La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre de 2026 es “una enmienda a la totalidad a cómo funciona un sistema capitalista feroz que se come a sí mismo”. Por eso, el llamamiento a la población de la provincia de León al paro completo y al “consumo cero” en esa jornada del 11N es para utilizar de manera masiva “el arma más poderosa” que los sindicatos convocantes ven en la huelga, para garantizar el cambio de políticas hacia la grave situación que viven las clases trabajadoras.

Esta es la filosofía desgranada por UGT, CCOO y CGT ante la proximidad de una jornada de huelga general que confían en que sea un éxito en la provincia leonesa, especialmente por la situación concreta que aqueja a León. Así lo remarcaron sus líderes provinciales, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, que hoy comparecieron para desgranar no solo los motivos sino también las movilizaciones previstas en esa jornada, acompañados por Guillermo Nieves, representante de la recién creada Asamblea Vivienda León.

Bajo la reivindicación general de “salarios dignos, vivienda y derechos para vivir mejor”, los motivos del paro total del miércoles se resume de manera sencilla en que es “un clamor” el hecho de que en León “nos cuesta excesivamente vivir, vivir de forma digna” y luchar contra ello “no va de elecciones”, defendió Blasco, porque similares protestas se viven en otros países, desde Francia a Bélgica o Portugal. La representante de Comisiones Obreras hizo un llamamiento a defender esa vida digna a través de la “ocupación de las calles” este miércoles.

La forma de hacerlo, además de a través de piquetes sindicales desde primera hora por centros de trabajo de la capital, será con tres movilizaciones principales en la provincia: a las doce del mediodía ante la Casa de Cultura de Villablino, a las siete de la tarde desde la Plaza de Lazúrtegui de Ponferrada, capital de El Bierzo, y a la misma hora desde la Plaza de San Marcos en León.

Reguero, como el resto de comparecientes, puso especial acento en los problemas actuales de vivienda, a la que hay que dedicar “más de la mitad de los salarios” que por otra parte se quedan escasos respecto al global encarecimiento de todo, culpa también, denunció, de un “bloqueo” de convenios con la Patronal que “no sé si es porque esperan a un cambio de Gobierno para poder hacer lo que tengan que hacer”.

La vivienda, en el punto de mira

López, por su parte, aseguró que la huelga general es hoy “la única manera para avanzar en derechos” y evitar que la sociedad se convierta en un grupo de “trabajadores pobres”, por lo que abogó por que “hay que paralizarlo todo” el miércoles. Especialmente coincidió con el representante del colectivo de Vivienda digna en León en cifras que demuestran el problema en León, donde sólo en la capital hay un parque de alquiler de apenas 170 pisos, frente a “más de 600 de alquiler turístico”, que exigen regular y limitar, o las 6800 casas vacías existentes. Nieves añadió que “dos de cada tres jóvenes deben dedicar más del 40% de su salario” para poder vivir de manera independiente bajo techo, por lo que también llamó a continuar con el “movimiento gigantesco” surgido a raíz del desahucio de Maricarmen en Madrid.

La Asamblea de Vivienda, además de piquetes universitarios desde las nueve de la mañana del miércoles 11 de noviembre, protagonizará una marcha por León desde Biológicas por varios institutos públicos, la plaza de Santo Domingo y final en la Subdelegación del Gobierno en León, en la Plaza de la Inmaculada.

Y la gran manifestación del cierre de la jornada de huelga general, que también hoy han asegurado secundar otras organizaciones políticas como Izquierda Unida o el Partido Comunista de León, tiene su arranque previsto ese mismo miércoles 11N desde la Plaza de San Marcos, por la Inmaculada, avenida de Roma, plaza de Guzmán, avenida Ordoño II, Independencia y calle Plegarias hasta desembocar finalmente en la Plaza de San Marcelo, en el corazón de la ciudad, donde se hará recuento de la jornada de protesta y se leerá el manifiesto conjunto sobre el paro.

¿Qué sensaciones se palpaban a la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975? “Había euforia, pero también cautela”, responde desde Lillo del Bierzo (Fabero) Lucita Prieto Vidal. No había pasado todavía un año del deceso del dictador cuando el arrojo pudo a cualquier otra consideración. “¡Pégame a mí si te atreves!”, le espetó a un guardia civil cuando encabezaba embarazada, con otra mujer también encinta, una marcha camino de la bocamina del pozo Marrón, donde casi un centenar de mineros, entre ellos su marido, llevaban días encerrados. “¡Me puse farruca!”, exclama ahora que se cumplen 50 años de aquellos días de 1976 en que lo que sucedía en las calles marcaba en cierta medida lo que se decidía en los despachos en el proceso de Transición a la democracia en España.

Las sensaciones en aquel momento de incertidumbre tenían un innegable componente generacional. “Los jóvenes, los que no habíamos vivido ni la Guerra ni la posguerra, teníamos ilusión. Los que tenían más edad tenían ilusión, pero también miedo. Decían: 'igual se vuelve a liar”, distingue desde Fabero José Antonio López Míster, que reconoce que aquel día de revueltas ante el encierro en el Pozo Marrón pasó “miedo” cuando se produjo una ráfaga de disparos de metralleta al aire. Había también entonces un componente sectorial. “La minería fue siempre una punta de lanza” en materia de conflictividad sociolaboral, subraya este antiguo sindicalista de Comisiones Obreras. Los mineros llevaban años de ventaja a otros trabajadores cuando en 1976 se desató la mayor oleada de huelgas en la historia reciente de España.

De hecho, la minería tenía dos ventajas de partida cuando se emprendió la lucha para que, después de que el dictador hubiese muerto en la cama, el franquismo pereciera en la calle. “Era en la provincia de León el sector más numeroso. Y también era el más organizado”, señala el historiador berciano Alejandro Martínez al aludir a las estructuras surgidas durante la huelgona de 1962 para crear comisiones de obreros que derivarían en las Comisiones Obreras, todavía ilegales en 1976 pero ya con un gran nivel de penetración en diferentes sectores. “Y es la movilización obrera la que hace descarrilar la posibilidad de un franquismo sin Franco”, sentencia Martínez, autor del libro Conquistar el pan y la libertad. Historia de las Comisiones Obreras en Laciana y El Bierzo (1962-1982).

La provincia, tan grande como diversa, viajaba a diferentes ritmos, en general por detrás otras más industrializadas donde la oleada huelguística (“la galerna” en expresión del entonces ministro de Exteriores, José María de Areilza) comenzó ya a finales del propio 1975 hasta propiciar un invierno caliente de protestas en el país. Y el carácter de los leoneses era “frío”. Lo dice, precisamente en un informe sobre la conflictividad laboral en ese año, el propio Gobierno Civil de León. “Quizá”, reza el documento, “a que predomina en la provincia, la población de tipo rural, por lo general más serena y conservadora, no se ha presentado en el año 1976 la actividad subversiva en alto grado de actuación, a lo que contribuye sin duda alguna el carácter apático y frío del leonés medio y no haber existido por otra parte líderes políticos o agitadores de talla, ni entre seglares ni entre clérigos”. León ya había sido elegida por su teórica condición de ciudad tranquila en 1970 como sede de un Congreso de la Abogacía, catalogado luego como el de la “ruptura” por los planteamientos tan avanzados realizados por los letrados en aquella España del tardofranquismo.

Los jóvenes, los que no habíamos vivido ni la Guerra ni la posguerra, teníamos ilusión. Los que tenían más edad tenían ilusión, pero también miedo

José Antonio López ‘Míster’ — Sindicalista de Comisiones Obreras en 1976

Leonés del barrio de la Sal y trabajador de Renfe en Valladolid, Javier Fernández ya estaba implicado en el mundo sindical antes de ser elegido secretario general de CCOO en Castilla la Vieja. Aun reconociendo que en 1976 Valladolid iba por delante en la movilización sociolaboral por el peso vinculado a la industria automovilística, León podría situarse “en el medio” en esta materia entre las provincias de la actual comunidad autónoma. “Como Burgos”, equipara este antiguo dirigente de Comisiones al referirse a aquel año en que el Gobierno tuvo que militarizar Renfe y en que una de las demandas más recurrentes fue “por la libertad sindical”.

“Había mucha ilusión por sacar al país de donde estaba metido. Fue muy emocionante”, subraya Elena Durán, berciana que vivió en León entre 1974 y 1986 en aquel contexto de movilizaciones. Las reuniones clandestinas eran, con Franco todavía vivo, en un bar en Puente Castro. “Teníamos mucha envidia por lo que había pasado en Portugal”, admite en referencia a la Revolución de los Claveles que logró en abril de 1974 derrocar en las calles a la dictadura lusa. “Yo me implico porque hacen falta manos en UGT”, cuenta para relatar el paso por distintas sedes improvisadas y provisionales en calles como Juan de Malinas, Lancia y Alfonso V en un trabajo entonces volcado en prestar a los trabajadores asesoramiento legal y formalizar afiliaciones. “Fue como una avalancha”, resume.

