La Comisión de Patrimonio de la Junta acaba de dar su visto bueno a un nuevo proyecto del Ayuntamiento de León para crear un pequeño jardín en un solar en desuso situado junto a las Cercas medievales de la avenida Independencia de la capital y la calle La Rúa, lindando con el convento de las Concepcionistas.

El proyecto, que ya ha salido a licitación este mes de septiembre por casi 450.000 euros (449.239,82 euros) y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses cuando se haya designado a la empresa seleccionada en este procedimiento. Para entonces contará ya con el visto bueno de Patrimonio de la Junta, que ha autorizado la adecuación y puesta en valor de este nuevo espacio en plena zona de afección del Camino de Santiago y junto a unas murallas medievales que también están protegidas como Bien de Interés Cutural (BIC).

La intervención se desarrollará en el espacio público situado intramuros de las Cercas y en la parcela municipal del número 30 de La Rúa, que lleva años en muy mal estado y permanece vallada y sin uso. Se trata de un punto donde hace décadas se construyó una nueva zona residencial con un restaurante, Pico-Pico, no sin el polémico y sospechoso incendio y derribo de una casa blasonada y protegida en La Rúa, cuya desaparición permitió aquella promoción de viviendas.

Ahora, el proyecto busca recuperar un terreno sin uso y convertirlo en una zona verde que sumará casi 1.400 metros cuadrados, integrada con el pasaje y pensada principalmente para el tránsito y la estancia de peatones.

El proyecto contempla eliminar el actual cerramiento del solar y reorganizar el espacio para reducir el protagonismo que actualmente tienen los vehículos. Se combinarán nuevas superficies ajardinadas con zonas pavimentadas y de descanso, además de incorporar nuevo arbolado, aunque el proyecto aboga por respetar también los árboles existentes. Se sumarán bancos, papeleras, aparcabicicletas y una fuente de agua, aunque ya existe una que rara vez funciona. También se adaptarán los recorridos para mejorar la accesibilidad y se renovarán las instalaciones de riego, drenaje, saneamiento y alumbrado necesarias para la nueva configuración.

La actuación no toca para nada la restauración de los propios lienzos de las Cercas medievales sino que se centra en urbanizar y ajardinar este espacio situado detrás. La intervención se integra además en el Plan de Actuación Integrado para el Camino de Santiago 2025-2029, por lo que se destina así financiación con fondos Feder europeos, dentro del proyecto municipal de rehabilitación de las cercas y murallas de los sectores sur y oeste.

La Reserva de la Biosfera de Babia ha mostrado su malestar con el balance realizado por la Junta de Castilla y León sobre la ejecución de los fondos destinados a estos espacios y advierte de que las cifras globales ofrecidas por el Gobierno autonómico no reflejan la delicada situación económica que atraviesa su entidad gestora. Entre otras cuestiones, denuncia que todavía tiene pendiente de cobrar íntegramente una subvención de 30.000 euros concedida en 2023 para el proyecto ‘Escuela de Pastores’, por ejemplo.

La reacción llega después de que el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, Javier Ezquerra, asegurase que Castilla y León había ejecutado ya el 90% de los 8,8 millones de euros destinados a actuaciones en sus Reservas de la Biosfera. Las ayudas fueron concedidas en 2023 a 141 proyectos presentados por corporaciones locales, empresas, particulares y entidades sin ánimo de lucro y están financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ezquerra presentó estos datos durante la 27ª Reunión ordinaria del Comité Español del Programa MaB de la Unesco, celebrada a finales de septiembre en Los Llanos de Aridane, en La Palma, y fue resaltada públicamente en esta nota de prensa.

La Asociación Gestora de la Reserva de la Biosfera de Babia no cuestiona ese porcentaje global, pero recalca que no puede trasladarse automáticamente a la realidad de cada reserva. Según explica, Babia continúa afrontando una situación económica y financiera “extremadamente complicada”, con recursos que considera muy limitados para cumplir las funciones vinculadas al programa MaB de la Unesco.

La entidad pone como ejemplo precisamente los 30.000 euros correspondientes al proyecto ‘Escuela de Pastores’, una subvención concedida por la Junta en 2023 que, según asegura, todavía no ha sido abonada. La propia resolución establecía que no habría anticipo durante aquel ejercicio y que la totalidad de la ayuda se pagaría en 2024, pero la Reserva afirma que a finales de septiembre de 2026 seguía pendiente de recibirla. El presidente de la Reserva babiana es Emilio Martínez, alcalde de Cabrillanes por Unión del Pueblo Leonés (UPL), así como diputado provincial de Cultura.

Carriedo asegura que “se examinará” el posible retraso

Sobre este asunto, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se ha limitado ha afirmar que “se examinará si hay alguna cantidad pendiente de justificar”, trasladando así la posible responsabilidad del impacto a la propia entidad, más que a la Junta. En todo caso, quiso garantizar que se procederá a “pagar todo lo que se acredite”.

La asociación, por su parte, sostiene que buena parte del funcionamiento ordinario de la Reserva depende actualmente del esfuerzo económico realizado desde el propio territorio. Cita en concreto las aportaciones de la Diputación de León, los ayuntamientos de Cabrillanes y San Emiliano y distintas juntas vecinales de ambos municipios, que contribuyen a mantener una estructura cuya financiación considera insuficiente para las responsabilidades asumidas.

Casi 600.000 euros concedidos en Babia, pero no a su entidad gestora

Uno de los principales matices que introduce la Reserva afecta precisamente a la interpretación de las cantidades destinadas a Babia. En este territorio se concedieron 596.148,37 euros a diferentes proyectos mediante la Orden MAV/977/2023, por la que se resolvió la convocatoria de subvenciones para las Reservas de la Biosfera de Castilla y León dentro del Plan de Recuperación.

La asociación recalca, sin embargo, que esos casi 600.000 euros no constituyen una financiación directa de la Reserva ni sirven para sostener su estructura gestora. El dinero corresponde a proyectos concretos promovidos por ayuntamientos, juntas vecinales, particulares, empresas y asociaciones situados dentro del territorio reconocido como Reserva de la Biosfera.

Babia reclama por ello distinguir entre el dinero destinado a actuaciones desarrolladas geográficamente dentro de una Reserva y los recursos de los que dispone la entidad encargada de gestionarla, es decir, su propia financiación. En ese sentido, pide que se concrete qué parte de los fondos anunciados ha llegado realmente a cada Reserva, qué cantidades se han abonado efectivamente y cuál es la situación financiera de sus órganos gestores.

El balance difundido por la Junta señala que los 8,8 millones de euros han financiado proyectos vinculados, entre otras cuestiones, a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, la mejora de la gobernanza, el turismo sostenible, la conservación del patrimonio cultural y el paisaje o el manejo agroecológico y forestal. El Gobierno autonómico interpreta el 90% de ejecución como un avance en la materialización de estas inversiones.

“Babia no pide un trato de favor”

Desde Babia, sin embargo, reclaman que esas cifras se acompañen de una financiación ordinaria que permita mantener las propias estructuras que gestionan estos espacios. La asociación recuerda que una Reserva de la Biosfera debe compatibilizar la protección del patrimonio natural con la ganadería extensiva, el turismo, la actividad económica, el patrimonio cultural y la vida de sus pueblos, unas funciones que, sostiene, necesitan recursos estables y continuados. “Babia no pide un trato de favor”, recalcan en un comunicado de prensa, sólo reclama que los recursos destinados a las Reservas de la Biosfera lleguen efectivamente a los territorios y a sus órganos gestores y permitan cumplir las funciones para las que fueron creadas.

La Asociación Gestora asegura que continuará trabajando con los medios disponibles y el respaldo de las administraciones locales, pero advierte de que la conservación y el desarrollo sostenible de la comarca no pueden depender únicamente del esfuerzo económico de sus ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades del territorio, además de las aportaciones desinteresadas de colaboradores como los integrantes de su Consejo Científico.

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno definitivo a la explotación de áridos 'El Teso 1', en el municipio leonés de Ardón. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León ha autorizado la extracción de gravas y arenas y ha aprobado tanto el proyecto de explotación como el correspondiente plan de restauración a favor de la empresa Graveras Valencia, S.A., según el anuncio publicado este jueves 1 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La autorización fue dictada mediante una resolución fechada el 24 de septiembre de 2026 y supone el último paso administrativo para autorizar la explotación minera, después de que el proyecto obtuviera previamente la declaración de impacto ambiental favorable el año pasado.

'El Teso 1' se suma a otras actividades de extracción de áridos de Graveras Valencia en esta zona de la provincia. Entre ellas se encuentra la gravera 'La Cuesta', también situada en Ardón, que ya había sido objeto de actuaciones ambientales y de restauración.

El proyecto de 'El Teso 1' contempla nuevas labores para obtener materiales destinados principalmente a la construcción. La iniciativa había sido planteada inicialmente en 2020 y posteriormente fue modificada, entre otras cuestiones, para reducir la superficie de aprovechamiento por la afección al Castro de Villalobar. La mayor parte de los materiales extraídos está destinada a su traslado a una planta de lavado y clasificación de áridos de la misma empresa situada en las proximidades.

