La Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de grisú el 28 de octubre de 2013. La Sala desestima el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron las familias de las víctimas, que reclamaban anular la sentencia absolutoria y repetir el juicio ante un juez distinto. La resolución, dictada esta misma semana y a la que ha tenido acceso ILEÓN, confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de León y declara de oficio las costas.

La decisión llega cuando están a punto de cumplirse 13 años del accidente en el que murieron seis trabajadores y otros ocho resultaron heridos. El escape se produjo sobre las 13.24 horas en un taller de la séptima planta del ala Este del Macizo séptimo del Pozo Emilio del Valle, en Tabliza, en la zona de Santa Lucía de Gordón. La emisión brusca y masiva de metano superó el 5% de grisú y redujo inmediatamente el oxígeno hasta el 1%, provocando la muerte de los seis trabajadores que se encontraban en el taller.

La Fiscalía sostenía en su recurso que la sentencia de primera instancia había valorado de forma irracional las pruebas y había dado una credibilidad excesiva a los acusados y a los peritos de las defensas frente a los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. Señalaba, entre otras cuestiones, posibles deficiencias en la autorización de la explotación, la ventilación, el contacto con los minados superiores, la existencia de una bóveda, un supuesto error topográfico y la estructura de prevención de riesgos de la empresa. Las acusaciones defendían que esas circunstancias podían haber contribuido al accidente y reclamaban que se celebrase un nuevo juicio.

La Audiencia, sin embargo, considera que la sentencia de primera instancia sí explica de manera razonada por qué da mayor valor a unas pruebas que a otras y que las discrepancias planteadas por Fiscalía no permiten hablar de una valoración arbitraria o manifiestamente irracional. La Sala recuerda además una limitación fundamental de una segunda instancia frente a una sentencia absolutoria: el tribunal que juzgó el caso tuvo contacto directo con los testigos, acusados y peritos durante los casi dos meses de juicio, mientras que los magistrados de la apelación no tuvieron esa misma inmediación. Por ello, no basta con proponer una interpretación diferente de las declaraciones para anular la absolución.

Un fenómeno que la Audiencia considera imprevisible

Uno de los puntos centrales de la resolución es la causa del escape de grisú. La Audiencia asume la conclusión de la sentencia recurrida de que se produjo un desprendimiento instantáneo de gas procedente de la zona del postaller que fue extraordinario e imprevisible, tanto por el momento en que ocurrió como por su magnitud y sus consecuencias.

La sentencia considera que la Hullera Vasco-Leonesa había aplicado las medidas de prevención previstas para una explotación de estas características. La mina estaba catalogada como de tercera categoría por sus concentraciones de metano y, por tanto, existía riesgo de fenómenos dinámicos, pero la Sala recoge que se habían utilizado los métodos disponibles para reducir ese riesgo y que no se ha acreditado qué otra medida concreta, diferente de las que ya se aplicaban, habría evitado el accidente. Ese elemento resulta determinante para la absolución, ya que no basta con acreditar que existía un riesgo, sino que debe demostrarse una infracción de las obligaciones de seguridad y su relación causal con el resultado.

La Sala da por buena también la conclusión de que la ventilación del taller era conforme a la normativa y que los electroventiladores estaban correctamente situados. La sentencia de primera instancia había rechazado que una prolongación del funcionamiento de los ventiladores después del escape hubiese salvado a los trabajadores, ya que la cantidad de metano liberada habría sido muy superior al volumen de aire aportado. También considera acreditado que cambiar la ubicación de los ventiladores no habría evitado las consecuencias del accidente.

El contacto con los minados superiores, otro punto clave

Otro de los argumentos de la Fiscalía era que no se había producido el contacto necesario con las labores superiores para permitir la salida del gas. La Audiencia vuelve a rechazar esta interpretación. Según la resolución, existen documentos y testimonios que apuntan a que el contacto con la planta superior, concretamente con el culatón de la sexta, ya se había producido antes del accidente.

La Sala destaca que por esa zona salió también gas hacia la sexta planta y que el propio perito judicial admitió durante el juicio que se había producido contacto con la planta superior, aunque fuera pequeño. Los magistrados consideran además significativo que las concentraciones de metano hubieran descendido durante los días anteriores al accidente, algo compatible con la comunicación entre ambas plantas y la migración del gas hacia arriba.