“Hubo que hacerse sindicalista a la puta fuerza”, sentencia, minutos antes de mostrar a la cámara su carné de afiliación a la UGT en 1977, Miguel Ángel Cueto, que trabajaba entonces en la Azucarera Santa Elvira de León. “Era eso o morirte de hambre trabajando”, añade al referir jornadas de trabajo de “12 horas sin descanso” y con temperaturas insoportables. Y recuerda que en los documentos laborales de la época había una coletilla que suponía una potencial barrera ante cualquier reivindicación de los trabajadores: “Si la empresa lo cree conveniente”. Lo laboral, en un contexto de grandes dificultades económicas derivadas todavía de la crisis del petróleo de 1973, daría paso después a lo político. Quizá porque eran inseparables.

¿Cómo vivieron aquel año 1976 las empresas? “Tanto empresas como trabajadores atravesaban una situación económica muy complicada, marcada por el incremento de los costes empresariales, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y una gran incertidumbre política”, contesta el letrado y entonces vicesecretario de ordenación económica defendiendo los intereses empresariales en el Sindicato Vertical, Roberto Suárez, para quien, más allá de la oleada de huelgas, el año 1976 es “un momento de profundas transformaciones en el que empezaban a quedar atrás las antiguas estructuras de una etapa histórica y se abría paso un modelo diferente de relaciones laborales”.

Militante entonces del PTE (Partido del Trabajo de España), situado “a la izquierda” del PCE (Partido Comunista de España), Quinidio Benjamín Martínez distingue tres tipos de empresas y empresarios en el ecosistema de 1976 en León: “hijos adoptivos del régimen” instalados en las azucareras, los altos hornos o las minas; grandes constructoras con estructura nacional que llegaban a la provincia “con pies de plomo” ante un escenario de conflictividad; y pequeñas y medianas empresas que “estaban totalmente desnortadas” ante un nuevo contexto, una revolución sociolaboral que sí se fue abriendo camino con el paso de los meses en el escenario leonés.

Estaba entrando entonces en escena gente joven que ya estaba mucho más politizada viniendo desde la universidad

David Martínez — Historiador

Más allá de la propia especificidad del sector minero y al margen de la tardanza en desatarse la conflictividad sociolaboral en comparación con otras zonas de España, León encontró un banderín de enganche en la huelga de la construcción, que afectó a más de 5.700 trabajadores durante 35 días hasta solventarse ya en el mes de octubre. Uno de sus principales valores, con imágenes icónicas como la de obreros encaramados a las verjas de la Catedral de León, fue el de hacer visibles las protestas en pleno centro de la capital leonesa, donde apenas llegaban los ecos de los encierros en los tajos mineros. Así lo subraya el historiador David Martínez, autor de la tesis doctoral Construyendo la democracia, Tardofranquismo, Transición política y la cuestión autonómica en la provincia de León (1962-1984), donde también recalca la diversificación de la conflictividad con la entrada en escena de otros sectores como la sanidad o la educación mientras que la movilización del campo todavía se retrasó hasta 1977. “Estaba entrando”, dice Martínez, “gente joven que ya estaba mucho más politizada viniendo desde la universidad”.

Anselmo Carbajal, que todavía no se había instalado en 1976 en la provincia de León, trabajaba en un colegio religioso en Galicia cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco. “La mitad de la plantilla lloraba y la mitad lo celebraba”, evoca. Leonardo Enríquez Mastache, que en diciembre de 1973 se encontraba en Moratalaz (Madrid) y tuvo que viajar en tren a Ponferrada la noche del día en que ETA hizo volar por los aires al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en pleno Proceso 1001 contra sindicalistas de Comisiones Obreras, ya había participado en 1976 en asambleas que se hacían en el Puente Boeza y Campo (en los alrededores de la ciudad de Ponferrada) para poder escapar de los grises por fincas aledañas cuando el 23 de febrero de 1981 se vio con un hijo de ocho meses y militando en el PCE y en CCOO. Y Paulino Bejega, asturiano que trabajaba en la construcción y llegó después a Laciana previo paso por Galicia para acumular empleos (también en la minería del carbón), se recuerda en 1976 teniendo que “comer algún papel en la cárcel”. “Yo nací socialista y ugetista”, dice quien heredó el nombre de un tío fusilado.

“Si algo se sacó fue a base de lucha”, cuenta Lucita Prieto Vidal, que trabajó en lavaderos de minas hasta que se casó y que también había mamado en casa un espíritu antifranquista: su padre había estado preso en el campo de trabajos forzados de Fabero. “Con Franco vivo, funcionaba más el boca a boca o tirar pasquines. Miedo tenías, pero te atrevías. Éramos de izquierdas; y aquí el poder lo tenía la derecha”, señala sin esconder que, muerto el dictador, quedaron rescoldos. “No pensábamos entonces que iba a quedar la semilla que quedó, y que todavía queda”, apunta para aportar otra perspectiva de aquel ambiente opresivo: “Y eran peores los alcahuetes que había en los pueblos, y que se chivaban”.

El caso es que el año 1976 iba a marcar el rumbo de la España sin Franco. “El movimiento sindical aguantó las grandes embestidas del régimen. Y el franquismo murió en la calle”, señala Quinidio Benjamín Martínez, que estuvo especialmente implicado en la huelga de la construcción en León. Para entonces, la movilización en la calle ya había sido clave en la caída del Gobierno de Carlos Arias Navarro. 'El año en que tumbamos un Gobierno pero no pudimos con el régimen' se titula el capítulo dedicado a 1976 del libro sobre la historia de CCOO en El Bierzo y Laciana entre 1962 y 1982 de Alejandro Martínez, quien se remite como resumen a dos expresiones célebres: la ruptura no fue “limpia”, sino “astillada”, del entonces líder de Comisiones Marcelino Camacho; y la Transición como “una correlación de debilidades” entre Gobierno y oposición, del escritor Manuel Vázquez Montalbán.

“Sin la presión laboral, España no habría cambiado como cambió. A raíz de lo laboral, vino lo político”, sostiene Leonardo Enríquez Mastache, que trabajaba en el sector de materiales de la construcción en Almacenes López Bodelón de Ponferrada. “Eran las dos cosas al mismo tiempo. La democracia no vino porque lo dijera nadie, sino por lo que sucedió en la calle”, abunda el sindicalista minero Míster. “Es evidente que la conflictividad social contribuyó a generar un clima en el que las reformas resultaban cada vez más necesarias y difíciles de aplazar”, concede el letrado Roberto Suárez, que sería secretario general de la Fele (Federación Leonesa de Empresarios) entre su fundación ya en 1977 y 2004.

La movilización sociolaboral aceleró las reformas en un año partido por la mitad en lo político: hasta junio con Arias Navarro al frente y sacudidas como los sucesos de Vitoria, donde la carga policial acabó en una tragedia a la que se reaccionó con más presión en las calles; y desde julio con el nuevo Gobierno de Adolfo Suárez, que impulsó la Ley para la reforma política, el instrumento que permitió sustituir una cámara de representantes heredera del franquismo por un Congreso de los Diputados y un Senado compuestos tras las elecciones legislativas de 1977, las primeras libres y democráticas en España desde 1936.

Es evidente que la conflictividad social contribuyó a generar un clima en el que las reformas resultaban cada vez más necesarias y difíciles de aplazar

Roberto Suárez — Representante del Sindicato Vertical en 1976 y cofundador de la Fele en 1977

La segunda parte del año ya sí es caliente en la provincia de León, que se suma a la huelga general del 12 de noviembre, menos de un año después de la muerte de Franco y curiosamente apenas un día después en el calendario de la convocada en este 2026, ahora con la reivindicación de acceso a una vivienda digna en la diana. Hace 50 años, como otra constatación de cómo lo laboral estaba imbricado con lo político, la convocatoria tenía una motivación explícita: la oposición a un decreto-ley que impondría la congelación salarial y permitía algunos tipos de despidos. Pero en el fondo también subyacía la batalla por la ruptura frente a la Ley para la reforma política, aprobada el 18 de noviembre por las Cortes todavía franquistas y refrendada el 15 de diciembre en un referéndum que dejó apoyos significativamente más bajos en Ponferrada (70,92%) y Villablino (70,7%) que en el conjunto del país (94,17% de apoyo) con la oposición sindical y política abogando por la abstención.

La huelga general llega a la provincia de León todavía con los rescoldos de lo sucedido unos días antes en el Pozo Marrón de Lillo del Bierzo, que obligó a terciar incluso al dirigente de Comisiones Obreras Benjamín Rubio para propiciar el final del encierro. Y deja varias lecturas. “Hace un tiempo pensaba que sí había una diferenciación entre las huelgas laborales y las huelgas políticas. Hoy pienso que no”, considera el historiador David Martínez. Las fuerzas sindicales están allanando el camino. “Los sindicatos ya están pensando en la legalidad y en ganar afiliados. Mientras que, por ejemplo, la minería, a través de Comisiones, ya tenía más controlada a la gente”, aporta el también historiador Tomás Sarmiento. Y van arañando, progresivamente, espacios de libertad. Javier Fernández ilustra cómo durante todo el año fueron logrando pequeñas victorias en gestos aparentemente inocentes como prolongar la hora del bocadillo para hacer patentes sus protestas. El dirigente de CCOO notó ya cierta permisividad policial durante la campaña y la jornada de huelga general del 12N.

