Por segundo año consecutivo, el recinto ferial de Villablino es el escenario de una subasta de sementales de la raza de ganado vacuno Asturiana de los Valles, que se celebrará este domingo día 31 a partir de las 12.00 horas de forma presencial y online.

El evento ganadero se distribuye en dos jornadas, la del sábado de exhibición y divulgación de la especie con la entrada a las 10.00 horas de los doce sementales al recinto, donde en los amarres asignados podrán ser contemplados por los ganaderos y público en general hasta la mañana del domingo.

La tarde del mismo sábado una mesa redonda debatirá sobre el valor de las razas autóctonas como un patrimonio de todos y un valor añadido para los territorios. Para finalizar con una posterior degustación de carne de la raza.

Para el domingo queda la subasta a partir de las 12.00 horas. Y las pujas se podrán hacer de forma presencial u online, permitiendo el acceso remoto a través del sistema que establece la propia organización, que corre a cargo de la asociación de criadores de la raza Aseava y el Ayuntamiento de Villablino. Cuenta con importantes colaboraciones de los gobiernos regionales de Asturias y Castilla y León, la Diputación de León y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los doce toros que salen a subasta, según destalla Aseava en su web, son seleccionados desde el destete: “Solo aquellos que son hijos de vacas catalogadas como ”madre de futuro semental“ pasan el primer filtro. Tras superar los controles sanitarios oficiales, que incluyen pruebas adicionales frente a paratuberculosis, IBR y BVD, los animales ingresan en el Centro de Testaje, donde permanecerán hasta los 14 o 15 meses”.

Allí reciben una alimentación controlada, basada en paja y pienso a voluntad, que permite evaluar su crecimiento en condiciones homogéneas. Durante su estancia en el centro, los toros son sometidos a una batería de mediciones que determinan su potencial como reproductores. Entre los parámetros evaluados destacan: crecimiento diario, peso a los 12 meses, calificación cárnica y morfológica, y aptitud reproductiva.

“La rigurosidad del sistema de testaje convierte a los toros seleccionados en una garantía para los ganaderos que buscan mejorar sus rebaños. Cada ejemplar que llega a subasta representa la culminación de un proceso técnico que combina genética, sanidad, manejo y evaluación funcional, y que sitúa a la raza Asturiana de los Valles entre las más avanzadas en programas de selección bovina en España”, añade.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado este miércoles un auto de ejecución forzosa de sentencia mediante el que se impide la subida del ganado asturiano, de Mieres, al Puerto de Pinos, en la provincia de León. Se trata de una decisión que han celebrado las juntas vecinales leonesas afectadas de la comarca de Babia, con derechos históricos de pasto, ante la inminencia de la fecha para que las reses mierenses subieran habitualmente otros años.

De todos modos, la medida llega cuando, sobre el papel, el ganado de Mieres no dispone de las obligatorias guías que debe otorgar la Junta de Castilla y León, que este año, como el pasado, decidió denegarlas tras la última sentencia de altos tribunales que zanjaba que a pesar de que Pinos es propiedad del Concejo hace un siglo, no puede ejercer competencia alguna en otra provincia y autonomía, como es León. Sin embargo, la Junta sí da el parabién al ganado babiano, de las cuatro juntas vecinales del Ayuntamiento de San Emiliano, que llevan tiempo pastando allí.

Según ha dado a conocer en un comunicado el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, el juzgado ovetense ha dictado auto sobre sentencia firme, estimando íntegramente la solicitud de ejecución urgente presentada el lunes por las juntas vecinales de Babia. Y ha advertido al Ayuntamiento de Mieres de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir por acción u omisión al desobedecer el mandato judicial. Las pedanías de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán presentaron ese escrito porque está prevista para esta semana la subida de animales de Mieres a los terrenos de Pinos, situado en el término municipal de San Emiliano, en Babia, pese a las últimas resoluciones judiciales.

Las juntas vecinales, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el Ayuntamiento de San Emiliano y la Asociación Montaña de Babia y Luna, por medio de su representante legal, han calificado este auto de ejecución forzosa de sentencia como “el espaldarazo definitivo a las reclamaciones históricas” planteadas por estas entidades.

Esta exigencia del cumplimiento de la sentencia, según recoge el auto, se hace extensible a la Guardia Civil a través de requerimientos expresos cursados por el juez a las Subdelegaciones del Gobierno de Asturias y de León, así como a las Unidades Veterinarias de Pola de Lena y de Villablino. Ya el año pasado, no disponiendo los ganaderos de las guías de Castilla y león, recibieron denuncias de la Guardia Civil, que la administración autonómica todavía tramita con las correspondientes sanciones.

Cien años de lucha por los pastos

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia por la titularidad y el aprovechamiento de 900 hectáreas de pastos situados en territorio leonés.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que siempre han favorecido a las pedanías leonesas.

La última decisión fue la del Tribunal Supremo que el pasado abril inadmitió el recurso de casación ante el Supremo del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

La Junta de Castilla y León ha hecho esperar varias semanas a ganaderos de leche de toda la Comunidad para deshojar la margarita de si podrían o no acogerse a la línea de ayudas económicas, de hasta 300.000 euros en tres años, para compensar los sobrecostes económicos de recogida de leche en zonas aisladas y de montaña.

El retraso se ha debido a que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha tenido que rectificar, casi tres semanas después, tras percatarse de un serio error en la publicación oficial de las bases reguladoras de estas subvenciones. Y es que el texto original publicado en abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) estaba incompleto y carecía de información esencial para su aplicación práctica.

La convocatoria arrancó con la publicación original el pasado 27 de abril, cuando vio la luz la Orden AGR/372/2026, destinada a regular las subvenciones de mínimis (es decir, sin obligación de notificación a Europa) dirigidas a apoyar la recogida de leche tanto de vaca como de oveja y cabra en explotaciones ubicadas en áreas especialmente desfavorecidas. Se trata de cuadras más aisladas por la orografía, la dispersión geográfica o las dificultades climáticas, y a las que les resulta complicado encontrar quien les recoja la leche producida en sus explotaciones. Sin embargo, la norma apareció sin los anexos fundamentales que permitían identificar qué municipios podían acogerse al sistema e incluso cómo debían formalizarse las peticiones oficiales.

La corrección de errores no llegó hasta el 14 de mayo: fue en esa fecha cuando la Consejería reflejó por fin en el BOCyL los importantes anexos omitidos. Entre ellos, en el Anexo I figuraba ya la relación oficial de los municipios donde los ganaderos se pueden acoger. Se trata de un total de 633 ayuntamientos considerados “zonas de montaña” a efectos de estas ayudas. El Anexo II también contiene por fin el modelo obligatorio para presentar.

La omisión provocó durante semanas una situación de incertidumbre administrativa para el sector, ya que los potenciales beneficiarios no podían comprobar con seguridad si sus explotaciones se encontraban incluidas dentro del ámbito territorial subvencionable ni preparar correctamente la documentación técnica exigida para futuras convocatorias.

El fallo no perjudicó formalmente los plazos de presentación de solicitudes, dado que con lo publicado en primer término no se había abierto la convocatoria concreta de ayudas. Pero la ausencia de los anexos vitales hacía técnicamente imposible preparar correctamente la documentación.

El reparto por provincias: Soria y Ávila, las que más

La distribución territorial de las ayudas refleja especialmente el peso de las provincias de montaña. Soria encabeza el listado con 114 municipios incluidos, seguida de Ávila con 113,. Por debajo del centenar se sitúan ya las provincias de Segovia (con 94 ayuntamientos), Burgos (93) y León (87). Completan el mapa Salamanca, con 78 municipios; Palencia, con 28; y Zamora, con 26. Valladolid no tiene ninguno.

