De inventariar viejas minas a dar nuevos usos: la reforma del Gobierno a las normas para restaurar las explotaciones
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto el proceso de audiencia e información pública para modificar el Real Decreto 975/2009, que regula la gestión de los residuos de las industrias extractivas y la restauración de los terrenos afectados por la minería. La reforma pretende adaptar la normativa a los nuevos criterios ambientales y mejorar la seguridad de las instalaciones mineras, además de impulsar la recuperación de espacios abandonados.
La propuesta cobra especial relevancia en territorios como la provincia de León, que cuenta con numerosas antiguas explotaciones de carbón y espacios vinculados a esta actividad. Entre las medidas previstas figura la elaboración de un inventario nacional de pozos o cielos abiertos mineros abandonados para identificar emplazamientos que puedan recuperarse y destinarse a nuevos usos.
El proyecto forma parte del Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y responde también a las nuevas exigencias europeas en materia de restauración de la naturaleza y gestión de residuos. El plazo para presentar alegaciones estará abierto desde el 27 de octubre hasta el 4 de diciembre de 2026.
De recuperar terrenos a restaurar ecosistemas
Uno de los principales cambios consiste en superar el enfoque tradicional de la restauración minera, centrado en devolver los terrenos a usos agrícolas o forestales. La nueva normativa incorpora objetivos específicos de recuperación de la biodiversidad, protección de la geodiversidad, conectividad ecológica y adaptación al cambio climático.
Las empresas deberán aplicar medidas basadas en las mejores técnicas disponibles para recuperar hábitats naturales, favorecer a las especies polinizadoras y reducir la fragmentación del paisaje. También se reconoce el valor de los servicios ecosistémicos generados por estas actuaciones y se contemplan posibles usos recreativos, deportivos, culturales, industriales, ambientales o energéticos para los terrenos restaurados.
Más garantías económicas y controles de seguridad
La reforma pretende reforzar las garantías financieras que deben aportar las empresas mineras para asegurar que disponen de recursos suficientes para completar las actuaciones de restauración. Para ello, establece una metodología común de cálculo para todo el territorio nacional, basada en el modelo técnico elaborado por el propio ministerio en 2021.
Las garantías deberán revisarse periódicamente, en función de las distintas fases de los proyectos y, como máximo, cada cinco años. El objetivo es ajustar las cantidades exigidas al coste real de los trabajos pendientes y evitar que la protección ambiental dependa de estimaciones desactualizadas.
El texto también endurece los requisitos técnicos de las instalaciones de residuos mineros. Entre otras medidas, contempla mayores exigencias de estabilidad geotécnica y análisis avanzados de los riesgos sísmicos, las inundaciones y los movimientos del terreno. Estas condiciones deberán tenerse en cuenta durante la vida útil de balsas, presas y escombreras, así como después de su cierre.
Además, se busca mejorar la coordinación entre las administraciones mineras y ambientales, especialmente en los procedimientos relacionados con el cese de la actividad, la caducidad de los derechos mineros y la liberación de las garantías económicas.
Un inventario de las minas abandonadas
La propuesta incluye la elaboración de un inventario nacional de huecos mineros abandonados para identificar espacios susceptibles de recuperación y estudiar posibles usos ambientales, energéticos, industriales o recreativos. Esta iniciativa puede resultar especialmente relevante para las antiguas cuencas carboníferas de León, donde el cierre de explotaciones ha dejado un importante legado de terrenos alterados y escombreras.
El proyecto también plantea un marco específico para los pasivos ambientales de la minería histórica, con el objetivo de aclarar las responsabilidades relacionadas con la seguridad y la restauración. A ello se sumará un manual estatal de restauración ecológica que establecerá criterios comunes para orientar las intervenciones.
La modificación del decreto se encuentra todavía en fase de consulta pública. Por tanto, la propuesta no concreta qué explotaciones de León se incorporarían al futuro inventario ni qué actuaciones podrían desarrollarse en cada emplazamiento. Las personas y entidades interesadas podrán presentar sus observaciones hasta el 4 de diciembre a través de la página de participación pública del Miteco, pinchando aquí, o del correo electrónico bzn-sgminas@miteco.es, indicando en el asunto «AeIP mod RD 975».