“Escasa respuesta” tituló el 13 de noviembre a cinco columnas Diario de León, que habla de “total normalidad ciudadana en León”, si bien sí reconoce una “especial incidencia de la huelga en el sector minero”. Los paros siempre dejan guerras de cifras, pero se estima que en la provincia de León se sumaron entre 11.000 y 20.000 trabajadores, según recoge Alejandro Martínez en su libro Conquistar el pan y la libertad. En la misma portada de ese día 13 Diario de León informa en una esquina: “Desde ayer está en marcha la Federación Empresarial Leonesa”.

“La creación de la Federación Leonesa de Empresarios fue el resultado de un proceso que empezamos a impulsar en 1976, cuando ya éramos conscientes de que el sistema de representación empresarial existente tenía que evolucionar hacia un modelo de organizaciones libres e independientes”, señala el cofundador de la Fele Roberto Suárez, quien recuerda el momento histórico como “un proceso de aprendizaje para todos”. “Había”, agrega, “que establecer nuevas reglas, desarrollar una cultura de la negociación y asumir que los conflictos laborales formaban parte de las relaciones entre empresarios y trabajadores, pero que debíamos encontrar mecanismos para resolverlos mediante el diálogo y el acuerdo”.

Los sindicatos son todavía ilegales, pero ya no se esconden. “Hablábamos de ello abiertamente”, constata desde Fabero Míster, que vuelve a apelar a una cuestión generacional al abordar las relaciones de entonces entre trabajadores y patronos. “Se pasó del ordeno y mando a tener que negociar”, dice al describir escenas de operarios de mayor edad frente a los empresarios “asintiendo y con la boina en la mano” que recuerdan a secuencias de la novela de Miguel Delibes Los santos inocentes. “A la mitad de los empresarios no los conocíamos”, señala desde Lillo Lucita Prieto Vidal al referir protestas laborales por el trato dispensado por algunos capataces. “Yo no tuve problemas con los jefes; los problemas eran con los encargados”, aporta desde Ponferrada Leonardo Enríquez Mastache.

No nos dijimos a nosotros mismos que la democracia había que seguir mimándola todos los días

Quinidio Benjamín Fernández — Miembro en 1976 del Partido del Trabajo de España

La mirada a 1976, que en León se cerró todavía con una huelga del metal en diciembre que respaldaron 3.000 obreros de 300 empresas, deja finalmente lecturas retrospectivas marcadas por un halo de desencanto en entrevistas para este reportaje realizadas antes de la movilización desatada tras el desahucio de Maricarmen Abascal y la convocatoria de una huelga general con la vivienda en el eje de las reivindicaciones para este próximo 11 de noviembre. “No nos dijimos a nosotros mismos que la democracia había que seguir mimándola todos los días”, lamenta Quinidio Benjamín Martínez, para quien aquella “efervescencia” derivó primero en “conformismo” y luego en “pasotismo”, unido al establecimiento de una “sociedad de consumo” que “se paga” en las economías familiares con “una esclavitud de deuda permanente”. Martínez, que ya entonces apuntaba como una de las asignaturas pendientes la de la exigencia de garantías a la proclama constitucional del derecho a una vivienda digna, señala otros pecados como el de saltar la línea roja de negociar convenios de más de un año de duración: “Cuando empezaron a firmarse convenios por dos años, dijimos: 'Esto es la muerte de la negociación colectiva”.

Anselmo Carbajal mira también hacia dentro de las organizaciones sindicales para fijar otro punto de inflexión. “Hubo una persona en este país que fue (el expresidente del Gobierno José María) Aznar, que, al darle la formación a los sindicatos, los compró. Los que trabajábamos en esto (dice sobre la función sindical) lo hacíamos de forma voluntaria y gratuita. En cuanto se dieron liberaciones y formación a algunos sindicatos, se quitó mucha conflictividad. Y en este momento hemos involucionado”, opina Carbajal sin obviar tampoco el papel actual de los gigantes tecnológicos en el control de la información a través de los algoritmos y las redes sociales hasta condicionar el voto de los jóvenes. “Y eso”, concluye, “es un cáncer que nos va a matar”.

“Han conseguido anular a los sindicatos. La clase trabajadora es hoy muy individualista”, coincide Elena Durán, mientras Lucita Prieto Vidal se queda “pasmada” cuando constata el grado de apoyo a Vox entre los jóvenes. “No puedo con eso”, dice para apelar a la responsabilidad de las familias. Cincuenta años después de hacerse sindicalista “a la puta fuerza” por las condiciones del momento, Miguel Ángel Cueto lamenta cómo ahora los sindicatos “están desprestigiados cuando hacen una función extraordinaria”. “Si no los hubiera”, concluye tras hablar de aquel momento en que eran todavía clandestinos, “habría que inventarlos”.

Culminó este miércoles la jornada de huelga educativa convocada por los sindicatos UGT y CCOO con una nutrida manifestación por el centro de la capital leonesa, así como también en la ciudad Ponferrada, con el habitual baile de cifras respecto al número de profesores que han secundado hoy el paro convocado por estas dos organizaciones.

Fuentes sindicales de ambas organizaciones aseguraron haber computado en el conjunto de la provincia leonesa un 67% de seguimiento de todo el cuerpo profesional educativo de la pública, una cifra que contrasta con el prácticamente 10% que ha contabilizado la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y eso que se supone que es el mayor porcentaje provincial de toda la Comunidad.

Pero al margen de la batalla de cifras, la fría jornada no hizo sino calentar los ánimos de los cientos de personas que protagonizaron sendas manifestaciones en la provincia, que hicieron a ambos sindicatos hablar de “éxito” de la jornada de protesta en contra de la postura de Educación y el bloqueo que denuncian de sus mejoras salariales y laborales comprometidas, reclamando una negociación “real”, entre otros motivos de la protesta que ya habían protagonizado por la mañana la concentración sindical en la sede provincial de Educación en León.

Varios centenares de docentes se han concentrado este miércoles ante la Dirección Provincial de Educación de León para protestar contra la falta de avances en la negociación de sus condiciones laborales y salariales, acto central de la jornada de huelga convocada en Castilla y León por los sindicatos UGT y CCOO. La movilización, que también hace un llamamiento a la manifestación desde Botines, en el centro de la capital, ha trasladado a la calle el malestar acumulado entre el profesorado, que reclama a la Consejería de Educación que deje de aplazar los compromisos adquiridos y aborde las principales deficiencias que arrastra la enseñanza pública de la Comunidad, sus condiciones laborales y la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos.

Tal y como han cifrado los sindicatos, el seguimiento de la huelga en los centros escolares ha sido desigual en la provincia. De momento, los primeros datos recabados apuntan a un seguimiento medio de la huelga superior al 30%, con centros educativos en los que se ha alcanzado el 60%.

Víctor Bejega, representante provincial de Enseñanza de CCOO, ha cifrado provisionalmente en un 37,5% la participación media, aunque ha advertido de que todavía faltaban datos de algunos centros, debido a las distintas modalidades de incorporación del profesorado a lo largo de la jornada. Por su parte, Alberto Álvarez, secretario de Enseñanza de UGT-SP León, también ha destacado que los primeros sondeos superaban el 30% y ha tildado de “un éxito” la respuesta de los docentes.

“La gente tenía ganas de movilización, está harta de sus condiciones laborales”, ha señalado Bejega, que ha rechazado que los profesionales de la enseñanza sean unos privilegiados o que sus reivindicaciones estén ya satisfechas. En su opinión, al contrario, la huelga responde a problemas estructurales que no están encontrando respuesta en las negociaciones con la Junta de Castilla y León, que, según ha denunciado, únicamente aborda cuestiones menores sin afrontar las necesidades de fondo.

Uno de los principales agravios señalados por ambos sindicatos es la congelación desde 2006 del complemento autonómico del profesorado, que lleva dos décadas sin actualizarse. Álvarez ha subrayado que los docentes de Castilla y León se encuentran entre los peor remunerados del país y ha añadido otra reivindicación salarial: la imposibilidad de compatibilizar la carrera profesional con otros complementos, de manera que los profesores deben renunciar al sexenio para poder cobrar aquella. “Eso no pasa en ningún sitio del Estado”, censura.

Las organizaciones sindicales también denuncian que siguen pendientes de negociación numerosas medidas incluidas en el Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 para mejorar las condiciones laborales del profesorado. UGT ya había advertido el pasado abril de que, varios meses después de la firma, únicamente se había celebrado una reunión de la Comisión de Seguimiento, sin que la Administración hubiera concretado aspectos fundamentales de su desarrollo. El sindicato llegó entonces a denunciar que las reuniones mantenidas eran meramente formales, sin propuestas ni contrapropuestas y sin un calendario real de negociación.

Entre las demandas que ahora vuelven a poner sobre la mesa figuran el reconocimiento salarial y horario de las tutorías, la reducción de la burocracia en los centros, el refuerzo del personal no docente, la reducción de la jornada lectiva de hasta un tercio para los mayores de 55 años, la mejora de la atención a la diversidad de los alumnos y la ampliación y mejora de los permisos y licencias.

