Varios colectivos de izquierdas convocan una concentración bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada este jueves, 8 de octubre, a las 19.30 horas.

Las estructuras bercianas de Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras, así como Podemos Ponferrada, Alianza Bierzo Cabrera y El Bierzo Antifascista figuran en el cartel como convocantes de la protesta.

“El problema de la vivienda nos afecta a todas y todos, nuestras casas tienen que ser para vivir, no para especular”, señalan a través de las redes sociales las organizaciones convocantes, que enfocan el problema tanto desde el ámbito comarcal como desde el nacional.

Y es que la movilización social levantada por las dificultades de acceso a la vivienda ya ha desencadenado una convocatoria de huelga general (11 de noviembre) y de elecciones anticipadas (29 de noviembre) en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales para el 29 de noviembre y la maquinaria de los partidos en la provincia de León, que había comenzado a despertar con el horizonte seguro de las elecciones municipales de mayo del año que viene, tiene que dar un arreón porque en poco más de 50 días se vota en una cita electoral decisiva.

Para empezar tanto PP como PSOE lanzan ya mensajes de victoria en unas elecciones que repartirán cuatro diputados y cuatro senadores por la provincia de León. En la última cita electoral, las autonómicas del 2026, el PSOE ganó al PP por menos de 1.000 votos con UPL terceros y Vox cuarta, dentro de los partidos que obtuvieron representación de procuradores. En las generales del 2023 fue el PP el que logró la victoria por casi 10.000 votos de diferencia con el PSOE con Vox terceros y UPL cuartos.

Pero al margen del reparto de escaños el proceso electoral abre varias incógnitas en los partidos que se tendrán que ir resolviendo conforme se acerca la fecha, entre otras las candidaturas. En el PSOE el nombre de Javier Alfonso Cendón seguirá encabezando la papeleta al Congreso con toda probabilidad, al igual que nadie en el partido apuesta porque Andrea Fernández repita como número dos. Las apuestas internas son que nombres bercianos pasen a copar el segundo puesto al Congreso y también al Senado. Se espera que en esta ocasión el proceso se acelere y se conozcan los nombres en menos de dos semanas. El Comité Provincial que propone los nombres de las candidaturas se debe convocar en menos de una semana.

Otra cuestión que se abre es el proceso de primarias internas para elegir las candidaturas de León, San Andrés y Ponferrada, con especial foco en la ciudad leonesa por el enfrentamiento abierto entre el regidor José Antonio Diez y Javier Alfonso Cendón. El PSOE federal ha aplazado las primarias de noviembre menos donde tiene el alcalde, es decir León ciudad. Hasta el 8 de octubre está el plazo interno para que el alcalde confirme que quiere seguir pero luego se abren dos días, lunes 12 y martes 13 para que se puedan solicitar primarias y lograr los votos de la mitad más uno de la militancia local entre el 17 y el 21 de octubre. Si se logran se puede ir a las urnas pero ya sería en noviembre a las puertas de la campaña electoral. Y otra incógnica en el aire, ¿hará campaña el alcalde Diez por el PSOE para las generales o bien pasará como hizo en las autonómicas?

En el PP queda por saber si Ester Muñoz seguirá como candidata por León al Congreso o bien pasa a la lista de Madrid como se ha insinuado en medios conservadores madrileños. Desde luego que la portavoz del PP en el Congreso será una de las voces fundamentales en la campaña electoral, asentada en el entorno del candidato Alberto Núñez Feijóo como uno de sus valores al alza. Lo que sí tendrá que cambiar el PP, si Muñoz sigue encabezando la lista leonesa, es a la actual diputada Silvia Franco, ya que la ley del 2024 ordena que haya listas cremallera por lo debería ser un nombre en su caso. El PP leonés deberá dirimir también si hace algún cambio en los nombres al Senado, renovados en la última cita del 2023 aunque Antonio Silván lleva ya dos legislaturas.

Los leonesistas de Unión del Pueblo Leonés deberán dirimir, por su parte, si se presentan a las elecciones generales, en un contexto de gran polarización de bloques que a priori no les favorece. En la cita del 2023 lograron ser la cuarta fuerza política con más de 22.000 votos pero lejos de conseguir representación. El partido que dirige Alicia Gallego deberá decidir si acudir y luego el nombre de quien encabeza la papeleta al Congreso, y al Senado teniendo en cuenta que obtuvieron bastante mejor resultado en la segunda cámara con hasta 10.000 votos más. En la cita electoral adelantada a UPL se le ha cruzado también las primarias para elegir candidatura al Ayuntamiento de León, cuyas fechas no se conocen pero se deberán ajustar al nuevo calendario electoral.

Por su parte Vox apuesta por volver a tener representación en el Congreso por la provincia de León. En los demás partidos no se descarta en absoluto el reparto 2-1-1, con un escaño para la tercera formación. El crecimiento en intención de voto de la formación se puede ver beneficiado además de que a los leonesistas no les va tan bien en las generales como en las autonómicas y aspiran a sumar diputado nacional. En las últimas dos elecciones generales la lista la ha encabezado Pablo Calvo Liste, que fue diputado entre 2019 y 2023 pero no logró acta en la última convocatoria.

Cuatro escaños de diputado de reparto

La pérdida de un escaño por el descenso de población en la provincia de León que se produjo para las elecciones generales de 2016 provoca una distorsión importante en los resultados electorales, dificultando enormemente el acceso a conseguir un escaño para un tercer partido. De hecho, en las últimas elecciones generales de 2023 se produjo un empate, perdiendo Vox el diputado que había conseguido en las segundas elecciones generales de noviembre de 2019, el mismo que había arrebatado a Ciudadanos que había mantenido en las de abril de aquel año.

La última vez que hubo elecciones generales con cinco diputados, en 2015, fue el mayor reparto en la historia de escaños en número de distintos partidos en la provincia de León, cinco: con dos del PP, y uno para PSOE, Podemos y ciudadanos. En las siguientes de 2016 fueron dos para el PP, uno para PSOE y uno para Podemos, y en las primeras de abril en 2019, dos PSOE, uno PP y uno Ciudadanos, mientras que en las segundas de ese año en noviembre fueron los de Abascal los que lo consiguieron, quedando igual PSOE (2) y PP (1).

Aunque de cuatro elecciones generales con una circunscripción leonesa de cuatro escaños (2016, las dos de 2019, y 2023) en tres de ellas un tercer partido ha conseguido colarse, no es algo que resulte fácil. Para conseguirlo es necesario que consiga tener al menos la mitad de votos mas uno que el que quede segundo. Para tener en cuenta lo que esto significa, Vox, que es el único partido que ha conseguido entrar en el reparto y que a día de hoy podría conseguirlo por su ímpetu nacional, hubiera necesitado en 2023 unos 46.300 votos, pero sacó 35.451. En las anteriores de 2019, cuando consiguió por primera vez representación en el Congreso de los diputados fue en unas elecciones en que el ganador (con 87.896 votos fue el PSOE que obtuvo dos puestos) y el segundo, el PP sacó 74.672 (y un escaño).

Pero la tendencia de votos para el primero subió en 2023, generales que ganó el PP en la provincia de León con 101.605 votos, quedando el PSOE con 92.578 y repartiéndose los dos puestos y 'jubilando' al diputado de los de Abascal, Pablo Linde, del Congreso. De seguir la tendencia más o menos igual, incluso si se diera un pequeño bajón del PSOE Vox necesitaría superar los 45.000 votos para arrebatarle el segundo escaño y, para ver su fuerza electoral, en las autonómicas de febrero de este año consiguió 38.785 papeletas. Con una circunscripción de cinco lo conseguiría seguro con esa cifra, pero con una de cuatro, no: debe superar la regla de 'la mitad mas uno' sobre el segundo.

La otra incógnita es la del eterno candidato a conseguir un escaño en Madrid, la UPL. Nunca lo han conseguido, pese a estar cerca en las del año 2000, y la formación leonesista aún tiene que tiene que confirmar que se va a presentar en estos comicios del 29N. De no hacerlo, sus 22.675 votos se repartirían de forma desigual, pero lo que sí provocarían es que Vox lo tuviera más difícil, porque en una conjetura de que al no presentarse se repartieran la mitad de sus votos por igual entre los partidos mayoritarios, estos todavía cogerían más distancia sobre los de Abascal, que necesitaría subir más en las urnas. Lo que sí parece es que, incluso presentándose los autonomistas leoneses, no sería nada fácil conseguir el escaño.

