El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy una disposición general de Presidencia de la Junta con la ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, que fue aprobada el 23 de junio con 79 votos a favor, ninguno en contra y con la abstención de Podemos, con la que “se da seguridad jurídica, se apuesta por una actividad sostenible y ordenada y se defiende al mundo rural”, tal y como defendió entonces el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Se trata de un nuevo texto legal que ya entrará en vigor, poco más de dos años después de que los altos tribunales sentenciaran contra la Ley anterior en 2019 y de que la Consejería consiguiera, mientras aún pleiteaba en instancias superiores, aprobar otra norma temporal por la vía de urgencia, que también fue denunciada incluso por el Constitucional pero que finalmente se permitió.
La ley limita a la Administración autonómica para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida. Además, regula la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada “de atención preferente”, por lo que será objeto de planes de gestión específicos.
Prevé la elaboración de una 'Estrategia de la Caza de Castilla y León', que incluirá los planes territoriales de recursos cinegéticos y de planes de gestión de especies cinegéticas, para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial. Igualmente, los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados, y basarse en censos rigurosos realizados con una metodología avalada técnicamente.
Asimismo, también regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de la actividad, declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley.
Se creará una herramienta 'Sistema de Seguimiento de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León', que utilizará todas las fuentes de información disponibles, y un novedoso y riguroso sistema de control de las capturas realizadas por los cazadores.
También plantea las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza en Castilla y León.
En cuanto a los terrenos cinegéticos, la ley unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para su constitución, y sobre todo introduce cambios relevantes en cuanto al régimen de intervención administrativa, estableciendo con carácter general el procedimiento de declaración responsable para su constitución.
Respecto a los terrenos no cinegéticos, se elimina la figura del Refugio de Fauna, dada su prácticamente nula utilización, y por el hecho de existir actualmente otras figuras de protección establecidas en varias leyes del Patrimonio Natural de Castilla y León, que “cumplen sobradamente con los objetivos de aquella, que también ha quedado obsoleta”.
El proyecto de ley también establece los períodos hábiles máximos en los que se podrá practicar la caza, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y estatal. Estos períodos hábiles de caza podrán restringirse si las circunstancias así lo aconsejan en vía reglamentaria, pero no ampliarse.
También, establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos, a través de una plataforma pública.