Como dice el dicho sobre “el perro del hortelano, ni come ni deja comer”. Una vez confirmado que los ganaderos de Mieres no podrán utilizar este año los ricos pastos del puerto de Pinos, propiedad del concejo asturiano pero situado en suelo leonés de la comarca de Babia, el colectivo lo tiene claro: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”.

Esta fue la categórica postura de una delegación de los ganaderos mierenses que se concentraron hoy en la Unidad Veterinaria comarcal de la Junta en Villablino. Allí les esperaba el jefe del servicio territorial de Agricultura y Ganadería, el veterano Fidentino Reyero, para certificarles que como ya ocurrió el año pasado no dispondrán de las guías oficiales obligatorias para poder utilizar los pastos babianos.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representantes sindical agrario en el Principado, David Pérez, advirtió que si los ganaderos de los cuatro pueblos del ayuntamiento leonés de San Emiliano que conservan derechos históricos de pasto siguen dejando campar allí sus reses, igualmente sin autorización, actuarán con contundencia. Porque aseguran que “Pinos está lleno de ganado”.

“Hay que ejecutar la sentencia”

Fuentes oficiales de la Delegación han corroborado que un ejercicio más “no se les va a autorizar” sencillamente porque ahora “hay que ejecutar una sentencia”, en referencia a la categórica postura reciente del Tribunal Supremo que, al inadmitir el último recurso del Concejo de Mieres, dueño de las cerca de 900 hectáreas compradas hace un siglo en suelo leonés, zanja que el ayuntamiento del Principado no tiene competencia alguna en otra Comunidad autónoma.

Es más, cuando el año pasado la Guardia Civil localizó a multitud de reses pastando en Pinos sin las guías y el visto bueno de Castilla y León, la Junta abrió “una veintena” de sanciones económicas que han sido recurridas y están “próximas” a resolverse con multas económicas, las cuales podrían repetirse y agravarse nuevamente este verano si la situación se repite.

Los ganaderos de Mieres, unos 110 con cerca de 1.500 cabezas, según Pérez, irán a la ruina ante este bloqueo, afectando a “muchas familias”. Y sólo ven en esta actual situación un “conflicto político” con “intereses” de algunos alcaldes pedáneos e incluso del abogado babiano Carlos González-Antón, que a su juicio ponen fin a “la convivencia” de todo un siglo. Aunque en realidad han sido muchos los años en los que la tensión en el puerto de Pinos ha estallado, obligando incluso a presencia policial.

El Gobierno autonómico se congratula... y tiene un plan

Por boca oficial de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, la Junta de Castilla y León (PP) ha celebrado el fallo final del Tribunal Supremo declarando ilegal toda la actividad mierense en el Puerto de Pinos. Pero lejos de hablar de una posible expropiación de los terrenos, como reclaman los pueblos leoneses y el municipio de San Emiliano, prefirió deslizar que trabajará en un plan de gestión del espacio natural de Babia y Luna en el que Pinos se enmarca, desde el que se aprobarán restricciones y usos de esta zona.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Se remonta a hace justo un siglo, cuando Mieres adquirió en subasta cerca de 900 hectáreas que pertenecían a la Fundación Sierra Pambley. Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos, mientras los ganaderos de Mieres insistían hoy en que “en Mieres no tenemos pastos” para sus reses, por lo que dependen casi totalmente de Pinos, del que Mieres es dueño legítimo. El pasado año se alquiló suelo en otra zona leonesa, Los Hidalgos, “pero sólo caben unos 300 animales” y muchos acabaron nuevamente en Pinos, lo que motivó las sanciones.

El siguiente paso de los profesionales mierenses serán reunirse con el concejo y “no ocultamos” que buscarán cualquier situación para “que Mieres pueda actuar en su finca”. La idea es cambiarle el uso, admite Pérez, y que se firme una cesión de uso municipal a ellos para que lo puedan explotar. Una alternativa que la Junta en León ya advierte que es un “subterfucio” que no permitirán, porque ven como “una prevaricación pura y dura” que se intente sortear toda una sentencia del Supremo.

Por último, los ganaderos atacan a su propio Gobierno autonómico (PSOE e IU), por considerar que el consejero de Agricultura asturiano no les está defendiendo frente a sus homólogos de la Comunidad vecina.

El Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales de este municipio de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León han anunciado este martes que exigirán el cumplimiento de las sentencias por vía judicial para que el Ayuntamiento asturiano de Mieres cumpla legalidad sobre el aprovechamiento ganadero del Puerto de Pinos, ya que consideran que su actividad es tan ilegal “como plantar cocaína”.

Así lo ha sostenido el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, tras inadmitir el Tribunal Supremo (TS) el recurso de casación de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda la actividad de Mieres en el Puerto de Pinos. Una postura que ya no admite más recursos y es firme.

Con ello, defienden que el recorrido judicial ha llegado a su fin y cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres “a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ha advertido el letrado y representante de la Federación.

En rueda de prensa, Antón, acompañado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello (PSOE) y los pedáneos de dos de los cuatro pueblos (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) ha recalcado que la última sentencia es un “punto de inflexión” que supone el fin a un largo camino judicial. Y que zanja que toda la actividad que desarrolla Mieres en territorio leonés “es ilegal porque carece de competencias” fuera de su territorio, incluso aunque sea como es la propietaria de los terrenos desde hace un siglo.

El también es presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna ha valorado que la sentencia es un “triunfo” y rechazó, como el alcalde, las continuas críticas recibidas desde Asturias sobre que “rompemos la armonía y convivencia, cuando son ellos los que incumplen la legalidad y actúan de forma absolutamente tramposa”. Advierte que Mieres va a seguir utilizando “todas las estratagemas para seguir aprovechando los pastos” y volver a subir este año 1.500 cabezas de ganado hasta el puerto, lo que desde la vertiente leonesa no van a consentir.

A este respecto, ha advertido que tras el revés judicial el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que va a cambiar la naturaleza jurídica de estos terrenos a bien patrimonial, con la intención de adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos. Un proceso, dijo, que ha sido paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias y que “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias” y por lo tanto “supone otra ilegalidad más” que no van a permitir.

Una “artimaña” que vigilarán

Por eso, de producirse esta “artimaña”, acudirá a un proceso contencioso-administrativo para paralizarla: “Un bien patrimonial no se puede emplear como si fuese un dominio público adjudicándola el Ayuntamiento a quien le dé la gana”, explica.

Consideran todas las organizaciones que la pelota está ahora en manos de las administraciones públicas, la Diputación y sobre todo la Junta de Castilla y León y su Consejería de Presidencia, que es la que tiene las competencias en esta materia, porque ahora es un tema “claramente político y ya no tienen ninguna excusa para intervenir legalmente y confiamos en que lo hagan”, en referencia a una posible expropiación de los terrenos para acabar con la 'anomalía'.

Y es que creen que mientras Mieres tenga la propiedad de los pastos en la provincia de León va a “querer usarla para favorecer a sus ganaderos”, por lo que ha animado a continuar con el proceso de expropiación de estos pastos para evitar que un ayuntamiento aplique competencias en materia de régimen local en territorios de otra Comunidad autónoma, “algo que es ilegal”.