Lo mismo ocurre con los partidos de izquierda, tanto el nuevo Frente Amplio como Podemos, ya que las dos formaciones juntas sacaron 22.675 en las últimas de 2019 y 18.577 en 2023 en la coalición Sumar. Si ya juntos los apoyos les dejarían muy lejos de la posibilidad de representación en Madrid, si acuden por separado sería del todo imposible.

Después de que en 2004 alguien clausurara la puerta que da acceso a una de las grandes joyas patrimoniales de Villaquilambre, 22 años después un candado simboliza aún el abandono de la villa romana de Navatejera. Se trata de un yacimiento que conserva mosaicos, muros, estructuras, canalizaciones y objetos con casi 2.000 años de historia, de tal valor que fue el primero musealizado en toda España, a pesar de lo cual continúa sin poder ser visitado por el público.

Ahora el Ministerio de Cultura, para sorpresa de casi todos, vuelve a poner el foco sobre este enclave anunciando una nueva campaña arqueológica a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). La actuación, con una inversión de 55.297 euros y un plazo de ejecución de siete meses, pretende actualizar el conocimiento sobre el conjunto y establecer las bases para futuras intervenciones. Unas inversiones totales que ya hace muchos años se cuantificaron en unos 600.000 euros para su verdadera puesta en valor.

Los trabajos que ahora se anuncian contemplan la limpieza de la parcela, prospecciones geofísicas para documentar la totalidad de la planta constructiva, excavaciones en sectores menos estudiados, análisis de morteros y un estudio específico del estado de conservación de los restos arqueológicos, especialmente de los suelos y mosaicos originales.

Un pequeño primer paso

El Ministerio señala en un comunicado de prensa que esto es una especie de primera fase que permitirá conocer mejor la extensión y configuración de la villa y determinar el estado de conservación de sus estructuras. El problema es que, de momento, se trata de una nueva fase de investigación y no de la esperada reapertura. El propio Ministerio reconoce que los trabajos servirán para determinar las actuaciones que deberán acometerse en los próximos años y que, a partir de los datos obtenidos, podrá elaborarse un plan director que establezca y priorice las medidas de conservación y puesta en valor con vistas a una futura musealización.

La villa romana de Navatejera es, por tanto, uno de los ejemplos más evidentes de patrimonio histórico de León pendiente de explotar turísticamente. Los ejemplos son muchísimos en la ciudad y su entorno. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Nacional en 1931, su relevancia se ve reforzada por su proximidad a la capital leonesa y por el extraordinario potencial que tendría como recurso para Villaquilambre, cuarto municipio de la provincia por población.

Desde el siglo XIX

El yacimiento corresponde a una villa romana de época bajoimperial, ocupada desde mediados del siglo II hasta al menos el siglo V. Las excavaciones se desarrollaron fundamentalmente entre las dos últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del XX. Fue precisamente entonces cuando se levantó el edificio destinado a proteger los mosaicos de la zona residencial, convirtiéndose en el primer ejemplo de villa romana musealizada en España.

La construcción que protege los mosaicos fue proyectada por el arquitecto Isidoro Sánchez Puelles y supervisada por Demetrio de los Ríos. Sus muros de fábrica de ladrillo y su cubierta de teja sobre una estructura vista de madera se adaptan a la configuración de los mosaicos que alberga.

Durante todos estos años, sin embargo, la villa ha permanecido cerrada a los visitantes... y todo el mundo. El cierre dejó fuera de uso un espacio que debería permitir explicar cómo era la vida de las élites romanas que habitaron el territorio de la actual provincia de León entre los siglos II y V. Bajo tierra permanecen además zonas exteriores del conjunto cuyos restos, protegidos mediante geotextil y tierra, esperan una nueva excavación y recuperación.

Ya se había cuantificado en torno a 600.000 euros la inversión necesaria para culminar la recuperación de la vivienda patricia. Ese esfuerzo permitiría avanzar en la reexcavación de las áreas exteriores, restaurar otros bienes arqueológicos y afrontar la fase final de musealización, con la creación de recorridos, señalización e información sobre los mosaicos, estructuras y demás elementos del conjunto, tal y como se consideraba hace escasos años tras un interés inicial de la Junta de Castilla y León que nunca fraguó.

El anuncio del Ministerio vuelve así a colocar sobre la mesa una pregunta que lleva más de dos décadas sin respuesta: cuándo podrá volver a abrirse al público una villa que fue pionera en España en la conservación y musealización de su patrimonio romano.

IU reclama que la investigación no se quede en otro primer paso

Izquierda Unida (IU) de León ha resccionado rápido, valorado positivamente la actuación anunciada por el Ministerio, pero reclama que la campaña arqueológica tenga continuidad en un proyecto concreto de restauración, puesta en valor, musealización y reapertura. Rubén Estévez, responsable de Política Institucional de IU León, considera positivo que se destinen recursos a conocer el estado del yacimiento, pero advierte de que “no podemos presentar una campaña arqueológica como la solución a un problema que lleva más de dos décadas sin resolverse”.

La formación recuerda que lleva años reclamando la recuperación del enclave, con propuestas de financiación para su puesta en valor en 2012, 2015 y 2017, además de una denuncia pública en 2021 sobre la situación del yacimiento. Para Estévez, ahora hace falta “un proyecto amplio y concreto, con una financiación más ambiciosa y detallada y un calendario de actuación” que permita fijar una fecha de reapertura.

“Nos parece positivo que se haga un diagnóstico actualizado y que se siga investigando el yacimiento”, señala IU, pero reclama conocer “cuáles son esas futuras actuaciones y cuándo se van a ejecutar”. La formación considera que la nueva campaña debe ser el punto de partida de la recuperación efectiva de la villa y no otra actuación aislada en una historia de más de veinte años de cierre.

La reciente incorporación de los monumentos a los Caídos de Prioro y Castrocontrigo al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática ha reabierto el debate sobre la presencia de vestigios franquistas en la provincia de León. Izquierda Unida (IU) ha valorado positivamente la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pero reclama que la catalogación vaya acompañada ahora de “actuaciones concretas” para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

El Ministerio acordó la pasada semana la retirada de siete nuevos vestigios franquistas en España, dos de ellos situados en los municipios leoneses de Prioro, en la Montaña Oriental, y Castrocontrigo, en el suroeste de la provincia. Los dos monumentos forman parte de una nueva relación de elementos que el Gobierno considera expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre los otros casos incluidos figuran elementos situados en Labajos, en Segovia, así como en Murcia, Gijón y Santoña, en Cantabria.

La inclusión del monumento de Castrocontrigo en este catálogo se produce además después de que Vox intentara proteger este tipo de símbolos mediante su declaración como Bien de Interés Cultural. La iniciativa se planteó cuando el partido formaba parte del Gobierno autonómico junto al PP y dirigía la Consejería de Cultura, defendiendo la posibilidad de catalogar determinados monumentos vinculados al franquismo como patrimonio de interés cultural.

Ante esta situación, Izquierda Unida de León considera que la incorporación de los monumentos de Prioro y Castrocontrigo al catálogo supone “un avance” para identificar los elementos que mantienen una vinculación con la exaltación de la dictadura, aunque advierte de que este paso no puede quedarse únicamente en la elaboración de registros.

“Catalogar estos monumentos es importante, pero ahora hay que actuar. No se trata de borrar la historia, sino de evitar que el espacio público siga funcionando como lugar de homenaje a una dictadura y garantizar el reconocimiento de sus víctimas”, ha señalado Sergio Carro, coordinador provincial de Izquierda Unida de León.

La formación recuerda que hace diez meses presentó una batería de preguntas para conocer el grado de cumplimiento de la normativa de Memoria Democrática en la provincia de León y las actuaciones previstas sobre distintos elementos vinculados al franquismo. Sin embargo, asegura que todavía no ha recibido respuesta por parte de las instituciones competentes.

“Diez meses después seguimos sin recibir respuesta. Estamos hablando de información que las instituciones deben facilitar y de una cuestión que afecta directamente al cumplimiento de la legislación vigente”, ha denunciado Carro.

IU León reclama así que la incorporación de los dos monumentos al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática sea el inicio de actuaciones efectivas y no el final del proceso. La organización defiende una política de memoria democrática que vaya más allá de la retirada de simbología y permita también identificar y divulgar los lugares relacionados con la represión franquista, reconocer a las víctimas y contextualizar aquellos elementos que puedan tener un valor histórico.

