El Coto Escolar, un servicio educativo, medioambiental y sostenible que lleva más de 40 años haciendo las delicias de los pequeños leoneses, atraviesa una de sus peores crisis y un futuro bastante incierto que está echando para atrás a colegios y familias.

Así lo denuncia la oposición de Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León y lo ratifica la plantilla que se encarga de las muchas actividades en estas instalaciones municipales. Una situación cada vez más complicada a cuenta de un conflicto laboral, la aplicación de un reciente nuevo reglamento, varias sentencias judiciales, una mayoría de ellas favorables a los trabajadores, y el aparente incumplimiento de algunos acuerdos inicialmente alcanzados por parte del equipo de Gobierno.

Esta sucesión de situaciones que ha hecho que los empleados se enroquen ahora en no poder asumir las responsabilidad que, a causa de su actual categoría reconocida por el Consistorio, no les corresponden. Se trata de asuntos que hasta ahora se asumían tácitamente pero que son muy delicados, desde administrar medicamentos a los escolares a atender los comedores, responsabilizarse de intolerancias alimenticias o alergias, diseñar e impartir las unidades didácticas establecidas, arropar la atención a la diversidad o protagonizar actividades deportivas que conllevan algún riesgo.

El portavoz del Grupo Popular, David Fernández, se ha hecho eco de una situación que, les consta, están haciendo llegar “las consecuencias a los centros educativos”, que están echándose para atrás en las actividades ya programadas en el Coto Escolar. Así, por ejemplo, los niños y niñas no podrán, como hasta ahora, montar a caballo, utilizar el rocódromo “y otras propuestas que formaban parte de la programación habitual”. Incluso los profesores acompañantes, y no los monitores, tendrán que ser quienes atiendan la hora del comedor.

Fernández, que anuncia una moción para el Pleno de la próxima semana, exige una mejora de la gestión del equipo de Gobierno y que este cumpla un acuerdo que fue pactado en la Mesa de Negociación, con partidos y sindicatos, poco antes del verano, para “suspender el decreto del 5 de mayo, relativo al cese de las funciones de superior categoría, mantener el desempeño de dichas funciones y continuar abonando las diferencias salariales” hasta que se aplique un nuevo convenio colectivo que zanje la nueva categoría profesional y retribución de la plantilla.

El portavoz denuncia que “el Ayuntamiento no puede responder a una reivindicación laboral legítima limitándose a retirar funciones y dejando que las consecuencias de esa decisión recaigan sobre los trabajadores y los usuarios del servicio”, es decir, los menores de edad, fas familias y los colegios. A estos les hace recaer el Consistorio ahora, ate la situación de bloqueo que se vive, labores tan cruciales como las medicinas, alergias o atención del comedor, como se puede comprobar en los correos municipales enviados y que muchos centros no están dispuestos a asumir, dando marcha atrás en la participación escolar ya programada.

Los agentes medioambientales de León posponen su anunciado plante en las guardias de incendios forestales. Lo hace para dar un margen de tiempo al nuevo equipo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para negociar mejoras en las condiciones laborales del colectivo, que aplaza su medida de presión prevista hasta el próximo mes de enero.

Los trabajadores han tomado esta decisión tras mantener conversaciones con responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que habrían solicitado un margen de tiempo para poder evaluar las reivindicaciones formuladas por los agentes, que reclaman un reconocimiento profesional acorde a sus funciones y mayor seguridad laboral, entre otras cuestiones.

“El acuerdo es un aplazamiento del plante de guardias de incendios hasta finales de enero, momento en el que valoraremos si hay avances y si son suficientes para desconvocar un plante que obedece al maltrato institucional continuo del gobierno de la Junta de Castilla y León hacia nuestro colectivo”, advierten los agentes medioambientales, que contrapesan su “hartazgo” al “afán de conseguir un marco de confianza mutua” con el departamento que dirige María González Corral.

Los trabajadores aseguran que la Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a convocar para esas negociaciones a los sindicatos, un encuentro que esperan que se produzca “lo antes posible”.

Y avisan: “Si tenemos que retomar el plante, tememos que se dificultará sobremanera la organización del operativo de incendios de la próxima campaña”.

El Gobierno de Partido Popular y Vox en Castilla y León admite que suman unos 1.200 los expedientes de compensación por daños a ganaderos a causa de ataques de lobos cuyo pago se ha bloqueado en los últimos meses.

El consejero de la nueva cartera que une Agricultura, Ganadería y Medio Rural ahora con Política Ambiental, el líder sindicalista agrario de Asaja elegido por Vox, Joaquín Antonio Pino, aseguró hoy durante su visita a las instalaciones centrales de la cooperativa agroganadera Cobadu en Moraleja del Vino (Zamora) que se marca el objetivo de poner al día todos los pagos a partir del 1 de enero del año que viene.

También puso el acento en comenzar a controlar la población de lobos de la Comunidad a través de la caza de manera inmediata, antes de que finalice el actual año 2026. De momento, esta alternativa lleva años paralizada en Castilla y León desde la inclusión de la especie como protegida en el Lespre, pero otras Comunidades como Asturias sí lo han recuperado, entre una inmensa polémica, incluso judicial.

Pino ha asegurado que están trabajando para que antes del 1 de enero se pueda llevar a cabo ese control poblacional del lobo, ya que es algo que preocupa a la Consejería y, si otras Comunidades Autónomas, del norte de España de “diferentes signos políticos” han podido hacerlo “¿por qué nosotros no vamos a intentarlo?”, se ha preguntado, tal y como ha recogido Efe.

Al respecto, se ha respondido a sí mismo al afirmar que van a intentarlo y se ha mostrado confiado en que lo consigan, al igual que han podido autorizarse las quemas de rastrojos sin que haya pasado nada ni esté “ardiendo” Castilla y León, otra polémica medida de su departamento aún con el riesgo alto de incendios forestales en la Comunidad.

Del mismo modo, el control poblacional y estar “al lado de los ganaderos” en esa reivinciación “no significa que se vaya a extinguir la especie”, ha declarado el consejero.

Más dinero y en sólo un mes

Sobre el pago de las indemnizaciones, ha explicado que en su departamento trabajan para que a partir del 1 de enero del año que viene los expedientes por daños del lobo puedan tramitarse y pagarse de forma ágil, en menos de treinta días de tramitación y “a precio de mercado” y abonando también “el lucro cesante en todos los casos”.

Ha admitido que desde mediados del año pasado se acumulan cerca de 1.200 expedientes de daño del lobo sin tramitar, pese a ser “un dinero de los ganaderos, que tienen que tener cuanto antes en sus cuentas”, unos pagos que debe tramitar la Conejería de Medio Ambiente y de los que “queremos que se desbloqueen los fondos”, ha declarado Pino.

El consejero se ha referido además a las cuentas del próximo año de su departamento y ha opinado que son unos buenos presupuestos, con más dinero para apoyar las cuestiones y los sectores proritarios, como los agroseguros, el regadío, el apoyo a las asociaciones de ganaderos o a la calidad agroalimentaria. Lo que hace falta ahora es trabajar para que ese presupuesto se ejecute y no quede “ni un solo céntimo” sin invertirse.

A algunas personas les ha pillado sorpresa el hecho de que esta madrugada del 19 de octubre se haya rozado la primera helada del otoño leonés, acercándose los termómetros a los cero grados centígrados y dejando ya estampas de coches brillantes de hielo.

Pero quienes son de aquí pronto han entendido que el cambio de tiempo estaba augurado por los primeros copos de nieve que ya han hecho su acto de presencia en algunos picos de la Montaña leonesa para inaugurar el otoño. Una primera y fina capa blanca ha hecho que, unido a los cielos totalmente despejados y estrellados del resto de la geografía, las primeras heladas de la nueva estación estén servidas. Un clima por otro lado muy tradicional por estas fechas y casi nada sorprendente para los que son oriundos.

Una de las estampas más visibles se ha podido disfrutar en el puerto de San Glorio y algunos picos de sus inmediaciones en la Montaña Oriental. Captadas por el Hotel San Glorio de la localidad de Llánaves de la Reina, hay una serie de fotografías que dejan un bello paisaje con los árboles ya pardos, de múltiples colores y a medio perder las hojas, un proceso que el frío ya reinante sin duda acelerará en las próximas semanas.

La futura fábrica de drones de Indra Sistemas SA en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en el centro de la provincia de León, ha logrado el aval ambiental de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que ahora lleva las evaluaciones de impacto ha concluido que el proyecto para la anunciada mayor fábrica de aeronaves no tripuladas con uso militar de España, de la mano de otra empresa de Emiratos Árabes, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

La resolución ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y determina que el proyecto de adecuación de dos naves industriales ya existentes no requiere una evaluación ambiental ordinaria, al considerar que sus impactos serán compatibles con el entorno y asumibles mediante las medidas correctoras previstas. Tal y como desveló ILEÓN, esas dos naves ya estaban construidas porque las había ejecutado la Junta en compensación al pueblo de Villadangos por los permisos para la reciente ampliación del polígono industrial, si bien la urgencia de Indra ha cambiado un poco los planes.

La decisión supone un nuevo avance administrativo para una iniciativa anunciada por Indra a comienzos de este año y que prevé la creación en León de la que la propia compañía definió como la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito del país, con una inversión estimada de 20 millones de euros y alrededor de 200 empleos directos cuando alcance su plena capacidad. Sin embargo, informe ambiental no supone todavía la autorización definitiva de la planta, si bien elimina uno de los principales trámites previos para su desarrollo. A partir de ahora, la compañía deberá completar el resto de permisos y licencias sectoriales necesarios para iniciar la actividad.

La planta se ubicará en las mencionadas naves, que ocupan las parcelas 15 y 16 del polígono industrial de Villadangos del Páramo, adaptándolas porque ahora carecen de actividad específica, para dedicarlas a la fabricación de sistemas aéreos no tripulados (UAV) multipropósito, recoge la agencia Efe. Las instalaciones contarán con más de 4.180 metros cuadrados de superficie útil destinados a distintas fases del proceso industrial, desde la fabricación de componentes de fibra de carbono hasta el ensamblaje electrónico, la integración de sistemas, la logística y las pruebas operativas.

El proyecto incluirá procesos de alta especialización tecnológica como el corte de fibra de carbono, preparación de moldes de precisión, curado en autoclave, mecanizado mediante equipos CNC, prototipado con impresoras 3D y pintado especializado de componentes aeronáuticos.

La factoría de Villadangos prevé concentrar capacidades de producción de distintos sistemas no tripulados de Indra y a participar en programas estratégicos de defensa nacionales y europeos, entre ellos el desarrollo de una nueva generación de drones tácticos cuyos primeros modelos comenzarán a entregarse a partir de 2028.

La Junta de Castilla y León no prevé, de momento, cambiar la normativa para que el Consejo Comarcal del Bierzo pueda utilizar la empresa pública autonómica Somacyl como medio propio para contratar brigadas forestales.

Así lo ha trasladado el presidente del Consejo Comarcal, el socialista Olegario Ramón, en declaraciones a los periodistas después de reunirse este viernes en Valladolid con el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, del Partido Popular.

La reunión pretendía explorar esta alternativa para dar continuidad a la gestión de los trabajos silvícolas de prevención de incendios forestales desde la institución berciana. Sin embargo, la respuesta de la Administración autonómica deja esta vía en suspenso y obliga a seguir buscando otras fórmulas, ha explicado Ramón, quien ha insistido en que la prioridad es evitar que el ente berciano pierda la gestión de estas actuaciones preventivas.

La cuestión se enmarca en las dificultades que afronta la institución para articular la contratación de las brigadas y garantizar que pueda seguir ejerciendo las funciones que tiene atribuidas en materia de prevención forestal.

La conversación con González Gago ha incluido otros asuntos pendientes entre ambas administraciones, como la situación de la sede del Consejo Comarcal y la mejora de la financiación del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).

La búsqueda de una solución para las brigadas forestales continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes, puesto que el Consejo debería hacerse con una acción del Somacyl para poder contratar brigadas a otra empresa pública estatal, Tragsa y, según Ramón, no se está facilitando dar ese paso por lo que considera que “por la vía de los hechos” la Junta podría querer hacerse con una competencia que es del ente comarcal.

La Guardia Civil de León ha reunido pruebas concluyentes para atribuir a dos personas, un trabajador y el propietario de la empresa para la que trabajaba, un grave delito penal por originar el peor incendio forestal de este año en la provincia de León. Un proceso que ha durado casi tres meses.

El incendio fue el que afecto a montes de la localidad de Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, y cuando concluyó después de muchos días descontrolado se cuantificaron los datos en 2.012 hectáreas, 1.407 de ellas arboladas. Una auténtica tragedia forestal que se originó, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, a las 19.45 horas del 22 de julio. Tras un despliegue amplísimo de medios, el siniestro no quedó extinguido hasta el 8 de agosto.

El incendio alcanzó el Índice de Gravedad Potencial 2 y en aquellos días obligó a evacuar preventivamente seis pueblos de los municipios de Riello y de Valdesamario. En concreto, fueron desalojados los vecinos de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como los de Ponjos y Murias de Ponjos, en Valdesamario.

Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal, con zonas de arbolado, matorral y pastos. La investigación que ahora desvela la Guardia Civil de León ha permitido determinar que el origen del fuego, provocado, aunque no necesariamente intencionado, estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador eléctrico mientras se realizaban trabajos en el monte. La gravedad de los hechos es que estas labores se produjeron en un momento en el que estaba activa una alerta oficial por alto riesgo meteorológico de incendio, que prohíben este tipo de labores.

Un trabajador y el responsable de la empresa, investigados

Las diligencias, que hoy se detallan en una nota de prensa oficial, han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con el Equipo de Investigación de Incendios de la XII Zona de Castilla y León, agentes medioambientales y personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Como resultado de las pesquisas, pruebas y testimonios, los agentes señalan a la responsabilidad de tipo penal de dos personas, a las que se le imputa un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Al trabajador se le atribuye la presunta autoría material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el fuego. Por su parte, al dueño de la empresa en la que trabajaba se le investiga por una supuesta falta de control sobre los trabajos que se estaban realizando, que estaban prohibidos.

Los dos investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

La Guardia Civil recuerda que casos como este resaltan la importancia de extremar las precauciones al utilizar maquinaria y realizar trabajos en el medio natural, especialmente durante episodios meteorológicos que incrementan el riesgo de incendio. Asimismo, insiste en la necesidad de cumplir las medidas preventivas para evitar situaciones que puedan poner en peligro el patrimonio natural, la seguridad de las personas y las poblaciones próximas a las zonas forestales.