La declaración ambiental favorable estableció distintas condiciones para proteger el suelo, el agua, la flora, la fauna, la atmósfera y el patrimonio cultural, además de exigir la restauración progresiva de los terrenos afectados y un programa de seguimiento y vigilancia. Durante el periodo de información pública abierto en 2024 no se presentaron alegaciones de particulares ni de entidades, según la documentación del expediente.

Con la resolución ahora publicada, la Junta da por autorizada la explotación y aprueba formalmente los documentos que permitirán desarrollar los trabajos y posteriormente restaurar las zonas afectadas.

¿Es bueno de por sí un proyecto de una central hidroeléctrica reversible? Mientras la población rural se resiste a obras de este tipo, como ha ocurrido en La Cabrera, en una provincia como León que ha sufrido grandes traumas por la construcción de pantanos –yen la actualidad está produciéndose una fuerte oposición en la Montaña Central por la planteada en una zona de alto valor paisajístico como Valdepiélago–, la Universidad de León acoge un congreso sobre este tipo de instalaciones energéticas, poniendo el foco en la necesidad de valorar geológicamente la construcción de las mismas.

La Escuela de Ingeniería de Minas acogió este miércoles INNOVAMIN’26, una jornada técnica que reúne por primera vez en la Universidad de León a profesionales, investigadores, empresas y representantes de las administraciones para analizar los principales retos que plantea el desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles y las oportunidades que pueden abrirse en torno a ellas.

La dimensión técnica de estos proyectos requiere, además, abordar de forma precisa las características del terreno sobre el que se desarrollan. Así lo destacó el coordinador del Instituto Geológico y Minero de España en León, Augusto Rodríguez que remarcó el papel de la geología en la selección y caracterización de los emplazamientos, así como en la evaluación de las condiciones hidrogeológicas y la identificación de posibles riesgos geológicos y geomorfológicos.

En este sentido, señaló que construcción de centrales hidroeléctricas reversibles implica la ejecución de grandes infraestructuras subterráneas, con galerías, pozos y cavernas, además de presas y embalses, lo que hace necesario conocer con detalle las características litológicas y estructurales del terreno y su comportamiento.

Una jornada en la que además se abordó la necesidad de coordinación entre los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de estas infraestructuras. El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y organizador de INNOVAMIN’26, Carlos López Jimeno, incidió en la importancia de articular la colaboración entre las diferentes administraciones y organismos implicados, especialmente en proyectos cuya dimensión energética y territorial supera el ámbito de una única comunidad autónoma.

“Queremos generar conocimiento, abrir líneas de investigación y establecer nuevas vías de colaboración con empresas, instituciones y profesionales del sector, aprovechando para ello el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo docente e investigador”, destacó la rectora Nuria González, que subrayó la intención de la Escuela de acercarse a nuevos retos y explorar todo lo que puede aportar la “Universidad a un ámbito llamado a adquirir una importancia creciente”.

El viceconsejero de Medio Ambiente, a favor

Durante la inauguración, el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, situó el desarrollo del almacenamiento energético entre los grandes retos asociados a la expansión de las energías renovables y destacó el potencial de Castilla y León para avanzar en este ámbito. “Nuestra Comunidad cuenta con una importante capacidad de generación fotovoltaica, eólica e hidráulica, además de unas condiciones orográficas y unos recursos hidráulicos que pueden favorecer el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles”.

Llorente destacó también la confluencia de capacidades que puede jugar a favor de estos proyectos, desde el conocimiento acumulado en torno a la minería y la ingeniería hasta la experiencia en materia hidráulica y energética y el talento generado por las universidades. En este contexto, situó a León como un territorio con condiciones especialmente adecuadas para abordar nuevas iniciativas vinculadas al almacenamiento y señaló que este desarrollo puede generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en el marco de la transición energética.

El viceconsejero apuntó, no obstante, que el despliegue de estas infraestructuras requiere avanzar de forma coordinada en distintos ámbitos, entre ellos los aspectos tecnológicos, la tramitación administrativa, las necesidades de inversión y financiación y la planificación energética, especialmente en relación con el desarrollo de la red eléctrica, mostrando el apoyo de la Junta al desarrollo de nuevas centrales.

Necesidades energéticas

La expansión de las energías renovables está haciendo cada vez más necesario disponer de sistemas capaces de almacenar energía a gran escala y gestionar de forma flexible su producción y su demanda. Las centrales hidroeléctricas reversibles se presentan como una de las alternativas con mayor potencial para avanzar en el almacenamiento energético.

Un ámbito que abre nuevas oportunidades para la ingeniería, la geología y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y que la Universidad de León, a través de su Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, quiere empezar a explorar desde el conocimiento y la investigación, aprovechando la capacidad de León en sectores vinculados a la energía, la ingeniería, la minería y los recursos hidráulicos.

El Congreso INNOVAMIN’26 ha sido organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Geológico y Minero de España, en colaboración las Escuelas de Ingeniería de Minas de las universidades de León y Politécnica de Madrid y EURECA-PRO, reuniendo a especialistas de los ámbitos de la ingeniería, la geología, la energía, la geotecnia y el agua para poner en común experiencias y conocimiento sobre las centrales hidroeléctricas reversibles. 

Un accidente laboral de un trabajador contratado por la Junta de Castilla y León para la apertura de una pista forestal en la comarca leonesa de Omaña ha acabado ayer martes con su fallecimiento, al caer por una ladera la máquina que se empleaba para estas labores. El empleado tenía 48 años de edad, confirman fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 14.30 horas, según se dio aviso, también al servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta. Las primeras informaciones especificaban que la alerta surgió cuando alguien vio una máquina retroexcavadora caída en las inmediaciones de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

La Guardia Civil, que fue alertada de manera inmediata y se personó en la zona, confirmó posteriormente que el cuerpo del conductor de la máquina se encontraba fuera del vehículo, del que habría salido despedido al caer la misma por una ladera, por causas que aún están bajo investigación, al tratarse oficialmente de un accidente laboral, confirman también desde la Delegación Territorial de la Junta en León. Estas mismas fuentes matizan además que la víctima estaba contratada a través de una empresa privada contratada por la Junta, y realizando labores en el monte, en concreto la apertura de una pista forestal.

La Guardia Civil fue la encargada de poner en marcha el complejo operativo para el rescate del cuerpo, que se pudo comprobar que ya estaba sin vida, del conductor de la excavadora. Participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, en la provincia leonesa, con el apoyo del helicóptero de la Comandancia de León, los cuales posteriormente trasladaron el cuerpo a León para la realización de la autopsia. Las mismas fuentes confirman que se han iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias concretas del suceso mortal, sin ofrecer más detalles sobre el resultado de las primeras investigaciones.

La Junta de Castilla y León ha aprobado la Autorización de Impacto Ambiental a la ampliación de una granja de gallinas camperas ubicada en el sur de la provincia de León para que aumente hasta 214.500 gallinas y produzca 57 millones de huevos al año, en un paraje enmarcado dentro de una de las figuras más delicadas y restrictivas.

En concreto, la explotación de la empresa Cantos Blancos Norte, del grupo Huevos Guillén, una de las principales suministradoras de huevos de Mercadona, se sitúa en la localidad de Villabraz. Allí mismo ya tiene autorización desde hace siete años para albergar 117.000 ponedoras, aunque ahora la previsión es invertir 2,5 millones de euros para incrementar las instalaciones para poder aumentar el número de animales hasta un 83% más.

La granja se enmarca dentro de la Red Natura 2000 y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Oteros-Campos, así como varios municipios aledaños dentro de la Zona Vulnerable Páramos de León. Eso no ha sido óbice para el visto bueno final de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental -ya no de la Consejería de Medio Ambiente-, tras un largo proceso de meses y un período de consultas tras el que no consta la presentación de ninguna alegación. El arranque del proceso fue hace casi año y medio.

La ampliación contempla la construcción de dos nuevas naves destinadas a gallinas camperas, además de otras instalaciones auxiliares, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. Según la documentación evaluada por la Administración autonómica, la capacidad total de 214.500 plazas para aves de puesta es equivalente a más de un millar de unidades de ganado mayor, vacas por ejemplo, y es precisamente esa dimensión la que obliga al proyecto a someterse a evaluación ambiental ordinaria.

En sus conclusiones, publicadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la Junta concluye que la actuación “no causará perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido”, reza literalmente la resolución, siempre que se cumplan todas las condiciones impuestas durante la tramitación y que ahora refleja la autorización de impacto ambiental.

Entre las medidas exigidas figuran actuaciones para minimizar molestias a la fauna, controlar las emisiones y garantizar una correcta gestión de los residuos generados por la actividad ganadera. En este último sentido, se constata que la ampliación conllevará un incremento significativo en la producción de estiércoles. Los informes incorporados al expediente estiman que la explotación generará más de 9.100 toneladas anuales de deyecciones de las aves, gallinaza, que serán destinadas principalmente a su aprovechamiento agrícola como fertilizante. Precisamente este aspecto ha centrado parte de las observaciones realizadas por distintos organismos consultados durante la evaluación.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) alertó de la necesidad de extremar las precauciones en la aplicación agrícola de estos residuos, especialmente en aquellas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos o próximas a masas de agua susceptibles de verse afectadas. Se prevé que ese aprovechamiento sea en campos de cultivo de los municipios leoneses de Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Pobladura de Pelayo García y Santa María del Páramo. Además, se obliga a que “las labores de aplicación del estiércol se lleven a cabo fuera del periodo de marzo a julio, ambos inclusive, coincidente con la época reproductiva de la avifauna esteparia”.