Conforme a las bases por fin completas, estas ayudas buscan compensar el incremento de costes logísticos que soportan las empresas encargadas de recoger la leche en explotaciones alejadas de los grandes centros de transformación, donde los largos desplazamientos, las carreteras de montaña y las dificultades meteorológicas elevan considerablemente los gastos de transporte.

La medida pretende además contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera en zonas rurales especialmente afectadas por el envejecimiento y la despoblación, garantizando que las industrias lácteas continúen prestando servicio en áreas donde la recogida resulta menos rentable.

Ayudas dirigidas a los “primeros compradores”

Los beneficiarios directos de estas subvenciones serán las empresas registradas como “primeros compradores” de leche, siempre que figuren inscritas tanto en Infolac como en el sistema Letra Q y hayan mantenido los contratos de recogida durante todo el año anterior a la convocatoria.

La cuantía de la ayuda se calculará mediante un sistema de puntos vinculado a cada productor al que se recoja leche. Las cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) recibirán 3 puntos por productor, mientras que el resto de empresas obtendrán 1,5 puntos. A ello se sumarán puntos adicionales en función de la distancia entre la explotación y el centro lácteo, con incrementos que oscilan entre 0,25 y 2 puntos extra para trayectos superiores a diez kilómetros y que alcanzan el máximo cuando se superan los 100 kilómetros.

La normativa también establece límites de producción para poder acceder a la ayuda. Quedan excluidas las explotaciones de vacuno que superen los 360.000 litros anuales y las de ovino o caprino que rebasen los 100.000 litros. Se presupone que con estos volúmenes consiguen la recogida sin problema. Tampoco podrán recibir compensaciones las recogidas efectuadas a menos de diez kilómetros del comprador.

Además, al tratarse de ayudas acogidas al régimen europeo de mínimis, ningún beneficiario podrá superar la cantidad de 300.000 euros en ayudas a lo largo de un periodo de tres ejercicios fiscales.

Dejamos aquí el listado completo de los municipios y la documentación para formalizar las solicitudes:

El Gobierno central da un nuevo paso de autorizaciones que podría ser el espaldarazo definitivo al desarrollo de la primera macroplanta de biogás, en concreto de biometano, a partir del tratamiento de residuos agroganaderos, de los muchos que hay diseñados en el sur de la provincia de León, en concreto en San Millán de los Caballeros.

En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el visto bueno que blinda la conexión al gran gasoducto que va desde Burgos a Asturias para facilitar así la futura macroplanta de biogás de San Millán de los Caballeros. El enganche, valorado en un presupuesto de 717.698,76 euros, correrá a cargo de Enagás SA y la macroplanta diseñada de la mano de la empresa  Biorig Energy San Millán-León SL, en virtud de un acuerdo entre ambas partes.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos previstos en el sur de León y que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León desde 2025, una vez que fueron rechazadas todas las alegaciones en contra de colectivos ecologistas. La futura planta de Biorig, según publica la propia compañía, costaría unos 35 millones de euros, generaría según sus cálculos unos 100 empleos durante la fase de construcción y 35 puestos entre directos e indirectos cuando ya funcione.

Se prevé allí el tratamiento inicial de 163.500 toneladas al año de residuos, principalmente purín de porcino -75.000 toneladas-, estiércol vacuno -45.000- y paja de maíz -29.500-. La empresa, sin embargo, eleva posteriormente la capacidad máxima prevista hasta las 198.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos. Se han diseñado en San Millán nueve digestores de 35 metros de diámetro y ocho de altura, con un volumen unitario de 6.400 metros cúbicos. La producción prevista asciende a 119 GWh anuales de biometano, equivalente al consumo de casi 21.000 hogares, estiman ellos mismos.

El definitivo paso adelante publicado consiste en la información favorable a la petición de Enagás de construir de un nuevo punto de conexión para inyección de biometano en el gasoducto Zamora-Benavente-León, integrado en la gran infraestructura gasista que enlaza Castilla y León con Asturias, una auténtica autopista’ de gas que lleva hasta Oviedo.

El terreno allanado

El informe de la CNMC, fechado el 22 de enero de 2026, y ahora el Ministerio, respalda la autorización administrativa, supone la aprobación del proyecto de ejecución de este enganche y la declaración de utilidad pública de las instalaciones proyectadas por Enagás en el término municipal de San Millán de los Caballeros, permitiendo así las expropiaciones necesarias, entre otras ventajas. En este caso, tan sólo afectaría a una pequeña finca de 625 metros cuadrados, actualmente de uso agrícola y de regadío.

La aprobación bendice así que la futura planta pueda inyectarse directamente en la red troncal de transporte de gas natural, en virtud del contrato firmado entre Biorig Energy San Millán-León y Enagás el 3 de diciembre de 2024. El organismo regulador considera que este tipo de conexiones permiten “descarbonizar el suministro de gas natural mediante su sustitución por gases renovables o hipocarbónicos”.

La nueva infraestructura proyectada incluye una nueva posición de conexión en la parcela 98 del polígono 619 de San Millán de los Caballeros, una estación de medida G-65 y distintos sistemas de control, odorización y análisis de calidad del gas. Y la planta a la que suministraría se ubicaría a entre cuatro y cinco kilómetros de localidades como el propio San Millán, Pobladura de Pelayo García, Laguna de Negrillos, Villamañán o Villademor de la Vega.

Una de las mayores plantas previstas en León

La conexión avalada ahora por el Gobierno está directamente vinculada a la macroplanta promovida por Biorig Energy San Millán, una instalación que prevé convertir residuos agroganaderos en biometano y que por las dimensiones dadas a conocer no sólo podría ser la primera de muchas en funcionar en la provincia leonesa sino también de las que más capacidad tendría para transformar residuos sobre todo ganaderos en biogás.

Biorig defiende que la instalación devolverá a la actividad agrícola de la comarca unas 211.000 toneladas anuales de fertilizante orgánico homologado por la normativa europea y asegura que contará con sistemas de impermeabilización, reutilización de agua y control de olores. Con tales cifras, hoy mismo el sindicato Asaja de León ha aplaudido públicamente no solo este proyecto concreto sino todas las plantas del mismo tipo que se prevén en la provincia.

Los ganaderos del concejo asturiano de Mieres se conjuraron en una reciente manifestación en tierras leonesas: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”. Se referían al aprovechamiento de los riquísimos del puerto de Pinos, que desde hace un siglo es propiedad del Ayuntamiento astur, pero en el que mantienen derechos históricos de uso y aprovechamiento los pueblos del municipio de San Emiliano donde se enmarcan, en plena comarca leonesa de Babia.

Pero de momento aquella conjura no se cumple a fecha de hoy. Ni será fácil que ocurra. Y es que la Junta de Castilla y León insiste en denegar las guías a los profesionales del ganado mierense y sin ellas ningún animal puede pastar allí. Lo hace aduciendo la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de determinar ya de manera definitiva, sin posibilidad de recurso, que cualquier actividad de Mieres en suelo leonés es irregular, por ser otra autonomía sobre la que no tiene competencias.

Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar que las vacas de Babia sí están aprovechando ya a día de hoy aquellos valorados pastos. Y lo hacen porque tienen todos los parabienes ganaderos. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León ha confirmado a este medio que hasta la fecha han sido dos las explotaciones de pueblos de San Emiliano las que han solicitado, tramitado y finalmente obtenido las guías para aprovechamiento legal de las praderas de Pinos. Aquellas reses, pues, disponen hoy en exclusiva de todo el pasto de la zona.

