Una frase muy repetida desde siempre para definir a la asequible y tranquila ciudad de León es que “es como vivir en un pueblo”. Hay quien se lo puede tomar como un comentario negativo. Pero también los hay que pueden dar fe de que se trata de una descripción a veces exacta, literal.

Entre éstos seguro que se suman en la última semana los vecinos del entorno de uno de los más conocidos parques del centro de León, el Jardín del Chantre, situado junto al centro comercial de El Corte Inglés. Y es que en los últimos días los habitantes próximos al parque no necesitan echar mano del despertador, de ninguna alarma o teléfono móvil para abrir los ojos cada mañana.

Eso ahora corre a cargo de un nuevo 'vecino': un gallo que ha convertido esta zona verde en su particular corral. Un ejemplar lustroso, de brillantes plumas, que ha aparecido allí de forma misteriosa y que canta de buena madrugada hasta bien entradas las mañanas, para que vivir en plena ciudad no se diferencie tanto de hacerlo en los pueblines leoneses donde los gallos son una presencia cotidiana a poco que queden habitantes.

El gallo no está solo. El Ayuntamiento de León ha confirmado a ILEÓN que junto al ejemplar masculino también ha aparecido en el céntrico jardín una gallina, y que ambos son de raza 'kika', campando a sus anchas entre el generalizado regocijo de los usuarios del parque y los vecinos de la zona. Los habituales ya se han acostumbrado a su presencia, de manera muy respetuosa.

Lo que ocurre es que esta zona verde, al contrario que otras, como el Parque de Quevedo, no cuenta con una zona habilitada para la presencia controlada de aves. Los únicos animales que allí se pueden ver son las grandes carpas rojas en los estanques del Chantre y esporádicamente -como estos días- algunos patos aprovechando esa zona húmeda y fresca.

Por eso ha llamado especialmente la atención la inesperada conversión del jardín en improvisado corral. Tras los primeros avisos de hace escasas jornadas, ya tiene constancia oficial de su presencia tanto el Consistorio, a través del área de Espacios Verdes que se encarga del mantenimiento municipal, como el propio veterinario del Ayuntamiento.

Ofrecimientos y soluciones

También ha intervenido la Asociación Ornitológica Leonesa, confirman fuentes municipales, para que entre todos se valore la situación y se pueda adoptar una decisión sobre qué hacer con los ejemplares de la inesperada pareja. De momento se ha descartado la posibilidad de que gallo y gallina permanezcan en una zona de la que pueden salir con demasiada facilidad, dados los bajos cerramientos del jardín. Existe un riesgo cierto de morir para ellos ante la proximidad de varias carreteras como la de la avenida de La Corredera, muy transitadas por el tráfico urbano.

Por eso el plan más o menos inminente es capturarlos y reubicarlos en un lugar propicio para estos animales domésticos. Incluso el Ayuntamiento confirma que ya se han puesto en contacto personas interesadas en hacerse cargo de los dos ejemplares para llevarlos a un corral en condiciones. Pero lo que en todo caso seguirá siendo un enigma es de mano de quién, y cuándo, las aves aparecieron en el parque público para hacer un poco más natural, y rural, este espacio urbano de la capital leonesa.

Mientras todo se aclara, las mañanas en el entorno de El Corte Inglés de León seguirán siendo especiales bajo el sonido del canto del gallo. Un animal, por cierto, muy simbólico en la ciudad por ejemplo con la imagen de la icónica veleta de la Basílica de San Isidoro, que durante siglos inmemoriales ha vigilado los destinos de la vieja capital del Reino de León. Ahora, por tiempo limitado, a esta veleta le regala su poderoso“quiquiriquí” el misterioso vecino con plumas llegado al barrio de La Chantría.

La Junta de Castilla y León ha aprobado por fin de forma definitiva el proyecto para la construcción del prometido helipuerto destinado principalmente a la lucha contra los incendios forestales, aunque también para dar servicio de urgencia sanitaria, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de una infraestructura que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa pública Somacyl, ha diseñado tras muchísimos años de incumplimiento de los mínimos requisitos de seguridad legalmente establecidos en una de las zonas más protegidas ambientalmente de España, como es el primer Parque Nacional del país. Y aunque hoy se ha dado un importante paso adelante, con la aprobación del proyecto y el listado de la expropiación de los terrenos necesario en la localidad de Posada, en realidad se ha acumulado un nuevo retraso.

La aprobación de hoy figura en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada bajo la firma del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Incluye un listado de siete fincas, una de ellas del propio Consistorio y el resto de particulares.

Pero fue precisamente este proceso de expropiaciones el que alargará los plazos inicialmente previstos, hasta el punto de que este nuevo verano de 2026 persistirá la imposibilidad de operar con medios aéreos en pleno Parque Nacional, ya que no da tiempo a que se disponga de los terrenos y se acometan a tiempo las obras y demás permisos para que las aeronaves puedan aterrizar o despegar en Posada.

El boletín explica, sin detallarlo mucho, uno de los problemas para ese retraso: que cuando este trámite expropiatorio se puso en marcha en febrero de este mismo año se presentaron dos alegaciones de disconformidad. A estas alegaciones se le dio respuesta y se ha “modificando el proyecto en las apreciaciones que se han considerado estimadas”, cita literalmente la orden de hoy.

En la publicación oficial se insiste en que la necesidad de este helipuerto en el pueblo de Posada de Valdeón es porque presenta “una orografía que dificulta la movilidad de los medios terrestres” en situaciones de emergencia, a lo que se suma su lejanía respecto a las bases de helicópteros contra incendios (ELIF) de la Junta ubicadas en Camposagrado y Sahechores, en León, y en Villaeles, en Palencia, todas ellas a más de 50 kilómetros de distancia, lo que supone tiempos de vuelo superiores a los 30 minutos. Y estos tiempos hace tiempo que son irregulares en aplicación de las propias normativas autonómicas.

A esta situación se añade un índice alto de riesgo de incendios forestales en la zona, lo que ha llevado a la Administración autonómica a considerar, sólo ahora, “necesario reforzar las infraestructuras” mediante la instalación de una base auxiliar aérea que permita mejorar la rapidez y eficacia de la intervención en caso de fuego.

El helipuerto tendrá carácter de uso restringido y estará dedicado prioritariamente a labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, aunque también podrá utilizarse para otros servicios públicos, como el transporte sanitario de emergencias, durante todo el año, remarca el proyecto. El Gobierno autonómico explica que su presencia busca reforzar la respuesta aérea en una de las zonas con mayor riesgo y más complicada orografía del noreste de la provincia. Y de hecho recuerda que Picos de Europa fue escenario el verano pasado de un fuego que obligó a desplegar numerosos medios de extinción, causo daños que la propia Junta no ha cuantificado por vía oficial todavía, y puso de relieve las dificultades de acceso terrestre y la necesidad de reducir los tiempos de intervención en un entorno de alto valor ambiental.

