La Junta de Castilla y León ha autorizado una modificación ambiental importante para la planta de LM Wind Power en Ponferrada, dedicada a la fabricación de palas para aerogeneradores, con una ampliación que permitirá incrementar en más de un 50% su capacidad actual de producción anual. La resolución, publicada este miércoles 13 de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), fija una capacidad total autorizada de 18.473.897 kilos de palas al año para las instalaciones ubicadas en el polígono industrial de La Llanada, en Santo Tomás de las Ollas.

La factoría berciana, uno de los principales referentes industriales vinculados al sector eólico en la comarca, continuará funcionando en régimen ininterrumpido durante las 24 horas del día. La nueva autorización ambiental ampliada revisa y adapta las condiciones de explotación de la planta, incluyendo aspectos relacionados con emisiones, consumo energético, residuos y control acústico.

Entre las novedades destacadas por la resolución figura la eliminación del uso de acetona como producto de limpieza de maquinaria, sustituida por otros agentes “sin pictogramas de peligro”, según recoge el expediente administrativo. La empresa asegura además disponer de una normativa interna que prohíbe el uso de sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción dentro de sus procesos productivos.

La actividad industrial mantiene, no obstante, un elevado consumo de recursos. La documentación aprobada refleja una demanda anual superior a los 10 millones de kilovatios hora de electricidad, más de 7 millones de kilovatios hora de gasóleo y un consumo de 11.429 metros cúbicos de agua al año. El expediente aclara que el agua no se emplea directamente en la fabricación de las palas, sino principalmente para usos sanitarios y tareas de limpieza.

“Irrelevantes” emisiones acústicas

En materia ambiental, la Junta considera “irrelevantes” las emisiones acústicas al exterior debido al aislamiento de los edificios y a la ubicación de la planta dentro de una zona industrial clasificada como “área ruidosa”. Aun así, la autorización obliga a cumplir límites máximos de 65 decibelios durante el día y 55 por la noche.

La resolución también recoge la importante generación de residuos derivados del proceso de fabricación, especialmente restos de fibra de vidrio y materiales plásticos procedentes de las operaciones de moldeo y desmoldeo. La estimación anual ronda las 4.000 toneladas.

El procedimiento de información pública de esta modificación sustancial se abrió en agosto de 2024 y, según consta en el expediente, no recibió alegaciones por parte de particulares ni colectivos. La autorización ambiental concede ahora un plazo máximo de cinco años para la puesta en marcha definitiva de la actividad conforme a las nuevas condiciones aprobadas.

El sindicato UGT alerta de que las provincias de Castilla y León no están, como la Junta prometió, mejor preparadas de cara al verano, en el que podrían reproducirse condiciones trágicas como las sufridas el pasado año en provincias como León.

Este miércoles, el secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Ureña, ha augurado un verano “catastrófico” en materia de incendios, ante una Junta de Castilla y León que, tras la situación vivida el año pasado en materia forestal, “no hace nada”. En rueda de prensa, ha explicado la situación actual del dispositivo autonómico de extinción de incendios forestales, junto a Enrique Sánchez, bombero, delegado de UGT SP Ávila; Francisco Javier García, responsable Federal de los Bomberos Forestales UGT SP Castilla y León; y Beatriz Llorente, secretaria general UGT SP Ávila.

Todos ellos han coincidido en señalar que el dispositivo actual se mantiene en los mismos parámetros del verano pasado, al tiempo que han denunciado el hecho de que el Gobierno autonómico sea el único que está incumpliendo la normativa estatal para reconocer la categoría profesional de los bomberos forestales, a pesar de sus reiteradas promesas cuando aún ardían los peores siniestros.

“Todas las comunidades están haciendo los deberes, de mejor o peor manera”, ha señalado García, antes de lamentar que Castilla y León sea, en este sentido, “el paradigma del no cumplimiento” de la Ley Básica de Bomberos Forestales.

En este contexto, ha pedido que el nuevo Gobierno autonómico “se ponga las pilas”, teniendo en cuenta que este verano puede ser “terrible” en materia de incendios forestales, ya que a su juicio, la comunidad está “igual o peor que en 2025”.

Ayer mismo, en Zamora, el propio Arenas denunciaba que el 30% de los puestos de trabajo del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León está sin cubrir a día de hoy y hay menos personal que hace un año, el peor de la historia de todas las provincias de la Comunidad. Por no haber, denuncian que ni siquiera se han ampliado las plantillas en virtud del acuerdo alcanzado en 2022 a través de la Mesa del Diálogo Social para apostar por un operativo público.

“Estamos dependiendo de que la naturaleza no provoque un incendio, porque irán -a sofocarlo- los mismos -medios- que hace cuatro años”, ha sostenido Tomás Pérez, después de recordar que durante el pasado invierno se han contabilizado en el conjunto de la Comunidad medio millar de incendios.

El Gobierno central da un nuevo paso de autorizaciones que podría ser el espaldarazo definitivo al desarrollo de la primera macroplanta de biogás, en concreto de biometano, a partir del tratamiento de residuos agroganaderos, de los muchos que hay diseñados en el sur de la provincia de León, en concreto en San Millán de los Caballeros.

En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el visto bueno que blinda la conexión al gran gasoducto que va desde Burgos a Asturias para facilitar así la futura macroplanta de biogás de San Millán de los Caballeros. El enganche, valorado en un presupuesto de 717.698,76 euros, correrá a cargo de Enagás SA y la macroplanta diseñada de la mano de la empresa  Biorig Energy San Millán-León SL, en virtud de un acuerdo entre ambas partes.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos previstos en el sur de León y que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León desde 2025, una vez que fueron rechazadas todas las alegaciones en contra de colectivos ecologistas. La futura planta de Biorig, según publica la propia compañía, costaría unos 35 millones de euros, generaría según sus cálculos unos 100 empleos durante la fase de construcción y 35 puestos entre directos e indirectos cuando ya funcione.

Se prevé allí el tratamiento inicial de 163.500 toneladas al año de residuos, principalmente purín de porcino -75.000 toneladas-, estiércol vacuno -45.000- y paja de maíz -29.500-. La empresa, sin embargo, eleva posteriormente la capacidad máxima prevista hasta las 198.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos. Se han diseñado en San Millán nueve digestores de 35 metros de diámetro y ocho de altura, con un volumen unitario de 6.400 metros cúbicos. La producción prevista asciende a 119 GWh anuales de biometano, equivalente al consumo de casi 21.000 hogares, estiman ellos mismos.