La historia

El conflicto en el Puerto de Pinos se fraguó hace un siglo, cuando en 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres adquirió a la Fundación Sierra Pambley esos terrenos en suelo leonés. Hace una veintena de años que las entidades locales de San Emiliano y sus cuatro pueblos, que conservaron derechos históricos de pasto a pesar de todo, litigan por esos derechos en el aprovechamiento de 900 hectáreas de muy ricos pastos.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que en lo esencial siempre han favorecido a las pedanías leonesas. Unas sentencias que ahora quedan fijadas con última decisión del Supremo.

El alcalde Marcello ha afirmado que tras la última sentencia “tenemos que dar carpetazo” a un asunto que “llevamos sufriendo 100 años”, recalcando que ahora es el momento de que la Administración autonómica actúe, para lo que mantendrán una reunión con responsables de la Junta la semana que viene. Eso después de que hace un año por primera vez el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostraran su apoyo directo y hablaran de una hoja de ruta para la solución del conflicto que todavía no se han materializado.

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), de la Diputación de León, acoge este miércoles 22 de abril la presentación del documental ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’, una obra que pone el foco en el conocimiento tradicional de los pastores trashumantes de la montaña leonesa y su papel en la convivencia con el lobo. La proyección tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Región Leonesa, en la calle Santa Nonia de la capital.

El acto se enmarca además en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado por Naciones Unidas para subrayar la importancia de esta actividad en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible del medio rural.

El documental ha sido dirigido científicamente por el investigador del CSIC Carlos Javier Durá y realizado por el documentalista Alberto Redondo. A través de entrevistas a pastores de la montaña leonesa, la pieza muestra una realidad poco conocida: la de uno de los pocos territorios del mundo donde la ganadería extensiva y el lobo aún conviven de forma directa.

Lejos de los tópicos, el trabajo aborda los problemas reales a los que se enfrentan los pastores trashumantes y reivindica su conocimiento milenario como una herramienta clave para entender esa coexistencia. Según sus impulsores, esta relación genera además un servicio ambiental que debería ser reconocido tanto social como económicamente.

Tras la proyección, el público podrá asistir a un debate en el que participarán el propio Carlos Javier Durá, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, Álvaro Álvarez Redondo, y pastores trashumantes de la montaña leonesa, que aportarán su propia experiencia.

El equipo científico del documental está formado también por investigadores de distintas universidades españolas, en un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación que busca aportar una mirada rigurosa y basada en la evidencia a uno de los debates más sensibles del medio rural: la relación entre ganadería y fauna salvaje.

Los municipios de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Concejos de León han celebrado que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos. Algo que, de facto, convierte esa sentencia en definitiva.

“Con este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo se acaba el largo periplo judicial de múltiples procedimientos en los que de forma unánime, siempre, todos los tribunales han declarado la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento de Mieres”, ha celebrado el abogado Carlos González-Antón, además representante legal de estos municipios.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Hay que recordar que, aunque en suelo leonés, las cerca de 900 hectáreas son propiedad del Concejo de Mieres desde que hace justo un siglo adquiriera estos terrenos a la Fundación Serra Pambley, iniciándose algunas épocas de disputa junto a momentos de normal convivencia.

Esto último es en lo que el acento el Ayuntamiento de Mieres, que pide un uso razonable para el Puerto de Pinos y huir de polémicas estériles. En un comunicado, el Consistorio ha mostrado su disconformidad con la sentencia del TS de inadmitir su recurso y ha abogado por un uso “razonable y sostenible” para esos terrenos y por evitar “polémicas estériles” buscando el enfrentamiento.

Señala que los hechos que generaron este conflicto judicial ocurrieron hace décadas y forman parte del pasado e incide en que los terrenos son de su propiedad “como reconocen todas y cada una de las sentencias” y en que su objetivo es hacer uso de esos derechos “con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”. El Ayuntamiento asegura haber defendido sus derechos y avanza que seguirá haciéndolo en el futuro mientras apuesta por un uso razonable y sostenible del Puerto de Pinos, unas tierra que considera “esenciales” para cientos de ganaderos del concejo asturiano.

Además, lamenta que algunos sectores minoritarios intenten alimentar polémicas estériles “para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto” y subraya que siempre ha optado por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia, “como hacen los propios ganaderos en Mieres y León, que han demostrado que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino”.

Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos por su parte. Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

El Colegio de Veterinarios de León realiza un llamamiento a la sociedad civil y a los ganaderos para que protejan a sus animales de compañía y a los de protección con medidas de antiparsitación.

Los vigilantes de la salud animal han insistido en que pueden ocasionar parasitación e infecciones a los humanos, de “ahí que la prevención sea fundamental desde el punto de vista de la salud pública”, ha informado el Colegio en un comunicado.

Los profesionales de la veterinaria han recordado a los propietarios de mascotas que la desparasitación, al igual que ocurre con las vacunas, es un deber básico para una correcta tenencia de animales de compañía por razones de sanidad y bienestar animal.

En este sentido, el Colegio ha explicado que la infestación por parásitos puede causar una serie de problemas de salud en los perros, como anemia, pérdida de peso, diarrea y daño a órganos internos que puede resultar fatal.

Algunos parásitos también pueden provocar reacciones alérgicas y debilitamiento del sistema inmunológico.

Además, muchos parásitos de los perros son zoonósicos, por lo que la desparasitación regular es una medida fundamental para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades zoonósicas a las personas.

Los parásitos internos más habituales pueden ser Nematodos (gusanos redondos), que incluyen Toxocara canis y Ancylostoma caninum; Cestodos (tenias), como Dipylidium caninum y Taenia spp, y Protozoos, entre los que figuran la Giardia y la Coccidia.

Respecto a los externos, hay pulgas, que pueden transmitir Dipylidium caninum; garrapatas, que pueden transmitir enfermedades como la ehrlichiosis, la enfermedad de Lyme y la fiebre de Crimea Congo, y los ácaros.

Los veterinarios hacen una mención especial a la leishmaniosis, una zoonosis relevante en el entorno. Su prevención se basa fundamentalmente en proteger a las mascotas frente a la picadura de su vector mediante el uso regular de repelentes o insecticidas adecuados.

El aumento de temperaturas favorece a los parásitos

Asimismo, han advertido que el aumento de las temperaturas está favoreciendo el ciclo biológico de estos parásitos, por lo que resulta cada vez más necesario mantener medidas de protección eficaces a lo largo de todo el año.

Por otra parte, la frecuencia de la desparasitación depende de múltiples factores, entre ellos el estilo de vida (no es lo mismo un animal de interior que uno con acceso al exterior o con salidas al campo), la edad, el estado fisiológico de la mascota y las circunstancias epidemiológicas propias de cada zona.

El veterinario establecerá el programa sanitario más adecuado en cada caso tras la evaluación clínica del animal y revisando la situación epidemiológica de cada patología en su entorno.

“Los planes preventivos son fundamentales para garantizar la salud pública y para hacer frente a las zoonosis. De ahí que sea crucial no sólo inmunizar al hombre, sino también a los animales”, ha recordado el presidente del Colegio, Álvaro Borge de Castro.

