El Ayuntamiento de Cistierna plantea endurecer las condiciones para la implantación de plantas de biogás y biometano en este municipio de la Montaña Oriental leonesa, después de conocerse un primer proyecto diseñado para el polígono de Vidanes, avanzada por ILEÓN a finales del año pasado, y la inmediata reacción en contra que ha provocado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) daba hoy a conocer el borrador del avance de la modificación n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Cistierna. Un proceso que comienza ahora y de momento se abre a participación pública antes de su aprobación definitiva. La propuesta es poner al día un planeamiento que originalmente data de hace más de 30 años, concretamente de 1993, y que no contemplaba ningún tipo de instalaciones de energías renovables de estas u otras características.

El texto propuesto por el Consistorio, y disponible ya en la Sede Electrónica de Cistierna, pinchando aquí, impone unas condiciones muy restrictivas. Pero hay que tener en cuenta que lo hace a futuro, es decir, que con la legislación española no cabría impedir el impulso de aquellos proyectos que, como el de la empresa Apaycachana-6 SL en el polígono de Vidanes, ya están muy avanzados e incluso con la evaluación de impacto ambiental de la Junta favorable. Otra cosa sería en aquellas alternativas que se planteen tras aprobarse de manera definitiva esta nueva normativa.

Entre las futuras restricciones que Cistierna pretende, destaba el veto completo a la ubicación de estas plantas en suelo urbano y también urbanizable. De este modo, su posible implantación quedaría limitada a las categorías de suelo rústico que lo permitan de manera expresa. Ya para complicarlo aún más, exige que se proyecte en parcelas únicas y de, al menos, diez hectáreas de tamaño. Por otro lado, los proyectos también deberán respetar un retranqueo mínimo de 30 metros respecto a los linderos, acompañado de una pantalla vegetal espesa en su entorno formada por especies autóctonas, para mitigar incluso el impacto visual.

La normativa diferencia entre instalaciones de pequeña capacidad -de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos orgánicos-, y plantas de gran capacidad. Las primeras deberán situarse a un mínimo de un kilómetro de cualquier pueblo o núcleo de población o de viviendas residenciales legalmente construidas o con más de 20 años. Para las de mayor tamaño, la distancia exigida aumentaría hasta como mínimo los dos kilómetros.

También se limita la concentración de infraestructuras: no podrán instalarse nuevas plantas a menos de diez kilómetros de otra ya previamente existente, tan sólo con la excepción de que tenga una autorización ambiental expresa, la cual permitiría reducir esa distancia hasta cinco kilómetros de manera excepcional.

Por otro lado, para poder seguir adelante y ser autorizados, las empresas deberán garantizar que al menos el 70% de los residuos que se emplean como materia prima de este tipo de instalaciones, especialmente estiércol animal, procedan de un radio máximo de 15 kilómetros a la redonda. Se trata, explica la normativa, de primar un abastecimiento local y reducir los desplazamientos, y por lo tanto la contaminación.

Los promotores también deberán acreditar obligatoriamente que cuentan con accesos y vías interiores capaces de soportar el tránsito de vehículos pesados sin deteriorar los caminos rurales ni agravar el tráfico local. Y finalmente, la nueva propuesta urbanística obliga a estudiar los impactos acumulativos de estas actividades en el entorno y a cumplir la normativa sectorial en materia de residuos, sanidad, olores, emisiones y protección del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como por otra parte evalúan las declaraciones de impacto ambiental.

Estamos asistiendo a una especie de competición para ver quién se lleva parte de la pujante industria armamentística. Casi todos los medios de comunicación y la mayoría de nuestros grupos políticos lo apoyan, bueno algunos tienen que buscar eufemismos; desarrollo, innovación, reto tecnológico, etcétera...

La prensa y nuestros representantes nos lo pintan con la palabra 'oportunidad' y ven la carrera impuesta del rearme como una salvación reindustrializadora, sobre todo para antiguas zonas minerosiderúrgicas. Vemos a Indra posicionada en As Pontes y en el tallerón de Gijón, la parte de munición merodeadora en el área de Villadangos y una disputa territorial para la fábrica de vehículos blindados a la que optaba El Bierzo, entre otras.

¿Pero es realmente una oportunidad? Yo pienso, o quiero pensar, que en realidad todo el mundo en su cabeza siente que el rearme es quemar el último cartucho, clausurar el futuro y olvidarnos de la moral. El rearme es la opción impuesta por los grandes grupos de poder. El modelo de sociedad que está generando es nefasto y, por tocar suelo, la corrupción que generará va a ser inevitable debido a la propia dinámica de la industria de guerra.

¿No hay nadie dentro del espectro político y mediático que abiertamente se sincere y sea valiente para, por lo menos, cuestionar la opción del rearme a la que nos están empujando?

El Partido Popular de Santovenia de la Valdoncina ha reclamado la actuación inmediata del equipo de gobierno municipal después de que un informe técnico ambiental elaborado por la Diputación de León concluya que el proyecto del almacén de residuos con amianto previsto en el polígono de Villacedré es “técnicamente insuficiente, peligroso y carece de las garantías mínimas exigidas por la ley”.

Los populares sostienen que este documento confirma las advertencias que habían venido realizando sobre los riesgos para la salud derivados de esta instalación.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, asegura que la elaboración de este informe es consecuencia de la presión ejercida por su grupo municipal, que promovió un pleno extraordinario el pasado 21 de abril para reclamar mayor transparencia sobre el expediente. Según destaca, esta iniciativa, junto con el respaldo de más de 2.100 vecinos, ha permitido que la Diputación analizara el proyecto y certificara, a su juicio, que la documentación presentada por la empresa promotora resulta inadmisible.

Deficiencias importantísimas

De acuerdo con el informe citado por el PP, el proyecto presenta deficiencias en aspectos considerados esenciales. Entre ellas, señala que no justifica adecuadamente la cantidad de residuos que podrá almacenar, no contempla la gestión de los propios residuos generados por la actividad, como los filtros contaminados con fibras de amianto, carece de mecanismos para garantizar que no se superen los límites de exposición y no establece un control claro del flujo de materiales, lo que incrementaría el riesgo de fugas o vertidos accidentales.

Los populares critican además que, pese a estos reparos, el Ayuntamiento aún no haya convocado la Comisión Informativa de Urbanismo para informar el expediente, más de tres meses después de que el pleno extraordinario acordara su celebración. El PP recuerda que el amianto está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno del Grupo 1 y subraya que el proyecto prevé almacenar simultáneamente hasta 48 toneladas de este residuo y gestionar un flujo anual de 528 toneladas en las proximidades de viviendas, un colegio y un parque infantil.

Por todo ello, el Grupo Popular exige la convocatoria inmediata de la Comisión de Urbanismo para emitir el correspondiente informe municipal y reclama una mayor vigilancia sobre las actividades previstas en el futuro establecimiento, al considerar que el expediente no puede permanecer “en un limbo” mientras persisten las dudas sobre sus posibles efectos para la salud y el medio ambiente.

León rompió en julio la tendencia de los últimos meses y vio crecer el paro en 94 personas, un aumento del 0,49% con respecto a junio (la subida fue del 0,85% en la media nacional). La provincia se queda en 19.353 demandantes de un puesto de trabajo, 492 menos que a la misma altura de 2025, lo que representa un descenso interanual del 2,48%, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La industria fue el único sector económico que representó un contrapeso positivo en la estadística, cuyo aumento acapararon las mujeres al repetirse el número de hombres inscritos del mes pasado.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la industria (-48, de 1.637 a 1.589). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (78, de 13.505 a 13.583) y más moderados en la agricultura (19, de 670 a 689) y en la construcción (7, de 1.220 a 1.227). La estadística del colectivo sin empleo anterior también creció (38, de 2.227 a 2.265).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.517 mujeres desempleadas (que asumen íntegramente los 94 demandantes más) frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (732 hombres frente a 596 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (644 hombres por 803 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.905 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.555 por 7.015).

Castilla y León

Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional, y los cotizantes a la Seguridad Social aumentaron en 6.170 ese mes, hasta los 1.022.190 afiliados, datos en los que se nota el reciente proceso de regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Castilla y León anotó la menor bajada del paro para un mes de julio en dato interanual con datos desde el 2021, y el mayor aumento intermensual en ese mismo periodo.

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró julio con 17.830 cotizantes más que hace un año, el 1,78% más, por debajo del 2,94 nacional.

El paro registrado en julio de 2026 bajó en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250), con subidas en el resto de comunidades encabezadas por Cataluña (7.705), Comunidad Valenciana (7.021), Comunidad de Madrid (3.822) y Castilla y León (2.053).

