La Universidad pública es un derecho y una conquista de la clase trabajadora para democratizar y socializar el conocimiento, garantizando que toda la población pueda acceder a la Educación Superior, y no solo una élite económica y social como ocurría en la Edad Media.

Hoy, el gobierno de la Junta de Castilla y León, tanto el anterior como el actual, pone en riesgo esa conquista social al apostar por un modelo universitario que asfixie lo público y que nos devuelta a los tiempos de élites y desigualdad, de privatización del conocimiento y de sustituir el valor social por el económico. Todo ello con el conformismo cómplice del actual equipo de gobierno de la ULE.

Y es que, el Partido Popular y Mañueco, con la lección aprendida de lo ocurrido en otras autonomías, tiene marcada su hoja de ruta con dos puntos clave: asfixia económica por infrafinanciación para lo público, y alfombra roja para la implantación de empresas-universidades privadas. Una dupla simbiótica, entre la que se cuelan la creación de toda suerte de fundaciones y patronatos donde, bajo el ostentoso título de la colaboración público-privada, se abren las puertas a la mercantilización universitaria.

De hecho, el Partido Popular ha conseguido que el número de empresas-universidades privadas (5) ya sobrepase al número de universidades públicas (4) en Castilla y León (y allá donde gobierna). El crecimiento privado se basa en la enseñanza virtual y en los másteres, que ofrecen tasas de beneficios increíbles y que es donde está el negocio. Porque los inversores privados no se plantean la Educación Superior sino como un nicho de negocio del que obtener beneficio. Ninguno de estos accionistas tiene interés por mejorar la Educación Superior, aportar ciencia, conocimientos, investigación, educación… sino de 'hacer caja'.

Con el nuevo gobierno Vox-PP, la hoja de ruta avanza y han planeado la progresiva destrucción y desaparición de la Universidad Pública. ¿Cómo? Desfinanciando y estrangulando lo público. En este caso, la Universidad de León.

La actual Ley Universitaria (LOSU) obliga a financiar con al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico a la educación universitaria pública. Pero el actual gobierno autonómico, declarado en rebeldía y en claro incumplimiento de la ley, y alejado del objetivo de ese 1%, ha recortado la financiación al 0,65%. Es decir, a casi la mitad. Para destinarlo, suponemos que a los toros y otras cuestiones similares y de idéntico calado, como tributo al apoyo de la extrema derecha para seguir “gobernando”.

Pero lo más sangrante es que el actual equipo rectoral de la Universidad de León se ha apresurado a llevar al Consejo de Gobierno, para su urgente aprobación, un Plan de Recortes, que rinde pleitesía al ataque a las Universidades Públicas de la autonomía. Es como aquellos esclavos de la casa de las plantaciones de algodón que defendían al amo, porque consideraban que estaban en mejores condiciones de esclavitud que los esclavos del campo. Parece que incluso se quieren anticipar a cumplir los deseos de sus señores, para que vean que se portan bien y que son fieles cumplidores de sus mandatos.

Este Plan de Recortes de la Universidad de León contempla recortes laborales, salariales y académicos. Es decir, congelaciones salariales, cambios en la plantilla, riesgo de cierre de grados y posibles fusiones o eliminaciones de titulaciones, especialmente aquellas que no son rentables desde un prisma exclusivamente economicista. ¿Para qué queremos las humanidades, la filosofía, la literatura, el arte, si ya no son rentables? Es la filosofía que nos vende este plan de recortes.

En vez de exigir al PP de Mañueco y Quiñones una estrategia de estabilización, modernización y mejora de la financiación de las Universidades Públicas con un plan plurianual que garantice la financiación basal, presentan, antes incluso de haberse reunido con ellos, un plan de recorte de personal y de la oferta académica. Eso sí, con un título eufemístico para incautos: Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional de la Universidad de León, vamos “un plan de recortes de los de toda la vida”.

El actual equipo rectoral de la ULE ha optado: en lugar de enfrentarse con los de arriba, prefiere aplicar recortes a sus compañeras y compañeros. Lejos de afrontar la infrafinanciación como verdadera causa de cualquier problema económico, eligen recortar y precarizar a trabajadores y alumnado. Medidas como congelar el pago de complementos salariales, demorar las contrataciones y empeorar condiciones laborales. Recortes que también afectarán a los jóvenes investigadores, al tiempo que la ULE se queja de los problemas del relevo generacional.

Siguiendo con el guion rocambolesco, se convierte a las víctimas en culpables, al interpretar que las sentencias judiciales favorables a los trabajadores por el incumplimiento de sus derechos son, en realidad, un problema económico causante del Plan de Recortes. Pero del chantaje de la Junta a la ULE a la hora de aportar los recursos necesarios para afrontar la ejecución de las sentencias, no nos cuentan nada.

El giro economicista para rentabilizar la enseñanza, se apuntala con la incorporación de “estudios propios autofinanciables”, es decir, que solo se impartirán si consiguen financiación, con lo que se mercantiliza la Educación Superior en la Universidad de León. Es la vía para competir en el capitalismo: buscar financiación privada o poner tasas de matrícula elitistas. Convertir la Universidad Pública en universidad para la élite. Ya lo dijo el banquero y vicepresidente de Aznar, el exministro Rodrigo Rato con su famosa frase: “es el mercado, amigo”.

¿Quién financiará investigación para resolver problemas de las zonas rurales o la España vaciada, si no es rentable?, ¿quién financiará docencia en grados de servicios para los más necesitados, si no son rentables? El problema de fondo es que así se está pervirtiendo el sentido y la finalidad para los que se crearon las Universidades Públicas. Reduciendo la Educación Superior a una lógica de rentabilidad, a la lógica del capital y debilitando su función social en León.

¿Qué hacer? No podemos mirar para otro lado, para evitar los conflictos. Los bárbaros ya no están a las puertas, como en la caída del Imperio Romano. Los bárbaros han entrado, se han sentado en los escaños institucionales y están saqueando todo lo público y los derechos, que tan duro nos ha costado conquistar a la clase trabajadora. El equipo rectoral de la Universidad de León tiene que optar. O está con la clase trabajadora, al servicio de la ciudadanía, de los derechos de todos y todas y del bien común, o está con quienes están saqueando la Universidad Pública. O planta cara y se convierten en parte de la solución, o son parte del problema y deberían dimitir.

El equipo rectoral tiene una oportunidad de oro para defender la Universidad Pública, buscando el apoyo de otras universidades y construyendo un frente común con los agentes sociales. Puede prescindir del Plan de Recortes y construir un Plan de Acciones que agoten las vías institucionales y jurídicas frente a la ilegal asfixia financiera de la Junta. Ahí, nos encontrará a su lado. Pero en el recorte, el ataque a los trabajadores y la mercantilización universitaria nos tendrá, inevitablemente, en frente.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro de la Ejecutiva Federal de la Federación de Comisiones Obreras. Victor Bejega es secretario General de CC OO Enseñanza en León y miembro del Consejo Social de la ULE.

La reclamación de más financiación al Gobierno autonómico es el “eje central” del plan de ajuste impulsado por la Universidad de León (ULE). Así se pronunció este lunes la rectora de la ULE, Nuria González, tras las críticas al documento formuladas ya por Comisiones Obreras, que sostiene que su aplicación supone recortes laborales y amenaza el futuro de varias titulaciones. González, que enfatizó que las medidas finalmente adoptadas estarán sujetas a negociación, señaló también que el objetivo es buscar “una eficiencia en el gasto”.