León vivió la posguerra marcada por el hambre, la escasez y el mercado negro a pesar de ser una de las provincias españolas que más alimentos y materias primas aportó al conjunto del país, una paradoja explicada por la política autárquica del franquismo y el férreo control ejercido por la Comisaría de Abastecimientos y Transportes.

Esta es una de las conclusiones principales del artículo 'Economía y sociedad en el León de posguerra (1939-1949). El papel de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes', firmado por el historiador y colaborador de ILEÓN Pedro Víctor Fernández y recientemente publicado en la revista Añada: revista d’estudios llioneses.

El trabajo consultado por la Agencia EFE analiza, a partir de documentación inédita del Archivo Histórico Provincial, cómo funcionó el racionamiento y cómo se repartió —o se negó— la comida en la provincia durante la primera década del franquismo.

El estudio describe una provincia eminentemente rural, agrícola y ganadera, que produjo cereales, patatas, carne, carbón o electricidad en cantidades suficientes para abastecer a otras regiones, pero cuyos propios habitantes apenas accedían a esos productos. El control estatal de precios, los cupos obligatorios y la exportación de alimentos a zonas deficitarias dejaron a la población leonesa con dietas pobres, repetitivas y claramente insuficientes.

Desde 1939 se implantaron las cartillas de racionamiento, que establecían cantidades teóricas de alimentos básicos como pan, aceite, azúcar o legumbres, aunque en la práctica esos cupos raramente se cumplían. El pan blanco se convirtió en un artículo de lujo y la mayoría de los leoneses se alimentaba de pan de centeno, patatas y legumbres, con un consumo muy limitado de carne, pescado o grasas.

En ese contexto prosperó el estraperlo, un mercado negro que se convirtió en una vía de supervivencia para la mayoría de la población y en una fuente de enriquecimiento para una minoría vinculada al poder. El artículo señala que en León el mercado ilegal fue estructural durante los años cuarenta, con precios que multiplicaban varias veces los oficiales y una persecución desigual, más dura con los pequeños estraperlistas que con quienes manejaban grandes volúmenes de producto.

El papel central en toda esta etapa lo desempeñó la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), un organismo creado en 1939 con amplísimos poderes para controlar la producción, el transporte, los precios y el reparto de alimentos. Según el estudio, la CAT fue la oficina del Estado con mayor información económica y social de la provincia, pero también una herramienta clave del control político y social del franquismo.

A través de alcaldes y jefes locales del régimen, la comisaría elaboró censos, mapas y estadísticas muy detalladas, aunque el trabajo subraya que esos informes tendían a ocultar el descontento social, minimizar el hambre y presentar una imagen de eficacia que no se correspondía con la realidad cotidiana de la población.

El artículo sitúa 1946 como el “año del hambre” en León, agravado por la sequía y el aislamiento internacional de España tras la Segunda Guerra Mundial. Ese año aumentó el éxodo rural hacia las ciudades y las cuencas mineras, mientras se intensificaba la emigración a otras provincias como Asturias, Madrid o Valladolid.

A finales de la década de los cuarenta comenzaron a aparecer algunos indicadores de mejora, pero el balance global de la posguerra fue, según el autor, devastador: salarios de miseria, precios en alza, desnutrición, enfermedades vinculadas al hambre y una modernización económica bloqueada durante años.

El estudio concluye que la política autárquica no solo no resolvió el desabastecimiento, sino que generó una economía intervenida ineficaz, incapaz de aprovechar el potencial productivo de la provincia ni de garantizar condiciones de vida dignas a su población, sentando las bases de un prolongado atraso económico y social.

León cerró marzo con una notable caída del paro, que bajó en 363 personas hasta situar la estadística en 20.842 desempleados, un -1,71% con respecto a febrero. El descenso es incluso mayor en términos interanuales: 1.162 demandantes de un puesto de trabajo menos, un 5,28% menos, según datos publicados este lunes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La provincia registró un buen comportamientos en todos los sectores, especialmente en los servicios en un mes marcado por las contrataciones derivadas de la Semana Santa, algo que también se notó en el conjunto España, que anotó 22.934 inscritos menos (un -0,94% en la comparativa intermensual).

Por sectores, el desempleo bajó en los principales, especialmente en los servicios (-305, de 15.308 a 15.003) y, de forma más moderada, en la industria (-42, de 1.763 a 1.721), la construcción (-27, de 1.316 a 1.289) y la agricultura (-10, de 696 a 686). La estadística sólo subió en la estadística del colectivo sin empleo anterior (+21, de 2.122 a 2.143).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.231 mujeres desempleadas frente a 8.611 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (831 hombres frente a 720 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (684 hombres por 793 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.060 por 3.152) y a partir de los 45 años (5.036 por 7.566).

A juicio del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, los datos de marzo reflejan una “evolución positiva y sostenida” de la estadística en la provincia, de la que destaca que haya bajado de la barrera de los 21.000 desempleados. Alaiz subraya que en el último mes se suscribieran 8.038 contratos, de los que 3.373 fueron indefinidos. En el conjunto del año, se han registrado 21.342 contratos, de los que 9.013 son indefinidos, lo que representa el 42,23% del total, lo que para el subdelegado redunda en un “empleo cada más estable y de más calidad”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en marzo 1.673 parados menos que en febrero, el 1,60% de recorte, que dejó en 103.045 los desempleados en la comunidad, que ese mes sumó 6.321 afiliados más a la Seguridad Social, lo que deja en 990.981 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este lunes los datos de paro y afiliación de marzo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.624 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -5,18%.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

El paro registrado en marzo de 2026 bajó en catorce comunidades autónomas respecto al mes anterior, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Castilla y León anotó la cuarta mayor bajada del paro del conjunto autonómico tanto en dato absoluto, con esos 1.673 parados menos, con en absoluta, con ese -1,60%.

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad salvo en Soria (0,51%) y en Ávila (0.47%). Y bajó en el resto de las provincias: en Burgos (-2,62%), León (-1,71%), Palencia (-2,51%), Salamanca (-1,62%), Segovia (-0,87%), Valladolid (-1,74%) y Zamora (-1,69%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-6,02%), Burgos (-5,90%), León (-5,28%), Palencia (-1,55%), Salamanca (-6,35%), Segovia (-6,45%), Soria (-0,29%), Valladolid (-4,70%) y Zamora (-5,24%).

El desempleo bajó además en todos los sectores, sobre todo en el de servicios, que anotó 1.205 parados menos que en febrero, con 47 menos en Agricultura, 136 en Industria, 268 en la Construcción y 17 en el colectivo de sin empleo anterior.

En menores de 25 años, la comunidad cerró marzo con 248 parados menos que el mes anterior, y con 1.027 mujeres menos desempleadas y 646 hombres.

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en marzo respecto al mes anterior, con incrementos del 1,18% en Segovia, el 1,05 en Burgos, y el 0,87% en Palencia. En Ávila los afiliados subieron un 0,22%, el 0,60 en León, el 0,26 en Salamanca, con un 0,42 en Soria, el 0,52 en Valladolid y el 0,70 en Zamora. En comparativa anual, todas las provincias tienen más afiliados que hace un año, con repuntes entre el 3% de Segovia y el 0,35% de Soria.