El definitivo paso adelante publicado consiste en la información favorable a la petición de Enagás de construir de un nuevo punto de conexión para inyección de biometano en el gasoducto Zamora-Benavente-León, integrado en la gran infraestructura gasista que enlaza Castilla y León con Asturias, una auténtica autopista’ de gas que lleva hasta Oviedo.

El terreno allanado

El informe de la CNMC, fechado el 22 de enero de 2026, y ahora el Ministerio, respalda la autorización administrativa, supone la aprobación del proyecto de ejecución de este enganche y la declaración de utilidad pública de las instalaciones proyectadas por Enagás en el término municipal de San Millán de los Caballeros, permitiendo así las expropiaciones necesarias, entre otras ventajas. En este caso, tan sólo afectaría a una pequeña finca de 625 metros cuadrados, actualmente de uso agrícola y de regadío.

La aprobación bendice así que la futura planta pueda inyectarse directamente en la red troncal de transporte de gas natural, en virtud del contrato firmado entre Biorig Energy San Millán-León y Enagás el 3 de diciembre de 2024. El organismo regulador considera que este tipo de conexiones permiten “descarbonizar el suministro de gas natural mediante su sustitución por gases renovables o hipocarbónicos”.

La nueva infraestructura proyectada incluye una nueva posición de conexión en la parcela 98 del polígono 619 de San Millán de los Caballeros, una estación de medida G-65 y distintos sistemas de control, odorización y análisis de calidad del gas. Y la planta a la que suministraría se ubicaría a entre cuatro y cinco kilómetros de localidades como el propio San Millán, Pobladura de Pelayo García, Laguna de Negrillos, Villamañán o Villademor de la Vega.

Una de las mayores plantas previstas en León

La conexión avalada ahora por el Gobierno está directamente vinculada a la macroplanta promovida por Biorig Energy San Millán, una instalación que prevé convertir residuos agroganaderos en biometano y que por las dimensiones dadas a conocer no sólo podría ser la primera de muchas en funcionar en la provincia leonesa sino también de las que más capacidad tendría para transformar residuos sobre todo ganaderos en biogás.

Biorig defiende que la instalación devolverá a la actividad agrícola de la comarca unas 211.000 toneladas anuales de fertilizante orgánico homologado por la normativa europea y asegura que contará con sistemas de impermeabilización, reutilización de agua y control de olores. Con tales cifras, hoy mismo el sindicato Asaja de León ha aplaudido públicamente no solo este proyecto concreto sino todas las plantas del mismo tipo que se prevén en la provincia.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes el “interés general” de la Red de Calor de León pese a la oposición de los vecinos al proyecto, por suponer “un gran ahorro” y tratarse de una energía sostenible como es la biomasa, la quema industrial de pellets.

El consejero ha respondido así pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de León de admitir a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro en contra de ese proyecto, entre duras críticas. Una decisión judicial en concreto planteada contra la falta de información del Ayuntamiento leonés por la concesión de la licencia de obra a la empresa pública autonómica Somacyl. Los vecinos ponen en duda la legalidad de los permisos municipales concedidos para construir la macroplanta de incineración de biomasa, la primera de las fábricas energéticas, así como la primera fase del sistema de tuberías subterráneas de la Red de Calor bajo unas 30 calles de la capital leonesa.

Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, ha apuntado que cuando se acometen grandes proyectos innovadores “siempre hay contradicciones desde el desconocimiento”, según atribuye. Sin embargo, añadió que por el contrario hay que destacar del proyecto “la modernidad y el ahorro a los vecinos” de la capital, añadiendo que se trata de un sistema que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Ha insistido en que el combustible que se obtiene es mucho más barato que el tradicional y ha detallado que su puesta en marcha supondrá la eliminación de entre 400 a 500 chimeneas en la ciudad, con una tecnología que se utiliza en el norte de Europa desde hace más de cien años.

Suárez-Quiñones ha trasladado la determinación del Gobierno autonómico de seguir trabajando para sacar adelante el proyecto, tal y como se hizo en Ponferrada, donde el consejero ha asegurado que también se han presentado varios contenciosos-administrativos, que se han ganado. Sin embargo, la realidad es que han sido varias las veces que los juzgados ordenan la paralización del funcionamiento de la Red de Calor ponferradina, cuestionando incluso su legalidad misma., y en caso muy parecido a León hasta cuestionando las licencias municipales otorgadas.

Por su parte, desde las asociaciones vecinales que han presentado el contencioso-administrativo contra el proyecto se ha destacado que este plan sigue el mismo camino que “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, que ha estado paralizada durante años por recursos judiciales.

Desde las asociaciones también se ha considerado que el proyecto es “obsoleto” e infringe la normativa ambiental y urbanística y llaman a toda la ciudadanía leonesa a seguir rechazando el mismo.

Cinco años después de que la Junta de Castilla y León 'rescatara' el fallido Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec) de la mano de la fundación forestal autonómica  Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado las instalaciones defendiendo que se han consolidado como uno de los principales referentes de investigación aplicada en biotecnología forestal y recursos naturales de España.

Según los datos hoy facilitados, el centro cuenta con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones distribuidas en tres plantas, tres laboratorios especializados y un equipo multidisciplinar formado por un personal de 17 personas “de muy alta cualificación en distintas especialidades científicas y técnicas”, explican en una nota de prensa.

Sus líneas de trabajo abarcan ámbitos estratégicos para Castilla y León como la biotecnología forestal, la sanidad vegetal, la conservación de la biodiversidad y la bioeconomía rural.

La cifra de inversión aireada en este período por la Junta, en concreto desde 2023, se eleva a 690.040 euros para el desarrollo de iniciativas de I+D+i ejecutadas desde este centro. Actuaciones que han permitido avanzar en proyectos relacionados con la biotecnología aplicada a las producciones forestales, la promoción de la castañicultura, la conservación del medio natural y la modernización de equipamientos científicos de última generación.

