León, como el resto de provincias españolas con cuencas mineras y, por lo tanto, afectadas por la reconversión y el cierre de minas y centrales térmicas de carbón, ha recibido ayer desde Bruselas un jarro de agua fría: España apenas recibirá el 4% de los 7.500 millones del esperadísimo Fondo para la Transición Justa en Europa.
Serán, en total para todo el país, 307 millones de euros, frente a los 2.000 de Polonia con 2.000 millones, los 877 de Alemania o los 757 de Rumanía, países que copan casi la mitad del reparto global.
¿El motivo para este 'castigo' a España? Que entre los principales criterios para decidir el reparto, anunciado este miércoles por Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea en Estrasburgo, al final primará el hecho de mantener minas en activo y centrales térmicas de carbón en funcionamiento.
Es decir, los millonarios fondos europeos serán prioritariamente para quienes se han retrasado en la descarbonización de su producción energética, los más contaminantes, los que menos esfuerzos han hecho por las energías renovables, limpias y sostenibles.
De este modo, España será sólo el octavo país teniendo en cuenta el reparto previsto, que ya fue aprobado el pasado martes. A las cifras ya explicadas de Polonia, Alemania y Rumanía, hay que sumar otros 581 millones de euros para República Checa, 458 para Bulgaria, 402 para Francia e incluso 364 millones para Italia. Los 307 de España la relegan al séptimo lugar, superando sólo a Malta y Luxemburgo, minúsculos estados que recibirán 8 y 4 millones respectivamente.
Los fondos previstos en esta partida de salida se complementarían, según el Pacto Verde o European Green Deal, con un total de 1.397 millones de euros que provendrán de las contribuciones de los países europeos a través de los fondos de cohesión y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En total, según cálculos comunitarios, se espera movilizar 4.445 millones de euros de inversión en España, tanto pública como privada, para conseguir nuevos proyectos verdes. La cifra en este caso es muy superior para España, pero nuevamente ridícula comparada con los 27.000 millones previstos en Polonia o los 13.000 millones de Alemania.
Penalizados precisamente por la despoblación
No sólo el camino andado hacia la descarbonización por parte de España penaliza al país, y por ende a la provincia de León. También incluso la despoblación que esa descarbonización ha incentivado resta a los intereses nacionales. Y es que Europa ha introducido entre los criterios de reparto por un lado un techo total (2.000 millones de euros) y por otro un mínimo en intensidad de ayuda de 6 euros por persona. De este modo, Polonia logra el máximo. Y España se queda con una intensidad de 6,6 euros, es decir, a la cola de Europa.
Y otro gran baremo que Europa ha tenido en cuenta es el número de trabajadores que se conservan en sectores vinculados al carbón. Otro criterio que castiga a España, situándole nuevamente a la cola por sus 276.000 empleos en el sector frente a los más de siete millones totales contabilizados. Ahí, Polonia cuenta con casi dos millones de empleos y Alemania con algo más de 1,2 millones, según los datos distribuidos por la Comisión.