El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado a toro pasado este jueves el visto bueno a una partida de 80.000 euros para pagar la reconstrucción de un voladizo dañado por un derrumbe en la Ruta del Cares, en el término municipal leonés de Posada de Valdeón, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. Se trata de la actuación de emergencia que permitió recuperar a final del mes pasado el tránsito de senderistas y turistas por uno de los recorridos más conocidos de Picos de Europa, después de que un grave desprendimiento a mediados de octubre obligara a cerrar el paso por motivos de seguridad.

El incidente se produjo el 16 de octubre en las proximidades del Puente de los Rebecos, donde los daños en la infraestructura hicieron necesario interrumpir el recorrido. La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta encargó entonces a la empresa pública Tragsa la intervención urgente para restablecer las condiciones de seguridad y permitir de nuevo el paso de visitantes.

La solución adoptada consistió en instalar una nueva pasarela metálica de nueve metros de longitud, apoyada directamente sobre la roca para salvar el tramo afectado. La complejidad del terreno y las dificultades de acceso al desfiladero obligaron a trasladar materiales y equipos mediante helicóptero, con la participación de un piloto especializado.

Aunque el plazo inicialmente previsto para ejecutar las obras era de dos meses, los trabajos pudieron completarse mucho antes, explican desde el Gobierno autonómico. La Ruta del Cares reabrió al público durante la tarde del viernes 30 de octubre, apenas dos semanas después del cierre.

La actuación recuperó así la continuidad de una de las principales rutas de uso público de los Picos de Europa, un espacio natural que recibe cerca de dos millones de visitantes al año. Los 80.000 euros aprobados ahora por el Ejecutivo autonómico corresponden al pago a Tragsa por esta intervención de emergencia, que ya estaba ejecutada cuando se ha autorizado el gasto.

La empresa avícola familiar Rualmar, fundada en 1957 en el pueblo leonés de Olleros de Alba, ha recibido autorización ambiental para ampliar en un 25% la capacidad de su explotación en su granja situada La Robla, donde pasará de 81.544 a 102.044 gallinas ponedoras y superará los 23 millones de huevos anuales de producción.

La autorización, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), permite a Granja Rualmar SL incorporar 20.500 plazas más para gallinas de puesta en sus instalaciones de La Robla, consolidando el crecimiento de una empresa que hunde sus raíces en la montaña central leonesa y que mantiene su carácter familiar casi siete décadas después de su creación.

La historia de la compañía comenzó en 1957, cuando Juan Antonio Iglesias Valles y su esposa Ángeles Josefa Miranda pusieron en marcha una explotación avícola en Olleros de Alba, un pequeño pueblo de la Montaña Central leonesa. Actualmente es la segunda y tercera generación de la familia la que continúa al frente del proyecto. Alfonso Iglesias, junto a su esposa e hijos, ha impulsado la modernización y expansión de una explotación que se ha convertido en una de las principales productoras de huevos de la provincia de León.

Según la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta, la ampliación autorizada no requerirá nuevas construcciones y se realizará sobre las instalaciones ya existentes, por lo que ha sido considerada una modificación ambiental no sustancial.

Con esta ampliación, la explotación alcanzará una capacidad total de 102.044 gallinas en sistemas intensivos y camperos, además de mantener su centro de clasificación, etiquetado, envasado y venta de huevos. La producción máxima autorizada se situará en 23.601.870 huevos al año.

Las instalaciones ocupan una parcela de más de 97.000 metros cuadrados en el paraje de La Forca, en el término municipal de La Robla, y cuentan con siete naves destinadas a la producción avícola, además de centro de selección y envasado, estercolero cubierto, laboratorios, cámaras de refrigeración e infraestructura energética propia.

Apuesta por el autoconsumo energético

La explotación dispone también de una planta fotovoltaica de 104 kilovatios pico, que contribuye a cubrir buena parte de sus necesidades eléctricas. De acuerdo con la documentación ambiental, el 57,6% de la energía consumida procede de generación propia.

La resolución refleja asimismo la dimensión de la actividad industrial asociada a la granja, con un consumo anual de más de 5.100 toneladas de pienso y capacidad para clasificar y envasar hasta 3.000 docenas de huevos al día.

El río Bernesga, uno de los principales cursos fluviales de la provincia de León, presenta algunas de las señales más preocupantes de deterioro de los bosques de ribera de toda la cuenca del Duero, según un estudio científico publicado recientemente que ha detectado un descenso continuado de la vegetación y un aumento del estrés hídrico durante los últimos ocho años.

La investigación consultada por la Agencia EFE, publicada el 27 de octubre en la revista científica Sustainability, ha analizado la evolución de seis corredores fluviales de Castilla y León mediante imágenes obtenidas por los satélites Sentinel-2 y tecnología LiDAR, capaz de medir la estructura tridimensional de la vegetación. El trabajo de investigación se centró en tramos de los ríos Bernesga, Torío, Arlanza, Cueza, Trabancos y del propio Duero entre 2017 y 2024.

Los resultados sitúan al Bernesga como el caso más preocupante del conjunto analizado. Los investigadores constataron descensos significativos en todos los indicadores empleados para medir el vigor de la vegetación y la disponibilidad de agua, una evolución que contrasta con la observada en otros espacios de la cuenca.

En concreto, el tramo leonés registró la mayor caída del índice NDVI, utilizado internacionalmente para evaluar la actividad fotosintética y la salud de la cubierta vegetal, además de fuertes retrocesos en los indicadores relacionados con la humedad de la vegetación. Paralelamente, aumentaron los parámetros asociados al estrés por falta de agua.

El estudio destaca que el deterioro resulta especialmente llamativo porque el Bernesga conserva todavía una estructura forestal relativamente desarrollada.

De hecho, ocupa el segundo lugar entre los seis corredores analizados en presencia de arbolado alto de ribera, solo por detrás del Arlanza. Sin embargo, esa complejidad estructural no se ha traducido en una mejor resistencia frente a las condiciones de sequía.

Anomalía relevante en León

Los autores consideran que el comportamiento del Bernesga constituye una anomalía relevante y lo sitúan en la categoría de máxima prioridad para futuras evaluaciones sobre el terreno.

A juicio de los investigadores, la evolución observada apunta a la existencia de factores adicionales que no pueden apreciarse únicamente mediante imágenes satelitales, como alteraciones hidrológicas, presiones sobre los recursos subterráneos o los efectos acumulados de varios años de sequía.

El trabajo señala además que los años 2017, 2019 y 2022 dejaron una huella visible en los indicadores de humedad de varios de los ríos estudiados, coincidiendo con periodos especialmente secos registrados en la península ibérica.