A estas reclamaciones se suman la necesidad de reducir las ratios en las aulas, incrementar las plantillas docentes y dotar a los centros de recursos suficientes para atender al alumnado. Los sindicatos también ponen el foco en las deficiencias estructurales de algunos edificios educativos, muy graves en casos como el colegio de Cembranos, por ejemplo, y en las dificultades añadidas que afronta el profesorado del medio rural, donde el trabajo docente presenta unas particularidades que, a juicio de UGT y CCOO, no están suficientemente reconocidas ni compensadas.

Por eso, para Bejega, la Administración debe entender que no se trata de reivindicaciones aisladas, sino de abordar de manera estructural las condiciones laborales, salariales y los recursos necesarios para garantizar una educación pública de calidad.

En caso de que no se produzcan avances concretos, advierten de que la huelga y las concentraciones no serán un episodio aislado. “Si no oyen nuestras reclamaciones y no tienen en cuenta el sentimiento del profesorado de la Comunidad, seguiremos movilizándonos”, ha advertido Álvarez.

La ciudad de León se ha llenado de carteles alusivos a la situación de la vivienda, que ha motivado la convoctoria de una huelga general en todo el país tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid y la creación de acampadas por todo el país que exigen medidas en materia de vivienda, además de provocar la convocatoria electoral de finales de noviembre por el rechazo a las medidas en el Congreso.

Cientos de carteles han aparecido por toda la ciuad, especialmente en los barrios obreros de la Crucero, La Sal, Palomera, Ejido y San Mamés, para reivindicar medidas que ayuden a garantizar el derecho constitucional a la vivienda, así como medidas ante el encarecimiento de la vida.

En los carteles amarillos muy llamativos aparece un buitre sobre una ciudad en ruinas con la leyenda ' Este buitre no tiene fondo' llamando a apoyar la huelga general del 11 de noviembre que tiene como eje principal la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo. La huelga está convocada por los sindicatos UGT y CCOO, únicos con capacidad legal para hacerlo, CGT y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos estatal, que en León funcionan como Asamblea Vivienda León.

En otro cartel se exige a la Junta de Castilla y León, la única que puede hacerlo si ejerce sus competencias previstas en la Ley de Vivienda, que declare la ciudad leonesa como 'Zona Tensionada', lo que permitirá limitar el precio de los alquileres.

Asamblea Vivienda León está realizando varias asambleas informativas preparatorias de la jornada de huelga prevista para el miércoles 11 de noviembre.

Dice el historiador berciano Alejandro Martínez que “la historia no se repite, pero rima”. Afanado en escarbar en las raíces del movimiento obrero en El Bierzo y Laciana, ha logrado enlazar dos versos aparentemente sueltos, los que inopinadamente conectan las cuencas mineras del Cúa y del Sil con la Puerta del Sol de Madrid. Con casi un siglo de diferencia, ambos escenarios tienen un denominador común: las reivindicaciones por una vivienda digna. Son ahora tan fuertes que incluso han provocado una convocatoria de huelga general y un adelanto electoral a través de una representación sindical que encuentra de algún modo antecedentes en organizaciones que, al menos en Fabero y Matarrosa del Sil, lograron evitar desahucios y contener precios en los convulsos años treinta del siglo XX.

El carbón mudó la piel de muchos pueblos bercianos y lacianiegos, zonas tradicionalmente agropecuarias en las que la extensión de la minería conforma una clase obrera en tiempos de lucha por las libertades. El sector carbonero crece por otra concatenación de factores: aprovecha la escasez de mineral en el mercado durante la Primera Guerra Mundial para despegar a lomos de la puesta en marcha del ferrocarril Ponferrada-Villablino. La llegada de mano de obra foránea desborda la capacidad de las cuencas para ofrecer vivienda. En Fabero, según testimonió el filósofo Eloy Terrón, no quedó un pajar sin alquilar. En Matarrosa del Sil, completa el propio Alejandro Martínez, “las cuadras se dividían con sacos” para maximizar el aprovechamiento del suelo. “Y ante la necesidad de vivienda, hay quien abusa”, expone el historiador. El pasado rima con el presente.

La necesidad de alojamiento tensiona las costuras físicas de pueblos que se alimentan de un sector económico que, aun con algunas crisis y fluctuaciones en los años veinte, mantiene por entonces “una gráfica ascendente” de evolución. Su crecimiento coincide con otro: el de los movimientos de representación sindical que se van extendiendo por el territorio y ganan fuerza con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931. El Sindicato Minero Castellano (SMC), vinculado a la Unión General de Trabajadores (UGT), se asienta todavía en 1930 en Fabero, donde luego se implanta el SUM (Sindicato Único Minero), ligado en este caso a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fabero se convierte entonces en la única cuenca minera anarcosindicalista de España.

El SUM “fue mucho más que un sindicato”, escribe Martínez en Nuestra Historia, El Bierzo y Laciana, espacio de difusión de episodios como este a través de un blog en internet y de una cuenta en Facebook. El sindicato está detrás de iniciativas que van más allá de lo estrictamente laboral como las de promover una cooperativa de consumo, un grupo de teatro o una escuela racionalista. Con ese escenario como telón de fondo, Fabero estrena Asociación de Inquilinos liderada por Gregorio Rueda en 1935, mismo año en que se adscribe a la federación estatal de un movimiento que tuvo singular fuerza en zonas de tradición anarcosindicalista como Barcelona.

“Los problemas de la vivienda obrera fueron constantes en las comarcas mineras durante el siglo XX, especialmente coincidiendo con las fechas de auge que vivió el sector. En Fabero ni el paternalismo empresarial ni el Estado resolvieron el problema en los años 30. Fue el movimiento obrero quien de forma organizada dio respuesta colectiva a un problema que era social, no familiar, ni individual”, escribe Alejandro Martínez. La respuesta se articula en forma de medidas para contener los precios y para evitar desahucios.

“Abaratamiento e higienización de la vivienda” son los fines declarados por la Liga de Inquilinos de Matarrosa del Sil (Toreno), fundada incluso antes, en el año 1933, y presidida por Francisco Gómez. Con más dificultades para seguir el rastro de esta entidad, Martínez no ha logrado constatar vínculos entre las organizaciones de Fabero y Matarrosa. El final de ambas resulta, en cualquier caso, abrupto tras el golpe militar de julio de 1936, la consiguiente Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

La historia volvió a rimar con la actualidad sobre todo con la conformación, a partir de la crisis económica de 2008, de estructuras como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios. Y en las reivindicaciones presentes ha tomado fuerza la Liga de Inquilinas, surgida en 2017 y especialmente reivindicativa contra el desalojo de la vecina madrileña Maricarmen Abascal, un episodio que desató un movimiento que ha derivado en movilizaciones como la acampada en la Puerta del Sol, amén de otras repercusiones sociales y políticas como la huelga general del 11 de noviembre y el adelanto de las elecciones legislativas al día 29 del mismo mes.

Con las minas de carbón bercianas y lacianiegas cerradas desde 2018 por el fin de las ayudas a la producción, las cuencas viven ahora un escenario diametralmente opuesto: el resultante de un progresivo vaciamiento demográfico que contrasta con los años en que Fabero triplicó su población o Ponferrada, adonde llegaba el mineral para su consumo en las centrales térmicas, se convirtió en la posguerra en la ciudad de sus características que experimentó un mayor crecimiento de población. Sus necesidades de alojamiento llegaron a considerarse a la altura de 1960 “sin límite”, en expresión de la Obra Sindical y el Instituto de la Vivienda. Por las cuencas ya había pasado (y dejado poso) la huelgona de 1962 cuando en 1968 las reivindicaciones juveniles al Gobierno Civil pasaban en Matarrosa del Sil, el mismo pueblo berciano que en 1933 creó una Liga de Inquilinos, por cuestiones como la vivienda, entre otras.

La reconversión ya acechaba en la década de los ochenta, cuando todavía se vendían y compraban casas “bastante caras” en las cuencas mineras, constata Martínez. El sector comenzó luego un progresivo declinar que ha ido paralelo a la sangría demográfica hasta dejar bloques de viviendas desproporcionados para la realidad actual como los de Tremor de Arriba (Igüeña). ¿Podrían ser hoy esas viviendas vacías una alternativa al problema que se suscita principalmente en las ciudades? “No hay un gran fenómeno” de retorno al rural, considera el historiador, que reduce el aprovechamiento de esos inmuebles fundamentalmente a “segundas residencias”.

El mundo es ahora global. Y los que se aprovechan de la necesidad actual de vivienda son fondos buitre “que buscan un beneficio rápido”. “Y la oferta de vivienda pública es bastante reducida”, abunda Alejandro Martínez tras escarbar en la historia para encontrar entre el carbón vestigios de sindicatos de inquilinos protagonistas en la actualidad de 2026.