“Esperamos que la inclusión de estos dos monumentos en el catálogo sirva para pasar de la identificación a los hechos. La Memoria Democrática no puede depender de la voluntad de cada administración ni quedarse en los papeles”, concluye el coordinador provincial de Izquierda Unida de León.

El nuevo curso político comienza en la provincia de León con las elecciones municipales de 2027 cada vez más presentes en la agenda de los principales partidos. Aunque todavía quedan meses para llegar a las urnas los principales partidos de la provincia -PP, PSOE y UPL- se ponen en marcha mediante la elección de candidaturas mientras la actualidad nacional como la crisis de Ceuta condiciona el panorama político local con manifestaciones con miles de personas.

En 2023 el PP logró convertir las elecciones autonómicas y municipales en un primer plebiscito a Pedro Sánchez, logrando un indudadable éxito electoral pero que no pudo ratificar en las posteriores Generales. A cambio logró una cuota de poder municipal y autonómica muy grande. En la provincia la resistencia del alcalde José Antonio Diez, el bastión socialista de El Bierzo y los pactos del PSOE con UPL hicieron que la Diputación de León no se tiñiera de azul, aunque los populares lograron recuperar Ponferrada.

El PP es quien más pronto ha empezado a despejar la incógnita de sus candidaturas. Desde julio está decidido que David Fernández será el candidato a alcalde de León, mientras que el actual regidor de Ponferrada, Marco Morala, optará a la reelección. Fernández, actual portavoz municipal y número dos de Margarita Torres en 2023, tendrá como objetivo recuperar para los populares una Alcaldía que ocupa el socialista José Antonio Diez desde 2019. Morala afrontará una situación diferente: defender el gobierno que consiguió en 2023 aunque no logró ser la fuerza más votada y alcanzara la Alcaldía mediante su acuerdo con Coalición por El Bierzo y el apoyo de Vox en la investidura.

Uno de los objetivos del PP es volver a gobernar la Diputación de León tras ocho años de gobiernos socialistas. Para ello es fundamental volver a recuperar poder municipal mediano. Para ello debe mantener lugares como Astorga, Valencia de Don Juan o La Bañeza y recuperar el poder en sitios como Benavides, donde ya ha lanzado tempranamente a su candidato.

Pero lo más llamativo del Partido Popular es que afronta el curso político y con toda probabilidad el electoral con una dirección interina encabezada por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el delegado de la Junta Eduardo Diego. Esta dirección llegó en julio del 2025 cuando Ester Muñoz dimitió de presidenta provincial para dedicarse por completo a sus tareas de portavoz en el Congreso de los Diputados y su situación lo más probable es que se alargue hasta después de las elecciones municipales e incluso generales.

Serán ellos, por tanto, los responsables de la elección de candidaturas después de que las del 2023 ya estuvieran elaboradas cuando estalló la crisis por la dimitió Javier Almanza como presidente del PP. Los populares buscarán evitar la crisis que tuvo cuando en la elección de diputados provinciales los afines a Almanza se impusieron de forma notoria a los señalados por la dirección provincial. Algo que puede abrir notables brechas en la elección de las candidaturas.

El PSOE presume de tener más del 70% de las candidaturas

El futuro judicial de Zapatero, con la declaración esta semana de dos exdirectivos de Plus Ultra que le implicaron y la todavía no justificación de las joyas, son un asunto que inquieta al PSOE de su tierra natal, sobre todo por la vinculación directa de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, con el expresidente. El juez José Luis Calama ha rechazado ahora el incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no se vulneraron sus derechos durante la investigación, por lo que la causa continúa adelante; el auto no admite recurso.

El PSOE de León ha aprovechado la tradicional Fiesta de la Rosa celebrada este sábado en Boñar para escenificar también el comienzo de su curso electoral. Cendón asegura que el partido tiene ya más del 70% de las candidaturas municipales cerradas y anuncia que volverá a presentar listas en los 211 ayuntamientos de la provincia, además de reforzar su presencia en las juntas vecinales.

El PSOE de León ha optado por noviembre para activar las primarias con las que elegirá sus candidatos en los tres municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia: León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. La dirección provincial escogió así la tercera de las ventanas habilitadas por el Comité Federal, después de julio y septiembre. En Ponferrada se espera que vuelva a presentarse el exalcalde y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, mientras que en San Andrés los socialistas deberán buscar un candidato con el objetivo de recuperar un histórico feudo que actualmente gobierna UPL.

La situación más particular es la de León ciudad donde el actual alcalde, José Antonio Diez, ha manifestado su intención de optar a una cuarta candidatura consecutiva tras las de 2015, 2019 y 2023. Al ser alcalde, Diez sería automáticamente candidato si expresa su voluntad de continuar y únicamente habría primarias si las solicita la mitad más uno de los más de 800 militantes de la agrupación local y, además, el Comité Federal de Listas autoriza el proceso.

Este escenario cobra especial interés por el enfrentamiento político mantenido durante los últimos meses entre Diez y el secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón y que no ha bajado de intensidad con el comienzo de curso. La presencia de José Antonio Diez en la multitudinaria manifestación de apoyo a Ceuta, que el PSOE boicoteó por considerarla partidista, ha vuelto a elevar la tensión interna con un Cendón considerando en un tuit en X que “El verdadero bochorno es que representantes públicos de nuestra ciudad acudan a legitimar el aquelarre con su presencia. Quien asiste a la cacería deja de ser neutral: se convierte en cómplice”, en velada referencia a su compañero de filas.

UPL y las primarias

El calendario es diferente en Unión del Pueblo Leonés, que afronta posiblemente las municipales más importantes de su historia reciente después del salto conseguido en 2023 donde logró el gobierno de algunos de los municipios más importantes de la provincia como San Andrés o Villaquilambre. El partido ha convocado para el 16 de septiembre su Consejo General, máximo órgano entre congresos, con la intención de aprobar el reglamento que regulará sus primarias y poner oficialmente en marcha la selección de candidatos.

La propuesta de la dirección de Alicia Gallego contempla primarias para los municipios de más de 20.000 habitantes a una única vuelta, con votación presencial, personal y secreta. Los aspirantes necesitarían avales de entre el 10% y el 20% de la militancia de cada circunscripción y tanto candidatos como votantes deberían acreditar al menos un año de militancia activa. El procedimiento estaría diseñado para completarse en apenas 21 días desde su apertura hasta la proclamación del ganador.

La principal atención estará puesta en León ciudad, donde UPL debe encontrar sustituto a Eduardo López Sendino después de los cinco concejales obtenidos en 2023. Por ahora aparecen dos nombres entre los posibles aspirantes: el concejal Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de concurrir, y su compañera Sheila Fernández, que ha dejado abierta esa posibilidad, aunque no se descartan que surjan otros nombres del leonesismo que hasta ahora no hayan tenido cargos públicos. Aproximadamente 300 militantes podrían participar en unas primarias en la capital que tendrán una importancia especial para el futuro municipal del partido.

UPL llegará a 2027 con 26 alcaldes en la provincia y después de haber conseguido 207 concejales leoneses en 2023. Gobierna municipios relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño y conserva bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. Mantener ese poder será fundamental también para conservar su actual peso en la Diputación Provincial y poder influir en quién la gobierna el próximo mandato.

Nuevos partidos

La carrera por el poder municipal también puede estar condicionada por la fecha de las elecciones generales. Pedro Sánchez ha reiterado que no habrá un 'superdomingo electoral' con las municipales dejando abierta la posibilidad de un 'adelanto técnico' antes de mayo. “O no”, matizó crípticamente el presidente del Gobierno y líder socialista.

De momento en el resto de partidos y municipios también empieza a haber movimiento. Falta por conocer las estrategias de clásicos como Coalición por El Bierzo, con Ponferrada como principal bastión, y cuál será la configuración a la izquierda del PSOE con IU en la provincia con dirección renovada y Podemos siempre latente.

Ya conocemos a estas alturas, eso sí, el nacimiento de dos nuevos partidos que han puesto su foco en las elecciones municipales. Sariegos suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos (Vipcs), un partido independiente y municipalista impulsado por Domingo García García, veterano de la política local que anteriormente pasó por las candidaturas del PSOE, Sariegos Despierta y Ciudadanos. En El Bierzo se suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Despierta Bierzo Despierta (DBD), un partido berciano y regionalista que aspira a presentar candidaturas en todos los municipios de la comarca y que cuenta con el respaldo de la organización estatal Despierta. Al frente se sitúa José Manuel Barrios, veterano de la política que ha pasado por UPL, Tercera Edad en Acción y Nueve Castilla y León.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.