Algunas líneas de trabajo

Entre los resultados más destacados se encuentran el desarrollo de herramientas de detección molecular de patógenos forestales, protocolos de vigilancia fitosanitaria ya transferidos a la Administración autonómica y sistemas genéticos no invasivos para la identificación de especies emblemáticas como el lobo ibérico y el oso pardo cantábrico.

Asimismo, el centro desempeña un papel clave en el impulso del sector castañero de la Comunidad, ejerciendo la secretaría técnica de la Mesa del Castaño del Bierzo y de la Red Estatal del Castaño, además de promover parcelas demostrativas, acciones de transferencia tecnológica y encuentros internacionales especializados. El centro ha logrado producir el torymus sinensis, un pequeña avispa parasitoide de origen asiático utilizada como control biológico principal contra la avispilla del castaño, una lucha biológica contra esta enfermedad que comenzó teniendo que importar el parásito de Italia y que ahora se produce en este Centro.

La captación de más de un millón de euros de fondos europeos

La capacidad investigadora de Cesefor se ha visto reforzada recientemente con la captación de más de un millón de euros procedentes de financiación europea para el desarrollo de los proyectos LIFE Chestnutrap y Multicas. Ambas iniciativas tendrán un impacto directo en territorios como El Bierzo y la Sierra de la Culebra, impulsando modelos de gestión forestal sostenible, mitigación del cambio climático y valorización de los ecosistemas del castaño.

Durante la visita, el consejero ha destacado la importancia estratégica de este centro para consolidar a Castilla y León como referente en innovación forestal y bioeconomía, subrayando además la capacidad de Cesefor para transferir conocimiento científico al territorio, a los productores y a la propia Administración autonómica.

El centro participa además en otros proyectos de alcance autonómico, nacional e internacional relacionados con la detección de especies invasoras, la conservación de ecosistemas fluviales y la catalogación genética del castaño centenario, reforzando así el posicionamiento de Castilla y León en redes europeas de investigación aplicada al medio natural.

Una antigua carbonera tradicional de castaño se ha convertido estos días en una auténtica aula al aire libre para los estudiantes de Ingeniería Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE).

El alumnado de la asignatura de Ordenación de Montes visitó el entorno del Soto de Villar de los Barrios para conocer sobre el terreno distintas experiencias de gestión forestal sostenible y prevención de incendios, coincidiendo además con el encendido y la quema controlada de una carbonera tradicional.

La estructura permanecerá activa durante aproximadamente diez días y permite transformar lentamente la madera en carbón vegetal mediante una combustión controlada, una práctica ancestral ligada históricamente al aprovechamiento sostenible del monte.

La experiencia permitió a los estudiantes comprobar cómo técnicas tradicionales como las carboneras pueden contribuir también a la gestión moderna del territorio. Además de su valor etnográfico, este tipo de aprovechamientos ayudan a reducir biomasa forestal y disminuir la carga combustible del monte, uno de los factores clave en la propagación de grandes incendios forestales.

La actividad forma parte del proyecto ‘¿Puede el fuego ser nuestro mejor aliado para proteger el bosque y generar riqueza en el territorio?’, impulsado por Souto Vivo y ADR Bierzo-Cabrera con financiación de la Dirección General de Agenda 2030 y colaboración de la Asociación Bierzo Vivo.

Durante la jornada, los estudiantes también conocieron distintas actuaciones selvícolas orientadas a reducir la vulnerabilidad del territorio frente al fuego y analizaron el Plan Dasocrático del Grupo de Montes de Ponferrada, que coordina la gestión de más de 6.000 hectáreas forestales.

El investigador y docente Alfonso Fernández Manso destacó que la actividad permitió comprobar “cómo el manejo activo del territorio puede contribuir a proteger el bosque, reducir el riesgo de incendios forestales y, al mismo tiempo, generar recursos y oportunidades para el medio rural”.

La jornada se desarrolló en el entorno de Villar de los Barrios, distinguido como Bosque del Año 2022, uno de los espacios forestales más reconocidos del Bierzo.

La Asociación Protectora de Animales Sacrificio Cero León ha denunciado ante el Seprona y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la retirada reiterada de nidos de aves protegidas en la Casa de Cultura de Mozóndiga, localidad perteneciente al municipio de Chozas de Abajo.

La entidad asegura haber contabilizado alrededor de quince nidos destruidos de especies como aviones comunes, golondrinas y vencejos, aves urbanas protegidas cuya retirada está prohibida salvo autorización excepcional de Medio Ambiente y fuera del periodo de nidificación.

Según denuncia la asociación, los nidos habrían sido eliminados de manera sistemática en un edificio público municipal, algo que consideran especialmente grave porque, recuerdan, las administraciones tienen obligación de proteger este tipo de fauna urbana.

Las fotografías aportadas junto a la denuncia muestran restos de nidos retirados, zonas bajo los aleros donde antes anidaban las aves y redes colocadas para impedir que vuelvan a asentarse. En una de las imágenes incluso puede verse a un avión intentando reconstruir el nido en el mismo lugar.

Sacrificio Cero León recuerda que estas especies están protegidas por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que prohíbe destruir o deteriorar nidos, huevos o crías, incluso aunque estén vacíos. Además, advierte de que la retirada de nidos de aves protegidas puede constituir un delito contra la fauna recogido en el Código Penal y vulnerar también la Directiva Europea de Aves.

La asociación critica especialmente que estas actuaciones se hayan producido “desde un edificio público, que debería dar ejemplo de civismo y preservar el patrimonio natural”. Por ello, reclama al Ayuntamiento de Chozas de Abajo el cese inmediato de estas prácticas y pide a la Junta y al Seprona que investiguen lo ocurrido y abran un posible expediente sancionador.

La entidad recuerda además la importancia ecológica de especies como golondrinas, vencejos y aviones comunes, fundamentales para el control natural de insectos y cada vez menos habituales en muchos entornos urbanos y rurales.

Sacrificio Cero León sostiene que, si existieran problemas de mantenimiento o seguridad, deberían haberse buscado alternativas compatibles con la conservación de las aves, como la instalación de nidos artificiales y actuaciones supervisadas por técnicos ambientales.

La localidad berciana de Carracedo de Compludo celebrará este sábado 9 de mayo una jornada de voluntariado vecinal y convivencia con actividades dirigidas tanto a adultos como a niños y niñas.

