Muerte a bocajarro de dos afiladores y guardias civiles libres por “defender la sagrada patria”: lo que una fosa guarda en Trabadelo

Hubo un tiempo en España, se cumplen ya 90 años, en el que la vida pendía de un hilo. No ocurría solo en un contexto de Guerra Civil, porque lejos de todo frente bélico el odio y la venganza también campaban a sus anchas, provocando historias desgarradoras que en una mayoría de casos jamás se conocerán.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de León quiere ahora arrojar luz sobre uno de aquellos episodios ocurrido en la comarca de El Bierzo. Tiene por protagonistas a dos víctimas, ambos afiladores gallegos; a un grupo de guardias civiles, que a pesar de aplicarles la 'ley de fugas' extrajudicial con un tiro en nuca resultaron eximidos de toda culpa por actuar en “cumplimiento del deber de defensa sagrada de la Patria”; e incluso a un alcalde franquista, líder local de Falange, que desveló este truculento suceso pero tuvo que rectificar por las amenazas de muerte sufridas.

La historia comienza con una escena sencilla: en agosto de 1938 dos hombres caminaban por un camino de Corullón. Eran Benigno Álvarez Gómez y José María Fernández Pérez, afiladores ambulantes, ambos de Nogueira de Ramuín (Ourense). Hablaban despreocupadamente sobre los incendios de iglesias y otros desmanes sangrientos durante la Guerra Civil en zona republicana. Y según consta en la investigación judicial abierta meses después, la versión que manifestaban en aquella charla intrascendente al aire libre versaba sobre la teoría de que los incendios atribuidos a los republicanos eran obra en realidad de fascistas del bando nacional.

Aquellas palabras casuales resultaron ser su perdición. Porque fueron escuchadas por una persona que acabaría ordenando su detención. Sería el origen de una pesadilla que terminaría con ambos jornaleros muertos de sendos disparos en la nuca, en plena madrugada a manos de guardias civiles, sin mediar juicio alguno, y con una investigación militar que los acabaría exculpando al considerar que en aquella ejecución actuaron por la “defensa sagrada de la Patria”.

Los ecos de aquella tragedia resuenan ahora, casi 90 años después. La ARMH prepara una nueva excavación para recuperar sus restos en el cementerio de Trabadelo, donde fueron enterrados después de que sus cadáveres aparecieran en una primera fosa en marzo de 1939. Se espera que la exhumación pueda ser en pocas semanas, tras avanzar los trámites a raíz de una solicitud de los familiares de uno de los asesinados. La actuación pretende devolver sus nombres a los restos que todavía permanecen en aquella sepultura sin inscripción, reconstruir sus últimos momentos y permitir que sus familias puedan recuperar sus cuerpos y darles la sepultura que ellos elijan.

Tanto Benigno Álvarez Gómez, de 37 años, como José María Fernández Pérez, de 44, habían nacido en Nogueira de Ramuín, en Ourense, y se ganaban la vida como afiladores ambulantes. La documentación conservada permite reconstruir no solo cómo murieron, sino también parte de las vidas que dejaron atrás, con esposas e hijos que quedaron separados de ellos por cientos de kilómetros y por una violencia que durante décadas permaneció cubierta por el silencio.

Cuando ambos recibieron un tiro cera del puente de Trébeda, en Trabadelo, Benigno había dejaba mujer y cinco hijos, y José María cuatro. Cuando los militares recuperaron el cadáver del primero en 1939, encontraron en su chaleco una cartera de cuero con sus cédulas personales de 1934 y 1935, el certificado de exención del servicio militar de 1925 y un resguardo de giro postal dirigido a su esposa. El segundo presentaba un disparo con entrada por la región occipital y salida por la frontal y pero no portaba llevaba documentos que permitieran identificarlo: fueron su estatura, de aproximadamente 1,70 metros, su complexión y las prendas que vestía (una guerrera caqui, un chaleco de dril y un pantalón azul de mahón) las que permitieron reconocerlo.