Los autobuses interurbanos, entre localidades distintas, de la provincia de León afrontan nueve jornadas de huelga de 24 horas entre finales de octubre y fin de año ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo del sector. Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado este viernes la convocatoria de los paros, que afectarán a todo el transporte interurbano de viajeros de la provincia, con un colectivo de unos 450 trabajadores, después de 13 reuniones con la Patronal sin conseguir avances en las condiciones salariales y laborales, que relegan a los empleados leoneses, aseguran, a la cola de los peor pagados de la Comunidad y casi de España.

La primera jornada de huelga será el viernes 30 de octubre, justo antes del puente festivo. Le seguirán otras ocho jornadas los días 2, 11 y 24 de noviembre, y 4, 8, 9, 23 y 30 de diciembre. Los paros serán de 24 horas y afectarán al conjunto de las líneas interurbanas de la provincia, por lo que los sindicatos ya han pedido disculpas a los usuarios por las molestias y retrasos que puedan ocasionar, al tiempo que les recomiendan planificar sus desplazamientos y consultar servicios mínimos que la Junta ponga en marcha.

El principal motivo del conflicto, han explicado hoy en una concentración frente a la estación de autobuses de León, es la negativa de la Patronal a mejorar unas condiciones económicas que sitúan a los conductores leoneses, según los sindicatos, como los peor pagados de Castilla y León y los quintos con salarios más bajos de toda España. Actualmente, el salario bruto anual de referencia ronda los 19.000 euros, una cantidad que contrasta con la de otras provincias donde operan incluso las mismas compañías de transporte, como Alsa.

Luis Villares, coordinador del sector de Transporte y Logística de CCOO en Castilla y León, ha denunciado que los trabajadores de León cobran unos 5.000 euros brutos anuales menos que sus compañeros de Zamora y hasta 8.000 euros menos que los de Asturias. La reivindicación sindical pasa por alcanzar un salario mínimo de 24.000 euros brutos anuales al término de un convenio de tres años, además de regular las jornadas laborales y mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad en el empleo.

Jornadas laborales de hasta 15 horas

Más allá de los salarios, los representantes de los trabajadores denuncian unas condiciones laborales que incluyen jornadas de hasta 15 horas diarias, sumando los tiempos de conducción y disponibilidad para las empresas, así como descansos insuficientes y dificultades para conciliar.

Los sindicatos también reclaman medidas de protección frente a agresiones y accidentes, garantías de seguridad y salud laboral, coeficientes reductores y seguros de vida, además de combatir la temporalidad y la precariedad del sector.

Juan Antonio Martínez, responsable de Transportes de UGT en Castilla y León, ha asegurado que la patronal mantiene un “bloqueo total” de la negociación. La última reunión se celebró el pasado jueves en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), en un intento de evitar la convocatoria de huelga que terminó sin acuerdo. “Les hemos dado la oportunidad de si tenían algo más que decir y nos han dicho lo de las otras reuniones, que no quieren nada de nada”, ha explicado Martínez, quien ha recordado que en otras provincias, como Valladolid, ya se han firmado nuevos convenios colectivos.

El representante de UGT ha cuestionado que las mismas empresas puedan asumir mejores salarios en otras provincias mientras rechazan equiparar las condiciones de León, al menos, a la media autonómica. “No entendemos que, siendo las mismas empresas, en Valladolid puedan pagar un salario y en León digan que no pueden llegar”, ha señalado, añadiendo que “quieren que los trabajadores de León seamos los más pobres de toda la comunidad de Castilla y León”.

Y más subvenciones de la Junta que nunca

CCOO y UGT también han dirigido sus críticas a la Junta de Castilla y León, a la que reclaman que intervenga para desbloquear el conflicto, especialmente por su papel como principal financiadora millonaria de los servicios de transporte regular y escolar. Los representantes sindicales consideran que la financiación pública del transporte debería traducirse también en mejores condiciones para los trabajadores. En este sentido, recordaron que la Junta ha destinado 55 millones de euros hasta finales de año y ha anunciado una nueva aportación de otros 45 millones. “Lo que consideramos es que ese dinero tiene que repercutir también en los trabajadores”, ha reclamado Villares.

Los sindicatos sostienen que las administraciones que financian los servicios deben exigir a las empresas que retomen el diálogo y alcancen acuerdos que eviten la huelga. También han advertido de que estarán pendientes de los servicios mínimos que establezca la Junta para que no resulten abusivos ni limiten el ejercicio del derecho a la huelga.

Los principales sindicatos creen que hay motivos más que se sobra para que la provincia de León secunde de manera mayoritaria, incluso más que el resto de España, la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, el paro de 24 horas y la gran manifestación que se convocará como colofón de esa jornada. Todo ello bajo el gran eslogan de “Salarios. Vivienda. Precios”.

Los detalles han sido desgranados este miércoles por los líderes provincial de UGT, Comisiones Obreras y CGT, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, respectivamente. Por ejemplo, que las horas extraordinarias realizadas en León podrían haber permitido contratar a 1.113 personas a jornada completa. Así lo resaltó Blasco para denunciar las contradicciones del mercado laboral provincial, donde, según sus datos, se contabilizaron 6.609 horas extra durante el segundo trimestre de 2026 mientras más de 20.000 personas permanecían en el paro.

La situación laboral será uno de los argumentos centrales de la huelga general del 11 de noviembre. Blasco cuestionó que la mejora de algunos indicadores económicos se traduzca en un avance equivalente para las familias. A su juicio, el esfuerzo de acudir cada día al trabajo pierde parte de su sentido cuando los ingresos no bastan para cubrir necesidades esenciales. La responsable sindical advirtió de que hay hogares obligados a decidir entre pagar la vivienda, comprar alimentos o afrontar la factura de la calefacción.

Blasco vinculó esta situación con los salarios y las dificultades para acceder a una vivienda, pero también con el bloqueo de las negociaciones de los convenios sectoriales. Según los datos expuestos por CCOO, todavía existen 364 categorías profesionales recogidas en convenios provinciales con retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). La subida salarial media pactada, del 3,9%, tampoco habría compensado el incremento del 4,9% del IPC que la dirigente sindical atribuyó a la provincia.

La vivienda constituye el otro gran frente de la protesta. Blasco cifró en más de 40.000 las viviendas vacías de la provincia y situó el precio medio por encima de los 1.090 euros por metro cuadrado, con más de 1.500 euros en la capital leonesa y alrededor de 900 en Ponferrada. También señaló que cerca de 80.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza y que otras 50.000 afrontan graves dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

Una crisis que también afecta a las expectativas de futuro

Por CGT, Jesús López planteó la huelga desde una perspectiva más amplia que la estrictamente laboral. El dirigente considera que la situación actual reúne tres crisis, «económica, institucional y emocional», y relacionó el malestar social con la sensación de que trabajar ya no garantiza una vida estable.

López defendió que la vivienda debe tratarse como un derecho y no como un negocio, y reclamó medidas para reducir los precios, regular los alquileres temporales y por habitaciones, frenar los desahucios y vincular las subidas salariales al coste real de la vida. También propuso que los salarios y las pensiones alcancen un mínimo de 1.500 euros.

El representante de CGT advirtió de que la distancia entre las expectativas creadas durante años y las posibilidades reales de las familias alimenta la frustración. «No estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino que estamos sobreviviendo con las posibilidades que nos ofrece el sistema», sostuvo durante su intervención.

Por su parte, el secretario general de UGT en León, Enrique Reguero, puso el acento en la pérdida de empleo y en las dificultades de emancipación de los jóvenes. Según los datos que trasladó, la provincia perdió 1.200 afiliaciones a la Seguridad Social durante el último mes, un descenso que sumó a la preocupación por la falta de oportunidades laborales y de vivienda asequible.

Reguero destacó que las movilizaciones relacionadas con la crisis residencial están contribuyendo a despertar la implicación de la población joven. Para ilustrar ese cambio, recuperó una expresión del dirigente agrario Matías Llorente: «Antes no había tempero, pues ahora hay tempero», en referencia a unas condiciones que, a su juicio, empiezan a favorecer la movilización social.

El responsable de UGT reclamó una subida del 7% del salario mínimo interprofesional para 2027 y aumentos de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos. También pidió a la patronal que desbloquee las negociaciones y deje de exigir moderación salarial mientras, según denunció, aumentan los beneficios empresariales.

Las tres organizaciones sostienen que la respuesta a los problemas de León requiere, además de mejores sueldos, más vivienda disponible para alquiler y medidas que permitan distribuir mejor las oportunidades laborales. Reguero reclamó a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos una política de vivienda que llegue también a los municipios de la provincia, junto con una planificación de suelo disponible que facilite el acceso residencial.

Los sindicatos llaman a participar tanto en la huelga como en la manifestación prevista, cuyo horario se sitúa provisionalmente a las 19.00 horas, con salida desde San Marcos y llegada al corazón de la ciudad, la Plaza de San Marcelo. El recorrido y la organización definitiva de la protesta todavía estaban pendientes de concretarse.

La antigua estación de tren de León será el miércoles 14 de octubre escenario de una protesta convocada por varios sindicatos para oponerse al cierre del Centro de Formación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en la capital leonesa. La movilización consistirá en una concentración entre las 10.00 y las 11.00 horas respaldada por Comisiones Obreras, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario, la Confederación de Cuadros y Profesionales y el Sindicato de Circulación Ferroviario.