Un nuevo incendio forestal declarado en el municipio berciano de Vega de Espinareda, en la provincia de León, mantiene en alerta a los servicios de extinción tras iniciarse a las 14.25 horas de este jueves, con una virulencia y evolución que preocupa a los responsables del amplio operativo desplegado.

El fuego se encuentra actualmente activo y en fase de investigación en cuanto a sus causas, mientras un amplio despliegue trabaja sobre el terreno con un total de 19 medios, entre ellos seis medios aéreos. En concreto, participan helicópteros bombarderos Mike tipo 2, con capacidad de entre 1.000 y 3.000 litros, y aviones anfibios tipo 2, con capacidad de hasta 3.500 litros, enviados como apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) junto a otros dependientes de la Consejería de Medio Ambiente.

Los primeros han dado a conocer su participación detalladamente en redes sociales, al contrario que la Junta. Sin embargo, el perfil de ATBrif en la red social X aclara un detalle relevante: que sus helicópteros sí están trabajando para tratar de sofocar las llamas pero sin el acompañamiento de sus correspondientes brigadas helitransportadas (Brif).

Según los datos de la Consejería, sobre el terreno trabajan cinco brigadas terrestres con apoyo de dos motobombas y un bulldozer, así como tres agentes medioambientales o celadores.

Las labores se centran en la perimetración del incendio, sin que todavía se haya podido cuantificar el número total de hectáreas dañadas. La evolución del fuego genera preocupación debido a su localización, en una zona de monte situada casi a medio camino entre Berlanga del Bierzo y Vega de Espinareda.

En el resto de la Región Leonesa, preocupa también otro incendio activos en Zamora, igualmente con amplio apoyo aéreo en la zona de Lubián, con la presencia de helicópteros bombarderos tipo 2 y aviones anfibios tipo 2. Este siniestro ha sido elevado por la Junta de Castilla y León nivel 1 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan de Calidad del Aire por ozono troposférico de Castilla y León, por falta de concreción, por lo que ahora la Junta tiene un plazo de seis meses para elaborar un nuevo plan.

La organización Ecologistas en Acción, que recurrió esta normativa autonómica, ha criticado lo que considera una “negligencia” de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que ha reclamado a sus dirigentes que “cumplan de una vez con su obligación legal y moral de proteger la salud”.

La sentencia, fecha de 10 de abril, desestima el recurso de casación que presentó la Junta de Castilla y León contra la sentencia de junio de 2023, en la que ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la organización ecologista, lo que ahora ha confirmado el Supremo.

El Gobierno autonómico aprobó esta normativa en 2021, obligado por sendas resoluciones del TSJCyL y el Supremo, que consideraron que desde 2010 en Castilla y León no había habido una normativa necesaria para proteger la salud en ocho de las quince zonas en que se divide la Comunidad a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.

Los jueces de estos tribunales entienden que la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas, mientras que la zonificación para la protección de la vegetación se ha dividido el territorio en 3 zonas.

Las zonas con incumplimientos legales donde la Junta de Castilla y León está obligada por decisión judicial a elaborar los planes de calidad del aire por ozono son las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda, para la protección de la salud, y la zona Sur y Este de Castilla y León, para la protección de la vegetación, con una superficie total de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes, ha detallado Ecologistas en Acción en un comunicado.

A raíz de esta exigencia, la Junta aprobó en 2021 un plan único, sin especificar zona, ni los objetivos de reducción de niveles de contaminación, calendario de aplicación, ni estimación de mejora de la calidad del aire, que es lo que reclama la normativa que sirve de base para la reclamación ecologista.

El Tribunal Supremo comparte la argumentación del Tribunal de Castilla y León y concluye que la normativa aprobada por la Junta “omite establecer las medidas específicas para cada una de las distintas zonas delimitadas por la propia Administración autonómica, según los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire”.

Ecologistas en Acción ha criticado además que “ninguna de las 17 medidas previstas en el Plan anulado se ha ejecutado desde el año 2021, transcurridos 15 años desde la entrada en vigor de los objetivos de calidad del aire para el ozono, en 2010”.

Esta organización ha responsabilizado de esta situación al consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su director General de Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

Recuerda Ecologistas en Acción que esta sentencia puede condicionar los planes de calidad del aire por ozono recientemente aprobados o en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra, mientras que gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.

El ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas como el asma y la EPOC, y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

Ecologistas en Acción ha argumentado que la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó en hasta 6.600 las muertes prematuras producidas en 2023 en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, donde los fallecimientos fueron casi trescientos en el año citado, según la misma fuente.

El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos agrícolas.

Se ha podido leer recientemente, en algunas publicaciones apócrifas, que la Junta de Castilla y León ha empezado a difundir que comienza a percibirse un malestar creciente entre la ciudadanía por la proliferación de integrantes de la cabaña ursina, es decir, del número de osos que se ha alcanzado, un éxito tras los denodados esfuerzos por recuperar la población de osos en la codillera Cantábrica, su último reducto. Al parecer, comienzan a alzarse voces teóricamente preocupadas por el incremento del número de osos en lugares como los Ancares, montes del Teleno o las posibles incursiones por tierras de Sanabria.

Traducido al cristiano, quiere decir que hay una preocupación entre la ciudadanía por la recuperación y expansión de esta especie, que ha costado no pocos esfuerzos recuperarla y, felizmente, en expandirse. Incluso parece traslucirse la conveniencia de su control y, porque no decirlo, la reducción del número de integrantes. Conviene señalar que tanto la población de osos, como la de linces o urogallos se considera en grave riesgo de extinción. El censo de oso y del lince parece estar en franca progresión, de estos últimos se han hecho sueltas en lugares tan apartados de sus hábitats relictos como pueden ser Aragón o Cerrato de Palencia, pasando por Ciudad Real.

Una de las singularidades del territorio leonés es que, dada la relativa proximidad del nuevo hábitat del lince en Palencia, lo que fácilmente permitiría incluso su implantación en León, podríamos contar en esta provincia con la representación faunística más vulnerable y por lo tanto con los últimos reductos que albergan especies emblemáticas: oso, lince, urogallo, rebeco, etcétera. También tenemos especies domésticas que sólo son nuestras, como el mal llamado mastín español, el carea, ahora denominado perro pastor leonés –la cuestión es siempre difuminar todo lo que suene a leonés– o la mantequera leonesa.

Viene todo este largo exordio para llamar la atención sobre un tema que inevitablemente acabar siendo motivo de polémica en León, cuando lo sea en el resto de la comunidad en la que hemos tenido a desgracia de haber caído. Inevitablemente el Partido Popular, que rige los destinos de Castilla y León desde tiempos inmemoriales –no se aplica aquí la monserga que se le aplicó a Andalucía cuando se censuraba que hubiera estado gobernada por el PSOE desde hacía treinta y siete años– se verá abocado a pactar con Vox porque de lo contrario ejercería un gobierno como si se tratase de un funambulista ebrio y ello tiene serios inconvenientes.

