CCOO de León y Asturias volverán a llevar a la carretera su rechazo al peaje de la AP-66, la autopista del Huerna, con una concentración este jueves, 24 de septiembre, a la entrada del peaje de La Magdalena. Los dos sindicatos mantienen desde hace meses una campaña conjunta para reclamar el fin del pago por utilizar esta vía, que consideran una barrera económica y territorial entre León y Asturias.

La protesta se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas y contará con la participación de delegados y delegadas de ambas organizaciones. Está prevista una pequeña asamblea en la que intervendrán la secretaria general de CCOO de León, Elena Blasco, y el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. Los sindicatos también repartirán octavillas y material informativo entre los usuarios de la autopista.

CCOO sostiene que el peaje afecta especialmente a quienes utilizan la autopista de forma habitual para trabajar, estudiar o desplazarse entre León y Asturias, además de a transportistas y familias. El sindicato reclama que deje de cobrarse por una infraestructura que, según denuncia, mantiene actualmente restricciones y obras mientras se continúa pagando la tarifa íntegra. La concesionaria Aucalsa mantiene el peaje de la AP-66 hasta 2050 según la información del Ministerio de Transportes.

El coste del viaje, además, se ha incrementado este año. Desde enero de 2026, el trayecto completo para vehículos ligeros cuesta 16,20 euros, aunque se mantienen determinadas bonificaciones para usuarios frecuentes y vehículos pesados.

La situación de la autopista ha generado también actuaciones administrativas. El Gobierno del Principado mantiene abierto un expediente a Aucalsa por el cobro íntegro del peaje pese a las obras y las restricciones que afectan a la circulación. Entre las cuestiones analizadas figuran la reducción de carriles, las limitaciones de velocidad, la congestión y la información disponible para los usuarios.

La protesta de CCOO se produce además después de que las Cortes de Castilla y León hayan aprobado recientemente una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central el fin del peaje de la AP-66, así como bonificaciones de al menos el 60% para los usuarios recurrentes de las autopistas de la Comunidad. La propuesta no incluyó, pese a una enmienda de UPL, la eliminación del peaje de la AP-71 León-Astorga, que continúa siendo también de pago.

La concentración del jueves servirá también para que los responsables de CCOO expliquen las próximas actuaciones de la campaña contra el peaje del Huerna. Los secretarios generales de los sindicatos atenderán a los medios a las 11.30 horas, en el entorno del peaje de La Magdalena.

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León organiza este martes, 15 de septiembre, en el Museo de la Radio de Ponferrada la proyección del documental Siete días en mayo y la celebración de un coloquio posterior en torno a la matanza de abogados laboralistas de Atocha a manos de pistoleros de ultraderecha en enero de 1977, en plena Transición política hacia la democracia en España. Será a las 18.00 horas, con entrada libre y con la presencia del adjunto a la Secretaría General de CCOO Bruno Estrada.

Dirigida por Rosana Pastor, la película documental sitúa el atentado de Atocha dentro de una reflexión más amplia sobre los movimientos ultraderechistas europeos desde los años setenta hasta la actualidad.

“En el contexto actual es fundamental conocer cómo se consiguieron los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos, el papel que desempeñaron las organizaciones obreras y democráticas y también la actuación de la extrema derecha”, señala el secretario comarcal de Comisiones en El Bierzo, Roberto Echegaray.

La dirección comarcal de CCOO anima a los bercianos a acudir a la proyección y participa en el coloquio en torno a un episodio clave en la historia de España del que próximamente se cumplirán 50 años y que afectó a una leonesa, la abogada Lola González, que sufrió lesiones muy graves y vio morir a su marido, Javier Sauquillo. El atentado ya fue en 1979 el argumento de la película dirigida por Juan Antonio Bardem Siete días de enero.

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León y CCOO León organizan este miércoles, 9 de de septiembre, un acto que servirá para conmemorar el 50.º aniversario de la que se considera como asamblea general fundacional del sindicato, celebrada todavía en la ilegalidad. Lo hará en la sede de la Fundación Sierra Pambley (calle Dámaso Merino de la capital leonesa) a las 19.00 horas con la proyección de un documental y un coloquio posterior, actos abiertos al público.

Fue en julio de 1976, menos de un año después de la muerte del dictador Francisco Franco, cuando se celebró en la ciudad condal la cita que supuso un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento surgido en defensa de los trabajadores al comenzar su transformación en un sindicato del cariz de los actuales.

El acto conmemorativo comenzará con la proyección del documental Valor decisivo. 50 años de la Asamblea General de Barcelona (1976-2026), seguido de un coloquio en el que intervendrán el director de la cinta, Miguel Ángel Sánchez, el primer secretario general de CCOO en Castilla y León, Javier Fernández, la primera secretaria de Mujer confederal de CCOO, Begoña Sanjosé, y el adjunto a la Secretaría General, Bruno Estrada, que ejercerá como moderador.

En el acto también se pondrá de manifiesto “la importancia de lo aportado al sindicalismo desde la provincia de León”, uno de los puntos de origen del movimiento de las Comisiones Obreras durante las huelgas mineras de los años sesenta.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.

El nuevo curso comenzará con conflicto laboral en la Universidad de León (ULE). UGT, CCOO y CSIF han anunciado un paquete de movilizaciones y medidas de protesta a partir del lunes 14 de septiembre contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Los sindicatos rechazan que parte del ajuste recaiga sobre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y advierten: “El PTGAS no pagará los platos rotos del despilfarro”.

Las tres organizaciones llaman a estos trabajadores a cumplir desde esa fecha únicamente la jornada mínima los lunes, de 9.00 a 14.00 horas para el turno de mañana y de 14.00 a 19.00 horas para el de tarde. Según los sindicatos, estos horarios son compatibles con el reglamento de flexibilidad de jornadas de la propia Universidad. Advierten además de que la protesta podría extenderse a más días de la semana si el Rectorado no retira las medidas que consideran perjudiciales para el colectivo.

