La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno definitivo a la explotación de áridos 'El Teso 1', en el municipio leonés de Ardón. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León ha autorizado la extracción de gravas y arenas y ha aprobado tanto el proyecto de explotación como el correspondiente plan de restauración a favor de la empresa Graveras Valencia, S.A., según el anuncio publicado este jueves 1 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La autorización fue dictada mediante una resolución fechada el 24 de septiembre de 2026 y supone el último paso administrativo para autorizar la explotación minera, después de que el proyecto obtuviera previamente la declaración de impacto ambiental favorable el año pasado.

'El Teso 1' se suma a otras actividades de extracción de áridos de Graveras Valencia en esta zona de la provincia. Entre ellas se encuentra la gravera 'La Cuesta', también situada en Ardón, que ya había sido objeto de actuaciones ambientales y de restauración.

El proyecto de 'El Teso 1' contempla nuevas labores para obtener materiales destinados principalmente a la construcción. La iniciativa había sido planteada inicialmente en 2020 y posteriormente fue modificada, entre otras cuestiones, para reducir la superficie de aprovechamiento por la afección al Castro de Villalobar. La mayor parte de los materiales extraídos está destinada a su traslado a una planta de lavado y clasificación de áridos de la misma empresa situada en las proximidades.

La declaración ambiental favorable estableció distintas condiciones para proteger el suelo, el agua, la flora, la fauna, la atmósfera y el patrimonio cultural, además de exigir la restauración progresiva de los terrenos afectados y un programa de seguimiento y vigilancia. Durante el periodo de información pública abierto en 2024 no se presentaron alegaciones de particulares ni de entidades, según la documentación del expediente.

Con la resolución ahora publicada, la Junta da por autorizada la explotación y aprueba formalmente los documentos que permitirán desarrollar los trabajos y posteriormente restaurar las zonas afectadas.

La Junta de Castilla y León ha aprobado la Autorización de Impacto Ambiental a la ampliación de una granja de gallinas camperas ubicada en el sur de la provincia de León para que aumente hasta 214.500 gallinas y produzca 57 millones de huevos al año, en un paraje enmarcado dentro de una de las figuras más delicadas y restrictivas.

En concreto, la explotación de la empresa Cantos Blancos Norte, del grupo Huevos Guillén, una de las principales suministradoras de huevos de Mercadona, se sitúa en la localidad de Villabraz. Allí mismo ya tiene autorización desde hace siete años para albergar 117.000 ponedoras, aunque ahora la previsión es invertir 2,5 millones de euros para incrementar las instalaciones para poder aumentar el número de animales hasta un 83% más.

La granja se enmarca dentro de la Red Natura 2000 y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Oteros-Campos, así como varios municipios aledaños dentro de la Zona Vulnerable Páramos de León. Eso no ha sido óbice para el visto bueno final de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental -ya no de la Consejería de Medio Ambiente-, tras un largo proceso de meses y un período de consultas tras el que no consta la presentación de ninguna alegación. El arranque del proceso fue hace casi año y medio.

La ampliación contempla la construcción de dos nuevas naves destinadas a gallinas camperas, además de otras instalaciones auxiliares, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. Según la documentación evaluada por la Administración autonómica, la capacidad total de 214.500 plazas para aves de puesta es equivalente a más de un millar de unidades de ganado mayor, vacas por ejemplo, y es precisamente esa dimensión la que obliga al proyecto a someterse a evaluación ambiental ordinaria.

En sus conclusiones, publicadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la Junta concluye que la actuación “no causará perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido”, reza literalmente la resolución, siempre que se cumplan todas las condiciones impuestas durante la tramitación y que ahora refleja la autorización de impacto ambiental.

Entre las medidas exigidas figuran actuaciones para minimizar molestias a la fauna, controlar las emisiones y garantizar una correcta gestión de los residuos generados por la actividad ganadera. En este último sentido, se constata que la ampliación conllevará un incremento significativo en la producción de estiércoles. Los informes incorporados al expediente estiman que la explotación generará más de 9.100 toneladas anuales de deyecciones de las aves, gallinaza, que serán destinadas principalmente a su aprovechamiento agrícola como fertilizante. Precisamente este aspecto ha centrado parte de las observaciones realizadas por distintos organismos consultados durante la evaluación.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) alertó de la necesidad de extremar las precauciones en la aplicación agrícola de estos residuos, especialmente en aquellas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos o próximas a masas de agua susceptibles de verse afectadas. Se prevé que ese aprovechamiento sea en campos de cultivo de los municipios leoneses de Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Pobladura de Pelayo García y Santa María del Páramo. Además, se obliga a que “las labores de aplicación del estiércol se lleven a cabo fuera del periodo de marzo a julio, ambos inclusive, coincidente con la época reproductiva de la avifauna esteparia”.

El estiércol y su reparto como abono, condicionado

Asimismo, la declaración ambiental obliga a la empresa promotora a reforzar la capacidad de almacenamiento de estiércoles prevista inicialmente, al considerar la Administración que las instalaciones proyectadas podían resultar insuficientes para garantizar una gestión adecuada.

La declaración de impacto ambiental favorable de la Junta concede ahora, como es habitual, un plazo máximo de cuatro años para ejecutar el proyecto de ampliación y ponerlo en funcionamiento. Concluye así uno de los trámites administrativos más relevantes y completos de su tramitación, aunque todavía deberá obtener el resto de autorizaciones necesarias antes de poder ejecutar la ampliación prevista.

Ya se había solventado el año pasado otro escollo necesario para tal incremento de la producción de huevos, como era conseguir aumentar el consumo de agua permitido por la Confederación hasta un volumen máximo anual de 15.658,5 metros cúbicos, cuando su concesión previa era de 8.500.

Cuatro metros de espacio para cada gallina

La compañía se encuentra entre las empresas líderes del sector avícola en España y cuenta con más de 30 años de trayectoria. Además de sus centros de producción en el sur de la provincia de León, dispone de instalaciones en Valencia, Murcia, Castellón, Toledo, Guadalajara, Badajoz, Canarias y Navarra.

Disponen de un criterio de “buenas prácticas agrarias, y en especial las buenas prácticas en materia de cría” en el que destacan algunas condiciones como que “las gallinas tendrán acceso de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre”. En esa zona de campeo, cada ponedora cuenta con una superficie mínima de al menos cuatro metros cuadrados, en un espacio con “vegetación en su mayor parte” que “no se destinará a otro uso” que ofrecer un entorno lo más natural posible a las aves, salvo excepciones como huertos frutales, terrenos forestales o pastos.

La Junta de Castilla y León ha iniciado el procedimiento para declarar Proyecto Regional a 'Compostilla Green', el complejo industrial que Perseus Power SL plantea construir en el polígono de El Bayo Cubillos del Sil para producir hidrógeno renovable y combustible sostenible para aviones. La declaración, que todavía no está aprobada, supone abrir una vía de tramitación específica para un proyecto considerado de especial relevancia por sus dimensiones y su impacto territorial y permitirá coordinar y agilizar los distintos trámites necesarios para su desarrollo, entre ellos los urbanísticos y ambientales.

El anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) abre al mismo tiempo el periodo de información pública y la consulta a las administraciones y personas interesadas. El proyecto deberá someterse además a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, integrada en el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional. Es decir, la planta todavía no está aprobada, sino que comienza ahora el procedimiento administrativo que puede desembocar en su declaración como Proyecto Regional.

'Compostilla Green' se plantea íntegramente en la ampliación del polígono industrial de El Bayo y contempla una inversión aproximada de 632,5 millones de euros. El proyecto recibió 78,9 millones de euros de ayudas públicas del Gobierno de España dentro del programa destinado a impulsar grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable.

El corazón del complejo será una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis alcalina con 250 megavatios de potencia. El proyecto incorpora además instalaciones para el tratamiento de agua, refrigeración, compresión, almacenamiento y suministro eléctrico, así como una planta destinada a transformar el hidrógeno y CO2 de origen biogénico en combustible sintético sostenible para la aviación (eSAF).

A ello se sumarán diferentes infraestructuras de conexión y abastecimiento, entre ellas líneas eléctricas soterradas, un hidroducto para transportar hidrógeno, conducciones de CO2 y tuberías para la captación y el vertido de agua. La documentación publicada por la Junta no concreta por ahora la superficie total que ocupará el complejo.

Una vía para agilizar la tramitación

La elección de la figura de Proyecto Regional no es un trámite menor. La Junta considera que, por las dimensiones de 'Compostilla Green' y por sus efectos más allá del término municipal, el proyecto necesita una ordenación territorial y urbanística específica. Su declaración como Proyecto Regional permitirá encauzar dentro de un mismo procedimiento buena parte de las actuaciones necesarias para su implantación.

Los terrenos donde se plantea la instalación ya fueron objeto de un Plan Regional aprobado en 2024, precisamente para ordenar la ampliación del polígono de El Bayo y facilitar la llegada de proyectos industriales de gran tamaño y elevado contenido tecnológico.

La tramitación autonómica había dado otro paso en febrero de este año, cuando la entonces Consejería de Industria, Comercio y Empleo emitió un informe favorable para iniciar la tramitación del Proyecto Regional debido a la naturaleza industrial de la iniciativa. Ahora, la resolución del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, fechada el 25 de septiembre, pone formalmente en marcha el procedimiento.

45 días para presentar alegaciones

La resolución abre un periodo de 45 días de información pública, audiencia a las administraciones y consulta ambiental. Durante ese tiempo, las personas y entidades interesadas podrán formular observaciones y alegaciones sobre el proyecto.

La documentación podrá consultarse en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Delegación Territorial de la Junta en León, en la avenida de los Peregrinos, y a través de las páginas de información pública y ordenación del territorio de la Administración autonómica.

La Región Leonesa presenta una menor protección frente al desempleo que el conjunto de las provincias castellanas. La tasa de cobertura recogida en los estudios nacionales del desempleo referentes a 2025 se sitúa en el 75,9% en León, Salamanca y Zamora, frente al 85,2% del conjunto de las seis provincias de lo que queda de Castilla La Vieja en esta comunidad autónoma.

Así lo muestran los datos datos recogidos en los últimos Informes del Mercado de Trabajo publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) referentes al año 2025 y correspondientes de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, confrontados con el Informe Nacional y los del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2025 , que remiten a la Encuesta de Población Activa (EPA). Separado por las dos regiones que conforman la actual comunidad autónoma, sitúan la tasa de paro de la Región Leonesa en el 9,6%, frente al 7,7% del conjunto formado por Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. La diferencia aparente parece escasa, de tan sólo de 1,9 puntos, pero que realmente significa una distancia de prácticamente un 25% entre los dos territorios confrontados los dos datos.