Esa respuesta común refuerza la idea de que los ecosistemas ribereños son particularmente sensibles a los cambios en la disponibilidad de agua.

Frente al caso del Bernesga, el estudio identifica situaciones más favorables en otros corredores. El río Arlanza mostró una evolución positiva en la mayoría de los indicadores analizados y aparece como el espacio con mayor estabilidad ecológica del conjunto.

Por su parte, los ríos Cueza, Duero y Trabancos presentan señales de posible recuperación, aunque los investigadores advierten de que todavía es necesario ampliar el periodo de observación para confirmar esa tendencia.

En el caso del Torío, también incluido en el análisis, los datos reflejan una situación relativamente estable, sin grandes cambios durante el periodo de estudio.

La investigación forma parte del proyecto DueroChange, financiado por la Fundación Biodiversidad, y plantea que la combinación de imágenes satelitales y tecnología LiDAR puede convertirse en una herramienta de alerta temprana para detectar signos de degradación antes de que estos sean visibles a gran escala.

Referencia: Shima Sadat Fatemi, Ana Hernando Gallego, José Antonio Manzanera, Antonio Morabito y Javier Velázquez — 'Assessing Riparian Vegetation Dynamics and Resilience Under Climate Change Using Sentinel-2 and LiDAR: A Case Study of the Duero River Basin, Spain' ~ Revista Sustainability (2026) | DOI: 10.3390/su182110925

El paisaje navideño avanza con el arranque del mes de noviembre en la capital leonesa y lo hace desvelando algunas de las decoraciones por las que apuesta la empresa que se alzó con el jugoso y millonario contrato de iluminación para las fiestas de Navidad., que recayó en manos de la 'multinacional' de las luces, el Grupo Ximénez.

Una vez impulsadas ya las primeras luminarias más habituales y llamativas, como la instalación sobre la fuente de Santo Domingo, las primeras decoraciones en la avenida Ordoño II u otras de la zona del Jardín del Cid ya visibles en octubre, entre otras, ahora comienzan a verse cada mañana algunas apuestas que son tan novedosas como chocantes.

Una de las que más ha llamado la atención, y que en otros años no se desplegaron, son algunos árboles falsos que en vez de hojas cuentan con luces que se iluminarán cuando se produzca a final del mes de noviembre el gran encendido de toda la decoración navideña de la ciudad. Los árboles han sido instalados, por ejemplo, en una de las calles peatonalizadas dentro del mandato del alcalde socialista José Antonio Diez y, de hecho, en la misma vía pública a la que tiene vista su despacho municipal del edificio consistorial de San Marcelo.

Se trata de la calle Legio VII, que va desde la avenida independencia hasta la Plaza de San Marcelo, también conocida como Plaza de las Palomas, y en un lateral de la iglesia de San Marcelo. Este vial fue peatonalizado a finales del año 2020 y provocó alguna crítica de grupos políticos y colectivos sociales por la decisión de no instalar ningún ejemplar de árbol ni elemento vegetal alguno en todo su trayecto, así como tampoco en otros proyectos de peatonalización posteriores del centro de la ciudad.

Precisamente ahora que el debate sobre la ausencia de arbolado y espacios ajardinados y verdes allí donde ya no hay tráfico rodado parece que formaba parte del pasado, ahora los viandantes se han sorprendido con esa fugaz aparición de ejemplares de árbol pero cuya única función será iluminar el período comercial navideño, y por lo tanto llamados a desaparecer en cuanto pasen esas fechas festivas.

Los ejemplares luminosos se han ubicado de momento en sendos flancos de la calle Legio VII, así como justo en el callejón del acceso de la iglesia hacia la Plaza de Santo Domingo, en apariencia comprometiendo en algunos puntos un posible acceso franco de posibles vehículos de emergencias como por ejemplo un camión de bomberos, aunque parece que los ejemplares, situados sobre una plataforma metálica y de madera, pueden moverse con cierta facilidad.

La leonesa de 24 años Beatriz Gonzalo Carvajal participará en la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebrará en Turquía tras ser elegida por el Gobierno de España. La joven doctoranda en Economía en la Universidad estadounidense de Princeton fue una estudiante brillante en su paso por el centro público Ordoño II de León, quedando en primeros lugares en varias Olimpiadas de Matemáticas en 2019 en la fase local leonesa.

Beatriz Carvajal, de 24 años, compartirá representación con Olivia Centeno (Logroño, 21 años), Xian Faro (Vigo, 26 años) y Aida Bustos (Barcelona, 23 años), cuatro jóvenes procedentes de distintos ámbitos académicos y profesionales pero unidos por un mismo objetivo: trasladar el conocimiento científico y las demandas de la juventud a uno de los principales foros internacionales sobre la crisis climática.

Natural de León, desarrolla su investigación doctoral en Princeton tras haber cursado un doble grado en Economía y Estudios Internacionales. Su trabajo se centra en la migración climática, la financiación de energías renovables, las estrategias de adaptación al cambio climático y el desarrollo económico sostenible e inclusivo. Beatriz Carvajal es una estudiante con gran capacidad matemática, ya que quedó tercera en la Fase Local de las Olimpiadas de la provincia de León en 2019 y primera en 2020, y participó en la Olimpiada Matemática Europea Femenina (EGMO) en 2019 cuando estudiaba en el IES Ordoño II de la capital leonesa.

Según señaló en su presentación dentro de Generación Clima, su aportación a la COP31 será “poner el foco en las diferencias entre países a la hora de afrontar el cambio climático y en el papel de la investigación para comprenderlas”, una perspectiva especialmente ligada a las desigualdades económicas y sociales derivadas de la emergencia climática.

La selección de Carvajal (así firma sus artículos académicos) supone además un nuevo reconocimiento al talento joven surgido de las aulas leonesas. Formada en el colegio La Palomera y en el IES Ordoño II, la investigadora dio el salto internacional tras conseguir una de las becas de posgrado de la Fundación 'la Caixa', que le abrió las puertas de Princeton, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

La delegación española

La delegación seleccionada para esta edición reúne perfiles muy diversos. Desde Vigo viajará Xian Faro, científico ambiental con experiencia en la generación de proyectos de impacto ecosocial y con trabajos de investigación en países como Camboya y Cabo Verde. Sus áreas de interés abarcan la denominada triple crisis planetaria (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación), la colaboración público-privada, la innovación climática y la divulgación científica. Faro defiende la necesidad de convertir los compromisos internacionales en medidas concretas y sostiene que la COP31 debe servir para pasar “de los acuerdos a las acciones, de las promesas a los resultados”.