La Audiencia tampoco aprecia el supuesto error topográfico que planteaba la acusación. La resolución considera que lo que pudo existir fue una diferencia en la representación cartográfica, pero no se acreditó que la explotación se hubiera ejecutado físicamente en un lugar incorrecto. En minería subterránea, explica la sentencia, la galería sigue la capa de carbón y la representación topográfica se va actualizando conforme avanza la explotación.

La bóveda no demuestra por sí sola una situación de riesgo

La existencia de una bóveda en la zona de explotación también había sido utilizada por Fiscalía como indicio de que la actividad debería haberse detenido. La Audiencia considera que la existencia de esa bóveda era normal en esa fase de la explotación y que no se ha acreditado que se continuase con el sutiraje vulnerando las limitaciones de seguridad.

La resolución distingue entre la bóveda del postaller, propia del sistema de explotación, y la que pudiera aparecer sobre el propio taller. Y señala que cuando se detectó una bóveda sobre el taller los días 14, 22 y 24 de octubre no se realizó sutiraje en esas zonas.

Tampoco ve acreditada una falta de prevención

La Audiencia considera igualmente que la sentencia recurrida examinó de forma suficiente la estructura preventiva de la empresa, los planes de labores, el sistema de seguridad y las evaluaciones de riesgos. La Fiscalía cuestionaba que la empresa hubiera evaluado adecuadamente el riesgo de una invasión masiva e intempestiva de metano.

Pero para la Sala el problema vuelve a ser que no se ha identificado una medida de seguridad concreta que fuera exigible y cuya aplicación hubiera evitado el accidente. La sentencia de primera instancia consideró acreditado que la empresa había empleado los métodos de prevención dirigidos a los riesgos conocidos y que no se había demostrado la existencia de otra medida capaz de impedir el siniestro.

La Audiencia también entra en las declaraciones de los trabajadores que la Fiscalía consideraba relevantes. La sentencia de primera instancia había detectado contradicciones entre algunas declaraciones realizadas inmediatamente después del accidente y las efectuadas posteriormente durante la instrucción y el juicio, así como afirmaciones que aparecieron de forma tardía. Para la Sala, esa valoración de la prueba personal corresponde especialmente al juez que presenció directamente el juicio y no puede ser sustituida en apelación simplemente porque la acusación proponga otra interpretación.

Fiscalía y las familias querían volver a empezar

La resolución supone el rechazo de la petición de Fiscalía de anular tanto la sentencia como el juicio oral y celebrar un nuevo juicio ante un magistrado distinto. El Ministerio Público había invocado la doctrina constitucional que permite anular una sentencia absolutoria cuando su motivación es arbitraria o manifiestamente irrazonable, pero la Audiencia concluye que esas circunstancias no se dan en este caso.

El tribunal considera que la sentencia de primera instancia podrá ser discutida o que pueden existir interpretaciones diferentes sobre determinadas pruebas, pero no aprecia el error manifiesto, la falta de racionalidad en la motivación ni la omisión de pruebas relevantes que permitirían anular una absolución. En palabras de la propia resolución, lo que existe es una valoración de la prueba diferente a la que propone el recurrente, pero no una valoración irracional.

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de Fiscalía, al que se habían adherido las acusaciones particulares, y confirma la absolución de los 16 acusados entre los que se encuentran tres miembros de la familia Del Valle. La resolución declara además de oficio las costas del recurso.

Aunque la vía de apelación sí ha terminado, no necesariamente el proceso judicial. La propia sentencia informa a las partes de que contra ella todavía pueden interponer recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo. Un hecho que las familias no descartan, aunque valoran que “es pronto para decir nada”.

La segunda absolución a los Del Valle que se conoce este mes

La resolución sobre el accidente minero llega además después de que este mismo mes de septiembre la Audiencia Provincial de León haya dictado otra absolución relacionada con la antigua Hullera Vasco-Leonesa, en este caso la de los empresarios Antonio y Arturo Del Valle y otros responsables de empresas vinculadas a la compañía por un presunto fraude de 2,1 millones de euros en las ayudas al carbón. En aquel procedimiento, la Sala no llegó a entrar a valorar si existió o no el fraude que sostenían Fiscalía y Abogacía del Estado porque consideró ilícitas las entradas y registros de la Agencia Tributaria que habían dado origen a buena parte de la investigación.

La Audiencia extendió esa nulidad al resto de pruebas obtenidas a partir de aquellos registros, aplicando la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', y concluyó que, una vez excluida esa documentación, no quedaban elementos suficientes para acreditar el delito fiscal ni la falsedad documental. Ficalía, en este caso, pedía 12 años de cárcel para ellos.