Enemigos reales, e irreales, de Vox

Una de tales contrapartidas es que Vox, con su particular política de alertar continuamente contra enemigos, reales algunos, irreales los más (emigrantes, menas, musulmanes, izquierdosos y un amplio surtido) propondrá como apoyo a ganaderos y cazadores la eliminación del lobo hasta límites que se decidirán así que se pueda aplicar dicha medida sin la oposición del gobierno central o el gobierno de la Comunidad Europea. Los populares se han sentido atraídos por el recurso simplón y vistoso de congraciarse con el campo y sobre todo con los ganaderos combatiendo a esta especie maldita. Así es que ahora, con viento de cola a favor, la tentación difícilmente va a ser postergada.

Sin embargo, hay razones de peso para rechazar categóricamente esta medida y vamos a tratar de exponer aquí algunas de ellas. En los frescos del panteón de San Isidoro aparecen recogidas figuras de pastores con sus perros, posiblemente mastines, que se empleaban para defender los rebaños del ataque de los lobos. No se precisa poseer una mente privilegiada para saber que los lobos han podido causar daños, pero nunca diezmaron la cabaña ovina y caprina. Téngase en cuenta la demografía de los tiempos medievales y la superior densidad de monte que permitirían a esta especie campar a sus anchas. Súmese la trashumancia y tenemos el escenario completo de los actores de este drama que nunca fue decisivo. 

Los daños ocasionados por las enfermedades son muy superiores a los que causa el lobo, aunque son menos magnificados y desdeñados porque no se ve sangre. Muchas personas que viven en zonas loberas saben que, si el lobo puede alimentarse de otro modo que no sea atacando a un rebaño bien protegido, –en la costa de Lugo se está haciendo incluso con asnos– prefiere no arriesgarse a encuentros poco recomendables con perros y cazadores. 

En resumen, el sector ovino y caprino tiene problemas mucho más serios que Canis lupus, como pueden ser el abandono del sector por muchos pastores, poca profesionalización, escasa ayuda al pastoreo y a la comercialización de sus productos, problemas sanitarios o escasa atención a la España rural donde pervive este modelo de ganadería intensiva. En el Órbigo viven de forma permanente muchos pastores procedentes de las montañas de Luna que ya mueven poco sus rebaños hacia los pastos tradicionales. La trashumancia ya casi es una reliquia del pasado.

Mentiras sobre los lobos

Y para terminar un regalo a los detractores de esta emblemática especie en forma de pequeñas píldoras que no admiten controversia. Se dice que el último ataque de un lobo a un humano fue hace, como mínimo, aproximadamente treinta años. No se recuerda la muerte de ninguna persona en España por el ataque de un lobo. Pasteur estudió la rabia en personas de Rusia atacadas por lobos que padecían la enfermedad y aún así habían sobrevivido al ataque en las estepas de aquel país. Los lobos, por su apariencia feroz, que la tienen, han sido retratados como la encarnación del mal y han dado origen a las supersticiones más variopintas como la del lobishome o la licantropía, amén de cuentos para asustar a los niños, lo cual puede tener algún sentido en la infancia, pero no parece de recibo en personas adultas.

Y ya sólo un apunte final. Los perros son los herederos de unos lobos que se fueron acercando hace miles de años a poblaciones nómadas de los antiguos humanos y se fueron adaptando a la convivencia atraídos por los restos de comida que recibían. El hombre domesticó al lobo y obtuvo infinidad de razas caninas que, como demostró Darwin, si pudieran cruzarse libremente y desapareciera toda selección, volvería a emerger la figura del lobo desde el mejor amigo del hombre, dicho sin eufemismo alguno. Muchos de quienes acabarán decretando la persecución del lobo tendrán perros en sus casas.

¿Firmarán la sentencia de muerte del ancestro de sus mascotas, sencillamente por haber conservado su condición primigenia? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La provincia de León suma desde principios de este año un coto de caza menos. Y no es un coto cualquiera. No sólo es un amplio espacio en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna sino que llegó a mover mucho dinero por lo preciado de sus rebecos. También se sitúa en terrenos de monte público que fueron el mismo escenario de una maniobra ilegal para que se cediera por 40 años a una sociedad privada, un caso que acabó con la condena por un delito de corrupción del anterior alcalde del Partido Popular (PP) en el municipio de Sena de Luna, donde el coto se ubica.

El caso, muy enrevesado, ha tenido que llegar al más alto tribunal de la Comunidad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que confirmara íntegramente. Ahora ya de forma definitiva se produce la anulación del coto privado de caza LE-11336, desestimando los argumentos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y de la Comunidad de Propietarios de la finca rústica donde el coto, Puerto Cubil, se ubicaba.

Hace ya casi un año de la resolución judicial final, dado que la sentencia 616/2025 data de mayo de 2025, pero fue declarada firme el pasado 12 de noviembre de ese mismo año. El auto ratifica sin tocar una coma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, el cual ya había anulado en junio de 2024 la resolución administrativa que permitió la creación del coto, santificada por la Junta, al considerar que no se ajustaba a derecho.

Incumplía el requisito del tamaño

El origen del litigio se remonta a 2021, cuando la Junta Vecinal de Robledo de Caldas recurrió la puesta en marcha de este coto privado de caza, promovido por la Comunidad de Propietarios de Puerto Cubil y que fue autorizado por Medio Ambiente. En aquella época el presidente pedáneo era al mismo tiempo el histórico alcalde, José Celestino García, a su vez también miembro del Club Deportivo de Caza El Negrón, al que se le pretendía entregar la gestión por 40 años de un coto en el mismo monte por espacio de 40 años.

Para poner en marcha este, Puerto Cubil, se declaró que disponía de una superficie declarada de 524,82 hectáreas. Pero según los tribunales no cumplía con uno de los requisitos esenciales establecidos por la Ley de Caza de Castilla y León: acreditar la titularidad de al menos 250 hectáreas.

El Juzgado primero y el TSJ después han considerado probado que la comunidad promotora no logró demostrar ni de cerca dicha superficie. La documentación aportada presentaba importantes contradicciones: mientras una escritura de 1899 situaba la extensión en unas 92 hectáreas, otros documentos posteriores hablaban de entre 113 y 200 hectáreas. No fue hasta un acta de 2019 cuando se elevó la cifra a más de 500 hectáreas, basándose únicamente en datos catastrales.

Y es aquí donde el Alto Tribunal recuerda que el Catastro tiene efectos fiscales y no sirve por sí solo para acreditar la propiedad o la superficie real de los terrenos a efectos civiles. También argumentó que no se justificó el incremento de extensión declarado.