La programación arrancará a las 10.00 horas con trabajos de desbroce preventivo contra incendios y otras tareas de acondicionamiento del entorno. Una hora después, a las 11.00 horas, tendrá lugar una actividad pedagógica de cerámica para los más pequeños.

La jornada continuará a las 14.00 horas con una comida popular gratuita para las personas voluntarias, tanto adultas como infantiles. Ya por la tarde, desde las 17.00 horas, habrá una sesión festiva con el combo ‘Al Tun Tun’ y otras actividades sorpresa organizadas por la asociación promotora. El programa concluirá a las 20.00 horas con una cena y bebidas a precio popular.

La organización recuerda que es importante reservar plaza previamente a través del teléfono 676 233 473. La actividad cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

La mala situación de las depuradoras de aguas sucias en la Montaña Oriental leonesa vuelve a poner en evidencia una de las mayores contradicciones ambientales de Castilla y León: la persistencia durante décadas de vertidos de aguas residuales en pleno Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre (antes Parque Regional de Picos de Europa). Una cloaca que, ara muchos colectivos, dura décadas en un territorio que goza de la máxima figura de protección ambiental de la Junta de Castilla y León, la administración que es al mismo tiempo competente en la materia, gestora del espacio y responsable de esta lamentable situación.

La asociación Grupo de Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) denuncia que “la mayor parte de las depuradoras del Parque Regional siguen sin funcionar”. Y advierte de que los vertidos al río Yuso “son cada vez más preocupantes”, especialmente ante la llegada del verano, cuando el caudal disminuye y aumenta la presión turística. Creciente año a año. Incluso recuerdan que la situación adquiere todavía dimensión más grave, bordeando lo sanitario, por el hecho de que parte del abastecimiento de agua potable de la localidad de Riaño procede del propio embalse, al que terminan llegando esas aguas putrefactas sin tratar.

Por su parte, la Junta niega la mayor y asegura que toda la red de depuradoras funciona 'como un reloj'. Y prueba de ello, añaden, es que no hay impuesta una sanción por vertidos por parte de la autoridad fluvial, la estatal Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Así lo ha replicado hoy el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, a raíz de las nuevas denuncias conservacionistas.

La gravedad de la denuncia de éstas no reside únicamente en el estado actual de las instalaciones. También en que el problema se arrastra desde hace casi dos décadas pese a que muchas de las infraestructuras ya estaban construidas o prácticamente finalizadas a mediados de los años 2000. El Parque en sí data del año 1994. La Ley de 18 de julio de ese año irónicamente destacaba que allí el agua es “un componente esencial del ecosistema y de la caracterización del paisaje de dicho espacio, por lo que preservar su calidad en los cauces, constituye un requerimiento ineludible en el objetivo general de proteger el espacio”.

Todo tipo de quejas

Aunque se fueron ejecutando con cuentagotas, tuvo que esperarse al año 2007 -13 años después- para que se firmara un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, el Consorcio Provincial de Residuos Gersul y varios ayuntamientos, entre ellos el de Boca de Huérgano. Los municipios ya estaban hartos entonces de soportar “deficiencias” constantes y un elevadísimo coste eléctrico para el funcionamiento de esas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Y entre otras muchas quejas al Procurador del Común de Castilla y León, las obras para intentar ponerlas en marcha fueron adjudicadas en julio de 2008.

Sin embargo, aquel mismo organismo del 'defensor del pueblo' autonómico ya reflejaba que en 2008 y 2009 las depuradoras seguían sin estar plenamente operativas y continuaban pendientes actuaciones imprescindibles para su funcionamiento efectivo. Casi veinte años después, el escenario apenas ha cambiado, denuncia Gedemol, como lo hacía antaño.

De entre lo poco que se ha avanzado destaca un acuerdo autonómico desde principios de la década pasada para pagar una parte del altísimo coste de mantenimiento y consumo eléctrico de las estaciones, por los que los ayuntamientos las dejaban inoperantes. El último se aprobó en 2020.

Boca de Huérgano, entre lo peor

La asociación pone especial acento en el más preocupante caso de Boca de Huérgano, donde “ninguna de las depuradoras se encuentra en funcionamiento”, por lo que “todas las aguas residuales -de la totalidad de sus pueblos- se vierten al río Yuso sin depuración de ningún tipo”. La asociación describe escenas especialmente alarmantes durante el pasado verano. “Decenas de metros por debajo de los puntos de vertido de Barniedo, Los Espejos de la Reina o Boca de Huérgano se podía apreciar el volumen del vertido y su impacto, con un río blanquecino y maloliente”, denuncia.

El colectivo recuerda además que la situación se produce en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista ecológico y turístico. A ello se sumó el impacto añadido de “las cenizas de los incendios del pasado verano, los prolongados estíos y el aumento de turistas”, factores que provocan episodios críticos cuando el río presenta caudales mínimos y recibe vertidos fecales directos.

¿Qué hacen las autoridades?

La asociación sostiene que la situación incumple tanto la Ley de Aguas como la normativa del Dominio Público Hidráulico y alerta de sus consecuencias sobre “la salud pública, la sostenibilidad de los ecosistemas y los daños económicos ligados al turismo o la pesca”. “Somos una comarca que cada vez vive más del turismo y no podemos permitir que las zonas de baño, visitadas en verano por cientos de familias, sean verdaderas cloacas”, lamenta el colectivo.

Gedemol carga contra todos: empezando por el Consistorio de Boca de Huérgano, sobre todo señala a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), competente en la calidad y gestión de las aguas públicas, y la propia Junta de Castilla y León, a las que acusa de permitir durante años una situación que se ha vuelto crónica.

La asociación ha solicitado información ambiental al Ayuntamiento y asegura que únicamente ha recibido documentación relativa a dos nuevos convenios firmados en octubre de 2025 entre la empresa pública de la Consejería, Somacyl, y el Consistorio para construir depuradoras en Llánaves de la Reina y Portilla de la Reina. Que ni existían.