La caza y también la pesca se han convertido en una nueva y millonaria prioridad de la Junta de Castilla y León, especialmente desde que se sellaron su nuevo pacto de Gobierno autonómico el Partido Popular (PP) y Vox. Y a provincia de León es con diferencia su nuevo coto. El proyecto de presupuestos generales de la Junta para el año 2027, al mismo tiempo que contempla polémicos recortes como cuatro millones menos para proyectos internacionales de cooperación al desarrollo por parte de ONGs, recoge sólo en la provincia de León unas partidas nunca vistas para las actividades cinegéticas y piscícolas. La cuantía se eleva por encima de los 2,5 millones, sumando en total 2.586.509 euros.

Esa cantidad supone multiplicar de un plumazo por seis el presupuesto destinado para estas actividades en el último presupuesto que ha estado vigente, el de 2024, prorrogado hasta hoy por la minoría parlamentaria del PP tras la anterior ruptura con Vox en el Ejecutivo autonómico. En aquellas cuentas, la suma de partidas para caza y pesca apenas alcanzaron los 416.228 euros, divididas en una partida de 291.228 euros para promoción de turismo y otra línea de ayudas de 125.000 euros a pequeñas y medianas empresas, Pymes, para “fomento turismo relacionado con pesca, caza o micología”. Ambas provenían de la única consejería con un leonés al frente, la de Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Todavía esa cifra fue objeto de una drástica reducción en el último proyecto de presupuestos presentado por la Junta el pasado año, para las cuentas del presente 2026. A pesar de que reflejaba una inversión real jamás vista para la provincia, de 285 millones de euros, que se quedaron en el tintero por la soledad parlamentaria del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y el voto en contra unánime de toda la oposición, los capítulos de caza y pesca eran minúsculos. En concreto, sumaban sólo 160.000 euros, ya sin ayuda alguna para Pymes.

Por eso, la cuantía actual de más de 2,5 millones del nuevo presupuesto tras el reeditado pacto PP-Vox supone en este caso multiplicar por 16 la cifra del pasado borrador de cuentas públicas de la Junta. Ahora, las partidas provienen de múltiples órganos autonómicos e incluso se nutren de los fondos del antaño llamado Plan del Carbón para la reconversión de las cuencas mineras leonesas, los Fondos de Transición Justa.

Mucho menos en las restantes ocho provincias y cero en algunas

La distancia económica respecto a las otras ocho provincias de Castilla y León es inmensa y en concreto en materia de caza, prácticamente exclusiva para León, porque el grueso de las partidas presupuestarias se destinan a pesca en el conjunto de la Comunidad, un claro predominio de los recursos dirigidos al ámbito fluvial, pesquero y acuícola frente a la actividad cinegética.

Frente a los 2,5 millones de euros en León, la provincia de Palencia encabeza la inversión global con más de 580.000 euros, distribuidos en la promoción del turismo de caza y pesca (426.108 euros), infraestructuras del sector (100.000 euros) y el Centro del Cangrejo (61.969,95 euros). Le sigue Valladolid, donde se recogen fondos de 350.000 euros expresamente asignados para el seguimiento de especies cinegéticas a escala autonómica.

A estos importes se añaden partidas orientadas a la divulgación ambiental y el fomento de la pesca a través de las Aulas del Río en Burgos (50.752,80 euros en Pineda de la Sierra), Soria (30.080,40 euros en Ucero) y Valladolid (26.250 euros), además de investigaciones sobre acuicultura y producción truchera en Segovia por más de 48.000 euros. En las otras dos provincias de la Región Leonesa, Salamanca y Zamora, así como en Ávila, no se registran asignaciones con denominación específica ni para pesca ni para caza en los capítulos de inversión real.

Así se reparte la inversión en León

En el caso leonés, la primera partida aparece en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que está en manos de Vox bajo la presidencia del exlider sindicalista agrario de Asaja, Joaquín Antonio Pino. Se denomina “Promoción turismo caza y pesca accesos León” y conlleva 779.509 euros. Sin embargo, se trata de una partida que además duplica la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que con idéntico destino, también para accesos de caza y de pesca, contempla otros 57.000,00 euros a mayores. En total, 836.509 euros de presupuesto para la misma finalidad que no se detalla en qué consistirá.

El también a veces llamado 'la Junta B' o criticado como “chiringuito”, que es Somacyl, registra una nueva partida en el borrador presupuestario que al final viene a ser la más elevada: un millón de euros para literalmente “Infraestructuras Caza y Pesca León”. Es aquí cuando desvela que ese dinero estará íntegramente financiado por Fondo de Transición Justa minero, no directamente para la reconversión de las comarcas gravemente afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas.

Y por si fuera poco dinero, todavía otro 'chiringuito' dependiente de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, suplementa una nueva cifra de 750.000 euros. En este caso, para lo que denominan “actuaciones del fomento del turismo de naturaleza, caza y pesca”, también sin detalle alguno.

Un cúmulo de polémicas medidas para matar más

Todas estas medidas de tipo presupuestario se suman a otras adoptadas en los últimos años, tales como la exención del pago de tasas cinegéticas del anterior Gobierno de PP y Vox, que disparó los permisos un 43,7% en dos años frente a las críticas de los ecologistas. Y recientemente, la nueva Consejería de Vox para el campo con parte de las antiguas competencias de Medio Ambiente ha autorizado el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para modalidades de caza mayor, igualmente denostada por los conservacionistas.

Esosignificaa que a partir de ahora los cazadores podrán abatir ejemplares con la ayuda de visores diurnos en la caza mayor y nocturnos para el jabalí. La excusa administrativa de la Junta es la de reducir daños agrícolas y ganaderos y mejorar la gestión cinegética. También se estudia el modo de permitir el uso de silenciadores que pillen más desprevenidos aún a los animales.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.

Lo avanzaron en septiembre. Y lo han confirmado en octubre. Los agentes medioambientales de 15 de las 18 comarcas leonesas han ratificado el anunciado plante indefinido a las guardias de incendios hasta que la Junta de Castilla y León “no mejore las condiciones laborales y de seguridad” de los profesionales, que esperan una “reacción” del Gobierno autonómico para retomar esa disponibilidad.

Los operarios aclaran que respetaron “por responsabilidad” la campaña de peligro alto de incendios. “Y ha sido anunciado con tiempo para que los responsables de la Junta pudieran escucharnos y proponernos algún tipo de acercamiento, pero desgraciadamente la situación no ha cambiado”, lamentan.

En su crítica, los agentes medioambientales apuntan primero al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que se refieren como “principal responsable de la nefasta política de prevención y extinción de incendios en las anteriores legislaturas”, mientras que “en la presente no tiene visos de permitir por ahora ninguna mejora en las condiciones del colectivo”. Y tambien recriminan a la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, que ni los recibiera ni contestara a sus requerimientos.

“Es tal el desinterés que muestra esta administración con nuestro colectivo que hasta desconocen que somos la punta de lanza de la extinción de los incendios. Somos la red de seguridad que vela para que todas las personas que trabajan en una extinción lo hagan de la manera más segura y asumimos la responsabilidad personal y legal, con preparación técnica pero sin un reconocimiento profesional acorde por parte de la Junta de Castilla y León. Y mientras tanto, el aumento de recursos para las empresas dueñas de los helicópteros no para de crecer”, señalan.

Y concluyen: “Quisiéramos volver a trabajar con normalidad antes de que llegue la próxima campaña de incendios. Sin nuestro trabajo el operativo de incendios es menos eficaz, más caro y sobre todo menos seguro para las personas que trabajan en él”.

La Junta de Castilla y León pide permiso a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para construir un puente nuevo sobre el río Selmo en Villarrubín, en el término municipal de Oencia. El anuncio sale publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abriendo el periodo de exposición pública del proyecto.

La actuación está promovida por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta y afecta al dominio público hidráulico y a la zona de policía del río Selmo, lo que hace imprescindible la autorización de Confederación.

Según la breve descripción que se aporta en el anuncio oficial, el nuevo paso estará formado por dos estribos y un tablero apoyado sobre vigas metálicas y el puente tendrá una anchura total de 7,10 metros, de los que seis metros serán de calzada. El expediente completo se puede consultar en las oficinas de la Comisaría de Aguas del organismo, situadas en el Poblado del Embalse de Bárcena, en Ponferrada.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil abre ahora un plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del anuncio, para que las personas que puedan considerarse perjudicadas presenten alegaciones.

La Comisión de Patrimonio de la Junta acaba de dar su visto bueno a un nuevo proyecto del Ayuntamiento de León para crear un pequeño jardín en un solar en desuso situado junto a las Cercas medievales de la avenida Independencia de la capital y la calle La Rúa, lindando con el convento de las Concepcionistas.

El proyecto, que ya ha salido a licitación este mes de septiembre por casi 450.000 euros (449.239,82 euros) y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses cuando se haya designado a la empresa seleccionada en este procedimiento. Para entonces contará ya con el visto bueno de Patrimonio de la Junta, que ha autorizado la adecuación y puesta en valor de este nuevo espacio en plena zona de afección del Camino de Santiago y junto a unas murallas medievales que también están protegidas como Bien de Interés Cutural (BIC).

La intervención se desarrollará en el espacio público situado intramuros de las Cercas y en la parcela municipal del número 30 de La Rúa, que lleva años en muy mal estado y permanece vallada y sin uso. Se trata de un punto donde hace décadas se construyó una nueva zona residencial con un restaurante, Pico-Pico, no sin el polémico y sospechoso incendio y derribo de una casa blasonada y protegida en La Rúa, cuya desaparición permitió aquella promoción de viviendas.

Ahora, el proyecto busca recuperar un terreno sin uso y convertirlo en una zona verde que sumará casi 1.400 metros cuadrados, integrada con el pasaje y pensada principalmente para el tránsito y la estancia de peatones.

El proyecto contempla eliminar el actual cerramiento del solar y reorganizar el espacio para reducir el protagonismo que actualmente tienen los vehículos. Se combinarán nuevas superficies ajardinadas con zonas pavimentadas y de descanso, además de incorporar nuevo arbolado, aunque el proyecto aboga por respetar también los árboles existentes. Se sumarán bancos, papeleras, aparcabicicletas y una fuente de agua, aunque ya existe una que rara vez funciona. También se adaptarán los recorridos para mejorar la accesibilidad y se renovarán las instalaciones de riego, drenaje, saneamiento y alumbrado necesarias para la nueva configuración.

La actuación no toca para nada la restauración de los propios lienzos de las Cercas medievales sino que se centra en urbanizar y ajardinar este espacio situado detrás. La intervención se integra además en el Plan de Actuación Integrado para el Camino de Santiago 2025-2029, por lo que se destina así financiación con fondos Feder europeos, dentro del proyecto municipal de rehabilitación de las cercas y murallas de los sectores sur y oeste.

La Reserva de la Biosfera de Babia ha mostrado su malestar con el balance realizado por la Junta de Castilla y León sobre la ejecución de los fondos destinados a estos espacios y advierte de que las cifras globales ofrecidas por el Gobierno autonómico no reflejan la delicada situación económica que atraviesa su entidad gestora. Entre otras cuestiones, denuncia que todavía tiene pendiente de cobrar íntegramente una subvención de 30.000 euros concedida en 2023 para el proyecto ‘Escuela de Pastores’, por ejemplo.

La reacción llega después de que el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, Javier Ezquerra, asegurase que Castilla y León había ejecutado ya el 90% de los 8,8 millones de euros destinados a actuaciones en sus Reservas de la Biosfera. Las ayudas fueron concedidas en 2023 a 141 proyectos presentados por corporaciones locales, empresas, particulares y entidades sin ánimo de lucro y están financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ezquerra presentó estos datos durante la 27ª Reunión ordinaria del Comité Español del Programa MaB de la Unesco, celebrada a finales de septiembre en Los Llanos de Aridane, en La Palma, y fue resaltada públicamente en esta nota de prensa.

La Asociación Gestora de la Reserva de la Biosfera de Babia no cuestiona ese porcentaje global, pero recalca que no puede trasladarse automáticamente a la realidad de cada reserva. Según explica, Babia continúa afrontando una situación económica y financiera “extremadamente complicada”, con recursos que considera muy limitados para cumplir las funciones vinculadas al programa MaB de la Unesco.

La entidad pone como ejemplo precisamente los 30.000 euros correspondientes al proyecto ‘Escuela de Pastores’, una subvención concedida por la Junta en 2023 que, según asegura, todavía no ha sido abonada. La propia resolución establecía que no habría anticipo durante aquel ejercicio y que la totalidad de la ayuda se pagaría en 2024, pero la Reserva afirma que a finales de septiembre de 2026 seguía pendiente de recibirla. El presidente de la Reserva babiana es Emilio Martínez, alcalde de Cabrillanes por Unión del Pueblo Leonés (UPL), así como diputado provincial de Cultura.

Carriedo asegura que “se examinará” el posible retraso

Sobre este asunto, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se ha limitado ha afirmar que “se examinará si hay alguna cantidad pendiente de justificar”, trasladando así la posible responsabilidad del impacto a la propia entidad, más que a la Junta. En todo caso, quiso garantizar que se procederá a “pagar todo lo que se acredite”.

La asociación, por su parte, sostiene que buena parte del funcionamiento ordinario de la Reserva depende actualmente del esfuerzo económico realizado desde el propio territorio. Cita en concreto las aportaciones de la Diputación de León, los ayuntamientos de Cabrillanes y San Emiliano y distintas juntas vecinales de ambos municipios, que contribuyen a mantener una estructura cuya financiación considera insuficiente para las responsabilidades asumidas.

Casi 600.000 euros concedidos en Babia, pero no a su entidad gestora

Uno de los principales matices que introduce la Reserva afecta precisamente a la interpretación de las cantidades destinadas a Babia. En este territorio se concedieron 596.148,37 euros a diferentes proyectos mediante la Orden MAV/977/2023, por la que se resolvió la convocatoria de subvenciones para las Reservas de la Biosfera de Castilla y León dentro del Plan de Recuperación.

