La revisión del 'Plan Regional de ámbito sectorial denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León' puesto en marcha por la consejería de Medio Ambiente, aprobado en 2014 y actualmente en fase de alegaciones, apoya la construcción de un nuevo vertedero de gestión de residuos peligrosos en Castilla y León, como el proyectado en las inmediaciones de Astorga y pegado al actual vertedero de residuos domésticos provincial, ubicado en San Román de la Vega, municipio de San Justo de la Vega.

El macroproyecto de vertedero de residuos peligrosos está proyectado por una sociedad del empresario babiano Macario Fernández y, pese a la oposición surgida, cuenta ya con aval ambiental de la Junta de Castilla y León aunque informes previos en contra del gobierno autonómico lo llegaron a considerar como innecesario, aunque luego se corrigó en otro informe esa calificación.

El nuevo plan de residuos autonómico recoge que actualmente solo hay un vertedero de residuos peligrosos en Castilla y León, ubicado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), que prevé una pequeña ampliación que situaría su vida útil entre 10 y 12 años más. Por ello consideran que “Puesto que la vida útil del vertedero, con la ampliación proyectada, sigue teniendo una vida útil limitada, sería necesaria, a medio plazo, la construcción de un nuevo vertedero de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma”.

Eso sí, el plan señala “la instalación de nuevas instalaciones de valorización de residuos peligrosos, así como su ampliación, dependerá de la iniciativa privada”. Según los datos de la Junta de Castilla y León el 60% de los residuos peligrosos no son valorizables, bien con su reciclaje o como su uso de combustible energético, lo que supone que anualmente hay que enterrar unas 142.309 toneladas de residuos peligrosos.

En el año 2023, la comunidad generó 241.219 toneladas de residuos industriales peligrosos, con un incremento del 32% respecto al año 2010. El 56,2% proviene de procesos productivos y el 43,8% de operaciones de tratamiento de otros residuos, destacando como origen la producción y transformación de metales (21%), el tratamiento de residuos y aguas (23,9%) y la industria química/farmacéutica (9,9%).

En cifras el macrovertedero ocupará 140,6 hectáreas entre los municipios de San Justo de la Vega, Benavides y Villares de Órbigo La vida útil estimada para enterrar residuos es de 20 años: 20 para los residuos no peligrosos y 15 para el vaso de residuos peligrosos. La capacidad de los vertederos es para los residuos industriales no peligrosos de 2.744.679 m3 y para los residuos industriales peligrosos: 796.136 m3. Traducido en toneladas al año es de 55.000 toneladas al año para enterrar residuos peligrosos, 825.000 en su vida útil estimada de 15 años, y de 104.000 toneladas para los residuos no peligrosos.

Según la empresa, el empleo inducido del proyecto es de 474 trabajadores (sumando directos e indirectos): 180 directos entre la fase de construcción y funcionamiento y 294 indirectos relacionados con transporte y otras tareas. La inversión total estimada es de 35 millones de euros.

El proyecto de Astorga también ha estado rodeado de polémica política por la vinculación del consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con el empresario promotor, en cuyo holding trabajaba uno de sus hijos. Ni la Fiscalía ni el comité de ética autonómico han encontrado problemas en esa relación y la aprobación del expediente del macrovertedero.

El macrovertedero está pendiente de obtener las autorizaciones definitivas y de la resolución judicial de los recursos al visto bueno ambiental, recurrido entre otros por el Ayuntamiento de San Justo de la Vega. Además, los problemas financieros que ha arrastrado en los últimos años su promotor, con varias sociedades en situación de preconcurso que ha solventado, han retrasado el proyecto.

La Casa de León en Madrid acoge este miércoles, 3 de junio, a las 19.00 horas, la presentación pública de la convocatoria denominada Xuntanza pol bien común La Leonera, una iniciativa abierta a colectivos medioambientales y ciudadanía comprometida con la defensa del patrimonio natural leonés y que servirá para dar a conocer los objetivos de esta iniciativa y animar a la participación ciudadana.

Serán sus promotores, Ignacio y Javier Morán, a la sazón miembros de la Junta Directiva de la Casa de León en Madrid, los encargados de realizar la presentación de esta novedosa iniciativa.

El sábado 13 de junio, desde las 11.00 horas, tendrá lugar en El Corral de Castrillo de Cepeda (municipio de Villamejil), el acto principal para dar a conocer una propuesta que nace con el objetivo de reunir fuerzas, compartir luchas y establecer alianzas frente a lo que considera como amenazas que afectan al territorio y al medio ambiente de la provincia de León a través de “un proceso creciente de expolio y desertificación”. Habrá ese día actividades sociales, culturales y participativas.

Impulsada por vecinas y vecinos sensibilizados con la protección del entorno natural, y con el apoyo de la Coordinadora de León, esta Xuntanza pretende ser un espacio de encuentro para poner en común problemáticas y estrategias relacionadas con la expansión de proyectos de biomasa y biogás, macroparques solares y eólicos, así como la explotación de recursos hídricos y otros procesos de degradación ambiental.

Los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios forestales están llamados a concentrarse el próximo miércoles, 10 de junio, ante las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León para denunciar la situación que, según CCOO, atraviesa el dispositivo autonómico a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

Las protestas se celebrarán en todas las provincias de la Comunidad excepto Valladolid, donde la movilización tendrá lugar el día 11, víspera del comienzo oficial de la campaña estival.

El sindicato sostiene que el operativo llega al verano con graves problemas de organización, falta de personal y recursos insuficientes para afrontar una temporada que se prevé complicada por la acumulación de vegetación en los montes y las elevadas temperaturas registradas ya en las últimas semanas.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en Valladolid, el coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, aseguró que existe un “malestar general” entre los distintos colectivos que integran el operativo y denunció que numerosos trabajadores todavía desconocen sus calendarios de guardias pese a que estos deberían haberse aprobado el pasado 15 de mayo.

Según el sindicato, la situación afecta a agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

CCOO considera que el dispositivo se encuentra sostenido sobre “pies de barro” por problemas estructurales que arrastra desde hace años y por la falta de desarrollo de aspectos normativos fundamentales para su funcionamiento.

Especialmente crítico se mostró el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, quien calificó la situación de “caos absoluto” y aseguró que la organización actual de los recursos es incluso peor que la existente durante la pasada campaña.