La representación catalana recaerá en Aida Bustos, científica ambiental y doctoranda en Ecología, Ciencias Ambientales y Fisiología Vegetal. Su trayectoria está vinculada a la restauración ambiental y a la transición energética, con especial atención a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y a la justicia climática y ambiental. Bustos considera prioritario transformar la evidencia científica en decisiones políticas eficaces y aspira a contribuir a una acción climática “ambiciosa, transversal y efectiva”.

Por su parte, Olivia Centeno, de Logroño, cursa estudios de Ciencias Ambientales y de Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Duke. Su trabajo se centra en la justicia ambiental, los derechos humanos vinculados al medio ambiente y los marcos jurídicos internacionales para la protección de la naturaleza. La joven riojana aportará una mirada global orientada a acercar a los jóvenes al debate climático internacional y a reforzar el papel de las nuevas generaciones en los procesos de gobernanza ambiental.

La planta de tratamiento de purines y estiércoles más grande de la comunidad autónoma podrá instalarse en Algadefe, tras la aprobación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de su Declaración de Impacto ambiental. Podrá almacenar cien mil toneladas (cien millones de kilos) de estos residuos ganaderos para generar biogás.

La provincia de León es la segunda de la autonomía con mayor número de proyectos de estas plantas de valorización de recursos ganaderos (tal y como las vende en el lenguaje burocrático neutro la Junta) presentadas a la tramitación administrativa con nueve solicitudes, de la de Algadefe se abrió su plazo de alegaciones el pasado mes de agosto.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), considera viable desde el punto de vista ambiental el proyecto promovido por Cycle Biogas Esla S.L., aunque impone un amplio catálogo de medidas correctoras y de control sobre olores, emisiones, aguas subterráneas, ruido y gestión del digestato.

La futura instalación se ubicará en tres parcelas del polígono 118 de Algadefe, en la comarca del Esla, a unos 210 metros del núcleo urbano. Su actividad consistirá en transformar residuos procedentes de explotaciones ganaderas mediante digestión anaerobia para obtener biometano y fertilizantes.

Según el proyecto evaluado, la planta procesará cada año 37.800 toneladas de purines y 61.680 toneladas de estiércol. Como resultado obtendrá unas 2.885 toneladas anuales de biometano, además de sulfato amónico y digestato para uso agrícola.

El macrocomplejo Compostilla Green de Cubillos del Sil se prepara para dar un nuevo paso adelante. Y es que el Gobierno autonómico somete a información pública la solicitud de autorización ambiental para el proyecto de una planta de producción de hidrógeno verde, planta de combustible sintético sostenible de aviación y su infraestructura asociada. Así lo anuncia este martes a través del Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

El promotor, Perseus Power SL, solicita autorización ambiental para planta de producción de hidrógeno verde que será transportado a una planta de producción de combustible sintético sostenible para aviación mediante la tecnología de Fischer-Tropsch, a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono.

El miércoles se abre un plazo de 30 días para examinar el expediente, que podrá ser consultado de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas en la Dirección General de Política Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental sita en Valladolid y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Asimismo, la documentación se pone a disposición de los interesados en la página web de la Junta de Castilla y León y en esta dirección.

Los interesados podrán formular alegaciones, preferiblemente utilizando el modelo 'Alegaciones' ligado al procedimiento de 'Autorización ambiental', al que pueden acceder a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León usando este enlace.

Se trata de un nuevo paso en el recorrido burocrático de Compostilla Green después de que a finales del pasado mes de septiembre la Junta iniciase el procedimiento para su declaración como Proyecto Regional, una consideración que permite agilizar la tramitación de la iniciativa, que prevé una inversión de 632 millones en el polígono de El Bayo de Cubillos.

El complejo contará con una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis alcalina con 250 megavatios de potencia. El proyecto también incorpora instalaciones para el tratamiento de agua, refrigeración, compresión, almacenamiento y suministro eléctrico, así como una planta destinada a transformar el hidrógeno y CO2 de origen biogénico en combustible sintético sostenible para la aviación (eSAF).

Además, su construcción implicará habilitar diferentes infraestructuras de conexión y abastecimiento, entre ellas líneas eléctricas soterradas, un hidroducto para transportar hidrógeno, conducciones de CO2 y tuberías para la captación y el vertido de agua.

La presencia de cada vez más corzos, lobos, jabalíes, osos o grandes rapaces en nuestros paisajes es una buena noticia para la conservación de la naturaleza. Sin embargo, de manera simultánea, numerosas especies de insectos, anfibios y pequeñas aves están experimentando grandes declives.

Un estudio liderado por investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH), propone que estas tendencias contrapuestas entre grandes vertebrados y fauna de pequeño tamaño tienen un origen común en los grandes cambios socioeconómicos del último siglo. El trabajo formula un nuevo marco para comprender nuestros ecosistemas y su conservación a partir de patrones ampliamente estudiados, pero que hasta ahora no se habían conectado.

Esta situación plantea una paradoja con posibles consecuencias para los ecosistemas que los autores denominan macrorewilding y microdefaunation: mientras algunos de los animales más visibles y emblemáticos están regresando, otros muchos, menos llamativos, pero igualmente fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas, están en declive.

El declive de la fauna pequeña, aunque también está muy extendido, suele manifestarse de forma más irregular y local

Esta paradoja ha recibido poca atención con anterioridad al ser procesos que suelen estudiarse por separado y a escalas distintas, señalan los autores. La recuperación de los grandes animales se observa a menudo en regiones o países enteros, ya que especies como el lobo o el jabalí recorren grandes territorios. En cambio, el declive de la fauna pequeña, aunque también está muy extendido, suele manifestarse de forma más irregular y local, ya que muchas de sus causas, como los pesticidas, actúan sobre todo en un entorno inmediato.

Tendencias opuestas, un mismo origen

Para los investigadores, esta combinación representa algo más que dos tendencias opuestas radicadas en un mismo origen. “Grandes y pequeños animales están conectados mediante depredación, competencia, modificación de la vegetación, carroña, estiércol, parasitismo y muchas otras interacciones ecológicas. Por ello, la recuperación de unos y el declive de otros puede dar lugar no solo a comunidades con una composición novedosa, sino también a la alteración de procesos ecológicos fundamentales relacionados con ambos grupos como la productividad vegetal, la descomposición, la dispersión de semillas o la transmisión de enfermedades”, explica Mario Gaspar, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) y autor principal del estudio.

Para José Daniel Anadón, investigador del IPE-CSIC y coautor del estudio, la recuperación de algunas especies puede transmitir una imagen incompleta de la situación: “Podemos estar viendo paisajes que experimentan un notable regreso de los grandes vertebrados y que por ello nos parezcan menos alterados. Sin embargo, simultáneamente están sufriendo un empobrecimiento silencioso de otros componentes de la fauna. Como resultado, en el contexto actual, la recuperación de la gran fauna, aunque deseable y necesaria, no implica por sí sola la recuperación de la integridad del ecosistema”.