La protesta incluirá también el rechazo a realizar servicios extraordinarios y horas extra, a utilizar las bolsas de horas previstas en el reglamento de la ULE y a aceptar cambios de turno que no hayan sido programados y comunicados con al menos cinco días laborables de antelación. UGT, CCOO y CSIF llaman igualmente a los trabajadores a limitarse estrictamente a las funciones asignadas a sus puestos y a ejercer diariamente su derecho al descanso, incluso cuando ello implique cerrar temporalmente un servicio porque haya una sola persona trabajando.

A estas medidas se sumarán próximamente asambleas informativas y concentraciones de protesta, cuyos detalles todavía no han sido concretados. “Ni una hora de más gratis”, proclaman las organizaciones sindicales, que consideran que las necesidades extraordinarias de trabajo deben cubrirse mediante contratación y empleo público y no recurriendo a la plantilla existente.

El PTGAS, en el centro del conflicto

El principal motivo de la protesta es la decisión incluida en el plan de ajuste de suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del PTGAS. Los sindicatos consideran que este colectivo está soportando de manera “injusta y discriminatoria” una parte especialmente importante de las medidas de ahorro.

UGT, CCOO y CSIF sostienen que los trabajadores no son responsables del incremento del gasto que ha llevado a la Universidad a su actual situación económica. “El exceso de gasto corriente y las cuestionables decisiones presupuestarias de los últimos años no han sido generados por los trabajadores y las trabajadoras del PTGAS”, argumentan antes de denunciar que ahora se pretenda que sean ellos quienes “paguen las consecuencias de una gestión en la que no hemos participado”.

Las organizaciones sindicales critican especialmente el aplazamiento de la carrera profesional y aseguran que convierte al PTGAS en “el único colectivo de toda la Universidad de León que no cobra su nómina íntegra”, mientras, según denuncian, “se siguen manteniendo y abonando con total normalidad otros complementos” y aumentando el número de cargos y puestos de libre designación.

El comunicado conjunto supone un paso más en la contestación sindical que ya despertó este verano el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional. CCOO había rechazado el documento poco después de su aprobación y reprochó entonces tanto las consecuencias laborales de las medidas como la gestión realizada en los últimos años y la falta de financiación suficiente por parte de la Junta de Castilla y León.

Un agujero millonario en las cuentas

El origen del conflicto está en la complicada situación económica de la Universidad de León. El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de julio, con 21 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, un plan de ajuste hasta 2030 que persigue recuperar el equilibrio presupuestario y evitar que la institución continúe consumiendo sus reservas.

La ULE cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y calcula que sus gastos corrientes superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos ordinarios. El remanente de tesorería, que llegó a alcanzar los 58,48 millones de euros en 2021, se había reducido a 18,77 millones al término de 2025, de los que 6,67 millones correspondían al remanente genérico.

Para revertir esta situación, el plan contempla contener el gasto de personal, retrasar ofertas de empleo público y nuevas convocatorias salvo las consideradas imprescindibles, suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y limitar años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. También plantea medidas como cierres selectivos de instalaciones, ahorro energético y reducción de gastos en viajes, impresión y movilidad.

El ajuste va más allá del personal. La Universidad pretende revisar la viabilidad de grados con menos de 20 alumnos de nuevo ingreso y másteres con menos de cinco estudiantes, con la posibilidad de reorganizarlos, fusionarlos o eliminarlos, además de reorganizar servicios y buscar nuevas fuentes de ingresos.

La Universidad pide más financiación a la Junta

El Rectorado, por su parte, ha defendido que el documento no pretende “tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”. La rectora, Nuria González, aseguró tras las primeras críticas sindicales que muchas de las medidas están sujetas a negociación y situó como “eje central” del plan la reclamación de una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.

La Universidad sostiene que necesita un nuevo modelo de financiación plurianual que permita asumir tanto su funcionamiento ordinario como nuevas obligaciones, entre ellas la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla o el coste derivado de diferentes medidas y sentencias judiciales.

El propio plan aprobado en julio ya contemplaba entre sus riesgos la posibilidad de que se produjera un conflicto sindical. Con el regreso de la actividad tras el verano, ese escenario comienza a materializarse: UGT, CCOO y CSIF han puesto fecha al inicio de las protestas y el 14 de septiembre el plan de ajuste saltará de las cuentas de la Universidad a la organización diaria de sus servicios.

El cineasta berciano Chema Sarmiento será el protagonista de la reanudación del ciclo café-diálogo organizado por la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León. Será este jueves, 3 de septiembre, a las 17.00 horas en El Cafetín, establecimiento ubicado en la calle La Sal de la capital leonesa. Sarmiento dialogará con el expresidente de la entidad organizadora Ignacio Fernández.

Sarmiento, director de películas como Los Montes y El filandón, fue precisamente Premio Diálogo de la Fundación Jesús Pereda en el año 2012, año en el que estrenó la cinta Viene una chica, rodada en León capital sobre la base de varios cuentos del escritor lacianiego Luis Mateo Díez.

Berciano de Albares de la Ribera (Torre del Bierzo), Chema Sarmiento reside en París, donde fue profesor en la Escuela Nacional de Cinematografía en Francia. Es autor de documentales como una serie sobre Mahoma y Wolfram, la montaña negra, este último en torno a la explotación del wolframio en la Peña del Seo en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX.

Por este ciclo de conversaciones vespertinas ya han pasado hasta la fecha Manuel Sierra, Aitana Castaño, José Luis Gutiérrez, Pilar Sancho y Celia Uve.

La Universidad pública es un derecho y una conquista de la clase trabajadora para democratizar y socializar el conocimiento, garantizando que toda la población pueda acceder a la Educación Superior, y no solo una élite económica y social como ocurría en la Edad Media.