La Universidad de León aprobó en Consejo de Gobierno el viernes 17 de julio el denominado Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030. “Lo que pretende no es tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”, apuntó la rectora tras las primeras críticas esbozadas por el sindicato CCOO y antes de aclarar que la puesta en marcha de un plan de ajuste resulta obligado ante una situación de déficit presupuestario. La elaboración del documento, añadió González, es un paso previo a la solicitud de más dinero a la Junta de Castilla y León.

“Y ahora ya tenemos interlocutores”, dijo la rectora de la ULE al respecto de la reciente formación de un nuevo Gobierno autonómico derivado de las elecciones del pasado mes de marzo que supuso la creación de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a cuyo frente está el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. La reclamación de más fondos a la Junta es precisamente una de las exigencias de Comisiones, que también insta al equipo rectoral de la institución académica a solicitar la convocatoria del Consejo de Universidades de Castilla y León y de la Mesa Sectorial de Universidades.

Además de comprometer esa reclamación financiera a la Junta, Nuria González subrayó que el plan de sostenibilidad es “bastante dinámico” y “está sujeto a negociación”. “Hay bastantes medidas que tienen que ser negociadas”, dijo al detallar que la pretensión de reevaluar partidas económicas ante situaciones en las que “el gasto no está teniendo el impacto deseado”

Será la financiación autonómica la que marque el paso del plan de ajuste, que tendrá vigencia hasta el año 2030, según indicó la rectora de la ULE. “Es un plan para garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad de León pues hasta que finalice”, concluyó González.

El sindicato CCOO ha rechazado este miércoles el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Leónm el pasado viernes, ya que prevé la aplicación de un plan de recortes económicos para equilibrar las cuents de la institución que ha salido aprobado sin unanimidad.

A través de un comunicado, CCOO Enseñanza en León y su sección en la universidad han incidido en que esta falta de consenso es una muestra de la oposición existente al plan “por una parte importante de la comunidad universitaria”.

Asimismo, la organización sindical ha contrapuesto la “extrema urgencia” para aprobar este plan con la calma a la hora de reclamar a la Junta de Castilla y León que cumpla con la ley en materia de financiación universitaria, que el propio plan “reconoce como principal causa del problema económico” de la institución educativa.

También ha reprochado que el plan carezca de una hoja de ruta, propuesta o medidas para presionar a la Consejería - que ahora depende de Industria, Universidades, Comercio y Empleo y que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones- para que cumpla con la normativa, ya que en la financiación de la ULE se encuentra por debajo del 1% del PIB que marca la ley.

Por otro lado, el sindicato ha puesto el foco en la gestión que la universidad ha hecho de los 58 millones de euros de remanente que, lejos de contribuir a aliviar la situación económica, “parece haber servido para agravarla” al asumir el coste de “infraestructuras de una magnitud innecesaria e hipotecando financieramente a la Universidad de León”.

Consejo de Universidades

CCOO ha trasladado a la rectora, Nuria González, que debe liderar la exigencia y confrontación con el ejecutivo para garantizar la correcta financiación de las universidades públicas de Castilla y León.

Por ello, el sindicato le ha instado a convocar al Consejo de Universidades de Castilla y León y a exigir la convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidades. Asimismo, ha solicitado estudiar e iniciar todas las medidas de presión institucional y jurídica necesarias , que respaldaría.

En el caso contrario de aplicarse recortes que supongan el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y pongan en riesgo la calidad académica y las oportunidades del alumnado, CCOO ha advertido de que se enfrentarán a la dirección de la Universidad.

El conflicto sindical en la Universidad de León no se ciñe exclusivamente a los recortes del plan de sostenibilidad: existen otros focos como la anulación del Premio de Jubilación del PTGAS, los incumplimientos en el cobro de la carrera horizontal, las reclamaciones jurídicas sobre otros complementos y condiciones laborales que no se cumplen y, especialmente, por el bloqueo en la negociación de algunos convenios colectivos.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado las condiciones laborales en las que han desarrollado su trabajo los miembros de los tribunales de las oposiciones docentes celebradas este verano en Castilla y León.

El sindicato asegura haber recopilado testimonios de integrantes de distintos tribunales y especialidades que coinciden en señalar jornadas de hasta 12 horas, problemas de organización, falta de alojamiento garantizado y unas dietas que consideran insuficientes y desfasadas, entre otros muchos serios problemas.

Según CCOO, la presión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para acortar los plazos de publicación de las calificaciones ha obligado a los tribunales a afrontar jornadas maratonianas tanto en la corrección de los exámenes como en la tramitación administrativa. El sindicato sostiene además que muchas de las instrucciones fueron transmitidas de forma verbal y con escaso margen para su aplicación, ante la ausencia de documentación técnica que resolviera las dudas habituales del proceso. También denuncia que los grupos de mensajería entre presidentes y coordinadores permanecían activos hasta última hora del día con indicaciones que debían aplicarse a la mañana siguiente.

La organización sindical critica igualmente la gestión de los desplazamientos y el alojamiento de los miembros de los tribunales. Afirma que la Administración no ha explicado el criterio seguido para asignar a los docentes, lo que, según expone, obligó a algunos de ellos a realizar largos desplazamientos sin conexiones directas en transporte público. Asimismo, recuerda que la Consejería se comprometió en la Mesa Sectorial del pasado 3 de marzo a facilitar plazas en residencias dependientes de la Administración autonómica, un compromiso que, asegura, no se ha cumplido. A ello añade los cambios en los cronogramas, con hasta tres versiones distintas en menos de dos semanas, que habrían provocado la pérdida de reservas de alojamiento ya abonadas por algunos docentes.

CCOO también pone el foco en el coste económico que, según denuncia, han tenido que asumir los integrantes de los tribunales. Recuerda que las dietas de manutención y alojamiento permanecen sin actualizar desde hace cerca de dos décadas y que las indemnizaciones por razón de servicio, congeladas desde 2002, ascienden a 42,83 euros para los vocales y a 45,89 euros para presidentes y secretarios. El sindicato señala que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha aumentado un 71,3% desde entonces, por lo que considera que estas cuantías están muy por debajo del coste real de desplazamientos, alojamiento y manutención.

La organización añade que, aunque la normativa contempla anticipos de hasta el 80% de las cantidades previstas, estos no se estarían abonando, lo que obliga a los docentes a adelantar los gastos y esperar varios meses para recuperar el dinero. Asimismo, denuncia la existencia de aulas sin climatización en las que, asegura, se superaron los límites de temperatura establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, además de reuniones convocadas en días laborables que obligaban a los docentes a desplazarse y reincorporarse a sus centros al día siguiente sin tiempo suficiente de descanso.

CCOO recuerda que desde hace años reclama una reforma del sistema de acceso a la función pública docente para reducir el número de aspirantes asignados a cada tribunal y evitar la sobrecarga de trabajo. En este sentido, advierte de que las condiciones denunciadas están provocando un creciente rechazo entre el profesorado a asumir estas funciones.

Por todo ello, el sindicato exige a la Consejería de Educación que elimine las presiones para acelerar los plazos, establezca un cronograma único y estable, garantice el alojamiento comprometido para los docentes desplazados, explique el criterio seguido en la designación de los tribunales y abone las dietas antes del inicio del próximo curso. También reclama la actualización urgente de las indemnizaciones conforme al coste de la vida, la concesión efectiva de anticipos para evitar que el profesorado tenga que adelantar los gastos y la adopción de medidas que impidan que estas situaciones vuelvan a repetirse en futuras convocatorias.

Comisiones Obreras ha mostrado este jueves su rechazo frontal al Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional presentado por la Universidad de León, una herramienta que, según denuncia el sindicato, “incluye empeoramiento de condiciones laborales y salariales, además del riesgo de cierre y fusión de grados”.