Esto significa que una brecha de 9,3 puntos porcentuales entre los parados que cobran estas cantidades de protección social en Castilla más que en la Región Leonesa, ya que las tres provincias leonesas quedan por debajo de la media autonómica del 78,7% de parados con prestaciones contributivas (lo que se conoce como el paro popularmente dicho) y los subsidios (cuando se acaba o no se tiene derecho a cobrar por no haber trabajado el tiempo suficiente), que son en esencia ayudas asistenciales. Salamanca registra la cobertura más baja de las tres, con un 74,4%, seguida de León, con un 76,2%, y Zamora, con un 77,1%. En el otro extremo aparecen las provincias castellanas de Soria, con un 99,8%, y Segovia, con un 93,6%, y Burgos, al 89,4% según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Cuatro puntos por debajo en el paro

Tener una tasa de empleo baja depende de cuántas personas trabajan, cuántas buscan ser contratadas y cuántas permanecen fuera de ambas situaciones, y en este caso la separación alcanza los 4,2 puntos: un 47,1% del País Leonés frente a un 51,3% de las provincias castellanas. Esa distinción resulta fundamental para entender las diferencias entre la Región Leonesa y las seis provincias castellanas con las que comparte comunidad autónoma.

La comparativa de datos de 2025 dibuja una desventaja para León, Salamanca y Zamora que va más allá del desempleo: una participación laboral inferior, una menor proporción de población ocupada y debilidades productivas que condicionan sus oportunidades.

Ambas regiones aparecen por debajo de la tasa de paro española del 10,5% que recogen los informes, pero esa posición aparentemente favorable convive con una participación en el mercado de trabajo bastante inferior a la estatal en el territorio leonés.

Menor tasa de actividad en el País Leonés

Las tres provincias de la Región Leonesa se sitúan por debajo de la media española en participación en el mercado laboral, con León en la posición más desfavorable. Su tasa de actividad es del 50%: solo la mitad de la población de 16 o más años trabaja o busca empleo, frente al 58,94% del conjunto de España. Zamora, con un 52,2%, queda 6,74 puntos por debajo del promedio nacional, mientras Salamanca alcanza el 54,1%, todavía a 4,84 puntos de esa referencia.

León presenta la mayor distancia con el conjunto del país, de 8,94 puntos porcentuales. El dato refleja una reducida participación laboral, aunque no permite identificar automáticamente a la población inactiva con personas desempleadas: también incluye a jubilados, estudiantes y personas dedicadas a cuidados que no trabajan ni buscan empleo activamente. La tasa de actividad de la provincia se sitúa en el 50%. Es decir, aproximadamente la mitad de su población de 16 y más años está ocupada o buscando trabajo. Valladolid alcanza el 58,4%; Soria, el 58,3%, y Segovia, el 57,5%. Salamanca, con un 54,1%, y Zamora, con un 52,2%, también superan el registro leonés, aunque permanecen lejos del promedio nacional.

La distancia se acentúa al comparar León con Valladolid, cuya tasa de actividad apenas está medio punto por debajo del promedio nacional. Entre ambas provincias hay una brecha de 8,4 puntos. Burgos, con un 56,4%, también supera a las tres provincias leonesas, mientras Palencia, con un 52,2%, iguala el registro de Zamora y se sitúa prácticamente al nivel del conjunto de la Región Leonesa.

En conjunto, la Región Leonesa registra una tasa de actividad del 52,1%, según la comparativa aportada, lo que la deja a 6,84 puntos de la media española (58,94%) y a 2,33 de la autonómica, situada en el 54,43%. Salamanca obtiene el mejor resultado de las tres provincias leonesas, pero tampoco alcanza ninguna de esas dos referencias.

La otra mitad de la población leonesa no puede identificarse automáticamente con personas que han renunciado a encontrar trabajo. La inactividad incluye situaciones distintas, como la jubilación, los estudios o la dedicación a cuidados. Además, al ser un territorio envejecido con más de una tercera parte de su población jubilada, implica que la baja tasa de actividad es endémica.

Tasa de empleo por debajo del 50% en León y por encima en Castilla

La tasa de empleo ayuda a completar el retrato. En León se sitúa en el 44,9%, frente al 46,6% de Zamora y el 49,8% de Salamanca. En el bloque castellano, Segovia alcanza el 54,1%; Soria, el 53,8%, y Valladolid, el 53,2%. Entre León y Segovia hay una distancia de 9,2 puntos: una diferencia considerable en la proporción de población adulta que tiene trabajo.

El desempleo también presenta contrastes provinciales. Zamora registra una tasa del 10,7% y León, del 10,2%, las más elevadas entre las cifras provinciales recogidas en el documento. Salamanca baja al 8%. Al otro lado, Segovia se sitúa en el 5,9%; Burgos y Palencia, en el 7,6%; Soria, en el 7,7%, y Valladolid, en el 8,8%. La diferencia entre Zamora y Segovia llega a 4,8 puntos porcentuales.

El caso salmantino es especial, al ser la única provincia leonesa que tiene buenos datos incluso respecto a Valladolid. Los informes nacionales atribuyen a 2025 una reducción del número de desempleados EPA del 30,7%. Zamora también registra una caída importante, del 18,8%, aunque mantiene una tasa elevada. Una mejora anual y una posición desfavorable pueden coexistir: reducir el paro no equivale necesariamente a haber cerrado la distancia con otros territorios.

En términos absolutos, la EPA del cuarto trimestre de 2025 recogida en el documento contabiliza 40.200 personas desempleadas en la Región Leonesa: 19.400 en León, 12.600 en Salamanca y 8.200 en Zamora. Las seis provincias castellanas suman 55.900. El territorio leonés reúne, por tanto, el 41,83% de las 96.100 personas paradas del conjunto autonómico.

Los datos en bruto de los demandantes de empleo contabilizan 20.689 personas buscando trabajo en León; 16.159 en Salamanca, y 8.211 en Zamora. En total el registro de las oficinas de empleo ofrece un dato bastante notorio: 45.059 personas inscritas en León, Salamanca y Zamora a 31 de diciembre de 2025, frente a 56.946 en las provincias castellanas; el 44,2% de los 102.005 en el total autonómico. Visto de otra forma, que no ayuda a considerar que las políticas de empleo dictadas desde Valladolid estén ayudando a los leoneses, hay casi tantas personas solicitando empleo en sus tres provincias como en las seis castellanas. Los leoneses que demandan un puesto de trabajo serían el cerca del 80% de todos los castellanos. El drama estaría en la provincia del norte de la región, la de León, ya que sus veinte mil personas apuntadas las oficinas de empleo serían la tercera parte de todos los que buscan ser contratados en las seis provincias de la región vecina.

Marcadas diferencias en la estructura productiva entre León y Castilla

La estructura productiva entre las dos regiones de la autonomía aporta una clara explicación a por qué una política de empleo común no funciona en León. Los análisis del SEPE y el CESCyL destacan la potencia industrial de Burgos, Valladolid, Palencia y Soria, con la automoción como una de las especializaciones de Valladolid. En Burgos, las empresas industriales representan el 11,7% del tejido empresarial considerado; en Soria, el 11,6%. Para León, mucho más centrado en la producción agroalimentaria, el dato disponible es distinto: la industria concentra el 12,02% de los contratos, frente al 21,38% autonómico. La mitad.

El dato que marca la distancia leonesa en contratación industrial es de 9,36 puntos respecto a la Comunidad. Según los informes del mercado de trabajo de la agencia estatal, las tres provincias cuentan con especializaciones propias. El SEPE señala como mayor potencial los proyectos de energías renovables e hidrógeno verde en León; la Universidad y los servicios sanitarios y administrativos en Salamanca, y la actividad agraria de Zamora, donde las empresas agrícolas representan el 12,2%, frente al 8,1% autonómico. Son bases más endebles sobre las que desarrollar actividad económica que la industrial.

Paro femenino

El reparto por sexo introduce un matiz adicional en la que sí parece ganar la Región Leonesa: las mujeres representan el 51,49% del paro en la Encuesta de Población Activa (EPA=: 20.700 desempleadas frente a 19.500 hombres. En las provincias castellanas, el porcentaje femenino asciende al 57,78%, con 32.300 mujeres y 23.600 hombres. Valladolid contabiliza 14.300 desempleadas frente a 8.600 desempleados; Burgos, 8.500 frente a 3.400.

Una distribución más equilibrada entre hombres y mujeres no acredita, por sí misma, una mayor igualdad laboral. León mantiene una tasa de paro femenino del 11,3% y Zamora, del 10,7%. En Zamora, hay casi empate los hombres desempleados eran 4.200 a finales de año y las mujeres —4.000.

Paro juvenil

El relevo generacional constituye otra preocupación. El documento cifra en aproximadamente 3.491 los jóvenes de entre 16 y 24 años inscritos como parados en las provincias leonesas, frente a 5.520 en las castellanas. León reúne 1.456; Salamanca, 1.422, y Zamora, unos 613. Los datos son otra vez persistentes cuando se comparan que surge uno de tres provincias y otro de seis (y con el 50% más de habitantes que la Región Leonesa): de los nueve mil jóvenes que buscan empleo, el 38,7% son leoneses.

La lectura política de estos informes económicos y sociales que intentan explicar las causas del desempleo a finales de 2025, fácilmente se va a la conclusión de que las diferencias son notorias entre las dos regiones, casi indefectiblemente a favor de las seis provincias castellanas. Esto remite al debate sobre las prioridades económicas de la comunidad si una de las dos regiones está más industrializada y sobre todo en un sector, la automoción, que no existe en el País Leonés.

Así, no es de extrañar que el leonesismo, reclame una Autonomía de la Región Leonesa ante las dudas de que Valladolid (donde está situada la central de Renault) diseñe un plan determinado para León, Salamanca y Zamora en vez de potenciar las especificidades del sector automotriz castellano. Y de esta forma las provincias leonesas, que se ven sin para decidir sobre su futuro desarrollo, continúan a la cola de la comunidad y de España en cuestión de dinamismo laboral y económico.