Fueron también representantes sindicales los que denunciaron a finales del pasado mes de septiembre la determinación de Adif de cerrar el Centro de Formación de León para no afrontar su mantenimiento (arrastra múltiples desperfectos y deficiencias en la instalación eléctrica) y trasladar las clases a Valladolid.

Ahora los sindicatos salen a la calle para mostrar su rechazo a los planes de Adif, que alega que habrá que esperar a la reforma de la Estación Vieja (anunciada el pasado mes de junio con la intención de estar rematada en un plazo de cinco años) para volver a traer el centro a la provincia.

‘Formación hoy, ferrocarril y futuro mañana’ es el lema de la concentración de protesta de los sindicatos, que ya han advertido de que este cierre supone “un nuevo agravio” para el Centro de Formación de Adif en León.

Los principales sindicatos de la provincia de León, Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), han convocado este viernes 9 de octubre en los centros de trabajo de la capital leonesa un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada de su casa de Madrid.

Los sindicatos han denunciado la muerte el pasado 7 de octubre en el hospital Gregorio Marañón de esta anciana, María del Carmen Abascal Martín, que fue desahuciada el pasado mes de septiembre de la casa en la que llevaba viviendo toda su vida y que era propiedad de la empresa Urbagestión. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros; una cifra muy por encima de su pensión.

“Maricarmen no debería haber sido desahuciada. No debería haber pasado sus últimos días alejada de su casa. No debería haber tenido que enfrentarse, a los 87 años, a la angustia de perder su hogar frente a quienes habían convertido su vivienda en un negocio”, ha lamen dato UGT de León este viernes.

Gran parte de la sociedad española se volcó con la causa de esta anciana, convertida en un símbolo de la crisis de la vivienda en España que afecta a los jóvenes y los sectores vulnerables como los pensionistas.

La dramática historia de Maricarmen ha provocado el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Además, los principales sindicatos han convocado una huelga general el próximo 11 de noviembre.

El Ayuntamiento de León concede a todos sus alcaldes de la presente etapa democrática la Gran Cruz Legio VII al Mérito de la Policía Local con motivo de la festividad de San Marcelo, patrón del cuerpo, que se celebrará el próximo 29 de octubre. Son distinciones recogidas en el Reglamento de Premios y Recompensas del Cuerpo de la Policía Local, propuestas por el regidor, José Antonio Diez, tras el inicio de un expediente por parte del Intendente Jefe, Miguel Ángel Llorente, del que este lunes se ha dado cuenta en la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, según informa el equipo de Gobierno municipal.

Así, la Gran Cruz Legio VII al Mérito de la Policía Local de León será concedida a Antonio Silván, Emilio Gutiérrez, Francisco Javier Fernández, Gregorio Pérez de Lera, José Luis Díaz Villarig, Luis Diego Polo, Mario Amilivia y Juan Morano. En todos los casos, la propuesta de concesión de estas distinciones destaca de cada alcalde su colaboración con el Cuerpo de la Policía Local de León y todos los servicios municipales.

La distinción reconoce cómo los regidores de la presente etapa democrática, iniciada con las elecciones municipales de 1979, han favorecido el desempeño de las funciones a la Policía Local, así como contribuido al fortalecimiento del cuerpo dentro de la estructura administrativa, su prestigio y su proyección ante la sociedad leonesa.

El anuncio se produce en medio de un enrarecido clima preelectoral en el PSOE, después de que la Ejecutiva Municipal anunciase la elección de José Antonio Diez como candidato a la reelección en mayo de 2027 y este mismo lunes el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, negara la mayor dando por hecho que habrá un proceso de primarias y atizando la confrontación que mantienen desde hace años. “El alcalde de León abandonó el PSOE hace mucho tiempo”, sentenció Cendón.

Tampoco se ha escapado de la polémica el propio mecanismo de concesión de distinciones como esta Gran Cruz Legio VII al haber reclamado el sindicato UGT que la propuesta parta de una comisión de valoración y no sólo del criterio del Intendente Jefe, según publicó en su día Diario de León.

El inicio del curso escolar vuelve a llegar acompañado de protestas por la organización de la escuela rural en la provincia de León. Como ya ocurrió otros septiembres, la configuración de las aulas y colegios en función del número de alumnos ha provocado quejas de familias y sindicatos por agrupaciones de diferentes cursos, recorte de recursos y, en el caso de Santalla del Bierzo, el cierre de la escuela. La Junta de Castilla y León ha dado marcha atrás en algunas de las decisiones inicialmente previstas, pero mantiene otras que la comunidad educativa cuestiona.

Uno de los conflictos abiertos estaba en Vega de Espinareda, donde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP Piñera había convocado para este miércoles una concentración a las puertas del colegio. Las familias rechazaban la unificación de los grupos de primero y segundo de Educación Infantil y reclamaban que se mantuvieran los recursos necesarios para que ambos continuaran separados. Sin embargo, apenas unas horas después de anunciar la protesta y a dos días del comienzo de las clases, el AMPA ha comunicado que Educación ha dado marcha atrás y finalmente mantendrá separados los dos cursos.

La rectificación ha llevado a las familias a desconvocar la concentración. La decisión llega después de que hubieran trasladado sus reclamaciones a la Administración educativa sin obtener, según denunciaba este mismo lunes la asociación, una respuesta ni una reunión antes del comienzo de las clases. “Acabamos de recibir la comunicación de que finalmente se mantienen los cursos separados, por lo que ya no es necesaria la movilización que habíamos convocado”, ha anunciado el AMPA, que ha agradecido el apoyo recibido.

La situación ya había provocado protestas la pasada semana. En el Piñera hay cinco niños matriculados en uno de los cursos afectados y siete en el otro y las familias advertían, además, de la presencia de un alumno con necesidades especiales. La Dirección Provincial de Educación justificó inicialmente la reorganización en que el número de escolares no alcanzaba el mínimo necesario para conservar tres unidades de Infantil y planteó dejar la etapa organizada en dos aulas. Finalmente, los dos cursos afectados continuarán separados.

Cierra la escuela de Santalla

A este conflicto se suma ahora el de Santalla del Bierzo, cuya escuela, integrada en el CRA de Carucedo, no ha abierto este curso después de la supresión de una de las unidades. UGT ha denunciado este lunes que la medida evidencia la pérdida de aulas que está sufriendo el medio rural y las consecuencias que tiene tanto para los alumnos como para las plantillas docentes.

El sindicato contrapone esta decisión con la adoptada en otros centros en los que Educación sí ha rectificado. Es el caso del CEIP Las Alamedas de Dehesas, donde finalmente se ha dado marcha atrás en la clausura de un aula. Algo similar ocurrió la pasada semana en Noceda del Bierzo: las familias habían denunciado que los diez alumnos de entre 3 y 10 años iban a quedar agrupados en una única clase, mezclando hasta seis cursos diferentes, pero la Dirección Provincial terminó garantizando dos aulas mediante la ampliación de horarios del profesorado o la incorporación de otro docente. A estos casos se suma ahora el de Vega de Espinareda, donde la rectificación ha llegado este lunes, a dos días del comienzo de las clases y después de que las familias hubieran llegado a convocar una concentración.

En el CRA de Carucedo, en cambio, la supresión se mantiene y ha supuesto el cierre de Santalla. Las familias reclaman ahora que al menos se conserve a jornada completa un profesor de apoyo. Alegan que actualmente existen cuatro alumnos que necesitan atención educativa específica y otros cuatro pendientes de valoración, a lo que añaden la propia complejidad de trabajar con aulas multinivel distribuidas entre diferentes localidades.

UGT considera que el problema va más allá de estos casos concretos y sostiene que las ratios utilizadas para decidir la continuidad de las unidades no reflejan suficientemente la realidad de la escuela rural. El sindicato advierte de que aumenta el número de alumnos con necesidades educativas especiales y la complejidad de algunos grupos sin que crezcan en la misma medida los recursos humanos.

Entre los centros en los que detecta problemas cita, además del Piñera y el CRA de Carucedo, el CRA de Corullón, el CEIP Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos y los colegios Peñalba y Jesús Maestro de Ponferrada. También cuestiona el aumento de las medias jornadas y de puestos docentes con varios perfiles, la situación de los profesores itinerantes y la carga de trabajo que soportan los equipos directivos.

La polémica se produce además sin que la Junta haya facilitado todavía un balance detallado para la provincia de León sobre los cambios de unidades, aulas y recursos con los que comienza el curso 2026/2027. ILEÓN ha solicitado esta información en dos ocasiones a la Administración autonómica sin obtener hasta el momento los datos provincializados.

La primera petición se trasladó al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al primer consejo de Gobierno autonómico de septiembre, pero evitó contestar aludiendo a que al día siguiente la consejera de Educación comparecería con motivo del inicio del curso. Celebrada esa comparecencia sin un desglose específico para León, este medio volvió a solicitar los datos de la provincia. La respuesta fue emplazar a la futura comparecencia que ofrecerá esta semana el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, cuando el curso escolar ya haya comenzado.

