La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras organiza el jueves 15 de octubre, a las 17.00 horas, en el Museo de la Radio de Ponferrada el taller Hombres contra la violencia machista. Se trata, según explica el sindicato, de una iniciativa que pretende promover la reflexión y la implicación de los hombres en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en la construcción de una sociedad más igualitaria.

La actividad busca generar un espacio de encuentro y reflexión sobre las actitudes, comportamientos y modelos de masculinidad que contribuyen a perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres, señala Comisiones. El Ayuntamiento de Ponferrada colabora en la organización de esta actividad.

“Hay que dar visibilidad y la importancia que merece al hecho de que los hombres pongan en valor la igualdad”, dice el secretario comarcal de CCOO en El Bierzo, Roberto Echegaray, quien subraya la necesidad de que los hombres se impliquen activamente en la lucha contra la violencia machista y en la construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Además, CCOO considera fundamental que los hombres asuman un papel activo en la erradicación de la violencia machista hasta cuestionar los estereotipos de género, las relaciones de poder y aquellas conductas que normalizan o justifican las distintas formas de violencia contra las mujeres.

El sindicato recuerda que la igualdad y la lucha contra la violencia machista son responsabilidades colectivas, que requieren tanto el compromiso de las instituciones y las organizaciones sociales como la implicación del conjunto de la ciudadanía.

La antigua estación de tren de León será el miércoles 14 de octubre escenario de una protesta convocada por varios sindicatos para oponerse al cierre del Centro de Formación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en la capital leonesa. La movilización consistirá en una concentración entre las 10.00 y las 11.00 horas respaldada por Comisiones Obreras, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario, la Confederación de Cuadros y Profesionales y el Sindicato de Circulación Ferroviario.

Fueron también representantes sindicales los que denunciaron a finales del pasado mes de septiembre la determinación de Adif de cerrar el Centro de Formación de León para no afrontar su mantenimiento (arrastra múltiples desperfectos y deficiencias en la instalación eléctrica) y trasladar las clases a Valladolid.

Ahora los sindicatos salen a la calle para mostrar su rechazo a los planes de Adif, que alega que habrá que esperar a la reforma de la Estación Vieja (anunciada el pasado mes de junio con la intención de estar rematada en un plazo de cinco años) para volver a traer el centro a la provincia.

‘Formación hoy, ferrocarril y futuro mañana’ es el lema de la concentración de protesta de los sindicatos, que ya han advertido de que este cierre supone “un nuevo agravio” para el Centro de Formación de Adif en León.

Los principales sindicatos de la provincia de León, Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), han convocado este viernes 9 de octubre en los centros de trabajo de la capital leonesa un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada de su casa de Madrid.

Los sindicatos han denunciado la muerte el pasado 7 de octubre en el hospital Gregorio Marañón de esta anciana, María del Carmen Abascal Martín, que fue desahuciada el pasado mes de septiembre de la casa en la que llevaba viviendo toda su vida y que era propiedad de la empresa Urbagestión. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros; una cifra muy por encima de su pensión.

“Maricarmen no debería haber sido desahuciada. No debería haber pasado sus últimos días alejada de su casa. No debería haber tenido que enfrentarse, a los 87 años, a la angustia de perder su hogar frente a quienes habían convertido su vivienda en un negocio”, ha lamen dato UGT de León este viernes.

Gran parte de la sociedad española se volcó con la causa de esta anciana, convertida en un símbolo de la crisis de la vivienda en España que afecta a los jóvenes y los sectores vulnerables como los pensionistas.

La dramática historia de Maricarmen ha provocado el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Además, los principales sindicatos han convocado una huelga general el próximo 11 de noviembre.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la persistencia de un brote de sarna en la residencia de mayores Virgen de Celada, en La Robla, gestionada por la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios. Según relata el sindicato en un comunicado de prensa, los contagios de escabiosis o sarna humana se suceden desde hace más de un año y afectan tanto a residentes como a trabajadoras, en una situación marcada por las reinfecciones y la falta de soluciones definitivas.

CCOO alerta de que el problema mantiene en una situación de preocupación al personal asistencial del centro, donde trabajan alrededor de 34 profesionales de atención directa, expuestas al riesgo de contagio por las tareas de cuidado. La organización asegura que no es posible determinar una cifra exacta de afectadas, ya que algunas trabajadoras vuelven a presentar síntomas semanas después de haber superado aparentemente la enfermedad o de no haber mostrado manifestaciones visibles.

Por su parte, fuentes municipales consultadas aseguran que la empresa ha conseguido frenar en las últimas dos semanas los contagios, sin que en ese tiempo se haya dado un caso nuevo. Se realizó una nebulización de las estancias, junto con un protocolo farmacológico, que según el Consistorio podría haber dado ya sus frutos definitivos.

La empresa ni confirma ni desmiente

La empresa, por su parte, en su única respuesta a este medio no aclara ni fechas ni siquiera el hecho sanitario en sí, limitándose asegurar que “de la atención de nuestros residentes y la gestión de nuestras tareas e incidencias que en su caso pudieran ocurrir, mantenemos puntualmente informados a las autoridades competentes, cumpliendo los protocolos legalmente aplicables”. Y sobre el brote de sarna, “esta empresa no ha sido objeto de ningún expediente sancionador en relación al asunto”.

Por su parte, el sindicato considera que esta sucesión de contagios evidencia un problema que va más allá de casos aislados y reclama medidas eficaces para erradicar el brote. También cuestiona la actuación de la empresa gestora, al sostener que las labores de desinfección y control de plagas se llevaron a cabo cuando ya se habían producido contagios entre la plantilla. Aralia es una sociedad vinculada a la familia del empresario leonés José Luis Ulibarri y se encarga de la gestión privatizada de esta residencia pública desde que, tras muchos años de retraso en su ejecución, se inauguró en 2021.