El estiércol y su reparto como abono, condicionado

Asimismo, la declaración ambiental obliga a la empresa promotora a reforzar la capacidad de almacenamiento de estiércoles prevista inicialmente, al considerar la Administración que las instalaciones proyectadas podían resultar insuficientes para garantizar una gestión adecuada.

La declaración de impacto ambiental favorable de la Junta concede ahora, como es habitual, un plazo máximo de cuatro años para ejecutar el proyecto de ampliación y ponerlo en funcionamiento. Concluye así uno de los trámites administrativos más relevantes y completos de su tramitación, aunque todavía deberá obtener el resto de autorizaciones necesarias antes de poder ejecutar la ampliación prevista.

Ya se había solventado el año pasado otro escollo necesario para tal incremento de la producción de huevos, como era conseguir aumentar el consumo de agua permitido por la Confederación hasta un volumen máximo anual de 15.658,5 metros cúbicos, cuando su concesión previa era de 8.500.

Cuatro metros de espacio para cada gallina

La compañía se encuentra entre las empresas líderes del sector avícola en España y cuenta con más de 30 años de trayectoria. Además de sus centros de producción en el sur de la provincia de León, dispone de instalaciones en Valencia, Murcia, Castellón, Toledo, Guadalajara, Badajoz, Canarias y Navarra.

Disponen de un criterio de “buenas prácticas agrarias, y en especial las buenas prácticas en materia de cría” en el que destacan algunas condiciones como que “las gallinas tendrán acceso de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre”. En esa zona de campeo, cada ponedora cuenta con una superficie mínima de al menos cuatro metros cuadrados, en un espacio con “vegetación en su mayor parte” que “no se destinará a otro uso” que ofrecer un entorno lo más natural posible a las aves, salvo excepciones como huertos frutales, terrenos forestales o pastos.

En el equinoccio el día se iguala a la noche y volvemos a poner el contador a cero. En eso consiste en gran medida el cambio de estación. Es una excusa más, tal vez, para marcar un ciclo, una diferencia, la certeza de una rutina anual, una costumbre, una marca temporal, una rueda del año en la que nos quemamos al sol, nos helamos cuando el mercurio desciende o tratamos de recuperar las temperaturas intermedias que parecen jugar al escondite con nuestra paciencia.

El otoño que ahora arranca es un momento de esos en los que vivimos una transición: en teoría no hay calor ni frío extremos, aunque la llegada este año ha sido extenuante, alcanzando y superando los treinta grados de máxima en León. Tal vez en un tiempo no tan lejano nos toque explicar qué eran las estaciones intermedias, la primavera y el otoño, esos periodos en los que la naturaleza posee una belleza especial, porque se prepara para desnudarse o para cubrirse. Pero aún, creo, en este presente extraño, se puede y se debe abrazar el otoño. Yo sé que llega porque la morera de mi finca, que tiene casi cien años, empezará a despellejarse cuando sus frutos se vayan definitivamente. Y, no sé por qué extraña razón, desde que vivo en esta casa, hay un día, nunca se sabe cuál, en el que un viento preciso la toca y empieza a llover desde sus ramas. Y he tenido la suerte de que siempre, siempre, me sorprenda mirándola. Es una imagen preciosa que guardo en la retina por si este año, tal vez, no pasa, por si me lo pierdo por estar mirando a otro lado mucho menos importante. Pero yo conozco su ritmo: caen, una a una, todas las hojas, dejando el tronco inerme y, sin embargo, hermoso para que, semanas después, si sucede, la nieve se pose en sus extremidades. Quizás este año no lo vea, aunque eso importa poco: guardo ya en la memoria su gesto tibio y a él me aferro.

Es tiempo de darle tregua al huerto, de preparar la tierra para lo que vendrá más adelante, de recoger lo último que se deje comer en esta tierra dura que es la Maragatería, una tierra que, como tantas otras, sufre la amenaza de las renovables mal entendidas: no es el proyecto en sí, es el modelo, es la desmesura, es la barbarie a la que hemos sometido nuestra manera de generar beneficios sin importar cómo. La planta de biometano que se pretende instalar a escasos dos kilómetros de Astorga tiene ya el no de la mayoría de los que aquí vivimos y nos dedicamos a menudencias como conservar el territorio, mirar a los ojos a los vecinos o atender y guardar silencio cuando el viento decide desnudar un árbol porque en pocos meses llegará el invierno. 

Somos guardianes de la naturaleza, una bobada, vaya, en estos tiempos plastificados que corren, un absurdo para quienes pretenden traernos toneladas de mierda a la puerta de nuestra casa. Y justo el problema está ahí, en perder la medida de todas las cosas, en olvidar el punto medio. Tal vez sea eso, quizás estemos perdiendo las estaciones intermedias al mismo ritmo que nuestra sociedad está deshaciéndose de la razón y del equilibrio para vivir en paz. Pero la gente, a veces, responde. Ojalá los otoños vuelvan a ser otoños y las primaveras, primaveras.

La plataforma vecinal de La Somoza berciana ha trasladado este lunes al Procurador del Común de Castilla y León una queja formal por la situación que atraviesan los pueblos de esta zona de montaña perteneciente al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. La reclamaciónllega respaldada por casi cinco mil firmas recogidas en menos de dos meses, tanto a través de una petición en Change.org como mediante hojas distribuidas en distintos puntos.

Los vecinos entregaron las firmas junto con el expediente remitido al Procurador del Común, al que solicitan que intervenga ante las distintas administraciones con competencias en el territorio. La plataforma considera que el volumen de apoyos demuestra que la preocupación por el futuro de La Somoza trasciende a sus residentes habituales y alcanza también a personas vinculadas familiar, afectiva o territorialmente con estos pueblos.

La Somoza berciana es una zona del municipio de Villafranca del Bierzo que está integrada por Paradaseca, Teixeira, Veguellina –San Cosme y Ribón–, Villar de Acero, Paradiña, Pobladura de Somoza, Cela, Prado de la Somoza, Campo del Agua, Aira da Pedra y Porcarizas. Según los datos de referencia incluidos en el expediente y atribuidos al Instituto Nacional de Estadística, los núcleos suman aproximadamente 256 habitantes. Las casi cinco mil firmas reunidas multiplican por 18,75 a la población que vive allí, con lo que queda clara la importancia que le da la gente de la comarca del Bierzo y la provincia de León a esa zona natural.

Cuatro ámbitos de reclamación

Durante la tramitación de la queja, las reivindicaciones vecinales han quedado agrupadas en cuatro grandes ámbitos: la prevención y gestión de incendios, la falta de cobertura de telefonía móvil, el estado de las infraestructuras y la recogida de residuos sólidos urbanos por parte del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.

La prevención de incendios constituye la principal preocupación de la plataforma, especialmente después de los episodios registrados durante los últimos meses en el entorno, entre ellos los fuegos de Pradela-Cela y Veguellina. Los habitantes consideran que estos incendios han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de una zona de montaña en la que, a su juicio, siguen pendientes actuaciones preventivas básicas.

Entre las medidas que reclaman figuran los desbroces, las podas, la limpieza de caminos y cauces, así como la creación o conservación de cortafuegos y franjas de protección alrededor de los núcleos habitados. Los vecinos sostienen que estas labores deben ejecutarse antes de que llegue la temporada de mayor riesgo y no después de que se produzcan los incendios.

La plataforma pide al Procurador del Común que analice la prevención y la gestión de los incendios registrados en 2026, los medios empleados, la coordinación entre las administraciones y las actuaciones necesarias para reducir el impacto de futuros fuegos.

Piden investigar el incendio de Veguellina

Los vecinos solicitan además que se investiguen las circunstancias del incendio de Veguellina –que quemó más de 300 hectáreas de arbolado este verano– y que se esclarezcan los hechos y las posibles responsabilidades. Según recoge su reclamación, algunos testigos que presenciaron el inicio de las llamas apuntan a que el fuego pudo comenzar por “una chispa originada en el tendido eléctrico”, situado, según denuncian, en zonas donde la vegetación se encuentra sin desbrozar y demasiado próxima a la línea.

Por este motivo, la plataforma reclama que se revise la distancia existente entre el tendido eléctrico y la masa vegetal y que se lleve a cabo el mantenimiento de todas las franjas de protección. Los vecinos consideran que la limpieza preventiva de estas áreas resulta esencial para evitar que un incidente puntual pueda convertirse en un incendio de mayores dimensiones y amenace a los pueblos.

La queja no se limita, sin embargo, a la política forestal. La plataforma describe una situación de “abandono generalizado” que afecta a servicios básicos y que, según advierte, dificulta la permanencia de la población en el territorio.

Sin cobertura móvil desde hace años

Una de las principales carencias señaladas es la falta de cobertura de telefonía móvil. Los vecinos recuerdan que el problema se mantiene desde hace años y que, en determinadas zonas, puede llegar a impedir una llamada de emergencia al 112.

La situación, aseguran, ha sido denunciada de forma reiterada desde 2021 y ha motivado movilizaciones vecinales, iniciativas parlamentarias y anuncios de posibles soluciones que todavía no se habrían materializado. Para la plataforma, la ausencia de cobertura supone un riesgo añadido en un territorio extenso, con población envejecida y en el que las distancias hasta los servicios asistenciales y de emergencia pueden ser importantes.