El paro sólo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y respecto a julio del 2025, el desempleo disminuyó en Ávila (-2,39%), Burgos (-0,53%), León (-2,48%), Salamanca (-2,56%), Segovia (-2,51%), Valladolid (-0,45%) y Zamora (-0,46%), se mantuvo constante en Palencia (0,00%) y aumentó en Soria (7,33%).

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

Respecto a julio del 2025, el paró bajó en 1.490 personas en el sector servicios, con 259 menos en construcción, 147 menos en industria y 94 menos en agricultura, y un repunte de 781 en el grupo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró julio con 1.334 mujeres más en las listas del paro y 719 hombres, con un recorte de dos parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la comunidad cierra julio con 38.335 hombres desempleados y 57.978 mujeres; y 7.301 menores de 25 años.

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que arrancó en abril, ha sumado a un total de 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026, según datos de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que sumó más afiliados en este proceso, el 19,8 % del total, seguida por Cataluña (17,8%), Andalucía (12,7%), Comunidad Valenciana (12,1%) y Castilla y León (4,4%).

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en julio 71.687 contratos, que suponen 217 y un 0,30% menos que en junio, frente al retroceso nacional del 3,77%.

El dato también es peor que el de julio del 2025, con 3.764 contratos menos en la comunidad que hace un año y una caída del 4,99%, frente al -0,12 nacional.

Del total de contratos, 22.855 fueron indefinidos, 1.239 menos que el mes anterior, con un recorte del 5,14% (-9,74 nacional); y 752 menos que hace un año, el -3,19% (+1,19).

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de junio, fueron 66.940 en Castilla y León, de ellas 33.753 prestaciones contributivas, 33.163 subsidios y 34 rentas activas de inserción.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la decisión de la Junta de Castilla y León de impedir la reapertura de la cantera Peñamala, ubicada entre los ayuntamientos de Corullón y Toral de los Vados-Villadecanes, por su afección al trazado de la futura autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Canteras del Noroeste SL y mantiene íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, que ya había considerado ajustada a derecho la negativa administrativa a autorizar la reanudación de la actividad extractiva.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó el pasado mes de abril el proyecto de construcción del primer tramo de la futura autovía A-76, que unirá Villamartín de la Abadía y Requejo a lo largo de 6,24 kilómetros sobre el trazado de la actual N-120. La actuación cuenta con una inversión prevista de 133,5 millones de euros y es el primer avance concreto de esta infraestructura para mejorar la conexión entre El Bierzo y la provincia de Ourense.

El litigio por la cantera tiene su origen en la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de junio de 2022, que rechazó el recurso de alzada puesto por la empresa minera frente a la decisión del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de no autorizar la vuelta a la actividad de la explotación de caliza denominada Peñamala nº 185. La empresa acudió posteriormente a la vía judicial, pero tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León como ahora el TSJCyL han respaldado la negativa de la Administración.

La explotación, cuya autorización original se remonta a 1936, permanecía suspendida desde 2005. Cuando la empresa promovió la reapertura de la cantera, el proyecto quedó sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y al correspondiente trámite de información pública, durante el cual distintas administraciones emitieron informes sobre su viabilidad. Fue entonces cuando la Unidad de Carreteras en León advirtió de las posibles afecciones de la cantera tanto a la carretera N-120 como al futuro trazado de la autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense.

La sociedad promotora sostuvo en su demanda que la Administración había otorgado un carácter prácticamente vinculante a esos informes de la Unidad de Carreteras, cuando, a su juicio, se trataba únicamente de alegaciones formuladas durante la información pública. Además, denunció que la sentencia de primera instancia había incurrido en incongruencia al no pronunciarse sobre la compatibilidad del proyecto una vez incorporadas medidas correctoras, entre ellas una franja de protección de 150 metros respecto al futuro eje de la autovía.

Sin embargo, el Tribunal Superior rechaza esa interpretación. La Sala considera que la sentencia recurrida sí respondió a todas las cuestiones planteadas y recuerda que la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental impone de forma obligatoria los trámites de información pública y de consulta a las administraciones afectadas. Aunque los informes emitidos durante ese procedimiento no tengan carácter vinculante, los magistrados subrayan que la Administración puede y debe valorarlos a la hora de resolver, ya que lo contrario vaciaría de contenido el propio procedimiento ambiental.

La resolución judicial también repasa la evolución de los informes emitidos por la Unidad de Carreteras entre 2016 y 2019. Todos ellos fueron desfavorables al proyecto, al apreciar riesgos para la seguridad vial derivados de las voladuras, la proyección de materiales y las nubes de polvo, además de la incertidumbre sobre la afección al futuro trazado de la A-76. Incluso después de que la empresa incorporara medidas correctoras al estudio de impacto ambiental, el órgano estatal mantuvo que la explotación seguía siendo incompatible con la protección de la infraestructura viaria proyectada.

La Sala descarta igualmente que la Junta asumiera de forma automática el criterio de la Unidad de Carreteras. A juicio de los magistrados, tanto la resolución administrativa como la sentencia de primera instancia analizaron y valoraron esos informes antes de concluir que el proyecto carecía de viabilidad ambiental y administrativa. Además, consideran que la empresa introdujo en apelación cuestiones de fondo distintas de las debatidas inicialmente en el procedimiento judicial. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Castilla y León el archivo del expediente ambiental de la proyectada fábrica de municiones de Valderas y al Ayuntamiento de la localidad la paralización de cualquier licencia vinculada al proyecto al considerar que no se trata de una fábrica de explosivos de uso civil, sino de “armas de guerra”, cuya autorización corresponde al Ministerio de Defensa.

La organización ecologista ha presentado alegaciones en el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto promovido por la empresa Tecnesis 3000, que prevé la construcción de una planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre en terrenos municipales arrendados por el Ayuntamiento de Valderas.

Según la documentación técnica analizada por el colectivo, la instalación estará destinada a la producción de granadas de mortero y proyectiles de artillería, incluido el calibre 155 milímetros, además de otras municiones listas para su suministro.

El proyecto contempla una superficie de 47 hectáreas dividida en dos recintos, una capacidad de almacenamiento de hasta 800 toneladas de material explosivo y una plantilla prevista de 150 trabajadores.

Ecologistas en Acción sostiene que la tramitación se está realizando al amparo del Reglamento de Explosivos, cuando los productos que se pretenden fabricar encajan en la definición de armas de guerra recogida en el Reglamento de Armas, al tratarse de municiones para piezas de calibre igual o superior a 20 milímetros y granadas de mortero.

Por ello, argumenta que la autorización debería corresponder a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, previa tramitación específica y aprobación por parte del Gobierno central, y no únicamente a la administración autonómica.

Además de las cuestiones legales, la organización ecologista expresa su rechazo a la ubicación elegida para la instalación, junto a la actual planta de Orica Explosivos Industriales, al considerar que incrementaría el riesgo de accidentes graves en el entorno de Valderas y de las localidades próximas de Villafer y Campazas.

A su juicio, los beneficios económicos previstos no compensan los riesgos asociados a una instalación con capacidad para almacenar centenares de toneladas de explosivos y dedicada a la fabricación de munición destinada a conflictos bélicos.

El proyecto plantea la fabricación de proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros, granadas de mortero de 60, 81 y 120 milímetros, así como otros componentes de armamento, mediante procesos de carga con TNT y otros explosivos adquiridos a suministradores externos.

Ecologistas en Acción también cuestiona la aplicación de una evaluación ambiental simplificada para una industria de este tipo y defiende que la producción de armamento debería someterse a un análisis más amplio que tenga en cuenta las consecuencias ambientales y humanas derivadas del uso final de estas armas.

Por su parte, el estudio ambiental promovido por la empresa concluye que los impactos previstos son compatibles o moderados y que la instalación generaría alrededor de 150 empleos directos, además de actividad económica en una zona afectada por la pérdida de población.

La Junta ha formulado la declaración de impacto ambiental favorable al 'proyecto regional' Villadangos Green, una iniciativa cuestionada por Ecologistas en Acción, que llegó a tachar de “delirante” su conexión con el también 'proyecto regional' La Robla Green, ambos promovidos por el grupo Reolum. El plácet, condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones, proviene ya de la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del Gobierno autonómico, según publica en su edición de este miércoles el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

Villadangos Green consta de una planta para la fabricación de hidrógeno con capacidad de 200 MW (megavatios) de electrolisis y una producción anual estimada de 28.800 toneladas, una planta para la fabricación de 140.000 toneladas/año de metanol y dos conducciones de más de 36 kilómetros (un ceoducto y un hidroducto) para el transporte de hidrógeno y CO2, que conectarán la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín, donde la misma empresa promueve el Proyecto Regional La Robla Green, ya ha autorizado.