El sindicato sostiene que en algunas provincias la disponibilidad de medios ronda actualmente el 30% y acusa a la Consejería de Medio Ambiente de no haber adaptado adecuadamente el operativo a un escenario que ya apuntaba a un elevado riesgo de incendios.

Las críticas llegan además en un contexto especialmente sensible para Castilla y León tras los grandes incendios sufridos en los últimos años. González llegó a advertir de que la situación actual guarda similitudes con la existente en Zamora durante 2022, cuando se produjeron algunos de los peores incendios de la historia reciente de la Comunidad.

Entre las denuncias planteadas por CCOO figuran también la falta de adaptación a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de efectivos, diferencias laborales entre trabajadores públicos y personal de empresas contratadas por la Administración, jornadas que pueden prolongarse durante más de veinte horas y la incorporación de personal que, según el sindicato, no dispone de formación suficiente para tareas de extinción.

La organización sindical mantiene además una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no descarta nuevas movilizaciones durante las próximas semanas.

A juicio de CCOO, el futuro responsable autonómico de Medio Ambiente heredará un operativo que requiere cambios urgentes, entre ellos la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales, el refuerzo de las plantillas y una reorganización profunda de un sistema que considera obsoleto.

Una nueva polémica, de un calado muy diferente a los habituales, como por ejemplo los de carácter medioambiental, se cierne sobre las obras preparatorias del proyecto de la llamada Red de Calor que ejecuta desde hace meses la Junta de Castilla y León junto al cementerio de León. Se trata de la zona elegida por la empresa pública Somacyl para comenzar a desarrollar la macroplanta de incineración de combustible vegetal, que se completará con otra de nitrógeno y una planta de placas solares en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.

Desde finales del año pasado, y por un valor de 7,6 millones de euros, en una gran superficie de 23,8 hectáreas llevan trabajando las máquinas de la unión temporal de empresas (UTE) que se alzó con ese contrato inicial y preparatorio, una UTE denominada 'Red de Calor León' que conforman las empresas Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras.

En espera de los dos millonarios proyectos que acaban de licitar a mayores la empresa pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente para construir la obra civil completa que levante todo el complejo energético previsto, que suman otros 62 millones de euros a mayores, estas compañías llevan meses realizando movimientos de tierras, desmontes, varios kilómetros de caminos, zonas de acopio de material, e incluso dotando ya a la zona de servicios de canalización subterránea iniciales.

El Soto de Santa Olaja, que es como se denomina el emplazamiento para el complejo energético de la Red de Calor, forma un gran triángulo delimitado por uno de sus lados por el cementerio municipal de la capital leonesa, con el que lindará en concreto la central de biomasa, así como por los ríos Bernesga y Torío y la Ronda Sur de León LE-30.

ILEÓN ha podido comprobar a través de varias imágenes que en una de las zonas de movimientos de tierras han aparecido varios restos de material funerario. En un montículo con abundante material se aprecia por ejemplo una pesada cruz de piedra que se encuentra completa. Pero no es el único resto que parece proceder del camposanto municipal de la ciudad: En la zona se aprecian restos de lápidas, algunas muy fracturadas pero otras más completas y reconocibles. También asoman piedras labradas de sepulturas e incluso de panteones. Todo ello forma un conjunto elevado en una zona de desnivel pronunciado.

Por el emplazamiento donde se encuentra esta zona, el lugar coincide sin lugar a dudas con una zona de trabajo de las empresas contratadas por la Junta a través Somacyl, está dentro de la zona de obra acotada. Pero lo que no se puede apreciar sobre el terreno es si la acumulación de todo este material tanatorio era algo presente en ese punto de manera previa a la contratación e inicio de los trabajos a la UTE Red de Calor León o si ha sido fruto de las labores de las compañías contratadas por Somacyl.

Los ecos del talado masivo de árboles

Este nuevo escándalo se suma al que ha adquirido gran repercusión la semana pasada al desvelarse el talado masivo de árboles en el entorno del cauce del río Torío. Se trata de la zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir una pasarela sobre el río por la que discurrirán los grandes tubos de transporte de calor desde la macroplanta de incineración de biomasa forestal de la Red de Calor hacia el subsuelo de los barios de la ciudad a los que llegará toda la canalización subterránea prevista, de casi 30 kilómetros sólo en la primera fase.

Ese gran desbroce y tala de ejemplares valiosos se extiende prácticamente en 1.000 metros cuadrados, según recoge la documentación oficial del proyecto y en concreto la evaluación de impacto ambiental, un informe finalmente favorable que la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta se otorgó a sí misma hace un año, ya que quien lo ejecuta, Somacyl, también pertenece a la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Vallado y corte de la senda peatonal

Apenas dos días después de saltar el escándalo, que ha producido ya numerosas voces críticas que se han sumado a las habituales de los vecinos de las asociaciones de los barrios más próximos a la Red de Calor, Puente Castro y La Lastra, la empresa ya ha comenzado a preparar el inminente vallado de la zona. Un amplio vallado (montaje en la foto superior) que impedirá pronto el paso de cualquier persona ajena a la obra por las inmediaciones de este futuro punto de paso de río Torío, donde se construirá la pasarela de 82 metros de largo y 5,90 de ancho, y que obligará a dar un amplio rodeo a los miles de paseantes y ciclistas que utilizan la senda peatonal de La Lastra, entre La Candamia y la plaza de toros de la ciudad.

El naturalista y ecologista Luis Miguel Domínguez, presidente de la asociación 'Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural', cree que el lobo salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) por una “triquiñuela” y advierte de que, pese a ello, la jurisprudencia derivada de cuatro años de protección dificulta su caza.

Domínguez asegura, en una entrevista con EFE, que algunas comunidades autónomas, como Cantabria, Asturias o La Rioja, “van a tener un problema muy serio a la hora de justificar cada lobo que maten”, porque la jurisprudencia muestra “un rastro bestial de sentencias a favor del lobo y en contra de su caza”.

“Que sepan con claridad las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox que, si se van a dedicar al control de población del lobo, se pueden encontrar incurriendo en un problema muy serio, en un delito que es prevaricación”, advierte. A su juicio, ante esta situación, las comunidades autónomas “han frenado”.

Domínguez sostiene que “la estrategia de bulos, mentiras y desinformación lleva acosando al lobo toda la vida”, y cuestiona que el debate sobre la protección de este animal derive siempre en una reflexión sobre la ganadería.

