, mientras que los 140.000 pensiones “sostienen una parte fundamental de la economía leonesa”.

A los datos macroeconómicos, ha sumado el cierre de importantes empresas en la provincia como ha sido el de la planta azucarera de La Bañeza.

Asimismo, se ha mostrado muy crítico con los “proyectos eternamente prometidos y eternamente bloqueados”, entre los que ha citado el polígono ferroviario de Torneros, la ronda norte de León, la autovía de Valladolid, la olvidada Ruta de la Plata, el Teatro Emperador o la segunda fase del Hostal San Marcos, por lo que ha trasladado que no “queremos ya más anuncios, sino la ejecución real de todos y cada uno de los proyectos anunciados”.

También ha recordado la gran movilización de la ciudadanía leonesa del pasado 16 de febrero exigiendo un futuro digno para León, la cuarta en los últimos años, que consiguió crear un grupo de trabajo con la Junta con el objetivo de diagnosticar las necesidades de la provincia, tomando como referencia el plan 'León, Horizonte 2030'.

En este sentido, ha reprochado que los sindicatos tenían prevista una reunión para junio con consejeros de la Junta para avanzar en dicho plan y acabando diciembre “todavía no tenemos fecha”, por lo que ha exigido el compromiso de todas las administraciones y la necesidad de que la provincia “recupere su voz y su futuro”.

No ha olvidado la devastación de los incendios forestales de este verano con varios fallecidos o la muerte de mineros mientras trabajaban por lo que ha pedido “más inspección, más cultura preventiva y compromiso empresarial así como una nueva ley de prevención de riesgos laborales, porque el empleo digno también empieza por volver vivo a casa”.

Por último, ha recordado que UGT se ha convertido en la primera fuerza sindical de la provincia y que uno de los objetivos para 2026 es negociar los 13 convenios colectivos pendientes, como son los de comercio, hostelería y transporte, que afectan a más de 10.000 trabajadores.

UGT ha denunciado este lunes la “situación insostenible y absolutamente inaceptable” que, a su juicio, vive el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por la prolongada ausencia de interventor municipal, un puesto clave para garantizar la legalidad y el funcionamiento económico del Consistorio. Según el sindicato, gobernado en minoría por Unión del Pueblo Leonés (UPL), el municipio está ya sumido en “un punto de colapso” que afecta tanto a la plantilla como al conjunto de la ciudadanía.

La organización sindical recuerda que el Gobierno municipal conocía desde hace meses la gravedad del problema y aun así “ha permitido que la situación se agrave sin adoptar soluciones reales ni urgentes”. Como ejemplo de las consecuencias, UGT señala que el mes pasado los trabajadores municipales cobraron sus salarios con 20 días de retraso, un hecho que, según advierten, “todo apunta a que volverá a repetirse este mes”. “Estamos ante una dejación de funciones inadmisible. La corporación sabía lo que iba a ocurrir y aun así no ha actuado. Las consecuencias las pagamos los trabajadores y, en última instancia, la ciudadanía”, lamenta el sindicato.

Más allá del pago de nóminas, la ausencia de interventor está generando “bloqueos generalizados” en el funcionamiento municipal, retrasando trámites básicos y provocando “un deterioro profundo” en la gestión diaria. UGT alerta de que esta parálisis administrativa puede comprometer subvenciones y ayudas esenciales, lo que supondría “pérdidas irreparables para el municipio”.

El sindicato considera que la situación “ha superado todos los límites de tolerancia” y exige al Ayuntamiento que actúe “de manera inmediata, efectiva y urgente” para cubrir la plaza de intervención y restablecer la normalidad administrativa. “No puede seguir justificándose lo injustificable ni manteniendo una inacción que perjudica directamente a las trabajadoras, a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía”, concluye UGT.

UPL acusa a UGT de “doble rasero”

Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el equipo de Gobierno de UPL rechaza frontalmente las acusaciones de UGT y asegura que “es rotundamente falso” que exista dejación de funciones. Según sostienen, “desde hace meses se han impulsado todos los trámites y requerimientos necesarios para disponer de interventor”, una figura cuyo nombramiento, recalcan, “depende exclusivamente de la Junta de Castilla y León”. El Ejecutivo municipal insiste en que la ausencia de Interventor Titular desde octubre de 2024 responde a un escenario “complejo” ajeno a sus competencias y defiende que “en ningún momento se ha dejado de trabajar para mantener la actividad administrativa y garantizar el pago de las nóminas”.

Sobre el retraso salarial denunciado por el sindicato, el Ayuntamiento afirma que la nómina de noviembre “se cerró el día 27”, dentro del procedimiento interno, y que “ni aun teniendo interventor podría haberse abonado antes”, al existir “un plazo legal de diez días para la emisión del informe jurídico previo”. Además, recuerda que “fue UGT, entre otros sindicatos, quien presionó para aplicar todas las subidas salariales en el mismo mes”, algo que, a juicio del equipo de Gobierno, evidencia “un claro doble rasero” en las críticas. UPL reclama “prudencia y responsabilidad” y advierte de que “generar alarma entre la plantilla y la ciudadanía solo deteriora la imagen del municipio sin aportar soluciones reales”.