Otro de los aspectos clave del fallo es la confirmación de la legitimación de la Junta Vecinal de Robledo de Caldas para recurrir la constitución del coto. El tribunal considera que la entidad local menor estaba directamente afectada, ya que los terrenos en disputa incidían tanto en su propio coto de caza, el LE-10715, como en el monte de utilidad pública número 155, de su titularidad.

Extinción del coto y terrenos vedados

La Junta de Castilla y León esperó todavía cerca de dos meses para ejecutar la sentencia que daba la razón a la Junta Vecinal, la cual estaba representada por el entonces procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, el abogado Ricardo Gavilanes, después elevado a portavoz popular en el Parlamento. No ha sido hasta el pasado 14 de enero de 2026 cuando el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez, dictó resolución ordenando la extinción del coto LE-11336, como la sentencia mandaba.

Como consecuencia, los terrenos han pasado a tener la consideración de vedados, lo que implica la prohibición total de la actividad cinegética en tanto no se produzca una nueva autorización. Además, el anterior titular del coto ha tenido que retirar toda la señalización existente en los plazos que marque la administración.

Un coto marcado por la polémica política y judicial

La anulación de este coto se suma a la intensa conflictividad judicial que rodea a la gestión cinegética en Robledo de Caldas, especialmente tras el caso que afectó directamente al exalcalde de Sena de Luna, José Celestino García (PP).

En mayo de 2024, el propio TSJ de Castilla y León ratificó la condena contra el regidor por un delito de prevaricación, imponiéndole nueve años de inhabilitación para cargo público. La sentencia confirmó que, en 2019, García se autoconcedió derechos de caza durante 40 años en su condición de presidente de la Junta Vecinal, beneficiando al Club Deportivo de Caza El Negrón, del que formaba parte.

Los tribunales consideraron probado que actuó “consciente y gravemente” contra la legalidad y en perjuicio de los vecinos, en una operación que el fiscal resumió como un “yo me lo guiso, yo me lo como”. Aquella decisión también fue anulada posteriormente por la vía contenciosa. Aunque el PP se resistió, finalmente la condena obligó al entonces alcalde a dimitir, cerrando una etapa de décadas al frente del Ayuntamiento, pero dejó abierto un escenario de litigios en torno a los aprovechamientos cinegéticos de la zona que ahora suma un nuevo capítulo con la desaparición definitiva del coto de Puerto Cubil.

Cinco años de retraso y mientras, los incendios vuelven a copar la actualidad de la masa forestal de la provincia de León en cuanto ha llegado el calor. Esto es lo que denuncia la formación política de Izquierda Unida respecto a la prometida base de helicópteros de Oterico, en Riello, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022 sin que todavía hayan llegado a su fin, estando más o menos como el año pasado los trabajos.

Una paralización en una infraestructura que ya comenzó con retraso manifiesto, y que la Consejería de Medio Ambiente prometió que estaría lista en 2022 como una de las más necesarias para luchar contra el fuego; pero que al estar a medio terminar y fuera de plazo no sirvió ni para luchar contra los incendios del verano de 2025 ni para los que se han producido en la entrada de esta primavera de 2026.

Por todo ello Izquierda Unida ha denunciado este jueves que, más de cinco años después de los primeros anuncios de la Junta de Castilla y León, la Base de Helicópteros de lucha contra incendios forestales de Oterico continúa sin estar operativa y sin una fecha clara de entrada en funcionamiento.

La formación considera que se trata de una infraestructura clave que, sobre el papel, debía reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta ante incendios en la provincia, pero que sigue sin materializarse tras acumular retrasos, modificaciones y ampliaciones de plazo.

IU enmarca esta situación en un contexto “especialmente grave”, ya que León ha registrado más de 80 incendios en lo que va de año sin haber comenzado aún la campaña de alto riesgo de verano.

La provincia cuenta, además, con uno de los patrimonios naturales más destacados del país, al albergar siete Reservas de la Biosfera: Valles de Omaña y Luna, Babia, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Ancares Leoneses y Picos de Europa. Según la formación, esta concentración refuerza la necesidad de contar con medios eficaces para la prevención y extinción de incendios en un territorio que ya ha sufrido diversos episodios en los últimos años. El más reciente, extinguido hace pocas horas, ha afectado a la Reserva de Alto Bernesga en el que se quemaron más de 151 hectáreas, siendo el más grande de este año 2026.

En este sentido, IU subraya que la ubicación de la base de Oterico permitiría reducir de forma significativa los tiempos de intervención aérea, con vuelos de apenas minutos hasta zonas críticas, lo que resulta determinante para evitar la propagación del fuego en sus fases iniciales y su posible afección a núcleos de población.

El coordinador comarcal de IU León, Rubén Estévez, ha defendido que la lucha contra incendios “exige un operativo plenamente público, con medios materiales adecuados, formación suficiente y una coordinación eficaz entre recursos terrestres y aéreos”. A su juicio, la externalización y la precarización de los servicios “debilitan la capacidad de respuesta y ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas”.

Desde la formación critican que la gestión de la Junta refleja una “falta de planificación y de compromiso real” con el medio rural leonés. “Cada retraso en la puesta en marcha de esta base no es solo un incumplimiento administrativo, sino un riesgo añadido en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes”, advierten.

Izquierda Unida concluye que León “no puede permitirse seguir esperando” la entrada en funcionamiento de una infraestructura que consideran esencial mientras el riesgo de incendios continúa en aumento.

El Partido Popular de León ha denunciado la tala del laurel ubicado junto a la Columna Trajana en la plaza de San Isidoro, un árbol que había sido regalado por la ciudad de Roma en 1968 con motivo del XIX centenario de León, y que señalan como un símbolo del vínculo histórico entre ambas ciudades.

Desde el PP critican que el Ayuntamiento haya eliminado este ejemplar sin, aseguran, ofrecer información previa ni explicaciones claras sobre las causas que han motivado la actuación. Los populares consideran que se trata de una decisión que afecta al patrimonio simbólico de la ciudad y lamentan la pérdida de un elemento con valor histórico.

El árbol, recuerdan los populares, formaba parte de un gesto institucional entre León y Roma, vinculado a los orígenes romanos de la ciudad a través de la Legio VII Gemina, y durante décadas ha permanecido en uno de los espacios más representativos del entorno urbano.

En su denuncia, el PP reclama al equipo de gobierno que detalle si existían informes técnicos que justificaran la tala y si se han valorado alternativas para su conservación. Asimismo, piden que se aclare si está prevista la reposición de un nuevo ejemplar que mantenga el carácter simbólico del lugar.

La formación subraya la necesidad de proteger este tipo de elementos que, más allá de su valor ornamental, forman parte de la memoria colectiva de León, y advierte de que decisiones como esta contribuyen a la pérdida de identidad histórica de la ciudad.