Un accidente laboral de un trabajador contratado por la Junta de Castilla y León para la apertura de una pista forestal en la comarca leonesa de Omaña ha acabado ayer martes con su fallecimiento, al caer por una ladera la máquina que se empleaba para estas labores. El empleado tenía 48 años de edad, confirman fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 14.30 horas, según se dio aviso, también al servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta. Las primeras informaciones especificaban que la alerta surgió cuando alguien vio una máquina retroexcavadora caída en las inmediaciones de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

La Guardia Civil, que fue alertada de manera inmediata y se personó en la zona, confirmó posteriormente que el cuerpo del conductor de la máquina se encontraba fuera del vehículo, del que habría salido despedido al caer la misma por una ladera, por causas que aún están bajo investigación, al tratarse oficialmente de un accidente laboral, confirman también desde la Delegación Territorial de la Junta en León. Estas mismas fuentes matizan además que la víctima estaba contratada a través de una empresa privada contratada por la Junta, y realizando labores en el monte, en concreto la apertura de una pista forestal.

La Guardia Civil fue la encargada de poner en marcha el complejo operativo para el rescate del cuerpo, que se pudo comprobar que ya estaba sin vida, del conductor de la excavadora. Participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, en la provincia leonesa, con el apoyo del helicóptero de la Comandancia de León, los cuales posteriormente trasladaron el cuerpo a León para la realización de la autopsia. Las mismas fuentes confirman que se han iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias concretas del suceso mortal, sin ofrecer más detalles sobre el resultado de las primeras investigaciones.

Un joven motorista menor de edad ha resultado herido a mediodía de este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la travesía principal de la localidad de Navatejera, en el municipio de Villaquilambre, en el alfoz de la capital leonesa.

Según explican fuentes oficiales del servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León, y teniendo en cuenta el aviso telefónico recibido, el siniestro se produjo poco después del mediodía, a las 12.21 horas. En el mismo se habían visto implicados la motocicleta que pilotaba el joven y una furgoneta. La peor parte la llevó el motorista, tras sufrir una caída que, también según el alertante, se produjo heridas en la cara y en los brazos.

Emergencias dio aviso inmediato a efectivos de la Policía Local de Tráfico de Villaquilambre, así como a la Policía Nacional y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), la cual decidió el envío de recursos para atender al herido, una ambulancia y personal médico, el cual procedió a valorar su estado antes de decidir su posible traslado al Hospital de León, situado no demasiado lejos del lugar del accidente.

El lugar se vio afectado en cuestión de tráfico, bajo regulación policial, dado que la carretera donde ocurrió es la LE-311, la conocida como carretera León-Collanzo, muy concurrida al servir de travesía principal de las localidades más pobladas del municipio de Villaquilambre.

La Audiencia Nacional ha desestimado en una sentencia de este mes de septiembre conceder una indemnización de tres millones de euros reclamada por el detective privado leonés implicado en el caso del asesinado del boxeador Roberto Larralde, ocurrido en el año 2014. El detective reclamaba esa cantidad por los 44 días que pasó en prisión preventiva tras ser detenido en el caso. El Ministerio de Justicia fijó en 1.100 euros la indemnización prevista por la prisión preventiva tras su inocencia, que el afectado recurrió a la Audiencia Nacional.

El caso Larralde fue uno de los sucesos más mediáticos de la pasada década en la provincia de León. El boxeador fue asesinado en septiembre de 2014 de un disparo en la cabeza, siendo localizado su cuerpo cinco días después de haberse denunciado su desaparición. A los pocos días se detuvo a cinco implicados, entre ellos la esposa del muerto, el detective y el autor material de la muerte.

El detective ingresó en prisión preventiva el 21 de septiembre de 2014 y permaneció encarcelado hasta el 3 de noviembre. Fue juzgado junto al resto de acusados por un jurado popular en el año 2017 y condenado inicialmente a 15 años de cárcel como colaborador del complot para su asesinato, junto a la mujer, el amante de la esposa, el autor material y dos colaboradores. En el otoño del 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó su absolución en octubre de 2017 junto a la mujer por considerar insuficientes las pruebas para una condena, una decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2018.