“Es el primer error que hay que rectificar”, subraya. “El tema de la ganadería debe salir inmediatamente de la mesa del lobo”. En su opinión, proteger a una especie implica “cuestiones y consideraciones de carácter moral, de carácter ético y de carácter científico y nada tienen que ver con los intereses de un determinado sector, como es el sector ganadero”.

Para evitar la extinción del lobo ibérico “no podemos matar ni un solo lobo”, porque “cada lobo muerto es una oportunidad perdida para que la especie se salve”, asegura el autor de 'Lobo. Historia, ciencia y conciencia' (Erasmus).

Según Domínguez, el lobo entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) “con el apoyo de millones de españoles”, y salió de él mediante “una triquiñuela”.

“Nos colaron una Ley de Desperdicio Animal y sacaron al lobo del Lesrpe. Así, en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja se ha abierto la posibilidad de eliminar ejemplares de la especie por ataques al ganado”, explica.

A su juicio, los partidos de la derecha se están dando cuenta ahora de que han cometido “un error terrible”, ya que “no estimaron la cantidad de jurisprudencia que se dio en todo este proceso, durante los cuatro años de protección del lobo, donde la caza estaba prohibida”.

“Ahora es (esa jurisprudencia) la que les prohíbe matar lobos”, recalca.

Domínguez recuerda que se acerca el fin del plazo para presentar alegaciones al informe sexenal sobre el lobo y la protección de la especie que el Gobierno debe remitir a la Unión Europa (UE).

El censo español actual del lobo contabiliza 333 manadas (de entre dos y seis ejemplares, aunque pueden ser más), una cifra que está lejos de las 500 que los científicos establecen para mantener la especie. 

La guerra de Oriente Medio, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y la tensión bélica han irrumpido este viernes en uno de los miradores naturales sobre la ciudad de León. Lo ha hecho de la mano del artista urbano anónimo, conocido hace años con el apodo de Jadama, un controvertido creador leonés que desde hace años convierte glorietas, descampados y espacios periféricos en escenarios de un arte efímero tan provocador como incómodo.

Su nueva pieza, instalada en la zona de Las Lomas, entre los límites de los municipios de León, Villaquilambre y Valdefresno, vuelve a recurrir a la sexualidad explícita y en este caso a una gran simbología política para lanzar un mensaje que no necesita mucha interpretación. La escultura, bautizada como 'El sueño de Israel', apareció colocada durante la madrugada en uno de los altos que sirven de balcón natural hacia la capital leonesa y que frecuentan senderistas, ciclistas y curiosos.

La intervención presenta una gran composición. En ella se distingue un pene monumental -un recurso bastante habitual en el también conocido como ‘Banksy’ leonés, porque supuestamente nadie conoce su identidad real. El tronco del miembro aparece recubierto con banderas del estado de Israel y el glande se decora con la de Estados Unidos. Los testículos aparecen decorados con esvásticas nazis, mientras que el intento de la penetración se representa entre unas nalgas cubiertas con banderas de Palestina e Irán. En el pubis figura también el emblema amarillo de Hezbolá.

La pieza introduce de lleno en León el debate internacional sobre la ofensiva israelí en Gaza, denunciada por numerosos organismos humanitarios y por una creciente parte de la opinión pública internacional como una acción de exterminio contra la población palestina. El autor, sin embargo, evita concretar el significado cerrado de la obra, dejándole como siempre la impresión última a quien lo quiera contemplar.

El creador vuelve así a activar el mecanismo que ya ha acompañado a todas sus intervenciones anteriores: la aparición inesperada, la viralidad en redes y el debate ciudadano entre quienes consideran sus piezas una forma de crítica política y quienes las ven como una simple provocación obscena.

Jadama se había dado a conocer en León por instalaciones efímeras de gran formato que nunca dejaban indiferente. Entre las más recordadas figuran ratas apareándose colocadas en una glorieta del Parque Tecnológico, una vulva gigante en el campus de Vegazana o un pene instalado junto al Hospital de León. Todas acabaron siendo retiradas en cuestión de pocas horas. Y no consta que hasta ahora se le haya identificado ni multado por sus provocativas creaciones, aunque en realdad no es tan difícil dar con él, como hizo ILEÓN hace escasos años.

UGT ha denunciado este viernes 29 de mayo la situación actual del operativo de incendios de Castilla y León y, concretamente, de la provincia leonesa. A las puertas del verano, los representantes sindicales alertan de que, no solo la situación meteorológica es peligrosamente similar a la del año 2025 (cuando ardieron en León 135.000 hectáreas tras una letal oleada de incendios forestales), sino que además, las condiciones del personal del operativo son mucho peores.

El vicesecretario de la sección autonómica de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha alertado de que con una primavera tan lluviosa como la que ha pasado la provincia de León, seguida del calor de los últimos días, todo apunta a que la dramática situación medioambiental del año pasado se podrá repetir. Si el año pasado se hablaba de incendios de sexta generación, el sindicato alerta de que este verano pueden llegar a ser de séptima. A todo ello se suma el hecho de que los agentes forestales no han sido formados todavía, por lo que ni siquiera se han podido llevar a cabo las limpiezas de los montes.

La situación, ya de por sí preocupante, empeora mucho más después del órdago conocido los últimos días por parte de las empresas privadas que integran el operativo de la Junta de Castilla y León, que anunciaron que no participarían en esta campaña. En concreto, para la provincia de León supone que la mitad de las 22 brigadas de tierra no estarán operativas, en caso de ser necesarias: “Las empresas dedicadas a esto han advertido que no se cumplía con la prevención de riesgos laborales y que no pueden asumir esos costes”, ha explicado Arenas, quien lamenta: “Si fueran empresas públicas el sistema estaría mucho mejor servido”.

A esta situación se suma la carencia de agentes medioambientales de la provincia de León, donde apenas hay movilizados 160 para 15.600 kilómetros cuadrados, según ha informado el agente forestal Alfonso Vallecillo. Además, esta temporada coincide con numerosas bajas del personal, lo que va a provocar que los que queden asuman una sobrecarga de guardias.