La fecha de subida tradicional del ganado de los profesionales de Mieres a Pinos ha sido siempre primeros de junio. Y aunque queda poco menos de un mes, si alguna cabeza hace acto de presencia, la Junta considera que será de manera irregular.

Ya pasó lo mismo el año pasado, y eso sin que el más alto tribunal, el TS, se hubiera pronunciado: bastó con solo una dura sentencia previa del TSJ de Asturias que ya iba contra los intereses mierenses, que sigue aduciendo que las 900 hectáreas de Pinos son de su propiedad, adquiridas en 1926, lo cual es cierto.

Las mismas fuentes autonómicas recuerdan que cuando el pasado año aparecieron decenas, puede que cientos, de cabezas de ganado asturiano en Pinos -cuando en realidad habían alquilado el cercano puerto de Los Hidalgos-, se pusieron en marcha algunas sanciones por aquellos hechos. Y aseguran que volverá a ocurrir si este año se repite la escena. Todo ello ante la desesperación e indignación creciente de los profesionales del campo del otro lado de Peña Ubiña. Un episodio más en la tensión que genera lo que a todas luces es el conflicto territorial más potente y dilatado en el tiempo entre Asturias y León.

21 multas con sanción económica... que podrían agravarse

En la leonesa Delegación de la Junta, se tramitaron en el verano de 2025 un total de 21 expedientes sancionadores, que fue el número de crotales que la Guardia Civil llegó a identificar de reses de Mieres en el puerto de Pinos, donde no podían administrativamente estar. Algunas de las sanciones económicas propuestas ya por la Junta de Castilla y León han sido recurridas pero siguen su curso hasta culminar, casi con seguridad, en una multa. Y los propios profesionales asturianos son conscientes de que si este año se repite algún caso con reincidencia, los pocos miles de euros se pueden multiplicar exponencialmente.

Así lo lamentaban hace dos semanas un grupo de ganaderos mierenses en Villablino (León), donde acudieron a ejercer presión y pedir explicaciones a la sede de la Unidad Veterinaria de la comarca de Laciana. Y no sirvió de mucho: la Junta insistió en el 'no' rotundo a autorizarles las guías oficiales que son obligatorias.

La situación tiene desolados a los ganaderos, los cerca de 110 afectados, con en torno a 1.500 cabezas en total, según cifró recientemente su portavoz, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representante sindical agrario en el Principado, David Pérez, quien lamentaba que la situación puede abocar al cierre de explotaciones y el sustento de numerosas familias.

Por eso, además de en Villablino, hace escasos días también protestaron ante la propia sede del Ayuntamiento de Mieres para exigir que acelere una solución que les permita aprovechar los pastos de terrenos que, aunque leoneses, son propiedad del concejo. La salida aireada públicamente buscaría bordear la prohibitiva sentencia del Supremo, cambiándole el uso al terreno de Pinos, pasándolo a otra naturaleza jurídica como bien patrimonial, y después adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos.

La “treta” ya tiene dos bloqueos anunciados: el de San Emiliano y la Federación de Entidades Locales Menores de León, que llevan años litigando y denunciando “excesos” de Mieres en suelo leonés. Porque lo consideran abiertamente  “una prevaricación pura y dura”. Ya han llevado esta intención ante el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aseguran que les ha dado la razón y parado los pies a Mieres. El segundo bloqueo es institucional y oficial, ya que la Junta repite argumento, se aferra a la sentencia y dice que vigilará la situación de cerca.

Está por ver si este desigual bloqueo y la actual contundencia institucional del Gobierno autonómico, hoy del Partido Popular (PP) y pronto nuevamente en pacto con Vox, volverán a generar escenas de tensión en Pinos en el tramo final de la primavera, como ya se han vivido en muchos años posteriores.

El paro bajó en abril en la provincia de León en 643 personas con respecto al mes de marzo, un descenso del 3,09%, superior al 2,59% del total de España, que sobrepasa por primera vez la barrera de los 22 millones de trabajadores. La caída en la provincia, que se queda en 20.199 demandantes, fue incluso mayor en términos interanuales: 1.284 inscritos menos que a la misma altura de 2025, un 5,98% menos, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El mes, que comenzó todavía en plena Semana Santa, deja descensos del desempleo en todos los sectores económicos. El mayor tirón corresponde al sector servicios.

Por sectores, el desempleo bajó en todos, especialmente en los servicios (-506, de 15.003 a 14.497) y, de forma más moderada, en la construcción (-48, de 1.289 a 1.241), la industria (-20, de 1.721 a 1.701) y la agricultura (-14, de 686 a 672). También cayó en la estadística del colectivo sin empleo anterior (-55, de 2.143 a 2.088).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.951 mujeres desempleadas frente a 8.248 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (741 hombres frente a 648 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (652 hombres por 799 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.970 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.885 por 7.401).

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado que “los datos reflejan una evolución positiva y constante del empleo en la provincia, con una reducción del paro que no es puntual, sino fruto de una tendencia consolidada”. “Sabemos”, añade el representante del Ejecutivo en la provincia, “que todavía queda trabajo por hacer. Por eso, estos datos nos permiten ser moderadamente optimista y seguir trabajando con determinación para que nadie se quede atrás”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en abril 3.281 parados menos que en marzo, con un 3,18% de recorte que dejó en 99.764 los desempleados en esa comunidad, que ese mes sumó 5.583 cotizantes más a la Seguridad Social, hasta los 996.554.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de abril en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.227 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,98%.

En comparativa anual, Castilla y León cerró abril con 15.558 cotizantes más que hace un año, con un repunte del 1,59%; y con 5.227 parados menos, el -4,98% de bajada en doce meses.

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que anotó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril en España hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

El paro registrado en abril de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior, con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza, y Castilla y León con el quinto mayor recorte en dato absoluto.

Provincias

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad, sobre todo en Palencia (-5,38%). En Ávila el desempleo bajó un 2,19% respecto a marzo, en Burgos el 3,84%, en León el 3,09%, en Salamanca un 4,37%, en Segovia el 3,53%, en Soria un 0,83%, con un 2,71% en Valladolid y el 1,20% de recorte en Zamora.

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, subieron en todas las provincias, entre el 0,89% de Ávila y 0,16% de Valladolid, con un 0,80% en León, 0,69% en Palencia, 0,66% en Salamanca, 0,65% en Burgos, 0,60% en Zamora, 0,58% en Segovia y el 0,52% en Soria.

El paro bajó en abril en todos los sectores de la comunidad, especialmente en el de servicios (-2.507). En agricultura, Castilla y León anotó 114 parados menos que en marzo, con 211 menos en la industria, 183 en la construcción y 266 menos en el colectivo de sin empleo anterior.

El paro bajó también tanto en los menores de 25 años, con 974 desempleados menos que en marzo, como en las mujeres, con 1.471 inscritas menos en las listas de la comunidad.

En abril se formalizaron 50.170 contratos en la comunidad, que suponen 3.412 menos que en marzo, con un recorte del 6,37%, frente al -4,03 nacional; con 815 contratos más que hace un año, el 1,65%, también por debajo del 10,31% de aumento del conjunto autonómico. De esos contratos, 17.522 fueron indefinidos, 2.708 menos que en marzo y 566 más que hace doce meses.