El afectado reclamaba tres millones de euros, divididos en un millón por lucro cesante y dos millones por daños morales. Alegaba que su entrada en prisión y la repercusión mediática del procedimiento habían supuesto la pérdida de su actividad profesional como detective, de sus clientes y de su prestigio, además de consecuencias personales y familiares. La sentencia recoge también que aportó un informe psicológico que vinculaba el deterioro sufrido con los cuatro años de procedimiento penal y señalaba, entre otras consecuencias, el deterioro de su relación matrimonial y la pérdida de relaciones sociales y profesionales.

La Sala establece, sin embargo, que la compensación prevista legalmente alcanza los daños causados específicamente por la prisión preventiva, pero no los perjuicios derivados de haber sido investigado y sometido a un proceso penal que terminó en absolución. La Audiencia Nacional considera que esos daños no pueden reclamarse por esta vía salvo que exista, por ejemplo, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o dilaciones indebidas. En este caso tampoco aprecia que la difusión mediática del procedimiento pueda atribuirse a una actuación irregular de la Administración, por lo que rechaza cualquier indemnización.

Sin lucro cesante

El detective privado alegó ante la Audiencia Nacional que como consecuencia de su entrada en prisión no pudo desarrollar su actividad profesional de detective privado. Por ello reclamaba que los ingresos obtenidos por su empresa fueran la base para calcular la indemnización. Pero la Audiencia Nacional reprocha que convirtió los 105.000 euros de negocio de 2013 y los 185.000 de 2014 en la base para reclamar un millón de euros cuando esas cifras en realidad eran facturación empresarial, y no ingresos personales, por lo que el resultado sería inferior y no se acreditó que los 44 días de prisión causaran el perjuicio económico reclamado. Además, recuerda que una eventual pérdida de beneficios de la sociedad correspondería a la propia persona jurídica y no directamente al administrador su reclamación. La sentencia condena en costas al demandante y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

La sentencia del Tribunal Supremo dejó el caso Larralde con tres condenados: el amante de la mujer, con 18 años de prisión por asesinato y dos colaboradores del crimen a un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. El autor material, condenado inicialmente a 21 años de cárcel, falleció un mes después de su condena en la prisión de Mansilla de las Mulas. El detective y la mujer del boxeador asesinado fueron absueltos por falta de pruebas.

La Subdelegación del Gobierno de León informa de que Guardia Civil ha procedido a la detención de una mujer de 71 años como supuesta autora de un incendio en una vivienda de Cacabelos, tras localizar una botella con restos de una sustancia acelerante en el punto donde se inició el fuego, según informó este martes de este suceso.

El incendio tuvo lugar el pasado septiembre y provocó la destrucción total de una vivienda, además de causar daños de consideración en otros dos inmuebles colindantes.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada dentro de la Operación ‘LUMECIMA’, contó con la colaboración del Equipo de Investigación de Incendios (ESIN) de la XII Zona de Castilla y León.

Durante la inspección del lugar, los agentes encontraron el recipiente con restos de acelerante. A ello se sumó el testimonio de una persona que aseguró haber visto a alguien abandonar rápidamente el lugar después de declararse el fuego.

Las diligencias practicadas permitieron a los investigadores determinar la supuesta autoría del incendio, por lo que la Guardia Civil detuvo el pasado 28 de septiembre a la sospechosa, una mujer de nacionalidad española y 71 años.

Un motorista de unos 65 años resultó herido este lunes en un accidente ocurrido en la carretera N-621, en el municipio de Boca de Huérgano, en la Montaña Oriental leonesa, y tuvo que ser trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de León de manera urgente.

El hombre sufrió lesiones en una pierna tras el accidente, registrado a las 14.38 horas en el punto kilométrico 112 de esta carretera, tal y como han confirmado fuentes oficiales del servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León.

Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizaron hasta el lugar un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Riaño, el más próximo. El herido fue finalmente evacuado por vía aérea al Hospital de León. También fueron avisados la Guardia Civil de Tráfico de León y el centro coordinador de emergencias sanitarias.

Este mismo día, muy poco antes, a las 14.13 horas, se produjo otro accidente de moto en la provincia, en este caso en el punto kilométrico 2 de la LE-6403, en el municipio de Riego de la Vega. Una mujer de unos 60 años resultó herida tras sufrir una caída y necesitó asistencia sanitaria. El 1-1-2 avisó a Tráfico de León y a Sacyl para atender el suceso.