Grandes y pequeños animales están conectados mediante depredación, competencia, etcétera. Por ello, la recuperación de unos y el declive de otros puede dar lugar a la alteración de procesos ecológicos fundamentales relacionados con ambos grupos como la productividad vegetal, la descomposición, la dispersión de semillas o la transmisión de enfermedades

Mario Gaspar — IPE-CSIC

Durante milenios, la principal presión humana sobre la fauna fue la persecución directa de grandes vertebrados como los osos, las cabras montesas o las águilas. La caza de subsistencia, la sustitución de herbívoros silvestres por ganado, la erradicación de depredadores y la expansión de los paisajes agrarios redujeron drásticamente las poblaciones y áreas de distribución de estos animales.

Este patrón comenzó a cambiar con el declive de las sociedades agrarias tradicionales, acelerado desde mediados del siglo XX. El abandono de tierras agrícolas y ganaderas y la reducción de la persecución directa, junto con las políticas de conservación, están permitiendo la recuperación de multitud de especies de grandes vertebrados, incluyendo tanto herbívoros como depredadores.

Sin embargo, la presión humana sobre la fauna no ha desaparecido; se ha transformado acorde con los cambios socioeconómicos. La intensificación agrícola, el uso de pesticidas y medicamentos veterinarios, la simplificación de los paisajes, el cambio climático y la expansión de especies invasoras están afectando especialmente a numerosos grupos de fauna de pequeño tamaño. 

Por lo tanto, “la evolución de las sociedades agrarias hacia sociedades industriales y tecnológicas ha trasladado la presión humana de la persecución directa de grandes vertebrados a la erosión silenciosa de la fauna de menor tamaño”, concluye Gaspar.

Más allá de las especies emblemáticas

Los autores señalan que las especies de gran tamaño, todavía lejos de sus poblaciones naturales tras su persecución histórica, cumplen funciones fundamentales para la pervivencia de especies de menor tamaño. Sin embargo, advierten que medir el éxito de la conservación solo por la recuperación de grandes especies emblemáticas puede no reflejar el deterioro de otros elementos de los ecosistemas, dado el incremento de presiones humanas específicas hacia las especies menos visibles.

Los investigadores proponen hacer un seguimiento de la fauna que incluya animales de todos los tamaños y niveles de la cadena alimentaria

Por ello, proponen hacer un seguimiento de la fauna que incluya animales de todos los tamaños y niveles de la cadena alimentaria, y usar indicadores que reflejen el estado del ecosistema en su conjunto.

El estudio, publicado en la revista Journal of Applied Ecology, propone un marco novedoso para entender algunos cambios a gran escala en la biodiversidad y el surgimiento de nuevas comunidades biológicas. Para los autores, comprender cómo interactúan la recuperación de los grandes vertebrados y el declive de la pequeña fauna será clave para gestionar los paisajes del futuro y desarrollar estrategias de conservación adecuadas.

Referencia: Gaspar, M., Sánchez-Zapata, J.A. & Anadón, J.D. – 'The paradox of macrorewilding and microdefaunation in post-agrarian landscapes' ~ Revista Journal of Applied Ecology (2026) | DOI: 10.1111/1365-2664.70597.

De cara a la COP31, el último informe Lancet Countdown revela que los efectos del cambio climático sobre la salud se están acelerando. Las muertes relacionadas con el calor, la sequía y otros riesgos climáticos están aumentando más rápido que hace una década, a pesar de que las inversiones en energía limpia y las medidas contra el cambio climático empiezan a reportar beneficios para la salud.

Una década después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, el informe señala que muchos de los efectos nocivos para la salud relacionados con el clima están creciendo más rápido que la respuesta mundial.

El trabajo, elaborado gracias a una colaboración internacional de investigadores e instituciones liderada por el University College London (Reino Unidos) y desarrollado en colaboración estratégica con la OMS, analiza las tendencias mundiales a través de 54 indicadores que relacionan el cambio climático y la salud.

La media de muertes relacionadas con el calor aumentó un 36 % en los años posteriores al Acuerdo de París

En concreto, la media de muertes relacionadas con el calor aumentó un 36 % en los años posteriores al Acuerdo de París, en comparación con la década anterior. En 2023 el calor se relacionó con una cifra récord de 710 000 muertes en todo el mundo, y más del 70 % de esa carga fue atribuible al cambio climático.

Los expertos destacan el empeoramiento de las condiciones de sequía, la creciente exposición a fenómenos hidrológicos extremos y las importantes pérdidas económicas vinculadas a la exposición al calor.

Mayor inversión

Al mismo tiempo, existen avances importantes, explica la Agencia SINC. La inversión mundial en energía limpia alcanzó la cifra récord de 2,1 billones de dólares estadounidenses en 2025, mientras que se estima que muchos países que han reducido la contaminación atmosférica relacionada con los combustibles fósiles están protegiendo a miles de personas de muertes prematuras cada año.

Además, los expertos señalan avances en los sistemas sanitarios resilientes al cambio climático, incluida una mayor adopción de planes nacionales de adaptación sanitaria y de sistemas de alerta temprana basados en datos climáticos.

“El cambio climático ya está perjudicando la salud en todas las regiones del mundo, y las pruebas demuestran que muchos de estos efectos se están acelerando”, afirmó el jefe de la Unidad de Cambio Climático, Calidad del Aire, Energía y Salud, el Diarmid Campbell-Lendrum.

La inversión mundial en energía limpia alcanzó la cifra récord de 2,1 billones de dólares estadounidenses en 2025

“Al mismo tiempo, este informe demuestra que la acción climática es una intervención sanitaria. Una energía más limpia, unos sistemas sanitarios más sólidos y los sistemas de alerta temprana están salvando vidas hoy mismo. Mientras los países se preparan para la COP31, situar la salud en el centro de las políticas climáticas puede ayudar a proteger a las comunidades, reforzar la resiliencia y aportar beneficios inmediatos para la salud y el bienestar de las personas”, añade.

Los autores del informe piden que el cambio climático se reconozca y se aborde como una emergencia sanitaria mundial, y que las consideraciones sanitarias se integren en todas las decisiones relativas a la mitigación, la adaptación y la financiación en materia climática.

[Leer más: El cambio climático está detrás de 5 227 muertes por calor en España en 2026]

Entre las prioridades figuran acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar el apoyo a la adaptación y ampliar las inversiones que refuercen la resiliencia de los sistemas sanitarios.