La cobertura móvil es también fundamental, según los residentes, para facilitar la comunicación diaria, combatir el aislamiento y ofrecer unas condiciones mínimas a quienes viven, trabajan o desarrollan actividades económicas en estos pueblos.

Carreteras deterioradas y accesos en mal estado

La plataforma reclama igualmente una intervención en las carreteras y accesos a las localidades de La Somoza. Los vecinos denuncian la existencia de baches, socavones, tramos con el firme deteriorado y acumulaciones de gravilla que dificultan la circulación.

El estado de estas vías afecta, según explican, tanto a los desplazamientos cotidianos como a la llegada de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia. También consideran que unas carreteras en condiciones son imprescindibles para garantizar una eventual evacuación de los pueblos en caso de incendio u otra emergencia.

La reclamación pretende que las administraciones concreten las actuaciones previstas, determinen qué organismo será responsable de ejecutarlas y establezcan un calendario para su puesta en marcha.

Problemas con la basura y atención sanitaria

A las deficiencias en materia de prevención, comunicaciones y carreteras se suman los problemas relacionados con la recogida de residuos. Los vecinos aseguran que algunos contenedores permanecen llenos durante demasiado tiempo, una situación que genera molestias y empeora las condiciones de los pueblos, especialmente durante los periodos de mayor afluencia.

La plataforma también reclama una atención sanitaria adaptada a una población cada vez más envejecida. Entre las alternativas planteadas figuran la celebración de consultas periódicas y el desplazamiento de personal médico y de enfermería a los distintos núcleos de población.

Los residentes consideran que la prestación de estos servicios resulta determinante para que las personas mayores puedan continuar viviendo en sus pueblos y para evitar que la falta de atención obligue a nuevos desplazamientos o acelere el abandono demográfico de la zona.

“No pedimos privilegios”

Los vecinos insisten en que sus reivindicaciones no pretenden obtener un trato privilegiado, sino garantizar los servicios básicos necesarios para vivir en el medio rural. “Queremos que nuestros montes estén cuidados y preparados antes de que llegue el verano. Queremos que nuestros pueblos estén mejor protegidos frente a los incendios. Queremos poder llamar al 112 si tenemos una emergencia. Queremos una carretera segura. Queremos que la basura se recoja con normalidad. Queremos que nuestros mayores tengan una atención sanitaria adecuada”, recoge el escrito presentado ante el Procurador del Común.

La plataforma reclama una mayor coordinación entre las administraciones responsables y exige que se concrete qué medidas se van a adoptar, quién debe ejecutarlas y en qué plazos. Los vecinos consideran que la falta de respuestas claras prolonga una situación que afecta a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de quienes residen en La Somoza berciana.

“La Somoza Berciana quiere seguir teniendo futuro. Y para ello necesitamos que nuestros pueblos estén protegidos, comunicados, accesibles y atendidos”, concluye la reclamación vecinal.

Ha resultado muy numerosa la protesta convocada este sábado en la ciudad de Astorga, precedida de una marcha a través de la comarca de Maragatería, promovida por los opositores al proyecto de instalación de una planta de producción de biometano a raíz de deshechos ganaderos en el municipio de Val de San Lorenzo, apenas a dos kilómetros de la ciudad.

La larga marcha ha cubierto a pie, en medio de un ambiente reivindicativo pero también festivo, el amplio recorrido hasta su destino, situado frente al Ayuntamiento de Astorga. Allí han coreado, como en el resto del recorrido, sus consignas y sus argumentos, especialmente medioambientales, que les posicionan abiertamente contra la iniciativa que ya tramita la Junta de Castilla y León.

El proyecto de la compañía Apiolae SL, filial del grupo ID Energy Group, anuncia una inversión de 9,45 millones de euros para construir una instalación destinada a transformar residuos y subproductos orgánicos de origen agroganadero en gas de biometano. Su dimensión es uno de los principales elementos de controversia en las comarcas de Astorga y se ha sumado al argumento de que todo el entorno de la zona ya suma excesivos proyectos de gestión de residuos, empezando por el propio Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, pero también ahora muy latente una planta de lodos en la localidad de Piedralba, en el municipio maragato de Santiago Millas. De ahí algunos mensajes lanzados hoy como que “nuestra comarca no es un basurero”.

Unanimidad en el Ayuntamiento

La protesta, que estuvo muy animada, coincide a pocos días de que todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Astorga, donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular (PP), acordaran presentar conjuntamente alegaciones al proyecto de biometano, al considerar que, pese a situarse fuera de su término municipal, su proximidad y dimensiones pueden provocar afecciones directas sobre Astorga y su comarca. La Corporación aclara que no rechaza el biometano como tecnología, sino que reclama un análisis especialmente riguroso de una instalación proyectada para tratar 233.500 toneladas de residuos al año y de sus posibles consecuencias sobre la población, el territorio, el medio ambiente y la economía local.

Entre las principales preocupaciones figura el origen de los residuos, ya que, según la documentación analizada por el Ayuntamiento, solo unas 48.000 toneladas procederían de un radio de 30 kilómetros y alrededor de 185.500 tendrían que llegar desde otros lugares. A ello se suma la previsión de unos 36 camiones diarios de gran tonelaje y la generación de aproximadamente 103.061 toneladas de digestato al año. Los grupos reclaman que se concreten la procedencia y las rutas de transporte de los residuos, la capacidad de las carreteras para asumir ese tráfico y las parcelas y superficies agrícolas en las que se utilizará el digestato, además de las medidas destinadas a evitar la contaminación de suelos y aguas.

Las alegaciones ponen también el foco en el riesgo de olores y reclaman que se estudie específicamente su posible llegada a Astorga en función de los vientos, la meteorología y las situaciones de funcionamiento anormal de la planta. Exigen además una evaluación específica de la afección al Camino de Santiago -el proyecto prevé impactos durante las obras sobre aproximadamente 1,5 kilómetros de su entorno-, así como comprobar la situación legal de los terrenos afectados por un incendio forestal en 2024. A ello añade la necesidad de valorar conjuntamente las consecuencias sobre el paisaje, el patrimonio, la agricultura, el turismo, la salud, el agua y el suelo, así como los efectos acumulativos con otras instalaciones existentes o previstas en la zona.

Como conclusión, los grupos municipales reclaman a la Junta que revise la suficiencia del Estudio de Impacto Ambiental y exija al promotor todos los estudios complementarios necesarios, además de garantías económicas y ambientales para responder ante accidentes, contaminación, averías, cierre o desmantelamiento.

El acuerdo solicita expresamente que no se conceda la autorización ambiental mientras no queden suficientemente acreditadas todas estas cuestiones, que se garantice la participación de las administraciones y poblaciones afectadas y que las alegaciones sean trasladadas al Ministerio para la Transición Ecológica para reclamar una revisión de la estrategia de implantación de este tipo de instalaciones en las zonas rurales.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado este viernes al Ayuntamiento de Santas Martas y a las juntas vecinales de esa zona de la provincia de León que actúen de forma conjunta contra el proyecto de ampliación de una explotación avícola en Malillos de los Oteros por sus posibles efectos sobre los recursos hídricos, los humedales y la biodiversidad de la zona.

La petición la ha realizado este viernes, a través de un comunicado, la pedánea de UPL en Malillos de los Oteros, Luisa Fabián, quien ha considerado necesario que las administraciones locales defiendan conjuntamente los intereses de los vecinos ante dicha ampliación.

El proyecto, actualmente sometido a tramitación ambiental, contempla una extracción máxima de 42.400 metros cúbicos de agua al año de la masa de agua subterránea del Terciario Detrítico del Esla-Cea.

En las alegaciones presentadas por la UPL se advierte de los posibles efectos que esta extracción y la actividad ganadera intensiva pueden tener sobre los recursos hídricos, los humedales y la biodiversidad de la zona.

Según ha explicado Fabián, la ampliación hasta las 450.272 plazas supone un incremento de 148.272 gallinas respecto a la capacidad existente, según la documentación aportada.

Entre las principales preocupaciones planteadas figuran la posible afección a humedales como la Laguna del Valle, Laguna Icebre, Laguna de Villagaza y Laguna Alonso, así como a los arroyos de Santa Olaja y Valdearcos.

Las alegaciones señalan también el riesgo de contaminación de las aguas por la gestión de la gallinaza y el impacto que el incremento de la actividad podría tener sobre los ecosistemas y las especies que dependen de estos espacios. 

El Consejo Comarcal del Bierzo pondrá en marcha el proyecto Modelo de Innovación Sostenible de Experiencias Agroturísticas (MISEA) para incorporar a la oferta turística experiencias vinculadas a la actividad agrícola, las tradiciones y el paisaje de la comarca de El Bierzo, en la provincia de León.

El presidente comarcal, Olegario Ramón, y la consejera de Turismo, Cristina Pérez, presentaron este miércoles una iniciativa que contará con el asesoramiento de Segittur, entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo.

El objetivo es acercar el sector primario al turístico, de manera que los visitantes puedan conocer y participar en actividades relacionadas con el campo. Pérez puso como ejemplo la posibilidad de atraer visitantes durante la temporada de recogida de la castaña y destacó la necesidad de desestacionalizar el turismo.