Con este panorama, reclama conocer “en qué se está gastando la tasa anual de depuración de aguas residuales de más de 50 euros por vecino”, un importe que asegura que se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Carriedo, sin embargo, dibuja un escenario perfecto y cristalino en el funcionamiento de las EDAR en la Montaña Oriental. Ante preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno de este jueves, afirmó tajante que “todas las depuradoras están en funcionamiento” e incluso “tienen un histórico completo desde 2014” hasta la actualidad. En ese historial de estadísticas, añadió, “se acredita consistentemente el cumplimiento de todos los parámetros exigibles por la normativa”. Prueba de ello, concluyó, es que en todo este tiempo “no se ha establecido ningún procedimiento sancionador” por parte de la Confederación. De modo que la visión oficial de la Junta es de absoluta normalidad, ahora y siempre, en la depuración de las aguas del espacio protegido.

Apuntando a los tribunales, y mucho más

Sin embargo, Gedemol anuncia nuevas actuaciones para demostrar que la razón está de su parte: Prepara inspecciones individualizadas de las depuradoras, con posible presencia notarial. También impulsará una campaña de toma de muestras aguas abajo de los vertidos y en zonas de baño. Y no descarta reabrir la denuncia ante la Unión Europea o acudir directamente a los tribunales.

El colectivo considera que parte del problema procede del diseño original del sistema de saneamiento realizado en los años noventa, que califica de “desastre”, con instalaciones “sobredimensionadas y de elevado coste de mantenimiento”. No obstante, insiste en que esa circunstancia “no es excusa para que no se depure” una de las joyas de la corona ambientales de la provincia. Finalmente, como alternativa, plantea la implantación progresiva de sistemas de “filtros verdes”, depuradoras ecológicas basadas en gravas, juncos y vegetación natural, ya utilizadas en otros espacios protegidos europeos y con menores costes de mantenimiento.

El consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este miércoles que la Junta de Castilla y León ha hecho “todas las actuaciones que le correspondían”, tanto en la prevención como en la respuesta al incendio que afectó al entorno de Las Médulas (León), declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la entrega de llaves de las viviendas protegidas en Carracedo, en la comarca de El Bierzo, el consejero ha reconocido que las administraciones públicas aún están “aprendiendo” en materia de prevención de incendios. También ha destacado el refuerzo de medios materiales, como la incorporación de 40 'bulldocers' y maquinaria cedida a la Diputación de León para la creación de anillos de seguridad en el territorio.

Hay que recordar que, a pesar de negativas oficiales del propio Quiñones tras la primera noche del grave incendio en Las Médulas, el siniestro no sólo causó daños materiales muy cuantiosos a vecinos a infraestructuras turísticas de la zona sino que el espacio natural quedó afectado en un 70% del total de su superficie del Patrimonio de la Humanidad, según cifró oficialmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cerca de 20.000 hectáreas que se suponían con la máxima figura de protección. Una figura que no sirvió tampoco para acelerar su prevención y defensa, ya que el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, reconocido por la Unesco en 1997 como Patrimonio de la Humanidad, carecía de un plan de prevención de incendios forestales en vigor cuando fue arrasado por el fuego.

Ajeno a esto, Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, apeló hoy a la responsabilidad ciudadana y ha advertido de que aún existen conductas que contribuyen a la propagación del fuego. El origen del siniestro de Las Médulas fue natural.

El consejero también ha mostrado su respeto a la movilización del próximo domingo, 17 de mayo, convocada por asociaciones de vecinos para protestar por la “inacción” que achacan al Ejecutivo autonómico en la gestión de estos fuegos, de la que Quiñones era el máximo responsable político al frente de la Consejería.

Por otra parte, ha defendido la ampliación de la red de calor de Ponferrada, tumbada por los Tribunales, porque, no sólo mejora la eficiencia energética, sino que contribuye a la reducción del riesgo de incendios, y ha criticado la actuación de algunos colectivos ecologistas y vecinales a los que ha acusado de poner “palos en las ruedas”.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

El pasado 18 de abril reuní, al fin, el ánimo necesario para regresar a las cumbres de los Aquilianos. No había vuelto desde el pavoroso incendio del último verano e intuía, con pesadumbre, lo que iba a encontrar. Inicié el ascenso en los Portillinos con el objetivo de alcanzar el Pico Tuerto, siguiendo el cordal que enlaza las cimas de Cabeza de la Yegua y el Alto de las Berdaínas.

Una pista cortafuegos de dieciséis metros de ancho recorre, de forma agresiva, toda la cresta de la alineación montañosa. Desde esa cicatriz, la vista es desoladora: las laderas que caen hacia la Cabrera están totalmente calcinadas. La superficie quemada se extiende también por las vertientes que descienden hacia la hoya berciana, en los valles del Aro y del Silencio, cerca de Peñalba de Santiago.

A ambos lados del cortafuegos se ven piornos serranos y brezos reducidos al arranque de sus ramas, cepas con las puntas ennegrecidas que parecen dramáticos muñones. Si se destruyen las yemas, el piorno no puede rebrotar al año siguiente: la recuperación dependerá de las semillas, un proceso mucho más lento. En los Aquilianos, las gruesas raíces de esta vegetación cumplen una función vital: son el entramado que cohesiona el suelo y sujeta la montaña.

Caminar por esta descarnada autopista de cumbre, entre restos mutilados y nieve manchada de hollín, convierte el senderismo en una actividad casi fúnebre.

Cerca de la antigua estación de esquí del Morredero, la pista atraviesa una pequeña población de narcisos trompeta o campanones, una nota amable en la severidad del paisaje. En un flagrante desafío a la legislación de montes, tres motocicletas todoterreno descienden desde el Pico Tuerto por el cortafuegos e irrumpen con estruendo en el paraje, atropellando este frágil testimonio de la vida que aún queda. Vienen de La Aquiana, un punto negro para la conservación debido a la falta de control en el acceso desde el Campo de las Danzas. No es un hecho aislado: es la evidencia palpable del abandono institucional y de la alarmante falta de vigilancia en una zona que forma parte de la Red Natura 2000.

En medio de este silencio mineral, donde la fauna parece haber claudicado, observo, conmovido, entre los piornos ennegrecidos, un ruiseñor pechiazul. Esta especie es fuertemente filopátrica: obedece al mandato genético de regresar con precisión al lugar donde nació o donde crió con éxito el año anterior. En los Montes de León y el Bierzo habita en el límite del bosque, justo donde empiezan los piornales. Que sigan allí, aferrados a las ramas calcinadas, revela una lealtad sobrecogedora. Han vuelto, tras cruzar media África, al hogar de cada primavera, aunque su casa sea hoy solo un esqueleto de carbón. Aún así, se niegan a abandonarla, obstinados en habitar su propia pérdida.