Bajas laborales por ansiedad

Las consecuencias de esta situación sanitaria, según CCOO, también se extienden a la salud psicológica de las trabajadoras. La organización sindical afirma que varias empleadas se encuentran de baja laboral, en algunos casos por cuadros de ansiedad y ansiedad reactiva relacionados con el temor continuado al contagio y la incertidumbre sobre los posibles efectos en su entorno familiar.

CCOO denuncia, además, dificultades para que se reconozca el posible origen profesional de estas bajas. Según explica, varias trabajadoras acudieron a la mutua aseguradora para solicitar seguimiento, pero sus procesos no fueron reconocidos como contingencias profesionales, al no admitir la empresa en ese momento la presencia de la enfermedad en las instalaciones. Por ello, el sindicato reclama que se revise individualmente cada expediente para determinar si las bajas están relacionadas con la actividad laboral.

Denuncia ante las inspecciones de Trabajo y Sanidad

La representación sindical también reprocha a la dirección de la residencia que no haya facilitado al Comité de Empresa ni a la Delegada de Prevención la información solicitada formalmente sobre la evaluación del riesgo biológico, una documentación que considera necesaria para valorar la exposición de la plantilla y las medidas preventivas aplicadas.

Ante la falta de avances en las conversaciones con la empresa, CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que compruebe si se están cumpliendo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el sindicato ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Sanidad, después de contactar con los servicios de Epidemiología. Su objetivo es que se verifique el cumplimiento de los protocolos sanitarios y se determinen las medidas correctoras necesarias para acabar con los contagios recurrentes en la residencia Virgen de Celada. De este modo, por ambas vías, el análisis de la situación está ahora en manos de la Junta de Castilla y León.

Varios colectivos de izquierdas convocan una concentración bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada este jueves, 8 de octubre, a las 19.30 horas.

Las estructuras bercianas de Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras, así como Podemos Ponferrada, Alianza Bierzo Cabrera y El Bierzo Antifascista figuran en el cartel como convocantes de la protesta.

“El problema de la vivienda nos afecta a todas y todos, nuestras casas tienen que ser para vivir, no para especular”, señalan a través de las redes sociales las organizaciones convocantes, que enfocan el problema tanto desde el ámbito comarcal como desde el nacional.

Y es que la movilización social levantada por las dificultades de acceso a la vivienda ya ha desencadenado una convocatoria de huelga general (11 de noviembre) y de elecciones anticipadas (29 de noviembre) en España.

Unos 700 sanitarios de los 210 puntos de Atención Continuada y 23 servicios de emergencia de la sanidad de Castilla y León reciben la manutención en sus guardias diarias en la comunidad, unos menús cuya concesión lleva una empresa, de mala calidad y cantidad, y que los usuarios piden que se cambie hacia un modelo de tiques en restaurantes locales o con las cocinas sanitarias con menos uso.

Así se desprende de la encuesta que ha realizado el sindicato a 555 profesionales, con un 97% de descontento, y de un análisis efectuado en 157 centros de toda Castilla y León, que constatan un descontento generalizado con la calidad, conservación y gestión de los alimentos suministrados.

En declaraciones a la Agencia EFE, la coordinadora de la Federación de Sanidad de CCOO en León, Dulcinea Álvarez, ha explicado que el contrato es para 1.200 menús al día para no más de 700 profesionales, aunque ni la mitad recurren a esos menús ya que se llevan las comidas de sus casas por lo que también se preguntan a dónde va a parar ese dinero.

Ese servicio lo llevan las firmas Eurest y Vitarest, y debe renovarse a final de noviembre o principios de diciembre, por lo que CCOO aboga por un cambio de modelo volviendo al antiguo de tiques o acuerdos con restaurantes cercanos, lo que además dinamiza el medio rural, o mediante las cocinas hospitalarias que tengan menos uso, para fomentar el sistema público, o también mediante el pago vía nomina, ha detallado Álvarez.

El análisis realizado por los delegados y delegadas del sindicato en 157 centros ha detectado ensaladas y otros alimentos deteriorados, productos con fechas de caducidad muy próximas, problemas de conservación de la cadena de frío, errores de etiquetado, productos diferentes de los solicitados, falta de agua suficiente y un elevado uso de envases de plástico.

Además, se trata de alimentos mayoritariamente ultraprocesados y con escasa presencia de producto fresco, una situación que considera especialmente contradictoria en un sistema sanitario que promueve hábitos de alimentación saludable entre la población.

CCOO de León y Asturias volverán a llevar a la carretera su rechazo al peaje de la AP-66, la autopista del Huerna, con una concentración este jueves, 24 de septiembre, a la entrada del peaje de La Magdalena. Los dos sindicatos mantienen desde hace meses una campaña conjunta para reclamar el fin del pago por utilizar esta vía, que consideran una barrera económica y territorial entre León y Asturias.

La protesta se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas y contará con la participación de delegados y delegadas de ambas organizaciones. Está prevista una pequeña asamblea en la que intervendrán la secretaria general de CCOO de León, Elena Blasco, y el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. Los sindicatos también repartirán octavillas y material informativo entre los usuarios de la autopista.

CCOO sostiene que el peaje afecta especialmente a quienes utilizan la autopista de forma habitual para trabajar, estudiar o desplazarse entre León y Asturias, además de a transportistas y familias. El sindicato reclama que deje de cobrarse por una infraestructura que, según denuncia, mantiene actualmente restricciones y obras mientras se continúa pagando la tarifa íntegra. La concesionaria Aucalsa mantiene el peaje de la AP-66 hasta 2050 según la información del Ministerio de Transportes.