CCOO sostiene que este documento no propiciará una estrategia de modernización de la ULE sino que se convertirá en “un plan de recortes encubierto” derivado “fundamentalmente” de “la asfixia económica y la infrafinanciación crónica de la Junta de Castilla y León a la universidad pública”.

Así las cosas, el sindicato considera “de especial gravedad” medidas incluidas en el plan y que suponen, según denuncia, “un empeoramiento de las condiciones laborales, incluyendo la congelación del pago de algunos complementos salariales” a determinado tipo de personal. “Se llega incluso a considerar”, añade, “un problema económico la ejecución de sentencias judiciales por incumplimiento de derechos laborales”. Y apunta que se sugiera una modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) hasta apurar “al máximo” los plazos de contratación, con “amortización de plazas” y con “categorías profesionales cada vez más flexibles y multitarea sometidas a movilidad interna”.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza en León y su Sección Sindical en la ULE también denuncian que el plan asume la posibilidad de eliminación y fusión de títulos de grado“, algo que atribuyen a ”criterios economicistas“ al ampararse en el volumen de matriculación, y advierten de que se abra la puerta a ”estudios propios autofinanciables·“ de participación privada o con tasas de matrícula ”elitistas“.

“No vamos a avalar ningún recorte laboral, ninguna pérdida de derechos, ningún empeoramiento de las condiciones laborales ni ninguna eliminación de grados”, señala CCOO, que acusa a la rectora, Nuria González, de estar “actuando como paragolpes de la Junta” hasta descargar “el problema económico sobre los trabajadores y las trabajadoras”. Y es que considera que se trata de “una complicidad que se recoge en el propio Plan, donde no existe ninguna estrategia ni medidas concretas para exigir a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones, limitándose únicamente a ”solicitar, pedir o abrir cauces de diálogo“ con absoluta tibieza”, lo que “contrasta con la dureza y contundencia de algunas de las medidas impuestas” al personal.

En este escenario, el sindicato emplaza a la rectora a convocar de urgencia el Consejo de Universidades de Castilla y León y liderar la exigencia a la Junta del “cumplimiento de sus obligaciones financieras” sin descartar la vía judicial. Pero “el equipo rectoral prefiere recortar los derechos de sus trabajadores y su propia calidad académica antes que generar fricciones con el Gobierno autonómico”, entiende Comisiones al citar singularmente la creación de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, encabezada por el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y recibida con buenas palabras por Nuria González.

La librería Literatessen de León acogerá el próximo jueves 2 de julio la presentación de 'Las voces de la República', el último libro de Joseba Eceolaza, una obra que reflexiona sobre la memoria democrática y la represión ejercida tras el golpe de estado de 1936. El acto se enmarca en el ciclo '90 años de memoria republicana', organizado por la Fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León con motivo del 90 aniversario del final de la Segunda República.

La presentación comenzará a las 19.00 horas y contará, además del autor, con la participación del presidente de la Fundación Jesús Pereda, Luis Fernández Bayón, y de la secretaria general de CCOO León, Elena Blasco Martín. El ciclo continuará posteriormente con la presentación del libro 'El frente popular de izquierdas', de Carmelo Romero.

En 'Las voces de la República', Eceolaza sostiene que el golpe militar de 1936 no fue únicamente una sublevación contra el Gobierno legítimo de la República, sino una operación de “limpieza ideológica” cuya violencia constituyó el origen del franquismo y se prolongó durante las cuatro décadas de dictadura. El autor defiende que conocer las historias de las víctimas y sus familias resulta imprescindible para comprender la magnitud de la represión y reivindica la memoria como una herramienta de justicia histórica y de educación democrática.

Joseba Eceolaza fue parlamentario de Navarra entre 2007 y 2011 y ha desarrollado buena parte de su trayectoria pública vinculada al movimiento memorialista. Actualmente es responsable de Memoria Democrática en la Confederación Sindical de CCOO y ha publicado otros títulos relacionados con la Guerra Civil y el franquismo, como 'Camino Oscoz y otras historias del 36', 'Tras la pista de Federico García Lorca' o el poemario 'Apuntes de servilleta'.

El sindicato UGT ha anunciado que ha alcanzado, junto a CCOO, un principio de acuerdo con la patronal para renovar el convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de León. El sindicato considera que, aunque varias de sus reivindicaciones han quedado fuera del texto, el preacuerdo supone una “mejora notable” para los trabajadores del sector y queda ahora pendiente de ser ratificado en asamblea.

Entre las principales novedades figura la creación de varios pluses que hasta ahora no existían en el convenio. Se incorpora un plus de turnicidad y otro de nocturnidad, ambos equivalentes al 7% del salario base; un plus de carga y descarga de 80 euros mensuales para el personal de logística y almacenes; y un plus de conductor de 100 euros mensuales para todas las categorías de conductores. Además, el plus por trabajar domingos y festivos aumenta hasta los 30 euros por jornada.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, entre 2026 y 2028, con una subida salarial del 4% anual en todos los conceptos. UGT destaca que el incremento del salario base, el plus de convenio y las pagas extraordinarias tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, mientras que los nuevos pluses comenzarán a abonarse a partir del próximo 1 de julio. También se incrementará en un 10% la retribución de las horas extraordinarias y se mejorará la protección en los supuestos de incapacidad temporal más grave.

No obstante, el sindicato lamenta que la negociación no haya permitido sacar adelante una de sus principales reivindicaciones: obligar a las empresas a reflejar mensualmente el cómputo de horas trabajadas en las nóminas y reconocer como jornada efectiva todo el tiempo que el trabajador permanece a disposición de la empresa. UGT atribuye este punto a la negativa de la patronal y a la falta de apoyo de CCOO.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León ha denunciado este lunes que los centros educativos y administraciones dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León están superando los 30 grados en plena ola de calor, debido a que, según el sindicato, no están adaptados para combatir las altas temperaturas, que, aseguran: “superan con creces las permitidas por la ley”.

CCOO denuncia que en estos centros de trabajo, todo el personal docente, laboral y de administración están realizando su trabajo en condiciones de riesgo para su propia salud. Un riesgo que, para CCOO, es de especial gravedad la situación de las Escuelas Infantiles y las aulas de 0-3 años, debido a “la vulnerabilidad de los niños y niñas que permanecen en los centros y donde la posibilidad de que se produzcan situaciones que afecten a la salud se multiplica”.

Víctor Bejega García, Secretario General del sindicato provincial de Enseñanza, señala que “la Junta de Castilla y León debe garantizar unas temperaturas y condiciones medioambientales básicas en sus centros de trabajo y cumplir con la legislación en materia de prevención. Pero otro año más la falta de previsión y de inversión en medidas concretas hace imposible cualquier posibilidad de evitar las altas temperaturas en las aulas, exponiendo a trabajadores y alumnado a riesgos sobre su salud”.

Desde CCOO denuncian que, en lugar de dotar a las aulas de sistemas de climatización apropiados para regular la temperatura y optar por medidas que garanticen las condiciones óptimas frente a las cada vez más frecuentes olas de calor, la Junta de Castilla y León únicamente ha instalado algunos ventiladores en algunas aulas de 0-3 años y recomendaciones de ventilar los espacios cuando sea posible. Unas medidas que, para CCOO, “son totalmente ineficaces ante las altas temperaturas, tanto del exterior como del interior de los centros, haciendo imposible que se pueda reducir la temperatura de los espacios”.