La iniciativa pretende además generar ingresos complementarios para las empresas agrarias y contribuir a fijar actividad en el medio rural. “Somos una zona con ocho productos de calidad, con un paisaje agrario singular, una identidad fuerte y empresas agrarias”, señaló Pérez.

En principio, una decena de empresas han mostrado interés en participar, y no recibirán financiación directa, sino asesoramiento gratuito para diseñar y estructurar sus experiencias. La técnica de Turismo, Sonia Rodríguez, explicó que este acompañamiento será personalizado y concluirá con la selección de las iniciativas.

El Consejo prevé desarrollar durante los próximos meses el diseño de las propuestas para que a partir de abril de 2027 pueda estar definida la nueva oferta agroturística de la comarca. “Somos conscientes de que el turismo está cambiando, se busca autenticidad y El Bierzo lo tiene”, concluyó Pérez.

La Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro actuaciones relacionadas con posibles actividades de caza furtiva e infracciones de la normativa cinegética en diferentes puntos de la provincia de León. Los operativos se han desarrollado en Sopeña de Curueño, Rodanillo y las comarcas de la Valdería y La Cabrera, con el resultado de un cazador detenido, otras dos personas investigadas y cuatro identificadas y propuestas para posibles sanciones administrativas.

La actuación más relevante tuvo lugar en Sopeña de Curueño, donde un joven de 22 años, vecino de La Vecilla, fue detenido como presunto autor de un delito contra la protección de la flora y fauna. Además, un hombre y una mujer, ambos vecinos de la zona, están siendo investigados por su posible participación en los hechos.

Un detenido y dos investigados en Sopeña de Curueño

La intervención en Sopeña comenzó durante la noche del pasado sábado, cuando la Guardia Civil recibió un aviso del Centro Operativo de Servicios (COS) tras la llamada de un vecino que alertó de haber escuchado varios disparos en las inmediaciones del pueblo. Patrullas de Seguridad Ciudadana de la compañía territorial de León se desplazaron hasta el lugar y establecieron un dispositivo coordinado de cierre del perímetro para localizar e interceptar a los posibles responsables.

Horas más tarde, los agentes interceptaron un vehículo cuyos ocupantes podrían estar relacionados con los disparos. Las posteriores pesquisas permitieron localizar y aprehender diverso material que presuntamente habría sido utilizado en la actividad investigada.

Entre los efectos intervenidos figuran un rifle monotiro del calibre 308, un silenciador, un visor térmico, la cabeza de un venado, una linterna, dos navajas, dos cuchillos, un afilador y 20 casquillos del mismo calibre.

El detenido está acusado de un presunto delito contra la protección de la flora y fauna, relacionado con un supuesto caso de furtivismo. Asimismo, se le investiga por otro posible delito contra la seguridad colectiva, al haber sido localizado conduciendo un vehículo pese a tener el permiso de conducción sin vigencia. Las diligencias fueron instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Boñar y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

Dos cazadores sorprendidos con visión térmica en Rodanillo

La segunda actuación tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en Rodanillo, donde efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Fabero identificaron a dos personas que circulaban en un todoterreno por una pista forestal a baja velocidad.

Los agentes, que realizaban labores de vigilancia y prevención de actividades ilícitas relacionadas con la caza furtiva, habían establecido un dispositivo de vigilancia estática en la zona. Durante la inspección del vehículo localizaron un rifle con mira telescópica, que se encontraba desenfundado y presuntamente preparado para su utilización, además de un dispositivo de visión térmica de tipo monocular.

Según la Guardia Civil, los dos identificados estarían realizando actividad cinegética en la modalidad de rececho del corzo, en la que está expresamente prohibido el uso de dispositivos de visión térmica. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad competente por si pudieran constituir varias infracciones de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza de Castilla y León. Será este organismo el que determine las posibles responsabilidades.

Un rifle con silenciador en la Valdería

La tercera intervención se desarrolló durante la pasada semana en la zona de la Valdería, donde efectivos del Seprona de Veguellina de Órbigo localizaron a una persona que transportaba en su vehículo un rifle con un silenciador acoplado.

La actuación se produjo durante un dispositivo de vigilancia nocturna. En la inspección del automóvil, los agentes encontraron también otra arma y un visor nocturno, por lo que procedieron a intervenir estos efectos y a realizar las correspondientes actuaciones por una posible infracción de la normativa vigente.

Un arco de caza sin autorización en la Cabrera

Por último, efectivos de la misma patrulla del Seprona localizaron en otra comarca de la Cabrera, en una localidad que no se identifica, a una persona que transportaba en el interior de un vehículo un arco destinado a la práctica de la caza. El portador carecía de la documentación preceptiva necesaria para el ejercicio de la actividad cinegética, por lo que los agentes procedieron a identificarlo y a formular la correspondiente denuncia por una posible infracción de la normativa.

Algunos de los más icónicos y entrañables parques y jardines de la capital leonesa vivirán durante los próximos cuatro años trabajos de remodelación, en algunos casos de calado y profundidad. Ese es el objetivo que se plantea un millonario contrato que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento de la capital, por un importe que arranca con 7,3 millones de euros.

La lista de espacios públicos ajardinados en los que el actual equipo de Gobierno que preside el alcalde José Antonio Diez quiere dejar totalmente cerrado hasta prácticamente todo el próximo mandato, en concreto hasta el año 2030, pasa por diferentes tipos de reformas y obras en parques muy céntricos e icónicos. Se trata del Paseo de la Condesa o el jardín de San Francisco, otros más de barios como La Granja, Quevedo en El Crucero o Virgen del Camino, en el centro del Polígono X, así como el de los Reyes Leoneses en la avenida José Aguado.

Pero también el contrato incluye la puesta al día bastante profunda del actual vivero municipal y la que llaman “renovación integral” de la fuente ornamental de Guzmán, en el extremo de Ordoño hacia las estaciones, con su conocida estatua del personaje histórico en medio.

El contrato, que se cerrará con una única empresa privada, en un único y jugoso lote, al considerarse en un informe contraproducente por razones de organización y coordinación, se aprobó en Junta de Gobierno a principios de septiembre, sale ahora a licitación y abre el período de presentación de ofertas hasta el próximo 19 de octubre. Su nombre oficial es “Obras de reposición, adecuación y mejora dela infraestructura verde del Municipio de León”, y reserva sólo para las remodelaciones mencionadas cerca de la mitad de los 7,3 millones de partida, es decir, 3.150.000,00 euros.

Más en manos privadas

Es un profundo paso adelante más en la creciente privatización de todo tipo de obras públicas y espacios verdes de la ciudad de León, de modo que ya ningún trabajo es realizado por personal municipal ni plantilla pública alguna. De hecho, se trata de un contrato a mayores de otro que, dividido en varios lotes recaídos a diferentes compañías, continúa en vigor en la ciudad por un valor conjunto de 37 millones de euros, según se contrató ya en el año 2022.

Es el dinero que suman un lote para jardinería y obra civil de espacios verdes; otro para mantenimiento de juegos infantiles, deportivos, y mobiliario de espacios verdes; uno más de mantenimiento de fuentes ornamentales de espacios verdes; y el último para mantenimiento elementos patrimoniales y simbólicos de espacios verdes. Es todo lo que hasta 2022 ejecutaba una única empresa, Acciona, pero que desde entonces se diversificó hacia empresas distintas en cometidos que, por su denominación, parecen superponerse unas con otras. El nuevo contrato a mayores de otros 7,3 millones suma ejecuciones aparentemente de un carácter similar.

Las actuaciones, al detalle

El proyecto en vías de contratación recoge las mencionadas ocho actuaciones. De momento, se detallan como planificación indicativa, por lo que tanto las prioridades como las anualidades y las cuantías podrán ajustarse durante la vigencia de cuatro años contrato.

La intervención de mayor importe prevista en esta programación es la renovación integral del parque de Quevedo, con una estimación de 700.000 euros y prevista en principio para el ejercicio 2027, que es año electoral. La actuación contempla la mejora de pavimentos, arbolado, fuente ornamental, estanque de la fauna, aviario donde residen numerosas especies de mucho éxito como los pavos reales, y otras infraestructuras hidráulicas y equipamientos. El proyecto podrá ejecutarse por fases, se indica.

También figura entre las actuaciones prioritarias la renovación integral del parque de San Francisco, presupuestada inicialmente en 500.000 euros, medio millón, y para 2028. Los trabajos abarcarían los pavimentos, el arbolado y las infraestructuras asociadas al parque, con especial atención a la conservación del arbolado consolidado, el uso público y las necesidades de mantenimiento. Es muy conocido por albergar dos veces al año en evento gastronómico y cultural Come y Calle.

En el parque de La Granja, el programa contempla una inversión estimada de 350.000 euros, orientada a mejorar el drenaje de los paseos, renovar el cerramiento exterior y actualizar las infraestructuras de captación y distribución del agua de riego. La anualidad prevista es también 2027. El vivero municipal, en la prolongación del Paseo del Parque, también aparece entre las intervenciones de prioridad alta, con 250.000 euros previstos ya entre este año 2026 y 2027. La actuación incluye la renovación del cerramiento exterior, trabajos de limpieza y desescombro y la adecuación de sus infraestructuras.