La OMS está respondiendo a los riesgos para la salud relacionados con el clima a través de una serie de funciones ya existentes y desde septiembre, está respondiendo a los efectos previstos sobre la salud del fenómeno de El Niño, actualmente en curso, mediante una respuesta de emergencia gradual.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto el proceso de audiencia e información pública para modificar el Real Decreto 975/2009, que regula la gestión de los residuos de las industrias extractivas y la restauración de los terrenos afectados por la minería. La reforma pretende adaptar la normativa a los nuevos criterios ambientales y mejorar la seguridad de las instalaciones mineras, además de impulsar la recuperación de espacios abandonados.

La propuesta cobra especial relevancia en territorios como la provincia de León, que cuenta con numerosas antiguas explotaciones de carbón y espacios vinculados a esta actividad. Entre las medidas previstas figura la elaboración de un inventario nacional de pozos o cielos abiertos mineros abandonados para identificar emplazamientos que puedan recuperarse y destinarse a nuevos usos.

El proyecto forma parte del Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y responde también a las nuevas exigencias europeas en materia de restauración de la naturaleza y gestión de residuos. El plazo para presentar alegaciones estará abierto desde el 27 de octubre hasta el 4 de diciembre de 2026.

De recuperar terrenos a restaurar ecosistemas

Uno de los principales cambios consiste en superar el enfoque tradicional de la restauración minera, centrado en devolver los terrenos a usos agrícolas o forestales. La nueva normativa incorpora objetivos específicos de recuperación de la biodiversidad, protección de la geodiversidad, conectividad ecológica y adaptación al cambio climático.

Las empresas deberán aplicar medidas basadas en las mejores técnicas disponibles para recuperar hábitats naturales, favorecer a las especies polinizadoras y reducir la fragmentación del paisaje. También se reconoce el valor de los servicios ecosistémicos generados por estas actuaciones y se contemplan posibles usos recreativos, deportivos, culturales, industriales, ambientales o energéticos para los terrenos restaurados.

Más garantías económicas y controles de seguridad

La reforma pretende reforzar las garantías financieras que deben aportar las empresas mineras para asegurar que disponen de recursos suficientes para completar las actuaciones de restauración. Para ello, establece una metodología común de cálculo para todo el territorio nacional, basada en el modelo técnico elaborado por el propio ministerio en 2021.

Las garantías deberán revisarse periódicamente, en función de las distintas fases de los proyectos y, como máximo, cada cinco años. El objetivo es ajustar las cantidades exigidas al coste real de los trabajos pendientes y evitar que la protección ambiental dependa de estimaciones desactualizadas.

El texto también endurece los requisitos técnicos de las instalaciones de residuos mineros. Entre otras medidas, contempla mayores exigencias de estabilidad geotécnica y análisis avanzados de los riesgos sísmicos, las inundaciones y los movimientos del terreno. Estas condiciones deberán tenerse en cuenta durante la vida útil de balsas, presas y escombreras, así como después de su cierre.

Además, se busca mejorar la coordinación entre las administraciones mineras y ambientales, especialmente en los procedimientos relacionados con el cese de la actividad, la caducidad de los derechos mineros y la liberación de las garantías económicas.

Un inventario de las minas abandonadas

La propuesta incluye la elaboración de un inventario nacional de huecos mineros abandonados para identificar espacios susceptibles de recuperación y estudiar posibles usos ambientales, energéticos, industriales o recreativos. Esta iniciativa puede resultar especialmente relevante para las antiguas cuencas carboníferas de León, donde el cierre de explotaciones ha dejado un importante legado de terrenos alterados y escombreras.

El proyecto también plantea un marco específico para los pasivos ambientales de la minería histórica, con el objetivo de aclarar las responsabilidades relacionadas con la seguridad y la restauración. A ello se sumará un manual estatal de restauración ecológica que establecerá criterios comunes para orientar las intervenciones.

La modificación del decreto se encuentra todavía en fase de consulta pública. Por tanto, la propuesta no concreta qué explotaciones de León se incorporarían al futuro inventario ni qué actuaciones podrían desarrollarse en cada emplazamiento. Las personas y entidades interesadas podrán presentar sus observaciones hasta el 4 de diciembre a través de la página de participación pública del Miteco, pinchando aquí, o del correo electrónico bzn-sgminas@miteco.es, indicando en el asunto «AeIP mod RD 975».

El Coto Escolar, un servicio educativo, medioambiental y sostenible que lleva más de 40 años haciendo las delicias de los pequeños leoneses, atraviesa una de sus peores crisis y un futuro bastante incierto que está echando para atrás a colegios y familias.

Así lo denuncia la oposición de Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León y lo ratifica la plantilla que se encarga de las muchas actividades en estas instalaciones municipales. Una situación cada vez más complicada a cuenta de un conflicto laboral, la aplicación de un reciente nuevo reglamento, varias sentencias judiciales, una mayoría de ellas favorables a los trabajadores, y el aparente incumplimiento de algunos acuerdos inicialmente alcanzados por parte del equipo de Gobierno.

Esta sucesión de situaciones que ha hecho que los empleados se enroquen ahora en no poder asumir las responsabilidad que, a causa de su actual categoría reconocida por el Consistorio, no les corresponden. Se trata de asuntos que hasta ahora se asumían tácitamente pero que son muy delicados, desde administrar medicamentos a los escolares a atender los comedores, responsabilizarse de intolerancias alimenticias o alergias, diseñar e impartir las unidades didácticas establecidas, arropar la atención a la diversidad o protagonizar actividades deportivas que conllevan algún riesgo.

El portavoz del Grupo Popular, David Fernández, se ha hecho eco de una situación que, les consta, están haciendo llegar “las consecuencias a los centros educativos”, que están echándose para atrás en las actividades ya programadas en el Coto Escolar. Así, por ejemplo, los niños y niñas no podrán, como hasta ahora, montar a caballo, utilizar el rocódromo “y otras propuestas que formaban parte de la programación habitual”. Incluso los profesores acompañantes, y no los monitores, tendrán que ser quienes atiendan la hora del comedor.

Fernández, que anuncia una moción para el Pleno de la próxima semana, exige una mejora de la gestión del equipo de Gobierno y que este cumpla un acuerdo que fue pactado en la Mesa de Negociación, con partidos y sindicatos, poco antes del verano, para “suspender el decreto del 5 de mayo, relativo al cese de las funciones de superior categoría, mantener el desempeño de dichas funciones y continuar abonando las diferencias salariales” hasta que se aplique un nuevo convenio colectivo que zanje la nueva categoría profesional y retribución de la plantilla.