Los sidicatos UGT y CCOO denuncian la escasa implantación de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo en las empresas bercianas, pese a ser una obligación legal, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25N.

La responsable de Igualdad de UGT Bierzo, Mila Mancebo, ha incidido en que solo tres de cada diez empresas obligadas a tener Plan de Igualdad cuentan realmente con un protocolo de prevención del acoso, mientras que entre las pequeñas el porcentaje “no alcanza el cinco por ciento”. Esa falta de mecanismos internos provoca, a su juicio, que casos de acoso “queden ocultos” y sin un registro que permita dimensionar el problema.

Por su parte, la representante de CCOO, Ana Olego, indicó que las denuncias por este tipo de situaciones “se han triplicado en el último año”, aunque la mayoría no aflora en los datos oficiales.

Los sindicatos han estimado que solo un ocho por ciento de los casos se comunica formalmente ante un juzgado. Ambas organizaciones han reclamado a las administraciones medidas para impulsar la implantación de estos protocolos y reforzar la formación en igualdad, especialmente ante el aumento de la violencia de género en España, con 38 mujeres asesinadas este año.

También han advertido del preocupante incremento de menores implicados en este tipo de agresiones, un 52 por ciento más, y han abogado por combatir los discursos negacionistas que dificultan la prevención y la detección precoz de la violencia machista.

Los sindicatos se vestirán este 25 de noviembre con el color morado contra la violencia machista para sacar a la calle su lucha con el lema “Vivas, libres, unidas por la igualdad”.

El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha alertado de lo que considera un caso de “conducta antisindical” por parte de la dirección de Decathlon en León, en pleno proceso de elecciones sindicales, actualmente en curso según el calendario oficial de la empresa. La organización sindical asegura que varios de sus candidatos han sido despedidos durante las últimas semanas y reclama su “inmediata reincorporación” para que el proceso sea limpio.

Para denunciar esta situación, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT) ha convocado una concentración este miércoles 19 de noviembre, entre las 11.00 y las 12.00 horas, frente a la puerta principal de la tienda situada en el Centro Comercial Reino de León, en el barrio de La Granja, ya que es en este centro de trabajo donde se ciñen las elecciones

Al inicio de la protesta, a las 11.00 horas, está prevista la intervención de Enrique Reguero, secretario general de UGT León, y Héctor Yáguez, secretario autonómico de FeSMC-UGT, para exponer públicamente la situación que denuncian.

El proceso electoral en Decathlon León se encuentra actualmente en la fase de campaña, que se extiende del 14 al 20 de noviembre, mientras que la jornada de reflexión está fijada para el 21 de noviembre y la votación para el próximo sábado 22 de noviembre en horario de 12.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.00 horas.

Por ahora, se conoce que Comisiones Obreras (CCOO) no ha conseguido candidatura pero sí lo ha hecho el llamado Sindicato Grupo Independiente Colaboradores de Decathlon (SGICD), una formación que se denomina independiente y está promovida por la propia compañía. En muchos casos de comercios y centros de trabajo de esta multinacional, el llamado sindicato amarillo consigue ser siempre la única representación sindical.

Desde UGT advierten de que los ceses de personal afectado, todos ellos vinculados a la candidatura del sindicato, suponen “una vulneración grave de los derechos fundamentales de libertad sindical” y piden la implicación de la empresa para “poner fin a estas prácticas”.

El sindicato UGT de León ha anunciado este jueves que finalmente participará en la manifestación contra los efectos de los incendios forestales del verano organizada por la plataforma 'Respeto', de la que al mismo tiempo quieren diferenciarse y dejar claro que no integran.

UGT ha querido aclarar que, aunque no forman parte de la plataforma 'Respeto', eso no significa que “no comparta los objetivos de esa movilización”, programada para el 23 de noviembre en la capital leonesa para protestar por los efectos de los incendios forestales del verano y reclamar responsabilidades políticas.

“No estamos en esa plataforma, anunciada desde Valladolid, en la que participan diversos partidos políticos y otras organizaciones sindicales”, explican, aludiendo a la presentación pública que la plataforma organizó en Valladolid para darse a conocer y programar diferentes protestas a lo largo de la Comunidad y a los integrantes de la plataforma, entre los que destacan CCOO, PSOE e IU.

A pesar de la participaciónde UGT en la convocatoria para la provincia de León, reclaman a la plataforma que “concrete las medidas con las que espera que se revitalice el medio rural de León, teniendo en cuenta sus especiales características y el abandono institucional al que está sometido”. El sindicato apunta como uno de los males de esta provincia a la “adopción de medidas llegadas de fuera”.