Una detención por hablar de los incendios de iglesias

La propia investigación militar, incorporada al expediente por la ARMH, sitúa el origen de los hechos en Corullón, donde los dos afiladores fueron detenidos por Antonio Merayo Arias, alcalde de la comisión gestora. Según las diligencias, Merayo los había escuchado conversar mientras caminaban y atribuyó a sus palabras una acusación especialmente comprometida en el contexto de la guerra: que los incendios de edificios e iglesias achacados a “los rojos” los provocaban los propios nacionales. También habrían hablado de las mutilaciones cometidas contra personas simpatizantes de izquierdas.

Sin que consten más testigos de que esa conversación fuera cierta, las supuestas palabras llegaron a conocimiento de la autoridad local y desembocaron en su arresto inmediato. Permanecieron entre tres y cuatro días detenidos en Corullón, hasta que una pareja de la Guardia Civil acudió a recogerlos en un autobús amarillo, conducido por Adolfo Ogando Mouco. El pretexto, según la reconstrucción del caso, era trasladarlos a Ponferrada para que declarasen ante el teniente coronel Pedro Romero Basart, jefe de Unificación de Servicios.

Pero la investigación atribuye a Romero Basart una consigna que lo cambiaría todo: no quería detenidos. Por eso los dos afiladores nunca llegaron a su destino ni a comparecer ante el mando militar. En una fecha incierta de la primera quincena de agosto de 1938, según la cronología que se extrae del expediente, en plena madrugada, entre la una y las dos, el vehículo frenó cerca del puente de Trébeda, en Trabadelo.

Los guardias civiles Bartolomé García Miguel, que todo el mundo conocía como 'Bartolo', y Antonio Feliz Álvarez, llamado 'Antonio', aparecen señalados en la investigación franquista como los autores materiales de los disparos. La reconstrucción de los hechos apunta a una ejecución extrajudicial, a bocajarro y por la espalda. Los informes forenses posteriores documentaron impactos de bala en la cabeza.

El alcalde falangista que lo contó todo y fue amenazado

Pero uno de los detalles que hace especial este caso es que entre los testigos de aquella madrugada se encontraba Camilo Santín García, alcalde de Trabadelo y además jefe local de Falange. Fue él quien testimonió en primera instancia la violencia ejercida contra los dos detenidos y la autoría de su ejecución. En su primera declaración, Santín explicó que la Guardia Civil lo había despertado en su casa de Pereje para que indicase el camino hacia Paradela. Subió al autocar y vio a los dos detenidos flanqueados por los guardias civiles de Villafranca del Bierzo. Al llegar al puente de Trébeda, relató, los hombres fueron obligados a bajar. Uno pidió que le permitieran cumplir sus deberes cristianos antes de morir pero, declara el regidor, los guardias lo rechazaron y les obligaron a caminar por delante.

Santín sostuvo inicialmente que estuvo dentro del vehículo y escuchó numerosos disparos. También que de regreso recriminó a los guardias el procedimiento empleado, porque podía ahuyentar a personas huidas que quisieran entregarse. La respuesta que dijo recibir fue una auténtica amenaza: a cualquiera que contara lo ocurrido “se le daría un tiro”.

El guardia civil Flavio Llanes Rodríguez, del destacamento de Trabadelo, intentó dar una explicación muy distinta. Según su relato, los agentes de Villafranca se habían adelantado con los prisioneros cuando se escuchó la voz de “¡Alto a la Guardia Civil!”, seguida de tres o cuatro disparos. Alegaron que los hombres intentaron escapar, la típica estampa de la irónicamente conocida como 'ley de fugas'.

El 18 de febrero de 1939, meses después de los asesinatos, Camilo Santín volvió a declarar para defender esta vez haber presenciado directamente la ejecución, a unos 20 metros de distancia. Según su nueva versión, vio cómo Bartolo y Antonio se adelantaban con los dos afiladores y los mataban con unos cuatro disparos de pistola. Llamativo: los guardias portaban fusiles. Admitió no haber contado toda la verdad en su primera comparecencia y su justificación fue que los dos guardias civiles lo habían amenazado de muerte, incluso asegurando que podían implicarlo a él en los crímenes si hablaba. Pero en realidad, lejos de intimidarle, reforzó la hipótesis de una fría y dejó constancia oficial y por escrito de los mecanismos de terror utilizados para proteger a sus autores.

