Una multa e inhabilitación zanjan la acusación de malversación al exalcalde de Cabrillanes por dinero de Victorino Alonso
Finalmente no se celebrará juicio contra quien fuera el alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación hace 20 años de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por el empresario minero Victorino Alonso. Las partes han llegado a un acuerdo económico que evita la posible pena de prisión para Benéitez, quien ha devuelto íntegramente el dinero atribuído al delito de malversación.
Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación.
El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.
Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo tras un acuerdo entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.
Este lunes 21 de septiembre estaba fechada en la Audiencia Provincial de León la primera sesión del juicio contra el exalcalde de Cabrillanes ante un Tribunal del Jurado, las siguientes se celebrarían el martes 22 y jueves 24 de septiembre. Sin embargo, ni siquiera se ha llegado a celebrar esta primera sesión tras un acuerdo con Fiscalía que solicitaba para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta. Finalmente, el acuerdo consta de una inhabilitación y una multa, aunque se desconocen los detalles concretos de la cantidad y duración de las mismas.
Como atenuante, la Fiscalía puede haber tenido en cuenta dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial acumula una duración de dos décadas. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio.