Hagamos una cuenta sencilla que hace cualquier turista que visita la provincia leonesa, o cualquier leonés que desee conocer, por ejemplo, cuatro de los más imprescindibles monumentos. Si quiere visitar la Catedral de León, deleitarse con sus vidrieras únicas en el mundo y gozar del claustro en la visita al Museo Diocesano, tendrá de dejar en las arcas del Obispado de León 11 euros (6 y 5, respectivamente).
Conocer los tesoros que guarda la Colegiata y el Museo de San Isidoro, incluidos el Panteón de los Reyes, la Capilla Sixtina del Románico mundial, o la copa de Doña Urraca -que publicitan desde hace años como el Santo Grial-, 5 euros más. Y ya saliendo por la provincia, siguiendo el rastro de la obra de Gaudí, tan poco presente fuera de Cataluña, disfrutar del Museo de los Caminos en el Palacio Episcopal de Astorga requiere pasar por una caja eclesiástica de nuevo, en este caso del Obispado de Astorga, abonando otros 5 euros.
En los más baratos de los casos, la cuenta asciende a 21 euros en total. Y sólo con los ejemplos quizá más representativos del rico y atrayente patrimonio leonés. La lista de 'obligado pagar para visitar' estos y otros monumentos catalogados, protegidos o declarados Bien de Interés Cultural (BIC) es aún mucho más amplia.
Pero lo más grave del caso, más allá del afán recaudador de algunas instituciones, es que esos cobros son manifiestamente ilegales desde el año 2002 o bien desde que en cada uno de ellos se decidió imponer la taquilla. Pero sobre el papel y la legalidad, se lleva 16 años haciendo pagar por algo que debería ser gratis total, al menos cuatro días de cada mes. Así, se hurta a ciudadanos, turistas y visitantes de una amplia cantidad de días al año de acceso obligatoriamente gratuito a todos esos monumentos.
iLeon.com ha encontrado la trampa, la ilegalidad y también la permisividad de la Junta de Castilla y León. Desde ese año, 2002, está en vigor la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 12/2002 de 11 de julio, que se puede consultar íntegra aquí). La Junta aplica su propia Ley cuando conviene, en muchos e importantes aspectos, por ejemplo sancionando daños causados en esos monumentos, aunque en otros, como el conocido de la Plaza del Grano, otorga todos los parabienes.
Pero si hay algo que la Junta no cumple de su propia Ley es lo que especifica en el artículo 25 de la misma, llamado 'Acceso al Patrimonio Cultural'. Literalmente dice: “Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León (...), en el caso de los bienes declarados de interés cultural o inventariados (...) deberán facilitar la visita pública en las condiciones que se determinen, que en todo caso será gratuita durante cuatro días al mes, en días y horario prefijado, lo cual se anunciará”.
Todos los mencionados como ejemplo (Catedral, Botines, San Isidoro en León o el Palacio Episcopal de Astorga) y muchos otros más cumplen esos requisitos con rango de Ley.
Pero es que además, el Artículo 72 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, evidencia que la Junta permite 'robar' un total de 48 días de visitas gratis cada año.
Ese decreto (la prueba, aquí) detalla aún más que la Ley. “Esta visita (gratuita) comprenderá la contemplación de tales bienes, con exclusión, en el caso de bienes inmuebles, de los lugares o dependencias de los mismos que no afecten a su condición de declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, garantizándose en todo caso el respeto a la intimidad personal y familiar”. Este detalle último es comprensible en casos como el Palacio de los Fernández-Cadórniga, declarado monumento desde 1992, y en el que reside una familia; motivo suficiente para que quede exento de la gratuidad de su visita.
El Decreto continúa que la responsabilidad última es del delegado territorial de la Junta. En León, afecta pues al actual, Guillermo García, y antes que él Eduardo Fernández o Luis Aznar. Porque para “el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado anterior se solicitará del delegado territorial la aprobación del calendario de visita a los bienes, que habrá de especificar: a) los días de apertura al público. b) el horario de apertura y cierre. c) el precio de entrada si lo hubiera. d) los días y el horario de visita gratuita” que marca la Ley autonómica. “El calendario de visita una vez aprobado se anunciará mediante cartel visible para el público”. Y todo el mundo sabe que ninguno de los monumentos mencionados son visitables sin pagar, y mucho menos se anuncia en parte alguna.
Las “dispensas” del delegado de la Junta
De todos modos, la normativa legal le otorga al máximo responsable provincial de la Junta la posibilidad de “dispensar, total o parcialmente” de esas visitas gratis, eso sí, “previa solicitud motivada del interesado”. Y como pudiera darse el caso de que el delegado territorial haya 'exonerado' a los Obispados de León y Ponferrada o la Fundación España-Duero de tales obligaciones, este medio ha pedido oficialmente la relación de 'dispensas' que Guillermo García o sus antecesores hayan aprobado. De momento, la Junta no ha contestado a este respecto.