Nota: investigación de datos apoyada con la herramienta de IA Notebook Gemini

La asociación León Propone ha iniciado una campaña para recabar apoyos a la construcción de un nuevo vial de unos siete kilómetros entre el polígono industrial de Villadangos y la autopista AP-66 entre León y Asturias, con el objetivo de sacar buena parte del tráfico industrial de la N-120 y mejorar las conexiones tanto con las vías de alta capacidad como con el Aeropuerto de León. La organización plantea la infraestructura como una actuación estratégica ante las nuevas ampliaciones del polígono y los proyectos industriales vinculados, entre otros sectores, a la fabricación y mantenimiento de aeronaves y drones.

La propuesta contempla una carretera prácticamente paralela a la N-120 entre San Miguel del Camino y su campo de golf para continuar por detrás de Valverde de la Virgen hasta conectar con la autopista León-Campomanes en las proximidades de Montejos. Allí se construiría un nuevo enlace desde el que también se podría acceder al aeropuerto y a los terrenos situados al norte de sus pistas.

León Propone considera que la necesidad de buscar una alternativa a la N-120 se ha incrementado por el crecimiento del polígono de Villadangos, cuya tercera ampliación ya está en marcha. Según los cálculos aportados por la propia asociación, el complejo genera actualmente desplazamientos vinculados a unas 20.000 personas y alrededor de 7.600 vehículos diarios, cifras que prevé que puedan duplicarse conforme se desarrollen las nuevas fases industriales.

La organización vincula también la reivindicación con la seguridad vial. Asegura que solo durante agosto de 2026 se produjeron cuatro accidentes en la rotonda de acceso al polígono y sostiene que la N-120 soporta actualmente una combinación cada vez más intensa de camiones de mercancías, desplazamientos de trabajadores, tráfico local y vehículos que circulan hacia Astorga, El Bierzo y Galicia sin utilizar la autopista AP-71 que conecta León y Astorga.

Una conexión también pensada para el aeropuerto

El proyecto forma parte de una propuesta más amplia de movilidad planteada por León Propone el pasado marzo en La Virgen del Camino. La asociación divide su estrategia en dos actuaciones. La primera consiste en asfaltar un camino de 658 metros desde el polígono de Trobajo del Camino para proporcionar un acceso más directo al aeropuerto, una actuación sobre la que, según la organización, la Diputación ya ha encargado la redacción de un anteproyecto.

La segunda, de mucha mayor envergadura, sería el nuevo vial desde Villadangos hasta la AP-66 y su conexión con el aeropuerto. León Propone considera que ambas actuaciones permitirían reforzar conjuntamente las capacidades logísticas del principal polígono industrial de la provincia y de las instalaciones aeroportuarias, especialmente si estas últimas desarrollan actividad de carga.

La asociación pone como ejemplo de ese potencial la futura actividad de AMLS para el mantenimiento de aeronaves y, sobre todo, la fábrica de drones anunciada por Indra, un proyecto que, según la documentación aportada, cuenta con una inversión de 20 millones de euros y prevé alcanzar hasta 200 empleos. León Propone sostiene que el desarrollo de esta industria hace todavía más necesaria una conexión rápida entre Villadangos y el aeropuerto.

La propuesta distribuye la ejecución entre dos administraciones. León Propone plantea que el Estado construya el nuevo enlace y libere de peaje unos tres kilómetros de la AP-66, mientras que correspondería a la Junta de Castilla y León financiar la carretera desde ese punto hasta el polígono de Villadangos. La asociación señala asimismo que el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha contemplado preventivamente este posible vial en la revisión de sus normas urbanísticas.

Para sus promotores, esta alternativa permitiría además reducir el tráfico que actualmente atraviesa La Virgen del Camino, Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino, además de facilitar los desplazamientos diarios de los trabajadores procedentes de León y su área metropolitana.

León Propone considera que la actuación no sustituye a la reivindicación de eliminar el peaje de la AP-71 León-Astorga, demanda que también respalda, sino que resolvería específicamente los problemas de acceso al área industrial. La asociación argumenta que limitarse a liberar la AP-71 podría generar retenciones en la salida de Villadangos y mantener la presión sobre el tramo de la N-120 hasta el polígono.

La organización pretende recabar el apoyo de organizaciones empresariales y sindicales, trabajadores del polígono y vecinos de los municipios afectados para reclamar a las administraciones que estudien y desarrollen el proyecto a corto plazo. A su juicio, la competitividad futura de Villadangos dependerá no solo de la disponibilidad de suelo industrial, sino también de la capacidad para mejorar sus conexiones con las principales infraestructuras viarias y aeroportuarias de León.

La futura fábrica de armamento y explosivos proyectada en el sur de León, en el municipio de Valderas, suma un nuevo paso administrativo y técnico. La empresa Tecnesis 3000 ha diseñado un proyecto para perforar y explotar un sondeo de aguas subterráneas que permitirá abastecer las instalaciones industriales previstas en una parcela cedida por el Ayuntamiento en el paraje de Dehesa de Trasconejos. Se trata de una finca situada entre localidades como la propia Valderas pero también Villafer, Campazas o Gordoncillo.

La captación que se plantea, y que inicia su tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tendrá una profundidad inicial de 220 metros, aunque se plantea que la perforación pueda ampliarse hasta los 370 metros si fuera necesario para encontrar niveles acuíferos con capacidad suficiente para el aprovechamiento previsto. El pozo se situará dentro de la parcela 1 del polígono 32 de Valderas, a unos siete metros del futuro edificio de abastecimiento y tratamiento de agua de la fábrica.

El proyecto supone, por tanto, una nueva concreción de la iniciativa industrial anunciada inicialmente a finales de 2024 y que contempla la instalación en Valderas de una planta vinculada a la fabricación y montaje de material militar. La previsión inicial del proyecto empresarial apuntaba a la posible creación de alrededor de 200 puestos de trabajo, una cifra de especial trascendencia para un municipio y una comarca como Tierra de Campos, afectados desde hace décadas por la pérdida de población.

Hasta siete millones de litros de agua al año

La futura fábrica solicita un volumen máximo de aprovechamiento de 7.000 metros cúbicos anuales, equivalentes a siete millones de litros de agua. El límite mensual se fija en 875 metros cúbicos y el caudal máximo instantáneo solicitado será de 2,5 litros por segundo.

Según la memoria del proyecto, que ahora ya se puede consultar aquí en período de alegaciones, tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el agua se destinará principalmente al funcionamiento de los aseos y vestuarios del personal, los sistemas de agua sobrecalentada y la red de protección contra incendios de la futura instalación industrial. El consumo estimado se sitúa en torno a los 18 metros cúbicos diarios y la planta contará además con un depósito de reserva de 97,5 metros cúbicos.

La autorización municipal para iniciar esta nueva tramitación se produjo a principios de este verano, el 2 de julio de 2026. El actual alcalde de Valderas, Agustín Lobato Ruano, autorizó formalmente a la empresa a solicitar la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas ante el organismo de cuenca.

La relación entre el Ayuntamiento y Tecnesis 3000 se remonta, no obstante, al menos al inicio de 2025. El contrato de arrendamiento de los terrenos fue firmado el 29 de enero de ese año entre el entonces alcalde de la localidad, Pedro Guerra Rodríguez, y el representante legal de la compañía, Rubén Rubio de la Oliva.

68.000 euros sólo para el agua y un mes de ejecución

La inversión prevista específicamente para ejecutar la captación asciende a 68.388,20 euros. El presupuesto incorpora igualmente la propuesta de una empresa especializada para la ejecución material del sondeo y de los sistemas necesarios para su explotación. El plazo previsto para completar la perforación y el montaje del conjunto de la instalación es de un mes, concretamente 30 días. La captación estará sometida además a sistemas de control y trazabilidad del agua extraída. El proyecto contempla la instalación obligatoria de un sistema de telemedida, con un contador tipo Woltman y un registro electrónico de los volúmenes captados, conforme a la normativa estatal vigente.

Las obras siguen condicionadas por Defensa

Pese a este avance en el diseño de las infraestructuras necesarias para la futura fábrica, cabe destacar que el proyecto industrial todavía no tiene vía libre definitiva para comenzar su construcción.

El propio proyecto de captación establece expresamente que las obras del pozo no podrán iniciarse hasta que Tecnesis 3000 obtenga una resolución favorable sobre las capacidades de fabricación por parte de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. El proyecto de la futura planta fue remitido a este departamento el 19 de mayo de 2025.

La instalación industrial se encuentra además en procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada por parte de la Junta de Castilla y León y dispone de justificante de inicio de la solicitud de la correspondiente Licencia Ambiental del Ayuntamiento desde hace escasos meses, el 20 de abril de 2026.

La documentación para la captación de agua incluye también los estudios sobre las características geológicas del terreno, las especificaciones eléctricas y constructivas de la instalación, los protocolos de seguridad laboral y gestión de residuos y las obligaciones de cumplimiento normativo ante la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Castilla y León.

De una fábrica de obuses a una nueva fase de concreción

ILEÓN adelantó en diciembre de 2024 el interés de una empresa del sector armamentístico por instalar una nueva fábrica en Valderas. En aquel momento, el proyecto se encontraba todavía en una fase inicial y el Ayuntamiento trabajaba en la puesta a disposición de una amplia superficie de titularidad municipal, situada a entre cuatro y cinco kilómetros del casco urbano.

La iniciativa se presentó inicialmente como un proyecto vinculado a la fabricación de material para artillería, específicamente obuses, aunque las primeras informaciones apuntaban a que la actividad no consistiría exclusivamente en la fabricación completa de proyectiles, sino que tendría un importante componente de diseño, ensamblaje y montaje.

La complejidad de las autorizaciones necesarias, especialmente por tratarse de una instalación vinculada a la defensa nacional y al manejo de armamento y explosivos, obligó desde el primer momento a abrir contactos tanto con la Junta de Castilla y León como con el Ministerio de Defensa.

Casi dos años después de que el proyecto comenzara a trascender públicamente, la futura planta suma ahora una infraestructura concreta más sobre el papel: un sondeo de hasta 370 metros de profundidad para garantizar el suministro de agua de una instalación industrial cuya construcción efectiva continúa, sin embargo, pendiente de las principales autorizaciones administrativas, militares y ambientales.

Bierzo azul y verde, morado y, en tiempos, negro como el carbón de antracita. Así es nuestra comarca, la región más transparente, como acaso diría el escritor mexicano Carlos Fuentes; nuestro lugar en el mundo, como el título de aquella película del director argentino Adolfo Aristarain. Allí nací y crecí.