El portavoz denuncia que “el Ayuntamiento no puede responder a una reivindicación laboral legítima limitándose a retirar funciones y dejando que las consecuencias de esa decisión recaigan sobre los trabajadores y los usuarios del servicio”, es decir, los menores de edad, fas familias y los colegios. A estos les hace recaer el Consistorio ahora, ate la situación de bloqueo que se vive, labores tan cruciales como las medicinas, alergias o atención del comedor, como se puede comprobar en los correos municipales enviados y que muchos centros no están dispuestos a asumir, dando marcha atrás en la participación escolar ya programada.

Los agentes medioambientales de León posponen su anunciado plante en las guardias de incendios forestales. Lo hace para dar un margen de tiempo al nuevo equipo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para negociar mejoras en las condiciones laborales del colectivo, que aplaza su medida de presión prevista hasta el próximo mes de enero.

Los trabajadores han tomado esta decisión tras mantener conversaciones con responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que habrían solicitado un margen de tiempo para poder evaluar las reivindicaciones formuladas por los agentes, que reclaman un reconocimiento profesional acorde a sus funciones y mayor seguridad laboral, entre otras cuestiones.

“El acuerdo es un aplazamiento del plante de guardias de incendios hasta finales de enero, momento en el que valoraremos si hay avances y si son suficientes para desconvocar un plante que obedece al maltrato institucional continuo del gobierno de la Junta de Castilla y León hacia nuestro colectivo”, advierten los agentes medioambientales, que contrapesan su “hartazgo” al “afán de conseguir un marco de confianza mutua” con el departamento que dirige María González Corral.

Los trabajadores aseguran que la Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a convocar para esas negociaciones a los sindicatos, un encuentro que esperan que se produzca “lo antes posible”.

Y avisan: “Si tenemos que retomar el plante, tememos que se dificultará sobremanera la organización del operativo de incendios de la próxima campaña”.

El Gobierno de Partido Popular y Vox en Castilla y León admite que suman unos 1.200 los expedientes de compensación por daños a ganaderos a causa de ataques de lobos cuyo pago se ha bloqueado en los últimos meses.

El consejero de la nueva cartera que une Agricultura, Ganadería y Medio Rural ahora con Política Ambiental, el líder sindicalista agrario de Asaja elegido por Vox, Joaquín Antonio Pino, aseguró hoy durante su visita a las instalaciones centrales de la cooperativa agroganadera Cobadu en Moraleja del Vino (Zamora) que se marca el objetivo de poner al día todos los pagos a partir del 1 de enero del año que viene.

También puso el acento en comenzar a controlar la población de lobos de la Comunidad a través de la caza de manera inmediata, antes de que finalice el actual año 2026. De momento, esta alternativa lleva años paralizada en Castilla y León desde la inclusión de la especie como protegida en el Lespre, pero otras Comunidades como Asturias sí lo han recuperado, entre una inmensa polémica, incluso judicial.

Pino ha asegurado que están trabajando para que antes del 1 de enero se pueda llevar a cabo ese control poblacional del lobo, ya que es algo que preocupa a la Consejería y, si otras Comunidades Autónomas, del norte de España de “diferentes signos políticos” han podido hacerlo “¿por qué nosotros no vamos a intentarlo?”, se ha preguntado, tal y como ha recogido Efe.

Al respecto, se ha respondido a sí mismo al afirmar que van a intentarlo y se ha mostrado confiado en que lo consigan, al igual que han podido autorizarse las quemas de rastrojos sin que haya pasado nada ni esté “ardiendo” Castilla y León, otra polémica medida de su departamento aún con el riesgo alto de incendios forestales en la Comunidad.

Del mismo modo, el control poblacional y estar “al lado de los ganaderos” en esa reivinciación “no significa que se vaya a extinguir la especie”, ha declarado el consejero.

Más dinero y en sólo un mes

Sobre el pago de las indemnizaciones, ha explicado que en su departamento trabajan para que a partir del 1 de enero del año que viene los expedientes por daños del lobo puedan tramitarse y pagarse de forma ágil, en menos de treinta días de tramitación y “a precio de mercado” y abonando también “el lucro cesante en todos los casos”.

Ha admitido que desde mediados del año pasado se acumulan cerca de 1.200 expedientes de daño del lobo sin tramitar, pese a ser “un dinero de los ganaderos, que tienen que tener cuanto antes en sus cuentas”, unos pagos que debe tramitar la Conejería de Medio Ambiente y de los que “queremos que se desbloqueen los fondos”, ha declarado Pino.

El consejero se ha referido además a las cuentas del próximo año de su departamento y ha opinado que son unos buenos presupuestos, con más dinero para apoyar las cuestiones y los sectores proritarios, como los agroseguros, el regadío, el apoyo a las asociaciones de ganaderos o a la calidad agroalimentaria. Lo que hace falta ahora es trabajar para que ese presupuesto se ejecute y no quede “ni un solo céntimo” sin invertirse.

A algunas personas les ha pillado sorpresa el hecho de que esta madrugada del 19 de octubre se haya rozado la primera helada del otoño leonés, acercándose los termómetros a los cero grados centígrados y dejando ya estampas de coches brillantes de hielo.

Pero quienes son de aquí pronto han entendido que el cambio de tiempo estaba augurado por los primeros copos de nieve que ya han hecho su acto de presencia en algunos picos de la Montaña leonesa para inaugurar el otoño. Una primera y fina capa blanca ha hecho que, unido a los cielos totalmente despejados y estrellados del resto de la geografía, las primeras heladas de la nueva estación estén servidas. Un clima por otro lado muy tradicional por estas fechas y casi nada sorprendente para los que son oriundos.

Una de las estampas más visibles se ha podido disfrutar en el puerto de San Glorio y algunos picos de sus inmediaciones en la Montaña Oriental. Captadas por el Hotel San Glorio de la localidad de Llánaves de la Reina, hay una serie de fotografías que dejan un bello paisaje con los árboles ya pardos, de múltiples colores y a medio perder las hojas, un proceso que el frío ya reinante sin duda acelerará en las próximas semanas.

La futura fábrica de drones de Indra Sistemas SA en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en el centro de la provincia de León, ha logrado el aval ambiental de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que ahora lleva las evaluaciones de impacto ha concluido que el proyecto para la anunciada mayor fábrica de aeronaves no tripuladas con uso militar de España, de la mano de otra empresa de Emiratos Árabes, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

La resolución ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y determina que el proyecto de adecuación de dos naves industriales ya existentes no requiere una evaluación ambiental ordinaria, al considerar que sus impactos serán compatibles con el entorno y asumibles mediante las medidas correctoras previstas. Tal y como desveló ILEÓN, esas dos naves ya estaban construidas porque las había ejecutado la Junta en compensación al pueblo de Villadangos por los permisos para la reciente ampliación del polígono industrial, si bien la urgencia de Indra ha cambiado un poco los planes.