CCOO insiste en que “las mediciones de temperatura realizadas en los centros educativos son preocupantes y superan con creces los límites marcados por la ley. Y tampoco se están aplicando ninguna de las medidas correctoras comprometidas por la Junta tras las reiteradas denuncias del sindicato, entre las que se incluían la instalación de toldos sobre las ventanas para reducir el efecto radiador de las persianas, la mejora de los sistemas de ventilación y la compra de equipos de aire acondicionado portátiles”. Especialmente esta última medida, la compra de equipos de aire acondicionado portátiles, es la exigencia de CCOO por el carácter de urgencia de la situación.

Por todo ello, Víctor Bejega exige “una inversión clara y urgente en los centros educativos públicos por parte de la Junta de Castilla y León para garantizar las condiciones de temperatura en los centros de trabajo y en las aulas, cumpliendo la legislación vigente y abandonando una irresponsabilidad manifiesta que pone en riesgo a las trabajadoras y trabajadores, pero también a los menores. Desde CCOO insistimos, otro año más, en advertir del grave riesgo a la salud y de la necesidad de solucionar esta situación antes de que haya que lamentar alguna desgracia”.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en cuestión el funcionamiento del sistema de iluminación instalado tras las obras de eficiencia energética en el edificio de los Tribunales de Instancia de Ponferrada, cuya recepción oficial se produjo en el mes de febrero de este mismo año 2026.

La actuación ha supuesto una renovación integral del inmueble, con mejoras en fachada mediante paneles de lana de roca, sustitución de carpinterías exteriores, renovación de cubierta con mayor aislamiento, incorporación de placas solares y la implantación de iluminación LED junto a sistemas de climatización y ventilación más eficientes.

Sin embargo, este sindicato, en nota de prensa, ha denunciado que el uso cotidiano del edificio presenta importantes problemas derivados del sistema de iluminación basado en sensores de movimiento y luminosidad, que provoca apagones recurrentes en despachos y oficinas.

Según este escrito, los trabajadores se ven obligados en ocasiones a realizar movimientos constantes —como levantarse o gesticular con los brazos— para reactivar la luz, lo que interrumpe el trabajo de forma reiterada. Estas incidencias se producirían tanto en ausencias temporales como en puestos individuales o en momentos de baja actividad en las oficinas.

El problema, añade la nota, se agrava en servicios de guardia o en procedimientos de Violencia de Género, donde las diligencias pueden prolongarse más allá del horario con luz natural. En estos casos, la falta de detección de movimiento provoca que el personal deba trabajar en condiciones de oscuridad o iluminación insuficiente.

El documento también señala que el sistema combina detección de presencia y luminosidad, lo que en determinadas situaciones impide una iluminación estable incluso cuando hay personal trabajando en el interior de las dependencias.

Medio centenar de trabajadores del operativo de lucha contra incendios forestales de León se concentraron este miércoles ante la delegación territorial de la Junta en la capital para denunciar el “abandono absoluto” que, a su juicio, sufre el servicio a escasos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

La protesta, convocada por CCOO y CGT, forma parte de una movilización desarrollada en varias provincias de Castilla y León para reclamar mejoras en un operativo que los sindicatos consideran insuficiente para afrontar un verano que prevén especialmente complicado.

Durante la concentración, el coordinador de bomberos forestales de la Federación de Servicios Forestales de CCOO, Diego Fernández, aseguró que la situación actual apenas presenta avances respecto a los acuerdos alcanzados hace años y criticó que las mejoras anunciadas por la Junta son “muy pocas” y ya estaban comprometidas desde 2022.

Fernández describió un operativo “bajo mínimos”, con “puestos de vigilancia que se caen a pedazos” y bases de camiones que, según denunció, “no cumplen con la normativa mínima”. A ello sumó la escasez de tratamientos selvícolas preventivos realizados durante los últimos meses, que calificó de “ínfimos”.

Los representantes sindicales advirtieron además de que la falta de personal afecta a buena parte de los servicios implicados en la extinción de incendios. Según explicaron, el dispositivo está integrado por personal de la Junta, trabajadores de empresas privadas y efectivos de Tragsa, una situación que, a su juicio, dificulta la coordinación.

“No somos un operativo, somos 27”, resumió Fernández, en referencia a las diferencias de funcionamiento existentes entre provincias y organismos. Según denunció, esta situación genera problemas de comunicación y dificulta una respuesta homogénea ante las emergencias.

Uno de los principales problemas señalados durante la protesta fue la falta de agentes medioambientales. El delegado de CCOO José Ramón Casado aseguró que en la provincia de León existe actualmente un 15% de vacantes sin cubrir en este colectivo, una situación que se agrava por las jubilaciones previstas de numerosos profesionales con experiencia.

Casado alertó de que esa pérdida de conocimiento acumulado está siendo sustituida por personal que en muchos casos carece de experiencia previa en incendios forestales.

En la misma línea se expresó el secretario general de personal laboral de CGT en León, Ángel Fernández, quien señaló que muchos de los agentes de nueva incorporación “nunca han estado en un incendio y desconocen las comarcas”. Por ello, reclamó una mayor formación para todos los integrantes del operativo y criterios de actuación unificados en todo el territorio.

Los sindicatos también denunciaron las condiciones laborales existentes en parte de las instalaciones utilizadas por el operativo. Según recordaron, estas circunstancias han sido objeto de actuaciones de la Inspección de Trabajo, que les habría dado la razón en algunas de sus reclamaciones.

CCOO ha llegado incluso a presentar una querella criminal contra la Junta por esta situación, al considerar que existen responsabilidades concretas en el mantenimiento de determinadas condiciones de trabajo.

Además de exigir más personal y mejores medios, los concentrados reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales para todos los profesionales que participan en la lucha contra los incendios, incluidos agentes medioambientales, técnicos y celadores, y no únicamente peones, conductores o vigilantes.

Las movilizaciones se celebraron también en otras provincias de la Comunidad. En todas ellas los representantes sindicales coincidieron en advertir de que el operativo afronta el inicio de la campaña de verano con problemas muy similares a los denunciados tras los graves incendios registrados en los últimos años, entre ellos los que afectaron a amplias zonas de Zamora y los devastadores fuegos que el verano pasado arrasaron decenas de miles de hectáreas en Castilla y León.

Laciana volvió a movilizarse este miércoles en una de las protestas más amplias y unitarias de los últimos años. La comarca ha llevado a cabo un paro general de tres horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas, para denunciar lo que considera décadas de abandono institucional y reclamar medidas urgentes que permitan garantizar su futuro.

La movilización estuvo impulsada por el denominado Frente Común de Laciana, una plataforma que agrupa a los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Villablino, junto a los sindicatos UGT, CCOO y USO, y que en los últimos meses ha ido sumando el respaldo de colectivos sociales, empresarios, asociaciones y representantes del ámbito educativo.

La concentración arrancó a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Villablino y recorrió varias calles de la capital lacianiega antes de regresar al Consistorio, donde estudiantes de los centros de educación secundaria de la comarca leyeron un manifiesto en nombre de los participantes.

Los convocantes consideran que Laciana atraviesa un momento “decisivo” y sostienen que la situación actual es consecuencia de años de promesas incumplidas, planes de reactivación fallidos y falta de compromiso por parte de las administraciones públicas. En el manifiesto que se leyó al término de la marcha denunciaron que, tras el cierre de la minería, las alternativas prometidas nunca llegaron a generar el empleo ni la actividad económica necesarios para sustituir el peso que tuvo históricamente este sector.

La plataforma asegura que la comarca sufre una pérdida constante de población, servicios y oportunidades laborales, una situación que atribuye tanto al fracaso de los sucesivos planes de reactivación como a la falta de inversiones efectivas. “Laciana no puede seguir siendo una tierra olvidada”, sostienen los convocantes, que reclaman una respuesta coordinada de todas las administraciones.