La promotora es Villadangos Nueva Energía SL, del grupo Reolum, compañía española creada en 2019 por Fernando Muñoz y Yann Dumont, centrada en la generación de energías renovables y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, e-metanol y biomasa. Su objetivo, según la firma, es “impulsar la transición energética desde una perspectiva rentable y sostenible”.

Las conducciones diseñadas para conectar Villadangos Green con La Robla Green atravesarán también otros seis municipios leoneses: Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen (el plan inicial pasaba por la expropiación de casi 300 fincas). Las plantas de Villadangos ocuparán una superficie de alrededor de 150.000 metros cuadrados y requerirán un consumo anual superior a 1,65 millones de metros cúbicos de agua procedente de la red de abastecimiento de la ampliación del polígono industrial.

Precisamente la ubicación de este proyecto en el polígono industrial, una “zona ya muy transformada” por la presencia de naves e infraestructuras de transporte, hace que “el impacto sobre paisaje será limitado”, señala la declaración del Bocyl, que hace algunas advertencias: avisa de que el trazado de tuberías podría interferir con la planta fotovoltaica 'El Monte', al tiempo que recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados “procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición” en sustitución de áridos naturales.

La aprobación ambiental no supone todavía la autorización definitiva de Villadangos Green, que deberá obtener el resto de permisos sectoriales y ambientales exigibles.

Por imposición extremista diestra, el Vox Pollán, hoy vicepresidente primero del gobierno autonómico que hubo de colocar Mañueco, va a desregular lo regulado al grito (nacional español) de 'los patriotas primero'… aquí, en el ente, me temo que vaya a ser: '¡Lo castellano primero! Y de nada nos valdrá en infantil réplica soltar '¡Castellano el que no bote!' –¡Con saltito incluido o no!– cual réplica.

Hemos podido ver fotografiados juntos a Mañueco y a Pollán, en estudiada composición con el acuerdo de legislatura –¡En verde!– y al pronto me recordó lo de aquel personaje de película que se ponía verde al cobrar fuerza, el increíble Hulk, potente y bestia… lo de hoy, no sé el porqué el tono.

A Pollán como vice primero, no lo quiere Mañueco de ejerciente sustituto; así que a dedo ha determinado que la vice segunda, por defecto, sea su sustituta ante supuesta ausencia ocasional.

¿Y Suárez-Quiñones?

Mas, para la desregulación de mi anunciada situación anímica, no es el causante precisamente él, sino que viene dada por el cambio de lugar y sitio del que fue consejero autonómico, Suárez-Quiñones, al que el fuego que le quemaba hasta el pelo, y como tal aparecía en los carteles, tuvo que refugiarse en los cuarteles, sí, esos del 'no quiero verlo, y así no existe'. Gesto que le fue premiado por su mentor, Mañueco, saliendo al quite ante el público, llenando espacio en tan hábil como engañosa defensa.

Que ocurrió con el mutis del ínclito personaje de León, es lógico preguntarse. Es fácil intuirlo, cuando el indignado paisanaje, quemado como el paisaje hasta el horizonte, fue asumiendo el daño, y, aventado el humo, en un contexto de necesidad reparadora, llegaron ayudas económicas prontas... ¡Sin saber de dónde arrebataban el dinero! Y, que oportunas, actuaron de tampón.

Los damnificados en general prestos a olvidar, unos por afinidad, otros por estulta cotidianeidad, rutina absurda, llegaron a borrar de su mente el daño, hasta el punto de volver a votar casi en mayoría al PP, y precisamente en casi todos los lugares donde ardieron hasta las ideas. Interesadamente se olvida todo... ¡Y hasta con prontitud si llega el caso!

Hoy, en el nuevo gobierno autonómico, premio al silencio y la obediencia del que dirán que representa a lo leonés, volverá a tener una consejería, Suárez-Quiñones (¡Otra que no arda! pero que, por múltiple y 'desregulada', tal vez por impericia contable, nos puede quemar más a los ciudadanos.

La que dejó abrasada, Medio Ambiente y Energía, será ocupada por María González Corral, que viene de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social. De oca a oca, y trae en su cartera, lo que algunos consideran “gran labor”: machacar con lo de Tierra de Sabor. Una marca impuesta que confunde, y que para nosotros los leoneses es... ¡Tierra de pavor! La Región Leonesa y sus productos, escandallados castellanoleoneses, en algunos casos, como los quesos, siendo el 80% leoneses; es un enorme agravio que favorece a la facción absorbente castellanizadora del ente autonómico. Es su dinámica. ¿Cómo no lo vemos todos?

Suárez-Quiñones asume el encargo, que por fidelidad y buenas maneras partidistas, ponen en sus manos. No importan los resultados anteriores: su mentor, y jefe a toda hora, el señor Mañueco... ¡Le recomienda! Ahora en una Consejería múltiple, a saber: Industria, Universidades, Comercio y Empleo. ¡Ahí es nada!

Un puesto para un sabelotodo político de amplio espectro, de fácil conformar y muy buenas tragaderas.

Ya se ha fotografiado con la 'CEOE'… de Castilla y León. Primer aviso, centralizando esfuerzo para que todo siga igual. ¿Con qué responsables del panorama decadente leonés ha hablado? ¿Los empresarios leoneses, en particularidad regional leonesa, no tenían nada que sugerir? Un retrato vale más que mil palabras.

Industria. El desmantelamiento último del noroeste leonés, entendido como nodo logístico, para ser ubicado a gran escala, por dotación económica, en Valladolid, nos ha cerrado puertas y posibilidades. Cuando más, ya lo he dicho, gozamos del escueto posicionamiento como nodo secundario. ¡Estamos en el bajo, nos están preparando el sótano, justo al nivel de las mazmorras!. Pero a él ya le ha puesto el señor Mañueco, ascensor y ascenso... y... ¡A medrar! ¿Por qué negarnos a verlo así?

¿El industrioso consejero, que se dice de León, qué va a traer para aquí? Lo suyo es docilidad en tanto se nos esquilma en lo socioeconómico. En verdad camino que ya lo tienen bien practicado, se trata, pues, de continuar colonizando.

Me ha resultado dolorosamente curioso –¡Por lo demás!–, leer a la Rectora de la ULE, tildar (uso tal verbo, por inducir a lo negativo) como “un acierto” lo de integrar Universidades junto a Industria, Empleo y Comercio. Es más, “ve como positivo el nombramiento-encargo que desde el ente autonómico han hecho a Suárez-Quiñones, por estar vinculado a León” ¡Extraña confianza en la persona y en el ente centralista acaparador!

¡Hay presencia y lazos que matan!

Demuestra alegría ante este nombramiento, invoca su pasado como profesor, y de leonés: una apertura gratuita al hombre, olvidando su desequilibrio político al estimar que siendo esto, es decir de León, va a mirar por nosotros...

¡Sí, sí, de soslayo!

Así las cosas: ¡Hay que plantear el Lexit!

Una curiosa partida de construcción de naves industriales, e intercambios de uso para ellas, se juega como si de Monopoli se tratara en el que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León, el de Villadangos del Páramo, en la provincia leonesa.

La Junta de Castilla y León, a través de su empresa pública Somacyl, acaba de licitar un contrato millonario para ejecutar dos nuevas naves de amplio tamaño con todos sus servicios con el objeto de 'regalárselas' al pueblo de Villadangos. Pero este llamativo trueque ha tenido ya varios cambios sobre los planes previstos cuando hace cinco años, en 2021, la Junta Vecinal aprobó vender 186 hectáreas de su suelo público al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León para acometer una ambiciosa ampliación del polígono. Una cantidad ingente de suelo que ha permitido ya a la administración autonómica ejecutar totalmente su ampliación, duplicando el tamaño inicial de una primera fase, la cual pronto se vio colmatada por la llegada de proyectos como los centros logísticos de Mercadona y Decathlon o las factorías de Miguélez y León Coated, entre otros.

La previsión de la Junta de Castilla y León era en 2021 que pronto habría lista de espera para la implantación de nuevos proyectos. Y así ha ocurrido. Por eso urgía ampliar hasta casi el doble el tamaño del espacio industrial. El pacto alcanzado con la Junta Vecinal era pagarle el suelo necesario. Y a mayores, a modo de compensación poco usual, construirle y regalarle al pueblo tres grandes naves que después la pedanía podría gestionar, alquilándola a quien estuviera interesado, y gestionar sus beneficios como arrendador. Aquel proyecto, sellado en 2023 con una icónica foto de apretón de manos institucional, suponía para la Junta una inversión de casi 2,5 millones de euros.