El coste del viaje, además, se ha incrementado este año. Desde enero de 2026, el trayecto completo para vehículos ligeros cuesta 16,20 euros, aunque se mantienen determinadas bonificaciones para usuarios frecuentes y vehículos pesados.

La situación de la autopista ha generado también actuaciones administrativas. El Gobierno del Principado mantiene abierto un expediente a Aucalsa por el cobro íntegro del peaje pese a las obras y las restricciones que afectan a la circulación. Entre las cuestiones analizadas figuran la reducción de carriles, las limitaciones de velocidad, la congestión y la información disponible para los usuarios.

La protesta de CCOO se produce además después de que las Cortes de Castilla y León hayan aprobado recientemente una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central el fin del peaje de la AP-66, así como bonificaciones de al menos el 60% para los usuarios recurrentes de las autopistas de la Comunidad. La propuesta no incluyó, pese a una enmienda de UPL, la eliminación del peaje de la AP-71 León-Astorga, que continúa siendo también de pago.

La concentración del jueves servirá también para que los responsables de CCOO expliquen las próximas actuaciones de la campaña contra el peaje del Huerna. Los secretarios generales de los sindicatos atenderán a los medios a las 11.30 horas, en el entorno del peaje de La Magdalena.

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León organiza este martes, 15 de septiembre, en el Museo de la Radio de Ponferrada la proyección del documental Siete días en mayo y la celebración de un coloquio posterior en torno a la matanza de abogados laboralistas de Atocha a manos de pistoleros de ultraderecha en enero de 1977, en plena Transición política hacia la democracia en España. Será a las 18.00 horas, con entrada libre y con la presencia del adjunto a la Secretaría General de CCOO Bruno Estrada.

Dirigida por Rosana Pastor, la película documental sitúa el atentado de Atocha dentro de una reflexión más amplia sobre los movimientos ultraderechistas europeos desde los años setenta hasta la actualidad.

“En el contexto actual es fundamental conocer cómo se consiguieron los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos, el papel que desempeñaron las organizaciones obreras y democráticas y también la actuación de la extrema derecha”, señala el secretario comarcal de Comisiones en El Bierzo, Roberto Echegaray.

La dirección comarcal de CCOO anima a los bercianos a acudir a la proyección y participa en el coloquio en torno a un episodio clave en la historia de España del que próximamente se cumplirán 50 años y que afectó a una leonesa, la abogada Lola González, que sufrió lesiones muy graves y vio morir a su marido, Javier Sauquillo. El atentado ya fue en 1979 el argumento de la película dirigida por Juan Antonio Bardem Siete días de enero.

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León y CCOO León organizan este miércoles, 9 de de septiembre, un acto que servirá para conmemorar el 50.º aniversario de la que se considera como asamblea general fundacional del sindicato, celebrada todavía en la ilegalidad. Lo hará en la sede de la Fundación Sierra Pambley (calle Dámaso Merino de la capital leonesa) a las 19.00 horas con la proyección de un documental y un coloquio posterior, actos abiertos al público.

Fue en julio de 1976, menos de un año después de la muerte del dictador Francisco Franco, cuando se celebró en la ciudad condal la cita que supuso un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento surgido en defensa de los trabajadores al comenzar su transformación en un sindicato del cariz de los actuales.

El acto conmemorativo comenzará con la proyección del documental Valor decisivo. 50 años de la Asamblea General de Barcelona (1976-2026), seguido de un coloquio en el que intervendrán el director de la cinta, Miguel Ángel Sánchez, el primer secretario general de CCOO en Castilla y León, Javier Fernández, la primera secretaria de Mujer confederal de CCOO, Begoña Sanjosé, y el adjunto a la Secretaría General, Bruno Estrada, que ejercerá como moderador.

En el acto también se pondrá de manifiesto “la importancia de lo aportado al sindicalismo desde la provincia de León”, uno de los puntos de origen del movimiento de las Comisiones Obreras durante las huelgas mineras de los años sesenta.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.

El nuevo curso comenzará con conflicto laboral en la Universidad de León (ULE). UGT, CCOO y CSIF han anunciado un paquete de movilizaciones y medidas de protesta a partir del lunes 14 de septiembre contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Los sindicatos rechazan que parte del ajuste recaiga sobre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y advierten: “El PTGAS no pagará los platos rotos del despilfarro”.

Las tres organizaciones llaman a estos trabajadores a cumplir desde esa fecha únicamente la jornada mínima los lunes, de 9.00 a 14.00 horas para el turno de mañana y de 14.00 a 19.00 horas para el de tarde. Según los sindicatos, estos horarios son compatibles con el reglamento de flexibilidad de jornadas de la propia Universidad. Advierten además de que la protesta podría extenderse a más días de la semana si el Rectorado no retira las medidas que consideran perjudiciales para el colectivo.

La protesta incluirá también el rechazo a realizar servicios extraordinarios y horas extra, a utilizar las bolsas de horas previstas en el reglamento de la ULE y a aceptar cambios de turno que no hayan sido programados y comunicados con al menos cinco días laborables de antelación. UGT, CCOO y CSIF llaman igualmente a los trabajadores a limitarse estrictamente a las funciones asignadas a sus puestos y a ejercer diariamente su derecho al descanso, incluso cuando ello implique cerrar temporalmente un servicio porque haya una sola persona trabajando.

A estas medidas se sumarán próximamente asambleas informativas y concentraciones de protesta, cuyos detalles todavía no han sido concretados. “Ni una hora de más gratis”, proclaman las organizaciones sindicales, que consideran que las necesidades extraordinarias de trabajo deben cubrirse mediante contratación y empleo público y no recurriendo a la plantilla existente.