Izquierda Unida (IU) ha exigido este miércoles responsabilidades a la Junta de Castilla y León por las actuaciones de restauración, prevención y protección de la población ante los incendios que ha sufrido la provincia de León, así como por la riada con restos de los incendios en Manzanedo de Valdueza, en la que murieron dos mujeres este fin de semana.

La formación, en un comunicado, ha trasladado sus condolencias a las familias y personas allegadas de las dos mujeres fallecidas y ha mostrado su preocupación por la especial vulnerabilidad de los territorios que han sufrido grandes incendios forestales.

IU ha considerado que esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que la Junta actúe con anticipación y no limite su respuesta a la extinción de los incendios una vez que estos se producen, ya que a su juicio la gestión de una emergencia debe continuar después de que se apagan las llamas, mediante actuaciones de restauración, prevención y protección de la población.

El coordinador provincial de IU León, Sergio Carro, ha señalado que “lo ocurrido en Manzanedo de Valdueza es una tragedia que nos obliga a preguntarnos qué se ha hecho durante este último año en las zonas afectadas por los incendios de 2025 y qué medidas se han tomado para reducir los riesgos posteriores”.

“Cuando un monte arde, el problema no termina cuando se apaga el fuego. El terreno queda más expuesto a la erosión y a los arrastres y, ante episodios de lluvias intensas, pueden aumentar determinados riesgos. Por eso las administraciones tienen que actuar antes, con planificación, medios y recursos suficientes”, ha afirmado Carro.

Ante esta situación, IU ha reclamado a la Junta la puesta en marcha de un Plan Urgente de Restauración y Prevención para las zonas afectadas por los incendios de 2025, en coordinación con las administraciones locales y provinciales.

El plan debería contemplar la estabilización de laderas y terrenos quemados, la retirada de materiales que puedan generar riesgos, la restauración de la cubierta vegetal, el mantenimiento de cauces y puntos críticos y la revisión de las infraestructuras de protección existentes.

La formación ha pedido, además, mapas de riesgo específicos para las zonas afectadas por grandes incendios, planes de emergencia para los núcleos rurales más vulnerables y un refuerzo permanente de los medios públicos de prevención y extinción, con empleo estable y suficiente durante todo el año.

Asimismo, ha exigido a la Junta que explique qué actuaciones se han realizado desde los incendios de 2025 en las zonas ahora afectadas, qué inversiones se han ejecutado y qué medidas de estabilización y prevención estaban previstas.

Por último, la formación política ha considerado necesario que los informes técnicos determinen si existían riesgos identificables y qué administraciones tenían competencias para actuar sobre ellos.

Izquierda Unida (IU) de León ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León para que investigue la actividad de una empresa de recobros relacionada con el conflicto ocurrido el pasado 25 de junio en Villamuñío, donde un tractor embistió y volcó un vehículo utilizado durante una actuación de cobro a un agricultor.

La organización solicita además que se esclarezcan las posibles responsabilidades derivadas de la participación en esos hechos del representante de esta empresa, del que IU asegura que es un “conocido activista neonazi”.

Según ha informado este miércoles IU en una nota de prensa, la denuncia incorpora más de una decena de sentencias de distintas Audiencias Provinciales, entre ellas las de León, Valladolid, Palencia, Ourense, Pontevedra y Oviedo, que condenaron a trabajadores de la empresa por delitos leves de coacciones, amenazas o lesiones cometidos durante actuaciones de recobro.

A juicio de la formación, estas resoluciones judiciales reflejan conductas reiteradas como visitas insistentes a domicilios y negocios, intimidaciones, insultos, seguimientos, impedimentos para abandonar determinados lugares e incluso agresiones físicas, lo que justificaría una investigación para determinar si existe un patrón de actuación más allá de casos aislados.

IU sostiene que estas prácticas pueden vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, el honor y la dignidad de las personas y considera necesario reforzar el control sobre las empresas que desarrollan actividades de recobro mediante métodos presuntamente intimidatorios.

La denuncia también alude al episodio de Villamuñío, difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, que la organización considera representativo de la preocupación social existente por determinadas formas de presión en el cobro de deudas.

Asimismo, IU señala que el conductor del vehículo siniestrado cuenta con antecedentes penales relacionados con delitos de odio y otros hechos violentos, por lo que pide aclarar el papel que desempeña dentro de la actividad de la empresa investigada.

El coordinador provincial de IU León, Sergio Carro, ha defendido que “ninguna supuesta deuda puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales mediante el acoso, la intimidación o las coacciones” y ha reclamado que las instituciones actúen si se confirma la existencia de estas prácticas.

Carro también ha considerado “especialmente preocupante” que personas vinculadas al neonazismo y condenadas por delitos de odio puedan participar en actividades de presión contra ciudadanos.

La formación ha precisado que su iniciativa pretende poner a disposición de la Fiscalía la información recopilada para que determine si existe una estructura organizada de actuaciones intimidatorias y, en su caso, depure las responsabilidades correspondientes. Además, ha reclamado una revisión de la normativa que regula las empresas de recobro para evitar posibles situaciones de hostigamiento o coacción hacia personas vulnerables.

La escasamente edificante labor de los partidos políticos en España no tiene visos de adecuarse a la seriedad que de ella cabría esperar. Por si fuera poco las agrupaciones judiciales no tienen prurito alguno en mostrar sus preferencias por una u otra ideología, supeditando su función jurisdiccional a intereses no siempre acorde con su cacareada divisa de justicia equitativa. Este aquelarre es de tal naturaleza que ni la Conferencia Episcopal –a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César– se ha sustraído a la tentación de meter baza.

El clima de pasarse la legalidad y la ética por el arco del triunfo no queda relegado a España, la justicia internacional y hasta la discrecionalidad en el fútbol, han llegado a las más altas cotas (retirada de tarjetas rojas a petición de prebostes, pitar a favor de los países de más relumbrón futbolístico y un largo etcétera). Con este panorama, Y aquí, que somos muy aventajados en lo que saltarnos a la torera se nos antoje, rápidamente alcanzamos los primeros puestos del ranking. Y ya tenemos políticos, jueces y hasta el clero disputándose el podio.

De cualquier modo, en la piel de toro nos vemos más afectados por los asuntos domésticos que por los internacionales, aunque los primeros parezcan y de hecho estén incardinados en los segundos. En España somos aventajados defensores del latinismo homo sum et nihil humani a me alienum (soy hombre y nada de lo humano me es ajeno) que en versión libre podría traducirse como: somos como los demás y hacemos igual que los demás. La cuestión es que los poderes fácticos, las fuerzas vivas del país, perdida ya toda noción de lo que es la vergüenza, nos la hacen pasar a los administrados en su nombre.

Imagen lamentable de los partidos grandes

Los partidos de gobierno como son el PSOE y el PP están dando una imagen lamentable que trasciende nuestras fronteras. El PSOE se ve acogotado día sí día también por querellas, imputaciones y juicios que se sustancian con resultados descorazonadores. Raro es el día que egregias figuras del partido de los cien años de honradez no se las hayan de ver con el banquillo, no el de los suplentes, sino de los acusados. La justicia asedia a un gobierno que no ha conocido tregua desde el día siguiente a su conformación. Antes se escuchaban lemas como 'Santiago y cierra España', ahora el que pueda hacer que haga.

Al Partido Socialista le crecen los enanos en el circo, pero lo ha perseguido con ahínco. Desde las categóricas afirmaciones de Sánchez de que no podría nunca pactar con Bildu, que le quitaría el sueño llegar a acuerdos con Pablo Iglesias, el ridículo histórico de dejar al pueblo saharaui colgado de la brocha o el descubrimiento de que informaciones íntimas de este caballero habían sido espiadas por los servicios secretos israelíes, hasta la posible implicación de sus familiares más próximos y personal de su extrema confianza en el partido, salpicados por una corrupción rampante que no acaba de tocar fondo.