Santín añadió otro detalle: los guardias pretendieron que, en su condición de alcalde, ordenara el entierro de los cadáveres. Se negó y exigió que le entregaran la orden por escrito.

Las autopsias, muy claras

Las denuncias sobre los desmanes violentos de la Guardia Civil en el entorno de Villafranca del Bierzo dieron lugar a las diligencias previas 1062/38 y 1063/38, incoadas los días 15 y 20 de septiembre de 1938 y que desvela ARMH. Se documentaron expresamente doce muertes extrajudiciales en la zona, las de los dos afiladores gallegos y otra decena.

El 16 de marzo de 1939 se exhumaron los cadáveres de Benigno Álvarez y José María Fernández de una fosa primaria situada en el paraje conocido como Peña de las Cabras, apenas a 70 centímetros de profundidad. Sus restos fueron trasladados al cementerio de Trabadelo para su autopsia e identificación y quedaron enterrados de nuevo en una fosa dentro del camposanto, donde siguen hasta hoy.

Dos médicos zanjaron que ambos murieron por destrucción de la masa encefálica causada por impactos de arma de fuego en la cabeza. Pero documentar con detalle los asesinatos no supuso castigo alguno a sus autores. El 20 de enero de 1940, la Auditoría de Guerra de Valladolid decretó el archivo y sobreseimiento de la causa sin exigir responsabilidad criminal. La resolución justificó los hechos como “incidentes propios de una guerra cruenta y dura” -sin que jamás hubiera ni frente bélico cercano-. Y sostuvo que los guardias habían actuado en “cumplimiento del deber de defensa sagrada de la Patria”.

Una sepultura sin nombre

La inhumación que ahora plantea la ARMH se apoya en los muchos documentos de la propia investigación militar. La diligencia del 16 de marzo de 1939 registró las medidas de la fosa dentro del cementerio de Trabadelo y eso permite delimitar hoy con exactitud el área de búsqueda. Se encuentra en la esquina sureste del recinto, en una sepultura de tierra lisa, sin inscripción ni elementos ornamentales, situada entre dos bloques de nichos de unos 2,30 metros de altura.

Marco González, que preside la Asociación en León, espera que los trabajos arqueológicos que dirigirá Serxio Castro Lois apenas sumen dos jornadas de excavación, en una zona de superficie máxima de cuatro metros cuadrados, limitando toda afección al entorno y no dañando los nichos próximos. Primero, se inspeccionará la superficie y se emplearán detectores de metales para buscar posibles restos balísticos. Después habrá excavación arqueológica manual, retirando la tierra por niveles y documentando los hallazgos. Si se confirma la presencia de la fosa correspondiente a las dos víctimas, se estudiarán posibles lesiones óseas producidas en el momento de la muerte para contrastarlas con las trayectorias descritas en las autopsias de 1939.

ADN para devolver los restos a sus familias

Contando con que los restos de los dos afiladores asesinados sean recuperados, se trasladarán al laboratorio de la ARMH en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. Allí se tomarán muestras de hueso y piezas dentales para realizar los análisis genéticos que permitan contrastar su ADN con muestras salivares de familiares.

Como siempre, se trata de un proceso gratuito para las familias, financiado íntegramente mediante las cuotas de los socios y las donaciones de la asociación, ya que no se piden subvenciones públicas para esta intervención. Finalmente, si hay coincidencia genética, los restos serán entregados oficialmente a sus familiares, que podrán decidir dónde inhumarlos. Solo si las pruebas no son determinantes se procederá a su reinhumación digna en el propio cementerio de Trabadelo, siguiendo el protocolo estatal.

Sea como sea, se cerrará el capítulo final de otro violento relato real de represión impune del franquismo y al menos se habrá podido desenterrar de cara a la opinión pública y a la historia. Su sepultura casi olvidada, como la autoría de su brutal asesinato, contará por fin con nombres y apellidos.