Sin embargo, un nuevo éxito del polígono trocó los planes. Las naves se construyeron pero no llegaron a cederse a la pedanía de Villadangos sino que sirvieron para afianzar un nuevo desembarco: la mayor fábrica de drones militares de España, de la mano de la empresa Indra y un grupo de Emiratos Árabes como socio. Este nuevo gran anuncio, pactado por la empresa española con Junta y con Gobierno, se lanzó a principios de este año con cifras muy golosas, como son 12 millones de inversión y la creación de 200 empleos nuevos. Pero Indra necesitaba acelerar su implantación, por lo que, según ha confirmado ILEÓN de fuentes oficiales, la Junta le ofreció dos de aquellas naves construidas para el pueblo. Así se aceleraban plazos de implantación y se podría comenzar a fabricar allí este mismo año, en septiembre, vehículos aéreos no tripulados (UAVs) multipropósito y munición merodeadora.

De este modo, por razones de urgencia, la promesa de la compensación de las naves para alquilas tenía que volver a ser retomada. Y es lo que hace ahora la Junta a través de Somacyl. Un nuevo contrato público acaba de ser licitado a mediados de junio, para la construcción de dos nuevos edificios industriales ya en la zona de ampliación del polígono. Con el paso del tiempo el coste se ha incrementado y ahora parte de una inversión de 2,4 millones de euros -eran 2,5 para tres naves hace tres años- y un plazo de ejecución de un año desde que se adjudique a la empresa seleccionada.

Las naves se levantarán en las parcelas 2 y 3 del polígono, según la redacción de los proyectos encargados por Somacyl a Estudio de Ingeniería Civil SL, ambas de casi idéntico diseño y espacio, sobre dos superficies de 2.708 metros cuadrados cada una.

Y llega el gran centro logístico de Dia

La noticia salta pocos días antes de que este viernes 3 de julio se inaugure de manera oficial el primer gran proyecto de la nueva zona de ampliación del polígono de Villadangos, como es la gran nave logística de la multinacional de alimentación Dia, que contará con el desembarco del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del CEO de Dia España, RicardoÁlvarez, entre otras muchas autoridades.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha iniciado el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Conjunto Industrial, el complejo de la minería del wolframio de la Peña del Seo, situado en la localidad de Cadafresnas, en el municipio berciano de Corullón.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), considera que el enclave reúne valores históricos, técnicos, sociales y etnográficos singulares, al conservarse prácticamente inalterado y permitir comprender tanto el proceso de extracción del wolframio como las condiciones de vida de los trabajadores de la explotación minera.

El expediente subraya que el conjunto constituye un testimonio excepcional de la minería del wolframio en Castilla y León y mantiene in situ los principales elementos que integraban la explotación, en un entorno de elevado valor natural.

Entre los bienes incluidos en la declaración figuran la propia mina, el poblado minero de La Piela y los dos lavaderos de mineral, elementos que permiten reconstruir el funcionamiento completo de una explotación que alcanzó su mayor actividad entre las décadas de 1940 y 1950, impulsada por la elevada demanda internacional de wolframio durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea.

Según recoge el expediente, la explotación llegó a emplear a cerca de 500 personas y alcanzó una producción anual de entre 60 y 70 toneladas de concentrado de wolframita, aunque el descenso del precio internacional del mineral y los elevados costes de explotación provocaron el cierre de las instalaciones a finales de los años cincuenta.

El poblado de La Piela, construido entre 1952 y 1953 para alojar a las familias de los trabajadores, contaba con cuarenta viviendas, economato, escuela, sanatorio y cantina, además de servicios poco habituales en la época, como agua corriente, electricidad y calefacción.

Uno de sus edificios alberga el Centro de Recepción de Visitantes de la Peña del Seo tras su rehabilitación por el Ayuntamiento de Corullón.

La incoación del expediente supone la aplicación del régimen de protección previsto para los bienes de interés cultural mientras se tramita la declaración definitiva.

No obstante, la resolución contempla que, si durante el procedimiento no quedara acreditado el carácter excepcional del conjunto, el expediente podría continuar para su inclusión en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

En noviembre de 2023, los votos en contra del PP y Vox tumbaron en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley presentada por el PSOE para declarar la Peña del Seo como BIC, entonces con la categoría de Conjunto Histórico.

La fiebre minera toma, de nuevo, la montaña leonesa. Una empresa con sede en salamanca, Iberian Phosphates SL, ha solicitado cuatro permisos de investigación minera en los últimos meses para buscar fosfatos en diez municipios de la provincia de León, ubicados entre la montaña oriental y central hasta llegar al valle del Torío.

Los cuatro proyectos se llaman 'Gemina', 'Legio', 'Victrix' y 'Galba', y afectan a los municipios de Crémenes; Crémenes y Reyero; Boñar; Crémenes y Sabero; y La Pola de Gordón, Vegacervera, Cármenes, Matallana de Torío, Valdepiélago y Valdelugueros respectivamente.

En la actualidad España no cuenta con ninguna explotación de fosfatos activa, siendo China el líder mundial seguido de Marruecos, que lo extrae de la antigua colonia española del Sáhara. La fiebre de los nuevos minerales se enmarca en el contexto geopolítico mundial de guerras que ponen en peligro los suministros mundiales, o los encarecen con las consecuencias económicas que supone, lo que ha llevado a la Unión Europea a impulsar un programa de búsqueda y explotación de minerales, especialmente los raros vinculados a la tecnología, para garantizar cierta autosuficiencia.

La Junta de Castilla y León ha admitido las solicitudes de permisos de investigación que suponen que durante tres años la empresa hará catas para buscar principalmente fosfatos. El coste estimado de la investigación es de 3,4 millones de euros, un dinero que la empresa ha garantizado con una carta de su sociedad matriz domiciliada en Australia, Spanish Mining Ventures PTY LTD, mediante una “carta de compromiso formal de financiación, suscrita por el representante legal de la citada sociedad matriz, en la que se garantiza la cobertura económica de todas las inversiones necesarias”.

De Australia a España

Detrás de esta empresa hay un complejo entramado de sociedades australianas con intereses mineros en España, como Osmond Resources o Megado Minerales, que buscan cobre, plata o grafito en diversas ubicaciones del país. En común tienen que son sociedades australianas, las dos cotizan en la bolsa australiana y tienen varios ejecutivos en común. Entre los nombres destaca Anthony Hall, un veterano ejecutivo del sector minero experto en lanzar sociedades mineras de inversión.

En el libro blanco de una de las empresas explican sus planes gracias a la rebaja ambiental de la normativa europea que prioriza ahora la extracción. “La Ley de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act) de 2024 ofrece un cambio radical en la regulación coordinada de la extracción para la Unión Europea, con el fin de garantizar que los proyectos considerados de importancia estratégica no se vean obstaculizados innecesariamente. Esta y otras medidas legislativas están respaldadas por un mayor financiamiento gubernamental disponible para el desarrollo de proyectos, lo que ha reducido el riesgo para el capital privado”, señalan.

Y para buscar capital van más allá, “Hoy en día, un número creciente de proyectos parece que se beneficiarán de políticas favorables, financiación estatal, una regulación ágil, alianzas estratégicas y, como resultado, de mercados de capitales generosos”.

La roca de fosfato fue incluida en la lista amparada en la normativa europea en el año 2020, un elemento usado de forma fundamental en fertilizantes y alimentación, y ahora también en la industria energética al ser usado en la fabricación de las baterías de Litio-Ferrofosfato que han sido fundamentales en la expansión del mercado del vehículo eléctrico y el almacenamiento energético.

La empresa solicitante de todos estos permisos acudió el pasado 23 de junio a una reunión abierta en el Ayuntamiento de Crémenes, el más afectado de todos, para exponer su trabajo de investigación y proyecto, llevándose las dudas de los vecinos y juntas vecinales por la falta de concreción de la sociedad minera, tal y como recoge Diario de Valderrueda. Las dudas de otro proyecto sin excesivos detalles planean sobre la provincia de León.

Los permisos de investigación minera son solo el primer proceso de un largo proceso burocrático para obtener extracción minera en España. Después la sociedad debería solicitar los derechos mineros correspondientes y, una vez obtenidos, un plan de explotación con terrenos ya concretos y la forma de obtenerlos. Un proceso que es largo, caro y complejo pero que suele generar grandes réditos a largo plazo. Si se consigue superar todas las fases.

La comarca de Guardo es hermana minera de la de Sabero, y su historia está estrechamente ligada a ella no sólo por la extracción de carbón sino por el ferrocarril de Hulleras de Sabero que llegaba a Cistierna y desde allí, por la Feve, se conectan las dos últimas localidades. Por eso una de las conferencias de la serie 'Los Usos del Carbón' se va a centrar en una de las factorías más importantes de la cabecera de la comarca de la montaña palentina.

Para ello se contará este sábado 20 de junio a las 18 horas con la presencia de un afamado divulgador científico –organizador de Naukas Guardo entre otros eventos de conferencias científicas– que explicará en una amena charla “cómo se utilizó el carbón y la caliza para fabricar a gran escala carburo de calcio en la fábrica de Guardo, para dar forma a lo que llegó a ser el mayor centro electroquímico en su clase de España, donde se producían decenas de productos químicos fundamentales para la industria española y también para exportación a todo el mundo”.