Negro rotundo de lo carbonizado y, de repente, un destello azul y rojizo

Ha de imaginarse la escena: el negro rotundo del piorno carbonizado y, de pronto, el destello azul eléctrico del pecho y esa mancha rojiza en la cola. Es como si la montaña intentara decirte que, a pesar de todo, la vida se resiste a ser borrada.

El pechiazul anida en el suelo, oculto en la base de los piornos o entre el brezo espeso. Con el matorral quemado y el terreno expuesto, el ave queda sin ninguna protección frente a los depredadores. Además, para alimentar a sus crías necesita una cantidad ingente de orugas y pequeños invertebrados que viven en las hojas del piorno. En un piornal calcinado, la biomasa de insectos cae drásticamente. Por otro lado, bastaría con que las motos pasaran cerca de donde estos pechiazules intentan anidar –porque lo hacen a ras de suelo, protegidos por lo que queda del matorral– para destruir los nidos sin siquiera darse cuenta.

Para una especie migradora, el territorio de cría no es un simple destino: es un mapa minucioso de supervivencia. En biología de la conservación, este fenómeno se denomina trampa ecológica: el ave regresa fielmente sin saber que el hábitat ha dejado de ser el refugio esperado. Si en alguna vaguada cercana han quedado pequeñas islas de vegetación o zonas de matorral que el fuego saltó, intentarán criar allí. Es esta una historia de resiliencia heroica y, al mismo tiempo, de tragedia biológica.

Caminar por la naturaleza en estas condiciones resulta muy duro: uno no solo transita, sino que levanta acta. Vas siendo consciente, a cada paso, de todo lo que se ha perdido. No dar la espalda a esta realidad, sacar a los pechiazules del anonimato contando su historia, es una forma de honrar lo que aún resiste en la montaña.

Pronto, si no mediamos para evitarlo, algunos de los espacios naturales más valiosos de León resultarán irreconocibles. Será el epílogo de una política de progresivo desmantelamiento de la tutela pública en materia ambiental. Será también el precio pagado por esa servidumbre voluntaria de la que hablaba La Boétie: porque quienes ostentan la responsabilidad de gestionar este patrimonio natural tienen el poder que nosotros les concedemos.

El regreso al hogar solo es posible si el hogar todavía existe tal y como lo guardamos en la memoria. Si, por deterioro o destrucción, el territorio deja de reconocerse, pierde su carácter de refugio. Sencillamente, ya no podemos leernos en él. En esa pérdida, la tragedia es nuestra.

José Andrés Martínez García es un biólogo leonés y escribe de Historia Natural en el blog Entre Enabios y otro tipo de reflexiones en Ejercicio del criterio

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

El mes de abril del año pasado la Delegación Territorial de la Junta en León acogió la primera reunión de lo que fue un grupo de trabajo que tenía como objetivo diseñar un estudio para paliar la crisis socioeconómica que persiste en la provincia de León, contando con la propia Junta, los sindicatos y representantes empresariales de la provincia. A pesar de que se había anunciado una segunda reunión para el mes de junio, esta nunca se llegó a realizar. Con ello, aquella especie de 'Mesa por León 2.0' comienza a apuntar al mismo resultado que su inspiración original.

Fue el 14 de abril de 2025 cuando los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones anunciaron junto a los representantes sindicales de UGT, USO, CGT y CCOO en León la creación de este grupo de trabajo como respuesta a la manifestación que había tenido lugar un mes antes en la capital leonesa y en la que los ciudadanos de León reclamaron soluciones ante la crisis que experimenta desde hace décadas la provincia.

Nacía sin calendario y sin acciones concretas, salvo la reunión que se suponía que tenía que llevarse a cabo el mes de junio y es precisamente esta fecha (la única medianamente acotada) la que no ha llegado a realizarse.

Según las explicaciones del consejero Suárez-Quiñones, presente en la reunión, el grupo trabajaría sobre un documento elaborado con anterioridad, llamado 'León-Horizonte 2030'. Se trata del único 'resultado' real y tangible que derivó de la original Mesa por León encargado por la Diputación de León por 161.722,94 euros a la empresa pública Tragsa.

El documento, después de dos años de retraso, se hizo público sin anuncio en la web, cuando ya no existía la Mesa por León, que se dio por disuelta en el año 2021 (un año después de su creación).

En cualquier caso, aquel documento constaba de un conjunto de conclusiones obvias sobre las fortalezas, debilidades y necesidades de la provincia, sin aportar soluciones factibles.

Aunque el clima general de la reunión, según palabras de Suárez-Quiñones aquel 14 de abril, había sido positivo, el escaso resultado de este grupo de trabajo ha comenzado a agriar las esperanzas de sindicatos, que han recordado este miércoles 29 de abril los retrasos de las reuniones prometidas y la inexistencia de un estudio sobre el estado de la provincia y las soluciones prácticas a su crisis.

“En junio íbamos a tener la reunión, hace casi un año que no nos convocan”, ha criticado el secretario general de UGT de León, Enrique Reguero, quien añade, aludiendo a la polémica gestión del consejero Suárez-Quiñones durante la gran oleada de incendios forestales del pasado verano: “Han pasado cosas por el medio, todos sabemos que un consejero no ha pasado por sus mejores momentos y ha decidido no convocar estas reuniones”.

Antes del inicio de la oleada de incendios, y cuando ya había pasado el plazo para convocar la segunda reunión con sindicatos, la Junta se reunió con representantes empresariales de la provincia durante el mes de julio. Fue entonces cuando la administración autonómica aseguró que se encontraban “ultimando” el documento derivado de estas dos primeras y únicas reuniones (una con sindicatos y otra con empresarios) en el que analizar el cumplimiento de los compromisos del plan ‘León Horizonte 2030’ pero también incluir nuevas actuaciones. Por ahora, no se conoce la existencia ni el contenido de este documento.