La asociación recalca, sin embargo, que esos casi 600.000 euros no constituyen una financiación directa de la Reserva ni sirven para sostener su estructura gestora. El dinero corresponde a proyectos concretos promovidos por ayuntamientos, juntas vecinales, particulares, empresas y asociaciones situados dentro del territorio reconocido como Reserva de la Biosfera.

Babia reclama por ello distinguir entre el dinero destinado a actuaciones desarrolladas geográficamente dentro de una Reserva y los recursos de los que dispone la entidad encargada de gestionarla, es decir, su propia financiación. En ese sentido, pide que se concrete qué parte de los fondos anunciados ha llegado realmente a cada Reserva, qué cantidades se han abonado efectivamente y cuál es la situación financiera de sus órganos gestores.

El balance difundido por la Junta señala que los 8,8 millones de euros han financiado proyectos vinculados, entre otras cuestiones, a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, la mejora de la gobernanza, el turismo sostenible, la conservación del patrimonio cultural y el paisaje o el manejo agroecológico y forestal. El Gobierno autonómico interpreta el 90% de ejecución como un avance en la materialización de estas inversiones.

“Babia no pide un trato de favor”

Desde Babia, sin embargo, reclaman que esas cifras se acompañen de una financiación ordinaria que permita mantener las propias estructuras que gestionan estos espacios. La asociación recuerda que una Reserva de la Biosfera debe compatibilizar la protección del patrimonio natural con la ganadería extensiva, el turismo, la actividad económica, el patrimonio cultural y la vida de sus pueblos, unas funciones que, sostiene, necesitan recursos estables y continuados. “Babia no pide un trato de favor”, recalcan en un comunicado de prensa, sólo reclama que los recursos destinados a las Reservas de la Biosfera lleguen efectivamente a los territorios y a sus órganos gestores y permitan cumplir las funciones para las que fueron creadas.

La Asociación Gestora asegura que continuará trabajando con los medios disponibles y el respaldo de las administraciones locales, pero advierte de que la conservación y el desarrollo sostenible de la comarca no pueden depender únicamente del esfuerzo económico de sus ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades del territorio, además de las aportaciones desinteresadas de colaboradores como los integrantes de su Consejo Científico.

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno definitivo a la explotación de áridos 'El Teso 1', en el municipio leonés de Ardón. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León ha autorizado la extracción de gravas y arenas y ha aprobado tanto el proyecto de explotación como el correspondiente plan de restauración a favor de la empresa Graveras Valencia, S.A., según el anuncio publicado este jueves 1 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La autorización fue dictada mediante una resolución fechada el 24 de septiembre de 2026 y supone el último paso administrativo para autorizar la explotación minera, después de que el proyecto obtuviera previamente la declaración de impacto ambiental favorable el año pasado.

'El Teso 1' se suma a otras actividades de extracción de áridos de Graveras Valencia en esta zona de la provincia. Entre ellas se encuentra la gravera 'La Cuesta', también situada en Ardón, que ya había sido objeto de actuaciones ambientales y de restauración.

El proyecto de 'El Teso 1' contempla nuevas labores para obtener materiales destinados principalmente a la construcción. La iniciativa había sido planteada inicialmente en 2020 y posteriormente fue modificada, entre otras cuestiones, para reducir la superficie de aprovechamiento por la afección al Castro de Villalobar. La mayor parte de los materiales extraídos está destinada a su traslado a una planta de lavado y clasificación de áridos de la misma empresa situada en las proximidades.

La declaración ambiental favorable estableció distintas condiciones para proteger el suelo, el agua, la flora, la fauna, la atmósfera y el patrimonio cultural, además de exigir la restauración progresiva de los terrenos afectados y un programa de seguimiento y vigilancia. Durante el periodo de información pública abierto en 2024 no se presentaron alegaciones de particulares ni de entidades, según la documentación del expediente.

Con la resolución ahora publicada, la Junta da por autorizada la explotación y aprueba formalmente los documentos que permitirán desarrollar los trabajos y posteriormente restaurar las zonas afectadas.

¿Es bueno de por sí un proyecto de una central hidroeléctrica reversible? Mientras la población rural se resiste a obras de este tipo, como ha ocurrido en La Cabrera, en una provincia como León que ha sufrido grandes traumas por la construcción de pantanos –yen la actualidad está produciéndose una fuerte oposición en la Montaña Central por la planteada en una zona de alto valor paisajístico como Valdepiélago–, la Universidad de León acoge un congreso sobre este tipo de instalaciones energéticas, poniendo el foco en la necesidad de valorar geológicamente la construcción de las mismas.

La Escuela de Ingeniería de Minas acogió este miércoles INNOVAMIN’26, una jornada técnica que reúne por primera vez en la Universidad de León a profesionales, investigadores, empresas y representantes de las administraciones para analizar los principales retos que plantea el desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles y las oportunidades que pueden abrirse en torno a ellas.

La dimensión técnica de estos proyectos requiere, además, abordar de forma precisa las características del terreno sobre el que se desarrollan. Así lo destacó el coordinador del Instituto Geológico y Minero de España en León, Augusto Rodríguez que remarcó el papel de la geología en la selección y caracterización de los emplazamientos, así como en la evaluación de las condiciones hidrogeológicas y la identificación de posibles riesgos geológicos y geomorfológicos.

En este sentido, señaló que construcción de centrales hidroeléctricas reversibles implica la ejecución de grandes infraestructuras subterráneas, con galerías, pozos y cavernas, además de presas y embalses, lo que hace necesario conocer con detalle las características litológicas y estructurales del terreno y su comportamiento.

Una jornada en la que además se abordó la necesidad de coordinación entre los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de estas infraestructuras. El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y organizador de INNOVAMIN’26, Carlos López Jimeno, incidió en la importancia de articular la colaboración entre las diferentes administraciones y organismos implicados, especialmente en proyectos cuya dimensión energética y territorial supera el ámbito de una única comunidad autónoma.

“Queremos generar conocimiento, abrir líneas de investigación y establecer nuevas vías de colaboración con empresas, instituciones y profesionales del sector, aprovechando para ello el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo docente e investigador”, destacó la rectora Nuria González, que subrayó la intención de la Escuela de acercarse a nuevos retos y explorar todo lo que puede aportar la “Universidad a un ámbito llamado a adquirir una importancia creciente”.

El viceconsejero de Medio Ambiente, a favor

Durante la inauguración, el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, situó el desarrollo del almacenamiento energético entre los grandes retos asociados a la expansión de las energías renovables y destacó el potencial de Castilla y León para avanzar en este ámbito. “Nuestra Comunidad cuenta con una importante capacidad de generación fotovoltaica, eólica e hidráulica, además de unas condiciones orográficas y unos recursos hidráulicos que pueden favorecer el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles”.

Llorente destacó también la confluencia de capacidades que puede jugar a favor de estos proyectos, desde el conocimiento acumulado en torno a la minería y la ingeniería hasta la experiencia en materia hidráulica y energética y el talento generado por las universidades. En este contexto, situó a León como un territorio con condiciones especialmente adecuadas para abordar nuevas iniciativas vinculadas al almacenamiento y señaló que este desarrollo puede generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en el marco de la transición energética.

El viceconsejero apuntó, no obstante, que el despliegue de estas infraestructuras requiere avanzar de forma coordinada en distintos ámbitos, entre ellos los aspectos tecnológicos, la tramitación administrativa, las necesidades de inversión y financiación y la planificación energética, especialmente en relación con el desarrollo de la red eléctrica, mostrando el apoyo de la Junta al desarrollo de nuevas centrales.