En el sur de la ciudad

Otra de las grandes intervenciones previstas es la renovación integral del parque de Los Reyes de España -dividido en dos, en realidad-, con una estimación inicial de 600.000 euros. En este caso sería para 2029. El alcance definitivo se determinará a partir del diagnóstico de las necesidades del espacio y de la correspondiente orden de actuación, aunque la planificación contempla mejoras genéricas en los elementos vegetales, pavimentos, instalaciones y equipamientos.

El listado incluye además una inversión de 250.000 euros para el parque Virgen del Camino, en medio del Polígono X, orientada a renovar sus pavimentos y las infraestructuras de las fuentes ornamentales, que acumularon años sin funcionar. La actuación se programa para 2028 y deberá compatibilizar las obras con el uso público del recinto, además de contemplar la revisión de las instalaciones.

Y la fuente de Guzmán

Para 2030 se reserva, de forma orientativa, una partida de 200.000 euros para la renovación completa de un lugar muy simbólico en la ciudad: la fuente de Guzmán el Bueno, en la confluencia entre los paseos de La Condesa y Papalaguinda. No se detalla mucho, más allá de reformar los elementos asociados a esta infraestructura ornamental, y se aclara que el dinero final dependerá del diagnóstico de las instalaciones y los equipos.

Por último, el programa prevé destinar 300.000 euros en 2029 a la renovación y mejora del arbolado del Paseo de La Condesa de Sagasta, así como de los elementos vinculados a su implantación. La actuación deberá definir las fases de ejecución y las condiciones para proteger el arbolado existente, aunque ya ha sido motivo de controversia parte de él, porque serían 26 los grandes árboles que tendrían que ser sacrificados, talados, si se ejecuta al final un proyecto de 2 millones de euros que suma ya varios intentos y polémicas: la nueva pasarela peatonal y de diseño sobre el río Bernesga para conectar a mayores La Condesa y el Paseo de Salamanca.

El Ayuntamiento de Astorga ha presentado alegaciones al proyecto de la planta de biometano que el grupo español ID Energy Group pretende construir en el vecino municipio de Val de San Lorenzo, con una especial preocupación por el trazado de la línea eléctrica que abastecería a la futura instalación y las posibles afecciones sobre la ciudad y su entorno.

El alcalde, José Luis Nieto, ha explicado este martes en Cope Astorga que los servicios técnicos municipales elaboraron los escritos y los remitieron la pasada semana a la Junta de Castilla y León, después de analizar la documentación del proyecto y recabar los informes de Secretaría y Arquitectura.

La conexión eléctrica es una de las cuestiones que más inquietan al Consistorio. Según ha detallado Nieto, el suministro partiría de la subestación situada junto al cementerio de Astorga y la solución contemplada en el anteproyecto atravesaría el municipio. Sin embargo, todavía no está definido qué parte del trazado discurriría soterrada y cuál en tendido aéreo. “Esa, quizá, a nosotros como vecinos colindantes, sea la que más nos afecta de todas ellas”, ha señalado el regidor, aunque ha subrayado que el proyecto se encuentra todavía en una fase inicial.

Las alegaciones municipales recogen también la proximidad de la planta a núcleos de población y las posibles molestias por olores y emisiones. Los técnicos han incluido cuestiones relacionadas con la biodiversidad y los valores ambientales, así como el aumento del tráfico pesado y sus consecuencias sobre la red viaria, el ruido y la contaminación.

El Ayuntamiento plantea además que se estudie la incidencia que pudiera tener la instalación sobre el turismo, el patrimonio y el modelo socioeconómico de Astorga y su entorno. La petición municipal es que todas estas cuestiones sean debidamente analizadas y valoradas dentro de la tramitación ambiental antes de que se adopten las decisiones correspondientes. Nieto ha insistido en que las objeciones deben fundamentarse en criterios técnicos y jurídicos, y no ha descartado que puedan presentarse nuevas alegaciones conforme avance el procedimiento. “Cuando llegue el momento, si se necesitan, pues habrá que hacer más alegaciones intentando justificarlo todo en parámetros técnicos”, ha afirmado.

Una planta a dos kilómetros de Astorga

El proyecto de Apiolae SL, empresa filial del grupo ID Energy Group, contempla una inversión de 9,45 millones de euros para construir una instalación destinada a transformar residuos y subproductos orgánicos de origen agroganadero en biometano. La planta se sitúa a unos dos kilómetros del casco urbano de Astorga y a aproximadamente 3,5 kilómetros de la cabecera del municipio de Val de San Lorenzo. Su dimensión es uno de los principales elementos de controversia en la comarca maragata, donde la iniciativa se suma a otros proyectos de gestión de residuos de la zona, empezando por el propio Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega.

La instalación prevé tratar 233.500 toneladas anuales de materias primas, de las que unas 120.000 toneladas serán purines de cerdo de engorde. El resto incluye estiércoles bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, además de gallinaza y otros sustratos orgánicos. La empresa calcula que podrá producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a unos 81.736 MWh de energía, mediante un proceso de digestión anaerobia y posterior depuración del biogás. El proyecto estima cinco empleos directos permanentes y alrededor de diez indirectos, además de los puestos temporales durante la construcción.

La magnitud de la actividad también se traslada al transporte. La documentación calcula 38 camiones diarios para llevar los residuos a la planta y otros 36 para evacuar el digestato resultante del proceso. En total, se prevén 74 movimientos diarios de vehículos pesados durante los 260 días de actividad anual contemplados, de lunes a viernes.

Las materias primas procederían principalmente de explotaciones ganaderas situadas en un radio preferente de unos 30 kilómetros, ampliable hasta un máximo logístico de 50 kilómetros. La salida del digestato, tanto en su fracción sólida como líquida, supondrá también un flujo constante de transporte por carretera.

Agua en cisternas para una instalación sin conexión a la red

Otro de los aspectos llamativos del proyecto, destacado por ILEÓN, es que la parcela elegida carece de conexión a una red de abastecimiento de agua. La empresa plantea que el suministro industrial y sanitario llegue mediante camiones cisterna y se almacene en un depósito de 50 metros cúbicos. El consumo industrial previsto durante el funcionamiento ordinario asciende a 982 metros cúbicos anuales, mientras que el uso sanitario se calcula en otros 60 metros cúbicos al año. Durante las obras, la previsión de agua sanitaria alcanza los 100 metros cúbicos mensuales.

Además, antes de la puesta en marcha será necesaria una aportación extraordinaria de 8.000 metros cúbicos para las pruebas hidrostáticas de las instalaciones. Según la documentación del promotor, el agua para los usos ordinarios sería transportada por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo mediante cisternas.

La empresa sostiene que el proceso de digestión anaerobia no requiere grandes aportaciones adicionales, dado que los purines y demás materias primas contienen ya una elevada proporción de agua. También prevé reutilizar aguas de limpieza, condensados del biogás, lixiviados y purgas. El proyecto contempla un sistema de “vertido cero”, sin evacuación de aguas residuales al medio natural ni al dominio público hidráulico. Para ello, plantea depósitos estancos, fosas y la retirada de determinadas aguas mediante gestores autorizados.

Olores, emisiones y riesgos ambientales

El estudio de impacto ambiental analiza 26 factores relacionados con la atmósfera, los recursos naturales, el suelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje y las consecuencias socioeconómicas. Entre ellos figuran las emisiones de polvo, ruido, gases y olores, así como los posibles efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas, los hábitats, el patrimonio cultural y los espacios protegidos.

La planta de Val de San Lorenzo se incorpora a una relación de proyectos de gestión de residuos que ya han generado controversia en la comarca. En el entorno de Astorga se encuentran el vertedero provincial de San Román de la Vega, el macrovertedero industrial de residuos peligrosos autorizado en San Justo de la Vega o la planta de tratamiento de lodos de depuradora proyectada en Piedralba.

En el caso de Val de San Lorenzo, el estudio ambiental señala también la proximidad de otros proyectos de gestión de residuos, mientras que la línea eléctrica prevista para la planta coincide en su trazado soterrado con el Camino de Santiago, según la documentación del proyecto.

PP, PSOE e IU intentan consensuar una posición común

A las alegaciones técnicas presentadas por el Consistorio astorgano podría sumarse una iniciativa política conjunta. Nieto ha explicado que, tras la Junta de Portavoces celebrada este lunes, los representantes de PP, PSOE e IU acordaron reunirse este martes para intentar alcanzar un acuerdo común.

El punto de partida será un borrador presentado por el PSOE, aunque por el momento no existe un texto consensuado por las tres formaciones. El alcalde ha valorado que se abra un diálogo entre los grupos y ha señalado que la iniciativa que finalmente acuerden se presentaría ante la Junta. “Me parece bien que se hable, que se dialogue y, bueno, al acuerdo que lleguen, pues se presenta”, ha afirmado. “Si esa planta no nos interesa, no nos aporta mejora en la calidad de vida ni en el trabajo, está bien unirnos todos”, ha señalado.

Un proyecto del parque eólico llamado Ferromolín, promovido por la firma Promoción Eólica Peninsular V SL, perteneciente a un grupo multinacional de origen con n Dinamarca, ha iniciado su periodo de información pública como paso previo a la autorización administrativa y a la evaluación ambiental de una instalación que se extenderá entre las provincias de León y Ourense, en Galicia.