El movimiento llamado 'Respeto', que impulsan once colectivos sociales, sindicatos y partidos políticos de Castilla y León, han presentado este lunes en una rueda de prensa en Valladolid la convocatoria el 23 de noviembre una gran manifestación en León capital para denunciar el abandono del medio rural por parte la Junta y pedir un operativo antiincendios cien por cien público, tras las tragedias sufridas este verano.

Se trata de una marcha para la que se fletarán autocares desde las nueve provincias y en la que han animado a la ciudadanía y a otras organizaciones a sumarse y participar, según han informado la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández; el secretario de Organización del PSOE CyL, Daniel de la Rosa; o el coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, entre otros.

La líder autonómica de CCOO, Ana Fernández, ha vinculado la pérdida de población en las provincias más afectadas por los incendios de este verano, en los que se calcinaron más de 150.000 hectáreas y fallecieron cuatro personas, fruto del “abandono del gobierno de la Junta de Castilla y León todos estos años” y ha asegurado que el decreto por el ejecutivo autonómico “no sirve” y ha provocado el rechazo de los trabajadores.

Sin UGT... ¿de momento?

A preguntas de los periodistas ante la ausencia de UGT, que también encabezó la manifestación de este movimiento en defensa de la democracia hace ya dos años, la sindicalista ha explicado están abiertos a que otras organizaciones se sumen y ha señalado que tendrán que ser ellos los que respondan “porque no están aquí, porque tendrán sus motivos”.

“En todo caso, nosotros estamos abiertos a que en el momento que ellos consideren participen en este en este movimiento respeto igual que lo hicieron anteriormente en todas las provincias en todas las zonas”, ha asegurado, antes de señalar que no descartan más movilizaciones por otros asuntos, como la sanidad.

Por su parte, Daniel de la Rosa (PSOE CyL) ha apelado a los castellanos y leoneses para que “reaccionen” y “salgan a la calle” contra la gestión de la Junta y decirle a Alfonso Fernández Mañueco (PP) que “su tiempo como presidente de la Junta ha llegado a su fin”.

De la Rosa ha hecho referencia a la dimisión del ya expresidente de Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su responsabilidad en la gestión de las consecuencias de la dana “un año más tarde”, ha reprochado que consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) debería haber dimitido por “vergüenza” y ha lamentado que el presidente autonómico parece “no estar por la labor”. “Tenemos la obligación de cesarlos en las urnas y en las próximas elecciones autonómicas”, ha asegurado.

Abandono del medio rural

El coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, ha denunciado “el deterioro” de los servicios públicos en el medio rural, que afecta a los jóvenes - con el cierre de Centro Rurales Agrupados (CRA) - pero sobre todo a los mayores de 65 años, por la ausencia de oficinas bancarias, un 84 por ciento de vacantes de médicos fuera de las ciudades - una competencia de la Junta.

También ha incidido en el desequilibrio entre las más de 50.000 plazas en las 727 residencias de mayores de la Comunidad, de las que sólo “3.650 depende de la Gerencia de Servicios Sociales” y ha remarcado que su objetivo es que la ciudadanía demuestre que “Mañueco tiene asumir su responsabilidad”.

En la presentación de esta manifestación también han participado Marina Echevarría (Sumar) que ha criticado que la consejería de Medio Ambiente está “perfectamente ausente en la sanción de los delincuentes medioambientales”, ha pedido la dimisión del consejero del área, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y ha reprochado que el ejecutivo autonómico vea el medio rural como un territorio a explotar y no a preservar.

Almudena Villarreal (Podemos) ha recordado la denuncia que presentó su formación ante la Fiscalía ante “los terribles incendios” que afectaron a la Comunidad y ha remarcado junto a la representante de la intersindical de Castilla y León, Cristina Fulconis, los daños que supone para la salud de las personas y la contaminación del agua.

“El pasado mes de agosto, la comarca de El Bierzo fue la zona más contaminada del planeta superando en más de 10 veces los niveles de partículas tóxicas en suspensión que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, ha asegurado Villarreal.

Manifiesto

Los impulsores del movimiento 'Respeto' han presentado un manifiesto en el que reclaman un operativo contra incendios y cien por cien público durante todo el año, ayudas urgente a las personas que hayan perdido su medio de vida, planificación de las infraestructuras energéticas para evitar su proliferación sin control, proteger vía legal la deslocalización de empresas en el medio rural y el cese inmediato del consejero de Medio Ambiente, entre otros.

“La incompetencia del PP para resolver estos desafíos en el pasado nos indica que ni podrá ni querrá abordarlos en el futuro, por lo que consideramos que es un buen momento para un cambio de política y de prioridades: las elecciones autonómicas será la oportunidad para hacer posible este cambio y será el momento en el que podremos lograr que haya respeto en Castilla y León”, concluye el texto.