El PTGAS, en el centro del conflicto

El principal motivo de la protesta es la decisión incluida en el plan de ajuste de suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del PTGAS. Los sindicatos consideran que este colectivo está soportando de manera “injusta y discriminatoria” una parte especialmente importante de las medidas de ahorro.

UGT, CCOO y CSIF sostienen que los trabajadores no son responsables del incremento del gasto que ha llevado a la Universidad a su actual situación económica. “El exceso de gasto corriente y las cuestionables decisiones presupuestarias de los últimos años no han sido generados por los trabajadores y las trabajadoras del PTGAS”, argumentan antes de denunciar que ahora se pretenda que sean ellos quienes “paguen las consecuencias de una gestión en la que no hemos participado”.

Las organizaciones sindicales critican especialmente el aplazamiento de la carrera profesional y aseguran que convierte al PTGAS en “el único colectivo de toda la Universidad de León que no cobra su nómina íntegra”, mientras, según denuncian, “se siguen manteniendo y abonando con total normalidad otros complementos” y aumentando el número de cargos y puestos de libre designación.

El comunicado conjunto supone un paso más en la contestación sindical que ya despertó este verano el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional. CCOO había rechazado el documento poco después de su aprobación y reprochó entonces tanto las consecuencias laborales de las medidas como la gestión realizada en los últimos años y la falta de financiación suficiente por parte de la Junta de Castilla y León.

Un agujero millonario en las cuentas

El origen del conflicto está en la complicada situación económica de la Universidad de León. El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de julio, con 21 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, un plan de ajuste hasta 2030 que persigue recuperar el equilibrio presupuestario y evitar que la institución continúe consumiendo sus reservas.

La ULE cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y calcula que sus gastos corrientes superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos ordinarios. El remanente de tesorería, que llegó a alcanzar los 58,48 millones de euros en 2021, se había reducido a 18,77 millones al término de 2025, de los que 6,67 millones correspondían al remanente genérico.

Para revertir esta situación, el plan contempla contener el gasto de personal, retrasar ofertas de empleo público y nuevas convocatorias salvo las consideradas imprescindibles, suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y limitar años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. También plantea medidas como cierres selectivos de instalaciones, ahorro energético y reducción de gastos en viajes, impresión y movilidad.

El ajuste va más allá del personal. La Universidad pretende revisar la viabilidad de grados con menos de 20 alumnos de nuevo ingreso y másteres con menos de cinco estudiantes, con la posibilidad de reorganizarlos, fusionarlos o eliminarlos, además de reorganizar servicios y buscar nuevas fuentes de ingresos.

La Universidad pide más financiación a la Junta

El Rectorado, por su parte, ha defendido que el documento no pretende “tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”. La rectora, Nuria González, aseguró tras las primeras críticas sindicales que muchas de las medidas están sujetas a negociación y situó como “eje central” del plan la reclamación de una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.

La Universidad sostiene que necesita un nuevo modelo de financiación plurianual que permita asumir tanto su funcionamiento ordinario como nuevas obligaciones, entre ellas la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla o el coste derivado de diferentes medidas y sentencias judiciales.

El propio plan aprobado en julio ya contemplaba entre sus riesgos la posibilidad de que se produjera un conflicto sindical. Con el regreso de la actividad tras el verano, ese escenario comienza a materializarse: UGT, CCOO y CSIF han puesto fecha al inicio de las protestas y el 14 de septiembre el plan de ajuste saltará de las cuentas de la Universidad a la organización diaria de sus servicios.

El cineasta berciano Chema Sarmiento será el protagonista de la reanudación del ciclo café-diálogo organizado por la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León. Será este jueves, 3 de septiembre, a las 17.00 horas en El Cafetín, establecimiento ubicado en la calle La Sal de la capital leonesa. Sarmiento dialogará con el expresidente de la entidad organizadora Ignacio Fernández.

Sarmiento, director de películas como Los Montes y El filandón, fue precisamente Premio Diálogo de la Fundación Jesús Pereda en el año 2012, año en el que estrenó la cinta Viene una chica, rodada en León capital sobre la base de varios cuentos del escritor lacianiego Luis Mateo Díez.

Berciano de Albares de la Ribera (Torre del Bierzo), Chema Sarmiento reside en París, donde fue profesor en la Escuela Nacional de Cinematografía en Francia. Es autor de documentales como una serie sobre Mahoma y Wolfram, la montaña negra, este último en torno a la explotación del wolframio en la Peña del Seo en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX.

Por este ciclo de conversaciones vespertinas ya han pasado hasta la fecha Manuel Sierra, Aitana Castaño, José Luis Gutiérrez, Pilar Sancho y Celia Uve.

La Universidad pública es un derecho y una conquista de la clase trabajadora para democratizar y socializar el conocimiento, garantizando que toda la población pueda acceder a la Educación Superior, y no solo una élite económica y social como ocurría en la Edad Media.

Hoy, el gobierno de la Junta de Castilla y León, tanto el anterior como el actual, pone en riesgo esa conquista social al apostar por un modelo universitario que asfixie lo público y que nos devuelta a los tiempos de élites y desigualdad, de privatización del conocimiento y de sustituir el valor social por el económico. Todo ello con el conformismo cómplice del actual equipo de gobierno de la ULE.

Y es que, el Partido Popular y Mañueco, con la lección aprendida de lo ocurrido en otras autonomías, tiene marcada su hoja de ruta con dos puntos clave: asfixia económica por infrafinanciación para lo público, y alfombra roja para la implantación de empresas-universidades privadas. Una dupla simbiótica, entre la que se cuelan la creación de toda suerte de fundaciones y patronatos donde, bajo el ostentoso título de la colaboración público-privada, se abren las puertas a la mercantilización universitaria.