Tal y como sucedió la temporada pasada, varias torres de vigilancia se encuentran fuera de servicio. En concreto, Vallecillo ha informado de que son dos las que están cerradas por deficiencias estructurales (una es “inaccesible” y en otra se ha caído el tejado) y ya no hay tiempo para rehabilitarlos y que estén en funcionamiento durante el verano. También se mantienen los problemas de comunicación que lastraron gravemente el trabajo del operativo la temporada pasada: “Hemos tenido problemas de comunicación en el mismo incendio de un sector con otro, no podíamos hablar. ¿Por qué? Porque utilizamos tecnología del siglo XX”, denuncia Vallecillo.

Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, ha recordado que los dos helicópteros de refuerzo anunciados por la Junta para la provincia de León tampoco estarán disponibles este verano, ya que los contratos han quedado desiertos.

“Denunciamos la apatía y el desinterés de un Gobierno autonómico que ni siquiera tenemos”, critica Pérez Urueña, en alusión al Gobierno autonómico que aún se encuentra en funciones. “Tendríamos que tener un interlocutor, pero para eso tendríamos que saber quién será el consejero de Medio Ambiente. Estamos a merced de un milagro. Seguimos esperando una respuesta”, alerta Pérez Urueña.

La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Tras casi medio año, la Junta de Castilla y León ha tenido que admitir que no podrá cumplir su compromiso de que este verano de 2026 la provincia de León, la que más rescates de emergencia en montaña suma de toda la Comunidad, pudiera contar por fin con su propio helicóptero y sus propios rescatadores.

Así se asume hoy tras conocerse que el Gobierno autonómico acaba de aprobar un segundo intento de licitar este proyecto, cifrado en 2,5 millones, después de que el anterior intento en iguales condiciones que se puso en marcha a principios de este año haya resultado desierto, sin empresas interesadas en el contrato.

Los términos apenas cambian. La cuantía sigue siendo la misma, 2.497.278 euros, y la aeronave igualmente operará desde la base leonesa de Sahechores de Rueda, pudiendo intervenir desde allí en cualquier punto de Castilla y León, así como de manera puntual en comunidades autónomas limítrofes cuando sea requerido.

Las bases repiten también las condiciones de que el helicóptero contará con motor biturbina, tren de aterrizaje tipo esquí, capacidad para ocho plazas además del piloto, grúa de rescate, dos camillas y sistemas de comunicación específicos para emergencias. El equipo de rescate, que se incluye en la licitación, estará integrado por piloto, operador de grúa, médico, enfermero-rescatador y segundo rescatador, con presencia física permanente en la base y capacidad de activación todos los días del año.

El contrato será por un año de duración y, de haber tenido éxito el primer intento, debería haber tenido todo el nuevo operativo disponible y a pleno rendimiento desde este mismo mes de mayo de 2026 hasta abril de 2027. Pero por los plazos, ya es evidente que este verano no será todavía posible disponer de este aumento de la protección ante rescates de montaña o emergencias sanitarias extraordinarias.

De este modo,  la Consejería de Medio Ambiente que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones ha intentado, de momento sin éxito, sumar un nuevo helicóptero y equipo a la única aeronave de rescate de que se dispone hasta ahora en toda la Comunidad, con base en Alcazarén (Valladolid), en un contexto en el que las intervenciones se han multiplicado por cinco en los últimos años, siendo las más numerosas (casi el 60%) rescates de montaña, con León a la cabeza junto a Ávila, según argumentaba hace meses la propia Junta.

De las 40 intervenciones registradas en 2018 se pasó a 188 en 2024, y a 145 en 2025. Casi el 60% de los rescates se realizan en montaña y, en la mayoría de los casos, los afectados presentan lesiones traumáticas. Más de la mitad de las intervenciones requieren además atención sanitaria inmediata, lo que llevó a la Junta a reforzar la medicalización de los rescates, incorporando un médico a bordo del nuevo helicóptero.

La Casa de la Cultura de La Robla acoge este viernes, 29 de mayo, la inauguración oficial de La Ruta de la Bestia, un recorrido literario y cultural inspirado en la novela Amar a la bestia, de la escritora natural del municipio leonés Nohelia Alfonso. El acto, programado para las 18.00 horas, está abierto al público.

Trasladar al mundo real la atmósfera de la novela hasta el punto de permitir a lectores y visitantes recorrer algunos de los escenarios y paisajes que evocan el universo de la obra es el objetivo de la puesta en marcha de la ruta. El itinerario combina naturaleza, literatura y patrimonio local en una propuesta que acaba uniendo cultura y turismo en el municipio.

Especialmente pensado para sumergir a los participantes en el ambiente de la trama de Amar a la bestia, el itinerario podrá seguirse a través de Wikiloc y unos QRs colocados en distintos puntos de la localidad. La obra, que narra una historia sobre la identidad, la memoria, el olvido y las relaciones tóxicas, ha enganchado a los lectores por su mezcla de misterio, simbolismo y emoción.

La inauguración de la ruta servirá también para presentar oficialmente el proyecto, concebido como un atractivo tanto para los lectores como para aficionados al senderismo y a las propuestas culturales innovadoras. Y la actividad, desarrollada sin financiación por el profesorado y el alumnado del IES (Instituto de Educación Secundaria) Ramiro II dentro de un proyecto de innovación educativa concedido por la Junta de Castilla y León, cuenta para su desarrollo co la colaboración del Ayuntamiento de La Robla y el CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) Virgen del Buen Suceso.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dejado a León fuera del reparto provisional de ayudas destinadas a redes urbanas de calor y frío renovables. Se trata de un amplio listado en el que se asignan a nivel nacional 50 millones de euros para fomentar un total de 37 proyectos de redes de calor y frío, con inyección económica proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y del que el único proyecto planteado en la provincia leonesa ha sido denegado.

La propuesta de resolución provisional suma diez proyectos aprobados en la Comunidad, para una potencia energética conjunta de 98,4 megavatios, con el 'riego de 10,6 millones de euros. Pero la provincia de León no obtiene ninguno. Es importante aclarar que no se trata de la llamada Red de Calor que impulsa la Junta de Castilla y León a través de Somacyl, con total apoyo del Ayuntamiento de la ciudad: se trata en realidad de una iniciativa privada, desconocida públicamente hasta ahora, cuyo nombre es exactamente “Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Leoniomasa de la Red de Calor de León'. Esta iniciativa ha resultado inadmitida por el Ministerio aduciendo un aparente tecnicismo, un defecto documental.