Hay territorios, como esta comarca leonesa, que son mucho más que un espacio geográfico. Son, en realidad, una forma de ser y estar en el mundo, una memoria emocional que nos acompaña incluso cuando nos alejamos de ella. Durante algún tiempo viví fuera de la matria, de ese útero protector de Gistredo que, de una manera u otra, siempre acaba llamándome. La llamada de la Sierra de Gistredo.

Desde hace varios años vivo de continuo en esta tierra a la que me unen los afectos familiares, amistosos y cotidianos. Aquí están las voces conocidas, los paisajes de siempre, los muertos que forman parte de nuestra memoria y también quienes, por fortuna, siguen caminando con nosotros por la senda de la vida.

Ahora nos dicen desde el Consejo Comarcal que el Bierzo es una 'zona azul', expresión procedente del mundo anglosajón que designa aquellos lugares del planeta donde la población alcanza edades avanzadas y, además, mantiene durante buena parte de su vejez unas condiciones de vida saludables.

Qué maravilla, pienso. Me encanta que al Bierzo le llamen zona azul. Ojalá sea cierto. Ojalá, inshallah, como dicen en Marruecos y en otros países árabes. Porque vivir mucho está muy bien, pero vivir mucho y vivir bien es otra cosa.

Alcanzar los cien años puede parecer una proeza, aunque lo verdaderamente importante quizá sea llegar a ellos con la cabeza despierta, las piernas en buen estado y ganas de seguir mirando el mundo, de sentirlo como si fuera la primera vez que uno se asomara a él. De poco serviría sumar años si esos años no contienen una mínima dosis de vida.

No tengo hijos ni nietos. Solo sobrinos nietos. Pero sí me gustaría pensar que las generaciones que vienen detrás podrán disfrutar de una longevidad semejante a la de tantas personas de nuestra comarca, siempre que esa longevidad vaya acompañada de salud, autonomía y dignidad.

El secreto de la longevidad berciana

¿Porque... qué hace que algunas personas del Bierzo lleguen a viejas? ¿Qué secreto guarda esta tierra para que algunas de nuestras gentes alcancen los noventa, los cien años e incluso más y continúen siendo, en cierta manera, viejóvenes?

No somos una raza especial. Es obvio. No hay en nuestra sangre ningún elixir secreto ni ninguna fórmula genética que nos haga invulnerables al paso del tiempo. Pero quizá sí haya habido –y todavía quede– una determinada manera de vivir.

Pienso en esa longevidad del Bierzo, en ese territorio azul que es al mismo tiempo realidad y deseo, geografía y metáfora, espacio vivido y territorio imaginado. Una tierra que despierta ilusiones y ganas de seguir caminando por la senda de la vida con entereza física y psíquica, con voluntad de permanecer activos, de seguir formando parte de la comunidad, de continuar sintiendo que todavía tenemos algo que hacer y algo que decir. Quizá ahí resida una parte del secreto.

Nuestros viejos –lo digo con cariño, como se les dice en Argentina a los padres– no vivieron una vida fácil, pero sí, en muchos casos, una vida con un sentido concreto del tiempo.

El tiempo no era ese enemigo que hoy perseguimos a todas horas, esa sustancia que se nos escurre entre los dedos mientras intentamos llegar a todo. Era otra cosa: la sucesión de las estaciones, de las cosechas, de las vendimias, de las fiestas y romerías. Era un tiempo más pegado a la tierra. Y la tierra, en el Bierzo, siempre ha tenido mucho que decir. Se trabajaba la huerta. Se sembraban patatas. Se recogían berzas. Se cuidaban los frutales. Se vendimiaba. Se apañaban castañas. Se trabajaba con el cuerpo. Se conocía al vecino y, con frecuencia, también sus penas.

La vida podía ser dura, pero tenía una cadencia que hoy hemos sustituido por otra mucho más vertiginosa. Vivimos acelerados, pendientes del teléfono móvil a todas horas, de las noticias de la televisión, de esos programas basura que son auténticos gallineros –con el respeto que se merecen los mismos–, de obligaciones en ocasiones insustanciales y de los mensajes de WhatsApp que llegan a cualquier hora del día y de la noche. Un despiporre.

Hemos ganado comodidad y años de esperanza de vida, sí, pero quizá hayamos perdido algo de aquel sosiego, de aquella templanza estoica que acompañaba a nuestros viejos.

No se trata de idealizar el pasado, porque sería injusto y falso. Aquella gente padeció privaciones que algunos de nosotros apenas podemos imaginar. Hubo pobreza, enfermedades, emigración a América y a los llamados entonces países ricos de Europa, trabajos extenuantes y una guerra incivil que dejó heridas profundas en la población, tanto que todavía hoy siguen presentes. Pero también hubo comunidad. Vecindario. Y quizá el vecindario sea una de las grandes medicinas que hemos ido olvidando.

Se vivía más hacia fuera. La casa tenía las puertas y las ventanas abiertas, a veces de par en par. Se hablaba con los vecinos, se compartía comida, se ayudaba al que lo necesitaba en las labores del campo. Había una red humana que, aunque imperfecta, sostenía a las personas cuando llegaban los contratiempos.

Hoy podemos tener cientos o miles de contactos en un teléfono y, paradójicamente, sentirnos solos. Nuestros antepasados no tenían conexiones digitales, pero tal vez sí tenían más conexiones humanas que nosotros. Aunque tampoco conviene idealizar. Acaso ningún tiempo pasado fue mejor.

La cocina berciana

Estaba también la cocina berciana, una cocina de tierra y de aprovechamiento, hecha con los productos que proporcionaban la huerta, el monte y los animales domésticos. Estaban los productos de la matanza del cerdo, entre ellos el botillo, y el vino de cosecha. Estaban las berzas del caldo berciano, hermanadas con las del caldo gallego, que alimentaron a generaciones enteras. Y estaba el unto de cerdo, aquel ingrediente de otros tiempos que hoy contemplamos con otros ojos, pero que durante décadas aportó sabor y sustancia a los platos de nuestros antepasados, que no conocían las expresiones nutricionales que empleamos ahora. Tampoco les hacían falta. Ni necesitaban gimnasios. El ejercicio formaba parte de la existencia. Caminar, cavar, segar, podar, cargar, cuidar animales, trabajar la huerta. El cuerpo se movía porque la vida exigía movimiento. Hoy hacemos ejercicio para compensar nuestro sedentarismo, las interminables horas que pasamos sentados. Ellos descansaban después de haber trabajado físicamente. Aquellas tareas tenían también un precio: el campo castigaba las espaldas, las manos y las rodillas. El trabajo podía ser brutal, como lo era la mina. Pero quizá aquella actividad física cotidiana, unida a una alimentación basada en buena medida en productos de la tierra y a una vida menos sometida a la velocidad, haya contribuido a esa longevidad que hoy contemplamos con sorpresa.

El paisaje berciano del carbón

Y después está el paisaje. Porque el Bierzo es también un paisaje de montañas y valles, de ríos y bosques, de viñas y castaños, de huertas y caminos por los que transitamos. Gistredo, los Ancares, los montes Aquilianos, el Sil, el Boeza, entre tantos otros nombres con los que nos identificamos. Una tierra encerrada entre montañas y, al mismo tiempo, abierta al mundo por los caminos que históricamente la han atravesado.

Un Bierzo verde, sin duda. Pero también morado. Morado por las uvas, las viñas, el mosto, los atardeceres, por esa luz especial que algunas tardes, sobre todo en otoño, parece quedarse suspendida sobre los montes.

Y negro. Negro porque el Bierzo también fue carbón, mina, antracita, trabajo subterráneo, sudor y una forma de vida. Durante generaciones, el negro del carbón convivió con el verde de los montes.

Y ahora aparece el azul, un azul nuevo, al menos en el nombre. Es el azul de la longevidad, de las personas que llegan a edades avanzadas, de quienes han atravesado casi un siglo de historia y todavía conservan memoria, conversación, curiosidad y ganas de vivir.

Qué paradoja tan hermosa: una comarca que durante tanto tiempo tuvo el negro del carbón como uno de sus colores identitarios puede aspirar ahora a reconocerse en el azul de la longevidad.

Pero hay que tener cuidado, porque una comarca longeva no puede ser solamente una comarca vieja. Ese es quizá uno de nuestros grandes desafíos.

El Bierzo puede presumir –y debe hacerlo– de sus centenarios, de sus nonagenarios, de quienes han demostrado que se puede recorrer un larguísimo camino vital. Pero también necesita niños, jóvenes, trabajo, oportunidades, servicios públicos, vivienda y futuro.

Queremos vivir mucho, sí. Pero también queremos que haya alguien detrás de nosotros; que los pueblos sigan teniendo voces infantiles; que las escuelas continúen abiertas; que quienes se fueron puedan regresar y quienes nunca se marcharon puedan seguir viviendo aquí. Que los jóvenes no tengan que abandonar necesariamente la comarca para encontrar un futuro.

El Bierzo, territorio de ancianos

Una zona azul no debería ser un territorio de ancianos, sino un territorio donde la vejez sea una consecuencia de haber vivido y donde la juventud tenga razones para quedarse.

Tal vez el verdadero secreto no esté en una sustancia concreta, ni en una receta milagrosa, ni siquiera en un determinado gen. Tal vez esté en una suma de pequeñas cosas: comer de la tierra, caminar, trabajar, descansar, conversar, sentirse querido, cuidar y ser cuidado; tener, en definitiva, un lugar al que regresar. Yo tengo, por fortuna, ese lugar. Por eso, cuando escucho que el Bierzo puede ser una «zona azul», no puedo evitar sentir una cierta alegría, porque detrás de esa expresión aparecen rostros. Aparece mi madre, con más de noventa años. Aparecen las mujeres y los hombres que han superado los noventa años y siguen preguntando qué tiempo hará mañana, quién ha venido al pueblo, cómo están los hijos, los nietos y los biznietos, cuándo empieza la vendimia o si este año habrá buenas castañas. Aparece la vida. La vida con sus pérdidas, sus achaques, sus alegrías, sus recuerdos y sus ganas de continuar. Quizá eso sea ser viejoven. No negar la edad, sino llevarla con dignidad. No pretender tener veinte años cuando se tienen noventa, sino conservar algo de aquella capacidad de asombro que teníamos a los veinte y a los treinta.