De hecho, el Partido Popular ha conseguido que el número de empresas-universidades privadas (5) ya sobrepase al número de universidades públicas (4) en Castilla y León (y allá donde gobierna). El crecimiento privado se basa en la enseñanza virtual y en los másteres, que ofrecen tasas de beneficios increíbles y que es donde está el negocio. Porque los inversores privados no se plantean la Educación Superior sino como un nicho de negocio del que obtener beneficio. Ninguno de estos accionistas tiene interés por mejorar la Educación Superior, aportar ciencia, conocimientos, investigación, educación… sino de 'hacer caja'.

Con el nuevo gobierno Vox-PP, la hoja de ruta avanza y han planeado la progresiva destrucción y desaparición de la Universidad Pública. ¿Cómo? Desfinanciando y estrangulando lo público. En este caso, la Universidad de León.

La actual Ley Universitaria (LOSU) obliga a financiar con al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico a la educación universitaria pública. Pero el actual gobierno autonómico, declarado en rebeldía y en claro incumplimiento de la ley, y alejado del objetivo de ese 1%, ha recortado la financiación al 0,65%. Es decir, a casi la mitad. Para destinarlo, suponemos que a los toros y otras cuestiones similares y de idéntico calado, como tributo al apoyo de la extrema derecha para seguir “gobernando”.

Pero lo más sangrante es que el actual equipo rectoral de la Universidad de León se ha apresurado a llevar al Consejo de Gobierno, para su urgente aprobación, un Plan de Recortes, que rinde pleitesía al ataque a las Universidades Públicas de la autonomía. Es como aquellos esclavos de la casa de las plantaciones de algodón que defendían al amo, porque consideraban que estaban en mejores condiciones de esclavitud que los esclavos del campo. Parece que incluso se quieren anticipar a cumplir los deseos de sus señores, para que vean que se portan bien y que son fieles cumplidores de sus mandatos.

Este Plan de Recortes de la Universidad de León contempla recortes laborales, salariales y académicos. Es decir, congelaciones salariales, cambios en la plantilla, riesgo de cierre de grados y posibles fusiones o eliminaciones de titulaciones, especialmente aquellas que no son rentables desde un prisma exclusivamente economicista. ¿Para qué queremos las humanidades, la filosofía, la literatura, el arte, si ya no son rentables? Es la filosofía que nos vende este plan de recortes.

En vez de exigir al PP de Mañueco y Quiñones una estrategia de estabilización, modernización y mejora de la financiación de las Universidades Públicas con un plan plurianual que garantice la financiación basal, presentan, antes incluso de haberse reunido con ellos, un plan de recorte de personal y de la oferta académica. Eso sí, con un título eufemístico para incautos: Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional de la Universidad de León, vamos “un plan de recortes de los de toda la vida”.

El actual equipo rectoral de la ULE ha optado: en lugar de enfrentarse con los de arriba, prefiere aplicar recortes a sus compañeras y compañeros. Lejos de afrontar la infrafinanciación como verdadera causa de cualquier problema económico, eligen recortar y precarizar a trabajadores y alumnado. Medidas como congelar el pago de complementos salariales, demorar las contrataciones y empeorar condiciones laborales. Recortes que también afectarán a los jóvenes investigadores, al tiempo que la ULE se queja de los problemas del relevo generacional.

Siguiendo con el guion rocambolesco, se convierte a las víctimas en culpables, al interpretar que las sentencias judiciales favorables a los trabajadores por el incumplimiento de sus derechos son, en realidad, un problema económico causante del Plan de Recortes. Pero del chantaje de la Junta a la ULE a la hora de aportar los recursos necesarios para afrontar la ejecución de las sentencias, no nos cuentan nada.

El giro economicista para rentabilizar la enseñanza, se apuntala con la incorporación de “estudios propios autofinanciables”, es decir, que solo se impartirán si consiguen financiación, con lo que se mercantiliza la Educación Superior en la Universidad de León. Es la vía para competir en el capitalismo: buscar financiación privada o poner tasas de matrícula elitistas. Convertir la Universidad Pública en universidad para la élite. Ya lo dijo el banquero y vicepresidente de Aznar, el exministro Rodrigo Rato con su famosa frase: “es el mercado, amigo”.

¿Quién financiará investigación para resolver problemas de las zonas rurales o la España vaciada, si no es rentable?, ¿quién financiará docencia en grados de servicios para los más necesitados, si no son rentables? El problema de fondo es que así se está pervirtiendo el sentido y la finalidad para los que se crearon las Universidades Públicas. Reduciendo la Educación Superior a una lógica de rentabilidad, a la lógica del capital y debilitando su función social en León.

¿Qué hacer? No podemos mirar para otro lado, para evitar los conflictos. Los bárbaros ya no están a las puertas, como en la caída del Imperio Romano. Los bárbaros han entrado, se han sentado en los escaños institucionales y están saqueando todo lo público y los derechos, que tan duro nos ha costado conquistar a la clase trabajadora. El equipo rectoral de la Universidad de León tiene que optar. O está con la clase trabajadora, al servicio de la ciudadanía, de los derechos de todos y todas y del bien común, o está con quienes están saqueando la Universidad Pública. O planta cara y se convierten en parte de la solución, o son parte del problema y deberían dimitir.

El equipo rectoral tiene una oportunidad de oro para defender la Universidad Pública, buscando el apoyo de otras universidades y construyendo un frente común con los agentes sociales. Puede prescindir del Plan de Recortes y construir un Plan de Acciones que agoten las vías institucionales y jurídicas frente a la ilegal asfixia financiera de la Junta. Ahí, nos encontrará a su lado. Pero en el recorte, el ataque a los trabajadores y la mercantilización universitaria nos tendrá, inevitablemente, en frente.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro de la Ejecutiva Federal de la Federación de Comisiones Obreras. Victor Bejega es secretario General de CC OO Enseñanza en León y miembro del Consejo Social de la ULE.