La iniciativa contempla una potencia total de 27 megavatios (Mw), a pesar de lo cual lo tramita el Gobierno central y no la Junta de Castilla y León, que habitualmente es la competente en instalaciones de energía renovable de menos de 50. El diseño se que plantea contempla la instalación de seis enormes aerogeneradores y una inversión de más de 31,1 millones de euros.

La vertiente leonesa del proyecto se concentra en el municipio de Oencia, en la comarca de El Bierzo, donde se prevé instalar uno de los molinos y ubicar otro en una posición limítrofe con el término municipal ourensano de Vilamartín de Valdeorras. Los cuatro aerogeneradores restantes se proyectan en este último municipio, mientras que O Barco de Valdeorras también figura entre los términos municipales afectados por las instalaciones. En concreto, ña distribución prevista sitúa el aerogenerador FRM-01 en Oencia; el FRM-02, en el límite entre este municipio leonés y Vilamartín de Valdeorras; y los identificados del FRM-03 al FRM-06, en territorio gallego.

Cada uno de los seis aerogeneradores tendrá una potencia unitaria de 4,5 Mw. El diseño contempla, además, cinco posiciones adicionales de reserva, así como una torre meteorológica, los viales de acceso y las obras civiles necesarias para la instalación y el mantenimiento del parque.

Una inversión de más de 31 millones

El presupuesto de ejecución material asciende a 31.142.802,36 euros. De esa cantidad, 27.169.486,12 euros corresponden a la construcción del parque eólico, mientras que los 3.973.316,24 euros restantes se destinan a la infraestructura eléctrica de evacuación.

La energía generada por los aerogeneradores se recogerá mediante una red interna de líneas eléctricas subterráneas de 15 kilovoltios (kV), que conectará las máquinas con un centro de seccionamiento, el cual ocupará una edificación de aproximadamente 230 metros cuadrados en Vilamartín de Valdeorras.

Desde allí partirá una línea subterránea de evacuación de 14,33 kilómetros de longitud, también a 15 kV, hasta la subestación SET Sil-Xares 15/220 kV, propiedad de Iberdrola Generación. Esta instalación es colindante con la subestación Santiago 220 kV, perteneciente a la red de transporte de Red Eléctrica de España.

Información pública y evaluación ambiental

La publicación del anuncio, este lunes en el Boletín Oficial del estado (BOE) y la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) abre un plazo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan examinar la documentación del expediente y presentar las alegaciones que consideren oportunas. El procedimiento reúne la solicitud de autorización administrativa previa y la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Por tanto, el proyecto deberá superar tanto el trámite energético como el análisis ambiental antes de obtener las correspondientes resoluciones.

La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es el órgano competente para resolver la autorización administrativa previa, mientras que la declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Las alegaciones pueden presentarse ante las subdelegaciones del Gobierno competentes en la tramitación, en León y Pontevedra, esta última en relación con la parte del proyecto situada en Ourense.

El origen del proyecto es bastante reciente, en comparación con otros muchos previos, y algunos ya deshechados por su impacto ambiental en zonas similares y también limítrofes. La promotora presentó la solicitud inicial el 5 de agosto del pasado año, 2025. Y ha sido más reciente aún, el 20 de julio de 2026, una modificación del proyecto. La apertura de la información pública permite ahora conocer las características de la propuesta y formular observaciones antes de que avance su tramitación administrativa.

El PSOE ha visto rechazada en las Cortes de Castilla y León su iniciativa para impulsar la protección y conservación de las sebes tradicionales de la provincia de León, un patrimonio natural, cultural y paisajístico en riesgo de desaparición. El bloque en el Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox impuso sus diez votos en contra frente a los siete que sumaron el Grupo Socialista y el Grupo Mixto en una Comisión de Medio Ambiente que preside el leonés y alcalde popular de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza.

Los procuradores del PSOE de León han reclamado, sin éxito, a la Junta de Castilla y León medidas para inventariarlas, protegerlas e incorporar su conservación a las políticas autonómicas de biodiversidad, infraestructura verde y lucha contra el cambio climático. Pero se han topado con la total negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

La vicesecretaria general del PSOECyL y procuradora por León, Nuria Rubio, ha lamentado el rechazo de la proposición no de ley (PNL) y ha advertido de que “las sebes son parte de la identidad de nuestros pueblos”, defendiendo que su conservación debe formar parte de las políticas públicas de protección del territorio. “Hoy pedimos algo tan sencillo y tan importante como que dejemos de mirar hacia otro lado mientras desaparecen”, señaló Rubio, quien ha recordado que las sebes están presentes en numerosas comarcas leonesas y representan una forma tradicional de entender y cuidar la tierra.

La dirigente socialista ha subrayado que las sebes no solo tienen un valor cultural y paisajístico, sino también una importante función ambiental. Sirven de refugio para numerosas especies, actúan como corredores ecológicos, protegen los suelos frente a la erosión, conservan la humedad, reducen los efectos del viento y favorecen la presencia de insectos polinizadores.

Rubio ha criticado que, pese a la importancia de estos elementos, “la Junta subvenciona actuaciones ambientales, pero no cuenta con una línea específica y reconocible para proteger este patrimonio leonés”. “Después de casi cuatro décadas gobernando esta comunidad, ya no puede alegar desconocimiento. Existe bibliografía, existen personas expertas y existe una preocupación creciente en el territorio”, ha matizado.

En este sentido, la propuesta socialista ha planteado elaborar un inventario de las sebes existentes en colaboración con ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones, investigadores y colectivos sociales.

Además, el PSOE ha considerado imprescindible que las futuras concentraciones parcelarias y actuaciones de transformación agraria incorporen criterios de conservación del paisaje tradicional. “No estamos diciendo que no se puedan transformar o mejorar las explotaciones. Estamos diciendo que no se puede entrar en un territorio como si antes no hubiera allí nada valioso”, ha explicado Rubio.

“Modernizar no puede significar destruir. Progreso no es borrar la memoria de una tierra. Progreso es conseguir que el campo tenga futuro sin renunciar a su identidad”, ha defendido.

La procuradora ha reclamado también campañas de divulgación y sensibilización, especialmente en los centros educativos y en el medio rural, para transmitir a las nuevas generaciones el valor de este patrimonio y el conocimiento tradicional asociado a su conservación. “Estoy convencida de que no se protege aquello que no se conoce y tampoco se ama aquello que nunca nos han enseñado a mirar”, ha afirmado Rubio.

Por último, la política lacianiega ha lamentado que la desaparición de las sebes es otra consecuencia del abandono del medio rural y ha reclamado a la Junta que actúe antes de que sea demasiado tarde. “No dejemos que se arranquen por indiferencia, por desconocimiento o por falta de voluntad política. Tenemos la oportunidad y la obligación de protegerlas”, ha concluido.

En parecidos términos se manifestó en que fue esta vez representante el Grupo Mixto, no por Unión del Pueblo Leonés (UPL) sino por Soria Ya!, José Ángel Ceña, cuyo apoyo no sirvió para que la iniciativa saliera adelante.

Te subes a un columpio gigante y ves cómo el reflejo del cielo se expande sobre una masa de agua que contienen unas montañas imponentes. Y debajo, lo sabes, una de las últimas luchas por la vida al filo de la democracia: Riaño como símbolo de una duda, de una sospecha, de una masacre que sin embargo expone por encima de todo su belleza de fiordo. Un poco más al centro recorres una carretera que te quita el aliento. La piedra caliza se erige como guardiana de un río que genera su propio cauce entre sus piernas. Las hoces de Vegacervera te dejan muda y paras, te detienes para reconocer ese espacio que podría ser Nueva York entre edificios descomunales y, sin embargo, es una arquitectura natural que te parte el corazón porque no puedes entender cómo no habías visto esto antes teniéndolo a menos de dos horas de tu casa. Y luego, también, recuerdas esa canción de Rodrigo Cuevas y dices que por qué no pasar por Casares de las alturas y en ese recorrido descubres el Valle de Arbas y miras con un catalejo cómo hay ovejas negras y vacas enormes que pastan por la montaña como si no hubiese nada que temer, aunque lo haya. Te tomas un café cargadísimo en un pueblo en el que parece que no ocurre nada pero hay un bar precioso donde la escultura de una bruja cuelga del techo de la entrada y en el baño hay un conjuro para que el vigor de los hombres no decaiga. Sin embargo en esa zona parece que la vida se ha detenido o tal vez sea porque el agua de lluvia ha llegado en la previa de que agosto termine y entonces parece que la estampida se produce antes de lo que estábamos acostumbrados en esta tierra en la que el verano es patria del huido y el otoño nostalgia del que resiste al abandono. Llegas así a Babia y Luna y resulta que allí pusieron el ojo los reyes y no es de extrañar porque te sientes como un Dios en la tierra cuando la naturaleza te abraza y te dejas morir en sus manos solo para renacer. Recuerdas, entonces, que en Villamanín hay un lugar en el que te echan de comer como si no engordase y puede ser que no suceda porque lo que se come con tanto placer solo puede generar alegría en el cuerpo y en el alma.

Poco a poco te introduces en el camino de regreso a casa y te preguntas por qué hay lugares que se despliegan como paraísos en la tierra y otros que sencillamente están ocultos a las masas. Y justo cuando estás recorriendo esa ruta de vuelta te llega un mensaje al móvil en el que dicen que en tu pueblo, apenas al lado, en el término del Val de San Lorenzo, en Maragatería, planean ubicar una planta de Biogás, y miras por la ventanilla del coche y ves que ahí, en la montaña de León, también hay carteles por todas partes en los que la gente dice que no al mismo sacrificio.