Seguir aprendiendo. Seguir hablando. Seguir caminando. Seguir queriendo. Seguir perteneciendo.

Y entonces comprendo que quizá el Bierzo sea azul desde hace mucho tiempo, aunque nosotros no hubiéramos sabido nombrarlo. Azul por sus viejos. Verde por sus montes. Morado por sus viñas. Negro por su carbón. Cuatro colores para una misma tierra. Cuatro maneras de contar una misma historia: la de quienes nacieron aquí, la de quienes se marcharon y la de quienes regresaron. La historia de quienes llegaron a viejos porque tuvieron la fortuna de vivir muchos años, pero también porque encontraron razones para seguir viviendo.

La historia, en definitiva, de una tierra que no solo nos vio nacer, sino que todavía nos llama. La matria. El útero de Gistredo, como me gusta llamarlo. Nuestro lugar en el mundo. Y ojalá, inshallah, como dicen en los países árabes, también nuestro lugar en el tiempo.

El Ayuntamiento de Cistierna plantea endurecer las condiciones para la implantación de plantas de biogás y biometano en este municipio de la Montaña Oriental leonesa, después de conocerse un primer proyecto diseñado para el polígono de Vidanes, avanzada por ILEÓN a finales del año pasado, y la inmediata reacción en contra que ha provocado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) daba hoy a conocer el borrador del avance de la modificación n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Cistierna. Un proceso que comienza ahora y de momento se abre a participación pública antes de su aprobación definitiva. La propuesta es poner al día un planeamiento que originalmente data de hace más de 30 años, concretamente de 1993, y que no contemplaba ningún tipo de instalaciones de energías renovables de estas u otras características.

El texto propuesto por el Consistorio, y disponible ya en la Sede Electrónica de Cistierna, pinchando aquí, impone unas condiciones muy restrictivas. Pero hay que tener en cuenta que lo hace a futuro, es decir, que con la legislación española no cabría impedir el impulso de aquellos proyectos que, como el de la empresa Apaycachana-6 SL en el polígono de Vidanes, ya están muy avanzados e incluso con la evaluación de impacto ambiental de la Junta favorable. Otra cosa sería en aquellas alternativas que se planteen tras aprobarse de manera definitiva esta nueva normativa.

Entre las futuras restricciones que Cistierna pretende, destaba el veto completo a la ubicación de estas plantas en suelo urbano y también urbanizable. De este modo, su posible implantación quedaría limitada a las categorías de suelo rústico que lo permitan de manera expresa. Ya para complicarlo aún más, exige que se proyecte en parcelas únicas y de, al menos, diez hectáreas de tamaño. Por otro lado, los proyectos también deberán respetar un retranqueo mínimo de 30 metros respecto a los linderos, acompañado de una pantalla vegetal espesa en su entorno formada por especies autóctonas, para mitigar incluso el impacto visual.

La normativa diferencia entre instalaciones de pequeña capacidad -de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos orgánicos-, y plantas de gran capacidad. Las primeras deberán situarse a un mínimo de un kilómetro de cualquier pueblo o núcleo de población o de viviendas residenciales legalmente construidas o con más de 20 años. Para las de mayor tamaño, la distancia exigida aumentaría hasta como mínimo los dos kilómetros.

También se limita la concentración de infraestructuras: no podrán instalarse nuevas plantas a menos de diez kilómetros de otra ya previamente existente, tan sólo con la excepción de que tenga una autorización ambiental expresa, la cual permitiría reducir esa distancia hasta cinco kilómetros de manera excepcional.

Por otro lado, para poder seguir adelante y ser autorizados, las empresas deberán garantizar que al menos el 70% de los residuos que se emplean como materia prima de este tipo de instalaciones, especialmente estiércol animal, procedan de un radio máximo de 15 kilómetros a la redonda. Se trata, explica la normativa, de primar un abastecimiento local y reducir los desplazamientos, y por lo tanto la contaminación.

Los promotores también deberán acreditar obligatoriamente que cuentan con accesos y vías interiores capaces de soportar el tránsito de vehículos pesados sin deteriorar los caminos rurales ni agravar el tráfico local. Y finalmente, la nueva propuesta urbanística obliga a estudiar los impactos acumulativos de estas actividades en el entorno y a cumplir la normativa sectorial en materia de residuos, sanidad, olores, emisiones y protección del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como por otra parte evalúan las declaraciones de impacto ambiental.

Estamos asistiendo a una especie de competición para ver quién se lleva parte de la pujante industria armamentística. Casi todos los medios de comunicación y la mayoría de nuestros grupos políticos lo apoyan, bueno algunos tienen que buscar eufemismos; desarrollo, innovación, reto tecnológico, etcétera...

La prensa y nuestros representantes nos lo pintan con la palabra 'oportunidad' y ven la carrera impuesta del rearme como una salvación reindustrializadora, sobre todo para antiguas zonas minerosiderúrgicas. Vemos a Indra posicionada en As Pontes y en el tallerón de Gijón, la parte de munición merodeadora en el área de Villadangos y una disputa territorial para la fábrica de vehículos blindados a la que optaba El Bierzo, entre otras.

¿Pero es realmente una oportunidad? Yo pienso, o quiero pensar, que en realidad todo el mundo en su cabeza siente que el rearme es quemar el último cartucho, clausurar el futuro y olvidarnos de la moral. El rearme es la opción impuesta por los grandes grupos de poder. El modelo de sociedad que está generando es nefasto y, por tocar suelo, la corrupción que generará va a ser inevitable debido a la propia dinámica de la industria de guerra.

¿No hay nadie dentro del espectro político y mediático que abiertamente se sincere y sea valiente para, por lo menos, cuestionar la opción del rearme a la que nos están empujando?

El Partido Popular de Santovenia de la Valdoncina ha reclamado la actuación inmediata del equipo de gobierno municipal después de que un informe técnico ambiental elaborado por la Diputación de León concluya que el proyecto del almacén de residuos con amianto previsto en el polígono de Villacedré es “técnicamente insuficiente, peligroso y carece de las garantías mínimas exigidas por la ley”.

Los populares sostienen que este documento confirma las advertencias que habían venido realizando sobre los riesgos para la salud derivados de esta instalación.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, asegura que la elaboración de este informe es consecuencia de la presión ejercida por su grupo municipal, que promovió un pleno extraordinario el pasado 21 de abril para reclamar mayor transparencia sobre el expediente. Según destaca, esta iniciativa, junto con el respaldo de más de 2.100 vecinos, ha permitido que la Diputación analizara el proyecto y certificara, a su juicio, que la documentación presentada por la empresa promotora resulta inadmisible.

Deficiencias importantísimas

De acuerdo con el informe citado por el PP, el proyecto presenta deficiencias en aspectos considerados esenciales. Entre ellas, señala que no justifica adecuadamente la cantidad de residuos que podrá almacenar, no contempla la gestión de los propios residuos generados por la actividad, como los filtros contaminados con fibras de amianto, carece de mecanismos para garantizar que no se superen los límites de exposición y no establece un control claro del flujo de materiales, lo que incrementaría el riesgo de fugas o vertidos accidentales.

Los populares critican además que, pese a estos reparos, el Ayuntamiento aún no haya convocado la Comisión Informativa de Urbanismo para informar el expediente, más de tres meses después de que el pleno extraordinario acordara su celebración. El PP recuerda que el amianto está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno del Grupo 1 y subraya que el proyecto prevé almacenar simultáneamente hasta 48 toneladas de este residuo y gestionar un flujo anual de 528 toneladas en las proximidades de viviendas, un colegio y un parque infantil.

Por todo ello, el Grupo Popular exige la convocatoria inmediata de la Comisión de Urbanismo para emitir el correspondiente informe municipal y reclama una mayor vigilancia sobre las actividades previstas en el futuro establecimiento, al considerar que el expediente no puede permanecer “en un limbo” mientras persisten las dudas sobre sus posibles efectos para la salud y el medio ambiente.

León rompió en julio la tendencia de los últimos meses y vio crecer el paro en 94 personas, un aumento del 0,49% con respecto a junio (la subida fue del 0,85% en la media nacional). La provincia se queda en 19.353 demandantes de un puesto de trabajo, 492 menos que a la misma altura de 2025, lo que representa un descenso interanual del 2,48%, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La industria fue el único sector económico que representó un contrapeso positivo en la estadística, cuyo aumento acapararon las mujeres al repetirse el número de hombres inscritos del mes pasado.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la industria (-48, de 1.637 a 1.589). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (78, de 13.505 a 13.583) y más moderados en la agricultura (19, de 670 a 689) y en la construcción (7, de 1.220 a 1.227). La estadística del colectivo sin empleo anterior también creció (38, de 2.227 a 2.265).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.517 mujeres desempleadas (que asumen íntegramente los 94 demandantes más) frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (732 hombres frente a 596 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (644 hombres por 803 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.905 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.555 por 7.015).

Castilla y León

Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional, y los cotizantes a la Seguridad Social aumentaron en 6.170 ese mes, hasta los 1.022.190 afiliados, datos en los que se nota el reciente proceso de regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Castilla y León anotó la menor bajada del paro para un mes de julio en dato interanual con datos desde el 2021, y el mayor aumento intermensual en ese mismo periodo.

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró julio con 17.830 cotizantes más que hace un año, el 1,78% más, por debajo del 2,94 nacional.

El paro registrado en julio de 2026 bajó en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250), con subidas en el resto de comunidades encabezadas por Cataluña (7.705), Comunidad Valenciana (7.021), Comunidad de Madrid (3.822) y Castilla y León (2.053).

El paro sólo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y respecto a julio del 2025, el desempleo disminuyó en Ávila (-2,39%), Burgos (-0,53%), León (-2,48%), Salamanca (-2,56%), Segovia (-2,51%), Valladolid (-0,45%) y Zamora (-0,46%), se mantuvo constante en Palencia (0,00%) y aumentó en Soria (7,33%).

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

Respecto a julio del 2025, el paró bajó en 1.490 personas en el sector servicios, con 259 menos en construcción, 147 menos en industria y 94 menos en agricultura, y un repunte de 781 en el grupo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró julio con 1.334 mujeres más en las listas del paro y 719 hombres, con un recorte de dos parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la comunidad cierra julio con 38.335 hombres desempleados y 57.978 mujeres; y 7.301 menores de 25 años.

