La Guardia Civil investiga a 13 empresas de desguace (centro autorizado de tratamiento) en la provincia de León por irregularidades, tanto en la gestión física como documental, de los gases de efecto invernadero procedentes de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso. Son 20 los responsables de estos centros de tratamiento los que se investigan en la provincia.
El Seprona de León ha determinado que los desguaces no gestionaban correctamente estos gases procedentes de los vehículos destinados al desguace ya que al final de la vida útil de un vehículo, estos deben ser recuperados y acumulados en unas bombonas específicas para su almacenaje, comunicándose dichos datos a través de una memoria ambiental a la Autoridad competente en materia de residuos de la Comunidad Autónoma, tanto la cantidad recuperada como el destino y gestión que se le dan a dichos residuos.
De las gestiones realizadas por el equipo del Seprona de León se determinó que estos 13 desguaces no estaban gestionando correctamente los gases de los circuitos de aire acondicionado de los vehículos destinados a desguace. Así, al final de la vida útil de un vehículo, estos deben ser recuperados y acumulados en unas bombonas específicas para su almacenaje, comunicándose dichos datos a través de una memoria ambiental a la autoridad competente en materia de residuos de la Comunidad Autónoma, tanto la cantidad recuperada como el destino y gestión que se le dan a dichos residuos.
Las investigaciones llevadas a cabo determinaron que existía un desfase entre la cantidad declarada y la que debería de haberlo sido recuperada en unos gases que, por su tipología y composición pueden afectar gravemente a la capa de ozono o aumentar la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, lo que favorece el calentamiento global.
Investigación
Para el desarrollo de la investigación, la Benemérita contó con información de la Jefatura Provincial de Tráfico de León y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con las que se elaboraron los correspondientes informes periciales por la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de Madrid, que controlaron casi 40.000 vehículos dados de baja entre los años 2019 y 2022. Los informes periciales determinaron unas emisiones que podrían haber alcanzado las 15.621 toneladas de CO2.
Después de siete meses de investigación, se detectó que 13 centros de tratamiento de vehículos no cumplían con las normas establecidas, lo que dio lugar a que se tome declaración en calidad de investigados a 20 personas como presuntas autoras de un delito contra el medio ambiente. Asimismo, se descubrieron irregularidades de ámbito administrativo por otros conceptos, que serán denunciados ante la autoridad competente.