El alcalde del Ayuntamiento de Villablino, Mario Rivas, ha emitido un bando en el que recuerda a los propietarios de fincas, solares y parcelas del municipio su obligación de mantener estos espacios en condiciones adecuadas de limpieza y salubridad ante la llegada del verano y el aumento del riesgo de incendios.

Un anuncio que se repite cada primavera como recordatorio a los propietarios de fincas y parcelas en los cascos urbanos de todas las localidades del municipio, de sus obligaciones de adecentamiento de sus propiedades.

Rivas incide en la necesidad de extremar las precauciones tras los incendios registrados el año anterior y apela a la responsabilidad ciudadana para proteger el entorno natural del valle.

El Ayuntamiento pide la retirada de maleza, pastos secos, residuos y materiales inflamables, así como el desbroce de vegetación y la eliminación de vertidos no autorizados. Estas tareas deberán completarse antes del 8 de junio, conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su reglamento.

En la parte final, el bando advierte de que el incumplimiento podrá derivar en sanciones y en la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte del Ayuntamiento, con cargo al propietario.

El Gobierno de España ejecuta ya por valor de casi 10 millones de euros su prometido plan de restauración hidrológico-forestal tras los incendios registrados en 2025 en la provincia de León, en concreto con una inversión global de 9.763.943,16 euros. Estas actuaciones, distribuidas en 14 intervenciones sobre ocho grandes incendios y que afectan a 24 localidades, buscan estabilizar el terreno, recuperar la cubierta vegetal y reforzar la resiliencia del medio natural frente a futuros episodios.

Los trabajos, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021–2027, se desarrollan en colaboración con la Junta de Castilla y León al intervenir sobre montes comunales que son de titularidad autonómica. Las medidas incluyen el control de la erosión, la restauración de cauces y riberas, la retirada y tratamiento de biomasa quemada, la prevención de plagas forestales y la reparación de infraestructuras forestales y rurales.

Estas intervenciones resultan especialmente relevantes en zonas de pendiente, donde el riesgo de pérdida de suelo es mayor tras los incendios. Con ellas se pretende no solo reparar los daños ocasionados, sino también evitar consecuencias posteriores como inundaciones o la pérdida de fertilidad del suelo, favoreciendo así la regeneración natural de los ecosistemas afectados.

El plan se despliega en distintos puntos de la provincia, entre ellos las áreas dañadas por los incendios de Fasgar-Igüeña, La Uña, Porto-La Baña, Anllares y Gestoso, Barniedo, Canalejas, Molezuelas-Castrocalbón y Yeres-Llamas de Cabrera, muchas de ellas enclavadas en espacios de alto valor ecológico.

Dentro de este conjunto de actuaciones, la restauración en la zona de Fasgar-Igüeña cuenta con una inversión específica de 500.073,37 euros. Los trabajos, que se desarrollan en los términos municipales de Murias de Paredes e Igüeña, se centran en el control de la erosión, la recuperación de la cubierta vegetal y la mejora del drenaje y de las infraestructuras forestales.

Como curiosidad, según la cifra oficial del Ministerio este incendio afectó a 6.973 hectáreas, incluidas áreas de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, así como hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, criticada por la gestión de los medios aquel verano, así como después por ocultar o minimizar los datos, cuantificó sólo 5.014 hectáreas.

En el marco de estas actuaciones, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, visitó este miércoles la zona junto a técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y representantes municipales, en una jornada de seguimiento de los trabajos en marcha, y donde hizo el recuento de las investiones acumuladas hasta ahora.

El incendio forestal que se originó el pasado domingo en montes de la localidad de Busdongo de Arbas, en la Montaña Central de León, ha sido considerado extinguido este miércoles, cuatro días después, habiendo calcinado finalmente 151 hectáreas de matorral, según las estimaciones oficiales de la Junta de Castilla y León, y tras corregir una cifra publicada oficial de 170 hectáreas.

Con esa dimensión, se trata de un siniestro que por superficie es el peor vivido en lo que va de año en la provincia leonesa y aporta una especial gravedad, dado que afecta de lleno a la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, de alto valor ecológico.

El Gobierno autonómico informó de que el fuego se ha dado por controlado este martes en torno a las cuatro y media de la tarde y que se ha considerado apagado de manera total a las 11.00 horas de hoy miércoles. En diferentes momentos del mismo se han necesitado abudantes medios para su control, con un total de veintidós, tres de ellas aeronaves, han señalado las mismas fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Las llamas del incendio de Busdongo de Arbas, de carácter intencionado, comenzaron pocos minutos antes de las 17.00 horas del domingo 5 de abril. Durante el lunes se dio por controlado, pero durante la noche las llamas se reactivaron en este paraje muy cercano a la localidad de Busdongo, perteneciente al municipio de Villamanín, visible en una larga lengua de fuego desde la proximidad de la antigua vía férrea que conectaba León con Asturias e incluso la carretera nacional N-630 cerca del Puerto de Pajares.

“Como consecuencia de los condicionantes de eliminación de aerogeneradores y de soterramiento de la línea de evacuación, impuestos por la declaración de impacto ambiental, considera que el proyecto ha devenido económicamente inviable”. Con esta categórica frase se resume el fin de otro proyecto para ejecutar un macroparque eólico en la comarca de El Bierzo, en este caso el denominado Trabadelo, que proyectaba e impulsaba la multinacional Enel Green Power España.

Ha sido la compañía la que ha presentado formalmente ante el Ministerio el desistimiento del proyecto, el cual ha sido admitido y firmado por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, suponiendo de facto el fin de más de seis años de trámites e intentos desde que se pusiera en marcha en el año 2020.

La compañía concibió en primera instancia la macroplanta para un total de 18 aerogeneradores y una potencia de 110 megavatios, suficiente para que no fuera la Junta de Castilla y León sino el estado quien tuviera que tramitarlo. El parque afectaba entre su instalación y la infraestructura de evacuación a un total de once municipios bercianos: Trabadelo, Barjas, Corullón, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo, Cacabelos, Arganza, Cabañas Raras, Sancedo, Camponaraya y Ponferrada. En parte por tan amplia afección, fue por lo que se situó como uno de los proyectos que despertó en la zona un movimiento de oposición vecinal canalizado en la creación de la Plataforma Rural Sostenible.

Sin embargo, en el trámite ambiental, el Ministerio dictó la exclusión de hasta nueve aerogeneradores, obligando, tal y como advirtió la Junta de Castilla y León en sus informes, a que toda la línea de evacuación quede “completamente soterrada”, salvo que excepcionalmente “existan impedimentos” como fuertes pendientes “que hagan técnicamente inviable” esa operación o que la empresa justificara que comparte instalación con otras líneas aéreas ya existentes y por lo tanto sin causar nuevos daños. “En todo caso”, matiza, “la implantación de esos tramos de línea en aéreo deberá contar con la autorización expresa del órgano competente en medio ambiente de la Junta de Castilla y León, con anterioridad a la autorización sustantiva del proyecto”.