En cuanto a la contratación, en marzo se cerraron 53.582 contratos en Castilla y León, 9.415 más que en febrero, con un repunte del 21,32% (17,16 nacional) y 4.570 más que en el mismo mes del 2025, el 9,32% de incremento (12,38). En marzo se formalizaron 20.230 contratos indefinidos en la comunidad, 3.055 más que en febrero, y 2.392 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de febrero, la comunidad sumó 58.200 beneficiarios, 40.405 pensiones contributivas; con 17.748 subsidios y 47 rentas activas de inserción.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han solicitado a las industrias lácteas que operan en Castilla y León que prorroguen al menos quince días, hasta mediados de abril, la negociación de los contratos que vencen este martes 31 de marzo, con el fin de garantizar la recogida de leche mientras se alcanza una solución.

Según han denunciado este lunes en un comunicado, la negociación se está desarrollando de forma “muy precipitada”, ya que las empresas han esperado a los últimos días para realizar sus ofertas, en muchos casos de forma verbal y no por escrito, con propuestas que suponen bajadas de precio de en torno al 14% sobre un valor de referencia actual de 52 céntimos por litro.

Las organizaciones agrarias han considerado que, al tratarse de un producto perecedero, las industrias “juegan con ventaja” en la negociación y pueden imponer sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada.

En este sentido, han advertido de que dejar de recoger leche a partir del 1 de abril a quienes no tengan suscritos los contratos se entendería como un “chantaje” y convertiría la ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial.

Por ello, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reclamado prolongar el periodo de negociación, que las ofertas se realicen por escrito, que se recoja toda la leche mientras se negocia y que el precio acordado tenga carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Ante la “magnitud del problema”, con caídas de precios de hasta el 14%, las organizaciones han exigido a las administraciones públicas, Estado y Junta de Castilla y León, que se ofrezcan a mediar entre las partes, vigilen el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria, y eviten pactos de precios entre los principales operadores.

Por todo ello, han indicado que esperan que las industrias lácteas y la gran distribución actúen con “amplitud de miras” y antepongan la viabilidad del sector a medio y largo plazo frente a medidas “cortoplacistas”, como la bajada de precios en un contexto de excedentes puntuales en varios países productores de la Unión Europea.

La ganadería extensiva se confirma como una herramienta eficaz para conservar la biodiversidad y reducir los riesgos asociados al avance del matorral en los ecosistemas de montaña. Así lo constata un estudio desarrollado en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, cuyos resultados acaban de publicarse en la Revista Agroecología.

La investigación evalúa el impacto del pastoreo en dos áreas piloto —Casares de Arbas y Folledo— integradas en el proyecto 'Pastoreo en las Redes', impulsado por Enagás y Red Eléctrica de España (Redeia) con el asesoramiento técnico de Agrovidar.

El trabajo consultado por la Agencia EFE analiza cómo el manejo planificado de vacas y yeguas en zonas situadas bajo tendidos eléctricos y sobre gasoductos contribuye a controlar el crecimiento del matorral, mantener el paisaje en mosaico y promover la biodiversidad vegetal y de artrópodos. Para ello, se compararon parcelas pastoreadas y zonas control sin ganado, mediante tres muestreos realizados en primavera, verano y otoño de 2023.

Los resultados muestran un patrón claro: allí donde ha habido ganado, la vegetación ha evolucionado hacia un predominio del sustrato herbáceo y una mayor riqueza florística.

En ambas localidades se registraron más especies y más familias botánicas en los pastos manejados, con un pico notable a principios del verano, cuando se alcanza el máximo desarrollo vegetativo. Las familias Fabaceae, Asteraceae y Poaceae —esta última con mayor cobertura vegetal— fueron las más representadas.

Según el estudio, firmado por María Barco, Ramiro Palacios, Gonzalo Villalba e Inés Andreu, la acción combinada de siega mecánica previa, trasterminancia, instalación de puntos móviles de agua y sal, y manejo dirigido mediante vallados permite que el ganado frene con eficacia el rebrote del matorral, especialmente en áreas donde antes se habían detectado coberturas superiores al 80% y alturas de hasta cuatro metros en especies como Cytisus scoparius.

El pastoreo, indican los autores, no solo reduce biomasa combustible y facilita el mantenimiento de infraestructuras energéticas, sino que también incrementa la disponibilidad de pasto, mejora la estructura del suelo y contribuye a fijar carbono.

Sin embargo, el efecto sobre las comunidades de artrópodos resulta más complejo. Aunque tanto la abundancia como la riqueza de insectos fueron altas, no se observaron diferencias significativas entre áreas con y sin pastoreo.

La respuesta fue “neutra”, condicionada por factores como la climatología, la altitud, la dominancia de determinadas especies herbáceas y la carga ganadera. El orden Diptera fue claramente mayoritario, con porcentajes superiores al 70% en varios muestreos, estando compuesto sobre todo por moscas de las familias Muscidae, Anthomyiidae y Bibionidae. Su abundancia y resiliencia lo sitúan, según el artículo, como un potencial bioindicador del manejo ganadero.

El estudio recuerda que la relación entre pastoreo y polinizadores es objeto de amplio debate científico: las intensidades moderadas pueden favorecerlos, mientras que las elevadas o el corte para heno pueden disminuir su presencia. En este caso concreto, pese al aumento de la diversidad vegetal, la fuerte dominancia de gramíneas —tolerantes al pastoreo— podría haber limitado cambios mayores en la comunidad de invertebrados.

Los autores subrayan que, aunque el diseño experimental es exploratorio, los resultados ofrecen una primera evidencia sólida de que el ganado extensivo puede actuar como un agente de gestión ecológica eficaz en áreas de montaña. Para obtener conclusiones más robustas, proponen prolongar el estudio en el tiempo y aumentar la replicación espacial.

'Pastoreo en las Redes' también incorpora una dimensión social: la remuneración directa a las pastoras encargadas del manejo, lo que contribuye a diversificar las fuentes de ingreso, impulsar el relevo generacional y vincular el pastoreo con servicios ecosistémicos de alto valor ambiental.

En un contexto de abandono de la ganadería extensiva y aumento del riesgo de incendios forestales, la investigación defiende que la continuidad del pastoreo es clave para estabilizar los ecosistemas y garantizar respuestas positivas a largo plazo tanto en la vegetación como en el funcionamiento del territorio.

La organización SEO/BirdLife ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir de nuevo la caza y la entrada de ganado en montes afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2025 en la provincia de León, una medida que considera contraria a la legislación vigente y perjudicial para la recuperación ambiental.

El recurso, registrado el pasado 12 de marzo, se dirige contra la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León que levanta la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos apenas siete meses después de los incendios, pese a que la Ley de Montes autonómica establece con carácter general una moratoria de cinco años.

Según la organización ecologista, la Administración no ha acreditado mediante informes técnicos que la reanudación de la caza sea compatible con la regeneración de los montes, requisito imprescindible para poder levantar esa prohibición. Además, advierte de que la resolución carece de la preceptiva evaluación ambiental.