La conferencia se titulará 'La fábrica electroquímica de Guardo', en la que el también escritor Alejandro Polanco Masa explicará cómo uno de los usos alternativos del carbón también constituyó uno de los capítulos más destacados de la historia industrial del norte de Palencia. Fundada a comienzos del siglo XX, aprovechó los recursos energéticos de la cuenca minera y el potencial hidroeléctrico de la zona para desarrollar una innovadora producción química basada en procesos electroquímicos. Entre sus principales actividades destacó la fabricación de carburo cálcico, un producto fundamental para la industria de la época, utilizado tanto en la generación de gas acetileno para iluminación como en diversos procesos industriales.

Esta instalación se convirtió además en un motor económico y social para Guardo y su entorno, al impulsar la creación de empleo, el crecimiento demográfico y el desarrollo de infraestructuras en una comarca estrechamente vinculada a la minería y la industria. Su actividad dejó una profunda huella en la memoria colectiva de varias generaciones y constituye hoy una pieza clave para comprender la evolución industrial de la Montaña Palentina.

La mayor industria química del Noroeste de España

La fábrica química de Guardo se gestó cuando la Unión Española de Explosivos eligió la localidad en 1920 por sus condiciones excepcionales: carbón de antracita, caliza de calidad, agua, energía hidroeléctrica y ferrocarril. Sin embargo, la construcción no arrancó hasta 1942, por la Guerra Civil, y la actividad comenzó en 1943 con una instalación todavía modesta, centrada primero en la producción de carburo.

Durante las décadas siguientes, el complejo fue creciendo y diversificando su producción con ácido acético, acetona, DOP, octanol, cloratos y sosa, hasta convertirse en un gran polo químico. Su declive empezó en los años setenta, cuando el petróleo fue ganando peso y parte de la producción se trasladó a Tarragona; el cierre decisivo llegó en 1985, con la clausura del horno de carburo y parte de la factoría, aunque algunas plantas siguieron activas hasta que la historia industrial del conjunto se dio por acabada entre 2007 y 2008.

Alejandro Polanco (@Alpoma en TwiXter) es también investigador y divulgador especializado en la historia industrial de la provincia de Palencia, cuya trayectoria se ha centrado en el estudio y recuperación de la memoria de las industrias que contribuyeron al desarrollo económico y social del territorio. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos de investigación y difusión del patrimonio industrial y minero autonómico.

La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa en el propio centro o a través del teléfono 987 718 357.

A las doce de la mañana de este 10 de junio se bajaban las trapas de la totalidad de los establecimientos comerciales y empresariales en la comarca de Laciana. Sólo en algunos se mantuvieron servicios mínimos. Y la gente comenzó a concentrase en la avenida de la Constitución frente al Ayuntamiento.

Después de los prolegómenos, salió la manifestación encabezada por una pancarta con el lema 'Una Laciana con futuro' y un subtitulo muy sugestivo: 'Hay que poner fin a tantas décadas de promesas, mentiras, excusas y discriminación'. 

Portando la pancarta de cabecera los cabezas de lista de los tres grupos políticos municipales (PSOE, IU-Podemos y PP) y los tres secretarios comarcales de los sindicatos (CCOO, UGT y USO). Seguidos por los numerosos vecinos concentrados, unos dos millares.

El recorrido por varias calles de Villablino discurrió casi en ambiente festivo, disfrutando de la soleada mañana, y escuchándose, especialmente en la cabecera de la manifestación, algunas consignas ya muy escuchadas y repetidas en la comarca desde hace bastantes años, como 'Laciana no se vende, se defiende'.

Al finalizar, nuevamente frente al edificio consistorial, los que encabezaban la manifestación subieron al balcón de la sede de CCOO en Villablino para colocar la pancarta en su baranda. Desde donde dos jóvenes estudiantes locales leyeron el manifiesto preparado para el evento, para poner fin a la concentración.

Un final que no me dejó personalmente un buen sabor de boca, puesto que no me gusta la utilización de los jóvenes para cuestiones políticas. Si de lo leído en ese manifiesto nada o todo se cumple, no se debe ligar esa imagen de fracaso, más probable, o acierto a los jóvenes. Si no a los que han sido elegidos como representantes públicos para que asuman los errores y aciertos de su gestión.

¿Y ahora qué?

La propuesta política nacida de un pleno del 30 de julio de 2025 ha recibido el respaldo social solicitado. Pese a que han tardado un año en solicitarlo y de la que parecen haberse adueñado los sindicatos locales, pues realmente fueron los únicos firmantes de la pancarta.

Es de suponer que de inmediato los grupos políticos proponentes iniciarán una peregrinación por las instituciones superiores, Gobierno Central, Autonómico y Diputación Provincial, al que se puede añadir la CE, exigiendo los acuerdos incluidos en la propia moción. Con argumentos suficientes y olvidándose de colores políticos.

ILEÓN solicitó al Ayuntamiento de Villablino, el uno de agosto de 2025 información sobre a que instancias superiores, ministerios, consejerías, parlamentos, plenos o departamentos se iba a dar traslado de la moción y las demandas; y a fecha de hoy aún no ha recibido respuesta a sus preguntas.

Es de suponer que los siguientes pasos para reclamar lo que todos dicen es de justicia, no se demoren de nuevo un año. Para animar al resto de organismos públicos, especialmente en los asuntos de tasas e impuestos, el propio Ayuntamiento de Villablino podría dar ejemplo rebajando el coste de las tasas, permisos, y demás tramitaciones municipales a los emprendedores, aunque solo fuese en cantidades mínimas y simbólicas.

El Ayuntamiento de León ha suscrito un convenio urbanístico con la empresa farmacéutica Laboratorios Syva para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de incrementar la edificabilidad de su parcela en el Parque Tecnológico y facilitar así la ampliación de sus instalaciones.

Una operación que refuerza el peso del sector biotecnológico en la ciudad y abre la puerta a nuevas inversiones y empleo cualificado.

El acuerdo, firmado a finales de mayo y publicado este martes en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León), permitirá elevar el techo edificable de la parcela M-15-16 —en la que la empresa opera desde 2008— hasta un índice de 0,8 metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo, el doble del actual.

Esta modificación de la ordenación detallada permitirá a Syva acometer nuevas fases de crecimiento industrial y científico.

La iniciativa responde a la creciente demanda de producción y a la necesidad de ampliar la capacidad de investigación y desarrollo de la compañía especializada en salud animal y con presencia internacional.

En una primera fase, la empresa prevé levantar una nueva edificación de unos 8.000 metros cuadrados que prácticamente agotará la edificabilidad actual, lo que ha llevado a plantear esta modificación urbanística para asegurar futuras ampliaciones.

Para hacer posible este incremento, el convenio contempla un mecanismo de trasvase de edificabilidad desde otras parcelas del Parque Tecnológico que aún no han sido desarrolladas.

Esos suelos, que suman cerca de 12.000 metros cuadrados, pasarán a destinarse a espacios libres públicos y aparcamientos, lo que permitirá compensar urbanísticamente el aumento de volumen edificable en la parcela principal de Syva.

De este modo, la edificabilidad industrial de esas parcelas —más de 9.400 metros cuadrados— se concentrará en la finca de la empresa, que alcanzará una superficie construible total próxima a los 44.500 metros cuadrados.

Al mismo tiempo, se incrementarán las dotaciones públicas del entorno, en línea con las exigencias de la normativa urbanística.

El Ayuntamiento justifica el interés general de la operación en el impacto económico de la compañía, considerada una de las principales firmas del sector farmacéutico veterinario.

Syva, integrada en un grupo industrial con presencia global, exporta a decenas de países y ha experimentado un crecimiento continuado en empleo, con cerca de 300 trabajadores en León.

El Consistorio destaca que el proyecto contribuirá a consolidar a la ciudad como uno de los polos farmacéuticos de referencia en España y a generar nuevos puestos de trabajo especializados, además de favorecer la diversificación del tejido productivo local.

La ampliación permitirá además concentrar en el Parque Tecnológico actividades que actualmente se desarrollan en Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés del Rabanedo.

Entre las nuevas instalaciones previstas figuran áreas de control de calidad centralizadas, espacios de fabricación de productos farmacológicos, desarrollo de vacunas y bioprocesos, así como laboratorios de investigación y zonas para futuras tecnologías.

El convenio establece compromisos para ambas partes. El Ayuntamiento se encargará de impulsar la tramitación de la modificación urbanística y de los instrumentos de desarrollo necesarios, mientras que Syva asumirá todos los costes asociados, incluidos los de urbanización y la cesión gratuita de los terrenos que pasarán a uso público.