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que arrancó en abril, ha sumado a un total de 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026, según datos de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que sumó más afiliados en este proceso, el 19,8 % del total, seguida por Cataluña (17,8%), Andalucía (12,7%), Comunidad Valenciana (12,1%) y Castilla y León (4,4%).

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en julio 71.687 contratos, que suponen 217 y un 0,30% menos que en junio, frente al retroceso nacional del 3,77%.

El dato también es peor que el de julio del 2025, con 3.764 contratos menos en la comunidad que hace un año y una caída del 4,99%, frente al -0,12 nacional.

Del total de contratos, 22.855 fueron indefinidos, 1.239 menos que el mes anterior, con un recorte del 5,14% (-9,74 nacional); y 752 menos que hace un año, el -3,19% (+1,19).

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de junio, fueron 66.940 en Castilla y León, de ellas 33.753 prestaciones contributivas, 33.163 subsidios y 34 rentas activas de inserción.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la decisión de la Junta de Castilla y León de impedir la reapertura de la cantera Peñamala, ubicada entre los ayuntamientos de Corullón y Toral de los Vados-Villadecanes, por su afección al trazado de la futura autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Canteras del Noroeste SL y mantiene íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, que ya había considerado ajustada a derecho la negativa administrativa a autorizar la reanudación de la actividad extractiva.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó el pasado mes de abril el proyecto de construcción del primer tramo de la futura autovía A-76, que unirá Villamartín de la Abadía y Requejo a lo largo de 6,24 kilómetros sobre el trazado de la actual N-120. La actuación cuenta con una inversión prevista de 133,5 millones de euros y es el primer avance concreto de esta infraestructura para mejorar la conexión entre El Bierzo y la provincia de Ourense.

El litigio por la cantera tiene su origen en la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de junio de 2022, que rechazó el recurso de alzada puesto por la empresa minera frente a la decisión del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de no autorizar la vuelta a la actividad de la explotación de caliza denominada Peñamala nº 185. La empresa acudió posteriormente a la vía judicial, pero tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León como ahora el TSJCyL han respaldado la negativa de la Administración.

La explotación, cuya autorización original se remonta a 1936, permanecía suspendida desde 2005. Cuando la empresa promovió la reapertura de la cantera, el proyecto quedó sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y al correspondiente trámite de información pública, durante el cual distintas administraciones emitieron informes sobre su viabilidad. Fue entonces cuando la Unidad de Carreteras en León advirtió de las posibles afecciones de la cantera tanto a la carretera N-120 como al futuro trazado de la autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense.

La sociedad promotora sostuvo en su demanda que la Administración había otorgado un carácter prácticamente vinculante a esos informes de la Unidad de Carreteras, cuando, a su juicio, se trataba únicamente de alegaciones formuladas durante la información pública. Además, denunció que la sentencia de primera instancia había incurrido en incongruencia al no pronunciarse sobre la compatibilidad del proyecto una vez incorporadas medidas correctoras, entre ellas una franja de protección de 150 metros respecto al futuro eje de la autovía.

Sin embargo, el Tribunal Superior rechaza esa interpretación. La Sala considera que la sentencia recurrida sí respondió a todas las cuestiones planteadas y recuerda que la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental impone de forma obligatoria los trámites de información pública y de consulta a las administraciones afectadas. Aunque los informes emitidos durante ese procedimiento no tengan carácter vinculante, los magistrados subrayan que la Administración puede y debe valorarlos a la hora de resolver, ya que lo contrario vaciaría de contenido el propio procedimiento ambiental.

La resolución judicial también repasa la evolución de los informes emitidos por la Unidad de Carreteras entre 2016 y 2019. Todos ellos fueron desfavorables al proyecto, al apreciar riesgos para la seguridad vial derivados de las voladuras, la proyección de materiales y las nubes de polvo, además de la incertidumbre sobre la afección al futuro trazado de la A-76. Incluso después de que la empresa incorporara medidas correctoras al estudio de impacto ambiental, el órgano estatal mantuvo que la explotación seguía siendo incompatible con la protección de la infraestructura viaria proyectada.

La Sala descarta igualmente que la Junta asumiera de forma automática el criterio de la Unidad de Carreteras. A juicio de los magistrados, tanto la resolución administrativa como la sentencia de primera instancia analizaron y valoraron esos informes antes de concluir que el proyecto carecía de viabilidad ambiental y administrativa. Además, consideran que la empresa introdujo en apelación cuestiones de fondo distintas de las debatidas inicialmente en el procedimiento judicial. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Castilla y León el archivo del expediente ambiental de la proyectada fábrica de municiones de Valderas y al Ayuntamiento de la localidad la paralización de cualquier licencia vinculada al proyecto al considerar que no se trata de una fábrica de explosivos de uso civil, sino de “armas de guerra”, cuya autorización corresponde al Ministerio de Defensa.

La organización ecologista ha presentado alegaciones en el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto promovido por la empresa Tecnesis 3000, que prevé la construcción de una planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre en terrenos municipales arrendados por el Ayuntamiento de Valderas.

Según la documentación técnica analizada por el colectivo, la instalación estará destinada a la producción de granadas de mortero y proyectiles de artillería, incluido el calibre 155 milímetros, además de otras municiones listas para su suministro.

El proyecto contempla una superficie de 47 hectáreas dividida en dos recintos, una capacidad de almacenamiento de hasta 800 toneladas de material explosivo y una plantilla prevista de 150 trabajadores.

Ecologistas en Acción sostiene que la tramitación se está realizando al amparo del Reglamento de Explosivos, cuando los productos que se pretenden fabricar encajan en la definición de armas de guerra recogida en el Reglamento de Armas, al tratarse de municiones para piezas de calibre igual o superior a 20 milímetros y granadas de mortero.

Por ello, argumenta que la autorización debería corresponder a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, previa tramitación específica y aprobación por parte del Gobierno central, y no únicamente a la administración autonómica.

Además de las cuestiones legales, la organización ecologista expresa su rechazo a la ubicación elegida para la instalación, junto a la actual planta de Orica Explosivos Industriales, al considerar que incrementaría el riesgo de accidentes graves en el entorno de Valderas y de las localidades próximas de Villafer y Campazas.

A su juicio, los beneficios económicos previstos no compensan los riesgos asociados a una instalación con capacidad para almacenar centenares de toneladas de explosivos y dedicada a la fabricación de munición destinada a conflictos bélicos.

El proyecto plantea la fabricación de proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros, granadas de mortero de 60, 81 y 120 milímetros, así como otros componentes de armamento, mediante procesos de carga con TNT y otros explosivos adquiridos a suministradores externos.

Ecologistas en Acción también cuestiona la aplicación de una evaluación ambiental simplificada para una industria de este tipo y defiende que la producción de armamento debería someterse a un análisis más amplio que tenga en cuenta las consecuencias ambientales y humanas derivadas del uso final de estas armas.

Por su parte, el estudio ambiental promovido por la empresa concluye que los impactos previstos son compatibles o moderados y que la instalación generaría alrededor de 150 empleos directos, además de actividad económica en una zona afectada por la pérdida de población.

La Junta ha formulado la declaración de impacto ambiental favorable al 'proyecto regional' Villadangos Green, una iniciativa cuestionada por Ecologistas en Acción, que llegó a tachar de “delirante” su conexión con el también 'proyecto regional' La Robla Green, ambos promovidos por el grupo Reolum. El plácet, condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones, proviene ya de la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del Gobierno autonómico, según publica en su edición de este miércoles el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

Villadangos Green consta de una planta para la fabricación de hidrógeno con capacidad de 200 MW (megavatios) de electrolisis y una producción anual estimada de 28.800 toneladas, una planta para la fabricación de 140.000 toneladas/año de metanol y dos conducciones de más de 36 kilómetros (un ceoducto y un hidroducto) para el transporte de hidrógeno y CO2, que conectarán la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín, donde la misma empresa promueve el Proyecto Regional La Robla Green, ya ha autorizado.

La promotora es Villadangos Nueva Energía SL, del grupo Reolum, compañía española creada en 2019 por Fernando Muñoz y Yann Dumont, centrada en la generación de energías renovables y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, e-metanol y biomasa. Su objetivo, según la firma, es “impulsar la transición energética desde una perspectiva rentable y sostenible”.

Las conducciones diseñadas para conectar Villadangos Green con La Robla Green atravesarán también otros seis municipios leoneses: Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen (el plan inicial pasaba por la expropiación de casi 300 fincas). Las plantas de Villadangos ocuparán una superficie de alrededor de 150.000 metros cuadrados y requerirán un consumo anual superior a 1,65 millones de metros cúbicos de agua procedente de la red de abastecimiento de la ampliación del polígono industrial.

Precisamente la ubicación de este proyecto en el polígono industrial, una “zona ya muy transformada” por la presencia de naves e infraestructuras de transporte, hace que “el impacto sobre paisaje será limitado”, señala la declaración del Bocyl, que hace algunas advertencias: avisa de que el trazado de tuberías podría interferir con la planta fotovoltaica 'El Monte', al tiempo que recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados “procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición” en sustitución de áridos naturales.

La aprobación ambiental no supone todavía la autorización definitiva de Villadangos Green, que deberá obtener el resto de permisos sectoriales y ambientales exigibles.

Por imposición extremista diestra, el Vox Pollán, hoy vicepresidente primero del gobierno autonómico que hubo de colocar Mañueco, va a desregular lo regulado al grito (nacional español) de 'los patriotas primero'… aquí, en el ente, me temo que vaya a ser: '¡Lo castellano primero! Y de nada nos valdrá en infantil réplica soltar '¡Castellano el que no bote!' –¡Con saltito incluido o no!– cual réplica.

Hemos podido ver fotografiados juntos a Mañueco y a Pollán, en estudiada composición con el acuerdo de legislatura –¡En verde!– y al pronto me recordó lo de aquel personaje de película que se ponía verde al cobrar fuerza, el increíble Hulk, potente y bestia… lo de hoy, no sé el porqué el tono.

A Pollán como vice primero, no lo quiere Mañueco de ejerciente sustituto; así que a dedo ha determinado que la vice segunda, por defecto, sea su sustituta ante supuesta ausencia ocasional.

¿Y Suárez-Quiñones?