El parque multiaventura La Roca de Palencia acogerá el próximo jueves 24 de septiembre el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla y León. La inscripción, libre y gratuita y con preferencia para afiliados, se puede formalizar hasta el lunes 14 en las sedes de la UJP en cada una de las provincias de la comunidad. La capital palentina toma el relevo de Valladolid, que organizó el pasado año la primera edición en el Pinar de Antequera.

La jornada comenzará entre las 9.00 y las 11.00 horas con la recepción de asistentes y desayuno, seguida de la recepción de autoridades y un acto institucional programado para las 11.15 horas. Una sucesión de actividades dará luego paso a una comida a base de olla ferroviaria (14.45 horas).

Por la tarde serán protagonistas las actuaciones: del Nuevo Mester de Juglaría (16.15 horas) y la música y el baile con Sara Bureba (17.45 horas). A las 19.00 horas llegará el momento de la clausura de este II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

La organización calcula que alrededor de 450 personas participarán en esta cita. La provincia de León cuenta con 1.316 afiliados a la UJP.

El nuevo curso comenzará con conflicto laboral en la Universidad de León (ULE). UGT, CCOO y CSIF han anunciado un paquete de movilizaciones y medidas de protesta a partir del lunes 14 de septiembre contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Los sindicatos rechazan que parte del ajuste recaiga sobre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y advierten: “El PTGAS no pagará los platos rotos del despilfarro”.

Las tres organizaciones llaman a estos trabajadores a cumplir desde esa fecha únicamente la jornada mínima los lunes, de 9.00 a 14.00 horas para el turno de mañana y de 14.00 a 19.00 horas para el de tarde. Según los sindicatos, estos horarios son compatibles con el reglamento de flexibilidad de jornadas de la propia Universidad. Advierten además de que la protesta podría extenderse a más días de la semana si el Rectorado no retira las medidas que consideran perjudiciales para el colectivo.

La protesta incluirá también el rechazo a realizar servicios extraordinarios y horas extra, a utilizar las bolsas de horas previstas en el reglamento de la ULE y a aceptar cambios de turno que no hayan sido programados y comunicados con al menos cinco días laborables de antelación. UGT, CCOO y CSIF llaman igualmente a los trabajadores a limitarse estrictamente a las funciones asignadas a sus puestos y a ejercer diariamente su derecho al descanso, incluso cuando ello implique cerrar temporalmente un servicio porque haya una sola persona trabajando.

A estas medidas se sumarán próximamente asambleas informativas y concentraciones de protesta, cuyos detalles todavía no han sido concretados. “Ni una hora de más gratis”, proclaman las organizaciones sindicales, que consideran que las necesidades extraordinarias de trabajo deben cubrirse mediante contratación y empleo público y no recurriendo a la plantilla existente.

El PTGAS, en el centro del conflicto

El principal motivo de la protesta es la decisión incluida en el plan de ajuste de suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del PTGAS. Los sindicatos consideran que este colectivo está soportando de manera “injusta y discriminatoria” una parte especialmente importante de las medidas de ahorro.

UGT, CCOO y CSIF sostienen que los trabajadores no son responsables del incremento del gasto que ha llevado a la Universidad a su actual situación económica. “El exceso de gasto corriente y las cuestionables decisiones presupuestarias de los últimos años no han sido generados por los trabajadores y las trabajadoras del PTGAS”, argumentan antes de denunciar que ahora se pretenda que sean ellos quienes “paguen las consecuencias de una gestión en la que no hemos participado”.

Las organizaciones sindicales critican especialmente el aplazamiento de la carrera profesional y aseguran que convierte al PTGAS en “el único colectivo de toda la Universidad de León que no cobra su nómina íntegra”, mientras, según denuncian, “se siguen manteniendo y abonando con total normalidad otros complementos” y aumentando el número de cargos y puestos de libre designación.

El comunicado conjunto supone un paso más en la contestación sindical que ya despertó este verano el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional. CCOO había rechazado el documento poco después de su aprobación y reprochó entonces tanto las consecuencias laborales de las medidas como la gestión realizada en los últimos años y la falta de financiación suficiente por parte de la Junta de Castilla y León.

Un agujero millonario en las cuentas

El origen del conflicto está en la complicada situación económica de la Universidad de León. El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de julio, con 21 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, un plan de ajuste hasta 2030 que persigue recuperar el equilibrio presupuestario y evitar que la institución continúe consumiendo sus reservas.

La ULE cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y calcula que sus gastos corrientes superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos ordinarios. El remanente de tesorería, que llegó a alcanzar los 58,48 millones de euros en 2021, se había reducido a 18,77 millones al término de 2025, de los que 6,67 millones correspondían al remanente genérico.

Para revertir esta situación, el plan contempla contener el gasto de personal, retrasar ofertas de empleo público y nuevas convocatorias salvo las consideradas imprescindibles, suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y limitar años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. También plantea medidas como cierres selectivos de instalaciones, ahorro energético y reducción de gastos en viajes, impresión y movilidad.

El ajuste va más allá del personal. La Universidad pretende revisar la viabilidad de grados con menos de 20 alumnos de nuevo ingreso y másteres con menos de cinco estudiantes, con la posibilidad de reorganizarlos, fusionarlos o eliminarlos, además de reorganizar servicios y buscar nuevas fuentes de ingresos.

La Universidad pide más financiación a la Junta

El Rectorado, por su parte, ha defendido que el documento no pretende “tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”. La rectora, Nuria González, aseguró tras las primeras críticas sindicales que muchas de las medidas están sujetas a negociación y situó como “eje central” del plan la reclamación de una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.

La Universidad sostiene que necesita un nuevo modelo de financiación plurianual que permita asumir tanto su funcionamiento ordinario como nuevas obligaciones, entre ellas la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla o el coste derivado de diferentes medidas y sentencias judiciales.

El propio plan aprobado en julio ya contemplaba entre sus riesgos la posibilidad de que se produjera un conflicto sindical. Con el regreso de la actividad tras el verano, ese escenario comienza a materializarse: UGT, CCOO y CSIF han puesto fecha al inicio de las protestas y el 14 de septiembre el plan de ajuste saltará de las cuentas de la Universidad a la organización diaria de sus servicios.

UGT ha condenado “con la máxima firmeza” la agresión verbal y física sufrida en plena vía pública de León por S. C., trabajadora y sindicalista de UGT León. La Confederación ha trasladado su respaldo a la víctima y a la organización provincial, al tiempo que ha exigido la detención inmediata de la presunta agresora y ha reclamado a la Fiscalía que impulse el procedimiento penal y solicite medidas cautelares para garantizar la protección de la afectada.

Según la versión ofrecida por el sindicato, la mujer profirió insultos como “rojos”, “putas” y “zorras”, además de acusaciones de ser “violadores de niños”, antes de agredir físicamente a la trabajadora. UGT califica lo ocurrido como un “ataque de odio” dirigido tanto contra la víctima por su condición de sindicalista como contra las propias siglas de la organización.

El sindicato sostiene que la presunta autora es reincidente y ya había protagonizado otros episodios violentos. Entre ellos cita una agresión anterior a la concejala socialista del Ayuntamiento de León Vera López, por la que, según UGT, tenía vigente una orden de alejamiento respecto a la edil. La organización considera que este antecedente agrava los hechos y evidencia un patrón de conducta que exige una respuesta inmediata de las autoridades.

UGT León enmarca el suceso en una escalada de hostilidad contra sus instalaciones y trabajadores durante los últimos meses. La organización recuerda que otra empleada fue agredida el pasado 1 de mayo y que, ese mismo día, su sede amaneció con una esvástica nazi pintada en la fachada. A estos episodios añade las llamadas telefónicas con insultos que, según denuncia, reciben a diario miembros de su plantilla por pertenecer al sindicato.

La Confederación ha ofrecido a UGT León todo su apoyo jurídico, institucional y organizativo y coordina con la estructura provincial las acciones legales y de protección derivadas de los hechos. El sindicato reivindica que la libertad sindical es un derecho fundamental y advierte de que agredir a una persona por ejercerla no constituye únicamente un ataque individual, sino también contra los derechos laborales y sociales del conjunto de las personas trabajadoras.

El sindicato UGT León ha convocado una concentración en repulsa por esta agresión durante el viernes, 28 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la sede del sindicato, situada en el número 31 de la Gran Vía de San Marcos.

El sindicato UGT León ha convocado una concentración en repulsa por la agresión física y verbal sufrida por una trabajadora del sindicato y contra cualquier manifestación de odio, discriminación o violencia.

La movilización tendrá lugar este viernes, 28 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la sede del sindicato, situada en el número 31 de la Gran Vía de San Marcos.

Según ha informado UGT, la trabajadora fue agredida el martes 25 de agosto en las inmediaciones de la sede sindical. Los hechos incluyeron, según la organización, insultos y una agresión física que habría terminado con la empleada en el suelo. UGT ha anunciado que presentará una denuncia ante los tribunales por un posible delito de odio.