La empresa dispondrá de un plazo de tres meses para presentar la modificación de ordenación detallada, paso previo a la obtención de licencias y al inicio de las obras.

El acuerdo, aprobado inicialmente en octubre de 2025 y de forma definitiva en abril de 2026, constituye un requisito imprescindible para la materialización de las inversiones previstas.

La operación se enmarca, además, en un contexto de creciente demanda de suelo industrial en León y en la apuesta por un desarrollo más sostenible, al priorizar la ampliación de instalaciones ya existentes frente a nuevas ocupaciones de suelo.

La planta de fabricación de metanol de La Robla incrementa su capacidad productiva (de 100.000 a 140.000 toneladas al año), al tiempo que duplica la potencia de la caldera de biomasa que suministra calor al proceso (de 15 a 30 megavatios). Son los dos principales cambios de la modificación sustancial de la instalación solicitada por el proyecto La Robla Green y autorizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, según publica en su edición de este lunes el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

La Robla Nueva Energía es la planta de producción de metanol verde (e-metanol), que complementa a Roblum, de generación de energía eléctrica renovable a partir de biomasa, dentro del proyecto La Robla Green. Los promotores solicitaron en mayo de 2025 una serie de modificaciones. Y el Gobierno autonómico da ahora su conformidad.

Además de los incrementos de la capacidad productiva y de la potencia de la caldera de biomasa, el proyecto incluye ahora la instalación de un nuevo oxidador térmico para la combustión de los gases residuales del proceso, que funcionará en continuo, mientras se mantiene la antorcha sólo para casos de emergencia.

La modificación sustancial ahora aprobada también implica la adopción de cambios en la disposición de las instalaciones y equipos en planta, así como aumentos de la capacidad de diversos tanques con el consecuente incremento de la producción y en el consumo de recursos y materias primas y en la producción de residuos, como el fusel oil.

El caso es que el visto bueno a la modificación sustancial redobla la relevancia de la planta de metanol verde, anunciada ya en su día como la más grande de Europa. A su vez, el proyecto La Robla Green está llamado a la reactivación económica de una zona afectada por el cierre de su central térmica, derivado del final de la minería del carbón.

“Tirarse un pedo en la mina, sin avisar, es una cabronada”. Pese a la contundente frase de apertura, este no es un artículo escatológico sobre el pedo. Es un texto que solo trata de recordar y evidenciar unos hechos que solo existen en la memoria olfativa de los mineros. Porque los olores dentro de la mina se agrandan e intensifican debido a razones que tienen una explicación científica.

Aquí se recogen testimonios de los mineros sobre esa peculiaridad de los olores en la mina, sus anécdotas, sus recuerdos más agradables o desagradables, los que les marcaron, los más repetitivos. Olores característicos y únicos: el olor de la humedad y el carbón, del agua estancada, de las ratas muertas, del agua ferrugiñosa, del humo de los chispazos que producen las varillas del pantógrafo al rozar sobre la línea eléctrica, de la dinamita explotada, del sudor de los compañeros, de la madera húmeda y en descomposición.

Infinidad de olores relacionados con las actividades propias de cada trabajador y del área de mina en que se desenvuelve: galerías abiertas, talleres de extracción de carbón, pozos de balanza, chimeneas y pozos en fondo de saco, cortes de avance de galerías. El trabajo que se hace y el lugar determinado, la maquinaria y herramientas empleadas, la proximidad de otros trabajadores, todo condiciona esas percepciones olfativas.

La memoria olfativa es duradera, y ciertos olores pueden evocar recuerdos a largo plazo, como el olor de una goma de borrar, de un lapicero, de una comida familiar, y que pueden hacernos sentir nostalgia. Infinidad de olores que han quedado en las memorias de los mineros y que en algunos casos les cuesta evocar, pues el mundo del exterior no los repite.

Siempre al hablar de esos olores se debe tener en cuenta la situación, en cuanto a ubicación, del que los percibe. Para ello hay que pensar en el sistema de ventilación, natural en las galerías y talleres de mina de montaña, inducida en frentes de fondo de saco o minas de profundidad y pozos. El primer supuesto, mejor ventilado; el segundo, algo peor.

Si quien los percibe está a favor del viento, puede llegar a oler cosas que están a cientos de metros, “alguien comiendo una naranja se huele a casi un kilómetro”; los procedentes del exterior como el tabaco, la hierba segada secando al sol, son algunos de los olores de más largo recorrido por las galerías mineras.

Volvemos aquí a la ventosidad del comienzo y recordamos el poema al pedo de Francisco de Quevedo donde dice: “Si un día algún pedo toca tu puerta / no se la cierres, déjala abierta / deja que sople, deja que gire / a ver si hay alguien que lo respire”.

Y si había quien lo respiraba en la mina, el pedo, además de un alivio y relax para el que se pee, era un “cabronada” para los compañeros cercanos que con viento favorable de la ventilación percibían, como perro cazón, los efluvios olorosos del ingrato compañero que no había avisado con tiempo suficiente del evento.

“Yo vi en un taller del sector Peñas a gente devolver (vomitar) a causa de los olores de un pedo y también cuando algún bromista cabroncete hizo explotar una bomba fétida en el mismo lugar”, este es uno de los recuerdos recogidos.

Las razones científicas

Los olores suelen sentirse mucho más intensos dentro de una mina que en la calle por una combinación de concentración de gases, falta de ventilación natural y condiciones ambientales extremas. El aire en la mina está atrapado, circula poco o nada, los gases y olores se acumulan, la humedad y la temperatura estable favorecen que los compuestos olorosos se mantengan en el ambiente.

Esto hace que la concentración de moléculas olorosas sea mucho mayor, y por eso la nariz las detecta con más intensidad. Unas moléculas olorosas que proceden de los gases naturales de la mina, de los minerales, de la humedad y la temperatura, de la propia actividad humana en el interior.

Como colofón se puede concluir que los olores son más intensos en una mina porque no se dispersan: se quedan concentrados en un espacio cerrado, húmedo y mal ventilado. Y la nariz recibe más moléculas olorosas por cada respiración que en el exterior.

Recuerdo y vida olfativa de los mineros

“La verdad es que en ocasiones siento nostalgia de ese mundo y esos olores”, comenta alguien que trabajó en Peñas y Paulina; “y casi sueño con volver a coger la cacha y recorrer despacio esos lugares por los que trabajé”, siendo consciente de que hoy es imposible.

Buscar esos olores, “a medida que entrabas, el olor a fresco y humedad, a madera húmeda, al polvo del carbón, a dinamita”, recordando “los agradables de la comida”. Cuando aún se llevaba bocadillo, “cómo olían los bocadillos de cada uno y los ratos agradables que pasábamos en ese tiempo de bocadillo”.

En el grupo Calderón “teníamos dos tipos de mina, El Pozo y la mina de montaña, cada uno con sus olores bien diferenciados, porque no es lo mismo una ventilación natural que forzada”. Un olor “muy característico los calorines (pequeñas capsulas con aceite para los martillos neumáticos) cuando se metían en los martillos de picador o de barrenista”.

Hay quien se decanta por los olores de la madera nueva que entraba del exterior, “y para mí mejor la de roble que la de eucalipto o pino”. Entre los agradables, “la salida del pozo en la jaula, la diferencia entre el aire viciado de la mina y el aire limpio, fresco y puro del exterior”.

Sobre los olores de la madera, alguien que nunca entró a la mina, que solo hizo trabajos en el exterior, también recuerda los de la madera, “la mezcla del pino y el eucalipto recién cortado, sobre todo cuando hacia frío, era una sensación indescriptible”.

Daba igual la empresa, la mina era una fuente olores repetidos bajo unas u otras siglas comerciales. Así lo recuerdan desde La Escondida (Hijos de Baldomero García), “el olor de la madera, tanto de la fresca cuando entraban las mesillas de piquetes y puntalas, como el olor de la madera podre húmeda que se te quedaba metido en la nariz”.

Remata su comentario con una valoración muy personal, “la madera podrida huele tan mal y es tan penetrante, que luego hasta tus propios pedos te olían como a madera podrida”.

Para los fumadores resultaba agradable y obligaba a acelerar el paso, si alguien había salido primero y encendido un cigarro de los que se dejaban escondidos en la bocamina, “ese olor era como en los anuncios de Red Bull, y te llevaba en volandas hacia fuera”.

Sobre el asunto escatológico un comentario más, “cuando tiraba un pedo el picador que estaba por debajo de la serie tuya te lo comías entero, con espinas y todo”. Y añade que los peores eran los vecinos de un pueblo, que no nombraremos, “los más mal educados tirando pedos con muchísima diferencia sobre el resto, cuando les llamabas la atención siempre te contestaban con la misma frase; más vale perder un amigo que un mazo de tripas”.