La reclamación de más financiación al Gobierno autonómico es el “eje central” del plan de ajuste impulsado por la Universidad de León (ULE). Así se pronunció este lunes la rectora de la ULE, Nuria González, tras las críticas al documento formuladas ya por Comisiones Obreras, que sostiene que su aplicación supone recortes laborales y amenaza el futuro de varias titulaciones. González, que enfatizó que las medidas finalmente adoptadas estarán sujetas a negociación, señaló también que el objetivo es buscar “una eficiencia en el gasto”.

La Universidad de León aprobó en Consejo de Gobierno el viernes 17 de julio el denominado Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030. “Lo que pretende no es tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”, apuntó la rectora tras las primeras críticas esbozadas por el sindicato CCOO y antes de aclarar que la puesta en marcha de un plan de ajuste resulta obligado ante una situación de déficit presupuestario. La elaboración del documento, añadió González, es un paso previo a la solicitud de más dinero a la Junta de Castilla y León.

“Y ahora ya tenemos interlocutores”, dijo la rectora de la ULE al respecto de la reciente formación de un nuevo Gobierno autonómico derivado de las elecciones del pasado mes de marzo que supuso la creación de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a cuyo frente está el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. La reclamación de más fondos a la Junta es precisamente una de las exigencias de Comisiones, que también insta al equipo rectoral de la institución académica a solicitar la convocatoria del Consejo de Universidades de Castilla y León y de la Mesa Sectorial de Universidades.

Además de comprometer esa reclamación financiera a la Junta, Nuria González subrayó que el plan de sostenibilidad es “bastante dinámico” y “está sujeto a negociación”. “Hay bastantes medidas que tienen que ser negociadas”, dijo al detallar que la pretensión de reevaluar partidas económicas ante situaciones en las que “el gasto no está teniendo el impacto deseado”

Será la financiación autonómica la que marque el paso del plan de ajuste, que tendrá vigencia hasta el año 2030, según indicó la rectora de la ULE. “Es un plan para garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad de León pues hasta que finalice”, concluyó González.

El sindicato CCOO ha rechazado este miércoles el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Leónm el pasado viernes, ya que prevé la aplicación de un plan de recortes económicos para equilibrar las cuents de la institución que ha salido aprobado sin unanimidad.

A través de un comunicado, CCOO Enseñanza en León y su sección en la universidad han incidido en que esta falta de consenso es una muestra de la oposición existente al plan “por una parte importante de la comunidad universitaria”.

Asimismo, la organización sindical ha contrapuesto la “extrema urgencia” para aprobar este plan con la calma a la hora de reclamar a la Junta de Castilla y León que cumpla con la ley en materia de financiación universitaria, que el propio plan “reconoce como principal causa del problema económico” de la institución educativa.

También ha reprochado que el plan carezca de una hoja de ruta, propuesta o medidas para presionar a la Consejería - que ahora depende de Industria, Universidades, Comercio y Empleo y que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones- para que cumpla con la normativa, ya que en la financiación de la ULE se encuentra por debajo del 1% del PIB que marca la ley.

Por otro lado, el sindicato ha puesto el foco en la gestión que la universidad ha hecho de los 58 millones de euros de remanente que, lejos de contribuir a aliviar la situación económica, “parece haber servido para agravarla” al asumir el coste de “infraestructuras de una magnitud innecesaria e hipotecando financieramente a la Universidad de León”.

Consejo de Universidades

CCOO ha trasladado a la rectora, Nuria González, que debe liderar la exigencia y confrontación con el ejecutivo para garantizar la correcta financiación de las universidades públicas de Castilla y León.

Por ello, el sindicato le ha instado a convocar al Consejo de Universidades de Castilla y León y a exigir la convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidades. Asimismo, ha solicitado estudiar e iniciar todas las medidas de presión institucional y jurídica necesarias , que respaldaría.

En el caso contrario de aplicarse recortes que supongan el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y pongan en riesgo la calidad académica y las oportunidades del alumnado, CCOO ha advertido de que se enfrentarán a la dirección de la Universidad.

El conflicto sindical en la Universidad de León no se ciñe exclusivamente a los recortes del plan de sostenibilidad: existen otros focos como la anulación del Premio de Jubilación del PTGAS, los incumplimientos en el cobro de la carrera horizontal, las reclamaciones jurídicas sobre otros complementos y condiciones laborales que no se cumplen y, especialmente, por el bloqueo en la negociación de algunos convenios colectivos.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado las condiciones laborales en las que han desarrollado su trabajo los miembros de los tribunales de las oposiciones docentes celebradas este verano en Castilla y León.

El sindicato asegura haber recopilado testimonios de integrantes de distintos tribunales y especialidades que coinciden en señalar jornadas de hasta 12 horas, problemas de organización, falta de alojamiento garantizado y unas dietas que consideran insuficientes y desfasadas, entre otros muchos serios problemas.

Según CCOO, la presión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para acortar los plazos de publicación de las calificaciones ha obligado a los tribunales a afrontar jornadas maratonianas tanto en la corrección de los exámenes como en la tramitación administrativa. El sindicato sostiene además que muchas de las instrucciones fueron transmitidas de forma verbal y con escaso margen para su aplicación, ante la ausencia de documentación técnica que resolviera las dudas habituales del proceso. También denuncia que los grupos de mensajería entre presidentes y coordinadores permanecían activos hasta última hora del día con indicaciones que debían aplicarse a la mañana siguiente.