Firma, puedes firmar en contra aquí, porque podemos contra el olvido y el abandono, pero ser pasto del residuo ajeno y el olor a putrefacto es demasiado: una frontera contra la que levantarse, una forma de agruparse, otra vez, y decir no a una nueva forma de sacrificarnos.

Un nuevo trabajo publicado en la revista Nature Microbiology identifica la contaminación atmosférica y determinadas condiciones climáticas, como las altas temperaturas, como factores que pueden modificar el riesgo de desarrollar enfermedades neumocócicas invasivas.

La investigación, dirigida por el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), también muestra que este efecto varía según el subtipo y la variante genómica de la bacteria responsable de la infección.

El análisis se ha llevado a cabo en el marco del proyecto Global Pneumococcal Sequencing, en colaboración con el Instituto Wellcome Sanger y el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Un microorganismo diverso

La enfermedad neumocócica invasiva está causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae y puede provocar graves problemas de salud, como neumonía, meningitis o infecciones del torrente sanguíneo.

A pesar del uso generalizado de los programas de vacunación, este microorganismo sigue siendo muy diverso: se conocen más de 100 serotipos y cientos de linajes genéticos, cada uno con características y patrones de circulación diferentes.

Para estudiar la relación entre esta diversidad bacteriana y los factores ambientales, el equipo de investigación analizó 59 017 casos de enfermedad neumocócica invasiva registrados a lo largo de 19 años en más de 500 hospitales de Sudáfrica.

La investigación también incluyó la secuenciación genómica de aproximadamente 4 350 muestras bacterianas, junto con datos sobre la contaminación atmosférica, la temperatura y la humedad.

La supercomputación ha sido clave para analizar conjuntamente este vasto volumen de datos clínicos, epidemiológicos, medioambientales y genómicos. El uso del superordenador MareNostrum 5 ha permitido a los investigadores examinar cómo varía el riesgo según la región, el momento, la edad, la manifestación de la enfermedad y las diferentes variantes bacterianas, así como estudiar el tiempo que puede transcurrir entre la exposición ambiental y la aparición de la infección.

Un riesgo que varía según la bacteria 

Los resultados muestran una asociación positiva entre la exposición a partículas finas de PM2.5 (contaminantes atmosféricos microscópicos) y el riesgo de desarrollar enfermedad neumocócica invasiva. Sin embargo, la intensidad y el momento en que se produce este aumento del riesgo varían en función de la edad de las personas afectadas, el cuadro clínico de la enfermedad y, sobre todo, el tipo de bacteria responsable de la infección. En algunos casos, el aumento del riesgo se produce inmediatamente después de una exposición elevada a las PM2.5, mientras que en otros puede tardar varias semanas en manifestarse.

Sophie Belman, primera autora del estudio y antigua miembro del grupo Resiliencia en Salud Global (Global Health Resilience, GHR) del Departamento de Ciencias de la Tierra del BSC, actualmente profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública de Yale, afirma: “Aunque hemos descubierto que la temperatura y la contaminación atmosférica aumentan en general el riesgo de enfermedades neumocócicas invasivas, como la meningitis bacteriana, nuestra investigación también sugiere que son los subtipos bacterianos que porta una persona los que modulan las tasas de infección”.

Según la investigadora, la cepa bacteriana influye en el momento en que aparece la enfermedad y en quiénes podrían correr un mayor riesgo en función de su microbioma respiratorio, “lo que significa que el riesgo no es el mismo en todas las situaciones ni para todas las personas”. “Al extrapolar nuestros hallazgos a otras partes del mundo, comprenderemos mejor quiénes corren el mayor riesgo para la salud debido a la exposición ambiental y qué factores deben abordarse en las diferentes regiones, como la mejora de la calidad del aire urbano”, añade.

Temperatura y humedad

La temperatura y la humedad también mostraron efectos diferentes. Las temperaturas mínimas entre 4 °C y 10 °C se asociaron con un aumento moderado del riesgo acumulado durante las ocho semanas posteriores a la exposición. Se observó un patrón similar con niveles moderados de humedad relativa, entre el 33% y el 49%.

Por el contrario, las temperaturas máximas elevadas, entre 27 °C y 38 °C, produjeron una respuesta más inmediata: el riesgo de enfermedad aumentó hasta un 10% durante la semana posterior a la exposición. Estas diferencias temporales sugieren que el frío, el calor, la humedad y la contaminación pueden actuar a través de mecanismos diferentes y que sus efectos deben analizarse a lo largo de varias semanas.

Rachel Lowe, líder del grupo GHR del BSC (en el que trabajaba Sophie Belman), explica: “El cambio climático y la rápida urbanización están alterando de forma fundamental las condiciones ambientales que influyen en el riesgo de enfermedades infecciosas. Al vincular la monitorización a largo plazo del clima y la calidad del aire con los resultados de salud, este trabajo pone de relieve cómo los patrones ambientales cambiantes pueden amplificar los riesgos para la salud pública. Proteger a las comunidades más expuestas al riesgo requerirá una colaboración intersectorial y estrategias sanitarias adaptativas que puedan seguir el ritmo de un entorno cambiante”.

Los resultados indican que la relación entre la contaminación, las condiciones climáticas y el riesgo de enfermedad varía en función de las variantes bacterianas que circulan en la población. Al mismo tiempo, las condiciones ambientales podrían favorecer de manera diferente a determinados serotipos o linajes y, por lo tanto, contribuir a determinar qué variantes bacterianas tienen más éxito y circulan en la población.

La integración de datos medioambientales, epidemiológicos y genómicos podría ayudar en el futuro a desarrollar sistemas de vigilancia más precisos y estrategias de salud pública adaptadas a las variantes predominantes en un momento dado.

La investigación sienta así las bases para anticipar mejor los periodos de riesgo y comprender cómo los cambios en la contaminación atmosférica y el clima pueden influir en la evolución de enfermedades infecciosas graves. Se trata de un conocimiento que ejemplifica, una vez más, cómo la ciencia puede traducirse en herramientas útiles para proteger la salud y orientar la toma de decisiones al servicio de la sociedad.

Referencia:

S. Belman, C. Lekhuleni, J. Kleynhans, et al. La estructura poblacional del neumococo influye en los efectos de la contaminación atmosférica sobre el riesgo de enfermedad invasiva en Sudáfrica. Nature Microbiology (2026).

La minibiblioteca del Soto de Villar de los Barrios (Ponferrada) ha amanecido este domingo totalmente calcinada, según informa la asociación Bierzo Vivo, la encargada de dar el aviso correspondiente a los servicios de emergencia. El propio colectivo advirtió del riesgo que corrió el enclave, distinguido con la consideración de Bosque del año en España 2024 y “uno de los espacios naturales más importantes del Bierzo”.

Fue una vecina de la localidad, que precisamente en estas fechas celebra sus fiestas del Cristo, la que alertó en primera instancia del siniestro. Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Policía Municipal, Policía Nacional y Bomberos de Ponferrada, mientras la Policía Científica inspeccionaba posteriormente la zona para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.

La miniblioteca estaba asentada sobre una pequeña construcción de madera. Más allá de su pérdida, el suceso ha generado una notable preocupación entre los vecinos por el riesgo que entrañan incendios de estas características tanto para el Soto de Villar como para la propia localidad, cuyo núcleo urbano (dotado de un valiosísimo patrimonio monumental y declarado Bien de Interés Cultural) está a pocos metros de distancia de este bosque de castaños.

Precisamente en el proyecto de recuperación del Soto de Villar se encuadraba la miniblioteca, construida hace dos años por un vecino del pueblo, con el impulso de Bierzo Vivo y A Plena Cultura y el apoyo económico del área rural del Ayuntamiento de Ponferrada. El bosque fue hace apenas unos días uno de los escenarios de una nueva edición del Festival Villar de los Mundos.

“Lo que hoy (por este domingo) estamos lamentando es la pérdida de una pequeña biblioteca de madera con todo lo que simboliza. Pero lo verdaderamente preocupante es pensar qué podría haber ocurrido si el fuego se hubiera propagado por el bosque”, señala el presidente de Bierzo Vivo, Nicolás de la Carrera. “El Soto está literalmente al lado del pueblo. No podemos esperar a que una desgracia de mayores dimensiones nos obligue a actuar”, añade.

Es por ello por lo que desde Bierzo Vivo se reclama la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del Soto y la presencia de un guardabosques o persona encargada de su vigilancia y conservación, una reivindicación que la asociación viene trasladando a las administraciones desde hace años.

Un incendio originado este sábado a primera hora de la tarde en terrenos de Valdespino de Somoza (Santiago Millas) ha obligado a movilizar a medios aéreos y terrestres, según informa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que ya lo da por controlado mientras mantiene en investigación las causas del fuego.

A las 15.35 horas se desató el incendio, controlado desde las 16.10 horas tras la intervención de hasta 18 medios de extinción, entre ellos dos helicópteros. La superficie afectada todavía se encuentra en perimetración.

A última hora de la tarde de este sábado todavía se mantienen sobre el terreno dos agentes medioambientales, así como tres cuadrillas terrestres, otras tantas autobombas y un buldócer para contener este incendio originado en el corazón de la Maragatería.