A todo esto, se dan curiosas situaciones. Por ejemplo, en San Isidoro. Hasta hace casi dos años, existía al menos una tarde al mes, la del último jueves, en la que se podía acceder gratis al Museo, el Panteón de los Reyes y el resto de sus muchos tesoros. Esa gratuidad se quitó, ya no hay forma de acceso sin pago previo.
También cuando esta semana la Junta presentó a bombo y platillo, con presencia de la consejera de Cultura, María Josefa García Cirac, la restauración de las pinturas renacentistas de la Cámara de Doña Sancha, se encargaron de remarcar que, excepcionalísimamente, se abriría a la visita gratuita sólo por espacio de dos tardes, ni uno más. Desde entonces, quien quiera descubrirlas, nuevamente a pasar por caja.
En el caso de la Catedral leonesa, el Obispado comenzó a cobrar entrada, hasta entonces libre y gratuita para todo el mundo, en marzo de 2012. La única excepción, y sólo para los leoneses, es un carné anual cuyo coste asciende ahora 10 euros -según consta en su web-, una importante subida desde los 6 euros iniciales.
Por su parte, desde que la Casa o Palacio de Botines abrió como museo, con gran éxito de taquilla, ya se impuso un precio elevado. El mismo que recauda, en el caso del Gaudí de Astorga, la Diócesis astorgana.
Por contra, otro caso de la capital leonesa muy demandado, el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, permite acceder al menos al claustro sin pago previo. Eso sí, conocer el resto de dependencias, también supone un desembolso de entre 2 y 3 euros desde que así lo impusiera la entonces presidenta isabel Carrasco, y este detalle igualmente contravendría la Ley, porque todo el edificio y no sólo el claustro está catalogado desde 1963.
En la provincia de León, como se puede consultar caso a caso en esta web oficial de la Junta, hay 236 bienes declarados de Interés Cultural. Algunos son yacimientos, otros bienes muebles, otros inmateriales, otros permanecen en ruinas, pero no son pocos los casos que son visitables. Y en muy pocos el acceso es, como exige la Ley, libre y gratuito al menos en los días señalados.
Los 'toques' infructuosos del Procurador del Común
El incumplimiento es tan flagrante que el Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León) ya ha tenido que tomar cartas en el asunto. Sin mucho éxito, ninguno en León. Sus informes de los tres últimos años (2017, 2016 y 2015) recogen de un modo u otro la obligatoriedad de la Junta, y de quienes gestionan los monumentos, de formalizar la gratuidad de acceso.
Esta institución ha tramitado expedientes donde se estudia los casos concretos de la Catedral leonesa, del Castillo del Marqués de Villafranca en Corullón o del de Villafranca del Bierzo. La Consejería de Cultura y Turismo acepta año tras año los informes... pero nada se hace al respecto.
Por eso, en una de las últimas resoluciones, el Procurador del Común exige “la creación de un calendario de visitas, en el que se han de especificar los días de apertura al público, el horario, el precio de la entrada si lo hubiere y los días y horario de visita gratuita”. “Para ello”, propone, “sería oportuno realizar un censo que permitiera comprobar en cada caso la vigencia de un régimen de visitas públicas para exigir la solicitud del mismo a los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos” de todos los BIC, “proceder a la aprobación de las solicitudes; y exigir el cumplimiento de las visitas aprobadas”.
También admite ese informe que las quejas elevadas por los (pocos) ciudadanos que conocen esta normativa no se han contestado por parte de la Junta en ningún caso.
Los casos 'indignantes' aunque exitosos de Salamanca
Esta misma situación que afecta a los monumentos catalogados y BIC de León ha provocado ya casos de quejas en otras provincias. Uno de los casos más aireados es el de la iglesia de San Cristóbal, en Salamanca, para la que la Comisión de Patrimonio de esta provincia sí ha reclamado la apertura gratis que impone la Ley. Y el Procurador del Común también, como para Orellana, la Torre del Clavero, la Torre del Aire o el Palacio de Fermoselle.
Se consiguió, así mismo, la gratuidad en el Palacio de Monterrey, la nueva 'estrella' turística de la capital salmantina, pero limitado a un grupo de 50 personas, los lunes y exclusivamente de tarde, lo que provoca largas colas y quejas de los visitantes. Para beneficiarse hay que acudir a primerísima hora a conseguir una invitación, y sólo una por persona, y la indignación no ha tardado en cundir. Más después de los 272.000 euros públicos que han costado las obras para hacer el palacio visitable.