La organización sindical critica igualmente la gestión de los desplazamientos y el alojamiento de los miembros de los tribunales. Afirma que la Administración no ha explicado el criterio seguido para asignar a los docentes, lo que, según expone, obligó a algunos de ellos a realizar largos desplazamientos sin conexiones directas en transporte público. Asimismo, recuerda que la Consejería se comprometió en la Mesa Sectorial del pasado 3 de marzo a facilitar plazas en residencias dependientes de la Administración autonómica, un compromiso que, asegura, no se ha cumplido. A ello añade los cambios en los cronogramas, con hasta tres versiones distintas en menos de dos semanas, que habrían provocado la pérdida de reservas de alojamiento ya abonadas por algunos docentes.

CCOO también pone el foco en el coste económico que, según denuncia, han tenido que asumir los integrantes de los tribunales. Recuerda que las dietas de manutención y alojamiento permanecen sin actualizar desde hace cerca de dos décadas y que las indemnizaciones por razón de servicio, congeladas desde 2002, ascienden a 42,83 euros para los vocales y a 45,89 euros para presidentes y secretarios. El sindicato señala que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha aumentado un 71,3% desde entonces, por lo que considera que estas cuantías están muy por debajo del coste real de desplazamientos, alojamiento y manutención.

La organización añade que, aunque la normativa contempla anticipos de hasta el 80% de las cantidades previstas, estos no se estarían abonando, lo que obliga a los docentes a adelantar los gastos y esperar varios meses para recuperar el dinero. Asimismo, denuncia la existencia de aulas sin climatización en las que, asegura, se superaron los límites de temperatura establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, además de reuniones convocadas en días laborables que obligaban a los docentes a desplazarse y reincorporarse a sus centros al día siguiente sin tiempo suficiente de descanso.

CCOO recuerda que desde hace años reclama una reforma del sistema de acceso a la función pública docente para reducir el número de aspirantes asignados a cada tribunal y evitar la sobrecarga de trabajo. En este sentido, advierte de que las condiciones denunciadas están provocando un creciente rechazo entre el profesorado a asumir estas funciones.

Por todo ello, el sindicato exige a la Consejería de Educación que elimine las presiones para acelerar los plazos, establezca un cronograma único y estable, garantice el alojamiento comprometido para los docentes desplazados, explique el criterio seguido en la designación de los tribunales y abone las dietas antes del inicio del próximo curso. También reclama la actualización urgente de las indemnizaciones conforme al coste de la vida, la concesión efectiva de anticipos para evitar que el profesorado tenga que adelantar los gastos y la adopción de medidas que impidan que estas situaciones vuelvan a repetirse en futuras convocatorias.

Comisiones Obreras ha mostrado este jueves su rechazo frontal al Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional presentado por la Universidad de León, una herramienta que, según denuncia el sindicato, “incluye empeoramiento de condiciones laborales y salariales, además del riesgo de cierre y fusión de grados”.

CCOO sostiene que este documento no propiciará una estrategia de modernización de la ULE sino que se convertirá en “un plan de recortes encubierto” derivado “fundamentalmente” de “la asfixia económica y la infrafinanciación crónica de la Junta de Castilla y León a la universidad pública”.

Así las cosas, el sindicato considera “de especial gravedad” medidas incluidas en el plan y que suponen, según denuncia, “un empeoramiento de las condiciones laborales, incluyendo la congelación del pago de algunos complementos salariales” a determinado tipo de personal. “Se llega incluso a considerar”, añade, “un problema económico la ejecución de sentencias judiciales por incumplimiento de derechos laborales”. Y apunta que se sugiera una modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) hasta apurar “al máximo” los plazos de contratación, con “amortización de plazas” y con “categorías profesionales cada vez más flexibles y multitarea sometidas a movilidad interna”.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza en León y su Sección Sindical en la ULE también denuncian que el plan asume la posibilidad de eliminación y fusión de títulos de grado“, algo que atribuyen a ”criterios economicistas“ al ampararse en el volumen de matriculación, y advierten de que se abra la puerta a ”estudios propios autofinanciables·“ de participación privada o con tasas de matrícula ”elitistas“.

“No vamos a avalar ningún recorte laboral, ninguna pérdida de derechos, ningún empeoramiento de las condiciones laborales ni ninguna eliminación de grados”, señala CCOO, que acusa a la rectora, Nuria González, de estar “actuando como paragolpes de la Junta” hasta descargar “el problema económico sobre los trabajadores y las trabajadoras”. Y es que considera que se trata de “una complicidad que se recoge en el propio Plan, donde no existe ninguna estrategia ni medidas concretas para exigir a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones, limitándose únicamente a ”solicitar, pedir o abrir cauces de diálogo“ con absoluta tibieza”, lo que “contrasta con la dureza y contundencia de algunas de las medidas impuestas” al personal.

En este escenario, el sindicato emplaza a la rectora a convocar de urgencia el Consejo de Universidades de Castilla y León y liderar la exigencia a la Junta del “cumplimiento de sus obligaciones financieras” sin descartar la vía judicial. Pero “el equipo rectoral prefiere recortar los derechos de sus trabajadores y su propia calidad académica antes que generar fricciones con el Gobierno autonómico”, entiende Comisiones al citar singularmente la creación de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, encabezada por el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y recibida con buenas palabras por Nuria González.

La librería Literatessen de León acogerá el próximo jueves 2 de julio la presentación de 'Las voces de la República', el último libro de Joseba Eceolaza, una obra que reflexiona sobre la memoria democrática y la represión ejercida tras el golpe de estado de 1936. El acto se enmarca en el ciclo '90 años de memoria republicana', organizado por la Fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León con motivo del 90 aniversario del final de la Segunda República.