De los más de 99.000 parados que tiene la comunidad a final de abril recibieron alguna prestación, en este caso con datos de marzo, un total de 56.294, de ellas 38.906 prestaciones contributivas, 17.351 subsidios y 37 rentas activas de inserción.

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

El ganadero leonés Javier Pellón es el tercer afectado por positivos por tuberculosis que se han registrado en la Montaña Oriental Leonesa en los últimos meses y que obligan a sacrificar a todas las reses de la explotación afectada. Fueron en última instancia los tribunales los que paralizaron en junio de 2023 el intento de la Junta de Castilla y León (por entonces gobernada en coalición por PP y Vox) de relajar estos controles sanitarios para evitar medidas de este tipo.

El primer positivo de los últimos meses se registró en una explotación de Barniedo de la Reina con 175 vacas sacrificadas. El segundo, en Espejos de la Reina, obligó a enviar al matadero otros treinta animales, “el 95% de ellos, sanos”, lamenta.

Se da la circunstancia de que los titulares de ambas ganaderías son familiares de Javier, el tercer afectado, cuyas vacas elevan a más de trescientos los sacrificios en esas tres localidades, todas pertenecientes al municipio de Boca de Huérgano.

A punto de cumplir sesenta años, Pellón debe ahora replantearse su futuro después de que un único positivo por tuberculosis en su ganadería le haya obligado a sacrificar la totalidad de sus vacas en base a una normativa que, además, no permite comprar más animales en los próximos cuatro meses.

Para cumplir con el protocolo sanitario establecido por la Junta de Castilla y León ante este tipo de contagios, Javier ha enviado al matadero un total de 102 vacas, todas sanas menos una, que dio positivo en la enfermedad en un control de saneamiento anual.

“Lo que no puede ser es que por un positivo te maten todas las vacas”, ha denunciado en una entrevista con la Agencia EFE este ganadero, que ha lamentado que hasta después del verano no podrá adquirir más animales.

Hace años, ha comparado, hacían análisis a todos los animales y sólo se sacrificaba el que estuviese enfermo, pero ahora la normativa con el ganado no estabulado es más estricta.

Consecuencia de los incendios

La medida busca evitar contagios por una enfermedad que este año está castigando especialmente a esta zona a consecuencia de los incendios del verano.

Según denuncia Javier, el contagio de su animal se ha debido a la proximidad de la fauna salvaje con su explotación, puesto que estos animales bajan en busca de alimento debido a que los montes en los que viven jabalíes, venados o tejones han quedado arrasados por los incendios del pasado agosto.

Aunque finalmente decida volver a comprar vacas para continuar con su ganadería extensiva, ya no serán animales “de confianza”, nacidos en su propia explotación como los que tenía hasta ahora, ha lamentado.

“Y si compro en septiembre o en octubre compraré menos, porque ya tengo casi sesenta años y los hijos no quieren ganadería”, ha lamentado.

El sacrificio obligatorio de animales en el marco de los programas de control o erradicación de la tuberculosis está compensado con una indemnización, pero Javier desconoce por el momento cuál es su cuantía.

Como dice el dicho sobre “el perro del hortelano, ni come ni deja comer”. Una vez confirmado que los ganaderos de Mieres no podrán utilizar este año los ricos pastos del puerto de Pinos, propiedad del concejo asturiano pero situado en suelo leonés de la comarca de Babia, el colectivo lo tiene claro: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”.

Esta fue la categórica postura de una delegación de los ganaderos mierenses que se concentraron hoy en la Unidad Veterinaria comarcal de la Junta en Villablino. Allí les esperaba el jefe del servicio territorial de Agricultura y Ganadería, el veterano Fidentino Reyero, para certificarles que como ya ocurrió el año pasado no dispondrán de las guías oficiales obligatorias para poder utilizar los pastos babianos.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representantes sindical agrario en el Principado, David Pérez, advirtió que si los ganaderos de los cuatro pueblos del ayuntamiento leonés de San Emiliano que conservan derechos históricos de pasto siguen dejando campar allí sus reses, igualmente sin autorización, actuarán con contundencia. Porque aseguran que “Pinos está lleno de ganado”.

“Hay que ejecutar la sentencia”

Fuentes oficiales de la Delegación han corroborado que un ejercicio más “no se les va a autorizar” sencillamente porque ahora “hay que ejecutar una sentencia”, en referencia a la categórica postura reciente del Tribunal Supremo que, al inadmitir el último recurso del Concejo de Mieres, dueño de las cerca de 900 hectáreas compradas hace un siglo en suelo leonés, zanja que el ayuntamiento del Principado no tiene competencia alguna en otra Comunidad autónoma.

Es más, cuando el año pasado la Guardia Civil localizó a multitud de reses pastando en Pinos sin las guías y el visto bueno de Castilla y León, la Junta abrió “una veintena” de sanciones económicas que han sido recurridas y están “próximas” a resolverse con multas económicas, las cuales podrían repetirse y agravarse nuevamente este verano si la situación se repite.

Los ganaderos de Mieres, unos 110 con cerca de 1.500 cabezas, según Pérez, irán a la ruina ante este bloqueo, afectando a “muchas familias”. Y sólo ven en esta actual situación un “conflicto político” con “intereses” de algunos alcaldes pedáneos e incluso del abogado babiano Carlos González-Antón, que a su juicio ponen fin a “la convivencia” de todo un siglo. Aunque en realidad han sido muchos los años en los que la tensión en el puerto de Pinos ha estallado, obligando incluso a presencia policial.

El Gobierno autonómico se congratula... y tiene un plan

Por boca oficial de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, la Junta de Castilla y León (PP) ha celebrado el fallo final del Tribunal Supremo declarando ilegal toda la actividad mierense en el Puerto de Pinos. Pero lejos de hablar de una posible expropiación de los terrenos, como reclaman los pueblos leoneses y el municipio de San Emiliano, prefirió deslizar que trabajará en un plan de gestión del espacio natural de Babia y Luna en el que Pinos se enmarca, desde el que se aprobarán restricciones y usos de esta zona.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Se remonta a hace justo un siglo, cuando Mieres adquirió en subasta cerca de 900 hectáreas que pertenecían a la Fundación Sierra Pambley. Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos, mientras los ganaderos de Mieres insistían hoy en que “en Mieres no tenemos pastos” para sus reses, por lo que dependen casi totalmente de Pinos, del que Mieres es dueño legítimo. El pasado año se alquiló suelo en otra zona leonesa, Los Hidalgos, “pero sólo caben unos 300 animales” y muchos acabaron nuevamente en Pinos, lo que motivó las sanciones.

El siguiente paso de los profesionales mierenses serán reunirse con el concejo y “no ocultamos” que buscarán cualquier situación para “que Mieres pueda actuar en su finca”. La idea es cambiarle el uso, admite Pérez, y que se firme una cesión de uso municipal a ellos para que lo puedan explotar. Una alternativa que la Junta en León ya advierte que es un “subterfucio” que no permitirán, porque ven como “una prevaricación pura y dura” que se intente sortear toda una sentencia del Supremo.

Por último, los ganaderos atacan a su propio Gobierno autonómico (PSOE e IU), por considerar que el consejero de Agricultura asturiano no les está defendiendo frente a sus homólogos de la Comunidad vecina.

El Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales de este municipio de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León han anunciado este martes que exigirán el cumplimiento de las sentencias por vía judicial para que el Ayuntamiento asturiano de Mieres cumpla legalidad sobre el aprovechamiento ganadero del Puerto de Pinos, ya que consideran que su actividad es tan ilegal “como plantar cocaína”.