En el grupo Bolsada, en la planta cero, había un potente ventilador instalado en un primer tramo de la galería para introducir aire desde el exterior captado en el entorno del barrio de El Carbachón. “En invierno metía un frio que te helaba los huesos y los carámbanos se formaban casi hasta un kilómetro mina adentro”. Pero en verano impregnaba ese recorrido de galería “del olor agradable de la hierba recién segada y secando al sol en los prados de El Carbachón”.

Un trabajador que fue barrenista del grupo Lumajo comenta sobre el característico olor de los restos y vapores (comúnmente entre los mineros se les denominaba “ácidos de la dinamita”) resultantes de las explosiones de la dinamita, que además se convertían en muy peligrosos cuando se atravesaban zonas de pórfido.

Un tipo de roca volcánica muy dura, “este tipo de roca, no sé por qué motivo acumulaba y retenía mucho más esos ácidos”. Lo que implicaba una especial atención para regar bien la pega (mineral desprendido por la voladura de la dinamita en la zona de avance de la galería) “antes de respirar ese ambiente, porque una bocanada de ese aire podía provocarte un desmayo y fuertes dolores de cabeza”.

Los olores corporales

En los lugares con menor ventilación, varios mineros recuerdan que se podía percibir perfectamente el olor corporal “de los compañeros más próximos, no había dos personas que oliesen igual, el sudor, el polvo, la ropa, la humedad generaban un olor característico de cada persona y en cada momento”.

Una sensación de esos olores muy difícil de percibir en el ambiente exterior con la claridad y sensaciones de la mina, según nos confirman la mayoría de los testimonios recogidos.

El aseo personal era, por lo tanto, una necesidad perentoria. El recuerdo de nuestros informantes ya se circunscribe todo él a los años en que los cuartos de aseo en los grupos mineros eran obligatorios y estaban bien dotados de duchas y perchas para la ropa, con ventilación adecuada.

No obstante, el olor de estos cuartos de aseo era también característico. Distinto en la entrada del relevo, cuando el espacio había tenido tiempo sobrado de ventilación, o en la salida de los relevos, “con las mezclas de los olores corporales con los de la ropa húmeda por el agua o por el sudor, el del vapor del agua caliente de las duchas mezclada con los olores de los jabones” y elementos de aseo utilizados.

Habitualmente, los mineros retiraban semanalmente la ropa para llevarla a casa a lavar, aunque en ocasiones algunos tenían que hacerlo con una mayor frecuencia por las circunstancias del desempeño de su labor. Casi siempre con un factor muy importante que condicionaba esa necesidad de cambiar la ropa con mayor frecuencia: las mojaduras que podían soportar por el agua en el trabajo.

El uso extendido de las mascarillas de goma con filtros de papel bajo las que quedaban boca y nariz hacía que los olores se amortiguasen con este sistema de protección, e incluso no se percibiesen, “porque solo olías tu propio aliento”.

Una situación que se alteraba por completo al retirarla, “para hablar y que te entendiesen bien o para eliminar el líquido de condensación que se acumulaba por el propio aliento”, entonces todos los olores del entorno llegaban directos al sistema olfativo, “dejabas de olerte a ti mismo para oler al resto”.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado las obras de las calles de rodaduras y plataformas destinadas al aterrizaje, despegue, vuelo y maniobras del sistema Sitarp (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones) en la base aérea de León, por un importe final de casi 20 millones (19.888.050 euros), según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles.

El contrato tiene como objetivo la adecuación de infraestructuras clave en esta instalación militar para la operativa de estos sistemas aéreos de drones d ealtas prestaciones no tripulados de nueva generación, vinculados a las capacidades tecnológicas y de defensa del Ejército del Aire.

La actuación se enmarca en el expediente denominado 'Rodaduras y plataformas para SitarpEA' en la base de La Virgen del Camino e incluye trabajos propios de construcción de superficies de maniobra aérea, como pistas auxiliares y plataformas.

La adjudicación fue resuelta el pasado 7 de abril de 2026 mediante procedimiento abierto, con la participación de un total de diez empresas, todas ellas pequeñas y medianas empresas (pymes). Finalmente, el contrato ha sido adjudicado a la unión empresarial formada por Grupo Render Industrial Ingeniería y Montajes SL, de Cáceres, Extremadura, y ASCH Infraestructuras y Servicios SA, con sede en Murcia. La cantidad final baja sustancialmente de los 23,5 millones en los que inicialmente se había licitado.

Las obras, con un plazo de ejecución de 12 meses, todo un año, contemplan la construcción de tres plataformas de estacionamiento, así como las rodaduras necesarias de acceso a la pista 05-23 de la Base Aérea. Estas infraestructuras darán soporte directo a las operaciones de los Sirtap que se desplieguen en León, tanto para el Ejército del Aire y del Espacio como para el Ejército de Tierra.

La ejecución de estas obras supone un nuevo paso en el posicionamiento de la base aérea de León como enclave relevante para la implantación de sistemas no tripulados en España, en línea con la modernización de las capacidades de defensa impulsadas por el Ministerio.

El programa Sitarp, diseñado y fabricado al 100% en España por Airbus, está orientado a dotar al Ejército del Aire de aeronaves remotamente tripuladas con mayores prestaciones, destinadas tanto a misiones de vigilancia y reconocimiento como a operaciones más complejas en escenarios de seguridad y defensa.

El programa Sirtap es un desarrollo conjunto entre España y Colombia y ya se encuentra en fase avanzada, con la entrega del primer prototipo y la realización del primer vuelo. Defensa lo define como “el primer sistema aeronáutico militar de Clase II/III desarrollado completamente en España”. El programa global tiene un valor de 595 millones de euros, y España prevé la adquisición de 27 aeronaves, de las cuales León podrá albergar casi la mitad del total.

El dron Sirtap cuenta con 7,3 metros de longitud, cerca de 2,5 metros de altura, una envergadura de 11,3 metros, un peso de 750 kilos y un alcance superior a los 2.000 kilómetros, características que lo convierten en una pieza clave para misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia. Puede operar 20 horas seguidas y alcanzar una altitud de vuelo de 21.000 pies.

La revisión del 'Plan Regional de ámbito sectorial denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León' puesto en marcha por la consejería de Medio Ambiente, aprobado en 2014 y actualmente en fase de alegaciones, apoya la construcción de un nuevo vertedero de gestión de residuos peligrosos en Castilla y León, como el proyectado en las inmediaciones de Astorga y pegado al actual vertedero de residuos domésticos provincial, ubicado en San Román de la Vega, municipio de San Justo de la Vega.

El macroproyecto de vertedero de residuos peligrosos está proyectado por una sociedad del empresario babiano Macario Fernández y, pese a la oposición surgida, cuenta ya con aval ambiental de la Junta de Castilla y León aunque informes previos en contra del gobierno autonómico lo llegaron a considerar como innecesario, aunque luego se corrigó en otro informe esa calificación.

El nuevo plan de residuos autonómico recoge que actualmente solo hay un vertedero de residuos peligrosos en Castilla y León, ubicado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), que prevé una pequeña ampliación que situaría su vida útil entre 10 y 12 años más. Por ello consideran que “Puesto que la vida útil del vertedero, con la ampliación proyectada, sigue teniendo una vida útil limitada, sería necesaria, a medio plazo, la construcción de un nuevo vertedero de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma”.

Eso sí, el plan señala “la instalación de nuevas instalaciones de valorización de residuos peligrosos, así como su ampliación, dependerá de la iniciativa privada”. Según los datos de la Junta de Castilla y León el 60% de los residuos peligrosos no son valorizables, bien con su reciclaje o como su uso de combustible energético, lo que supone que anualmente hay que enterrar unas 142.309 toneladas de residuos peligrosos.

En el año 2023, la comunidad generó 241.219 toneladas de residuos industriales peligrosos, con un incremento del 32% respecto al año 2010. El 56,2% proviene de procesos productivos y el 43,8% de operaciones de tratamiento de otros residuos, destacando como origen la producción y transformación de metales (21%), el tratamiento de residuos y aguas (23,9%) y la industria química/farmacéutica (9,9%).

En cifras el macrovertedero ocupará 140,6 hectáreas entre los municipios de San Justo de la Vega, Benavides y Villares de Órbigo La vida útil estimada para enterrar residuos es de 20 años: 20 para los residuos no peligrosos y 15 para el vaso de residuos peligrosos. La capacidad de los vertederos es para los residuos industriales no peligrosos de 2.744.679 m3 y para los residuos industriales peligrosos: 796.136 m3. Traducido en toneladas al año es de 55.000 toneladas al año para enterrar residuos peligrosos, 825.000 en su vida útil estimada de 15 años, y de 104.000 toneladas para los residuos no peligrosos.