Impacto en espacios protegidos

SEO/BirdLife alerta de que los incendios afectaron gravemente a espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla y León, con daños directos en 36 enclaves, algunos de ellos en la provincia de León con entre un 15% y un 79% de su superficie arrasada.

Entre las zonas afectadas se encuentran áreas de alto valor ecológico como la Sierra de La Cabrera, los Montes Aquilanos o el entorno de Riaño, donde se han perdido hábitats esenciales para especies protegidas.

La organización subraya que permitir la caza en estos territorios supone añadir presión sobre una fauna que ya se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad tras los incendios, con pérdida de refugio y alimento y un aumento de los procesos erosivos.

Especies en riesgo

El recurso pone el foco en especies como el urogallo cantábrico, catalogado en peligro de extinción, que depende de bosques maduros con sotobosque, o la perdiz pardilla, considerada vulnerable y cuya área reproductora se ha visto gravemente afectada.

También menciona al ruiseñor pechiazul, ligado a matorrales de alta montaña como los piornales, hábitats que, según advierten, no recuperarán su estructura funcional hasta dentro de al menos nueve años.

Críticas por la contradicción con el pastoreo

SEO/BirdLife señala además una “contradicción administrativa” en la decisión de la Junta, al permitir simultáneamente la caza para reducir la presión de la fauna silvestre sobre la regeneración vegetal y autorizar al mismo tiempo la entrada de ganado en esos mismos terrenos, pese a reconocer riesgos de pisoteo y erosión.

La organización considera que los primeros años tras un incendio son clave para la recuperación de los ecosistemas y reclama suspender cautelarmente la resolución para minimizar las perturbaciones.

Asimismo, advierte de que permitir la caza en estas condiciones podría encajar en lo que la normativa cinegética denomina “días de fortuna”, es decir, situaciones en las que los animales no pueden huir ni esconderse, lo que está prohibido.

Nuevo frente en la polémica

Este recurso se suma a los ya presentados por otras organizaciones ecologistas y colectivos de la provincia contra una medida que ha generado una amplia controversia desde que la Junta decidiera levantar las restricciones a la caza y la ganadería en zonas arrasadas por los incendios del pasado verano.

La Administración autonómica ha defendido la legalidad de su decisión y su compatibilidad con la recuperación del medio natural, basándose en informes técnicos que, sin embargo, no han sido hechos públicos hasta la fecha.

La Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión directa de apenas 600.066 euros en ayudas al sector agrario para reparar infraestructuras agrícolas, ganaderas y apícolas dañadas por los grandes incendios forestales del verano de 2025, los peores de su historia, con un total de 28 explotaciones que han solicitado y recibirán las subvenciones directas.

El reparto aparece publicado este viernes 14 de marzo, más de medio año después de los peores siniestros de agosto de 2025 y a dos días de las elecciones autonómicas, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y llama mucho la atención que en el texto de la concesión admite que el pasado año “fue uno de los más devastadores respecto a incendios forestales, en términos ambientales, económicos y sociales”, pero cifra la extensión arrasada por los fuegos en “más de 140.000 hectáreas”. Esa es la casi cuantía que otra Consejería, la de Medio Ambiente, competente en incendios, atribuyó finalmente de manera oficial sólo a una provincia, la de León, con 135.500 hectáreas.

Las subvenciones que ahora se resuelven, convocadas entre las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular), están destinadas a reconstruir o rehabilitar construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas o apícolas, desde como naves a casetas de riego o infraestructuras para el ganado, que resultaron dañadas por el fuego.

El reparto final recoge la subvención directa a un total de 28 titulares de explotaciones cuyas pérdidas han sido verificadas mediante inspecciones y valoración económica de los bienes afectados.

León: nueve explotaciones y 145.941 euros

También llama la atención que en la provincia de León, donde más superficie se quemó el pasado verano, sin precedente histórico, se han concedido únicamente ayudas a nueve titulares de explotaciones, lo que supone casi un tercio del total de beneficiarios de toda la Comunidad. La cuantía global asciende a 145.941,09 euros.

El reparto por municipios es el siguiente:

Las ayudas cubren la reposición de elementos como naves ganaderas, estructuras agrícolas o instalaciones de manejo del ganado, calculadas a partir del valor actualizado de los bienes dañados y los costes de referencia fijados por la Administración.

Salamanca se lleva la palma

A pesar de que León es la segunda provincia con más beneficiarios, Salamanca concentra la mayor parte de las ayudas, con 12 explotaciones agrarias y 379.699,95 euros, más del doble que León.

Entre los municipios salmantinos destacan:

El reparto se completa con Zamora, que recibe 67.533,05 euros para cinco explotaciones, y Ávila, con 6.891,95 euros para dos beneficiarios. Aunque Palencia figura entre las provincias afectadas por los incendios, finalmente no aparece ningún titular de explotaciones de esta provincia en la relación de ayudas concedidas, lo que da a entender o bien que no se produjo ninguna solicitud en el plazo habilitado o que la Consejería no consideró demostrados los daños.

Tal y como dicta la orden publicada hoy, en víspera electoral, firmada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, los 28 beneficiarios podrán solicitar un anticipo del 50% de la subvención, mientras que el resto se abonará tras justificar la reconstrucción de las instalaciones dañadas. El condicionante impuesto es que la reposición de las instalaciones menores deberá acreditarse en cuatro meses, mientras que la reconstrucción de edificaciones agrícolas o ganaderas podrá ejecutarse en un plazo máximo de doce meses, un año completo.

Aparte de esta convocatoria, con los principales incendios aún sin extinguir el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, confirmó en septiembre de 2025 que los agricultores profesionales afectados por los incendios forestales en las provincias y zonas afectadas podían recibir una ayuda mínima de 5.500 euros por beneficiario.

No obstante, aindicatos agrarios como Asaja criticaron que la Junta destinaba menos y más escasas ayudas que las del propio Gobierno central, anunciando incluso recursos ante las múltiples denegaciones de las consejerías.

Dejamos el reparto detallado publicado en el BOCyL.

La candidata número uno de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, defiende la creación del Parque Agroalimentario en El Bierzo, prometido ya en 2017, como referente para el desarrollo del sector y elemento clave para el futuro de la comarca. Así se refirió este jueves durante su visita a Bembibre, donde refrendó que esta zona “es especialmente rica” en materia agrícola, con un importante número de marcas de calidad tanto en frutales como en embutidos o vino.

Gallego reafirmó el compromiso de la formación leonesista con la comarca berciana y ahondó en la necesidad de poner en marcha diferentes políticas dirigidas a su impulso y desarrollo. Aprovechando su visita a la capital del Bierzo Alto, incidió en la intención de UPL de solicitar a la Junta de Castilla y León la creación de un nuevo polígono industrial de su titularidad para Bembibre.

En cualquier caso, remarcó su postura en defensa de los productos del territorio con el objetivo de evitar que se den casos como la “apropiación” de uvas autóctonas como la godello del Bierzo o la bruñal de Las Arribes por parte de la DO (Denominación de Origen) Rueda. “A ello deben sumarse planes concretos para la creación de industria y empleo en zonas desindustrializadas de El Bierzo y Laciana y, otros más concretos, para la generación de trabajo y empresas en las cuencas mineras de Laciana, Fabero, Toreno o Páramo del Sil”, reseñó.