Hoy, el gobierno de la Junta de Castilla y León, tanto el anterior como el actual, pone en riesgo esa conquista social al apostar por un modelo universitario que asfixie lo público y que nos devuelta a los tiempos de élites y desigualdad, de privatización del conocimiento y de sustituir el valor social por el económico. Todo ello con el conformismo cómplice del actual equipo de gobierno de la ULE.

Y es que, el Partido Popular y Mañueco, con la lección aprendida de lo ocurrido en otras autonomías, tiene marcada su hoja de ruta con dos puntos clave: asfixia económica por infrafinanciación para lo público, y alfombra roja para la implantación de empresas-universidades privadas. Una dupla simbiótica, entre la que se cuelan la creación de toda suerte de fundaciones y patronatos donde, bajo el ostentoso título de la colaboración público-privada, se abren las puertas a la mercantilización universitaria.

De hecho, el Partido Popular ha conseguido que el número de empresas-universidades privadas (5) ya sobrepase al número de universidades públicas (4) en Castilla y León (y allá donde gobierna). El crecimiento privado se basa en la enseñanza virtual y en los másteres, que ofrecen tasas de beneficios increíbles y que es donde está el negocio. Porque los inversores privados no se plantean la Educación Superior sino como un nicho de negocio del que obtener beneficio. Ninguno de estos accionistas tiene interés por mejorar la Educación Superior, aportar ciencia, conocimientos, investigación, educación… sino de 'hacer caja'.

Con el nuevo gobierno Vox-PP, la hoja de ruta avanza y han planeado la progresiva destrucción y desaparición de la Universidad Pública. ¿Cómo? Desfinanciando y estrangulando lo público. En este caso, la Universidad de León.

La actual Ley Universitaria (LOSU) obliga a financiar con al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico a la educación universitaria pública. Pero el actual gobierno autonómico, declarado en rebeldía y en claro incumplimiento de la ley, y alejado del objetivo de ese 1%, ha recortado la financiación al 0,65%. Es decir, a casi la mitad. Para destinarlo, suponemos que a los toros y otras cuestiones similares y de idéntico calado, como tributo al apoyo de la extrema derecha para seguir “gobernando”.

Pero lo más sangrante es que el actual equipo rectoral de la Universidad de León se ha apresurado a llevar al Consejo de Gobierno, para su urgente aprobación, un Plan de Recortes, que rinde pleitesía al ataque a las Universidades Públicas de la autonomía. Es como aquellos esclavos de la casa de las plantaciones de algodón que defendían al amo, porque consideraban que estaban en mejores condiciones de esclavitud que los esclavos del campo. Parece que incluso se quieren anticipar a cumplir los deseos de sus señores, para que vean que se portan bien y que son fieles cumplidores de sus mandatos.

Este Plan de Recortes de la Universidad de León contempla recortes laborales, salariales y académicos. Es decir, congelaciones salariales, cambios en la plantilla, riesgo de cierre de grados y posibles fusiones o eliminaciones de titulaciones, especialmente aquellas que no son rentables desde un prisma exclusivamente economicista. ¿Para qué queremos las humanidades, la filosofía, la literatura, el arte, si ya no son rentables? Es la filosofía que nos vende este plan de recortes.

En vez de exigir al PP de Mañueco y Quiñones una estrategia de estabilización, modernización y mejora de la financiación de las Universidades Públicas con un plan plurianual que garantice la financiación basal, presentan, antes incluso de haberse reunido con ellos, un plan de recorte de personal y de la oferta académica. Eso sí, con un título eufemístico para incautos: Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional de la Universidad de León, vamos “un plan de recortes de los de toda la vida”.

El actual equipo rectoral de la ULE ha optado: en lugar de enfrentarse con los de arriba, prefiere aplicar recortes a sus compañeras y compañeros. Lejos de afrontar la infrafinanciación como verdadera causa de cualquier problema económico, eligen recortar y precarizar a trabajadores y alumnado. Medidas como congelar el pago de complementos salariales, demorar las contrataciones y empeorar condiciones laborales. Recortes que también afectarán a los jóvenes investigadores, al tiempo que la ULE se queja de los problemas del relevo generacional.

Siguiendo con el guion rocambolesco, se convierte a las víctimas en culpables, al interpretar que las sentencias judiciales favorables a los trabajadores por el incumplimiento de sus derechos son, en realidad, un problema económico causante del Plan de Recortes. Pero del chantaje de la Junta a la ULE a la hora de aportar los recursos necesarios para afrontar la ejecución de las sentencias, no nos cuentan nada.

El giro economicista para rentabilizar la enseñanza, se apuntala con la incorporación de “estudios propios autofinanciables”, es decir, que solo se impartirán si consiguen financiación, con lo que se mercantiliza la Educación Superior en la Universidad de León. Es la vía para competir en el capitalismo: buscar financiación privada o poner tasas de matrícula elitistas. Convertir la Universidad Pública en universidad para la élite. Ya lo dijo el banquero y vicepresidente de Aznar, el exministro Rodrigo Rato con su famosa frase: “es el mercado, amigo”.

¿Quién financiará investigación para resolver problemas de las zonas rurales o la España vaciada, si no es rentable?, ¿quién financiará docencia en grados de servicios para los más necesitados, si no son rentables? El problema de fondo es que así se está pervirtiendo el sentido y la finalidad para los que se crearon las Universidades Públicas. Reduciendo la Educación Superior a una lógica de rentabilidad, a la lógica del capital y debilitando su función social en León.

¿Qué hacer? No podemos mirar para otro lado, para evitar los conflictos. Los bárbaros ya no están a las puertas, como en la caída del Imperio Romano. Los bárbaros han entrado, se han sentado en los escaños institucionales y están saqueando todo lo público y los derechos, que tan duro nos ha costado conquistar a la clase trabajadora. El equipo rectoral de la Universidad de León tiene que optar. O está con la clase trabajadora, al servicio de la ciudadanía, de los derechos de todos y todas y del bien común, o está con quienes están saqueando la Universidad Pública. O planta cara y se convierten en parte de la solución, o son parte del problema y deberían dimitir.