Mas, para la desregulación de mi anunciada situación anímica, no es el causante precisamente él, sino que viene dada por el cambio de lugar y sitio del que fue consejero autonómico, Suárez-Quiñones, al que el fuego que le quemaba hasta el pelo, y como tal aparecía en los carteles, tuvo que refugiarse en los cuarteles, sí, esos del 'no quiero verlo, y así no existe'. Gesto que le fue premiado por su mentor, Mañueco, saliendo al quite ante el público, llenando espacio en tan hábil como engañosa defensa.

Que ocurrió con el mutis del ínclito personaje de León, es lógico preguntarse. Es fácil intuirlo, cuando el indignado paisanaje, quemado como el paisaje hasta el horizonte, fue asumiendo el daño, y, aventado el humo, en un contexto de necesidad reparadora, llegaron ayudas económicas prontas... ¡Sin saber de dónde arrebataban el dinero! Y, que oportunas, actuaron de tampón.

Los damnificados en general prestos a olvidar, unos por afinidad, otros por estulta cotidianeidad, rutina absurda, llegaron a borrar de su mente el daño, hasta el punto de volver a votar casi en mayoría al PP, y precisamente en casi todos los lugares donde ardieron hasta las ideas. Interesadamente se olvida todo... ¡Y hasta con prontitud si llega el caso!

Hoy, en el nuevo gobierno autonómico, premio al silencio y la obediencia del que dirán que representa a lo leonés, volverá a tener una consejería, Suárez-Quiñones (¡Otra que no arda! pero que, por múltiple y 'desregulada', tal vez por impericia contable, nos puede quemar más a los ciudadanos.

La que dejó abrasada, Medio Ambiente y Energía, será ocupada por María González Corral, que viene de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social. De oca a oca, y trae en su cartera, lo que algunos consideran “gran labor”: machacar con lo de Tierra de Sabor. Una marca impuesta que confunde, y que para nosotros los leoneses es... ¡Tierra de pavor! La Región Leonesa y sus productos, escandallados castellanoleoneses, en algunos casos, como los quesos, siendo el 80% leoneses; es un enorme agravio que favorece a la facción absorbente castellanizadora del ente autonómico. Es su dinámica. ¿Cómo no lo vemos todos?

Suárez-Quiñones asume el encargo, que por fidelidad y buenas maneras partidistas, ponen en sus manos. No importan los resultados anteriores: su mentor, y jefe a toda hora, el señor Mañueco... ¡Le recomienda! Ahora en una Consejería múltiple, a saber: Industria, Universidades, Comercio y Empleo. ¡Ahí es nada!

Un puesto para un sabelotodo político de amplio espectro, de fácil conformar y muy buenas tragaderas.

Ya se ha fotografiado con la 'CEOE'… de Castilla y León. Primer aviso, centralizando esfuerzo para que todo siga igual. ¿Con qué responsables del panorama decadente leonés ha hablado? ¿Los empresarios leoneses, en particularidad regional leonesa, no tenían nada que sugerir? Un retrato vale más que mil palabras.

Industria. El desmantelamiento último del noroeste leonés, entendido como nodo logístico, para ser ubicado a gran escala, por dotación económica, en Valladolid, nos ha cerrado puertas y posibilidades. Cuando más, ya lo he dicho, gozamos del escueto posicionamiento como nodo secundario. ¡Estamos en el bajo, nos están preparando el sótano, justo al nivel de las mazmorras!. Pero a él ya le ha puesto el señor Mañueco, ascensor y ascenso... y... ¡A medrar! ¿Por qué negarnos a verlo así?

¿El industrioso consejero, que se dice de León, qué va a traer para aquí? Lo suyo es docilidad en tanto se nos esquilma en lo socioeconómico. En verdad camino que ya lo tienen bien practicado, se trata, pues, de continuar colonizando.

Me ha resultado dolorosamente curioso –¡Por lo demás!–, leer a la Rectora de la ULE, tildar (uso tal verbo, por inducir a lo negativo) como “un acierto” lo de integrar Universidades junto a Industria, Empleo y Comercio. Es más, “ve como positivo el nombramiento-encargo que desde el ente autonómico han hecho a Suárez-Quiñones, por estar vinculado a León” ¡Extraña confianza en la persona y en el ente centralista acaparador!

¡Hay presencia y lazos que matan!

Demuestra alegría ante este nombramiento, invoca su pasado como profesor, y de leonés: una apertura gratuita al hombre, olvidando su desequilibrio político al estimar que siendo esto, es decir de León, va a mirar por nosotros...

¡Sí, sí, de soslayo!

Así las cosas: ¡Hay que plantear el Lexit!

Una curiosa partida de construcción de naves industriales, e intercambios de uso para ellas, se juega como si de Monopoli se tratara en el que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León, el de Villadangos del Páramo, en la provincia leonesa.

La Junta de Castilla y León, a través de su empresa pública Somacyl, acaba de licitar un contrato millonario para ejecutar dos nuevas naves de amplio tamaño con todos sus servicios con el objeto de 'regalárselas' al pueblo de Villadangos. Pero este llamativo trueque ha tenido ya varios cambios sobre los planes previstos cuando hace cinco años, en 2021, la Junta Vecinal aprobó vender 186 hectáreas de su suelo público al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León para acometer una ambiciosa ampliación del polígono. Una cantidad ingente de suelo que ha permitido ya a la administración autonómica ejecutar totalmente su ampliación, duplicando el tamaño inicial de una primera fase, la cual pronto se vio colmatada por la llegada de proyectos como los centros logísticos de Mercadona y Decathlon o las factorías de Miguélez y León Coated, entre otros.

La previsión de la Junta de Castilla y León era en 2021 que pronto habría lista de espera para la implantación de nuevos proyectos. Y así ha ocurrido. Por eso urgía ampliar hasta casi el doble el tamaño del espacio industrial. El pacto alcanzado con la Junta Vecinal era pagarle el suelo necesario. Y a mayores, a modo de compensación poco usual, construirle y regalarle al pueblo tres grandes naves que después la pedanía podría gestionar, alquilándola a quien estuviera interesado, y gestionar sus beneficios como arrendador. Aquel proyecto, sellado en 2023 con una icónica foto de apretón de manos institucional, suponía para la Junta una inversión de casi 2,5 millones de euros.

Sin embargo, un nuevo éxito del polígono trocó los planes. Las naves se construyeron pero no llegaron a cederse a la pedanía de Villadangos sino que sirvieron para afianzar un nuevo desembarco: la mayor fábrica de drones militares de España, de la mano de la empresa Indra y un grupo de Emiratos Árabes como socio. Este nuevo gran anuncio, pactado por la empresa española con Junta y con Gobierno, se lanzó a principios de este año con cifras muy golosas, como son 12 millones de inversión y la creación de 200 empleos nuevos. Pero Indra necesitaba acelerar su implantación, por lo que, según ha confirmado ILEÓN de fuentes oficiales, la Junta le ofreció dos de aquellas naves construidas para el pueblo. Así se aceleraban plazos de implantación y se podría comenzar a fabricar allí este mismo año, en septiembre, vehículos aéreos no tripulados (UAVs) multipropósito y munición merodeadora.

De este modo, por razones de urgencia, la promesa de la compensación de las naves para alquilas tenía que volver a ser retomada. Y es lo que hace ahora la Junta a través de Somacyl. Un nuevo contrato público acaba de ser licitado a mediados de junio, para la construcción de dos nuevos edificios industriales ya en la zona de ampliación del polígono. Con el paso del tiempo el coste se ha incrementado y ahora parte de una inversión de 2,4 millones de euros -eran 2,5 para tres naves hace tres años- y un plazo de ejecución de un año desde que se adjudique a la empresa seleccionada.

Las naves se levantarán en las parcelas 2 y 3 del polígono, según la redacción de los proyectos encargados por Somacyl a Estudio de Ingeniería Civil SL, ambas de casi idéntico diseño y espacio, sobre dos superficies de 2.708 metros cuadrados cada una.

Y llega el gran centro logístico de Dia

La noticia salta pocos días antes de que este viernes 3 de julio se inaugure de manera oficial el primer gran proyecto de la nueva zona de ampliación del polígono de Villadangos, como es la gran nave logística de la multinacional de alimentación Dia, que contará con el desembarco del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del CEO de Dia España, RicardoÁlvarez, entre otras muchas autoridades.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha iniciado el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Conjunto Industrial, el complejo de la minería del wolframio de la Peña del Seo, situado en la localidad de Cadafresnas, en el municipio berciano de Corullón.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), considera que el enclave reúne valores históricos, técnicos, sociales y etnográficos singulares, al conservarse prácticamente inalterado y permitir comprender tanto el proceso de extracción del wolframio como las condiciones de vida de los trabajadores de la explotación minera.

El expediente subraya que el conjunto constituye un testimonio excepcional de la minería del wolframio en Castilla y León y mantiene in situ los principales elementos que integraban la explotación, en un entorno de elevado valor natural.

Entre los bienes incluidos en la declaración figuran la propia mina, el poblado minero de La Piela y los dos lavaderos de mineral, elementos que permiten reconstruir el funcionamiento completo de una explotación que alcanzó su mayor actividad entre las décadas de 1940 y 1950, impulsada por la elevada demanda internacional de wolframio durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea.

Según recoge el expediente, la explotación llegó a emplear a cerca de 500 personas y alcanzó una producción anual de entre 60 y 70 toneladas de concentrado de wolframita, aunque el descenso del precio internacional del mineral y los elevados costes de explotación provocaron el cierre de las instalaciones a finales de los años cincuenta.

El poblado de La Piela, construido entre 1952 y 1953 para alojar a las familias de los trabajadores, contaba con cuarenta viviendas, economato, escuela, sanatorio y cantina, además de servicios poco habituales en la época, como agua corriente, electricidad y calefacción.

Uno de sus edificios alberga el Centro de Recepción de Visitantes de la Peña del Seo tras su rehabilitación por el Ayuntamiento de Corullón.

La incoación del expediente supone la aplicación del régimen de protección previsto para los bienes de interés cultural mientras se tramita la declaración definitiva.

No obstante, la resolución contempla que, si durante el procedimiento no quedara acreditado el carácter excepcional del conjunto, el expediente podría continuar para su inclusión en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

En noviembre de 2023, los votos en contra del PP y Vox tumbaron en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley presentada por el PSOE para declarar la Peña del Seo como BIC, entonces con la categoría de Conjunto Histórico.

La fiebre minera toma, de nuevo, la montaña leonesa. Una empresa con sede en salamanca, Iberian Phosphates SL, ha solicitado cuatro permisos de investigación minera en los últimos meses para buscar fosfatos en diez municipios de la provincia de León, ubicados entre la montaña oriental y central hasta llegar al valle del Torío.