En cambio, el gran y controvertido proyecto público de la Junta, que la sociedad Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente acaba de impulsar con una licitación por un valor de 62 millones de euros para la primera fase de todo el complejo, sigue su propio curso en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal. En su caso la Junta sí detalla que dispondrá de fondos públicos estatales y europeos, a través de los fondos para la Transición Justa de las antiguas cuencas mineras, algo que también ha sido duramente criticado por no ser la ciudad ni por asomo una zona afectada por la traumática clausura de minas y centrales térmicas. En concreto, ILEÓN ya publicó que la inyección se cifra en 22 millones de euros, casi un tercio del coste inicial para arrancar, según la cuantía de las licitaciones.

Sin embargo, la nueva iniciativa privada ha recibido el 'no' de subvención del Ministerio con el argumento oficial de que la compañía solicitante “no aportó el certificado de resguardo de garantía exigido en la convocatoria”. De ahí que el expediente figure como inadmitido por un tecnicismo administrativo, lo que impide que pueda optar a los fondos europeos del programa Renored impulsado por el IDAE. En ningún momento se da a conocer la cuantía de ayuda económica que se había pedido para este caso privado.

El reparto de los que sí

El listado provisional difundido por el Ministerio recoge un total de doce proyectos presentados en Castilla y León. De ellos, diez han sido aprobados y dos inadmitidos. Además del caso leonés, también ha sido rechazado el proyecto Red de Calor con biomasa en Aspanias Burgos, en Alfoz de Quintanadueñas (Burgos), en su caso por no presentar la documentación de subsanación requerida.

Sin embargo, la provincia burgalesa concentra el mayor volumen de ayudas aprobadas en la Comunidad. La capital recibirá 1.445.360 euros para el proyecto ‘Burgos ampliación central’ y otros 2.366.703,73 euros para ‘Burgos ampliación red’. Además, Aranda de Duero contará con dos actuaciones subvencionadas: 1.128.274,60 euros para la ampliación de su red de calor y 601.037,11 euros para una ampliación de central de generación renovable con biomasa.

Palencia suma dos expedientes aprobados. El primero, para la ampliación de la red de distribución de calor de la capital palentina, que recibirá 299.797,99 euros; y el segundo, denominado ‘Red de calor y frío renovable-Palencia’, con una ayuda de 607.152,52 euros.

También ha sido aprobada una ampliación de red de distribución de calor en Ávila, con una subvención propuesta de 954.616,33 euros. En Salamanca, el proyecto ‘Hefesto Villares’, ubicado en Villares de la Reina, recibirá 431.188,85 euros.

La provincia de Soria incorpora dos actuaciones subvencionadas. Por un lado, la ampliación de la red de calor de Soria capital obtendrá 1.268.675,42 euros. Por otro, el proyecto ‘Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Ólvega’ contará con 1.558.508,05 euros.

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NOTA DE RECTIFICACIÓN. En la versión inicial de esta noticia, de fecha 27 de mayo, se dio por hecho, a causa de un error de interpretación, que el proyecto cuya subvención europea rechazaba el Ministerio era el de la Red de Calor de la Junta de Castilla y León. El consejero portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado el jueves 28 del mismo mes que se trata en realidad de dos proyectos distintos.

La asociación Naturzamora y el partido UPL han denunciado el deterioro ambiental de la Salina Grande de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, en la que han proliferado las algas, lo que puede suponer un riesgo para las aves de la zona.

Debido a la situación, la UPL ha registrado una serie de preguntas en las Cortes de Castilla y León y ha presentado un escrito de denuncia ante el Ayuntamiento de Villafáfila en el que alerta de la situación, según ha informado la formación leonesista en un comunicado.

La proliferación masiva de algas en la que es la principal laguna de la reserva de Villafáfila se ha detectado en los dos últimos años junto a un incremento de nutrientes en el agua, lo que podría afectar negativamente a distintas especies de aves protegidas y a su reproducción.

Naturzamora y UPL han apuntado a que la posible causa de esa proliferación pueda estar en el funcionamiento deficiente de la estación depuradora de aguas residuales de Villafáfila.

Han alertado de que ese hecho, junto al progresivo proceso de colmatación por sedimentos en distintas zonas del humedal, podría recudir la capacidad hidráulica de las lagunas y afectar al equilibrio ecológico en la Salina Grande.

Ante la posible relación entre estas circunstancias y el deterioro medioambiental de ese espacio natural, UPL ha reclamado en su denuncia que se realice una evaluación técnica de la situación y que, en el caso de confirmarse las deficiencias, se adopten las medidas correctoras necesarias de forma urgente.

Por otra parte, en la batería de preguntas en las Cortes autonómicas, UPL ha preguntado también por ese deterioro ambiental y ha pedido conocer si la Junta de Castilla y León es conocedora de ello y si ha realizado un análisis oficial para determinar el origen de los nitratos.

Del mismo modo, ha querido saber el estado de la depuradora de aguas residuales de Villafáfila, las inspecciones técnicas que ha realizado en ella Somacyl o la Junta de Castilla y León y si se ha producido algún vertido.

También ha preguntado por si existe algún plan de restauración de las islas construidas hace treinta años en las lagunas de Villafáfila o algún plan para mitigar la colmatación por sedimentos, además de interrogar sobre las inversiones públicas en la reserva natural de las lagunas de Villafáfila.

Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Congreso de los Diputados acoge la presentación oficial de la Lista Roja Nacional de España, una evaluación que recoge el riesgo extinción de más 1 500 especies.

El acto, organizado por AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) con la colaboración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) - con el Comité Español de UICN y el Centro de Cooperación del Mediterráneo (UICN Med) - ha reunido a más de 80 especialistas de organismos científicos, responsables políticos y gestores de fauna para debatir los desafíos de extinción y las estrategias de conservación en cautividad y en libertad.

Esta Lista Roja Nacional ha sido elaborada por el Grupo de Especialistas de Especies de España, constituido en febrero de 2024, y representa una de las primeras iniciativas de este tipo a nivel nacional dentro de la Comisión para la Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN.

El proceso ha recibido el apoyo técnico del Comité Español de la UICN y de UICN Med, así como el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la inauguración del evento ha participado Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, reflejando el compromiso tanto del Gobierno español como de la comunidad científica internacional con la protección de la biodiversidad en España.