Así lo ha sostenido el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, tras inadmitir el Tribunal Supremo (TS) el recurso de casación de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda la actividad de Mieres en el Puerto de Pinos. Una postura que ya no admite más recursos y es firme.

Con ello, defienden que el recorrido judicial ha llegado a su fin y cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres “a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ha advertido el letrado y representante de la Federación.

En rueda de prensa, Antón, acompañado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello (PSOE) y los pedáneos de dos de los cuatro pueblos (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) ha recalcado que la última sentencia es un “punto de inflexión” que supone el fin a un largo camino judicial. Y que zanja que toda la actividad que desarrolla Mieres en territorio leonés “es ilegal porque carece de competencias” fuera de su territorio, incluso aunque sea como es la propietaria de los terrenos desde hace un siglo.

El también es presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna ha valorado que la sentencia es un “triunfo” y rechazó, como el alcalde, las continuas críticas recibidas desde Asturias sobre que “rompemos la armonía y convivencia, cuando son ellos los que incumplen la legalidad y actúan de forma absolutamente tramposa”. Advierte que Mieres va a seguir utilizando “todas las estratagemas para seguir aprovechando los pastos” y volver a subir este año 1.500 cabezas de ganado hasta el puerto, lo que desde la vertiente leonesa no van a consentir.

A este respecto, ha advertido que tras el revés judicial el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que va a cambiar la naturaleza jurídica de estos terrenos a bien patrimonial, con la intención de adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos. Un proceso, dijo, que ha sido paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias y que “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias” y por lo tanto “supone otra ilegalidad más” que no van a permitir.

Una “artimaña” que vigilarán

Por eso, de producirse esta “artimaña”, acudirá a un proceso contencioso-administrativo para paralizarla: “Un bien patrimonial no se puede emplear como si fuese un dominio público adjudicándola el Ayuntamiento a quien le dé la gana”, explica.

Consideran todas las organizaciones que la pelota está ahora en manos de las administraciones públicas, la Diputación y sobre todo la Junta de Castilla y León y su Consejería de Presidencia, que es la que tiene las competencias en esta materia, porque ahora es un tema “claramente político y ya no tienen ninguna excusa para intervenir legalmente y confiamos en que lo hagan”, en referencia a una posible expropiación de los terrenos para acabar con la 'anomalía'.

Y es que creen que mientras Mieres tenga la propiedad de los pastos en la provincia de León va a “querer usarla para favorecer a sus ganaderos”, por lo que ha animado a continuar con el proceso de expropiación de estos pastos para evitar que un ayuntamiento aplique competencias en materia de régimen local en territorios de otra Comunidad autónoma, “algo que es ilegal”.

La historia

El conflicto en el Puerto de Pinos se fraguó hace un siglo, cuando en 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres adquirió a la Fundación Sierra Pambley esos terrenos en suelo leonés. Hace una veintena de años que las entidades locales de San Emiliano y sus cuatro pueblos, que conservaron derechos históricos de pasto a pesar de todo, litigan por esos derechos en el aprovechamiento de 900 hectáreas de muy ricos pastos.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que en lo esencial siempre han favorecido a las pedanías leonesas. Unas sentencias que ahora quedan fijadas con última decisión del Supremo.

El alcalde Marcello ha afirmado que tras la última sentencia “tenemos que dar carpetazo” a un asunto que “llevamos sufriendo 100 años”, recalcando que ahora es el momento de que la Administración autonómica actúe, para lo que mantendrán una reunión con responsables de la Junta la semana que viene. Eso después de que hace un año por primera vez el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostraran su apoyo directo y hablaran de una hoja de ruta para la solución del conflicto que todavía no se han materializado.

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), de la Diputación de León, acoge este miércoles 22 de abril la presentación del documental ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’, una obra que pone el foco en el conocimiento tradicional de los pastores trashumantes de la montaña leonesa y su papel en la convivencia con el lobo. La proyección tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Región Leonesa, en la calle Santa Nonia de la capital.

El acto se enmarca además en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado por Naciones Unidas para subrayar la importancia de esta actividad en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible del medio rural.

El documental ha sido dirigido científicamente por el investigador del CSIC Carlos Javier Durá y realizado por el documentalista Alberto Redondo. A través de entrevistas a pastores de la montaña leonesa, la pieza muestra una realidad poco conocida: la de uno de los pocos territorios del mundo donde la ganadería extensiva y el lobo aún conviven de forma directa.

Lejos de los tópicos, el trabajo aborda los problemas reales a los que se enfrentan los pastores trashumantes y reivindica su conocimiento milenario como una herramienta clave para entender esa coexistencia. Según sus impulsores, esta relación genera además un servicio ambiental que debería ser reconocido tanto social como económicamente.

Tras la proyección, el público podrá asistir a un debate en el que participarán el propio Carlos Javier Durá, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, Álvaro Álvarez Redondo, y pastores trashumantes de la montaña leonesa, que aportarán su propia experiencia.

El equipo científico del documental está formado también por investigadores de distintas universidades españolas, en un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación que busca aportar una mirada rigurosa y basada en la evidencia a uno de los debates más sensibles del medio rural: la relación entre ganadería y fauna salvaje.

Los municipios de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Concejos de León han celebrado que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos. Algo que, de facto, convierte esa sentencia en definitiva.

“Con este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo se acaba el largo periplo judicial de múltiples procedimientos en los que de forma unánime, siempre, todos los tribunales han declarado la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento de Mieres”, ha celebrado el abogado Carlos González-Antón, además representante legal de estos municipios.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Hay que recordar que, aunque en suelo leonés, las cerca de 900 hectáreas son propiedad del Concejo de Mieres desde que hace justo un siglo adquiriera estos terrenos a la Fundación Serra Pambley, iniciándose algunas épocas de disputa junto a momentos de normal convivencia.

Esto último es en lo que el acento el Ayuntamiento de Mieres, que pide un uso razonable para el Puerto de Pinos y huir de polémicas estériles. En un comunicado, el Consistorio ha mostrado su disconformidad con la sentencia del TS de inadmitir su recurso y ha abogado por un uso “razonable y sostenible” para esos terrenos y por evitar “polémicas estériles” buscando el enfrentamiento.

Señala que los hechos que generaron este conflicto judicial ocurrieron hace décadas y forman parte del pasado e incide en que los terrenos son de su propiedad “como reconocen todas y cada una de las sentencias” y en que su objetivo es hacer uso de esos derechos “con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”. El Ayuntamiento asegura haber defendido sus derechos y avanza que seguirá haciéndolo en el futuro mientras apuesta por un uso razonable y sostenible del Puerto de Pinos, unas tierra que considera “esenciales” para cientos de ganaderos del concejo asturiano.

Además, lamenta que algunos sectores minoritarios intenten alimentar polémicas estériles “para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto” y subraya que siempre ha optado por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia, “como hacen los propios ganaderos en Mieres y León, que han demostrado que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino”.

Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos por su parte. Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

El Colegio de Veterinarios de León realiza un llamamiento a la sociedad civil y a los ganaderos para que protejan a sus animales de compañía y a los de protección con medidas de antiparsitación.

Los vigilantes de la salud animal han insistido en que pueden ocasionar parasitación e infecciones a los humanos, de “ahí que la prevención sea fundamental desde el punto de vista de la salud pública”, ha informado el Colegio en un comunicado.

Los profesionales de la veterinaria han recordado a los propietarios de mascotas que la desparasitación, al igual que ocurre con las vacunas, es un deber básico para una correcta tenencia de animales de compañía por razones de sanidad y bienestar animal.

