El sindicato agrario Ugal-Upa pondrá su equipo técnico a disposición de los más de 250 socios profesionales de la Asociación Berciana de Agrcultores (ABA), gracias al convenio de colaboración entre ambas entidades suscrito hoy por el secretario general de Ugal-Upa, Matías Llorente, y el nuevo presidente de ABA, José Ángel Bodelón. El objetivo del acuerdo es ofrecer asesoramiento a los agricultores y ganaderos de la comarca en trámites relacionados con la fiscalidad, los seguros, la modernización de las explotaciones, la incorporación de jóvenes o las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.
Al respecto, Llorente valoró que el acuerdo, con un año de vigencia, se llevará a cabo sin tener que crear nuevas infraestructuras y se vertebrará a través de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías. “Otras organizaciones más ricas que la nuestra pueden permitirse el lujo de abrir sedes en cada comarca”, lamentó el secretario general del sindicato.
Además, Ugal-Upa se compromete con los agricultores de la comarca a mantener, con cierta periodicidad, asambleas con presencia física en la comarca, así como a informar de las nuevas convocatorias relacionadas con el sector. “En el campo cada vez somos menos y la situación no permite hacer inversiones que no sean rentables”, afirmó Llorente.
La problemática de las juntas vecinales
Por otro lado, Llorente, que también es diputado provincial por UPL, instó a las distintas administraciones a “ponerse a trabajar para buscar una solución” a la problemática que afecta al funcionamiento de las 1.234 juntas vecinales de la provincia de León, tras la entrada en vigor del decreto que exige que las funciones de secretario las ejerza un funcionario de carrera, en lugar de un vecino como se venía haciendo hasta la fecha.
En ese sentido, valoró que “todos los acuerdos de las juntas vecinales que se firmaron antes de la publicación del decreto tendrán validez”, aunque advirtió que “el problema serio comenzará cuando termine el mandato”, fecha límite para implementar la nueva normativa. “Si este decreto sigue como está, habrá que contratar secretarios para hacer agrupaciones de juntas vecinales”, lamentó Llorente, que consideró que estas entidades menores son “un patrimonio de León”, provincia que concentra más de la mitad de las juntas vecinales existentes en España.
Tras la “prórroga” concedida para que los secretarios vecinos acaben el mandato, Llorente consideró que la problemática que podían ocasionar las solicitudes de ayuda para la PAC ya está “resuelta” y recordó que quién tiene que decidir si se admite o no la documentación relativa a las certificaciones de pequeñas obras del ejercicio 2017, así como los anticipos y la contratación de las obras de 2018 es la Diputación. “Por las declaraciones del presidente, entiendo que sí va a tener validez”, adelantó el diputado provincial.