El equipo rectoral tiene una oportunidad de oro para defender la Universidad Pública, buscando el apoyo de otras universidades y construyendo un frente común con los agentes sociales. Puede prescindir del Plan de Recortes y construir un Plan de Acciones que agoten las vías institucionales y jurídicas frente a la ilegal asfixia financiera de la Junta. Ahí, nos encontrará a su lado. Pero en el recorte, el ataque a los trabajadores y la mercantilización universitaria nos tendrá, inevitablemente, en frente.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro de la Ejecutiva Federal de la Federación de Comisiones Obreras. Victor Bejega es secretario General de CC OO Enseñanza en León y miembro del Consejo Social de la ULE.

La reclamación de más financiación al Gobierno autonómico es el “eje central” del plan de ajuste impulsado por la Universidad de León (ULE). Así se pronunció este lunes la rectora de la ULE, Nuria González, tras las críticas al documento formuladas ya por Comisiones Obreras, que sostiene que su aplicación supone recortes laborales y amenaza el futuro de varias titulaciones. González, que enfatizó que las medidas finalmente adoptadas estarán sujetas a negociación, señaló también que el objetivo es buscar “una eficiencia en el gasto”.

La Universidad de León aprobó en Consejo de Gobierno el viernes 17 de julio el denominado Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030. “Lo que pretende no es tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”, apuntó la rectora tras las primeras críticas esbozadas por el sindicato CCOO y antes de aclarar que la puesta en marcha de un plan de ajuste resulta obligado ante una situación de déficit presupuestario. La elaboración del documento, añadió González, es un paso previo a la solicitud de más dinero a la Junta de Castilla y León.

“Y ahora ya tenemos interlocutores”, dijo la rectora de la ULE al respecto de la reciente formación de un nuevo Gobierno autonómico derivado de las elecciones del pasado mes de marzo que supuso la creación de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a cuyo frente está el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. La reclamación de más fondos a la Junta es precisamente una de las exigencias de Comisiones, que también insta al equipo rectoral de la institución académica a solicitar la convocatoria del Consejo de Universidades de Castilla y León y de la Mesa Sectorial de Universidades.

Además de comprometer esa reclamación financiera a la Junta, Nuria González subrayó que el plan de sostenibilidad es “bastante dinámico” y “está sujeto a negociación”. “Hay bastantes medidas que tienen que ser negociadas”, dijo al detallar que la pretensión de reevaluar partidas económicas ante situaciones en las que “el gasto no está teniendo el impacto deseado”

Será la financiación autonómica la que marque el paso del plan de ajuste, que tendrá vigencia hasta el año 2030, según indicó la rectora de la ULE. “Es un plan para garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad de León pues hasta que finalice”, concluyó González.

El sindicato CCOO ha rechazado este miércoles el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Leónm el pasado viernes, ya que prevé la aplicación de un plan de recortes económicos para equilibrar las cuents de la institución que ha salido aprobado sin unanimidad.

A través de un comunicado, CCOO Enseñanza en León y su sección en la universidad han incidido en que esta falta de consenso es una muestra de la oposición existente al plan “por una parte importante de la comunidad universitaria”.

Asimismo, la organización sindical ha contrapuesto la “extrema urgencia” para aprobar este plan con la calma a la hora de reclamar a la Junta de Castilla y León que cumpla con la ley en materia de financiación universitaria, que el propio plan “reconoce como principal causa del problema económico” de la institución educativa.

También ha reprochado que el plan carezca de una hoja de ruta, propuesta o medidas para presionar a la Consejería - que ahora depende de Industria, Universidades, Comercio y Empleo y que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones- para que cumpla con la normativa, ya que en la financiación de la ULE se encuentra por debajo del 1% del PIB que marca la ley.

Por otro lado, el sindicato ha puesto el foco en la gestión que la universidad ha hecho de los 58 millones de euros de remanente que, lejos de contribuir a aliviar la situación económica, “parece haber servido para agravarla” al asumir el coste de “infraestructuras de una magnitud innecesaria e hipotecando financieramente a la Universidad de León”.

Consejo de Universidades

CCOO ha trasladado a la rectora, Nuria González, que debe liderar la exigencia y confrontación con el ejecutivo para garantizar la correcta financiación de las universidades públicas de Castilla y León.

Por ello, el sindicato le ha instado a convocar al Consejo de Universidades de Castilla y León y a exigir la convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidades. Asimismo, ha solicitado estudiar e iniciar todas las medidas de presión institucional y jurídica necesarias , que respaldaría.

En el caso contrario de aplicarse recortes que supongan el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y pongan en riesgo la calidad académica y las oportunidades del alumnado, CCOO ha advertido de que se enfrentarán a la dirección de la Universidad.

El conflicto sindical en la Universidad de León no se ciñe exclusivamente a los recortes del plan de sostenibilidad: existen otros focos como la anulación del Premio de Jubilación del PTGAS, los incumplimientos en el cobro de la carrera horizontal, las reclamaciones jurídicas sobre otros complementos y condiciones laborales que no se cumplen y, especialmente, por el bloqueo en la negociación de algunos convenios colectivos.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado las condiciones laborales en las que han desarrollado su trabajo los miembros de los tribunales de las oposiciones docentes celebradas este verano en Castilla y León.

El sindicato asegura haber recopilado testimonios de integrantes de distintos tribunales y especialidades que coinciden en señalar jornadas de hasta 12 horas, problemas de organización, falta de alojamiento garantizado y unas dietas que consideran insuficientes y desfasadas, entre otros muchos serios problemas.

Según CCOO, la presión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para acortar los plazos de publicación de las calificaciones ha obligado a los tribunales a afrontar jornadas maratonianas tanto en la corrección de los exámenes como en la tramitación administrativa. El sindicato sostiene además que muchas de las instrucciones fueron transmitidas de forma verbal y con escaso margen para su aplicación, ante la ausencia de documentación técnica que resolviera las dudas habituales del proceso. También denuncia que los grupos de mensajería entre presidentes y coordinadores permanecían activos hasta última hora del día con indicaciones que debían aplicarse a la mañana siguiente.