La presentación comenzará a las 19.00 horas y contará, además del autor, con la participación del presidente de la Fundación Jesús Pereda, Luis Fernández Bayón, y de la secretaria general de CCOO León, Elena Blasco Martín. El ciclo continuará posteriormente con la presentación del libro 'El frente popular de izquierdas', de Carmelo Romero.

En 'Las voces de la República', Eceolaza sostiene que el golpe militar de 1936 no fue únicamente una sublevación contra el Gobierno legítimo de la República, sino una operación de “limpieza ideológica” cuya violencia constituyó el origen del franquismo y se prolongó durante las cuatro décadas de dictadura. El autor defiende que conocer las historias de las víctimas y sus familias resulta imprescindible para comprender la magnitud de la represión y reivindica la memoria como una herramienta de justicia histórica y de educación democrática.

Joseba Eceolaza fue parlamentario de Navarra entre 2007 y 2011 y ha desarrollado buena parte de su trayectoria pública vinculada al movimiento memorialista. Actualmente es responsable de Memoria Democrática en la Confederación Sindical de CCOO y ha publicado otros títulos relacionados con la Guerra Civil y el franquismo, como 'Camino Oscoz y otras historias del 36', 'Tras la pista de Federico García Lorca' o el poemario 'Apuntes de servilleta'.

El sindicato UGT ha anunciado que ha alcanzado, junto a CCOO, un principio de acuerdo con la patronal para renovar el convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de León. El sindicato considera que, aunque varias de sus reivindicaciones han quedado fuera del texto, el preacuerdo supone una “mejora notable” para los trabajadores del sector y queda ahora pendiente de ser ratificado en asamblea.

Entre las principales novedades figura la creación de varios pluses que hasta ahora no existían en el convenio. Se incorpora un plus de turnicidad y otro de nocturnidad, ambos equivalentes al 7% del salario base; un plus de carga y descarga de 80 euros mensuales para el personal de logística y almacenes; y un plus de conductor de 100 euros mensuales para todas las categorías de conductores. Además, el plus por trabajar domingos y festivos aumenta hasta los 30 euros por jornada.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, entre 2026 y 2028, con una subida salarial del 4% anual en todos los conceptos. UGT destaca que el incremento del salario base, el plus de convenio y las pagas extraordinarias tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, mientras que los nuevos pluses comenzarán a abonarse a partir del próximo 1 de julio. También se incrementará en un 10% la retribución de las horas extraordinarias y se mejorará la protección en los supuestos de incapacidad temporal más grave.

No obstante, el sindicato lamenta que la negociación no haya permitido sacar adelante una de sus principales reivindicaciones: obligar a las empresas a reflejar mensualmente el cómputo de horas trabajadas en las nóminas y reconocer como jornada efectiva todo el tiempo que el trabajador permanece a disposición de la empresa. UGT atribuye este punto a la negativa de la patronal y a la falta de apoyo de CCOO.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León ha denunciado este lunes que los centros educativos y administraciones dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León están superando los 30 grados en plena ola de calor, debido a que, según el sindicato, no están adaptados para combatir las altas temperaturas, que, aseguran: “superan con creces las permitidas por la ley”.

CCOO denuncia que en estos centros de trabajo, todo el personal docente, laboral y de administración están realizando su trabajo en condiciones de riesgo para su propia salud. Un riesgo que, para CCOO, es de especial gravedad la situación de las Escuelas Infantiles y las aulas de 0-3 años, debido a “la vulnerabilidad de los niños y niñas que permanecen en los centros y donde la posibilidad de que se produzcan situaciones que afecten a la salud se multiplica”.

Víctor Bejega García, Secretario General del sindicato provincial de Enseñanza, señala que “la Junta de Castilla y León debe garantizar unas temperaturas y condiciones medioambientales básicas en sus centros de trabajo y cumplir con la legislación en materia de prevención. Pero otro año más la falta de previsión y de inversión en medidas concretas hace imposible cualquier posibilidad de evitar las altas temperaturas en las aulas, exponiendo a trabajadores y alumnado a riesgos sobre su salud”.

Desde CCOO denuncian que, en lugar de dotar a las aulas de sistemas de climatización apropiados para regular la temperatura y optar por medidas que garanticen las condiciones óptimas frente a las cada vez más frecuentes olas de calor, la Junta de Castilla y León únicamente ha instalado algunos ventiladores en algunas aulas de 0-3 años y recomendaciones de ventilar los espacios cuando sea posible. Unas medidas que, para CCOO, “son totalmente ineficaces ante las altas temperaturas, tanto del exterior como del interior de los centros, haciendo imposible que se pueda reducir la temperatura de los espacios”.

CCOO insiste en que “las mediciones de temperatura realizadas en los centros educativos son preocupantes y superan con creces los límites marcados por la ley. Y tampoco se están aplicando ninguna de las medidas correctoras comprometidas por la Junta tras las reiteradas denuncias del sindicato, entre las que se incluían la instalación de toldos sobre las ventanas para reducir el efecto radiador de las persianas, la mejora de los sistemas de ventilación y la compra de equipos de aire acondicionado portátiles”. Especialmente esta última medida, la compra de equipos de aire acondicionado portátiles, es la exigencia de CCOO por el carácter de urgencia de la situación.

Por todo ello, Víctor Bejega exige “una inversión clara y urgente en los centros educativos públicos por parte de la Junta de Castilla y León para garantizar las condiciones de temperatura en los centros de trabajo y en las aulas, cumpliendo la legislación vigente y abandonando una irresponsabilidad manifiesta que pone en riesgo a las trabajadoras y trabajadores, pero también a los menores. Desde CCOO insistimos, otro año más, en advertir del grave riesgo a la salud y de la necesidad de solucionar esta situación antes de que haya que lamentar alguna desgracia”.