Según la empresa, el empleo inducido del proyecto es de 474 trabajadores (sumando directos e indirectos): 180 directos entre la fase de construcción y funcionamiento y 294 indirectos relacionados con transporte y otras tareas. La inversión total estimada es de 35 millones de euros.

El proyecto de Astorga también ha estado rodeado de polémica política por la vinculación del consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con el empresario promotor, en cuyo holding trabajaba uno de sus hijos. Ni la Fiscalía ni el comité de ética autonómico han encontrado problemas en esa relación y la aprobación del expediente del macrovertedero.

El macrovertedero está pendiente de obtener las autorizaciones definitivas y de la resolución judicial de los recursos al visto bueno ambiental, recurrido entre otros por el Ayuntamiento de San Justo de la Vega. Además, los problemas financieros que ha arrastrado en los últimos años su promotor, con varias sociedades en situación de preconcurso que ha solventado, han retrasado el proyecto.

El balance comercial de la provincia de León en 2025 ha experimentado un descenso significativo en su superávit, aunque se mantiene en valores positivos, siguiendo la tendencia tradicional de la provincia. Son datos extraídos del Informe de Comercio Exterior de la Provincia de León elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de León, presentado este vierns por el presidente de la institución cameral, Javier Vega, y el catedrático de la Universidad de León y director del estudio, José Luis Placer.

Al igual que ya ocurrió en 2024, el comercio exterior de León en 2025 ha tenido una evolución desigual. Mientras que las importaciones mantuvieron su habitual trayectoria ascendente alcanzando los 1.336 millones de euros, lo que supone un incremento de 224 millones sobre la cifra del año anterior, las exportaciones se redujeron en 196 millones, lo que representa una tasa anual de -12%, situándose en un total de 1.438 millones de euros. El resultado de ambos flujos ha sido un saldo comercial positivo, como viene siendo habitual en nuestra provincia, en este año de 102 millones de euros pero con una notable caída ya que en 2024 ese mismo saldo fue de 523,07 millones de euros.

Según el infome los factores para esta situación fueron la fuerte caída del mercado en Portugal, donde las ventas disminuyeron en 263,55 millones. Por sectores, el mayor impacto negativo se dio en el complejo agroalimentario, seguido de la industria química, el vidrio y los productos de fundición de hierro y acero.

La Zona Euro sigue siendo el principal mercado de las exportaciones leonesas, pero perdió peso como destino debido a la situación con Portugal, pasando de representar el 69% de las exportaciones en 2024 al 60,4% en 2025. Por el contrario, se produjo un incremento de las exportaciones hacia Norteamérica (que subió del 6,4% al 11,8% del total), pese a la crisis aranceralia desatada por Donald Trump, y también subió el intercambio comercial con Iberoamérica.

Top 10 productos que exporta León (por valor económico)

La caída de la carne de cerdo

Uno de los datos más llamativos de las exportaciones es la caída de las ventas exteriores de la carne de cerdo, reduciéndose prácticamente a la mitad en comparación con el año anterior. En términos de cifras, la partida de carne de porcino pasó de exportar 100,43 millones de euros en 2024 a solo 49,95 millones en 2025.

Según el informe entre las causas principales de este descenso están la pérdida de ventas en los mercados asiáticos de Corea del Sur, China y Japón. Además las ventas también cayeron en tres destinos europeos importantes: Francia, Portugal y Rumanía. Específicamente en el mercado portugués, la carne de porcino registró un retroceso de 4,87 millones de euros.

Las exportaciones de porcino bajaron en toda España, con un descenso del 6% pero en la provincia de León la caída fue mucho más acusada, hasta ser la mitad.

Top 10 productos que importa León (por valor económico)

El factor Portugal

La caída del mercado en Portugal fue el factor determinante del retroceso de las exportaciones leonesas en 2025, señala el informe de la Cámara de Comercio e Industria de León, con una disminución de valor de 263,55 millones de euros (un -49,8% respecto al año anterior), lo que afectó de manera profunda y transversal a los sectores más tradicionales de la provincia.

El sector más castigado fue el agroalimentario, acumulando una pérdida de 177 millones de euros en sus ventas a Portugal. Los productos tradicionales más afectados fueron los productos de galletería sufrieron un descenso de 28,44 millones, seguidos de las pastas alimenticias (-7,76 millones) y diversas preparaciones de panadería (-3,91 millones). Le sigun los lácteos como el yogur y el suero de mantequilla registraron una caída conjunta de 17,29 millones, mientras que el queso retrocedió 8,82 millones y los helados 11,28 millones. Los productos cárnicos como las preparaciones y conservas de carne cayeron 17 millones, los animales vivos de especie bovina 8 millones, y los embutidos y la carne de porcino cerca de 5 millones cada uno. También lo hicieron el cacao y sus preparaciones (-8,64 millones), las conservas de hortalizas (-9,82 millones), el azúcar blanco (-2,62 millones) y el agua (-3,07 millones).

Además el sector químico cayó sus ventas exteriores a Portugal en 49 millones de euros, centrados en la bajada de vents de Las preparaciones de limpieza industrial, que bajaron 17,73 millones. También hubo descensos significativos en productos para el cuidado personal (-8,41 millones), preparaciones para desodorizar locales (-6,93 millones), preparaciones capilares (-5,66 millones), jabón (-4,96 millones) y perfumes (-4,2 millones).

El vidrio cayó en ventas de exportación 20,5 millones de euros en ventas a Portugal. El producto más afectado fue el vidrio flotado, cuyas exportaciones a este país se desplomaron en 22,73 millones, junto al vidrio colado o laminado que bajó 2,23 millones. También perdieron fuelle la pizarra, la fundición de hierro y acero o los metales.

El informe cree que la caída también puede deberse a que alguna de las plataformas logísticas ubicadas en la provincia haya variado sus mercados ya que la mayor parte de los productos afectados van dirigidos a un consumidor individual y doméstico y no tanto industrial.

Top 10 productos que importa León (por valor económico)

En cuanto a la procedencia general de las mercancías que entran en la provincia, los proveedores principales de León en 2025 fueron la Zona Euro con el 60% del total. Francia es el principal proveedor con el 15,1% del total importado, seguida de Portugal (9,8%), Italia (9,8%), Alemania (9,2%), Países Bajos (8,9%) y Bélgica (4,5%).

Fuera de la Zona Euro los mayores proveedores son China (7,6%) y Estados Unidos (5%), seguidos de Turquía, Canadá, Argentina, Japón, India, Noruega y México.

La Junta de Castilla y León no descarta que la empresa Indra fije su interés en algún emplazamiento de la provincia de León para su anunciado proyecto de una fábrica de nueva creación de vehículos blindados, dado que su inicial interés por Asturias no está de momento avanzando todo lo necesario.

En concreto, el portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández, ha confiado este jueves en mantener e incluso ampliar los proyectos de Indra en la Comunidad, aprovechando, dijo, la buena sintonía de su anterior director, el vallisoletano José Vicente de los Mozos, pero también con su sustituto, José María Recasens, que conoce “muy bien” la realidad industrial de Comunidad. Por eso, aseguró que “yo espero noticias positivas por parte de Indra hacia Castilla y León”, al ser preguntado por la posible implantación de la factoría de blindados que en el Principado parece encallada. A pesar de todo, el consejero quiso ser cauto y apeló a la “prudencia”, al considerar que corresponde a la propia empresa anunciar cualquier nueva inversión o iniciativa prevista.

“Nuestra oferta es permanente, cualquier oportunidad de inversión es bienvenida y afortunadamente hemos desarrollado bastante suelo industrial para ofrecer, a disposición de cualquier empresa que quiera invertir”, por lo que también “Indra es bienvenida”, subrayó Carriedo. En beneficio de León y de la Comunidad, además, aseguró que “nosotros no tenemos ningún prejuicio respecto al sector de la defensa y la seguridad”, al contrario de “otros ámbitos territoriales donde esto puede estar ocurriendo: no es el caso de Castilla y León”.

También ha recordado tras el Consejo de Gobierno el desarrollo de suelo industrial en provincias como León y ha defendido que Castilla y León ofrece ventajas competitivas por la cualificación de sus trabajadores, la existencia de cadenas de valor consolidadas y la experiencia industrial acumulada.

Indra ya tiene en marcha un proyecto fabril de tecnología de drones, de hecho proyectando la mayor fábrica de drones de uso militar en España, así como de munición bélica, junto a una compañía de Emiratos Árabes, que se implantará con una inversión prevista de unos 20 millones de euros en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, tal y como se anunció hace meses por parte de la compañía, el Gobierno y la propia Junta. También otra planta de última generación para la fabricación de micro-motores de drones en Valladolid y algunos proyectos añadidos en Salamanca, recordó Carriedo.