La organización sindical critica igualmente la gestión de los desplazamientos y el alojamiento de los miembros de los tribunales. Afirma que la Administración no ha explicado el criterio seguido para asignar a los docentes, lo que, según expone, obligó a algunos de ellos a realizar largos desplazamientos sin conexiones directas en transporte público. Asimismo, recuerda que la Consejería se comprometió en la Mesa Sectorial del pasado 3 de marzo a facilitar plazas en residencias dependientes de la Administración autonómica, un compromiso que, asegura, no se ha cumplido. A ello añade los cambios en los cronogramas, con hasta tres versiones distintas en menos de dos semanas, que habrían provocado la pérdida de reservas de alojamiento ya abonadas por algunos docentes.

CCOO también pone el foco en el coste económico que, según denuncia, han tenido que asumir los integrantes de los tribunales. Recuerda que las dietas de manutención y alojamiento permanecen sin actualizar desde hace cerca de dos décadas y que las indemnizaciones por razón de servicio, congeladas desde 2002, ascienden a 42,83 euros para los vocales y a 45,89 euros para presidentes y secretarios. El sindicato señala que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha aumentado un 71,3% desde entonces, por lo que considera que estas cuantías están muy por debajo del coste real de desplazamientos, alojamiento y manutención.

La organización añade que, aunque la normativa contempla anticipos de hasta el 80% de las cantidades previstas, estos no se estarían abonando, lo que obliga a los docentes a adelantar los gastos y esperar varios meses para recuperar el dinero. Asimismo, denuncia la existencia de aulas sin climatización en las que, asegura, se superaron los límites de temperatura establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, además de reuniones convocadas en días laborables que obligaban a los docentes a desplazarse y reincorporarse a sus centros al día siguiente sin tiempo suficiente de descanso.

CCOO recuerda que desde hace años reclama una reforma del sistema de acceso a la función pública docente para reducir el número de aspirantes asignados a cada tribunal y evitar la sobrecarga de trabajo. En este sentido, advierte de que las condiciones denunciadas están provocando un creciente rechazo entre el profesorado a asumir estas funciones.

Por todo ello, el sindicato exige a la Consejería de Educación que elimine las presiones para acelerar los plazos, establezca un cronograma único y estable, garantice el alojamiento comprometido para los docentes desplazados, explique el criterio seguido en la designación de los tribunales y abone las dietas antes del inicio del próximo curso. También reclama la actualización urgente de las indemnizaciones conforme al coste de la vida, la concesión efectiva de anticipos para evitar que el profesorado tenga que adelantar los gastos y la adopción de medidas que impidan que estas situaciones vuelvan a repetirse en futuras convocatorias.

Comisiones Obreras ha mostrado este jueves su rechazo frontal al Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional presentado por la Universidad de León, una herramienta que, según denuncia el sindicato, “incluye empeoramiento de condiciones laborales y salariales, además del riesgo de cierre y fusión de grados”.

CCOO sostiene que este documento no propiciará una estrategia de modernización de la ULE sino que se convertirá en “un plan de recortes encubierto” derivado “fundamentalmente” de “la asfixia económica y la infrafinanciación crónica de la Junta de Castilla y León a la universidad pública”.

Así las cosas, el sindicato considera “de especial gravedad” medidas incluidas en el plan y que suponen, según denuncia, “un empeoramiento de las condiciones laborales, incluyendo la congelación del pago de algunos complementos salariales” a determinado tipo de personal. “Se llega incluso a considerar”, añade, “un problema económico la ejecución de sentencias judiciales por incumplimiento de derechos laborales”. Y apunta que se sugiera una modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) hasta apurar “al máximo” los plazos de contratación, con “amortización de plazas” y con “categorías profesionales cada vez más flexibles y multitarea sometidas a movilidad interna”.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza en León y su Sección Sindical en la ULE también denuncian que el plan asume la posibilidad de eliminación y fusión de títulos de grado“, algo que atribuyen a ”criterios economicistas“ al ampararse en el volumen de matriculación, y advierten de que se abra la puerta a ”estudios propios autofinanciables·“ de participación privada o con tasas de matrícula ”elitistas“.

“No vamos a avalar ningún recorte laboral, ninguna pérdida de derechos, ningún empeoramiento de las condiciones laborales ni ninguna eliminación de grados”, señala CCOO, que acusa a la rectora, Nuria González, de estar “actuando como paragolpes de la Junta” hasta descargar “el problema económico sobre los trabajadores y las trabajadoras”. Y es que considera que se trata de “una complicidad que se recoge en el propio Plan, donde no existe ninguna estrategia ni medidas concretas para exigir a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones, limitándose únicamente a ”solicitar, pedir o abrir cauces de diálogo“ con absoluta tibieza”, lo que “contrasta con la dureza y contundencia de algunas de las medidas impuestas” al personal.

En este escenario, el sindicato emplaza a la rectora a convocar de urgencia el Consejo de Universidades de Castilla y León y liderar la exigencia a la Junta del “cumplimiento de sus obligaciones financieras” sin descartar la vía judicial. Pero “el equipo rectoral prefiere recortar los derechos de sus trabajadores y su propia calidad académica antes que generar fricciones con el Gobierno autonómico”, entiende Comisiones al citar singularmente la creación de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, encabezada por el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y recibida con buenas palabras por Nuria González.

La librería Literatessen de León acogerá el próximo jueves 2 de julio la presentación de 'Las voces de la República', el último libro de Joseba Eceolaza, una obra que reflexiona sobre la memoria democrática y la represión ejercida tras el golpe de estado de 1936. El acto se enmarca en el ciclo '90 años de memoria republicana', organizado por la Fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León con motivo del 90 aniversario del final de la Segunda República.