La candidata leonesista no dudó en evidenciar que para que cese la pérdida de población se requieren “mejores servicios públicos e infraestructuras” en una comarca que tiene muchas potencialidades. En esta línea, incidió en la necesidad de “apostar de forma decidida” por la atención sanitaria en una comarca que requiere de un refuerzo de profesionales y que tiene que contar con un servicio de radioterapia y oncología adecuado.

En materia educativa, valoró la importancia de fortalecer el campus que la Universidad de León tiene en Ponferrada y, especialmente, afrontar las mejoras y carencias en diferentes centros educativos de la comarca. Más amplia fue la demanda en materia de infraestructuras con un ferrocarril que “debe ser del siglo XXI” en El Bierzo y unos viales que deben arreglarse -como es el caso de la A-6- o desarrollarse y ejecutarse, tal y como sucede con la Ponferrada-Ourense, la Ponferrada-La Espina o la Ronda Sur de Ponferrada.

Esta visita se suma a las realizadas por la propia Gallego en las semanas de campaña a la comarca de El Bierzo. Ponferrada fue el lugar elegido para presentar el programa electoral de UPL y, posteriormente, regresó a la comarca para estar en la capital berciana y visitar Las Médulas, donde pudo comprobar las “nefastas políticas medioambientales” de la Junta con el ejemplo de la gestión del incendio del pasado verano, cuyas consecuencias supusieron “una pérdida patrimonial importante”.

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha visitado este jueves Murias de Paredes, donde ha mantenido un encuentro con ganaderos de la comarca de Omaña. En la reunión ha participado el número dos de la candidatura socialista, Mario Rivas, acompañado por la alcaldesa del municipio, Carmen Mallo, además de pedáneos y representantes del territorio, que han remarcado la importancia del sector en la supervivencia del medio rural.

Durante el encuentro, los ganaderos han trasladado a los representantes socialistas las principales dificultades que afronta el sector, especialmente quienes desarrollan su actividad en régimen de ganadería extensiva en zonas de montaña. Entre las preocupaciones planteadas han destacado las consecuencias de los incendios forestales del último verano y la falta de conocimiento del territorio por parte de la Junta de Castilla y León a la hora de diseñar y aplicar determinadas políticas.

Mario Rivas ha subrayado que “la ganadería extensiva es una actividad esencial para mantener vivo el medio rural, fijar población y preservar nuestros ecosistemas, especialmente en comarcas de montaña como Omaña”. En este sentido, ha defendido que el futuro del territorio pasa por “garantizar condiciones dignas para quienes viven del campo y reconocer el papel estratégico del sector primario en el desarrollo económico y social de Castilla y León”.

Rivas ha recordado que el programa del PSOE para la Comunidad incluye medidas específicas para fortalecer el sector agroganadero, entre ellas la defensa de una Política Agraria Común (PAC) más justa que tenga en cuenta las singularidades de territorios como León, el impulso a la ganadería extensiva en zonas de montaña y la puesta en marcha de políticas que garanticen precios justos y refuercen la posición de los productores en la cadena alimentaria.

Asimismo, el candidato socialista ha destacado la necesidad de favorecer el relevo generacional en el campo y apoyar a jóvenes y mujeres que quieran incorporarse a la actividad agraria, facilitando el acceso a la tierra, a la financiación y a la formación, así como promoviendo la modernización y digitalización de las explotaciones.

Durante la visita también se ha puesto en valor el compromiso con el desarrollo de los pequeños municipios a través de inversiones que contribuyen a mejorar la calidad de vida en el medio rural. En este sentido, los socialistas han destacado el proyecto de renovación de luminarias en Murias de Paredes, impulsado a través del programa DUS 5000, una iniciativa financiada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinada a promover proyectos de energía limpia en municipios en riesgo de despoblación.

Mario Rivas ha insistido en que “apostar por el campo y por la ganadería es apostar por el equilibrio territorial y por el futuro de nuestros pueblos”, y ha asegurado que el PSOE seguirá defendiendo políticas que garanticen oportunidades, servicios y desarrollo para el medio rural leonés.

Se acabó, ya no hay más recorrido judicial. El ayuntamiento asturiano de Mieres ha agotado la última vía posible, la del Tribunal Supremo (TS), y este ha dado carpetazo a su defensa para poder seguir organizando servicios públicos municipales en el puerto leonés de Pinos, que es de su propiedad pero se encuentra en otra provincia e incluso en otra Comunidad autónoma, fuera de Asturias, en este caso en la comarca de Babia, León.

En una providencia del pasado 5 de marzo, el Alto Tribunal zanja el debate y confirma plenamente la dura sentencia contra Mieres por parte primero de un tribunal de primera instancia leonés en 2024 y posteriormente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en 2025. El Supremo cierra toda discusión inadmitiendo el recurso de casación presentado por Mieres, de modo que la sentencia recurrida pasa a ser queda firme.

La resolución confirma que un ayuntamiento no puede regular, promocionar ni prestar servicios públicos fuera de su término municipal, ya que ello supondría la nulidad de la actuación y podría derivar en responsabilidades para sus órganos de gobierno. El litigio original fue por la celebración de la fiesta tradicional de Las Nieves que Mieres organizaba en Pinos para los ganaderos que allí se dan cita, en aprovechamiento de los ricos pastos leoneses, aprovechando que hace un siglo que el concejo asturiano compró aquel suelo.

A pesar de la sucesión de sentencias en contra, Mieres siempre ha defendido “que el Ayuntamiento de Mieres no regula ni presta servicios públicos en Puerto Pinos desde hace muchos años”, por lo que critica a la vertiente leonesa, desde el Ayuntamiento de San Emiliano donde se enmarca Pinos, como a la Junta de Castilla y León, de impulsar una “ceremonia de la confusión” y “provocar una polémica inexistente”.

En su resolución final, el Tribunal recordaba que las fiestas patronales constituyen una actividad de servicio público municipal, por lo que su organización debe realizarse dentro del ámbito territorial del municipio. Una decisión ya definitiva que hoy ha celebrado el alcalde de San Emiliano, el socialista David Marcello, pero al mismo tiempo censurando que la Junta de Castilla y León siga sin tomar cartas en el asunto.

El regidor, en una breve nota de prensa, habla de hecho de “hartazgo importante” contra el PP en el Gobierno autonómico en varios sentidos. También porque está a punto de cumplirse un año -el 19 de marzo- en el que se celebró en Valladolid una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que “se comprometieron conmigo a dar una solución definitiva al conflicto que cumple 100 años” y no haber movido un dedo en todo este tiempo.

Las principales asociaciones ecologistas de la provincia de León, en concreto Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, han presentado recursos contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León que levantan las restricciones a los aprovechamientos de caza y ganaderos en los montes afectados por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones denuncian que esta decisión se adopta apenas medio año después de los fuegos que, según recuerdan, provocaron la mayor catástrofe ambiental registrada en la provincia, con cerca del 10% de la superficie forestal leonesa calcinada y daños en espacios protegidos de alto valor ecológico.