Además de los propios condicionantes de la administración, el proyecto demostró ser muy polémico al recibir un total de 1.381 alegaciones de parte de juntas vecinales, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), entidades locales de diversa índole y particulares.

En primera instancia, todavía en aquel año 2023, la empresa recalculó el diseño y tamaño de la infraestructura a instalar, anulando los nueve aerogeneradores vetados y ciñendo los restantes a un nuevo modelo de aerogenerador muy similar a los anteriores, de Siemens Gamesa, pero ahora “con una potencia unitaria de 7 MW, manteniendo el diámetro del rotor de 170 metros, la altura de buje de 115 metros y el resto de características dimensionales originales del anteproyecto”. Eso significaba que la potencia total bajaba hasta los 77 megavatios finalmente, es decir, “once aerogeneradores de 7 MW de potencia cada uno de ellos”. Así se ha publicado este martes 7 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León.

Pero finalmente, las cuentas no le salieron a la compañía promotora, que en abril de 2023 presentó su renuncia. Casi en esa misma fecha, Red Eléctrica de España (REE) comunicaba que “para la instalación parque eólico Trabadelo titularidad de Enel Green Power España SL, en LOMBA 220, se ha sido desistido del permiso de acceso y conexión”. No ha sido hasta marzo de este año que el Ministerio ha atendido a la solicitud formal de desistimiento, declarándose la devolución de la garantía depositada en su día. Así, el carpetazo al controvertido macroparque es definitivo, con el “archivo del expediente SGIISE/PEol-437” y es “firme a todos os efectos”, ya que no se ha recurrido en el plazo habilitado.

La historia ambiental del noroeste es un rosario de despropósitos grandes y pequeños, muchos de ellos gestados desde la Administración. El último fue Altri, impulsado desde la trastienda de la Xunta de Galicia y, conviene recordarlo, contó con el beneplácito de PP, PSOE y BNG en el parlamento gallego y en la Diputación de Lugo. Rectificar es algo meritorio. Tenemos ahora delante una nueva cuenta en el rosario que rectificar, pero no sé si se llegará a tiempo. La catástrofe parece ya inevitable.

La autovía A-76, Ponferrada-Orense, fue aprobada en el parlamento español hace más de dos décadas al amparo de otro despropósito 'marco', el Plan Galicia, fruto de otra brutalidad, el Prestige, que ya apenas recuerda nadie. Lo advertimos entonces: tras la marea negra llegaría la marea gris. El caso es que, de nuevo, todos los grupos políticos gallegos con representación en Madrid aprobaron la barbaridad que se iniciará, aparentemente, en breve.

¿Por qué es una brutalidad y un despropósito?

El apoyo unánime de los grupos políticos a este proyecto revela hasta qué punto determinadas inercias políticas son compartidas entre fuerzas que dicen defender modelos diferentes de país. Frente a un modelo que prioriza a las grandes constructoras y a las subvencionadas industrias automovilísticas y petroleras, es necesario apostar por alternativas eficientes, sostenibles y justas, basadas en el transporte público, en la optimización de lo ya existente y en la inversión en el territorio. Es importante no tomar más el pelo a los vecinos.

La A-76 no es una solución: es un problema, una aberración, un atentado ecológico y territorial. No sé si estamos a tiempo de detenerla. Rectificar es, siempre, de sabios.

Este artículo se publicó originalmente en gallego en Nòs Diario

El incendio forestal localizado en las proximidades de la localidad leonesa de Busdongo se ha reactivado este martes después de haberse originado el domingo y darse por controlado el lunes. Las llamas afectan a la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, próximas también a Asturias.

Según han informado la Junta de Castilla y León, el fuego comenzó pocos minutos antes de las 17.00 horas del 5 de abril. Durante el lunes se dio por controlado, pero durante la noche las llamas se reactivaron en este paraje muy cercano a la localidad de Busdongo (perteneciente al municipio de Villamanín) y a la antigua vía férrea que conectaba León con Asturias.

Actualmente, media docena medios de extinción trabajan en el incendio, entre los que destaca una cuadrilla terrestre, una autobomba y un helicóptero. Desde el inicio han sido una veintena los medios movilizados en este fuego, que según las investigaciones ha sido provocado.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado que Castilla y León ha sufrido 80 incendios forestales en lo que va de año, una gran parte de ellos, afirma, han sido provocados.

Según el portal de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, 21 medios, entre ellos tres hidroaviones y tres autobombas, siguen trabajando en la extinción de este fuego en la provincia de León.

El consejero ha aprovechado esta situación para seguir defendiendo su teoría de que la oleada de incendios del verano de 2025 fue provocada por la mano del hombre, “No sé si les pareció poco lo que sufrimos el año 2025 en agosto, para que haya personas que sigan intentando atacar el medio natural y poniendo en riesgo a las personas”, ha afirmado Quiñones. Todo ello a pesar de que, tanto en 2025 como en lo que llevamos de año, el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Por ejemplo, este año el mayor incendio (en cuanto a hectáreas afectadas, que fueron 23), desatado en Igüeña, fue causado por una negligencia.

El consejero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la colaboración con las autoridades en la identificación de los autores.

Apenas finalizada la Semana Santa, y con los pies en el suelo, sin raseo procesional, sin capillo por mi parte, y con el velo de la duda a medias por las elecciones pasadas, con el eco de los rataplanes procesionales veamos algo de León, con la mejor de las intenciones.

Es humano dudar. Tanto da que las inquietudes vengan en son de fe, para creer en lo que no vemos, o de la peripecia humana, que cada día nos acosa más en nuestro vivir civilizado en un mundo donde vamos agotando las existencias.

Ahora “lo que toca es meter el dedo en la llaga a los de poca fe” para comprobar si los políticos, los hombres y mujeres dedicados a esta disciplina, que nos impone un vivir, del que discrepan otros del mismo ramo pero de distinta mano, a ver si traen veracidad. O si las promesas... ¡Eran un calentón!

Disciplina dije, y no es que sean disciplinantes ellos y ellas, al estilo de los picaos por ejemplo. ¡No! Lejos están del sacrificio, lo suyo es asegurarse estabilidad en su oficio, que es su modus vivendi, puede que como mejor opción personal, incardinada en una ideología, intentando que lo asumamos, y hasta lo consiguen bien encajados ellas y ellos en lo que llaman partidismo.

Éste, para nosotros los gobernados, se asemeja a fe en lo que el más alto dignatario pretende, y ellos, los palmeros, no los del hosanna palma en mano, sino los que batiendo palmas corean al jefe, en el intento, nos llevan, cual flautistas, a asumir y votar. Votar a su partido claro. Que es adhesión y exigencia para los suyos y conlleva lealtad. Y eco de oferta, anuncio generalizado de '“buenas obras”: una música que no se ha de volver a tocar.

¿Cuál es el futuro de León según Antonio Turiel?