En este sentido, el Colegio ha explicado que la infestación por parásitos puede causar una serie de problemas de salud en los perros, como anemia, pérdida de peso, diarrea y daño a órganos internos que puede resultar fatal.

Algunos parásitos también pueden provocar reacciones alérgicas y debilitamiento del sistema inmunológico.

Además, muchos parásitos de los perros son zoonósicos, por lo que la desparasitación regular es una medida fundamental para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades zoonósicas a las personas.

Los parásitos internos más habituales pueden ser Nematodos (gusanos redondos), que incluyen Toxocara canis y Ancylostoma caninum; Cestodos (tenias), como Dipylidium caninum y Taenia spp, y Protozoos, entre los que figuran la Giardia y la Coccidia.

Respecto a los externos, hay pulgas, que pueden transmitir Dipylidium caninum; garrapatas, que pueden transmitir enfermedades como la ehrlichiosis, la enfermedad de Lyme y la fiebre de Crimea Congo, y los ácaros.

Los veterinarios hacen una mención especial a la leishmaniosis, una zoonosis relevante en el entorno. Su prevención se basa fundamentalmente en proteger a las mascotas frente a la picadura de su vector mediante el uso regular de repelentes o insecticidas adecuados.

El aumento de temperaturas favorece a los parásitos

Asimismo, han advertido que el aumento de las temperaturas está favoreciendo el ciclo biológico de estos parásitos, por lo que resulta cada vez más necesario mantener medidas de protección eficaces a lo largo de todo el año.

Por otra parte, la frecuencia de la desparasitación depende de múltiples factores, entre ellos el estilo de vida (no es lo mismo un animal de interior que uno con acceso al exterior o con salidas al campo), la edad, el estado fisiológico de la mascota y las circunstancias epidemiológicas propias de cada zona.

El veterinario establecerá el programa sanitario más adecuado en cada caso tras la evaluación clínica del animal y revisando la situación epidemiológica de cada patología en su entorno.

“Los planes preventivos son fundamentales para garantizar la salud pública y para hacer frente a las zoonosis. De ahí que sea crucial no sólo inmunizar al hombre, sino también a los animales”, ha recordado el presidente del Colegio, Álvaro Borge de Castro.

León vivió la posguerra marcada por el hambre, la escasez y el mercado negro a pesar de ser una de las provincias españolas que más alimentos y materias primas aportó al conjunto del país, una paradoja explicada por la política autárquica del franquismo y el férreo control ejercido por la Comisaría de Abastecimientos y Transportes.

Esta es una de las conclusiones principales del artículo 'Economía y sociedad en el León de posguerra (1939-1949). El papel de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes', firmado por el historiador y colaborador de ILEÓN Pedro Víctor Fernández y recientemente publicado en la revista Añada: revista d’estudios llioneses.

El trabajo consultado por la Agencia EFE analiza, a partir de documentación inédita del Archivo Histórico Provincial, cómo funcionó el racionamiento y cómo se repartió —o se negó— la comida en la provincia durante la primera década del franquismo.

El estudio describe una provincia eminentemente rural, agrícola y ganadera, que produjo cereales, patatas, carne, carbón o electricidad en cantidades suficientes para abastecer a otras regiones, pero cuyos propios habitantes apenas accedían a esos productos. El control estatal de precios, los cupos obligatorios y la exportación de alimentos a zonas deficitarias dejaron a la población leonesa con dietas pobres, repetitivas y claramente insuficientes.

Desde 1939 se implantaron las cartillas de racionamiento, que establecían cantidades teóricas de alimentos básicos como pan, aceite, azúcar o legumbres, aunque en la práctica esos cupos raramente se cumplían. El pan blanco se convirtió en un artículo de lujo y la mayoría de los leoneses se alimentaba de pan de centeno, patatas y legumbres, con un consumo muy limitado de carne, pescado o grasas.

En ese contexto prosperó el estraperlo, un mercado negro que se convirtió en una vía de supervivencia para la mayoría de la población y en una fuente de enriquecimiento para una minoría vinculada al poder. El artículo señala que en León el mercado ilegal fue estructural durante los años cuarenta, con precios que multiplicaban varias veces los oficiales y una persecución desigual, más dura con los pequeños estraperlistas que con quienes manejaban grandes volúmenes de producto.

El papel central en toda esta etapa lo desempeñó la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), un organismo creado en 1939 con amplísimos poderes para controlar la producción, el transporte, los precios y el reparto de alimentos. Según el estudio, la CAT fue la oficina del Estado con mayor información económica y social de la provincia, pero también una herramienta clave del control político y social del franquismo.

A través de alcaldes y jefes locales del régimen, la comisaría elaboró censos, mapas y estadísticas muy detalladas, aunque el trabajo subraya que esos informes tendían a ocultar el descontento social, minimizar el hambre y presentar una imagen de eficacia que no se correspondía con la realidad cotidiana de la población.

El artículo sitúa 1946 como el “año del hambre” en León, agravado por la sequía y el aislamiento internacional de España tras la Segunda Guerra Mundial. Ese año aumentó el éxodo rural hacia las ciudades y las cuencas mineras, mientras se intensificaba la emigración a otras provincias como Asturias, Madrid o Valladolid.

A finales de la década de los cuarenta comenzaron a aparecer algunos indicadores de mejora, pero el balance global de la posguerra fue, según el autor, devastador: salarios de miseria, precios en alza, desnutrición, enfermedades vinculadas al hambre y una modernización económica bloqueada durante años.

El estudio concluye que la política autárquica no solo no resolvió el desabastecimiento, sino que generó una economía intervenida ineficaz, incapaz de aprovechar el potencial productivo de la provincia ni de garantizar condiciones de vida dignas a su población, sentando las bases de un prolongado atraso económico y social.

León cerró marzo con una notable caída del paro, que bajó en 363 personas hasta situar la estadística en 20.842 desempleados, un -1,71% con respecto a febrero. El descenso es incluso mayor en términos interanuales: 1.162 demandantes de un puesto de trabajo menos, un 5,28% menos, según datos publicados este lunes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La provincia registró un buen comportamientos en todos los sectores, especialmente en los servicios en un mes marcado por las contrataciones derivadas de la Semana Santa, algo que también se notó en el conjunto España, que anotó 22.934 inscritos menos (un -0,94% en la comparativa intermensual).

Por sectores, el desempleo bajó en los principales, especialmente en los servicios (-305, de 15.308 a 15.003) y, de forma más moderada, en la industria (-42, de 1.763 a 1.721), la construcción (-27, de 1.316 a 1.289) y la agricultura (-10, de 696 a 686). La estadística sólo subió en la estadística del colectivo sin empleo anterior (+21, de 2.122 a 2.143).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.231 mujeres desempleadas frente a 8.611 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (831 hombres frente a 720 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (684 hombres por 793 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.060 por 3.152) y a partir de los 45 años (5.036 por 7.566).