La presentación comenzará a las 19.00 horas y contará, además del autor, con la participación del presidente de la Fundación Jesús Pereda, Luis Fernández Bayón, y de la secretaria general de CCOO León, Elena Blasco Martín. El ciclo continuará posteriormente con la presentación del libro 'El frente popular de izquierdas', de Carmelo Romero.

En 'Las voces de la República', Eceolaza sostiene que el golpe militar de 1936 no fue únicamente una sublevación contra el Gobierno legítimo de la República, sino una operación de “limpieza ideológica” cuya violencia constituyó el origen del franquismo y se prolongó durante las cuatro décadas de dictadura. El autor defiende que conocer las historias de las víctimas y sus familias resulta imprescindible para comprender la magnitud de la represión y reivindica la memoria como una herramienta de justicia histórica y de educación democrática.

Joseba Eceolaza fue parlamentario de Navarra entre 2007 y 2011 y ha desarrollado buena parte de su trayectoria pública vinculada al movimiento memorialista. Actualmente es responsable de Memoria Democrática en la Confederación Sindical de CCOO y ha publicado otros títulos relacionados con la Guerra Civil y el franquismo, como 'Camino Oscoz y otras historias del 36', 'Tras la pista de Federico García Lorca' o el poemario 'Apuntes de servilleta'.

El sindicato UGT ha anunciado que ha alcanzado, junto a CCOO, un principio de acuerdo con la patronal para renovar el convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de León. El sindicato considera que, aunque varias de sus reivindicaciones han quedado fuera del texto, el preacuerdo supone una “mejora notable” para los trabajadores del sector y queda ahora pendiente de ser ratificado en asamblea.

Entre las principales novedades figura la creación de varios pluses que hasta ahora no existían en el convenio. Se incorpora un plus de turnicidad y otro de nocturnidad, ambos equivalentes al 7% del salario base; un plus de carga y descarga de 80 euros mensuales para el personal de logística y almacenes; y un plus de conductor de 100 euros mensuales para todas las categorías de conductores. Además, el plus por trabajar domingos y festivos aumenta hasta los 30 euros por jornada.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, entre 2026 y 2028, con una subida salarial del 4% anual en todos los conceptos. UGT destaca que el incremento del salario base, el plus de convenio y las pagas extraordinarias tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, mientras que los nuevos pluses comenzarán a abonarse a partir del próximo 1 de julio. También se incrementará en un 10% la retribución de las horas extraordinarias y se mejorará la protección en los supuestos de incapacidad temporal más grave.

No obstante, el sindicato lamenta que la negociación no haya permitido sacar adelante una de sus principales reivindicaciones: obligar a las empresas a reflejar mensualmente el cómputo de horas trabajadas en las nóminas y reconocer como jornada efectiva todo el tiempo que el trabajador permanece a disposición de la empresa. UGT atribuye este punto a la negativa de la patronal y a la falta de apoyo de CCOO.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León ha denunciado este lunes que los centros educativos y administraciones dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León están superando los 30 grados en plena ola de calor, debido a que, según el sindicato, no están adaptados para combatir las altas temperaturas, que, aseguran: “superan con creces las permitidas por la ley”.

CCOO denuncia que en estos centros de trabajo, todo el personal docente, laboral y de administración están realizando su trabajo en condiciones de riesgo para su propia salud. Un riesgo que, para CCOO, es de especial gravedad la situación de las Escuelas Infantiles y las aulas de 0-3 años, debido a “la vulnerabilidad de los niños y niñas que permanecen en los centros y donde la posibilidad de que se produzcan situaciones que afecten a la salud se multiplica”.

Víctor Bejega García, Secretario General del sindicato provincial de Enseñanza, señala que “la Junta de Castilla y León debe garantizar unas temperaturas y condiciones medioambientales básicas en sus centros de trabajo y cumplir con la legislación en materia de prevención. Pero otro año más la falta de previsión y de inversión en medidas concretas hace imposible cualquier posibilidad de evitar las altas temperaturas en las aulas, exponiendo a trabajadores y alumnado a riesgos sobre su salud”.

Desde CCOO denuncian que, en lugar de dotar a las aulas de sistemas de climatización apropiados para regular la temperatura y optar por medidas que garanticen las condiciones óptimas frente a las cada vez más frecuentes olas de calor, la Junta de Castilla y León únicamente ha instalado algunos ventiladores en algunas aulas de 0-3 años y recomendaciones de ventilar los espacios cuando sea posible. Unas medidas que, para CCOO, “son totalmente ineficaces ante las altas temperaturas, tanto del exterior como del interior de los centros, haciendo imposible que se pueda reducir la temperatura de los espacios”.

CCOO insiste en que “las mediciones de temperatura realizadas en los centros educativos son preocupantes y superan con creces los límites marcados por la ley. Y tampoco se están aplicando ninguna de las medidas correctoras comprometidas por la Junta tras las reiteradas denuncias del sindicato, entre las que se incluían la instalación de toldos sobre las ventanas para reducir el efecto radiador de las persianas, la mejora de los sistemas de ventilación y la compra de equipos de aire acondicionado portátiles”. Especialmente esta última medida, la compra de equipos de aire acondicionado portátiles, es la exigencia de CCOO por el carácter de urgencia de la situación.

Por todo ello, Víctor Bejega exige “una inversión clara y urgente en los centros educativos públicos por parte de la Junta de Castilla y León para garantizar las condiciones de temperatura en los centros de trabajo y en las aulas, cumpliendo la legislación vigente y abandonando una irresponsabilidad manifiesta que pone en riesgo a las trabajadoras y trabajadores, pero también a los menores. Desde CCOO insistimos, otro año más, en advertir del grave riesgo a la salud y de la necesidad de solucionar esta situación antes de que haya que lamentar alguna desgracia”.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en cuestión el funcionamiento del sistema de iluminación instalado tras las obras de eficiencia energética en el edificio de los Tribunales de Instancia de Ponferrada, cuya recepción oficial se produjo en el mes de febrero de este mismo año 2026.