Frente al puño y la rosa, se postula como recambio natural un Partido Popular que parte con un candidato que se fotografió en varias ocasiones con un conocido narcotraficante –así lo declaró la justicia– de la Isla de Arosa, pilotando el yate de este último, como si fuera lo más habitual que te dejen hacer tal maniobra si no eres plenamente conocido o se te debe –o se espera– algún gran favor. Este partido se ve espoleado por un Vox emergente que le impone su criterio en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y así, un partido cuya sede en Génova 13 fue reformada con dinero B, hecho ratificado por el Tribunal Supremo en 2024, tacha a su adversario de corrupto, putero, desleal y un rosario de descalificaciones más.

Los que ya somos mayorcitos aún recordamos como hace muchos años, en un programa vespertino de Onda Cero, se dio la noticia de que un parlamentario salmantino había olvidado en un bar de esa ciudad un sobre con una gruesa suma de dinero, y se coligió que no era dinero muy limpio y que como después confesaría un tal Bárcenas, era moneda común en ese partido. Un consejero de la Presidencia de la comunidad madrileña verbalizó ante sus amigos que de salir bien una operación traerían un volquete de putas para celebrarlo. Un alcalde de Benalmádena, de apellido Bolín, perjudicado por la coca y el alcohol, acompañado de efebos, colisionó con su yate en Gibraltar, lo que originó un conflicto diplomático allá por 1989.

¿Integridad en PP y PSOE?

Como se puede comprobar, la integridad en ambos partidos es manifiestamente mejorable y el déficit de probidad ya viene de lejos. El circo mediático que se escenifica en los medios de comunicación con jueces justicieros que más que justicia parecen vengadores, como ha evidenciado el caso de la retirada del carné de la esposa del presidente del gobierno, tiene su contrapunto en que la hija de éste se gradúa en Inglaterra, como pasó con varios miembros de la familia real española años atrás. Y claro, surgen dudas: ¿Acaso los colegios españoles no sirven para los hijos de nuestros gobernantes? ¿Tan malos profesores tenemos en España? ¿Falta financiación para tenerlos mejores? ¿Poco patriotismo, no, en las altas esferas?

Y no puedo dejar de hacer las odiosas comparaciones que inevitablemente he de hacer con mi terruño. Reitero la misma pregunta. ¿Estos son los partidos cuyos representantes han de guiar nuestro destino y nuestro futuro en León? Como prueba del nueve de la contraindicación severa que supone poner partidos estatales al frente de las tareas gubernativas en esta tierra, está la reiterada incompetencia de la Junta de Castilla y León –regentada por el Partido Popular desde tiempos inmemoriales– que logra, tal como profetizamos artículos atrás, que el monte vuelva a arder este año como el año pasado. En el incendio de Caboalles de Arriba se está volviendo a consagrar.

¡Ánimo votantes leoneses de partidos estatales, ya queda menos monte que quemar, menos población que expulsar, menos quejas que soportar, menos pueblos que atender, menos inversiones que hacer!

¡Puede parecer paradójico, pero estamos que nos salimos!

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

Izquierda Unida León participó este domingo en el homenaje anual celebrado en el Pozo Grajero, en el municipio de Burón, en recuerdo de las personas represaliadas por el franquismo y arrojadas vivas a esta sima de la Montaña Oriental leonesa. El acto sirvió además para rendir homenaje a Mario Osorio, presidente y fundador de la Agrupación Pozo Grajero y figura clave en la recuperación de la memoria democrática en la Montaña leonesa, cuando se cumplen diez años de su fallecimiento.

La jornada incluyó la tradicional subida hasta el Pozo Grajero, lugar asociado a la violencia ejercida por las fuerzas franquistas contra numerosas víctimas, así como un acto conmemorativo organizado por la Agrupación Pozo Grajero.

Con motivo del homenaje, el coordinador provincial de Izquierda Unida León, Sergio Carro, reclamó el reconocimiento oficial de los espacios de memoria democrática existentes en la provincia. Carro lamentó que León no cuente todavía con ningún Lugar de Memoria Democrática declarado oficialmente, pese a haber sufrido, según señaló, “una de las represiones más intensas del país”.

El dirigente provincial recordó que León fue escenario del campo de concentración de San Marcos, uno de los principales del Estado, y que en la provincia existieron numerosos destacamentos penales, especialmente en las cuencas mineras, donde centenares de presos políticos fueron sometidos a trabajos forzados mediante el sistema de redención de penas.

Carro defendió que espacios como el Pozo Grajero, San Marcos o los antiguos destacamentos penales “forman parte de la memoria colectiva de esta provincia” y deben contar con la protección y el reconocimiento previstos en la Ley de Memoria Democrática. A su juicio, preservar estos lugares constituye “una cuestión de justicia y reparación para las víctimas y sus familias”.

En la misma línea, el coordinador de Izquierda Unida Castilla y León, Juan Gascón, pidió un mayor compromiso institucional con las políticas de memoria democrática. “Una democracia sólida no puede construirse sobre el olvido”, afirmó, antes de reclamar a las administraciones que asuman su responsabilidad en la protección de estos espacios, el reconocimiento de las víctimas y la transmisión de lo ocurrido a las nuevas generaciones.

Izquierda Unida recordó además que el pasado mes de diciembre registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para conocer qué actuaciones estaban previstas respecto a la declaración de Lugares de Memoria Democrática en la provincia de León. Según la organización, esas iniciativas parlamentarias continúan sin respuesta.

La formación considera que el homenaje celebrado en el Pozo Grajero vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que León cuente con lugares de memoria oficialmente reconocidos, tanto para recordar a las personas asesinadas, desaparecidas o represaliadas como para garantizar la reparación democrática de las víctimas y sus familias.

Izquierda Unida de León se opone a los proyectos de explotación minera de fosfatos planteados en la montaña central leonesa, entre los ríos Bernesga y Esla, por “los graves e irreversibles impactos que supondrían para el medio ambiente, la salud pública y el futuro de las comarcas afectadas”.

Todo ello, después de que una empresa, con sede en salamanca, Iberian Phosphates SL, haya solicitado cuatro permisos de investigación minera en los últimos meses para buscar fosfatos en diez municipios de la provincia de León, ubicados entre la montaña oriental y central hasta llegar al valle del Torío.

Detrás de esta empresa hay un complejo entramado de sociedades australianas con intereses mineros en España, como Osmond Resources o Megado Minerales, que buscan cobre, plata o grafito en diversas ubicaciones del país.

Ahora, IU denuncia además la actitud de la Junta de Castilla y León: “una vez más parece dispuesta a abrir la puerta a iniciativas extractivas altamente agresivas para el territorio mientras sigue sin ofrecer alternativas reales de desarrollo para el medio rural leonés”.

Para Izquierda Unida León, resulta “especialmente preocupante” que se pretenda presentar este tipo de proyectos como oportunidades para la generación de empleo y riqueza cuando “la experiencia internacional y la evidencia científica muestran que la minería de fosfatos genera importantes cantidades de residuos tóxicos y radiactivos, libera metales pesados y provoca la contaminación de suelos, acuíferos y cursos de agua, además de afectar a la calidad del aire”.

Para IU, las consecuencias sobre la salud pública son “igualmente alarmantes, al estar asociadas a un incremento de enfermedades respiratorias, afecciones pulmonares y una mayor exposición a sustancias potencialmente cancerígenas”.

La responsable de Mundo Rural y Medio Ambiente de Izquierda Unida León, Alba Díez, considera que “estamos ante un nuevo intento de imponer a la montaña leonesa un modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos y en la explotación del territorio en beneficio de intereses privados ajenos a las necesidades de nuestros pueblos”.

“Siempre se promete empleo y prosperidad, pero la realidad es que estos proyectos dejan contaminación, degradación ambiental y un futuro hipotecado para quienes viven en la zona”, lamentan desde IU. La formación recuerda que las explotaciones de fosfatos implican además la destrucción de hábitats naturales, la alteración de acuíferos y ecosistemas fluviales, la pérdida de biodiversidad y la degradación de paisajes de enorme valor ecológico, cultural y patrimonial.

“Es incomprensible que la Junta siga apostando por convertir las zonas rurales en espacios de sacrificio donde parece que todo vale. En lugar de impulsar políticas que protejan el patrimonio natural y generen empleo estable y sostenible, vuelve a situarse del lado de quienes pretenden obtener beneficios rápidos a costa de poner en riesgo el agua, la salud y el futuro de nuestros pueblos”, afirma Alba Díez.