A juicio del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, los datos de marzo reflejan una “evolución positiva y sostenida” de la estadística en la provincia, de la que destaca que haya bajado de la barrera de los 21.000 desempleados. Alaiz subraya que en el último mes se suscribieran 8.038 contratos, de los que 3.373 fueron indefinidos. En el conjunto del año, se han registrado 21.342 contratos, de los que 9.013 son indefinidos, lo que representa el 42,23% del total, lo que para el subdelegado redunda en un “empleo cada más estable y de más calidad”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en marzo 1.673 parados menos que en febrero, el 1,60% de recorte, que dejó en 103.045 los desempleados en la comunidad, que ese mes sumó 6.321 afiliados más a la Seguridad Social, lo que deja en 990.981 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este lunes los datos de paro y afiliación de marzo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.624 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -5,18%.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

El paro registrado en marzo de 2026 bajó en catorce comunidades autónomas respecto al mes anterior, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Castilla y León anotó la cuarta mayor bajada del paro del conjunto autonómico tanto en dato absoluto, con esos 1.673 parados menos, con en absoluta, con ese -1,60%.

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad salvo en Soria (0,51%) y en Ávila (0.47%). Y bajó en el resto de las provincias: en Burgos (-2,62%), León (-1,71%), Palencia (-2,51%), Salamanca (-1,62%), Segovia (-0,87%), Valladolid (-1,74%) y Zamora (-1,69%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-6,02%), Burgos (-5,90%), León (-5,28%), Palencia (-1,55%), Salamanca (-6,35%), Segovia (-6,45%), Soria (-0,29%), Valladolid (-4,70%) y Zamora (-5,24%).

El desempleo bajó además en todos los sectores, sobre todo en el de servicios, que anotó 1.205 parados menos que en febrero, con 47 menos en Agricultura, 136 en Industria, 268 en la Construcción y 17 en el colectivo de sin empleo anterior.

En menores de 25 años, la comunidad cerró marzo con 248 parados menos que el mes anterior, y con 1.027 mujeres menos desempleadas y 646 hombres.

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en marzo respecto al mes anterior, con incrementos del 1,18% en Segovia, el 1,05 en Burgos, y el 0,87% en Palencia. En Ávila los afiliados subieron un 0,22%, el 0,60 en León, el 0,26 en Salamanca, con un 0,42 en Soria, el 0,52 en Valladolid y el 0,70 en Zamora. En comparativa anual, todas las provincias tienen más afiliados que hace un año, con repuntes entre el 3% de Segovia y el 0,35% de Soria.

En cuanto a la contratación, en marzo se cerraron 53.582 contratos en Castilla y León, 9.415 más que en febrero, con un repunte del 21,32% (17,16 nacional) y 4.570 más que en el mismo mes del 2025, el 9,32% de incremento (12,38). En marzo se formalizaron 20.230 contratos indefinidos en la comunidad, 3.055 más que en febrero, y 2.392 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de febrero, la comunidad sumó 58.200 beneficiarios, 40.405 pensiones contributivas; con 17.748 subsidios y 47 rentas activas de inserción.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han solicitado a las industrias lácteas que operan en Castilla y León que prorroguen al menos quince días, hasta mediados de abril, la negociación de los contratos que vencen este martes 31 de marzo, con el fin de garantizar la recogida de leche mientras se alcanza una solución.

Según han denunciado este lunes en un comunicado, la negociación se está desarrollando de forma “muy precipitada”, ya que las empresas han esperado a los últimos días para realizar sus ofertas, en muchos casos de forma verbal y no por escrito, con propuestas que suponen bajadas de precio de en torno al 14% sobre un valor de referencia actual de 52 céntimos por litro.

Las organizaciones agrarias han considerado que, al tratarse de un producto perecedero, las industrias “juegan con ventaja” en la negociación y pueden imponer sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada.

En este sentido, han advertido de que dejar de recoger leche a partir del 1 de abril a quienes no tengan suscritos los contratos se entendería como un “chantaje” y convertiría la ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial.

Por ello, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reclamado prolongar el periodo de negociación, que las ofertas se realicen por escrito, que se recoja toda la leche mientras se negocia y que el precio acordado tenga carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Ante la “magnitud del problema”, con caídas de precios de hasta el 14%, las organizaciones han exigido a las administraciones públicas, Estado y Junta de Castilla y León, que se ofrezcan a mediar entre las partes, vigilen el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria, y eviten pactos de precios entre los principales operadores.

Por todo ello, han indicado que esperan que las industrias lácteas y la gran distribución actúen con “amplitud de miras” y antepongan la viabilidad del sector a medio y largo plazo frente a medidas “cortoplacistas”, como la bajada de precios en un contexto de excedentes puntuales en varios países productores de la Unión Europea.

La ganadería extensiva se confirma como una herramienta eficaz para conservar la biodiversidad y reducir los riesgos asociados al avance del matorral en los ecosistemas de montaña. Así lo constata un estudio desarrollado en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, cuyos resultados acaban de publicarse en la Revista Agroecología.

La investigación evalúa el impacto del pastoreo en dos áreas piloto —Casares de Arbas y Folledo— integradas en el proyecto 'Pastoreo en las Redes', impulsado por Enagás y Red Eléctrica de España (Redeia) con el asesoramiento técnico de Agrovidar.

El trabajo consultado por la Agencia EFE analiza cómo el manejo planificado de vacas y yeguas en zonas situadas bajo tendidos eléctricos y sobre gasoductos contribuye a controlar el crecimiento del matorral, mantener el paisaje en mosaico y promover la biodiversidad vegetal y de artrópodos. Para ello, se compararon parcelas pastoreadas y zonas control sin ganado, mediante tres muestreos realizados en primavera, verano y otoño de 2023.

Los resultados muestran un patrón claro: allí donde ha habido ganado, la vegetación ha evolucionado hacia un predominio del sustrato herbáceo y una mayor riqueza florística.

En ambas localidades se registraron más especies y más familias botánicas en los pastos manejados, con un pico notable a principios del verano, cuando se alcanza el máximo desarrollo vegetativo. Las familias Fabaceae, Asteraceae y Poaceae —esta última con mayor cobertura vegetal— fueron las más representadas.

Según el estudio, firmado por María Barco, Ramiro Palacios, Gonzalo Villalba e Inés Andreu, la acción combinada de siega mecánica previa, trasterminancia, instalación de puntos móviles de agua y sal, y manejo dirigido mediante vallados permite que el ganado frene con eficacia el rebrote del matorral, especialmente en áreas donde antes se habían detectado coberturas superiores al 80% y alturas de hasta cuatro metros en especies como Cytisus scoparius.

El pastoreo, indican los autores, no solo reduce biomasa combustible y facilita el mantenimiento de infraestructuras energéticas, sino que también incrementa la disponibilidad de pasto, mejora la estructura del suelo y contribuye a fijar carbono.

Sin embargo, el efecto sobre las comunidades de artrópodos resulta más complejo. Aunque tanto la abundancia como la riqueza de insectos fueron altas, no se observaron diferencias significativas entre áreas con y sin pastoreo.

La respuesta fue “neutra”, condicionada por factores como la climatología, la altitud, la dominancia de determinadas especies herbáceas y la carga ganadera. El orden Diptera fue claramente mayoritario, con porcentajes superiores al 70% en varios muestreos, estando compuesto sobre todo por moscas de las familias Muscidae, Anthomyiidae y Bibionidae. Su abundancia y resiliencia lo sitúan, según el artículo, como un potencial bioindicador del manejo ganadero.

El estudio recuerda que la relación entre pastoreo y polinizadores es objeto de amplio debate científico: las intensidades moderadas pueden favorecerlos, mientras que las elevadas o el corte para heno pueden disminuir su presencia. En este caso concreto, pese al aumento de la diversidad vegetal, la fuerte dominancia de gramíneas —tolerantes al pastoreo— podría haber limitado cambios mayores en la comunidad de invertebrados.