Especies emblemáticas de la península ibérica como la tortuga mora, la ranita de San Antón, el desmán ibérico y el angelote son de las más amenazadas para su extinción

“La Lista Roja de la UICN es la herramienta más importante que guía la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Si bien a escala global las Listas Rojas siempre han servido para determinar si una especie está amenazada o no, las evaluaciones científicas rigurosas a escala nacional son fundamentales para fundamentar políticas públicas eficaces y movilizar recursos donde más se necesitan. La Lista Roja de España es un ejemplo de cómo la ciencia puede traducirse en acciones concretas para proteger el patrimonio natural”, ha destacado Menon.

El encuentro ha reunido a las principales sociedades científicas españolas de conservación –Asociación Herpetológica Española, Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, Sociedad Ibérica de Ictiología, Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, y especialistas en tiburones, rayas y quimeras–.

Además, se han presentado proyectos de conservación ex situ e in situ de instituciones zoológicas de referencia como el Zoo de Barcelona, el Acuario de Zaragoza, el Zoo Botánico de Jerez, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el BIOPARC Acuario de Gijón, el Acuario Poema del Mar, el Parque Selwo y Loro Parque Fundación.

Riesgo de extinción, reto de conservación

Especies emblemáticas como la tortuga mora (Testudo graeca), la ranita de San Antón (Hyla molleri), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y el angelote (Squatina squatina) han constituido el eje de las presentaciones de hoy. Cada una representa un reto específico: pérdida de hábitat, contaminación, captura accidental en artes de pesca, o colisión con infraestructuras eléctricas.

Junto a los diagnósticos científicos, se han presentado ejemplos de intervención exitosa: la cría en cautividad del topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), el programa de conservación del salmón atlántico (Salmo salar) y el proyecto de conservación in situ-ex situ del oso pardo.

“La conservación de la biodiversidad es uno de los grandes retos del siglo XXI y esta Lista Roja Nacional, que AIZA ha impulsado en colaboración con IUCN, va a ser clave para preservar las especies más amenazadas de España en el futuro”, ha declarado Javier Almunia, presidente de AIZA.

Lista Roja Nacional

La Lista Roja permite identificar el riesgo de extinción de las especies. Ello ayuda a definir cuáles son las prioridades de conservación y diseñar estrategias de intervención. La Lista Roja Nacional aplica las metodologías reconocidas internacionalmente, desarrolladas por la UICN, adaptadas a la realidad ecológica y territorial de cada país evaluando especies nativas terrestres, marinas y de agua dulce, clasificándolas según su nivel de amenaza.

En España se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas, cifra que representa el 54 % de las especies que habitan en Europa y aproximadamente el 5 % de las especies conocidas a escala mundial. Esta elevada riqueza de biodiversidad sitúa a España como uno de los países con mayor diversidad biológica del continente.

En esta primera fase de la Lista Roja Nacional se ha incluido la evaluación de 1.580 especies de estos grupos, de las cuales 428 están clasificadas como amenazadas según los criterios de Lista Roja de UICN.

Se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas, el 54 % de las especies que habitan en Europa y aproximadamente el 5 % de las especies a escala mundial

“La Lista Roja debe entenderse como una herramienta dinámica de conocimiento y gestión. Continuamente se incorporan nuevas evaluaciones y se actualiza la información disponible para mejorar nuestra comprensión sobre el estado de conservación de las especies y orientar mejor las prioridades de conservación”, comenta Luis Santiago Cano-Alonso, coordinador del Grupo de Especialistas de Especies de España.

La jornada de hoy ha buscado trascender el diagnóstico para abrir el diálogo sobre cómo hacer operativa la conservación: desde la investigación básica hasta la intervención directa en poblaciones silvestres, pasando por programas de cría en cautividad que generan aprendizaje científico y mantienen depósitos genéticos.

Los proyectos presentados demuestran que las instituciones españolas cuentan con la experiencia y la determinación necesarias para revertir tendencias de extinción, pero requieren un marco político y presupuestario que respalde esos esfuerzos.

Castilla y León afronta el inicio del verano con un operativo de incendios forestales “sin refuerzos ni mejoras” y con importantes carencias de personal y medios, según ha denunciado este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta además de la falta de trabajos preventivos en los montes tras un año especialmente grave para los incendios en España.

El sindicato sostiene que la Comunidad llega a la campaña de alto riesgo prácticamente “en el mismo punto que el pasado verano”, sin actuaciones suficientes de prevención y con un “déficit de personal crónico” que afecta tanto a las brigadas forestales como a otros servicios vinculados a la vigilancia y extinción.

CSIF advierte además de que no se han realizado durante el invierno trabajos básicos como limpieza de montes, apertura de cortafuegos o acondicionamiento de caminos y puntos de agua, lo que, a su juicio, deja al territorio “completamente expuesto” ante posibles grandes incendios.

Entre los principales problemas detectados en Castilla y León, el sindicato señala que la parte pública del operativo no se ha reforzado y que las bolsas de empleo están caducadas, una situación que obligará a cubrir vacantes con demandantes de empleo sin experiencia específica ni formación suficiente.

A eso suma la situación de la parte privada del dispositivo, donde CSIF denuncia que sigue sin reconocerse la categoría profesional de bombero forestal y que muchos procesos de selección se están desarrollando apenas dos semanas antes del inicio del periodo de máximo riesgo.

Según el sindicato, esto dificulta que los nuevos trabajadores conozcan adecuadamente el territorio y el funcionamiento de los operativos de extinción.

La organización también alerta del envejecimiento de las plantillas, de la falta de cobertura de jubilaciones y de la escasez de equipos de protección individual y de personal destinado a tareas preventivas.

Más de 16.000 hectáreas quemadas antes del verano en todo el país

CSIF considera especialmente preocupante la situación teniendo en cuenta que, según los datos que maneja el sindicato, en los cuatro primeros meses de 2026 ya se han registrado más de 2.600 incendios forestales en España que han arrasado más de 16.300 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

La organización teme que pueda repetirse un escenario similar al del pasado año, el peor de la última década en superficie quemada, con casi 8.200 incendios forestales y más de 354.000 hectáreas arrasadas en todo el país.

Por ello, reclama a las comunidades autónomas que refuercen de manera inmediata sus dispositivos de prevención y extinción para evitar “otro verano desastroso” marcado por los grandes incendios forestales.

El proyecto berciano Souto Vivo, desarrollado por la Asociación de Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera, ha sido elegido por el Gobierno de España para formar parte de la nueva campaña institucional sobre la Agenda 2030, una iniciativa estatal que busca poner rostro a experiencias reales de transformación social y ambiental desde el territorio.