Desde Izquierda Unida León se exige la paralización inmediata de cualquier procedimiento de autorización relacionado con estos proyectos mineros, la realización de estudios independientes que evalúen de manera rigurosa los impactos ambientales y sanitarios acumulativos, la aplicación estricta del principio de precaución ante cualquier riesgo para la salud pública y la apertura de un proceso de información y participación ciudadana real, transparente y vinculante para la población afectada.

La organización defiende que la montaña leonesa no necesita nuevas actividades extractivas que comprometan sus recursos naturales y su calidad de vida, sino un modelo de desarrollo basado en la protección del territorio, la gestión sostenible de los recursos, el impulso de la ganadería y la agricultura de proximidad, el turismo sostenible y la creación de empleo de calidad vinculado a la transición ecológica.

“Desde Izquierda Unida lo decimos con absoluta claridad: la salud de las personas, la protección del agua y la defensa del territorio están por encima de cualquier interés económico privado. No vamos a aceptar que se juegue con el futuro de la montaña leonesa para favorecer operaciones especulativas cuyos beneficios son temporales mientras sus consecuencias pueden durar generaciones”, concluye Alba Díez.

Izquierda Unida León se suma a la crítica de las recientes declaraciones del nuevo responsable de incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, quien cuestionó la eficacia de las labores preventivas desarrolladas durante el invierno, tal y como publicó ILEÓN. La formación considera estas afirmaciones “profundamente irresponsables” y alejadas tanto de la evidencia científica como de la experiencia acumulada por los profesionales del sector forestal.

La responsable de Medio Rural y Medio Ambiente de IU León, Alba Díez, recuerda que los grandes incendios forestales registrados en Castilla y León durante los últimos años “no son fruto de la casualidad, sino de décadas de abandono del medio rural y de un modelo que ha priorizado la extinción frente a la prevención”. Señalan que la gestión forestal, la limpieza de montes y las actuaciones preventivas son herramientas esenciales para reducir el riesgo y la intensidad de los incendios. Además, subrayan que los costes económicos, ambientales y sociales de los grandes fuegos son muy superiores a la inversión necesaria para evitarlos.

“La pregunta no es cuánto cuesta prevenir incendios, sino cuánto nos cuesta no hacerlo. Cada euro invertido en gestión forestal evita pérdidas económicas, daños ambientales y riesgos para la población mucho mayores”, afirma Díez.

Izquierda Unida recuerda además que la prevención no es una cuestión ideológica ni una opción política circunstancial, sino una obligación recogida tanto en la Ley de Montes estatal como en la normativa autonómica de Castilla y León, que atribuyen a las administraciones públicas responsabilidades directas en materia de planificación y prevención de incendios forestales. La coalición advierte también de que el avance de la emergencia climática está incrementando la frecuencia e intensidad de los incendios, por lo que considera imprescindible abandonar un modelo centrado casi exclusivamente en la respuesta de emergencia y apostar por una gestión integral del territorio durante todo el año.

Entre las medidas que defiende la formación destacan la creación de un operativo forestal permanente y profesionalizado con empleo estable durante los doce meses del año; el incremento de las inversiones en selvicultura preventiva y mantenimiento de infraestructuras de defensa; el aprovechamiento sostenible de la biomasa; el impulso de la ganadería extensiva como herramienta de prevención; el refuerzo del papel de juntas vecinales y ayuntamientos en la gestión del territorio; y el desarrollo de políticas contra la despoblación que contribuyan a mantener vivo y cuidado el medio rural.

“La verdadera política de incendios comienza mucho antes de que aparezcan las llamas. Empieza con la gestión de los montes, el empleo forestal estable y el apoyo al medio rural. Lo irresponsable es asumir que cada verano volverán a repetirse las mismas tragedias sin actuar sobre sus causas”, concluye Alba Díez.

Por todo ello, Izquierda Unida León exige a la Junta de Castilla y León que refuerce las políticas de prevención y asuma que proteger los montes y los pueblos pasa necesariamente por una gestión forestal activa, sostenible y continuada durante todo el año, compromisos que no está cumpliendo.

El Grupo parlamentario Socialista no presentará finalmente voto particular al contenido del dictamen de la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo (Asturias), en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses el 31 de marzo del pasado año y del que todavía no están claras las circunstancias de cómo se produjo.

El texto, con el que los socialistas habían mostrado sus discrepancias, fue respaldado en la comisión por el resto de grupos parlamentarios e incluye la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, según informa de sus conclusiones elDiario.es Asturias.

En concreto, el texto exige responsabilidades políticas que deberán sustanciarse “y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses” para cuatro exconsejeros del Gobierno regional -Belarmina Díaz, Isaac Pola, Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón)- y para tres altos funcionarios del Principado, dos jefes de servicio y un secretario general técnico.

El texto incorpora también la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas del accidente del año pasado, en el que hubo cinco muertos, y también al registrado en la misma explotación en 2022, en el que falleció otro trabajador, sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de los fallecidos y al trabajador herido.

El dictamen será elevado al pleno de la cámara autonómica de la próxima semana para su aprobación definitiva.

Izquierda Unida constituye su nueva Dirección Provincial en León con el objetivo de reforzar la coordinación interna, fortalecer su trabajo municipalista y consolidar una alternativa política. Sergio Carro, quien fuera el candidato de IU durante las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León.

Carro, asume esta responsabilidad con el compromiso de impulsar una organización “más cercana, más útil y más conectada con la realidad social y territorial de la provincia”. Sergio Carro, de 27 años, es graduado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo y ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito cultural, educativo y de la comunicación, con especial vinculación al medio rural. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Villablino y candidato en las elecciones autonómicas del año 2026.

El nuevo equipo lo componen Alba Díez, Rubén Estévez, María Aurora Panizo, Hugo Merayo y Laura Fernández, quien también es concejala en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Sergio Carro ha subrayado que esta nueva etapa nace con la voluntad de abrir un ciclo político diferente en León: “Esta nueva dirección provincial no nace para administrar inercias, sino para abrir una etapa política distinta en la provincia de León. Vivimos un momento en el que demasiada gente siente que la política no responde a sus problemas reales: la vivienda, el empleo digno, el abandono del medio rural o la pérdida de servicios públicos. Y frente a eso, no podemos conformarnos con discursos vacíos ni con gestos simbólicos.”

En relación con la provincia de León y la experiencia política reciente, ha añadido “La experiencia de haber formado parte de las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León me ha permitido conocer de Izquierda Unida León Izquierda Unida León primera mano la pro fundidad de determinados problemas estructurales. No hablamos de fallos puntuales ni de situaciones aisladas, sino de dinámicas que se repiten y que tienen su origen en la inoperancia política y en la ausencia de decisiones valientes.”

“Hay problemas que no se corrigen porque no dependen únicamente de una institución concreta. Hay dinámicas que se mantienen porque existen estructuras que apenas cambian, y porque se siguen aplicando las mismas fórmulas y las mismas recetas de hace décadas para afrontar problemas que son ya plenamente del año 2026.”

Frente a ello, ha defendido la necesidad de una respuesta firme desde el territorio: “No se trata solo de oponerse, sino de arraigarse. De volver a poner en el centro nuestra soberanía energética, nuestros recursos, nuestros servicios públicos y nuestra capacidad de decidir sobre el futuro de la provincia. O recuperamos ese control desde abajo, o el proceso de vaciamiento de nuestro medio rural y nuestras comarcas seguirá avanzando.”

Por más que hablemos de polarización, crispación y dientes filados en la lucha política española, a menudo tengo la impresión de que todo es una especie de ballet, una performance idiota para retrasados emocionales, en la que el pescado está vendido antes de levantar el telón y cada uno está más o menos donde quiere estar, sin muchas ganas de cambio.

Por lo que parece, y ya me diréis si es que se me ha subido a la cabeza el Jägermeister, al PSOE le da absolutamente igual la política local y la regional, con sus competencias de vivienda, sanidad y educación, y le da igual hasta el punto de que Sánchez está dispuesto a quemar a sus bases, a sus federaciones y al lucero del alba con tal de mantener el poder nacional, que es donde ha colocado a sus pretorianos y donde quiere ejercer de guía y faro de Occidente, para volver a ser reserva espiritual de resistentes eurovisivos y cosas así. 

Y a los suyos les parece bien, lo aplauden y lo apoyan mientras los pasa a cuchillo, uno a uno, con toda alegría. Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla y León... ¡Qué más da! Aún pueden perder más y más fuerte, así que no hay cuidado ni preocupación, ni se vislumbra la menor rebelión en sus filas: mueren, con alegría, señor, los que caminan por la vida. Señor, cantando su paz y amor. El PSOE parece una misa de campamento. Tal cual, y tan contentos.