CCOO y UGT ya han alertado de que las multitudinarias manifestaciones por el futuro de la provincia de León, que en 2020 derivaron en la original Mesa por León y en 2025 en el citado grupo de trabajo, podrían repetirse un año más: “A día de hoy no tenemos Gobierno formado, en el momento en el que esté formado volveremos a exigir esa reunión y ese estudio que ya tienen que tener encima de la mesa y que a nosotros no se nos ha aportado”, reclama la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco.

Se cumple así un año, el mismo periodo de tiempo que sobrevivió la genuina 'Mesa por León' y su sucesora, a falta de nuevas reuniones de diálogo o un documento derivado, podría sufrir el mismo destino.

La Junta de Castilla y León saca pecho de la gestión de la recuperación de animales salvajes. Y sin embargo, existe un desequilibrio territorial y biológico que, además, se topa con el incumplimiento de la administración autonómica respecto a la provincia de León.

Diez años exactos de promesa incumplida de la Junta de Castilla y León se celebran justo ahora. Porque fue en 2016 cuando el entonces y actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció públicamente que León contaría con un Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), apoyado en la infraestructura del Hospital Veterinario de la Universidad del que era figura destacada el entonces rector,  Juan Francisco García Marín. Una década después, la realidad es otra: la provincia sigue sin esta instalación clave y, en el mejor de los casos, si esta vez sí se cumplen los compromisos formales tantas veces ninguneados, no la tendrá hasta 2027.

El retraso es grave. Supondrá, en el mejor de los escenarios, once años desde aquel compromiso inicial. Mientras tanto, las consecuencias han sido constantes. León, una de las provincias con mayor riqueza faunística de Castilla y León, ha tenido que derivar durante años sus animales heridos o enfermos a otras provincias, principalmente a Valladolid, con el consiguiente impacto en la rapidez de la atención y en las posibilidades de recuperación.

Los datos más recientes evidencian hasta qué punto la situación resulta difícil de defender. La Consejería de Medio Ambiente dio a conocer hace una semana las últimas estadísticas de los CRAs, resaltando la gran labor de esta red. Entre ellas, que en el último año -2025- se contabilizaron en León 386 ingresos de animales silvestres, todos ellos trasladados al centro de referencia, que es Valladolid, y que centraliza además los casos procedentes de Zamora, Salamanca, Ávila y la propia provincia vallisoletana.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con cifras muy recientes: en 2020 se registraban 209 ingresos. En apenas un lustro, por tanto, se ha producido un 85% de incremento en la cifra de fauna necesitada de ayuda en León. Y eso significa que la presión sobre los propios animales y sobre los servicios de recuperación prácticamente se ha duplicado, sin que León haya incorporado ni una sola infraestructura propia para absorber ese incremento. A pesar de las constantes promesas.

Además, destaca el hecho de que la mayoría de los ejemplares ingresados el año pasado procedentes de León llegaron con vida, lo que subraya la necesidad de una atención rápida y cercana. Los casos vinculados a control poblacional o a muestras científicas fueron testimoniales (1,6% y 0,3%), lo que confirma que se trata fundamentalmente de intervenciones asistenciales urgentes, no de actuaciones accesorias.

De aves comunes a especies clave como el lobo

Entre las especies atendidas predominan las aves. Especies como el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el busardo ratonero, con en torno a 35 ejemplares cada una. Sin embargo, el listado también incluye especies de alto valor ecológico y mayor complejidad de manejo, como el lobo ibérico, con 18 ingresos. Una especie en constante litigio y de la que la Junta continúa ocultando datos básicos de ejemplares y de daños reales causados, a pesar de la petición constante de ILEON desde hace casi año y medio, que la Consejería desoye.

También son especialmente endémicos de León casos como las especies en peligro de extinción del oso pardo o, sobre todo, del urogallo cantábrico, cuyos últimos ejemplares en cautividad prácticamente sólo están ya en León. Estas cifras de casos y de diversidad y relevancia de especies hacen muy especial, en términos de biodiversidad, al territorio leonés y también de más difícil justificación que la provincia siga sin contar con un centro propio capaz de dar respuesta inmediata a los casos más graves que se produzcan.

Una red desequilibrada que deja a León fuera

Los datos autonómicos refuerzan esa imagen de desequilibrio. Según las últimas estadísticas oficiales, en 2025, la red de CRAS de Castilla y León registró 8.335 ingresos, con una concentración muy acusada en Valladolid (39%) y Burgos (32%). El resto se reparte entre Salamanca, Segovia y Zamora. León, directamente, no figura porque no dispone del prometido centro, que se ha proyectado en la finca autonómica de Valsemana.

El modelo actual obliga a canalizar buena parte de los animales del oeste de la comunidad hacia un único punto, lo que tensiona las instalaciones existentes y aleja la atención de los territorios donde se producen los ingresos.

El futuro CRAS de Valsemana vuelve a presentarse como la respuesta a esta carencia, con una inversión de más de 3 millones de euros y un diseño ambicioso que se ha promocionado públicamente en numerosas ocasiones. Sin embargo, su tramitación llega tras años de anuncios incumplidos del propio Suárez-Quiñones y con un calendario que sitúa su apertura, en el mejor de los casos, en 2027.

El caso del CRAS de León trasciende el retraso administrativo. Los datos evidencian una anomalía que ha sido sostenida en el tiempo: mientras aumentan los ingresos de fauna que necesita atención urgente, la provincia ha permanecido al margen de la red de recuperación durante una década. Y han sido sólo los fondos europeos, principalmente dirigidos por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, los que han situado por fin en el calendario los compromisos reiteradamente incumplidos.

Una frase muy repetida desde siempre para definir a la asequible y tranquila ciudad de León es que “es como vivir en un pueblo”. Hay quien se lo puede tomar como un comentario negativo. Pero también los hay que pueden dar fe de que se trata de una descripción a veces exacta, literal.

Entre éstos seguro que se suman en la última semana los vecinos del entorno de uno de los más conocidos parques del centro de León, el Jardín del Chantre, situado junto al centro comercial de El Corte Inglés. Y es que en los últimos días los habitantes próximos al parque no necesitan echar mano del despertador, de ninguna alarma o teléfono móvil para abrir los ojos cada mañana.