Entre las principales reivindicaciones figuran la puesta en marcha de un plan específico para Laciana, la llegada de nuevos proyectos industriales compatibles con el entorno, mejores infraestructuras, comunicaciones modernas, incentivos para empresas y autónomos, vivienda, empleo y servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia o la formación profesional.

Los impulsores de la movilización también reclaman medidas concretas contra la despoblación y el envejecimiento de la comarca, advirtiendo de que la falta de oportunidades continúa obligando a marcharse a buena parte de la población joven. “Sin oportunidades, los jóvenes nos vamos, y sin juventud no hay relevo generacional”, recoge el manifiesto.

El Frente Común considera que las administraciones mantienen una “deuda histórica” con Laciana y advierte de que la protesta de este miércoles será solo el inicio de nuevas acciones si no llegan respuestas. “No vamos a aceptar más engaños, más abandono, más silencios ni más excusas”, señalan.

La movilización pretende convertirse en un nuevo hito reivindicativo para una comarca marcada durante décadas por las luchas vinculadas a la minería y que ahora busca abrir una nueva etapa centrada en la reactivación económica y la fijación de población. “Laciana sigue viva”, zanjaron.

El escritor Ignacio Fernández Herrero presentará este jueves, 4 de junio, su nuevo libro, 'Canciones de amor (levemente) desafinadas', en la Biblioteca Municipal de Ponferrada. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Sonia Pacios y contará con la participación de Elena Blasco.

Publicado por la editorial Eolas, el volumen propone una mirada poco habitual sobre uno de los temas más universales de la cultura popular: las canciones de amor. A través de ocho relatos y un ensayo, la obra invita a reflexionar sobre los mensajes que transmiten esas canciones y sobre la influencia que han tenido en la forma de entender las relaciones afectivas de varias generaciones.

Según explica la editorial, el libro analiza cómo las canciones, igual que el cine o la literatura, han contribuido a consolidar determinados modelos emocionales que a menudo se asumen de forma inconsciente. Los relatos desarrollan esas ideas desde la ficción, mientras que el ensayo aborda el análisis de un cancionero generacional concreto para tratar de distinguir qué parte de esas historias amorosas pertenece a la experiencia real y cuál responde a construcciones culturales.

Fernández Herrero es conocido por su trayectoria sindical y cultural. Fue secretario general de CCOO León entre 2004 y 2017 y posteriormente ocupó responsabilidades en CCOO Castilla y León y en la Fundación Jesús Pereda. Además, ha desarrollado una amplia actividad vinculada al pensamiento crítico y a la creación literaria.

El autor publicó en 2006 el poemario 'Lógica borrosa' y posteriormente los ensayos 'Poscontemporáneos' y 'A la siniestra', ambos con la editorial Eolas. También formó parte del equipo editor de la revista de poesía 'Fake'.

Los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios forestales están llamados a concentrarse el próximo miércoles, 10 de junio, ante las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León para denunciar la situación que, según CCOO, atraviesa el dispositivo autonómico a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

Las protestas se celebrarán en todas las provincias de la Comunidad excepto Valladolid, donde la movilización tendrá lugar el día 11, víspera del comienzo oficial de la campaña estival.

El sindicato sostiene que el operativo llega al verano con graves problemas de organización, falta de personal y recursos insuficientes para afrontar una temporada que se prevé complicada por la acumulación de vegetación en los montes y las elevadas temperaturas registradas ya en las últimas semanas.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en Valladolid, el coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, aseguró que existe un “malestar general” entre los distintos colectivos que integran el operativo y denunció que numerosos trabajadores todavía desconocen sus calendarios de guardias pese a que estos deberían haberse aprobado el pasado 15 de mayo.

Según el sindicato, la situación afecta a agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

CCOO considera que el dispositivo se encuentra sostenido sobre “pies de barro” por problemas estructurales que arrastra desde hace años y por la falta de desarrollo de aspectos normativos fundamentales para su funcionamiento.

Especialmente crítico se mostró el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, quien calificó la situación de “caos absoluto” y aseguró que la organización actual de los recursos es incluso peor que la existente durante la pasada campaña.

El sindicato sostiene que en algunas provincias la disponibilidad de medios ronda actualmente el 30% y acusa a la Consejería de Medio Ambiente de no haber adaptado adecuadamente el operativo a un escenario que ya apuntaba a un elevado riesgo de incendios.

Las críticas llegan además en un contexto especialmente sensible para Castilla y León tras los grandes incendios sufridos en los últimos años. González llegó a advertir de que la situación actual guarda similitudes con la existente en Zamora durante 2022, cuando se produjeron algunos de los peores incendios de la historia reciente de la Comunidad.

Entre las denuncias planteadas por CCOO figuran también la falta de adaptación a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de efectivos, diferencias laborales entre trabajadores públicos y personal de empresas contratadas por la Administración, jornadas que pueden prolongarse durante más de veinte horas y la incorporación de personal que, según el sindicato, no dispone de formación suficiente para tareas de extinción.

La organización sindical mantiene además una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no descarta nuevas movilizaciones durante las próximas semanas.

A juicio de CCOO, el futuro responsable autonómico de Medio Ambiente heredará un operativo que requiere cambios urgentes, entre ellos la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales, el refuerzo de las plantillas y una reorganización profunda de un sistema que considera obsoleto.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza de León denuncia la situación que presenta el gimnasio del instituto público Juan del Enzina, que presenta unas “condiciones lamentables” e incluso peligrosas que impiden la utilización del espacio. Una situación que lleva años produciéndose ante la dejadez, denuncian, de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León.

Desde CCOO señalan un conjunto de deficiencias, muchas de las cuales se deben a una falta de mantenimiento y de inversión para la conservación y mejora del centro. Uno de los elementos denunciados es la situación de la cubierta del gimnasio, cuyos materiales constructivos “no son los más adecuados para León y presentan un elevado índice de degradación por la exposición a las condiciones climatológicas”. Aseguran y demuestran con varias fotografías que parte del tejado, debido a su composición material, ha sufrido deformaciones que provocan balsas de agua, lo que unido al deterioro de la impermeabilización de las placas aislantes, genera filtraciones de agua hacia el interior del gimnasio.

En el interior, esas filtraciones “generan escorrentías y oxidaciones en el techo del gimnasio, así como humedades y un goteo constante hacia el suelo del mismo”. Y ahí surge otro problema: el suelo del gimnasio se ha levantado por completo, llegando a pudrirse parte del material y generando la inutilización de la instalación deportiva y un alto grado de insalubridad en la misma. El único recurso posible de los docentes ha sido durante años que gran parte de los cursos se tenga que impartir la asignatura de Educación Física en el patio exterior, incluso cuando las condiciones climatológicas no lo hacen recomendable.

El portavoz de CCOO Enseñanza, Víctor Bejega, denuncia además en un comunicado que las tuberías y sistemas de desagüe del tejado también presentan deficiencias, llegando a separarse alguna de las piezas y provocando que el agua del tejado se descargase hacia el interior del edificio.

No están mucho mejor las fachadas del edificio, “tanto del gimnasio como de la entrada principal del centro, que presenta importantes problemas de humedades y falta de algunas de las placas que conforman la fachada del patio”, desprendidas hace tiempo, y por fortuna sin causar heridas a nadie.

Bejega ve “esta situación como otro ejemplo más de los muchos que vamos denunciando periódicamente y que constatan la falta de inversión, recursos y mantenimiento en los centros educativos de la provincia” por parte de la Junta. “La asfixia económica a la educación pública se traduce en presupuestos muy limitados y totalmente insuficientes para acometer las labores reales de mantenimiento y las obras de renovación y reparación en muchos centros, lo que provoca situaciones tan dantescas como la del gimnasio de un instituto en pleno centro de León”.