La decisión supone un nuevo avance administrativo para una iniciativa anunciada por Indra a comienzos de este año y que prevé la creación en León de la que la propia compañía definió como la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito del país, con una inversión estimada de 20 millones de euros y alrededor de 200 empleos directos cuando alcance su plena capacidad. Sin embargo, informe ambiental no supone todavía la autorización definitiva de la planta, si bien elimina uno de los principales trámites previos para su desarrollo. A partir de ahora, la compañía deberá completar el resto de permisos y licencias sectoriales necesarios para iniciar la actividad.

La planta se ubicará en las mencionadas naves, que ocupan las parcelas 15 y 16 del polígono industrial de Villadangos del Páramo, adaptándolas porque ahora carecen de actividad específica, para dedicarlas a la fabricación de sistemas aéreos no tripulados (UAV) multipropósito, recoge la agencia Efe. Las instalaciones contarán con más de 4.180 metros cuadrados de superficie útil destinados a distintas fases del proceso industrial, desde la fabricación de componentes de fibra de carbono hasta el ensamblaje electrónico, la integración de sistemas, la logística y las pruebas operativas.

El proyecto incluirá procesos de alta especialización tecnológica como el corte de fibra de carbono, preparación de moldes de precisión, curado en autoclave, mecanizado mediante equipos CNC, prototipado con impresoras 3D y pintado especializado de componentes aeronáuticos.

La factoría de Villadangos prevé concentrar capacidades de producción de distintos sistemas no tripulados de Indra y a participar en programas estratégicos de defensa nacionales y europeos, entre ellos el desarrollo de una nueva generación de drones tácticos cuyos primeros modelos comenzarán a entregarse a partir de 2028.

La Junta de Castilla y León no prevé, de momento, cambiar la normativa para que el Consejo Comarcal del Bierzo pueda utilizar la empresa pública autonómica Somacyl como medio propio para contratar brigadas forestales.

Así lo ha trasladado el presidente del Consejo Comarcal, el socialista Olegario Ramón, en declaraciones a los periodistas después de reunirse este viernes en Valladolid con el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, del Partido Popular.

La reunión pretendía explorar esta alternativa para dar continuidad a la gestión de los trabajos silvícolas de prevención de incendios forestales desde la institución berciana. Sin embargo, la respuesta de la Administración autonómica deja esta vía en suspenso y obliga a seguir buscando otras fórmulas, ha explicado Ramón, quien ha insistido en que la prioridad es evitar que el ente berciano pierda la gestión de estas actuaciones preventivas.

La cuestión se enmarca en las dificultades que afronta la institución para articular la contratación de las brigadas y garantizar que pueda seguir ejerciendo las funciones que tiene atribuidas en materia de prevención forestal.

La conversación con González Gago ha incluido otros asuntos pendientes entre ambas administraciones, como la situación de la sede del Consejo Comarcal y la mejora de la financiación del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).

La búsqueda de una solución para las brigadas forestales continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes, puesto que el Consejo debería hacerse con una acción del Somacyl para poder contratar brigadas a otra empresa pública estatal, Tragsa y, según Ramón, no se está facilitando dar ese paso por lo que considera que “por la vía de los hechos” la Junta podría querer hacerse con una competencia que es del ente comarcal.

La Guardia Civil de León ha reunido pruebas concluyentes para atribuir a dos personas, un trabajador y el propietario de la empresa para la que trabajaba, un grave delito penal por originar el peor incendio forestal de este año en la provincia de León. Un proceso que ha durado casi tres meses.

El incendio fue el que afecto a montes de la localidad de Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, y cuando concluyó después de muchos días descontrolado se cuantificaron los datos en 2.012 hectáreas, 1.407 de ellas arboladas. Una auténtica tragedia forestal que se originó, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, a las 19.45 horas del 22 de julio. Tras un despliegue amplísimo de medios, el siniestro no quedó extinguido hasta el 8 de agosto.

El incendio alcanzó el Índice de Gravedad Potencial 2 y en aquellos días obligó a evacuar preventivamente seis pueblos de los municipios de Riello y de Valdesamario. En concreto, fueron desalojados los vecinos de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como los de Ponjos y Murias de Ponjos, en Valdesamario.

Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal, con zonas de arbolado, matorral y pastos. La investigación que ahora desvela la Guardia Civil de León ha permitido determinar que el origen del fuego, provocado, aunque no necesariamente intencionado, estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador eléctrico mientras se realizaban trabajos en el monte. La gravedad de los hechos es que estas labores se produjeron en un momento en el que estaba activa una alerta oficial por alto riesgo meteorológico de incendio, que prohíben este tipo de labores.

Un trabajador y el responsable de la empresa, investigados

Las diligencias, que hoy se detallan en una nota de prensa oficial, han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con el Equipo de Investigación de Incendios de la XII Zona de Castilla y León, agentes medioambientales y personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Como resultado de las pesquisas, pruebas y testimonios, los agentes señalan a la responsabilidad de tipo penal de dos personas, a las que se le imputa un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Al trabajador se le atribuye la presunta autoría material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el fuego. Por su parte, al dueño de la empresa en la que trabajaba se le investiga por una supuesta falta de control sobre los trabajos que se estaban realizando, que estaban prohibidos.

Los dos investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

La Guardia Civil recuerda que casos como este resaltan la importancia de extremar las precauciones al utilizar maquinaria y realizar trabajos en el medio natural, especialmente durante episodios meteorológicos que incrementan el riesgo de incendio. Asimismo, insiste en la necesidad de cumplir las medidas preventivas para evitar situaciones que puedan poner en peligro el patrimonio natural, la seguridad de las personas y las poblaciones próximas a las zonas forestales.

La caza y también la pesca se han convertido en una nueva y millonaria prioridad de la Junta de Castilla y León, especialmente desde que se sellaron su nuevo pacto de Gobierno autonómico el Partido Popular (PP) y Vox. Y a provincia de León es con diferencia su nuevo coto. El proyecto de presupuestos generales de la Junta para el año 2027, al mismo tiempo que contempla polémicos recortes como cuatro millones menos para proyectos internacionales de cooperación al desarrollo por parte de ONGs, recoge sólo en la provincia de León unas partidas nunca vistas para las actividades cinegéticas y piscícolas. La cuantía se eleva por encima de los 2,5 millones, sumando en total 2.586.509 euros.