La Avenida Antibióticos de la capital leonesa ha sido el escenario de un accidente de tráfico llamativo, al resultar herido un ciclista tras recibir un golpe de un coche que en ese momento salía del garaje comunitario de un bloque de viviendas, justo en un momento en el que caía la lluvia y descendía la visibilidad con motivo del atardecer.

Tal y como han relatado fuentes oficiales del servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León, según la hora del aviso telefónico recibido, el siniestro ha tenido lugar a las 19:43 horas, especificando que la colisión tuvo lugar a la altura del número 20 de la citada avenida leonesa.

Los mismos alertantes explicaban las condiciones en las que había ocurrido el siniestro, justo en el momento de abandonar el turismo un garaje comunitario, atravesar la acera y salir a la calzada. La víctima fue el ciclista, un hombre de entorno a los 30 años de edad. Se avisaba ya entonces de que se encontraba consciente y que refería un fuerte golpe en una pierna.

El 1-1-2 puso en marcha el operativo con aviso a la Policía Local de Tráfico de León y a efectivos de Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), que envió una ambulancia al lugar de los hechos, para valorar por parte del personal sanitario si se consideraba necesario el traslado del herido al Hospital de León.

La Guardia Civil de León ha identificado a un hombre, residente en la provincia de Cádiz, como presunto autor de un delito de estafa mediante el método del 'falso revisor eléctrico' al robar 4.300 euros en la casa de una persona mayor de La Bañeza, en León.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada hace casi año y medio, en mayo de 2025, por una vecina de la ciudad de La Bañeza, de 87 años de edad. La víctima manifestó haber recibido una llamada telefónica en su domicilio. Durante la conversación, una persona que se hizo pasar por trabajador de su compañía eléctrica le comunicó que se había detectado una anomalía en el consumo de electricidad de su vivienda, por lo que era necesario realizar una revisión personal en el inmueble.

Tal y como explica la Guardia Civil en una nota de prensa a través de la Subdelegación del Gobierno, el hombre empleó el engaño y aprovechándose de la confianza de la víctima consiguió convencerla de la necesidad de permitir el acceso a su domicilio a un supuesto técnico.

Poco después de finalizar la llamada, un individuo se presentó en la vivienda haciéndose pasar por operario de la compañía eléctrica. Bajo el pretexto de realizar comprobaciones en las distintas estancias, consiguió acceder a diferentes zonas del inmueble. Fruto de ello sustrajo un total de 4.300 euros en efectivo.

Investigación

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes del Área de Investigación de La Bañeza iniciaron las pesquisas para determinar la identidad de la persona que había realizado la llamada y que habría utilizado este procedimiento para ganarse la confianza de la víctima. Las investigaciones incluyeron entrevistas, diversas comprobaciones y gestiones con diferentes organismos, empresas y establecimientos, además de la colaboración de la Policía Local de Valladolid y de otras unidades y entidades.

Una vez recopilados los indicios necesarios, los investigadores determinaron que el presunto autor de la llamada residía fuera de la provincia de León, concretamente en la provincia de Cádiz.

Finalmente, el hombre, del que no se facilitan datos de filiación ni edad, fue investigado como presunto autor del delito de estafa, al ser identificado como la persona que habría realizado la llamada y utilizado el engaño como elemento esencial para conseguir que la víctima permitiera el acceso a su domicilio. Junto a las pruebas, ha sido puesto ante la autoridad judicial competente.

Un total de nueve personas, tres de ellas menores de edad, fueron detenidas en la madrugada del pasado sábado como intervinientes en una trifulca producida en el Barrio Húmedo de la capital leonesa.

En la intervención policial, en la que también se incautaron un total de seis armas blancas de diferente tipo, participaron conjuntamente antes de la Policía Nacional de la Comisaría de León y de la Policía Local municipal, según resalta una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Según las mismas fuentes, la actuación policial puso fin a una pelea originada en principio en una calle del entorno del Barrio Húmedo y en el transcurso de una persecución que por la zona protagonizaron un grupo de jóvenes, algunos portando las armas blancas mencionadas. Sin embargo, resaltan que no se produjo ningún herido por ninguna de esas armas sino que sólo hubo que intervenir sanitariamente en el caso de otro joven que sufrió una fuerte caída al intentar huir de la zona en un patinete eléctrico para evitar su identificación y detención. Las mismas fuentes indican que en concreto esta persona sufrió una fractura de tobillo y tuvo que ser atendida en el lugar antes de decidirse su traslado e ingreso en el Hospital de León.