Denuncia y “colegios de los horrores”

CCOO confirma que ha presentado ya el informe de denuncia en la Dirección Provincial de Educación de León para exigir el arreglo con carácter de urgencia todas las deficiencias detectadas, e insisten en que se ponga fin a la serie de “colegios de los horrores” que sigue creciendo en la provincia. Bejega añade que “como hemos venido señalando de forma recurrente, una Educación Pública de calidad requiere más personal, más recursos y unas instalaciones y espacios educativos acordes, sin humedades ni riesgos. Cuando la noticia del mal estado de un centro educativo deja de ser excepcional para convertirse en habitual, hay que señalar a quienes son responsables y exigirles medidas urgentes

La inconfundible voz de José María García sonó al otro lado del teléfono. León se preparaba el 16 de mayo de 1991 para vivir una histórica jornada de huelga provincial, que se concatenaba con el segundo día seguido de paros en la minería del carbón, sector a su vez amenazado por el que a finales de ese año sería el cierre de Hulleras de Sabero. La Vuelta Ciclista a España salía aquel mismo día de la capital leonesa con destino a Valladolid, entre amenazas de mineros de cortar la carrera. “¿Qué va a ocurrir?”, le preguntó el célebre periodista radiofónico al entonces gobernador civil en León, Antonio Sandoval, que contestó así: “Los ciclistas son tan trabajadores como los demás. Y se los va a proteger”. Al margen de una escaramuza en la zona de salida en la avenida Sáenz de Miera, las hostilidades se desataron a la altura de Mansilla de las Mulas, donde un intento frustrado de corte por parte de operarios de Hulleras se saldó con 14 detenidos y una veintena de heridos justo hace 35 años.

La voz de José María García ya era la de la propia retransmisión radiofónica cuando uno de aquellos mineros de Hulleras de Sabero, Carlos García Kubala, se enteró por esta vía de la movilización y acudió con un compañero a Mansilla. Cuando llegaron ya se había levantado la barricada de neumáticos. Y había comenzado una persecución por fincas aledañas entre fuerzas antidisturbios y los trabajadores. “Hacíamos esas cosas para salir en los medios”, cuenta Kubala para retrotraerse al escenario de aquellas movilizaciones en las que confluían la reconversión general del sector del carbón tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea con las acechantes sombras que se cernían sobre el futuro concreto de Hulleras, para la que a esas alturas del año se situaba su cierre en 1993. Los cortes de carretera eran habituales, señala el minero, que todavía recuerda a García refiriéndose a los protagonistas de aquel altercado en Mansilla como “un grupo de incontrolados”.

El ciclista granadino Antonio Miguel Díaz no oyó en la mañana de aquel 16 de mayo de 1991 en los boletines informativos a José María García referir la previa de una etapa en cierto modo marcada por su salida en León, que sería ya por la tarde el escenario de una manifestación que reunió en torno a 20.000 personas, el punto álgido de una convocatoria de huelga por parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras contra lo que entendían como “marginación” y “subdesarrollo” de la provincia. Ajeno a esta circunstancia ante una etapa que había marcado en rojo en su calendario previendo viento de costado y posibles abanicos en la meseta camino de Valladolid, Díaz se escapó ya recién dada la salida y compartió aventura con el alemán Mario Kummer, al que se impuso en la meta ubicada en el entorno del paseo de Zorrilla de Valladolid. El corredor andaluz, que tiene grabados en su mente los detalles de aquella jornada en la que ganó su primera y única etapa en la Vuelta a España, no se enteró, sin embargo, de lo ocurrido en Mansilla hasta que al día siguiente leyó la noticia en los periódicos.

“Los equipos de la Vuelta a España adelantan su salida de Asturias por temor a no llegar a Sáenz de Miera”, titulaba una noticia aquel mismo jueves 16 de mayo La Crónica de León aludiendo a la etapa anterior, que terminó en el Alto del Naranco con victoria del bejarano Laudelino Cubino. El rotativo leonés se hacía también eco de temores de Unipublic, empresa organizadora de la ronda nacional, a que se produjeran cortes en La Robla o a la salida de la autopista León-Asturias. “La Policía de León pide ayuda a otras provincias para controlar a los piquetes de la huelga general”, rezaba otra de las informaciones del periódico (y se llegó a cifrar en 50 los agentes extra llegados para unirse al dispositivo de seguridad de la carrera). “¡León, hazte oír!”, era el lema de la huelga elegido por los sindicatos convocantes, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Los problemas de la minería y la provincia representaban una especie de cara B de un país que se acicalaba para los fastos de 1992: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla o la capitalidad cultural europea de Madrid. Y el paso de la Vuelta a España suponía un indudable escaparate para las protestas: hace 35 años las de una empresa minera amenazada de cierre y una provincia que se rebelaba frente al olvido; y el pasado 2025 las derivadas de la masacre perpetrada por el Gobierno de Israel en la franja de Gaza.

Yo no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida

Antonio Miguel Díaz — Ciclista ganador de la etapa León-Valladolid de la Vuelta a España 1991

“La salida de la etapa en León no se verá afectada por la huelga general”, titulaba Diario de León la noticia de apertura de su sección de Deportes, en la que informaba de un acuerdo entre UGT y CCOO y la organización de la carrera para que un representante sindical leyera un comunicado en la zona de salida haciendo referencia a las motivaciones de la jornada de huelga provincial. “Se había hablado de eso”, tercia el gobernador civil de la época, Antonio Sandoval, al aludir a un tipo de pactos como los alcanzados en las llegadas de la Vuelta a Ponferrada en 1987 y 1989, donde los organizadores admitieron la presencia de las reivindicaciones mineras en zonas visibles del entorno de la meta. Así se cumplió hasta el punto de que el primer año dos mujeres en representación del sector entregaron el ramo de flores, puño en alto, al vencedor de la etapa, el francés Dominique Arnaud; y en la segunda ocasión mineros de Victoriano González acabaron irrumpiendo en el podio cuando imponían el maillot amarillo al también galo Roland Le Clerc.

Y llegó el esperado jueves 16 de mayo. La huelga tuvo un seguimiento desigual en la provincia. El paro se combinó de alguna manera con la celebración en Sáenz de Miera, por lo que de festivo no deja de tener un acontecimiento como la salida de una etapa de la Vuelta a España. Fue finalmente el entonces secretario provincial de UGT, Fermín Carnero, el encargado de leer el comunicado. “No sobran agricultores ni mineros, sobra el gobierno entero”, se podía leer en una pancarta. Y hubo por parte de algunos huelguistas un conato de cortar la salida de vehículos, intento rápidamente abortado por los policías. Sin dejar de sugerir que quizás algún miembro de su equipo, el mítico Kelme, le informara entonces de la huelga, Antonio Miguel Díaz tenía ya la vista puesta en la carretera. “Yo”, dice el ciclista 35 años después, “no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida”.

Los mineros de Hulleras de Sabero llevaban tiempo calentando la movilización. “Se había puesto sobre la mesa un plan de viabilidad de la empresa que incluía bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas”, expone Carlos García para poner el contexto de aquel mes mayo anterior a un verano en el que “cambió todo” y se precipitó el cierre. Otro compañero de la empresa que prefiere no hacer público su nombre incluso recuerda la distribución estratégica por el territorio de aquel 16 de mayo. “Había dos personas en el Alto del Portillo, otros en Puente Villarente y nosotros en Mansilla”, cita. Los antidisturbios intervinieron primero para levantar la barricada en Mansilla tiempo antes del paso de la caravana ciclista, que no sufrió ningún contratiempo. Mientras los corredores avanzaban camino de Valladolid, los mineros se desperdigaban por el entorno. “Nos perseguían los helicópteros por las huertas”, afirma Kubala. “Parecíamos conejos”, añade su compañero. Ninguno de los dos estuvo entre la veintena de heridos (nueve de ellos antidisturbios) ni entre los 14 detenidos (todos ellos trabajadores de Hulleras).