Todo lo anterior de verdadera condición sociopolítica, pero elucubración al fin y al cabo, eso sí, con sabor aún a lo penitencial, viene dado tras la lectura del artículo de Antonio Turiel, el físico leonés: 'Distintas formas de ver León', donde se pregunta: ¿Cuál es el futuro que le espera a nuestra provincia? Y casi responde a sus cuestionamientos, y a fe que va con certezas caminando por el rumbo que se nos marca a los leoneses, como colistas irredentos de un ente que nos esquilma cada vez con más descaro.

No va a ir aquí una lista de agravios que se nos han inferido en plan autonómico, que la hay, y bien engordada, sino apoyados en los 'condicionantes Turiel', digamos medioambientales, componiendo un cuadro para la ciudadanía leonesa, esa que vota por partidismo ideológico, cuando no por seguidismo insulso, y en verdadera mayoría, y esto es lo alarmante, no teniendo en cuenta el deseo mayoritario de viajar solos en autogobierno, como proclaman unos dentro del meollo, o bendecimos otros, desde la orilla.

Los cuestionamientos de Turiel, el físico, sobre esta tierra leonesa, son demoledores. Una tierra de extracción, y cita el carbón que NO dejó valor añadido, al igual que el agua embalsada y las centrales hidroeléctricas productoras de electricidad que se llevaron con grandes tendidos, a veces abriendo caminos destructores, hacia polos de desarrollo para que en otros sitios floreciera la industria… “la energía pasa de largo”… ¡IUnaudito!

Mañueco, lo debió de leer, dado que en sus promesas electorales iba: “La energía no puede pasar de largo en León, tiene que traer industria”. Le quedó bonito de palabra. Ahora a esperar… ¡Tomada nota!

Y todo ello nos ha venido siendo impuesto desde los gobiernos que en Madrid han sido. Asumiendo de paso, que en el ente autonómico donde nos empujaron a estar los nuestros, y todos nos tienen bloqueada la puerta de salida con total injusticia constitucional. Lejos de ayudarnos en las movilizaciones defensivas, han entrado también en fase de aprovechamiento, los de aquí nos han vendido, se manejan cual corifeos, y el pueblo abducido, acompaña con el voto.

“Las macroplantas de biogas, nunca han sido rentables” y añade más Turiel: “Ni jamás lo serán”. Y luego está la biomasa, para que nos quememos en salud: “Acabando con nuestros bosques. León un erial contaminado y tóxico”. Parece apocalíptico. Personalmente le creo, no tengo necesidad de meter el dedo en la llaga, tengo fe en su palabra, y nadie, con prestigio profesional ha salido demostrando lo contrario.

“León puede y debe dar de todo, desde alimentos a materiales, de energía a agua. Todo lo tenemos aquí. Solo nos falta tener fe en nosotros mismos. Y saber decir que no cuando conviene”.

Pero, a tenor de los resultados electorales, seguimos alentando a los maltratadores… “apasionadamente”.

El cambio climático ya está teniendo efectos directos en el oso pardo cantábrico. Un estudio científico impulsado por la Junta de Castilla y León y publicado en la revista ‘Biological Conservation’ concluye que el aumento de las temperaturas limita de forma significativa el movimiento de estos animales, alterando su comportamiento y su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más condicionado por la actividad humana.

La investigación, cuyos principales datos han sido difundidos por la Junta y cuyo contenido completo ha sido analizado por este medio, se basa en más de 70.000 posiciones GPS recogidas en 17 osos adultos. Gracias a sensores instalados en los collares, los científicos han podido medir por primera vez la temperatura real que experimentan los animales y su impacto directo en sus decisiones de movimiento.

El resultado es claro: cuanto más calor hace, menos se mueven los osos. Este efecto es especialmente acusado en los ejemplares de mayor tamaño, que tienen más dificultades para disipar el calor corporal. Como consecuencia, tienden a concentrar su actividad en las horas de menor temperatura, reforzando un comportamiento cada vez más nocturno.

Pero el estudio va más allá y apunta a un efecto especialmente relevante: el calor no solo reduce la actividad, sino que limita la capacidad del oso para adaptarse a otros factores de riesgo, como la presencia humana. En condiciones normales, los osos atraviesan más rápido las zonas humanizadas para minimizar el contacto, pero con altas temperaturas esa estrategia se debilita, lo que podría aumentar su vulnerabilidad en entornos fragmentados.

Además, la investigación revela posibles cambios en la dinámica entre individuos. Los osos más pequeños, hembras y machos subordinados, tienden a evitar la noche para reducir encuentros con grandes machos, pero el aumento del calor está empujando a estos últimos a ser aún más nocturnos, lo que puede alterar ese equilibrio natural.

El impacto no se limita al comportamiento. Los científicos advierten de que la reducción de actividad puede afectar al acceso a zonas de alimentación clave y, en consecuencia, a funciones ecológicas como la dispersión de semillas, con posibles efectos en el conjunto del ecosistema.

Frente a este escenario, el estudio señala el papel clave del bosque como refugio térmico. En zonas arboladas, los osos logran mantener mayor actividad incluso con altas temperaturas, lo que refuerza la importancia de conservar y conectar estos espacios en un contexto de calentamiento global.

Los autores también apuntan que, a largo plazo, el oso pardo podría adaptarse a condiciones más cálidas e incluso expandirse hacia nuevas áreas, siempre que disponga de refugios adecuados como zonas de sombra, agua o vegetación densa.

Este trabajo supone un nuevo paso en la comprensión del impacto del cambio climático sobre la fauna salvaje en la cordillera cantábrica y confirma que sus efectos ya no son una previsión futura, sino una realidad que está modificando el comportamiento de una de sus especies más emblemáticas.

El texto se ha elaborado con datos recogidos entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024, antes de los terribles incendios forestales del verano de 2025.

La Junta de Castilla y León vuelve a prohibir el acceso nocturno al hábitat del urogallo (una especie catalogada en peligro de extinción y en situación crítica) en algunas zonas de los municipios leoneses de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes donde se encuentran los 209 ejemplares de esta especie, según el último censo previo a los incendios forestales del verano de 2025, que afectaron gravemente estas zonas.

Así, se prohíbe el acceso, tránsito y estancia de personas entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 23.00 horas a 9.00 horas a los llamados cantaderos del urogallo, coincidiendo con la época de celo de esta especie. Es al atardecer cuando los machos llegan a su punto elegido para el celo, donde duermen, y al amanecer comienzan a reclamar a las hembras con su canto característico.

Debido a la concentración de ejemplares alrededor de los cantaderos, la existencia de molestias en esta época es muy perjudicial para la reproducción, ya que podría conllevar el abandono de las zonas de canto por los machos y las hembras.