Eso ahora corre a cargo de un nuevo 'vecino': un gallo que ha convertido esta zona verde en su particular corral. Un ejemplar lustroso, de brillantes plumas, que ha aparecido allí de forma misteriosa y que canta de buena madrugada hasta bien entradas las mañanas, para que vivir en plena ciudad no se diferencie tanto de hacerlo en los pueblines leoneses donde los gallos son una presencia cotidiana a poco que queden habitantes.

El gallo no está solo. El Ayuntamiento de León ha confirmado a ILEÓN que junto al ejemplar masculino también ha aparecido en el céntrico jardín una gallina, y que ambos son de raza 'kika', campando a sus anchas entre el generalizado regocijo de los usuarios del parque y los vecinos de la zona. Los habituales ya se han acostumbrado a su presencia, de manera muy respetuosa.

Lo que ocurre es que esta zona verde, al contrario que otras, como el Parque de Quevedo, no cuenta con una zona habilitada para la presencia controlada de aves. Los únicos animales que allí se pueden ver son las grandes carpas rojas en los estanques del Chantre y esporádicamente -como estos días- algunos patos aprovechando esa zona húmeda y fresca.

Por eso ha llamado especialmente la atención la inesperada conversión del jardín en improvisado corral. Tras los primeros avisos de hace escasas jornadas, ya tiene constancia oficial de su presencia tanto el Consistorio, a través del área de Espacios Verdes que se encarga del mantenimiento municipal, como el propio veterinario del Ayuntamiento.

Ofrecimientos y soluciones

También ha intervenido la Asociación Ornitológica Leonesa, confirman fuentes municipales, para que entre todos se valore la situación y se pueda adoptar una decisión sobre qué hacer con los ejemplares de la inesperada pareja. De momento se ha descartado la posibilidad de que gallo y gallina permanezcan en una zona de la que pueden salir con demasiada facilidad, dados los bajos cerramientos del jardín. Existe un riesgo cierto de morir para ellos ante la proximidad de varias carreteras como la de la avenida de La Corredera, muy transitadas por el tráfico urbano.

Por eso el plan más o menos inminente es capturarlos y reubicarlos en un lugar propicio para estos animales domésticos. Incluso el Ayuntamiento confirma que ya se han puesto en contacto personas interesadas en hacerse cargo de los dos ejemplares para llevarlos a un corral en condiciones. Pero lo que en todo caso seguirá siendo un enigma es de mano de quién, y cuándo, las aves aparecieron en el parque público para hacer un poco más natural, y rural, este espacio urbano de la capital leonesa.

Mientras todo se aclara, las mañanas en el entorno de El Corte Inglés de León seguirán siendo especiales bajo el sonido del canto del gallo. Un animal, por cierto, muy simbólico en la ciudad por ejemplo con la imagen de la icónica veleta de la Basílica de San Isidoro, que durante siglos inmemoriales ha vigilado los destinos de la vieja capital del Reino de León. Ahora, por tiempo limitado, a esta veleta le regala su poderoso“quiquiriquí” el misterioso vecino con plumas llegado al barrio de La Chantría.

La Junta de Castilla y León ha aprobado por fin de forma definitiva el proyecto para la construcción del prometido helipuerto destinado principalmente a la lucha contra los incendios forestales, aunque también para dar servicio de urgencia sanitaria, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de una infraestructura que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa pública Somacyl, ha diseñado tras muchísimos años de incumplimiento de los mínimos requisitos de seguridad legalmente establecidos en una de las zonas más protegidas ambientalmente de España, como es el primer Parque Nacional del país. Y aunque hoy se ha dado un importante paso adelante, con la aprobación del proyecto y el listado de la expropiación de los terrenos necesario en la localidad de Posada, en realidad se ha acumulado un nuevo retraso.

La aprobación de hoy figura en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada bajo la firma del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Incluye un listado de siete fincas, una de ellas del propio Consistorio y el resto de particulares.

Pero fue precisamente este proceso de expropiaciones el que alargará los plazos inicialmente previstos, hasta el punto de que este nuevo verano de 2026 persistirá la imposibilidad de operar con medios aéreos en pleno Parque Nacional, ya que no da tiempo a que se disponga de los terrenos y se acometan a tiempo las obras y demás permisos para que las aeronaves puedan aterrizar o despegar en Posada.

El boletín explica, sin detallarlo mucho, uno de los problemas para ese retraso: que cuando este trámite expropiatorio se puso en marcha en febrero de este mismo año se presentaron dos alegaciones de disconformidad. A estas alegaciones se le dio respuesta y se ha “modificando el proyecto en las apreciaciones que se han considerado estimadas”, cita literalmente la orden de hoy.

En la publicación oficial se insiste en que la necesidad de este helipuerto en el pueblo de Posada de Valdeón es porque presenta “una orografía que dificulta la movilidad de los medios terrestres” en situaciones de emergencia, a lo que se suma su lejanía respecto a las bases de helicópteros contra incendios (ELIF) de la Junta ubicadas en Camposagrado y Sahechores, en León, y en Villaeles, en Palencia, todas ellas a más de 50 kilómetros de distancia, lo que supone tiempos de vuelo superiores a los 30 minutos. Y estos tiempos hace tiempo que son irregulares en aplicación de las propias normativas autonómicas.

A esta situación se añade un índice alto de riesgo de incendios forestales en la zona, lo que ha llevado a la Administración autonómica a considerar, sólo ahora, “necesario reforzar las infraestructuras” mediante la instalación de una base auxiliar aérea que permita mejorar la rapidez y eficacia de la intervención en caso de fuego.

El helipuerto tendrá carácter de uso restringido y estará dedicado prioritariamente a labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, aunque también podrá utilizarse para otros servicios públicos, como el transporte sanitario de emergencias, durante todo el año, remarca el proyecto. El Gobierno autonómico explica que su presencia busca reforzar la respuesta aérea en una de las zonas con mayor riesgo y más complicada orografía del noreste de la provincia. Y de hecho recuerda que Picos de Europa fue escenario el verano pasado de un fuego que obligó a desplegar numerosos medios de extinción, causo daños que la propia Junta no ha cuantificado por vía oficial todavía, y puso de relieve las dificultades de acceso terrestre y la necesidad de reducir los tiempos de intervención en un entorno de alto valor ambiental.