La organización ha “condenado enérgicamente” lo ocurrido y considera que “el ataque no solo se dirige contra una trabajadora, sino también contra la libertad sindical, la democracia y los derechos de la clase trabajadora”. UGT León sostiene que el episodio se enmarca en un contexto de hostigamiento continuado, con llamadas telefónicas e insultos a empleados del sindicato.

El sindicato denuncia una escalada de hostilidad

UGT León también relaciona estos hechos con otros episodios anteriores. Entre ellos, cita la vandalización de su sede el pasado 1 de mayo con una pintada de simbología nazi y la agresión sufrida ese mismo día por otra trabajadora durante los actos del Primero de Mayo.

Además, según la información publicada por medios locales, la mujer señalada por el sindicato habría regresado este miércoles a las inmediaciones de la sede y habría continuado con los insultos y las amenazas, tanto en persona como por teléfono.

Ante esta situación, la organización sindical considera que los incidentes no son hechos aislados y alerta de una posible “escalada de odio”. Por ello, reclama una respuesta social y jurídica y asegura que adoptará “todas las medidas oportunas” para impedir que este tipo de comportamientos se repitan.

UGT León ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración de forma “unida, pacífica y respetuosa”, con el objetivo de mostrar solidaridad con la trabajadora y defender la dignidad, la convivencia democrática y el rechazo a cualquier forma de intimidación.

UGT León ha denunciado este martes la agresión sufrida por una trabajadora del sindicato este martes ante la sede sindical de la ciudad leonesa y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales por un presunto delito de odio. La organización sindical leonesa considera que el ataque se dirige tanto contra la empleada como contra las propias siglas del sindicato y lo enmarca en lo que califica como una “escalada de odio” sufrida durante los últimos meses.

El sindicato ha expresado su condena “enérgica” ante lo ocurrido y sostiene que no se trata de un episodio aislado. UGT recuerda que otra de sus trabajadoras fue agredida hace unos meses durante la celebración del Primero de Mayo y asegura que el personal de su sede leonesa recibe actualmente llamadas telefónicas diarias con insultos por trabajar para la organización sindical.

La presunta agresora es conocida por el sindicato por otras actuaciones similares y anuncia que adoptará “todas las medidas oportunas, vía judicial incluida” para tratar de impedir que vuelvan a producirse. La organización sostiene que no dará “ningún paso atrás frente a los que con sus discursos de odio deshumanizan a las personas y pretenden terminar con la democracia”.

A estos episodios se suma el ataque sufrido por la propia sede de UGT León el pasado 1 de mayo, cuando apareció en sus instalaciones una pintada con una esvástica nazi. El secretario general del sindicato denunció entonces lo sucedido como “un acto de odio manifestado en forma de simbología totalitaria”.

El líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha reclamado un pacto de Estado para que todos los bomberos forestales tengan el mismo sueldo en todo este país. El dirigente sindical ha realizado esta petición después de visitar esta mañana la BRIF de Tabuyo del Monte (León), donde el sindicato ha analizado la situación de los trabajadores que participan en la prevención y extinción de incendios.

Álvarez ha advertido de que no se puede seguir considerando el fuego como un fenómeno excepcional y ha defendido que los dispositivos deben contar con efectivos suficientes para garantizar la seguridad y los descansos de los trabajadores.

A su juicio, las condiciones de los profesionales no pueden depender de cada comunidad autónoma y es necesario establecer unas normas comunes para todo el territorio.

El secretario general ugetista ha alertado además de situaciones laborales “de cierto esclavismo” entre trabajadores de empresas privadas contratadas por las administraciones y ha señalado que las condiciones de las BRIF son mejores que las de algunos de estos empleados y ha criticado también la “huida de la responsabilidad” de las comunidades autónomas y consideró que la UME se ha convertido en un recurso estatal al que se recurre de forma habitual ante los grandes incendios.

Álvarez ha reclamado una planificación territorial del monte, con trabajos de reconocimiento, limpieza y prevención que permitan recuperar una gestión forestal adaptada a las condiciones actuales.

Y ha vinculado esta necesidad con el cambio climático, al tiempo que ha recordado que UGT ya planteó en 2017 un pacto de Estado para abordar sus efectos: “La situación no ha mejorado”, ha lamentado.

Durante su intervención también ha trasladado su solidaridad a las familias afectadas por las recientes riadas de Manzanedo de Valdueza, donde hace una semana murieron dos mujeres, y ha defendido que los fenómenos meteorológicos extremos deben abordarse desde la planificación y la prevención.

UGT Servicios Públicos León ha denunciado la situación del Museo de León, ubicado en el Edificio Pallarés de la capital leonesa y gestionado por la Junta de Castilla y León. UGT denuncia el colapso “total de su sistema de climatización y de la absoluta falta de respuesta de la Consejería de Cultura durante los últimos cuatro años”.

Según la información trasladada tanto por la Dirección del Museo como por el propio Servicio Territorial de Cultura, hace cuatro años se averió uno de los cuatro compresores y una de las dos enfriadoras que componen el sistema de climatización, asegura el sindicato. “Sin embargo, lejos de acometer la reparación necesaria, la Administración ha ido demorando la inversión hasta el punto de que, fruto de esa desidia, en la actualidad se encuentran averiados los cuatro compresores y las dos enfriadoras, dejando al edificio completamente sin capacidad de refrigeración”.

Las consecuencias son que, en una jornada de ola de calor como la de este miércoles 29 de julio, a las 10.30 horas ya se registraban temperaturas de 28,39 grados, que continúan aumentando a medida que avanza el día, con una humedad relativa en torno al 25%. “Esta situación no solo pone en grave riesgo la salud de los trabajadores, sino también la conservación de bienes culturales únicos e irreemplazables. Las colecciones museísticas requieren unas condiciones ambientales estables, con temperaturas que no deberían superar aproximadamente los 23 ºC y una humedad relativa situada entre el 40 % y el 50 % para garantizar su correcta conservación”.

Estas altas temperaturas afectan también al personal: “Los trabajadores llevan semanas desempeñando sus funciones en condiciones extremas y ya se han producido desmayos compatibles con golpes de calor, una circunstancia inadmisible en cualquier centro de trabajo y más aún en un edificio público dependiente de la Junta de Castilla y León”.

UGT considera especialmente grave que, incluso habiéndose planteado como medida provisional el alquiler de una enfriadora mientras se ejecuta la reparación definitiva del sistema de climatización, la Consejería haya rechazado esta solución temporal, prolongando una situación que pone en riesgo tanto la salud laboral como la integridad del patrimonio cultural.

UGT exige “la adopción inmediata de medidas de emergencia que permitan reducir la temperatura del edificio durante el periodo estival, así como la reparación urgente y definitiva del sistema de climatización. El personal no puede afrontar todo el mes de agosto trabajando en estas condiciones de emergencia climática”.

Asimismo, UGT reclama el mismo compromiso con el Museo de León que con otros centros museísticos, “un edificio de titularidad completamente pública, cuyo personal pertenece a la Junta de Castilla y León y que custodia una parte fundamental del patrimonio histórico de todos los castellanos y leoneses”.

“No puede haber museos de primera y de segunda. Tampoco trabajadores públicos de primera y de segunda. La protección del patrimonio comienza por cuidar las condiciones en las que se conserva y por garantizar la seguridad y la salud de quienes lo protegen cada día”, reclama el sindicato.

UGT Servicios Públicos León exige a la Junta de Castilla y León que abandone la inacción y actúe de forma inmediata “antes de que las consecuencias sean irreversibles, tanto para las personas como para un patrimonio cultural que pertenece a toda la ciudadanía”.

El sindicato UGT ha anunciado que ha alcanzado, junto a CCOO, un principio de acuerdo con la patronal para renovar el convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de León. El sindicato considera que, aunque varias de sus reivindicaciones han quedado fuera del texto, el preacuerdo supone una “mejora notable” para los trabajadores del sector y queda ahora pendiente de ser ratificado en asamblea.

Entre las principales novedades figura la creación de varios pluses que hasta ahora no existían en el convenio. Se incorpora un plus de turnicidad y otro de nocturnidad, ambos equivalentes al 7% del salario base; un plus de carga y descarga de 80 euros mensuales para el personal de logística y almacenes; y un plus de conductor de 100 euros mensuales para todas las categorías de conductores. Además, el plus por trabajar domingos y festivos aumenta hasta los 30 euros por jornada.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, entre 2026 y 2028, con una subida salarial del 4% anual en todos los conceptos. UGT destaca que el incremento del salario base, el plus de convenio y las pagas extraordinarias tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, mientras que los nuevos pluses comenzarán a abonarse a partir del próximo 1 de julio. También se incrementará en un 10% la retribución de las horas extraordinarias y se mejorará la protección en los supuestos de incapacidad temporal más grave.

No obstante, el sindicato lamenta que la negociación no haya permitido sacar adelante una de sus principales reivindicaciones: obligar a las empresas a reflejar mensualmente el cómputo de horas trabajadas en las nóminas y reconocer como jornada efectiva todo el tiempo que el trabajador permanece a disposición de la empresa. UGT atribuye este punto a la negativa de la patronal y a la falta de apoyo de CCOO.