La propuesta, centrada en la recuperación de los tradicionales soutos de castaños como herramienta de desarrollo rural sostenible, aparece integrada en la campaña “Horizonte 2030: Un país que se construye desde el bien común”, difundida en televisión, prensa y redes sociales a nivel nacional. Incorpora también una dimensión social vinculada al empleo femenino y la economía circular, dos de los aspectos que el Ministerio ha querido destacar dentro de la campaña institucional.

La selección sitúa al Bierzo y la Cabrera como referencia dentro de las políticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), después de que Souto Vivo fuese escogido entre centenares de iniciativas presentadas desde distintos puntos del país.

El proyecto combina recuperación ambiental, conservación del paisaje y dinamización económica, utilizando los soutos tradicionales no solo como patrimonio natural, sino también como recurso capaz de generar empleo, fijar población y crear nuevas oportunidades en el medio rural.

Desde la ADR Bierzo-Cabrera consideran que este reconocimiento nacional supone un respaldo al trabajo desarrollado en ambas comarcas y al modelo impulsado desde el territorio. La entidad defiende, en nota de prensa, que la experiencia puede servir además como proyecto piloto exportable a otras zonas afectadas por la despoblación o el abandono rural.

La imagen promocional elegida muestra precisamente a varias trabajadoras del proyecto realizando labores en el entorno natural, una fotografía con la que se pretende simbolizar el papel del medio rural en la construcción de un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible.

La iniciativa está financiada por la Dirección General de Agenda 2030 y se ha consolidado en los últimos años como uno de los programas más relevantes impulsados por la ADR Bierzo-Cabrera en materia de biodiversidad, conservación ambiental y revitalización económica del territorio.

Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

El pasado verano sufrimos en el Bierzo una catástrofe medioambiental, humana y económica. Los terribles incendios que asolaron nuestra comarca durante cinco semanas nos hicieron vivir momentos de angustia extrema, de peligro real para personas y bienes que en varios casos acabó en tragedia: pérdida de vidas humanas, viviendas quemadas y nuestros montes calcinados. Los incendios de cuarta generación (generados por condiciones de sequía de larga duración, altísimas temperaturas y combustible continuo en los bosques) son una realidad ya en El Bierzo, como se venía avisando por especialistas desde hace varios años. 

Hay algunas dudas pero también hay muchas certezas, quizás la más importante es que se ha de gestionar el paisaje, creando una especie de mosaico que genere espacios de control para esos fuegos. Y eso exige una ingente labor de prevención en nuestros bosques y de cambios en nuestros hábitos de vida. Hace un año se comprometieron todos los esfuerzos personales y económicos para hacer frente a esta lacra. Casi un año más tarde no estamos mucho mejor.

Hoy, 18 de mayo de 2026, no están trabajando las cinco brigadas forestales que en el Bierzo han de realizar tratamientos selvícolas de prevención además de hacer frente a los incendios cuando se producen. Este dato, que es absolutamente cierto, es la prueba irrefutable de que no hemos estado a la altura. Las brigadas deberían llevar ya varios meses en nuestros bosques centradas en tratamientos de prevención. Para que eso ocurra, se debería haber avanzado en la previa redacción de los proyectos de esos trabajos y en la contratación de las brigadas.

La apuesta por la condición pública del operativo, que es la idónea, aplicada en una sola temporada está generando problemas evidentes, principalmente en la contratación del personal necesario por parte de TRAGSA. A ello se suma que no hay un relevo generacional en puestos claves del operativo de prevención y extinción como los conductores-operadores que manejan los bulldozer. ¿Quién va a manejar la maquinaria que adquiera la Diputación si no hay especialistas disponibles para ello?. En ese sentido, me ha llamado la atención el convenio firmado por la Diputación Provincial de Zamora con Somacyl, que podría hacerse también con TRAGSA, para el desbroce de la interfaz urbano-forestal.

Las brigadas Montel hacen un trabajo muy bueno pero debería duplicarse su presupuesto para poder realizar las franjas perimetrales que se necesitan y no una pequeña parte. En el Bierzo, hay 286 pedanías. ¿De verdad creen que con 16 operarios y operarias trabajando ocho meses se va a poder hacer una franja de protección en la interfaz urbano-forestal de todos nuestro pueblos?

La adquisición de nuevos medios aéreos que se incorporen al operativo significan una mejora en el operativo de extinción y se ha de agradecer, pero llegamos tarde al operativo de prevención. Invertir en prevención siempre es un ahorro si se tienen en cuenta los costes que generan los megaincendios. Y no es cuestión de hacer de ésto un enfrentamiento entre administraciones. Siempre podemos hacer más de lo que hacemos. Quienes menos recursos tienen, que son la inmensa mayoría de nuestros ayuntamientos, han de sentir el apoyo decidido de las administraciones superiores. El mecanismo de las BRIF se debería replicar en todas las comunidades autónomas. Llevará unos años estar a la altura de la profesionalidad de esas brigadas estatales pero si no empezamos ese trabajo, no llegaremos nunca.

Llegamos tarde a la prevención; pero que no nos pase que lleguemos tarde también a la extinción. Según el INFOCAL, la fecha de inicio de la época de peligro alto de incendios es el 12 de junio. Sería completamente imperdonable que ese día no tuviéramos el operativo activo.

Pongámonos todos a trabajar, a trabajar más. ¡¡¡Vamos muy tarde!!!

La Junta Vecinal de La Antigua critica que la Junta de Castilla y León se ha desentendido de la gestión de dos cigüeñas halladas muertas hace casi un mes en un nido localizado en la torre de la iglesia de la localidad perteneciente a la provincia de León.

El presidente de la Junta Vecinal de La Antigua, Héctor Segurado, ha informado de que hace días aparecieron las dos aves muertas en el que es “uno de los puntos más visibles y transitados del pueblo”. Ante la situación, la Junta Vecinal dio aviso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León el pasado 20 de abril.

Según afirma la administración local, la Junta respondió que las muertes podían deberse a la gripe aviar y que, argumentando una escasez de medios autonómicos, era la Junta Vecinal la que debía hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de las cigüeñas ya que, al encontrarse en la torre de la iglesia, es una altura para la que no tienen medios.