El altercado pasó totalmente desapercibido para la caravana de la ronda ciclista, como constata el célebre fotoperiodista de la Agencia EFE Desiderio Mondelo, precisamente hijo de minero y criado en Caboalles de Abajo (Villablino) antes de trasladarse a Madrid y desarrollar una carrera profesional que incluyó la cobertura de varios Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo de Fútbol, así como de más de una veintena de ediciones de la Vuelta a España. “No me paraba ni a desayunar”, cuenta el relatar su día a día en la carrera: montado en una motocicleta siguiendo la carrera y dejando a un compañero carretes para ser revelados en un furgón habilitado como laboratorio. Mondelo hizo la Vuelta de 1991. Retrató en la salida en Mérida a Miguel Indurain con el manillar de triatleta para el prólogo y a Melchor Mauri haciendo de improvisado director de orquesta en la etapa entre Santo Domingo de la Calzada y Santander. Pero no conserva ni en el archivo ni en su memoria recuerdos de lo sucedido en León y en Mansilla de las Mulas.

El entonces periodista de La Crónica de León Juan Daniel Rodríguez relata un episodio justamente anterior a ese día para hacer ver las características del conflicto. Había acudido junto a su compañero fotoperiodista Secundino Pérez a cubrir un corte de carretera en Puente Villarente cuando “un coche intentó saltarse la barricada”. La secuencia se trasladó al día siguiente a la portada del rotativo con tres fotos del consiguiente vuelco del vehículo. Con la provincia entera de huelga y una manifestación por la tarde en la capital, Rodríguez no acudió aquel jueves 16 a Mansilla de las Mulas. “No podíamos estar en todos los sitios”, dice al repasar la noticia puramente informativa que publicó al día siguiente y recordarse con apenas 24 años de edad ante aquel escenario del que sí conserva la sensación que se palpaba entre los vecinos de Sabero: “La preocupación de que el valle se iba a quedar desierto porque la del carbón era su única industria”.

No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro

Carlos García ‘Kubala’ — Minero de Hulleras de Sabero en 1991

Para entonces ya colaboraba con La Crónica de León como corresponsal el hoy director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, Roberto Fernández, quien aquel día intervino como miembro de la Asociación Juvenil El Hayedo. “Los ánimos estaban muy alterados. Por la tarde fuimos a León a manifestarnos ante el Gobierno Civil para exigir la liberación de los mineros detenidos”, repesca. “Volaban las papeleras”, rescata el trabajador que prefiere mantener el anonimato. La prensa del día siguiente recoge ya la puesta en libertad aquel mismo día de los operarios de Hulleras detenidos en el entorno de Mansilla de las Mulas. El sector cambiaría en cierto modo el paradigma de las movilizaciones al año siguiente, cuando en marzo de 1992 se produjo la primera Marcha Negra desde la cuenca de Laciana hasta Madrid.

Lo ocurrido el pasado 2025 en la Vuelta a España, con varios cortes que sí se hicieron efectivos hasta incluso tener que suspender la etapa final con meta en Madrid, ha hecho evocar aquel episodio de 1991 a varios de sus protagonistas. “El año pasado consiguieron cortar porque había más apoyo. Nosotros éramos cuatro gatos. Estábamos muy apartados. Y la gente no apoyaba tanto”, cuenta el minero de Hulleras. Su compañero Kubala precisa. “No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro”, sostiene sin dejar de citar las llegadas de la Vuelta en la pasada década al Alto de la Camperona: “Y la gente quedó encantada”. El ganador de aquella etapa León-Valladolid hace una lectura similar: “Todo el mundo tiene derecho a reivindicar. Pero yo creo que hay otros foros para hacerlo. Los ciclistas profesionales son ajenos a estas circunstancias. Y parece que siempre nos tocan a nosotros. La política no debería entrar en el deporte”.

El final de aquel día fue feliz para Antonio Miguel Díaz, triunfante en Valladolid en esa jornada con salida en León, dos ciudades de grato recuerdo para el hoy seleccionador andaluz sub-23 y júnior. “Y me gusta ir por la Catedral y por el Barrio Húmedo”, resalta. El final fue traumático para Hulleras de Sabero, que cerró finalmente su explotación de interior en diciembre de ese mismo 1991: los trabajadores aceptaron mayoritariamente el cierre a cambio de indemnizaciones económicas. El final de la Vuelta fue victorioso para Melchor Mauri y premonitorio para Miguel Indurain, segundo en Madrid apenas un par de meses antes de ganar el primero de sus cinco Tour de Francia consecutivos. Su mítica trayectoria fue captada al detalle por Mondelo, que incluso aprovechó el trigésimo aniversario del quinto para llevar una exposición alusiva a Laciana y que, escarbando en su memoria, repesca una etapa de la Vuelta de 1980 en la que en Porriño (Pontevedra) trabajadores de la empresa Censa sí llegaron a cortar la carrera. Aquel día, informó El País, un coche de prensa acabó con el parabrisas roto: fue el de la Cadena Ser al tratar de burlar el corte y viajando a bordo José María García.

La Casona de San Feliz de Torío acoge este jueves 7 de mayo la presentación del libro ‘Canciones de amor (levemente) desafinadas’, la nueva obra del escritor y sindicalista leonés Ignacio Fernández Herrero.

El acto comenzará a las 18.30 horas y contará con la participación de Bruno Estrada y Elena Blasco, que acompañarán al autor en una conversación abierta sobre el libro, la música y las relaciones sentimentales que retratan las canciones de varias generaciones.

Fernández Herrero (León, 1958) es conocido por su trayectoria sindical al frente de CCOO León entre 2004 y 2017 y posteriormente en CCOO Castilla y León, aunque también mantiene desde hace años una intensa actividad vinculada a la literatura, el pensamiento crítico y la cultura.

El autor ya había publicado anteriormente el poemario ‘Lógica borrosa’ y los ensayos ‘Poscontemporáneos’ y ‘A la siniestra’, ambos con Eolas Ediciones.

En ‘Canciones de amor (levemente) desafinadas’, Ignacio Fernández Herrero reflexiona sobre cómo las canciones han influido en la manera de entender el amor y las relaciones personales.

El libro combina relatos y ensayo para analizar los modelos sentimentales transmitidos a través de la música popular, especialmente la de su generación. Una idea que resume con una cita de Christina Rosenvinge incluida en la obra: “los que escribimos canciones tenemos mucho cuento”.

La presentación forma parte de las actividades culturales impulsadas en La Casona de San Feliz de Torío y contará con entrada libre hasta completar aforo.

Cientos de personas han salido este jueves a las calles de León con motivo del Primero de Mayo en una manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos bajo el eslogan “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

La movilización, encabezada por los líderes sindicales provinciales Enrique Reguero (UGT) y Elena Blasco (CCOO), ha reunido a trabajadores, colectivos sociales, políticos y ciudadanos en una jornada marcada por el tono reivindicativo. Bajo el lema centrado en la defensa de la democracia y los derechos sociales, los participantes han coreado consignas en favor de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos. También han realizado una defensa del proceso de regularización de inmigrantes establecido por el Gobierno y han recordado el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas por realizar una acción sindical en Asturias.