Necesidades energéticas

La expansión de las energías renovables está haciendo cada vez más necesario disponer de sistemas capaces de almacenar energía a gran escala y gestionar de forma flexible su producción y su demanda. Las centrales hidroeléctricas reversibles se presentan como una de las alternativas con mayor potencial para avanzar en el almacenamiento energético.

Un ámbito que abre nuevas oportunidades para la ingeniería, la geología y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y que la Universidad de León, a través de su Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, quiere empezar a explorar desde el conocimiento y la investigación, aprovechando la capacidad de León en sectores vinculados a la energía, la ingeniería, la minería y los recursos hidráulicos.

El Congreso INNOVAMIN’26 ha sido organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Geológico y Minero de España, en colaboración las Escuelas de Ingeniería de Minas de las universidades de León y Politécnica de Madrid y EURECA-PRO, reuniendo a especialistas de los ámbitos de la ingeniería, la geología, la energía, la geotecnia y el agua para poner en común experiencias y conocimiento sobre las centrales hidroeléctricas reversibles. 

Un accidente laboral de un trabajador contratado por la Junta de Castilla y León para la apertura de una pista forestal en la comarca leonesa de Omaña ha acabado ayer martes con su fallecimiento, al caer por una ladera la máquina que se empleaba para estas labores. El empleado tenía 48 años de edad, confirman fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 14.30 horas, según se dio aviso, también al servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta. Las primeras informaciones especificaban que la alerta surgió cuando alguien vio una máquina retroexcavadora caída en las inmediaciones de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

La Guardia Civil, que fue alertada de manera inmediata y se personó en la zona, confirmó posteriormente que el cuerpo del conductor de la máquina se encontraba fuera del vehículo, del que habría salido despedido al caer la misma por una ladera, por causas que aún están bajo investigación, al tratarse oficialmente de un accidente laboral, confirman también desde la Delegación Territorial de la Junta en León. Estas mismas fuentes matizan además que la víctima estaba contratada a través de una empresa privada contratada por la Junta, y realizando labores en el monte, en concreto la apertura de una pista forestal.

La Guardia Civil fue la encargada de poner en marcha el complejo operativo para el rescate del cuerpo, que se pudo comprobar que ya estaba sin vida, del conductor de la excavadora. Participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, en la provincia leonesa, con el apoyo del helicóptero de la Comandancia de León, los cuales posteriormente trasladaron el cuerpo a León para la realización de la autopsia. Las mismas fuentes confirman que se han iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias concretas del suceso mortal, sin ofrecer más detalles sobre el resultado de las primeras investigaciones.

La Junta de Castilla y León ha aprobado la Autorización de Impacto Ambiental a la ampliación de una granja de gallinas camperas ubicada en el sur de la provincia de León para que aumente hasta 214.500 gallinas y produzca 57 millones de huevos al año, en un paraje enmarcado dentro de una de las figuras más delicadas y restrictivas.

En concreto, la explotación de la empresa Cantos Blancos Norte, del grupo Huevos Guillén, una de las principales suministradoras de huevos de Mercadona, se sitúa en la localidad de Villabraz. Allí mismo ya tiene autorización desde hace siete años para albergar 117.000 ponedoras, aunque ahora la previsión es invertir 2,5 millones de euros para incrementar las instalaciones para poder aumentar el número de animales hasta un 83% más.

La granja se enmarca dentro de la Red Natura 2000 y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Oteros-Campos, así como varios municipios aledaños dentro de la Zona Vulnerable Páramos de León. Eso no ha sido óbice para el visto bueno final de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental -ya no de la Consejería de Medio Ambiente-, tras un largo proceso de meses y un período de consultas tras el que no consta la presentación de ninguna alegación. El arranque del proceso fue hace casi año y medio.

La ampliación contempla la construcción de dos nuevas naves destinadas a gallinas camperas, además de otras instalaciones auxiliares, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. Según la documentación evaluada por la Administración autonómica, la capacidad total de 214.500 plazas para aves de puesta es equivalente a más de un millar de unidades de ganado mayor, vacas por ejemplo, y es precisamente esa dimensión la que obliga al proyecto a someterse a evaluación ambiental ordinaria.

En sus conclusiones, publicadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la Junta concluye que la actuación “no causará perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido”, reza literalmente la resolución, siempre que se cumplan todas las condiciones impuestas durante la tramitación y que ahora refleja la autorización de impacto ambiental.

Entre las medidas exigidas figuran actuaciones para minimizar molestias a la fauna, controlar las emisiones y garantizar una correcta gestión de los residuos generados por la actividad ganadera. En este último sentido, se constata que la ampliación conllevará un incremento significativo en la producción de estiércoles. Los informes incorporados al expediente estiman que la explotación generará más de 9.100 toneladas anuales de deyecciones de las aves, gallinaza, que serán destinadas principalmente a su aprovechamiento agrícola como fertilizante. Precisamente este aspecto ha centrado parte de las observaciones realizadas por distintos organismos consultados durante la evaluación.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) alertó de la necesidad de extremar las precauciones en la aplicación agrícola de estos residuos, especialmente en aquellas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos o próximas a masas de agua susceptibles de verse afectadas. Se prevé que ese aprovechamiento sea en campos de cultivo de los municipios leoneses de Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Pobladura de Pelayo García y Santa María del Páramo. Además, se obliga a que “las labores de aplicación del estiércol se lleven a cabo fuera del periodo de marzo a julio, ambos inclusive, coincidente con la época reproductiva de la avifauna esteparia”.

El estiércol y su reparto como abono, condicionado

Asimismo, la declaración ambiental obliga a la empresa promotora a reforzar la capacidad de almacenamiento de estiércoles prevista inicialmente, al considerar la Administración que las instalaciones proyectadas podían resultar insuficientes para garantizar una gestión adecuada.

La declaración de impacto ambiental favorable de la Junta concede ahora, como es habitual, un plazo máximo de cuatro años para ejecutar el proyecto de ampliación y ponerlo en funcionamiento. Concluye así uno de los trámites administrativos más relevantes y completos de su tramitación, aunque todavía deberá obtener el resto de autorizaciones necesarias antes de poder ejecutar la ampliación prevista.

Ya se había solventado el año pasado otro escollo necesario para tal incremento de la producción de huevos, como era conseguir aumentar el consumo de agua permitido por la Confederación hasta un volumen máximo anual de 15.658,5 metros cúbicos, cuando su concesión previa era de 8.500.

Cuatro metros de espacio para cada gallina

La compañía se encuentra entre las empresas líderes del sector avícola en España y cuenta con más de 30 años de trayectoria. Además de sus centros de producción en el sur de la provincia de León, dispone de instalaciones en Valencia, Murcia, Castellón, Toledo, Guadalajara, Badajoz, Canarias y Navarra.

Disponen de un criterio de “buenas prácticas agrarias, y en especial las buenas prácticas en materia de cría” en el que destacan algunas condiciones como que “las gallinas tendrán acceso de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre”. En esa zona de campeo, cada ponedora cuenta con una superficie mínima de al menos cuatro metros cuadrados, en un espacio con “vegetación en su mayor parte” que “no se destinará a otro uso” que ofrecer un entorno lo más natural posible a las aves, salvo excepciones como huertos frutales, terrenos forestales o pastos.