La actuación ha supuesto una renovación integral del inmueble, con mejoras en fachada mediante paneles de lana de roca, sustitución de carpinterías exteriores, renovación de cubierta con mayor aislamiento, incorporación de placas solares y la implantación de iluminación LED junto a sistemas de climatización y ventilación más eficientes.

Sin embargo, este sindicato, en nota de prensa, ha denunciado que el uso cotidiano del edificio presenta importantes problemas derivados del sistema de iluminación basado en sensores de movimiento y luminosidad, que provoca apagones recurrentes en despachos y oficinas.

Según este escrito, los trabajadores se ven obligados en ocasiones a realizar movimientos constantes —como levantarse o gesticular con los brazos— para reactivar la luz, lo que interrumpe el trabajo de forma reiterada. Estas incidencias se producirían tanto en ausencias temporales como en puestos individuales o en momentos de baja actividad en las oficinas.

El problema, añade la nota, se agrava en servicios de guardia o en procedimientos de Violencia de Género, donde las diligencias pueden prolongarse más allá del horario con luz natural. En estos casos, la falta de detección de movimiento provoca que el personal deba trabajar en condiciones de oscuridad o iluminación insuficiente.

El documento también señala que el sistema combina detección de presencia y luminosidad, lo que en determinadas situaciones impide una iluminación estable incluso cuando hay personal trabajando en el interior de las dependencias.

Medio centenar de trabajadores del operativo de lucha contra incendios forestales de León se concentraron este miércoles ante la delegación territorial de la Junta en la capital para denunciar el “abandono absoluto” que, a su juicio, sufre el servicio a escasos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

La protesta, convocada por CCOO y CGT, forma parte de una movilización desarrollada en varias provincias de Castilla y León para reclamar mejoras en un operativo que los sindicatos consideran insuficiente para afrontar un verano que prevén especialmente complicado.

Durante la concentración, el coordinador de bomberos forestales de la Federación de Servicios Forestales de CCOO, Diego Fernández, aseguró que la situación actual apenas presenta avances respecto a los acuerdos alcanzados hace años y criticó que las mejoras anunciadas por la Junta son “muy pocas” y ya estaban comprometidas desde 2022.

Fernández describió un operativo “bajo mínimos”, con “puestos de vigilancia que se caen a pedazos” y bases de camiones que, según denunció, “no cumplen con la normativa mínima”. A ello sumó la escasez de tratamientos selvícolas preventivos realizados durante los últimos meses, que calificó de “ínfimos”.

Los representantes sindicales advirtieron además de que la falta de personal afecta a buena parte de los servicios implicados en la extinción de incendios. Según explicaron, el dispositivo está integrado por personal de la Junta, trabajadores de empresas privadas y efectivos de Tragsa, una situación que, a su juicio, dificulta la coordinación.

“No somos un operativo, somos 27”, resumió Fernández, en referencia a las diferencias de funcionamiento existentes entre provincias y organismos. Según denunció, esta situación genera problemas de comunicación y dificulta una respuesta homogénea ante las emergencias.

Uno de los principales problemas señalados durante la protesta fue la falta de agentes medioambientales. El delegado de CCOO José Ramón Casado aseguró que en la provincia de León existe actualmente un 15% de vacantes sin cubrir en este colectivo, una situación que se agrava por las jubilaciones previstas de numerosos profesionales con experiencia.

Casado alertó de que esa pérdida de conocimiento acumulado está siendo sustituida por personal que en muchos casos carece de experiencia previa en incendios forestales.

En la misma línea se expresó el secretario general de personal laboral de CGT en León, Ángel Fernández, quien señaló que muchos de los agentes de nueva incorporación “nunca han estado en un incendio y desconocen las comarcas”. Por ello, reclamó una mayor formación para todos los integrantes del operativo y criterios de actuación unificados en todo el territorio.

Los sindicatos también denunciaron las condiciones laborales existentes en parte de las instalaciones utilizadas por el operativo. Según recordaron, estas circunstancias han sido objeto de actuaciones de la Inspección de Trabajo, que les habría dado la razón en algunas de sus reclamaciones.

CCOO ha llegado incluso a presentar una querella criminal contra la Junta por esta situación, al considerar que existen responsabilidades concretas en el mantenimiento de determinadas condiciones de trabajo.

Además de exigir más personal y mejores medios, los concentrados reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales para todos los profesionales que participan en la lucha contra los incendios, incluidos agentes medioambientales, técnicos y celadores, y no únicamente peones, conductores o vigilantes.

Las movilizaciones se celebraron también en otras provincias de la Comunidad. En todas ellas los representantes sindicales coincidieron en advertir de que el operativo afronta el inicio de la campaña de verano con problemas muy similares a los denunciados tras los graves incendios registrados en los últimos años, entre ellos los que afectaron a amplias zonas de Zamora y los devastadores fuegos que el verano pasado arrasaron decenas de miles de hectáreas en Castilla y León.

Laciana volvió a movilizarse este miércoles en una de las protestas más amplias y unitarias de los últimos años. La comarca ha llevado a cabo un paro general de tres horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas, para denunciar lo que considera décadas de abandono institucional y reclamar medidas urgentes que permitan garantizar su futuro.

La movilización estuvo impulsada por el denominado Frente Común de Laciana, una plataforma que agrupa a los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Villablino, junto a los sindicatos UGT, CCOO y USO, y que en los últimos meses ha ido sumando el respaldo de colectivos sociales, empresarios, asociaciones y representantes del ámbito educativo.

La concentración arrancó a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Villablino y recorrió varias calles de la capital lacianiega antes de regresar al Consistorio, donde estudiantes de los centros de educación secundaria de la comarca leyeron un manifiesto en nombre de los participantes.