Blasco ha lamentado “el rearme de la extrema derecha que se está dando en el ámbito europeo, en el ámbito nacional, en el ámbito de esta comunidad autónoma, y por consiguiente, también en esta provincia, en el que es un gobierno de retrocesos, de abandono de todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora y que limitan y mucho de una manera catastrófica el poder desarrollar políticas sociales y políticas públicas”.

Reguero ha recordado que “estamos viendo que estamos siendo como León seguimos siendo de las peores provincias de España en casi todos los indicadores socioeconómicos”. Por ello ha exigido a la Junta de Castilla y León que convoque la reuniónd de un mesa para León prometida hace un año “para empezar a desbloquear un convenio de inversiones y de futuro para nuestra tierra”. “Están más pendientes de quién van a ocupar los sillones en ahora mismo en las Cortes de Castilla y León”, reprochó para “animar a la ciudadanía leonesa a luchar a salir a las calles y a reivindicar un futuro para nuestra tierra que yo creo que tiene que tiene que ir en esa línea”.

La celebración del Día del Trabajo en la capital leonesa ha congregado a un buen número de políticos como el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la número 2 del PSOE autonómico, Nuria Rubio; el alcalde de León, José Antonio Diez o la lideresa de UPL, Alicia Gallego, entre otros.

El contexto económico y político ha centrado buena parte de los discursos de la jornada, en los que se ha apelado a la movilización social como vía para frenar desigualdades y consolidar avances, más ante el previsible pacto de gobierno de Castilla y León entre PP y Vox que se espera para después de las elecciones andaluzar. CCOO y UGT han reivindicado, una vez más, el papel del movimiento sindical en la defensa del Estado del bienestar y han llamado a mantener la presión social.

El mes de abril del año pasado la Delegación Territorial de la Junta en León acogió la primera reunión de lo que fue un grupo de trabajo que tenía como objetivo diseñar un estudio para paliar la crisis socioeconómica que persiste en la provincia de León, contando con la propia Junta, los sindicatos y representantes empresariales de la provincia. A pesar de que se había anunciado una segunda reunión para el mes de junio, esta nunca se llegó a realizar. Con ello, aquella especie de 'Mesa por León 2.0' comienza a apuntar al mismo resultado que su inspiración original.

Fue el 14 de abril de 2025 cuando los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones anunciaron junto a los representantes sindicales de UGT, USO, CGT y CCOO en León la creación de este grupo de trabajo como respuesta a la manifestación que había tenido lugar un mes antes en la capital leonesa y en la que los ciudadanos de León reclamaron soluciones ante la crisis que experimenta desde hace décadas la provincia.

Nacía sin calendario y sin acciones concretas, salvo la reunión que se suponía que tenía que llevarse a cabo el mes de junio y es precisamente esta fecha (la única medianamente acotada) la que no ha llegado a realizarse.

Según las explicaciones del consejero Suárez-Quiñones, presente en la reunión, el grupo trabajaría sobre un documento elaborado con anterioridad, llamado 'León-Horizonte 2030'. Se trata del único 'resultado' real y tangible que derivó de la original Mesa por León encargado por la Diputación de León por 161.722,94 euros a la empresa pública Tragsa.

El documento, después de dos años de retraso, se hizo público sin anuncio en la web, cuando ya no existía la Mesa por León, que se dio por disuelta en el año 2021 (un año después de su creación).

En cualquier caso, aquel documento constaba de un conjunto de conclusiones obvias sobre las fortalezas, debilidades y necesidades de la provincia, sin aportar soluciones factibles.

Aunque el clima general de la reunión, según palabras de Suárez-Quiñones aquel 14 de abril, había sido positivo, el escaso resultado de este grupo de trabajo ha comenzado a agriar las esperanzas de sindicatos, que han recordado este miércoles 29 de abril los retrasos de las reuniones prometidas y la inexistencia de un estudio sobre el estado de la provincia y las soluciones prácticas a su crisis.

“En junio íbamos a tener la reunión, hace casi un año que no nos convocan”, ha criticado el secretario general de UGT de León, Enrique Reguero, quien añade, aludiendo a la polémica gestión del consejero Suárez-Quiñones durante la gran oleada de incendios forestales del pasado verano: “Han pasado cosas por el medio, todos sabemos que un consejero no ha pasado por sus mejores momentos y ha decidido no convocar estas reuniones”.

Antes del inicio de la oleada de incendios, y cuando ya había pasado el plazo para convocar la segunda reunión con sindicatos, la Junta se reunió con representantes empresariales de la provincia durante el mes de julio. Fue entonces cuando la administración autonómica aseguró que se encontraban “ultimando” el documento derivado de estas dos primeras y únicas reuniones (una con sindicatos y otra con empresarios) en el que analizar el cumplimiento de los compromisos del plan ‘León Horizonte 2030’ pero también incluir nuevas actuaciones. Por ahora, no se conoce la existencia ni el contenido de este documento.

CCOO y UGT ya han alertado de que las multitudinarias manifestaciones por el futuro de la provincia de León, que en 2020 derivaron en la original Mesa por León y en 2025 en el citado grupo de trabajo, podrían repetirse un año más: “A día de hoy no tenemos Gobierno formado, en el momento en el que esté formado volveremos a exigir esa reunión y ese estudio que ya tienen que tener encima de la mesa y que a nosotros no se nos ha aportado”, reclama la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco.

Se cumple así un año, el mismo periodo de tiempo que sobrevivió la genuina 'Mesa por León' y su sucesora, a falta de nuevas reuniones de diálogo o un documento derivado, podría sufrir el mismo destino.

León ha acogido este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una nueva movilización de los sindicatos UGT y CCOO para denunciar las cifras de siniestralidad laboral y reclamar cambios normativos y refuerzos en la prevención. La concentración principal en la capital leonesa se ha celebrado frente a la sede de la Patronal, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), en el marco de una convocatoria simultánea en todas las provincias de Castilla y León y también con acto en la comarca de El Bierzo.

El foco de la protesta ha estado en los datos registrados en 2025, que reflejan una elevada incidencia de accidentes laborales. En el conjunto de la provincia de León se contabilizaron 10.238 siniestros, de los cuales seis tuvieron resultado mortal. Estas cifras se enmarcan en un contexto autonómico igualmente preocupante, con 62.651 accidentes de trabajo y 53 fallecidos en Castilla y León durante el pasado año.

De forma más detallada, en la comarca de El Bierzo se registraron 1.065 accidentes laborales en 2025, con cuatro víctimas mortales, lo que subraya el peso de la siniestralidad sobre todo en esta comarca.

Durante las concentraciones, ambos sindicatos han recordado a las personas que perdieron la vida o la salud como consecuencia del trabajo y han insistido en la necesidad de actuar “de forma eficaz e inmediata”. Entre sus principales reivindicaciones figura el cumplimiento estricto de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, así como su actualización para adaptarla a los cambios del mercado laboral.

En este sentido, han puesto el acento en los nuevos riesgos derivados de la digitalización, el impacto del cambio climático, el envejecimiento de la población trabajadora o la creciente incorporación de mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados. También han advertido sobre el impacto en la salud mental, señalando problemas como la falta de desconexión digital o la monitorización constante en el entorno laboral.

Coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, declarado además como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT y CCOO han reclamado la actualización del cuadro de enfermedades profesionales para incluir, entre otras, las patologías mentales vinculadas al trabajo y dotarlo de perspectiva de género.

Asimismo, han exigido un refuerzo de los recursos de la Inspección de Trabajo y de los organismos autonómicos de prevención, junto con la creación de juzgados especializados en materia de seguridad y salud laboral. Los sindicatos han defendido que el diálogo social debe seguir siendo una herramienta clave para avanzar en políticas públicas que reduzcan la siniestralidad.