Tal y como desveló en primicia ILEÓN, el pasado 12 de febrero, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León publicó sendas resoluciones firmadas por su jefe, Jesús Méndez Fernández, por las que se dejaba sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en todos los terrenos afectados por los incendios del último verano. La medida fue adoptada a instancias del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Ángel Arranz, mano derecha del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Multitud de voces habían reclamado la dimisión de ambos tras el dramático resultado final de los incendios de agosto de 2025.

Tal y como destacaba ILEÓN y argumentan ahora los ecologistas, la Ley de Montes de Castilla y León de la propia Junta establece en su artículo 92 que, tras un incendio forestal, queda automáticamente suspendido durante cinco años cualquier aprovechamiento incompatible con la recuperación del monte, con el objetivo de facilitar la regeneración de la cubierta vegetal. La misma norma contempla, no obstante, la posibilidad de levantar estas prohibiciones si se acredita que dichas actividades son compatibles con la restauración del hábitat y la supervivencia de la flora y fauna silvestres.

Las organizaciones ecologistas sostienen que, en este caso, la Junta no ha realizado evaluaciones ambientales sobre el impacto de los incendios ni estudios sobre su repercusión en las especies afectadas. Tampoco se habrían elaborado planes de restauración ni convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para analizar la situación.

Según critican en sus recursos, las resoluciones levantan las prohibiciones de forma generalizada en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas -incluidas las de caza menor, además de especies como ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés- y para todas las explotaciones ganaderas, durante todo el periodo de cinco años que establece la Ley.

La regeneración sirve para una cosa... y la contraria

Los colectivos también advierten del riesgo de erosión en los terrenos quemados, especialmente tras las intensas lluvias registradas durante el invierno. A su juicio, la pérdida de estabilidad del suelo y la reducción de la capacidad de regeneración natural del monte aconsejarían mantener las restricciones previstas en la normativa. Es justo el argumento contrario esgrimido por la Junta para defender su polémica medida, ya que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró a preguntas de este medio que las especies salvajes, que no las domésticas, podrían dañar la regeneración en las zonas arrasadas. También se le ha reclamado varias veces los informes técnicos que aseguran que justifican estas medidas, pero jamás se han facilitado.

Por esto, las organizaciones conservacionistas consideran que la decisión no tiene en cuenta el régimen de protección de algunos de los espacios afectados, incluidos territorios integrados en la Red Natura 2000, parques regionales o reservas de la biosfera. De hecho, incluso en el Parque Regional de Caza de Riaño, afectado directamente por uno de los siniestros forestales más dañinos para el medio ambiente, la propia Consejería de la Junta ha subastado ya los permisos de caza de esta temporada, y hasta los aumenta en un 13% respecto al tranquilo año anterior.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas señalan que estudian continuar la vía judicial si sus recursos administrativos son desestimados. Entre las opciones que barajan se encuentra acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la vía penal por un posible delito de prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos de las resoluciones, señalando sin mencionar a Arranz y Suárez-Quiñones.

La Guardia Civil investiga a dos ganaderos como presuntos autores de varios delitos de hurto por el aprovechamiento reiterado de pastos privados en la comarca de El Bierzo, dentro de la Sierra de los Ancares leoneses.

La actuación fue llevada a cabo por la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con sede en Villablino, tras recibir una denuncia por parte de los propietarios de unas 350 hectáreas de fincas destinadas a pastos privados. A esta denuncia se sumaron además las continuas quejas de vecinos de la zona por la presencia de ganado en los terrenos.

Según la investigación, tal y como se relata en una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en la provincia leonesa, los hechos consistían en conductas reiteradas y contumaces de aprovechamientos ganaderos de bóvidos en fincas privadas sin las correspondientes autorizaciones, tanto de la propiedad como de carácter sanitario.

Las pesquisas desarrolladas a lo largo del año 2025, que incluyeron diversas inspecciones y la recopilación de documentación e indicios relevantes, han concluido con la investigación de dos personas que presuntamente llevaban al menos tres años utilizando sin permiso los pastos pertenecientes a una sociedad civil legalmente constituida.

Además del uso indebido de los prados, los agentes detectaron numerosas irregularidades relacionadas con la sanidad animal, por lo que se han tramitado también varias denuncias administrativas por infracción de distinta normativa en esta materia.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Villablino, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada y también al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, que puede por su parte abrir expediente para sancionar con multas este tipo de actividades.

El PSOE quiere que en el presente campaña electoral autonómica haya al menos un debate entre los cabezas de lista por la provincia de León, con participación de las formaciones con más opciones teóricas de obtener representación por la circunscripción el próximo 15 de marzo sin descartar la presencia del resto de las 16 listas que concurren a los comicios. Lo dijo este lunes la número uno de los socialistas por León, Nuria Rubio, para quien este formato servirá para “confrontar” ideas con otras fuerzas y para que los ciudadanos “tengan un abanico más claro” sobre las propuestas políticas de cada uno.

“Yo lanzo ahí ese órdago”, proclamó Rubio tras recordar que “aquí en León siempre se han organizado diferentes tipos de debates”, al citar tanto “genéricos” en los medios de comunicación como “sobre temas específicos” en otros foros. “Y no tengo ninguna noticia de que se haya organizado ninguno hasta ahora”, señaló la cabeza de lista del PSOE por León para avalar la importancia de una fórmula que permita “hablar de los temas que importan a la ciudadanía y también de otros eh que estén en el candelero”. Sin renunciar a la presencia de representantes de las 16 candidaturas que concurren por la provincia, sí reconoció que eso “puede ser más complejo a la hora de organizar”, por lo que reclamó que al menos haya un debate que sí reúna a las formaciones que tienen más posibilidades teóricas de obtener representación en las Cortes autonómicas.

Rubio se pronunció en estos términos al presentar este lunes las principales líneas del programa electoral del PSOE en la provincia de León. Acompañada por el número cuatro de la lista, el concejal de San Andrés del Rabanedo Benjamín Fernández, la actual procuradora y vicesecretaria del partido en Castilla y León tampoco rehuyó otros debates. Y es que, preguntada por la posibilidad de abordar cuestiones como una consulta a la ciudadanía sobre la autonomía leonesa, Rubio se remitió al resultado de la cita del 15 de marzo. Y no dejó de reseñar que el PSOE ya tienen acuerdos con UPL, sin ir más lejos el pacto por el que ambas formaciones cogobiernan la Diputación de León.

La candidata por León desgranó las principales propuestas para la provincia, que pasan en ámbitos como el sanitario por la “reforma integral” o la construcción de un nuevo Hospital El Bierzo, así como la sustitución del actual Centro de Salud Ponferrada I (el de la parte alta de la ciudad) y el prometido ambulatorio de Villaquilambre. El PSOE apuesta también por habilitar un “hospital intermedio” en Laciana transformando el actual centro sociosanitario de Villablino. Estas cuestiones específicas se acompasan con premisas generales como las de dedicar un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria (con un límite de 48 horas para conseguir la primera cita con el médico de familia) y reforzar la salud mental. Y se completan para el sector de la atención social con la duplicación de las plazas en los centros de día o la “reforma estructural” de la Residencia Mixta de Personas Mayores de Ponferrada.