Según el plan de contingencia de la Junta de Castilla y León para combatir la gripe aviar, aprobado el pasado verano y vigente en la actualidad, es la Junta quien debe hacerse cargo del análisis de los cuerpos de las aves silvestres que hayan muerto en condiciones compatibles con esta enfermedad y acotar un radio de peligrosidad para que no se propague la gripe.

“Una Junta Vecinal pequeña, sin recursos técnicos, sin medios especializados y sin personal preparado para manipular animales posiblemente afectados por una enfermedad, debía hacerse cargo de una situación para la que claramente no tiene capacidad”, critica Segurado.

Este fin de semana el cuerpo en descomposición de una de las cigüeñas cayó desde la torre al tejado de la iglesia: “Resulta difícil entender que exista un control exhaustivo sobre explotaciones avícolas y aves de corral, mientras ante una posible situación relacionada con gripe aviar en pleno núcleo urbano la respuesta sea simplemente esperar o mirar hacia otro lado”, lamenta el presidente de la Junta Vecinal. “Los pueblos pequeños de León cada vez cuentan menos y que Castilla y León está fallando a gran parte de su mundo rural”, lamenta Segurado.

La Junta confirma que delega su retirada en el pueblo

En su réplica pública, la Delegación Territorial de la Junta, competente en medio ambiente -la cigüeña goza de protección- y sanidad animal, admite que no ha hecho nada sobre este caso porque “se encuentra a la espera de que la Junta Vecinal de La Antigua ponga a disposición de los servicios veterinarios los cadáveres”, efectivamente “situados en una zona de difícil acceso”. “Debido a la ubicación inaccesible de los nidos, los servicios veterinarios no pudieron acceder a los ejemplares y se indicó a la Junta Vecinal la necesidad de proceder a la bajada de los cadáveres para poder efectuar los análisis”, relata en un comunicado, coincidiendo así plenamente con la versión local.

Por último, la Junta “recuerda que la provincia de León se encuentra actualmente libre de gripe aviar y que únicamente mediante los análisis laboratoriales correspondientes puede determinarse el origen de la muerte de las aves”.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil de León la ejecución de obras vinculadas al proyecto de la macroplanta de incineración de biomasa y el resto de la llamada la Red de Calor de León al considerar que se están realizando “sin licitación ni adjudicación” previa.

La organización ecologista ha solicitado además al alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que dicte un decreto de paralización cautelar de los trabajos que está ejecutando la denominada “UTE Red de Calor” en la zona del barrio Puente Castro, junto al cementerio municipal, emplazamiento anunciado para esta macroinstalación energética.

La denuncia se dirige contra los responsables de la UTE, por unas actuaciones consistentes en movimientos de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga, en el Soto de Santa Olaja, así como desbroces en el cauce y la zona de policía del río Torío. 'Ecologistas' sostiene que, aunque la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras el pasado 8 de mayo, el proyecto “aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de Calor”. Algo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, máximo responsable político de Somacyl, anunció que podría producirse este lunes 18 de mayo. Para la organización, estas declaraciones evidencian que los trabajos actualmente en marcha carecerían todavía de cobertura administrativa suficiente porque, ni habiéndose siquiera licitado el contrato, según los carteles, la UTE ya está formada por las empresas Comsa, Inmeva y Hergonza.

Los trabajos denunciados afectan a terrenos protegidos urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbana de León, clasificados originalmente como suelo rústico con protección natural y especial. Ecologistas en Acción señala que dichos terrenos pasaron a ser urbanos consolidados tras la aprobación como Proyecto Regional del complejo industrial de la Red de Calor, una decisión publicada en el Bocyl el 18 de julio de 2025 y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León mediante un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución.

La organización también cuestiona la existencia de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para los desbroces realizados en la ribera del Torio y los trabajos en las zonas de policía de los ríos Torio y Bernesga. Asimismo, asegura no tener constancia de que el organismo de cuenca haya autorizado el vallado instalado en el entorno, que limita el tránsito de peatones y vehículos por un camino frecuentado por vecinos de La Lastra y Puente Castro.

En su denuncia, Ecologistas considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, al afectar a terrenos previamente protegidos y a espacios vinculados al dominio público hidráulico.

¿Hay informe de viabilidad económico-financiera?

Paralelamente, la organización ha registrado un escrito dirigido al alcalde, y remitido cartas a todos los grupos municipales, para reclamar que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que, según sostienen, debía justificar la concesión de la licencia de obras para la central de biomasa y los primeros kilómetros de la red de tuberías.

Ecologistas en Acción afirma que dicho estudio es “vinculante y obligatorio” antes de proceder a la licitación de las obras, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Entre las cuestiones que consideran sin aclarar figuran las previsiones de demanda, las tarifas y costes de enganche para los usuarios, la financiación del proyecto, los costes de explotación o el origen de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera que podría consumir la planta funcionando a pleno rendimiento.

También aseguran desconocer el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de tuberías de la red, cuyo proyecto, indican, “no se ha sometido a información pública”. A ello suman la ausencia, según denuncian, de un análisis de riesgos sobre el impacto económico que podría tener la iniciativa en las cuentas municipales.

La organización ecologista concluye calificando el proyecto de “contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa” y anuncia su apoyo a la concentración convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro contra la red de calor.

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un folleto desplegable de la serie denominada ‘Paseos botánicos’, a modo de guía divulgativa inspirada en el Fascination of Plants Day que, en esta ocasión, invita a descubrir la flora del Campus de Vegazana. Su objetivo es visibilizar la importancia de las plantas y combatir la ‘ceguera vegetal’, nombre con el que se designa a esa tendencia tan extendida de ignorar la vegetación cercana. El precio es de 2 euros y se puede adquirir pinchando aquí.

El folleto ha sido elaborado por el Área de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE, y los autores son: Raquel Alonso-Redondo, Sara del Río González, Ángel Penas Merino, Norma Yolanda Ochoa-Ramos, Alejandro González-Pérez, Giovanni Breogán Ferreiro-Lera, Aitor Álvarez-Santacoloma y María Hernández-Gordón

Se incluye una ruta con 36 especies de flora vascular, cada una acompañada de ilustración y una breve ficha con características morfológicas, floración, usos y curiosidades. Con formato desplegable y práctico, convierte un paseo cotidiano en una experiencia de aprendizaje, acercando la botánica al público general de forma amena y accesible.