Los cuatro proyectos se llaman 'Gemina', 'Legio', 'Victrix' y 'Galba', y afectan a los municipios de Crémenes; Crémenes y Reyero; Boñar; Crémenes y Sabero; y La Pola de Gordón, Vegacervera, Cármenes, Matallana de Torío, Valdepiélago y Valdelugueros respectivamente.

En la actualidad España no cuenta con ninguna explotación de fosfatos activa, siendo China el líder mundial seguido de Marruecos, que lo extrae de la antigua colonia española del Sáhara. La fiebre de los nuevos minerales se enmarca en el contexto geopolítico mundial de guerras que ponen en peligro los suministros mundiales, o los encarecen con las consecuencias económicas que supone, lo que ha llevado a la Unión Europea a impulsar un programa de búsqueda y explotación de minerales, especialmente los raros vinculados a la tecnología, para garantizar cierta autosuficiencia.

La Junta de Castilla y León ha admitido las solicitudes de permisos de investigación que suponen que durante tres años la empresa hará catas para buscar principalmente fosfatos. El coste estimado de la investigación es de 3,4 millones de euros, un dinero que la empresa ha garantizado con una carta de su sociedad matriz domiciliada en Australia, Spanish Mining Ventures PTY LTD, mediante una “carta de compromiso formal de financiación, suscrita por el representante legal de la citada sociedad matriz, en la que se garantiza la cobertura económica de todas las inversiones necesarias”.

De Australia a España

Detrás de esta empresa hay un complejo entramado de sociedades australianas con intereses mineros en España, como Osmond Resources o Megado Minerales, que buscan cobre, plata o grafito en diversas ubicaciones del país. En común tienen que son sociedades australianas, las dos cotizan en la bolsa australiana y tienen varios ejecutivos en común. Entre los nombres destaca Anthony Hall, un veterano ejecutivo del sector minero experto en lanzar sociedades mineras de inversión.

En el libro blanco de una de las empresas explican sus planes gracias a la rebaja ambiental de la normativa europea que prioriza ahora la extracción. “La Ley de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act) de 2024 ofrece un cambio radical en la regulación coordinada de la extracción para la Unión Europea, con el fin de garantizar que los proyectos considerados de importancia estratégica no se vean obstaculizados innecesariamente. Esta y otras medidas legislativas están respaldadas por un mayor financiamiento gubernamental disponible para el desarrollo de proyectos, lo que ha reducido el riesgo para el capital privado”, señalan.

Y para buscar capital van más allá, “Hoy en día, un número creciente de proyectos parece que se beneficiarán de políticas favorables, financiación estatal, una regulación ágil, alianzas estratégicas y, como resultado, de mercados de capitales generosos”.

La roca de fosfato fue incluida en la lista amparada en la normativa europea en el año 2020, un elemento usado de forma fundamental en fertilizantes y alimentación, y ahora también en la industria energética al ser usado en la fabricación de las baterías de Litio-Ferrofosfato que han sido fundamentales en la expansión del mercado del vehículo eléctrico y el almacenamiento energético.

La empresa solicitante de todos estos permisos acudió el pasado 23 de junio a una reunión abierta en el Ayuntamiento de Crémenes, el más afectado de todos, para exponer su trabajo de investigación y proyecto, llevándose las dudas de los vecinos y juntas vecinales por la falta de concreción de la sociedad minera, tal y como recoge Diario de Valderrueda. Las dudas de otro proyecto sin excesivos detalles planean sobre la provincia de León.

Los permisos de investigación minera son solo el primer proceso de un largo proceso burocrático para obtener extracción minera en España. Después la sociedad debería solicitar los derechos mineros correspondientes y, una vez obtenidos, un plan de explotación con terrenos ya concretos y la forma de obtenerlos. Un proceso que es largo, caro y complejo pero que suele generar grandes réditos a largo plazo. Si se consigue superar todas las fases.

La comarca de Guardo es hermana minera de la de Sabero, y su historia está estrechamente ligada a ella no sólo por la extracción de carbón sino por el ferrocarril de Hulleras de Sabero que llegaba a Cistierna y desde allí, por la Feve, se conectan las dos últimas localidades. Por eso una de las conferencias de la serie 'Los Usos del Carbón' se va a centrar en una de las factorías más importantes de la cabecera de la comarca de la montaña palentina.

Para ello se contará este sábado 20 de junio a las 18 horas con la presencia de un afamado divulgador científico –organizador de Naukas Guardo entre otros eventos de conferencias científicas– que explicará en una amena charla “cómo se utilizó el carbón y la caliza para fabricar a gran escala carburo de calcio en la fábrica de Guardo, para dar forma a lo que llegó a ser el mayor centro electroquímico en su clase de España, donde se producían decenas de productos químicos fundamentales para la industria española y también para exportación a todo el mundo”.

La conferencia se titulará 'La fábrica electroquímica de Guardo', en la que el también escritor Alejandro Polanco Masa explicará cómo uno de los usos alternativos del carbón también constituyó uno de los capítulos más destacados de la historia industrial del norte de Palencia. Fundada a comienzos del siglo XX, aprovechó los recursos energéticos de la cuenca minera y el potencial hidroeléctrico de la zona para desarrollar una innovadora producción química basada en procesos electroquímicos. Entre sus principales actividades destacó la fabricación de carburo cálcico, un producto fundamental para la industria de la época, utilizado tanto en la generación de gas acetileno para iluminación como en diversos procesos industriales.

Esta instalación se convirtió además en un motor económico y social para Guardo y su entorno, al impulsar la creación de empleo, el crecimiento demográfico y el desarrollo de infraestructuras en una comarca estrechamente vinculada a la minería y la industria. Su actividad dejó una profunda huella en la memoria colectiva de varias generaciones y constituye hoy una pieza clave para comprender la evolución industrial de la Montaña Palentina.

La mayor industria química del Noroeste de España

La fábrica química de Guardo se gestó cuando la Unión Española de Explosivos eligió la localidad en 1920 por sus condiciones excepcionales: carbón de antracita, caliza de calidad, agua, energía hidroeléctrica y ferrocarril. Sin embargo, la construcción no arrancó hasta 1942, por la Guerra Civil, y la actividad comenzó en 1943 con una instalación todavía modesta, centrada primero en la producción de carburo.

Durante las décadas siguientes, el complejo fue creciendo y diversificando su producción con ácido acético, acetona, DOP, octanol, cloratos y sosa, hasta convertirse en un gran polo químico. Su declive empezó en los años setenta, cuando el petróleo fue ganando peso y parte de la producción se trasladó a Tarragona; el cierre decisivo llegó en 1985, con la clausura del horno de carburo y parte de la factoría, aunque algunas plantas siguieron activas hasta que la historia industrial del conjunto se dio por acabada entre 2007 y 2008.

Alejandro Polanco (@Alpoma en TwiXter) es también investigador y divulgador especializado en la historia industrial de la provincia de Palencia, cuya trayectoria se ha centrado en el estudio y recuperación de la memoria de las industrias que contribuyeron al desarrollo económico y social del territorio. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos de investigación y difusión del patrimonio industrial y minero autonómico.

La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa en el propio centro o a través del teléfono 987 718 357.

A las doce de la mañana de este 10 de junio se bajaban las trapas de la totalidad de los establecimientos comerciales y empresariales en la comarca de Laciana. Sólo en algunos se mantuvieron servicios mínimos. Y la gente comenzó a concentrase en la avenida de la Constitución frente al Ayuntamiento.

Después de los prolegómenos, salió la manifestación encabezada por una pancarta con el lema 'Una Laciana con futuro' y un subtitulo muy sugestivo: 'Hay que poner fin a tantas décadas de promesas, mentiras, excusas y discriminación'. 

Portando la pancarta de cabecera los cabezas de lista de los tres grupos políticos municipales (PSOE, IU-Podemos y PP) y los tres secretarios comarcales de los sindicatos (CCOO, UGT y USO). Seguidos por los numerosos vecinos concentrados, unos dos millares.

El recorrido por varias calles de Villablino discurrió casi en ambiente festivo, disfrutando de la soleada mañana, y escuchándose, especialmente en la cabecera de la manifestación, algunas consignas ya muy escuchadas y repetidas en la comarca desde hace bastantes años, como 'Laciana no se vende, se defiende'.

Al finalizar, nuevamente frente al edificio consistorial, los que encabezaban la manifestación subieron al balcón de la sede de CCOO en Villablino para colocar la pancarta en su baranda. Desde donde dos jóvenes estudiantes locales leyeron el manifiesto preparado para el evento, para poner fin a la concentración.

Un final que no me dejó personalmente un buen sabor de boca, puesto que no me gusta la utilización de los jóvenes para cuestiones políticas. Si de lo leído en ese manifiesto nada o todo se cumple, no se debe ligar esa imagen de fracaso, más probable, o acierto a los jóvenes. Si no a los que han sido elegidos como representantes públicos para que asuman los errores y aciertos de su gestión.

¿Y ahora qué?

La propuesta política nacida de un pleno del 30 de julio de 2025 ha recibido el respaldo social solicitado. Pese a que han tardado un año en solicitarlo y de la que parecen haberse adueñado los sindicatos locales, pues realmente fueron los únicos firmantes de la pancarta.

Es de suponer que de inmediato los grupos políticos proponentes iniciarán una peregrinación por las instituciones superiores, Gobierno Central, Autonómico y Diputación Provincial, al que se puede añadir la CE, exigiendo los acuerdos incluidos en la propia moción. Con argumentos suficientes y olvidándose de colores políticos.

ILEÓN solicitó al Ayuntamiento de Villablino, el uno de agosto de 2025 información sobre a que instancias superiores, ministerios, consejerías, parlamentos, plenos o departamentos se iba a dar traslado de la moción y las demandas; y a fecha de hoy aún no ha recibido respuesta a sus preguntas.

Es de suponer que los siguientes pasos para reclamar lo que todos dicen es de justicia, no se demoren de nuevo un año. Para animar al resto de organismos públicos, especialmente en los asuntos de tasas e impuestos, el propio Ayuntamiento de Villablino podría dar ejemplo rebajando el coste de las tasas, permisos, y demás tramitaciones municipales a los emprendedores, aunque solo fuese en cantidades mínimas y simbólicas.