'Territorio 30 minutos'

La base sobre la que pivotan las políticas sociales se llama 'Territorio 30 minutos'. Se trata de la distancia máxima para cualquier habitante a la hora de “acceder a todos los servicios esenciales”, puntualizó Nuria Rubio tras afirmar que el PSOE concibe la “igualdad real” no sólo entre hombres y mujeres, sino “entre territorios”. “Que nuestra salud no dependa del código postal”, dijo la candidata socialista para apostar por la creación de una Consejería de Igualdad y por una “alianza entre administraciones” lejos de la actitud “paternalista” que atribuye a la Junta en su relación con diputaciones provinciales y ayuntamientos.

“Vamos a impulsar un plan de vivienda joven, mayores avales públicos para la compra y ayudas también para el alquiler y especialmente una ordenación territorial equilibrada”, dijo Rubio, que aludió al “derecho a quedarse” en la provincia, al “derecho a regresar de las personas que se han marchado pero que quieren volver” y “el derecho a venir de nuevos ciudadanos y ciudadanas”. “A ninguno se nos escapa que León es una de las provincias que más ha sufrido despoblación en estos últimos años”, añadió para ir más allá en la cuestión territorial en una comunidad birregional: “A la Región Leonesa siempre nos han dejado atrás, siempre nos hemos sentido ninguneados y es el momento de cambiar eso. Solamente hay una posibilidad de cambiarlo a través de nuestro voto”.

Por lo que respecta a la parcela económica, el PSOE aboga por reformular el prometido Parque Agroalimentario del Bierzo, “ya no sólo como centro logístico” sino para albergar “la parte de investigación y desarrollo”. Dotar de más suelo industrial a municipios afectados por la reconversión minera como Villablino, Fabero o Bembibre, regular la implantación de proyectos renovables, incentivar el empleo joven y apoyar la ganadería extensiva (con alusión al conflicto en el Puerto de Pinos) también están en el programa socialista.

Un equipo de investigadores de la Universidad Católica de Ávila y la Universidad de Valladolid ha identificado en la leche de burra de la raza zamorano-leonesa bacterias lácticas capaces de sobrevivir a bajas temperaturas y de mostrar propiedades tecnológicas y probióticas prometedoras, con unos resultados publicados en la revista 'Applied Microbiology'.

El estudio, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, analizó leche cruda procedente de doce burras de la cooperativa Buleza (Zamora), que fue refrigerada durante 24 horas para simular las condiciones reales de la cadena de frío.

Bajo ese escenario, los científicos aislaron 14 tipos de microorganismos, de los que ocho correspondían a bacterias lácticas (LAB) o especies con interés tecnológico.

De todas ellas, destacaron especialmente dos cepas: Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides B8 y Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans B19. Ambas mostraron un comportamiento notable en pruebas clave para evaluar su posible uso en alimentos fermentados o como probióticos.

Las bacterias lácticas son esenciales en la elaboración de yogures, quesos y otros fermentados, pues transforman los azúcares de la leche en compuestos que ayudan a su conservación y aportan aroma y textura. Además, algunas pueden ejercer efectos beneficiosos en el sistema digestivo humano.

En este caso, los investigadores buscaban bacterias capaces de resistir el almacenamiento en frío, una característica importante para productos lácteos que pasan largas horas refrigerados antes de ser procesados.

Las dos cepas seleccionadas no solo sobrevivieron, sino que exhibieron tolerancia a condiciones extremas, como un pH muy ácido (2,5) o la presencia de sales biliares, que simulan el tránsito por el estómago y el intestino.

La cepa B19 fue la más resistente, mientras que B8 destacó por su capacidad de adaptarse al frío, algo coherente con su aislamiento en leche conservada a 4 ºC.

Capacidad de fermentar y producir compuestos de interés

El equipo también analizó la capacidad de estas bacterias para fermentar leche de burra pasteurizada, una prueba determinante para prever su rendimiento en una posible producción industrial. Ambas cepas lograron acidificar la leche, aunque con mayor lentitud que un cultivo comercial de referencia. B19 fue de nuevo la más activa, alcanzando valores de pH cercanos a 4 tras 72 horas de fermentación.

Además, el análisis genómico reveló que ambas bacterias poseen genes asociados a la producción de compuestos bioactivos, como bacteriocinas (pequeñas proteínas con acción antimicrobiana) y metabolitos secundarios potencialmente útiles para conservar alimentos o modular la microbiota intestinal.

El estudio muestra también que ninguna de las dos cepas presenta genes de resistencia antimicrobiana adquirida, un requisito clave para su uso seguro en productos alimentarios según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Aunque se trata de una leche poco consumida en España, la leche de burra ha ganado interés por su composición nutricional, su hipoalergenicidad y su creciente uso en productos artesanales y cosméticos. La de la raza zamorano‑leonesa –protegida y en peligro de extinción– posee además un valor patrimonial y genético añadido.

EL estudio apunta a que esa leche podría ser un reservorio infraexplorado de microorganismos útiles para desarrollar nuevos fermentados, alimentos funcionales o probióticos adaptados a bajas temperaturas.

Como siguientes pasos, los investigadores plantean evaluar la capacidad antimicrobiana real de estas bacterias, su adhesión a células intestinales y su comportamiento sensorial en fermentados, además de estudiar su actividad bajo estrés y frío mediante análisis transcriptómicos.

“Nuestros hallazgos refuerzan el potencial biotecnológico de una leche única y estrechamente ligada al patrimonio ganadero de Castilla y León”, concluyen.

La Guardia Civil ha investigado a un hombre, con domicilio en León, como supuesto autor de tres delitos de estafa por un importe de 415.000 euros, y dos de usurpación de estado civil al suplantar la identidad de otra persona.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil abrió en junio de 2024 investigación de tres delitos de estafa en la venta de productos cárnicos y dos de usurpación del estado civil en las provincias de León, con dos casos, Segovia, Barcelona y Toledo, ha informado la Subdelegación del Gobierno hoy en nota de prensa.

Según el modus operandi, el autor se hacía pasar por empresas que eran clientes habituales de otras proveedoras de productos cárnicos y, una vez obtenida su confianza, realizaba una serie de pedidos entre los que se encontraban embutidos, jamones o carne de vacuno.

El investigado se servía del método conocido popularmente como 'man-in-the-middle', que consiste en desviar el transporte a otra dirección con diferentes excusas, de modo que redirigía la mercancía a polígonos industriales donde esperaba un transporte que solía ser un tercero contratado por el estafador, y que en su caso desconocía la estafa.

Una vez allí, cargaban la mercancía y firmaban el albarán de entrega, de modo que los productos se facturaban por parte de la empresa proveedora a las empresas suplantadas, y cuando las proveedoras reclamaban un pago que no llegaba se descubría la estafa.

Como resultado de la investigación, el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León ha investigado a un hombre como supuesto autor de los delitos. Y el investigado, así como todas las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de La Bañeza.