En el equinoccio el día se iguala a la noche y volvemos a poner el contador a cero. En eso consiste en gran medida el cambio de estación. Es una excusa más, tal vez, para marcar un ciclo, una diferencia, la certeza de una rutina anual, una costumbre, una marca temporal, una rueda del año en la que nos quemamos al sol, nos helamos cuando el mercurio desciende o tratamos de recuperar las temperaturas intermedias que parecen jugar al escondite con nuestra paciencia.

El otoño que ahora arranca es un momento de esos en los que vivimos una transición: en teoría no hay calor ni frío extremos, aunque la llegada este año ha sido extenuante, alcanzando y superando los treinta grados de máxima en León. Tal vez en un tiempo no tan lejano nos toque explicar qué eran las estaciones intermedias, la primavera y el otoño, esos periodos en los que la naturaleza posee una belleza especial, porque se prepara para desnudarse o para cubrirse. Pero aún, creo, en este presente extraño, se puede y se debe abrazar el otoño. Yo sé que llega porque la morera de mi finca, que tiene casi cien años, empezará a despellejarse cuando sus frutos se vayan definitivamente. Y, no sé por qué extraña razón, desde que vivo en esta casa, hay un día, nunca se sabe cuál, en el que un viento preciso la toca y empieza a llover desde sus ramas. Y he tenido la suerte de que siempre, siempre, me sorprenda mirándola. Es una imagen preciosa que guardo en la retina por si este año, tal vez, no pasa, por si me lo pierdo por estar mirando a otro lado mucho menos importante. Pero yo conozco su ritmo: caen, una a una, todas las hojas, dejando el tronco inerme y, sin embargo, hermoso para que, semanas después, si sucede, la nieve se pose en sus extremidades. Quizás este año no lo vea, aunque eso importa poco: guardo ya en la memoria su gesto tibio y a él me aferro.

Es tiempo de darle tregua al huerto, de preparar la tierra para lo que vendrá más adelante, de recoger lo último que se deje comer en esta tierra dura que es la Maragatería, una tierra que, como tantas otras, sufre la amenaza de las renovables mal entendidas: no es el proyecto en sí, es el modelo, es la desmesura, es la barbarie a la que hemos sometido nuestra manera de generar beneficios sin importar cómo. La planta de biometano que se pretende instalar a escasos dos kilómetros de Astorga tiene ya el no de la mayoría de los que aquí vivimos y nos dedicamos a menudencias como conservar el territorio, mirar a los ojos a los vecinos o atender y guardar silencio cuando el viento decide desnudar un árbol porque en pocos meses llegará el invierno. 

Somos guardianes de la naturaleza, una bobada, vaya, en estos tiempos plastificados que corren, un absurdo para quienes pretenden traernos toneladas de mierda a la puerta de nuestra casa. Y justo el problema está ahí, en perder la medida de todas las cosas, en olvidar el punto medio. Tal vez sea eso, quizás estemos perdiendo las estaciones intermedias al mismo ritmo que nuestra sociedad está deshaciéndose de la razón y del equilibrio para vivir en paz. Pero la gente, a veces, responde. Ojalá los otoños vuelvan a ser otoños y las primaveras, primaveras.

La plataforma vecinal de La Somoza berciana ha trasladado este lunes al Procurador del Común de Castilla y León una queja formal por la situación que atraviesan los pueblos de esta zona de montaña perteneciente al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. La reclamaciónllega respaldada por casi cinco mil firmas recogidas en menos de dos meses, tanto a través de una petición en Change.org como mediante hojas distribuidas en distintos puntos.

Los vecinos entregaron las firmas junto con el expediente remitido al Procurador del Común, al que solicitan que intervenga ante las distintas administraciones con competencias en el territorio. La plataforma considera que el volumen de apoyos demuestra que la preocupación por el futuro de La Somoza trasciende a sus residentes habituales y alcanza también a personas vinculadas familiar, afectiva o territorialmente con estos pueblos.

La Somoza berciana es una zona del municipio de Villafranca del Bierzo que está integrada por Paradaseca, Teixeira, Veguellina –San Cosme y Ribón–, Villar de Acero, Paradiña, Pobladura de Somoza, Cela, Prado de la Somoza, Campo del Agua, Aira da Pedra y Porcarizas. Según los datos de referencia incluidos en el expediente y atribuidos al Instituto Nacional de Estadística, los núcleos suman aproximadamente 256 habitantes. Las casi cinco mil firmas reunidas multiplican por 18,75 a la población que vive allí, con lo que queda clara la importancia que le da la gente de la comarca del Bierzo y la provincia de León a esa zona natural.

Cuatro ámbitos de reclamación

Durante la tramitación de la queja, las reivindicaciones vecinales han quedado agrupadas en cuatro grandes ámbitos: la prevención y gestión de incendios, la falta de cobertura de telefonía móvil, el estado de las infraestructuras y la recogida de residuos sólidos urbanos por parte del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.

La prevención de incendios constituye la principal preocupación de la plataforma, especialmente después de los episodios registrados durante los últimos meses en el entorno, entre ellos los fuegos de Pradela-Cela y Veguellina. Los habitantes consideran que estos incendios han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de una zona de montaña en la que, a su juicio, siguen pendientes actuaciones preventivas básicas.

Entre las medidas que reclaman figuran los desbroces, las podas, la limpieza de caminos y cauces, así como la creación o conservación de cortafuegos y franjas de protección alrededor de los núcleos habitados. Los vecinos sostienen que estas labores deben ejecutarse antes de que llegue la temporada de mayor riesgo y no después de que se produzcan los incendios.

La plataforma pide al Procurador del Común que analice la prevención y la gestión de los incendios registrados en 2026, los medios empleados, la coordinación entre las administraciones y las actuaciones necesarias para reducir el impacto de futuros fuegos.

Piden investigar el incendio de Veguellina

Los vecinos solicitan además que se investiguen las circunstancias del incendio de Veguellina –que quemó más de 300 hectáreas de arbolado este verano– y que se esclarezcan los hechos y las posibles responsabilidades. Según recoge su reclamación, algunos testigos que presenciaron el inicio de las llamas apuntan a que el fuego pudo comenzar por “una chispa originada en el tendido eléctrico”, situado, según denuncian, en zonas donde la vegetación se encuentra sin desbrozar y demasiado próxima a la línea.

Por este motivo, la plataforma reclama que se revise la distancia existente entre el tendido eléctrico y la masa vegetal y que se lleve a cabo el mantenimiento de todas las franjas de protección. Los vecinos consideran que la limpieza preventiva de estas áreas resulta esencial para evitar que un incidente puntual pueda convertirse en un incendio de mayores dimensiones y amenace a los pueblos.

La queja no se limita, sin embargo, a la política forestal. La plataforma describe una situación de “abandono generalizado” que afecta a servicios básicos y que, según advierte, dificulta la permanencia de la población en el territorio.

Sin cobertura móvil desde hace años

Una de las principales carencias señaladas es la falta de cobertura de telefonía móvil. Los vecinos recuerdan que el problema se mantiene desde hace años y que, en determinadas zonas, puede llegar a impedir una llamada de emergencia al 112.