Los convocantes consideran que Laciana atraviesa un momento “decisivo” y sostienen que la situación actual es consecuencia de años de promesas incumplidas, planes de reactivación fallidos y falta de compromiso por parte de las administraciones públicas. En el manifiesto que se leyó al término de la marcha denunciaron que, tras el cierre de la minería, las alternativas prometidas nunca llegaron a generar el empleo ni la actividad económica necesarios para sustituir el peso que tuvo históricamente este sector.

La plataforma asegura que la comarca sufre una pérdida constante de población, servicios y oportunidades laborales, una situación que atribuye tanto al fracaso de los sucesivos planes de reactivación como a la falta de inversiones efectivas. “Laciana no puede seguir siendo una tierra olvidada”, sostienen los convocantes, que reclaman una respuesta coordinada de todas las administraciones.

Entre las principales reivindicaciones figuran la puesta en marcha de un plan específico para Laciana, la llegada de nuevos proyectos industriales compatibles con el entorno, mejores infraestructuras, comunicaciones modernas, incentivos para empresas y autónomos, vivienda, empleo y servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia o la formación profesional.

Los impulsores de la movilización también reclaman medidas concretas contra la despoblación y el envejecimiento de la comarca, advirtiendo de que la falta de oportunidades continúa obligando a marcharse a buena parte de la población joven. “Sin oportunidades, los jóvenes nos vamos, y sin juventud no hay relevo generacional”, recoge el manifiesto.

El Frente Común considera que las administraciones mantienen una “deuda histórica” con Laciana y advierte de que la protesta de este miércoles será solo el inicio de nuevas acciones si no llegan respuestas. “No vamos a aceptar más engaños, más abandono, más silencios ni más excusas”, señalan.

La movilización pretende convertirse en un nuevo hito reivindicativo para una comarca marcada durante décadas por las luchas vinculadas a la minería y que ahora busca abrir una nueva etapa centrada en la reactivación económica y la fijación de población. “Laciana sigue viva”, zanjaron.

El escritor Ignacio Fernández Herrero presentará este jueves, 4 de junio, su nuevo libro, 'Canciones de amor (levemente) desafinadas', en la Biblioteca Municipal de Ponferrada. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Sonia Pacios y contará con la participación de Elena Blasco.

Publicado por la editorial Eolas, el volumen propone una mirada poco habitual sobre uno de los temas más universales de la cultura popular: las canciones de amor. A través de ocho relatos y un ensayo, la obra invita a reflexionar sobre los mensajes que transmiten esas canciones y sobre la influencia que han tenido en la forma de entender las relaciones afectivas de varias generaciones.

Según explica la editorial, el libro analiza cómo las canciones, igual que el cine o la literatura, han contribuido a consolidar determinados modelos emocionales que a menudo se asumen de forma inconsciente. Los relatos desarrollan esas ideas desde la ficción, mientras que el ensayo aborda el análisis de un cancionero generacional concreto para tratar de distinguir qué parte de esas historias amorosas pertenece a la experiencia real y cuál responde a construcciones culturales.

Fernández Herrero es conocido por su trayectoria sindical y cultural. Fue secretario general de CCOO León entre 2004 y 2017 y posteriormente ocupó responsabilidades en CCOO Castilla y León y en la Fundación Jesús Pereda. Además, ha desarrollado una amplia actividad vinculada al pensamiento crítico y a la creación literaria.

El autor publicó en 2006 el poemario 'Lógica borrosa' y posteriormente los ensayos 'Poscontemporáneos' y 'A la siniestra', ambos con la editorial Eolas. También formó parte del equipo editor de la revista de poesía 'Fake'.

Los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios forestales están llamados a concentrarse el próximo miércoles, 10 de junio, ante las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León para denunciar la situación que, según CCOO, atraviesa el dispositivo autonómico a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

Las protestas se celebrarán en todas las provincias de la Comunidad excepto Valladolid, donde la movilización tendrá lugar el día 11, víspera del comienzo oficial de la campaña estival.

El sindicato sostiene que el operativo llega al verano con graves problemas de organización, falta de personal y recursos insuficientes para afrontar una temporada que se prevé complicada por la acumulación de vegetación en los montes y las elevadas temperaturas registradas ya en las últimas semanas.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en Valladolid, el coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, aseguró que existe un “malestar general” entre los distintos colectivos que integran el operativo y denunció que numerosos trabajadores todavía desconocen sus calendarios de guardias pese a que estos deberían haberse aprobado el pasado 15 de mayo.

Según el sindicato, la situación afecta a agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

CCOO considera que el dispositivo se encuentra sostenido sobre “pies de barro” por problemas estructurales que arrastra desde hace años y por la falta de desarrollo de aspectos normativos fundamentales para su funcionamiento.

Especialmente crítico se mostró el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, quien calificó la situación de “caos absoluto” y aseguró que la organización actual de los recursos es incluso peor que la existente durante la pasada campaña.

El sindicato sostiene que en algunas provincias la disponibilidad de medios ronda actualmente el 30% y acusa a la Consejería de Medio Ambiente de no haber adaptado adecuadamente el operativo a un escenario que ya apuntaba a un elevado riesgo de incendios.

Las críticas llegan además en un contexto especialmente sensible para Castilla y León tras los grandes incendios sufridos en los últimos años. González llegó a advertir de que la situación actual guarda similitudes con la existente en Zamora durante 2022, cuando se produjeron algunos de los peores incendios de la historia reciente de la Comunidad.

Entre las denuncias planteadas por CCOO figuran también la falta de adaptación a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de efectivos, diferencias laborales entre trabajadores públicos y personal de empresas contratadas por la Administración, jornadas que pueden prolongarse durante más de veinte horas y la incorporación de personal que, según el sindicato, no dispone de formación suficiente para tareas de extinción.

La organización sindical mantiene además una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no descarta nuevas movilizaciones durante las próximas semanas.

A juicio de CCOO, el futuro responsable autonómico de Medio Ambiente heredará un operativo que requiere cambios urgentes, entre ellos la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales, el refuerzo de las plantillas y una reorganización profunda de un sistema que considera obsoleto.