Y luego tenemos al PP, que es justo lo contrario. Como se han amorrado a ayuntamientos y autonomías, que es donde se reparten las concesiones de las piscinas, las cafeterías de los hospitales, el mantenimiento de los bordillos y todos esos actos políticos que son la verdadera razón de ser de sus pasiones, el gobierno nacional les importa un carajo. 

Podrían poner un candidato que concitase más adhesiones, pero eso supondría arriesgarse a ganar, y vete a saber lo que haría un rey fuerte. Para los nobles fuertes, es mejor tener un rey débil, ¿no? Pues ahí están, esperando tan contentos el momento de volver a quedarse fuera de la Moncloa, ganando o perdiendo, como sea, pero fuera, no vaya a ser que gobernar en Madrid los comprometa en sus feudos y se queden sin la concesión de las tizas, los borradores y la lejía de la limpieza de los hospitales autonómicos, que es lo que realmente les pone.

Cada cual, como veis, está en su paraíso. Y los partidos pequeños, en el suyo, diciendo que no hacen cosas porque no les llegan los votos, desgranando dimes y diretes para no convertir en realidad todos esos programas de Pascua Florida que ni ellos mismos se creen, ni falta que hace, porque nadie se preocupa de sus chorradas, como nadie se preocupa de la exactitud de los mapas de la Tierra Media.

A día de hoy, de veras, todo el mundo está donde quiere estar. Lo malo es que a lo mejor hay que celebrar elecciones alguna vez. Y va a ser una mierda...

El equipo de Gobierno de independientes e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fabero se fractura. IU, que pactó con la candidatura encabezada por la exsocialista Mari Paz Martínez en abril de 2024, rompe a falta de apenas un año para las próximas elecciones municipales alegando incumplimientos e incompatibilidades, si bien se muestra abierta a “acuerdos puntuales” de aquí al final del mandato.

La coalición de izquierdas pasa ahora a la oposición. Y su portavoz y única concejala, Sasquia Julio Granda, renuncia a sus concejalías y a la primera Tenencia de Alcaldía. Lo hace, según explica IU en un comunicado, asegurando que “no se están cumpliendo los objetivos firmados” y que “las formas de actuar de ambos partidos son diferentes y en ciertos momentos incompatibles”.

“La agrupación Izquierda Unida seguirá abierto a diálogos y acuerdos puntuales siempre que el fin sea el buen desarrollo del municipio y de sus habitantes”, señala IU sobre un paso “pensado, meditado y valorado”, el del cesar el apoyo dado a Independientes por Fabero, la lista encabezada por antiguos miembros del PSOE como Mari Paz Martínez, a quien la dirección provincial socialista no permitió optar a la reelección por estar pendiente de un juicio por un presunto delito de prevaricación del que finalmente resultó absuelta.

Martínez, que asumió el bastón de mando con las siglas del PSOE en 2015, se mantiene como regidora, desde 2023 con Independientes por Fabero, que obtuvo 5 concejales por los 4 de los socialistas, encabezados por su antecesor, Demetrio Alfonso Canedo, que precisamente acaba de resultar absuelto de un juicio por prevaricación y falsedad documental. IU y PP se repartieron las 2 actas restantes en una Corporación con 11 asientos.

Independientes por Fabero vuelve a afrontar una situación de Gobierno en minoría, tal y como empezó el mandato hasta que en abril de 2024 Izquierda Unida apuntaló el Ejecutivo municipal con un pacto que ahora acaba de romper.

La sauna finlandesa y la zona de spa del Centro Deportivo Salvio Barrioluengo, en el complejo de las piscinas y otros servicios del barrio de El Egido, continúan cerradas desde el año 2020 sin que el Ayuntamiento de León haya dado una solución efectiva a su reapertura, según ha denunciado Izquierda Unida.

La formación recuerda que en mayo de 2025 el equipo de Gobierno anunció la adjudicación de las obras de reparación a la empresa Aquadrive SL, con una inversión de 7.543,14 euros y un plazo de ejecución de un mes. Sin embargo, más de un año después de aquel anuncio, las instalaciones siguen sin funcionar.

“Estamos hablando de unas instalaciones que llevan cerradas desde 2020. Han pasado más de seis años y, pese a que el Ayuntamiento anunció una inversión y un plazo muy concreto, la realidad es que la sauna y el spa siguen sin funcionar. Es un claro ejemplo de promesas que no se cumplen”, señala Rubén Estévez, coordinador comarcal de Izquierda Unida en León.

En este contexto, Estévez advierte de que la falta de actuación puede responder a una estrategia más amplia. “Cuando no se invierte lo necesario en el mantenimiento de las infraestructuras y no se cubren las plazas de personal municipal, lo que se genera es un deterioro progresivo del servicio público que parece tener como objetivo justificar su privatización”, afirma.

A su juicio, “no es casualidad que muchas instalaciones acumulen años de incidencias sin resolver” y denuncia que “se está dejando deteriorar lo público mientras se abren las puertas a modelos de gestión privada”.

Izquierda Unida enmarca esta situación en un problema estructural que ya denunció en diciembre de 2025 sobre el estado de abandono de diversos pabellones deportivos de la ciudad, que atribuye a la falta de inversión sostenida y de personal suficiente para su mantenimiento.

Por todo ello, la formación exige al Ayuntamiento explicaciones sobre el estado actual de la actuación anunciada en el Salvio Barrioluengo, así como un calendario real para la reapertura de la sauna y el spa. Además, reclama un compromiso “firme” con la gestión pública de las instalaciones deportivas municipales, dotándolas de los recursos económicos y humanos necesarios para evitar su deterioro.

Cinco años de retraso y mientras, los incendios vuelven a copar la actualidad de la masa forestal de la provincia de León en cuanto ha llegado el calor. Esto es lo que denuncia la formación política de Izquierda Unida respecto a la prometida base de helicópteros de Oterico, en Riello, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022 sin que todavía hayan llegado a su fin, estando más o menos como el año pasado los trabajos.

Una paralización en una infraestructura que ya comenzó con retraso manifiesto, y que la Consejería de Medio Ambiente prometió que estaría lista en 2022 como una de las más necesarias para luchar contra el fuego; pero que al estar a medio terminar y fuera de plazo no sirvió ni para luchar contra los incendios del verano de 2025 ni para los que se han producido en la entrada de esta primavera de 2026.

Por todo ello Izquierda Unida ha denunciado este jueves que, más de cinco años después de los primeros anuncios de la Junta de Castilla y León, la Base de Helicópteros de lucha contra incendios forestales de Oterico continúa sin estar operativa y sin una fecha clara de entrada en funcionamiento.

La formación considera que se trata de una infraestructura clave que, sobre el papel, debía reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta ante incendios en la provincia, pero que sigue sin materializarse tras acumular retrasos, modificaciones y ampliaciones de plazo.

IU enmarca esta situación en un contexto “especialmente grave”, ya que León ha registrado más de 80 incendios en lo que va de año sin haber comenzado aún la campaña de alto riesgo de verano.

La provincia cuenta, además, con uno de los patrimonios naturales más destacados del país, al albergar siete Reservas de la Biosfera: Valles de Omaña y Luna, Babia, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Ancares Leoneses y Picos de Europa. Según la formación, esta concentración refuerza la necesidad de contar con medios eficaces para la prevención y extinción de incendios en un territorio que ya ha sufrido diversos episodios en los últimos años. El más reciente, extinguido hace pocas horas, ha afectado a la Reserva de Alto Bernesga en el que se quemaron más de 151 hectáreas, siendo el más grande de este año 2026.

En este sentido, IU subraya que la ubicación de la base de Oterico permitiría reducir de forma significativa los tiempos de intervención aérea, con vuelos de apenas minutos hasta zonas críticas, lo que resulta determinante para evitar la propagación del fuego en sus fases iniciales y su posible afección a núcleos de población.

El coordinador comarcal de IU León, Rubén Estévez, ha defendido que la lucha contra incendios “exige un operativo plenamente público, con medios materiales adecuados, formación suficiente y una coordinación eficaz entre recursos terrestres y aéreos”. A su juicio, la externalización y la precarización de los servicios “debilitan la capacidad de respuesta y ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas”.