La situación, aseguran, ha sido denunciada de forma reiterada desde 2021 y ha motivado movilizaciones vecinales, iniciativas parlamentarias y anuncios de posibles soluciones que todavía no se habrían materializado. Para la plataforma, la ausencia de cobertura supone un riesgo añadido en un territorio extenso, con población envejecida y en el que las distancias hasta los servicios asistenciales y de emergencia pueden ser importantes.

La cobertura móvil es también fundamental, según los residentes, para facilitar la comunicación diaria, combatir el aislamiento y ofrecer unas condiciones mínimas a quienes viven, trabajan o desarrollan actividades económicas en estos pueblos.

Carreteras deterioradas y accesos en mal estado

La plataforma reclama igualmente una intervención en las carreteras y accesos a las localidades de La Somoza. Los vecinos denuncian la existencia de baches, socavones, tramos con el firme deteriorado y acumulaciones de gravilla que dificultan la circulación.

El estado de estas vías afecta, según explican, tanto a los desplazamientos cotidianos como a la llegada de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia. También consideran que unas carreteras en condiciones son imprescindibles para garantizar una eventual evacuación de los pueblos en caso de incendio u otra emergencia.

La reclamación pretende que las administraciones concreten las actuaciones previstas, determinen qué organismo será responsable de ejecutarlas y establezcan un calendario para su puesta en marcha.

Problemas con la basura y atención sanitaria

A las deficiencias en materia de prevención, comunicaciones y carreteras se suman los problemas relacionados con la recogida de residuos. Los vecinos aseguran que algunos contenedores permanecen llenos durante demasiado tiempo, una situación que genera molestias y empeora las condiciones de los pueblos, especialmente durante los periodos de mayor afluencia.

La plataforma también reclama una atención sanitaria adaptada a una población cada vez más envejecida. Entre las alternativas planteadas figuran la celebración de consultas periódicas y el desplazamiento de personal médico y de enfermería a los distintos núcleos de población.

Los residentes consideran que la prestación de estos servicios resulta determinante para que las personas mayores puedan continuar viviendo en sus pueblos y para evitar que la falta de atención obligue a nuevos desplazamientos o acelere el abandono demográfico de la zona.

“No pedimos privilegios”

Los vecinos insisten en que sus reivindicaciones no pretenden obtener un trato privilegiado, sino garantizar los servicios básicos necesarios para vivir en el medio rural. “Queremos que nuestros montes estén cuidados y preparados antes de que llegue el verano. Queremos que nuestros pueblos estén mejor protegidos frente a los incendios. Queremos poder llamar al 112 si tenemos una emergencia. Queremos una carretera segura. Queremos que la basura se recoja con normalidad. Queremos que nuestros mayores tengan una atención sanitaria adecuada”, recoge el escrito presentado ante el Procurador del Común.

La plataforma reclama una mayor coordinación entre las administraciones responsables y exige que se concrete qué medidas se van a adoptar, quién debe ejecutarlas y en qué plazos. Los vecinos consideran que la falta de respuestas claras prolonga una situación que afecta a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de quienes residen en La Somoza berciana.

“La Somoza Berciana quiere seguir teniendo futuro. Y para ello necesitamos que nuestros pueblos estén protegidos, comunicados, accesibles y atendidos”, concluye la reclamación vecinal.

Ha resultado muy numerosa la protesta convocada este sábado en la ciudad de Astorga, precedida de una marcha a través de la comarca de Maragatería, promovida por los opositores al proyecto de instalación de una planta de producción de biometano a raíz de deshechos ganaderos en el municipio de Val de San Lorenzo, apenas a dos kilómetros de la ciudad.

La larga marcha ha cubierto a pie, en medio de un ambiente reivindicativo pero también festivo, el amplio recorrido hasta su destino, situado frente al Ayuntamiento de Astorga. Allí han coreado, como en el resto del recorrido, sus consignas y sus argumentos, especialmente medioambientales, que les posicionan abiertamente contra la iniciativa que ya tramita la Junta de Castilla y León.

El proyecto de la compañía Apiolae SL, filial del grupo ID Energy Group, anuncia una inversión de 9,45 millones de euros para construir una instalación destinada a transformar residuos y subproductos orgánicos de origen agroganadero en gas de biometano. Su dimensión es uno de los principales elementos de controversia en las comarcas de Astorga y se ha sumado al argumento de que todo el entorno de la zona ya suma excesivos proyectos de gestión de residuos, empezando por el propio Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, pero también ahora muy latente una planta de lodos en la localidad de Piedralba, en el municipio maragato de Santiago Millas. De ahí algunos mensajes lanzados hoy como que “nuestra comarca no es un basurero”.

Unanimidad en el Ayuntamiento

La protesta, que estuvo muy animada, coincide a pocos días de que todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Astorga, donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular (PP), acordaran presentar conjuntamente alegaciones al proyecto de biometano, al considerar que, pese a situarse fuera de su término municipal, su proximidad y dimensiones pueden provocar afecciones directas sobre Astorga y su comarca. La Corporación aclara que no rechaza el biometano como tecnología, sino que reclama un análisis especialmente riguroso de una instalación proyectada para tratar 233.500 toneladas de residuos al año y de sus posibles consecuencias sobre la población, el territorio, el medio ambiente y la economía local.

Entre las principales preocupaciones figura el origen de los residuos, ya que, según la documentación analizada por el Ayuntamiento, solo unas 48.000 toneladas procederían de un radio de 30 kilómetros y alrededor de 185.500 tendrían que llegar desde otros lugares. A ello se suma la previsión de unos 36 camiones diarios de gran tonelaje y la generación de aproximadamente 103.061 toneladas de digestato al año. Los grupos reclaman que se concreten la procedencia y las rutas de transporte de los residuos, la capacidad de las carreteras para asumir ese tráfico y las parcelas y superficies agrícolas en las que se utilizará el digestato, además de las medidas destinadas a evitar la contaminación de suelos y aguas.

Las alegaciones ponen también el foco en el riesgo de olores y reclaman que se estudie específicamente su posible llegada a Astorga en función de los vientos, la meteorología y las situaciones de funcionamiento anormal de la planta. Exigen además una evaluación específica de la afección al Camino de Santiago -el proyecto prevé impactos durante las obras sobre aproximadamente 1,5 kilómetros de su entorno-, así como comprobar la situación legal de los terrenos afectados por un incendio forestal en 2024. A ello añade la necesidad de valorar conjuntamente las consecuencias sobre el paisaje, el patrimonio, la agricultura, el turismo, la salud, el agua y el suelo, así como los efectos acumulativos con otras instalaciones existentes o previstas en la zona.

Como conclusión, los grupos municipales reclaman a la Junta que revise la suficiencia del Estudio de Impacto Ambiental y exija al promotor todos los estudios complementarios necesarios, además de garantías económicas y ambientales para responder ante accidentes, contaminación, averías, cierre o desmantelamiento.

El acuerdo solicita expresamente que no se conceda la autorización ambiental mientras no queden suficientemente acreditadas todas estas cuestiones, que se garantice la participación de las administraciones y poblaciones afectadas y que las alegaciones sean trasladadas al Ministerio para la Transición Ecológica para reclamar una revisión de la estrategia de implantación de este tipo de instalaciones en las zonas rurales.