El urogallo es una especie catalogada en peligro de extinción, y declarada en situación crítica mediante Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El último censo de esta especie contaba únicamente con 209 ejemplares entre la provincia de León y Asturias. Sin embargo, la Junta no ha actualizado esta cifra tras la grave oleada de incendios desatados en agosto de 2025, a pesar de los reiterados requerimientos de este periódico.

Limitaciones por zonas y multas de hasta 200.000 euros

Para evitar molestias a los ejemplares de urogallo en un periodo vital para la reproducción, y previo trámite de audiencia a los propietarios de los terrenos afectados, mediante Resolución de 31 de marzo de 2026 de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ha limitado el acceso en montes de utilidad pública incluidos en las áreas críticas AS-04, AS-10, AS-11, AS-15 y AS-24, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000210 ALTO SIL, OM-05, OM-06, OM-07 y OM-08 en la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000364 OMAÑAS, así como en el área crítica OM-04 situada en un monte particular de esta ZEPA, conforme se definen en el anexo II del plan de recuperación del urogallo cantábrico, y ubicadas en los términos municipales de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes.

El incumplimiento de estas medidas está tipificado como infracción grave a la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León, pudiendo conllevar multas desde los 5.001 euros hasta los 200.000 euros.

La Junta destaca que la norma aprobada va dirigida a los visitantes, no afectando estas limitaciones a los propietarios de los terrenos, ni a los titulares de derechos sobre su uso, en particular los vecinos que participen en los aprovechamientos vecinales, ni a los titulares de otros aprovechamientos, ni a los responsables del mantenimiento de los servicios públicos municipales o de vigilancia, ni a las personas que participen en otros trabajos expresamente autorizados por la Administración, que tendrán libre acceso a dichas zonas para el desarrollo de las actividades permitidas.

De manera simultánea a la regulación del acceso, se ha establecido un operativo para la vigilancia de la zona, con la participación de agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y las Patrullas oso y urogallo de la Fundacion del Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. Igualmente se han colocado señales en los accesos para informar a los visitantes sobre la regulación temporal que se aplica.

Cabe recordar que, a pesar de estas prohibiciones, en el año 2022 se llevó a cabo una investigación por la vía administrativa y otra judicial por la construcción de una vía forestal que atravesaba un cantadero de urogallo. Las máquinas atravesaron la senda sin que llegase a constar autorización para ello. A pesar de ello, este periódico, que contó la noticia en exclusiva, no ha recibido nunca respuesta sobre el desenlace de ambas investigaciones.

Ecologistas en Acción ha cargado con dureza contra las administraciones públicas por su gestión del incendio, declarado en la madrugada del 18 de marzo en una nave con residuos plásticos y neumáticos en la ciudad de La Bañeza, un suceso que, pese a haber reducido la peligrosidad de la nube tóxica en los últimos días, continúa sin darse por extinguido.

La Junta de Castilla y León desactivó el pasado 23 de marzo la situación 1 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (Plancal), al considerar que el riesgo para la población había disminuido de forma significativa. Sin embargo, mantiene un retén de bomberos y medios de extinción ante la persistencia de focos activos y episodios puntuales de humo, que aún obligan a extremar la precaución, especialmente entre personas vulnerables.

Desde la organización ecologista advierten de que el incendio ha provocado durante días una “grave contaminación del aire”, con una nube de humo y cenizas que se ha extendido por amplias zonas del entorno bañezano, alcanzando incluso áreas como el valle del Tuerto, la Sequeda o Astorga. A su juicio, esta situación ha puesto en riesgo la salud de miles de personas y evidencia “una situación inaceptable e insostenible”.

Ecologistas en Acción cuestiona además la falta de información pública sobre el alcance real del siniestro. “¿Se ha analizado la calidad del aire? ¿Por qué no se han comunicado los resultados a la ciudadanía?”, plantean, al tiempo que critican que no se haya informado sobre el volumen de residuos calcinados ni sobre el impacto ambiental generado.

La organización también pone el foco en la posible ilegalidad del depósito afectado y se pregunta por qué el Ayuntamiento de La Bañeza no había actuado previamente para desmantelarlo. En este sentido, denuncian una falta de control e inspección sobre este tipo de instalaciones.

Más allá del caso concreto, los ecologistas enmarcan este incendio en una política autonómica que, aseguran, favorece la llegada de residuos a Castilla y León. Como ejemplo, citan el proyecto de macrovertedero de residuos industriales y peligrosos en el municipio de San Justo de la Vega y advierten de que este modelo está detrás del aumento de incidentes en instalaciones similares.

“Las normativas y tasas medioambientales no se han adaptado, mientras los mecanismos de control y sanción se debilitan”, sostienen, recordando que en la provincia de León se han registrado episodios similares en los últimos años, como el caso del enorme siniestro Recuperación de Materiales Diversos (RMD), en Ardoncino.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige a la Junta que “asuma sus responsabilidades”, refuerce las labores de prevención e inspección y aplique de forma efectiva la responsabilidad ampliada del productor en la gestión de residuos, con el fin de evitar que se repitan incendios de estas características.

Arde sobre quemado. La Junta de Castilla y León ha declarado de nivel uno un incendio forestal declarado en la localidad de Lomba, en el municipio de Benuza en la Comarca de la Cabrera. Lo hace en previsión de las complicaciones para la extinción de las llamas, debido a la complejidad orográfica del terreno en el que se desarrolla.

El fuego, iniciado el jueves 27 de marzo a las 09.24 horas, está viendo dificultadas las labores de extinción por la orografía de la zona y la gran presencia de piedras, lo que complica el acceso y el trabajo de los efectivos.

Por ello, la previsión de estabilización supera las 12 horas. La causa probable es intencionada, según la propia Consejería de Medio Ambiente.

A pesar de la evolución del incendio, no existe riesgo para la población ni afecta a masas arboladas cercanas, según la información difundida por fuentes oficiales. En estos momentos, trabajan sobre el terreno varios medios de extinción para contener el avance de las llamas.

El operativo está compuesto por dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, un bulldozer y cinco brigadas helitransportadas entre las que se encuentran la AT Brif y la Brif de Tabuyo. Además, también participan medios aéreos, concretamente dos hidroaviones.

El dispositivo se centra en frenar la propagación en una zona de difícil acceso, donde las condiciones del terreno están condicionando el desarrollo de las labores de extinción.

La Cabrera fue una de las comarcas que más sufrió durante los incendios forestales de este verano con miles de hectáreas calcinadas en la zona cercana a Las Médulas y el sur de la provincia de León, pasando a Zamora y las llamas volviendo del norte de esa provincia a la leonesa pasando de una a otra varios días del mes en que las llamas estuvieron fuera de control, pasando de las 22.000 hectáreas afectadas en la comarca cabreiresa. La estampa del Lago de la Baña era desoladora en septiembre pasado: prácticamente todo lo que podía haber ardido se quemó.

Hoy hay otro incendio en la zona del lago y en la localidad de Voznuevo, en Boñar.