Desde la formación critican que la gestión de la Junta refleja una “falta de planificación y de compromiso real” con el medio rural leonés. “Cada retraso en la puesta en marcha de esta base no es solo un incumplimiento administrativo, sino un riesgo añadido en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes”, advierten.

Izquierda Unida concluye que León “no puede permitirse seguir esperando” la entrada en funcionamiento de una infraestructura que consideran esencial mientras el riesgo de incendios continúa en aumento.

Una jornada de caminata me abrió la sed. Hora del aperitivo, y frente a mí, un bar como oasis en el que divisaba el espejismo de la caña de cerveza fría y reparadora. Allá que entré movido por una hipnosis. En solo unos segundos, ante mí, el vaso de la ambrosía amarilla y espumosa.

Pocas cosas tan gratificantes como ese primer trago de cerveza que apaga la sed. Cumplida la liturgia, mirada obligada a la pizarra de tapas. En ella, la leyenda 'plato del día', sin especificar. La curiosidad me pudo. Pregunté al camarero cuál era la creación del cocinero. Me contestó que lentejas, una legumbre que nunca dejas porque siempre la quieres. 

A la conversación se unió el cocinero. Un joven, pero experimentado en fogones de alcurnia, y ahora en rumbo emprendedor a las glorias de los buenos chefs. Me explicó la receta de sus lentejas. Como las de cualquier abuela o madre, un toque personal secreto y el ingrediente básico: fuego lento y cariño. Me ofreció una cata de ese plato que no dudé en aceptar. En efecto, una delicia, en la que entendí que el misterio estaba, más que en la materia prima, en el ritmo temporal de las pausas.

La historia, real, sirve de introducción fabuladora a la noticia de que en las próximas elecciones andaluzas, la izquierda a la izquierda del PSOE, ha encontrado el camino de una coalición que no disperse el voto de sus electores en la nada, como en los recientes comicios de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El instinto periodístico me dice que esto no va de lentejas a la lumbre baja y tranquila de la cocina de madre. Más bien me sugiere una especie de insulso plato preparado, uno de esos yatekomos recalentado de urgencia en el horno microondas. Es la deglución sin más, ahuyentado el placer del paladeo.

Esa izquierda hace tiempo abandonó la buena materia prima de sus guisos; la tuvo, incluso en las recetas, a veces difíciles de digerir, de la gastronomía antisistema, pero se ha perdido en disquisiciones absurdas sobre las salsas, olvidando la frescura genuina de un buen pescado o la jugosidad y entreverado de una carne roja que entraba por los ojos. Ha obviado el fondo para sumergirse en cocimientos y freidurías que no hacen la boca agua.

¿Dónde está el programa de esta izquierda? 

Esta izquierda está desnortada si piensa que con voluntarismos como esta mercromina que se aplica para la cita del próximo 17 de mayo, va a conseguir algo. La herida es lo bastante profunda como para requerir cirugía de preoperatorio y posoperatorio. Eso exige, antes, vaciar la nevera de alimentos caducados, y después, el genuino examen de conciencia de localizar con tino y tranquilidad, una esperanza que ofrezca futuro a las capas sociales más castigadas por la brecha creciente de la desigualdad económica y social. Es el cocinado a base de tiempo y cariño. Certificados los resultados habrá egocentrismos, si se gana, y reproches de toda gama, si no se alcanzan objetivos. Con ese punto de partida... ¿Lo dudan?

Los primeros pasos en aras a ese objetivo metido en agua o aceite sin alcanzar la temperatura idónea, han tenido sus visionados en la impostura de algunos líderes de empezar la degustación por el postre. El debate nació con el cambio de cromos de los liderazgos, de las caras achicharradas de una izquierda que ha disipado en tres legislaturas un arcón de votos que llegó incluso a poner en aprietos la hegemonía del PSOE en este costado. El guiso pegado va a la basura, no se pone en el plato. 

¿Dónde está el programa de esta izquierda? No les enseña el recetario sencillo, pero contundente, de un gran chef como Julio Anguita y la fresca macedonia de una sola fruta: programa, programa, programa. Un liderazgo de garantías por coherencia ejecutiva y grandeza de retirada en la vuelta a su papel de docente de instituto, sin esperar ni desear más gabelas de las podredumbres políticas.

¿Una izquierda que ha dimitido del sindicalismo como fuerza de choque de sus reivindicaciones... en qué ha quedado? Organizaciones vaciadas de contenido desde la orilla amiga dejando en la indefensión a su base electoral de trabajadores, la olvidada o mal interpretada, hasta por ellos, pata social de la economía.      

En el olvido también han quedado los prestigios morales de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, acusados durante su gestión de correas de transmisión de los partidos de su militancia, pero que practicaron la resistencia activa a los desmanes de la naciente izquierda caviar.

Esta izquierda no irá a ningún sitio si no recupera, actualizado, el mensaje de aquella huelga general ciudadana del 14 de diciembre de 1988, en la que hasta los pájaros dejaron de volar, contra la prostitución y corrupción de otra izquierda burocratizada de poder. Fue un auténtico desafío ético. Pretendió cambios de actitud y no derribar un gobierno. Por eso fue cívica. 

El punto de mira de esta izquierda fija el objetivo estratégico en la extrema derecha. Por favor, cocinen con amor y a la lumbre, para ustedes. Practiquen la originalidad. Comulguen con el progresismo auténtico de reelaborar su menú genuino, de los que hay magníficas recetas. No se dan cuenta de que cada vez que se obsesionan contra la caverna, un montón de votos va a parar a sus alforjas.

El pleno del Ayuntamiento de Villablino aprobó el presupuesto municipal para el año 2026 que asciende a 6.304.202,83 euros. Tiene un incremento de 231.516,52 euros, sobre el del pasado año, que supone un 3,8%.

El acuerdo contó con el respaldo de diez votos, los seis del grupo socialista y los cuatro de la coalición de izquierdas Podemos-IU y la abstención de los tres integrantes del grupo popular.

El alcalde, Mario Rivas, agradeció el respaldo de la coalición de izquierdas entendiendo que con su posición favorece la creación de “un clima social adecuado para afrontar los restos de futuro”, máxime al comprender que es difícil asumir y apoyar unos presupuestos “que no has hecho, aunque hemos tratado de consensuarlos lo más posible”.

La portavoz de la coalición Podemos-IU, Silvia Mozo, argumentó su sentido del voto en que varias partidas se van a destinar a propuestas hechas por su grupo, entre las que nombró las destinadas a la adecuación del matadero municipal, el estudio para la construcción de un campo de fútbol de césped artificial, el incremento de las dotaciones a juntas vecinales o el apoyo al patsuezu.

Por su parte, el portavoz accidental del Grupo Popular, José Antonio Lamagrande, calificó el paquete presupuestario como “acertado”. Y defendió su posicionamiento en la disconformidad especial con la celebración del Festival de Exaltación del Fisuelo, al entender que se debería desvincular de Santa Bárbara para “sacarle un mayor rendimiento al gasto”.

Y recordó que gracias a su abstención se aprobaron los presupuestos del pasado año. No obstante, el alcalde defendió la celebración en esa fecha como una forma de potenciar la festividad minera y anunció la posibilidad de crear una semana cultural en torno a Santa Bárbara, propuesta que también tiene el visto bueno de la coalición de izquierdas.

Con todo ya definido, se enzarzaron unos turnos de réplicas y contrarréplicas los dos grupos de izquierdas, más de elogios y muestras de buena voluntad “una vez acabado el proceso electoral”, con una voluntad de gestos para buscar una “unidad de acción para hacer un frente común y exigir ante a las administraciones superiores”, explicó Guillermo Murias (Podemos-IU).

Las intervenciones llevaron a Lamagrande a afirmar que, en lugar de ser el día de San José, “más parece el día de San Valentín”, quizá recordando un poco lo agrio del debate presupuestario del pasado año; comentario que no fue del agrado de la portavoz de la coalición.

Las cuentas registran un notable incremento en el capítulo de inversiones, en parte gracias a la reducción de la deuda municipal, que, según explicó la socialista Mercedes Fisteus, en “este momento la deuda viva es de un 66,41%”, casi la mitad de la que dejó el último mandato de la también socialista Ana Luisa Durán, que superaba ya el límite permitido por el Ministerio de Hacienda.

Y un asunto al que ninguno de los grupos hizo mención es la anomalía económica estructural, que desde hace décadas supone para la entidad municipal el desmesurado capítulo de gastos de personal, que en este ejercicio asciende a un 57% del total.