Esa cantidad supone multiplicar de un plumazo por seis el presupuesto destinado para estas actividades en el último presupuesto que ha estado vigente, el de 2024, prorrogado hasta hoy por la minoría parlamentaria del PP tras la anterior ruptura con Vox en el Ejecutivo autonómico. En aquellas cuentas, la suma de partidas para caza y pesca apenas alcanzaron los 416.228 euros, divididas en una partida de 291.228 euros para promoción de turismo y otra línea de ayudas de 125.000 euros a pequeñas y medianas empresas, Pymes, para “fomento turismo relacionado con pesca, caza o micología”. Ambas provenían de la única consejería con un leonés al frente, la de Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Todavía esa cifra fue objeto de una drástica reducción en el último proyecto de presupuestos presentado por la Junta el pasado año, para las cuentas del presente 2026. A pesar de que reflejaba una inversión real jamás vista para la provincia, de 285 millones de euros, que se quedaron en el tintero por la soledad parlamentaria del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y el voto en contra unánime de toda la oposición, los capítulos de caza y pesca eran minúsculos. En concreto, sumaban sólo 160.000 euros, ya sin ayuda alguna para Pymes.

Por eso, la cuantía actual de más de 2,5 millones del nuevo presupuesto tras el reeditado pacto PP-Vox supone en este caso multiplicar por 16 la cifra del pasado borrador de cuentas públicas de la Junta. Ahora, las partidas provienen de múltiples órganos autonómicos e incluso se nutren de los fondos del antaño llamado Plan del Carbón para la reconversión de las cuencas mineras leonesas, los Fondos de Transición Justa.

Mucho menos en las restantes ocho provincias y cero en algunas

La distancia económica respecto a las otras ocho provincias de Castilla y León es inmensa y en concreto en materia de caza, prácticamente exclusiva para León, porque el grueso de las partidas presupuestarias se destinan a pesca en el conjunto de la Comunidad, un claro predominio de los recursos dirigidos al ámbito fluvial, pesquero y acuícola frente a la actividad cinegética.

Frente a los 2,5 millones de euros en León, la provincia de Palencia encabeza la inversión global con más de 580.000 euros, distribuidos en la promoción del turismo de caza y pesca (426.108 euros), infraestructuras del sector (100.000 euros) y el Centro del Cangrejo (61.969,95 euros). Le sigue Valladolid, donde se recogen fondos de 350.000 euros expresamente asignados para el seguimiento de especies cinegéticas a escala autonómica.

A estos importes se añaden partidas orientadas a la divulgación ambiental y el fomento de la pesca a través de las Aulas del Río en Burgos (50.752,80 euros en Pineda de la Sierra), Soria (30.080,40 euros en Ucero) y Valladolid (26.250 euros), además de investigaciones sobre acuicultura y producción truchera en Segovia por más de 48.000 euros. En las otras dos provincias de la Región Leonesa, Salamanca y Zamora, así como en Ávila, no se registran asignaciones con denominación específica ni para pesca ni para caza en los capítulos de inversión real.

Así se reparte la inversión en León

En el caso leonés, la primera partida aparece en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que está en manos de Vox bajo la presidencia del exlider sindicalista agrario de Asaja, Joaquín Antonio Pino. Se denomina “Promoción turismo caza y pesca accesos León” y conlleva 779.509 euros. Sin embargo, se trata de una partida que además duplica la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que con idéntico destino, también para accesos de caza y de pesca, contempla otros 57.000,00 euros a mayores. En total, 836.509 euros de presupuesto para la misma finalidad que no se detalla en qué consistirá.

El también a veces llamado 'la Junta B' o criticado como “chiringuito”, que es Somacyl, registra una nueva partida en el borrador presupuestario que al final viene a ser la más elevada: un millón de euros para literalmente “Infraestructuras Caza y Pesca León”. Es aquí cuando desvela que ese dinero estará íntegramente financiado por Fondo de Transición Justa minero, no directamente para la reconversión de las comarcas gravemente afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas.

Y por si fuera poco dinero, todavía otro 'chiringuito' dependiente de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, suplementa una nueva cifra de 750.000 euros. En este caso, para lo que denominan “actuaciones del fomento del turismo de naturaleza, caza y pesca”, también sin detalle alguno.

Un cúmulo de polémicas medidas para matar más

Todas estas medidas de tipo presupuestario se suman a otras adoptadas en los últimos años, tales como la exención del pago de tasas cinegéticas del anterior Gobierno de PP y Vox, que disparó los permisos un 43,7% en dos años frente a las críticas de los ecologistas. Y recientemente, la nueva Consejería de Vox para el campo con parte de las antiguas competencias de Medio Ambiente ha autorizado el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para modalidades de caza mayor, igualmente denostada por los conservacionistas.

Esosignificaa que a partir de ahora los cazadores podrán abatir ejemplares con la ayuda de visores diurnos en la caza mayor y nocturnos para el jabalí. La excusa administrativa de la Junta es la de reducir daños agrícolas y ganaderos y mejorar la gestión cinegética. También se estudia el modo de permitir el uso de silenciadores que pillen más desprevenidos aún a los animales.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.

Lo avanzaron en septiembre. Y lo han confirmado en octubre. Los agentes medioambientales de 15 de las 18 comarcas leonesas han ratificado el anunciado plante indefinido a las guardias de incendios hasta que la Junta de Castilla y León “no mejore las condiciones laborales y de seguridad” de los profesionales, que esperan una “reacción” del Gobierno autonómico para retomar esa disponibilidad.

Los operarios aclaran que respetaron “por responsabilidad” la campaña de peligro alto de incendios. “Y ha sido anunciado con tiempo para que los responsables de la Junta pudieran escucharnos y proponernos algún tipo de acercamiento, pero desgraciadamente la situación no ha cambiado”, lamentan.

En su crítica, los agentes medioambientales apuntan primero al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que se refieren como “principal responsable de la nefasta política de prevención y extinción de incendios en las anteriores legislaturas”, mientras que “en la presente no tiene visos de permitir por ahora ninguna mejora en las condiciones del colectivo”. Y tambien recriminan a la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, que ni los recibiera ni contestara a sus requerimientos.

“Es tal el desinterés que muestra esta administración con nuestro colectivo que hasta desconocen que somos la punta de lanza de la extinción de los incendios. Somos la red de seguridad que vela para que todas las personas que trabajan en una extinción lo hagan de la manera más segura y asumimos la responsabilidad personal y legal, con preparación técnica pero sin un reconocimiento profesional acorde por parte de la Junta de Castilla y León. Y mientras tanto, el aumento de recursos para las empresas dueñas de los helicópteros no para de crecer”, señalan.

Y concluyen: “Quisiéramos volver a trabajar con normalidad antes de que llegue la próxima campaña de incendios. Sin nuestro trabajo el operativo de incendios es menos eficaz, más caro y sobre todo menos seguro para las personas que trabajan en él”.