Las mujeres leonesas que deciden interrumpir de manera voluntaria su embarazo dentro de los supuestos legales llevan más de una década teniendo que desplazarse fuera de la provincia para hacerlo en una clínica privada con concierto con el sistema público de Salud, o pagando para hacerlo en la única clínica privada de León que está autorizada para realizar esta práctica y que se ubica en la capital.
Esto es así porque los 437 profesionales médicos que había en el Sacyl a la aprobación de la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que entró en vigor en 2010 adujeron en ese momento objeción de conciencia. La reforma de la ley del aborto de diciembre de 2022 establece en su artículo 19 que las intervenciones se lleven a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado. Eso sería si todos los profesionales se vincularan a la objeción de conciencia. La ley señalaba que para ello las Autonomías tienen que crear un registro de profesionales que se niegan a llevar a cabo esta práctica médica por suponerles un problema moral. El registro no existe ni se ha vuelto a preguntar a los profesionales de los hospitales de León y El Bierzo si ellos harían intervenciones de este tipo o no.
La Junta, a preguntas de este medio, ha reconocido que no ha hecho todavía ese registro ni tiene previsto hacerlo a corto plazo, excusándose en que se esperará a alcanzar un acuerdo entre todas las Comunidades en el Interterritorial de Salud que capitanea el Gobierno, obviando que otros gobiernos autonómicos del PP como son Cantabria y Canarias ya han hecho los suyos, igual que algunas dirigidas por el PSOE como Castilla-La Mancha.
La Consejería de Sanidad, a través de las gerencias de Salud de León y El Bierzo, ha firmado este año cuatro contratos con dos clínicas privadas para practicar interrupciones voluntarias de embarazo sin preguntar a sus profesionales médicos de la Sanidad Pública si estaban dispuestos a hacerlo. Y a partir de las nuevas adjudicaciones, las mujeres leonesas ya no viajarán a Salamanca para hacerlo, como hasta ahora, sino que tendrán que ir fuera de la Región Leonesa, a Ginemédica SL de Valladolid o la Clínica Isadora SA de Madrid, dependiendo de las semanas de gestación.
El argumento que da a ILEÓN Sanidad es que son las propias mujeres leonesas las que deciden ir a abortar fuera de la provincia de León “por cuestión de privacidad”. En cambio, según los únicos datos disgregados que dio la Junta de Castilla y León sobre interrupciones voluntarias de embarazo por provincias y del sistema de salud público o privado, y que publicó en su momento este medio, seis de cada diez mujeres de León que abortaron entre los años 2015 y 2018 optaron por asumir el coste de la intervención y hacerlo de manera privada en vez de hacerlo a través del Sacyl en la clínica de Salamanca que tenía el servicio externalizado entonces.
Cuatro contratos con las mismas dos clínicas privadas de Valladolid y Madrid en un año
La Junta de Castilla y León a través de las gerencias de Salud de El Bierzo y León ha firmado este año cuatro contratos con las dos mismas clínicas privadas de Valladolid y Madrid para externalizar la práctica de abortos de las mujeres de la provincia.
La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo sacó a licitación en febrero de este año dos contratos para llevar a cabo interrupciones voluntarias de embarazos, uno para los abortos de 12 semanas o menos de gestación, que adjudicó a la vallisoletana Ginemédica SL por 12 meses y 22.724 euros, y otro para los de más de 12 semanas que quedó en un primer momento desierto, y acabó adjudicando tres meses después a la madrileña Clínica Isadora SA por 10.590 euros y también 12 meses.
Casualmente, la Gerencia de Salud del Área de León sacó a licitación en agosto dos contratos de 12 meses de duración para efectuar interrupciones voluntarias de embarazos que se adjudicaron a las mismas clínicas de Valladolid (19.340 euros) y Madrid (26.220), si bien al contrario que las bercianas, las mujeres de León embarazadas de menos de 12 semanas tendrán que ir a la Clínica Isadora de Madrid y las que lo estén de más de 12 semanas a Ginemédica de Valladolid.
La Consejería de Sanidad ha asegurado a este medio que “hay una clínica privada en León, Centro Ginecológico Buenavista, que es donde son derivadas las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo, ante la falta de profesionales sanitarios en el Hospital de León que quieran practicar IVES”. Pero la clínica privada leonesa ha desmentido este punto de manera tajante a ILEÓN, sosteniendo que ni tiene concierto con el Sacyl en la actualidad ni lo ha tenido nunca.
El centro ginecológico leonés aparece en la página web de la Junta de Castilla y León como “centro donde se oferta” la interrupción voluntaria del embarazo y que está “acreditado” por la Sanidad Pública para hacerlo, pero no que tenga en vigor un contrato con el Sacyl para practicar abortos. Tampoco hay ningún contrato de Sanidad con la mencionada clínica leonesa en la página web de Contratación del Estado en la que, en caso de existir, debería estar publicado.
Cada año abortan en León medio millar de mujeres
Atendiendo a los datos que facilita la Consejería de Sanidad en su página web, alrededor de medio millar de mujeres en la provincia de León aborta al año. En la última década el año en el que más abortos se practicaron fue el 2023, con un total de 613 y los que menos el 2020 (año de la pandemia de coronavirus) y el 2022, con 508. El resto de anualidades la cifra ha oscilado, estable, entre estas dos.
El grupo de Podemos pidió en las Cortes de Castilla y León en 2020 conocer cuántas de esas mujeres interrumpían de manera voluntaria su embarazo a través de la Sanidad Pública y cuántas lo hacían de manera privada corriendo con los gastos de la intervención. Este medio publicó con motivo del Día de la Mujer, que entre 2015 y 2018 más de la mitad de las leonesas decidieron hacerlo en la Sanidad Privada.