Los autores subrayan que, aunque el diseño experimental es exploratorio, los resultados ofrecen una primera evidencia sólida de que el ganado extensivo puede actuar como un agente de gestión ecológica eficaz en áreas de montaña. Para obtener conclusiones más robustas, proponen prolongar el estudio en el tiempo y aumentar la replicación espacial.

'Pastoreo en las Redes' también incorpora una dimensión social: la remuneración directa a las pastoras encargadas del manejo, lo que contribuye a diversificar las fuentes de ingreso, impulsar el relevo generacional y vincular el pastoreo con servicios ecosistémicos de alto valor ambiental.

En un contexto de abandono de la ganadería extensiva y aumento del riesgo de incendios forestales, la investigación defiende que la continuidad del pastoreo es clave para estabilizar los ecosistemas y garantizar respuestas positivas a largo plazo tanto en la vegetación como en el funcionamiento del territorio.

La organización SEO/BirdLife ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir de nuevo la caza y la entrada de ganado en montes afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2025 en la provincia de León, una medida que considera contraria a la legislación vigente y perjudicial para la recuperación ambiental.

El recurso, registrado el pasado 12 de marzo, se dirige contra la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León que levanta la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos apenas siete meses después de los incendios, pese a que la Ley de Montes autonómica establece con carácter general una moratoria de cinco años.

Según la organización ecologista, la Administración no ha acreditado mediante informes técnicos que la reanudación de la caza sea compatible con la regeneración de los montes, requisito imprescindible para poder levantar esa prohibición. Además, advierte de que la resolución carece de la preceptiva evaluación ambiental.

Impacto en espacios protegidos

SEO/BirdLife alerta de que los incendios afectaron gravemente a espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla y León, con daños directos en 36 enclaves, algunos de ellos en la provincia de León con entre un 15% y un 79% de su superficie arrasada.

Entre las zonas afectadas se encuentran áreas de alto valor ecológico como la Sierra de La Cabrera, los Montes Aquilanos o el entorno de Riaño, donde se han perdido hábitats esenciales para especies protegidas.

La organización subraya que permitir la caza en estos territorios supone añadir presión sobre una fauna que ya se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad tras los incendios, con pérdida de refugio y alimento y un aumento de los procesos erosivos.

Especies en riesgo

El recurso pone el foco en especies como el urogallo cantábrico, catalogado en peligro de extinción, que depende de bosques maduros con sotobosque, o la perdiz pardilla, considerada vulnerable y cuya área reproductora se ha visto gravemente afectada.

También menciona al ruiseñor pechiazul, ligado a matorrales de alta montaña como los piornales, hábitats que, según advierten, no recuperarán su estructura funcional hasta dentro de al menos nueve años.

Críticas por la contradicción con el pastoreo

SEO/BirdLife señala además una “contradicción administrativa” en la decisión de la Junta, al permitir simultáneamente la caza para reducir la presión de la fauna silvestre sobre la regeneración vegetal y autorizar al mismo tiempo la entrada de ganado en esos mismos terrenos, pese a reconocer riesgos de pisoteo y erosión.

La organización considera que los primeros años tras un incendio son clave para la recuperación de los ecosistemas y reclama suspender cautelarmente la resolución para minimizar las perturbaciones.

Asimismo, advierte de que permitir la caza en estas condiciones podría encajar en lo que la normativa cinegética denomina “días de fortuna”, es decir, situaciones en las que los animales no pueden huir ni esconderse, lo que está prohibido.

Nuevo frente en la polémica

Este recurso se suma a los ya presentados por otras organizaciones ecologistas y colectivos de la provincia contra una medida que ha generado una amplia controversia desde que la Junta decidiera levantar las restricciones a la caza y la ganadería en zonas arrasadas por los incendios del pasado verano.

La Administración autonómica ha defendido la legalidad de su decisión y su compatibilidad con la recuperación del medio natural, basándose en informes técnicos que, sin embargo, no han sido hechos públicos hasta la fecha.

La Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión directa de apenas 600.066 euros en ayudas al sector agrario para reparar infraestructuras agrícolas, ganaderas y apícolas dañadas por los grandes incendios forestales del verano de 2025, los peores de su historia, con un total de 28 explotaciones que han solicitado y recibirán las subvenciones directas.

El reparto aparece publicado este viernes 14 de marzo, más de medio año después de los peores siniestros de agosto de 2025 y a dos días de las elecciones autonómicas, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y llama mucho la atención que en el texto de la concesión admite que el pasado año “fue uno de los más devastadores respecto a incendios forestales, en términos ambientales, económicos y sociales”, pero cifra la extensión arrasada por los fuegos en “más de 140.000 hectáreas”. Esa es la casi cuantía que otra Consejería, la de Medio Ambiente, competente en incendios, atribuyó finalmente de manera oficial sólo a una provincia, la de León, con 135.500 hectáreas.

Las subvenciones que ahora se resuelven, convocadas entre las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular), están destinadas a reconstruir o rehabilitar construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas o apícolas, desde como naves a casetas de riego o infraestructuras para el ganado, que resultaron dañadas por el fuego.

El reparto final recoge la subvención directa a un total de 28 titulares de explotaciones cuyas pérdidas han sido verificadas mediante inspecciones y valoración económica de los bienes afectados.

León: nueve explotaciones y 145.941 euros

También llama la atención que en la provincia de León, donde más superficie se quemó el pasado verano, sin precedente histórico, se han concedido únicamente ayudas a nueve titulares de explotaciones, lo que supone casi un tercio del total de beneficiarios de toda la Comunidad. La cuantía global asciende a 145.941,09 euros.

El reparto por municipios es el siguiente:

Las ayudas cubren la reposición de elementos como naves ganaderas, estructuras agrícolas o instalaciones de manejo del ganado, calculadas a partir del valor actualizado de los bienes dañados y los costes de referencia fijados por la Administración.

Salamanca se lleva la palma

A pesar de que León es la segunda provincia con más beneficiarios, Salamanca concentra la mayor parte de las ayudas, con 12 explotaciones agrarias y 379.699,95 euros, más del doble que León.

Entre los municipios salmantinos destacan:

El reparto se completa con Zamora, que recibe 67.533,05 euros para cinco explotaciones, y Ávila, con 6.891,95 euros para dos beneficiarios. Aunque Palencia figura entre las provincias afectadas por los incendios, finalmente no aparece ningún titular de explotaciones de esta provincia en la relación de ayudas concedidas, lo que da a entender o bien que no se produjo ninguna solicitud en el plazo habilitado o que la Consejería no consideró demostrados los daños.

Tal y como dicta la orden publicada hoy, en víspera electoral, firmada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, los 28 beneficiarios podrán solicitar un anticipo del 50% de la subvención, mientras que el resto se abonará tras justificar la reconstrucción de las instalaciones dañadas. El condicionante impuesto es que la reposición de las instalaciones menores deberá acreditarse en cuatro meses, mientras que la reconstrucción de edificaciones agrícolas o ganaderas podrá ejecutarse en un plazo máximo de doce meses, un año completo.

Aparte de esta convocatoria, con los principales incendios aún sin extinguir el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, confirmó en septiembre de 2025 que los agricultores profesionales afectados por los incendios forestales en las provincias y zonas afectadas podían recibir una ayuda mínima de 5.500 euros por beneficiario.

No obstante, aindicatos agrarios como Asaja criticaron que la Junta destinaba menos y más escasas ayudas que las del propio Gobierno central, anunciando incluso recursos ante las múltiples denegaciones de las consejerías.

Dejamos el reparto detallado publicado en el BOCyL.