El episodio tuvo lugar en torno a las 2.30 horas del sábado, concretan desde la Subdelegación, que resaltan el éxito de “la respuesta inmediata y de la coordinación entre los distintos cuerpos policiales, especialmente en aquellas zonas y franjas horarias en las que se concentra una mayor actividad de ocio nocturno”. Y es que precisamente este lunes se analizó este caso concreto en el seno de una reunión protagonizada por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, con el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez.

Una persona herida ha sido el resultado de un accidente de tráfico que se ha producido en la mañana de este lunes en la avenida Fernández Ladreda de la capital leonesa.

En el siniestro se han visto involucrados un turismo y una motocicleta, según el aviso recibido a través de una llamada, el cual se produjo a las 8.41 horas. El alertante situó el lugar del impacto entre ambos vehículos a la altura del número 69 de la citada avenida, que suele estar muy concurrida a esas horas del día.

Por la situación que se comunicó la sala de operaciones vio necesario proceder al aviso para que acudiera al lugar solicitan asistencia sanitaria, en concreto para la persona más afectada, que era el motorista, de unos 40 años de edad, por lo que se dio aviso a Sanidad Castilla y León (Sacyl), que envió una ambulancia.

También se personaron efectivos de la Policía Local de Tráfico del Ayuntamiento de León, para regular el tránsito por la zona y realizar el correspondiente atestado del accidente. De momento no ha trascendido si el estado de salud del motorista herido hizo necesario su traslado al Hospital de León.

Tres personas resultaron afectadas este domingo por inhalación de humo en el incendio registrado en una vivienda de la Plaza Bierzo de León, situado junto al Pseo de Salamanca, y uno de ellos, más grave, acabó teniendo que ser trasladado por una ambulancia e ingresado en el Hospital de León.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla y León recibió el aviso del siniestro poro antes de las cuatro de la tarde, a las 15.54 horas. Se alertaba ya entonces del incendio originado por una sartén en el interior de una vivienda, así como de que sus ocupantes habían inhalado el intenso humo producido.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 avisó a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de León y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl). Se movilizaron en total una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario atendió finalmente a tres personas afectadas. Dos de ellas fueron asistidas directamente en el lugar del suceso pero la tercera presentaba síntomas más graves, motivo por el que el hombre de unos 40 años fue trasladado posteriormente en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de León, donde quedó ingresado.

Dos motoristas han resultado heridos en la mañana de este domingo en sendos accidentes registrados en carreteras de las comarcas de El Bierzo y Babia, en concreto en los municipios de Toreno y San Emiliano, uno de ellos con traslado al Hospital de León, según informa el servicio de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla y León.

El primero de los accidentes se produjo a las 11.27 horas en el kilómetro 9 de la carretera LE-463, en el término municipal de Toreno, en la comarca berciana. Una llamada alertó al 1-1-2 de la caída de una motocicleta en la que viajaba un varón de unos 40 años, que necesitaba asistencia sanitaria. El centro de emergencias avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó medios sanitarios hasta el lugar.

Poco después, a las 12.12 horas, el 1-1-2 recibió otro aviso por un accidente en el kilómetro 13 de la carretera local LE-481, en San Emiliano, en dirección al puerto Ventana que comunica con Asturias. En este caso, un motorista sufrió una caída tras, al parecer, colisionar contra la mediana por causas que se desconocen, según se indicó en el aviso telefónico recibido.

Este herido precisó asistencia sanitaria en el lugar de los hechos y fue atendido por una ambulancia de soporte vital básico enviada con personal sanitario del centro de salud, siendo posteriormente trasladado al Hospital de León, confirman las mismas fuentes.

Han sido necesarios dos meses de investigaciones y pruebas, de la Guardia Civil de León con apoyo de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, para poner ante el juez a dos presuntos autores de un grave incendio forestal ocurrido en montes de La Baña, en la comarca de la Cabrera, el pasado mes de julio.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Ssprona) de la Comandancia de León, ha informado ahora de la reciente identificación de dos trabajadores, de 51 y 40 años, como presuntos responsables del origen del siniestro. Este se originó el pasado 22 de julio, a las 14.30 horas, en el paraje conocido como Matacouta, una zona escabrosa de los montes de La Baña, propiedad de la Junta Vecinal de la localidad, en el municipio de Encinedo.

El fuego tardó dos días en poderse extinguir, el 24 de julio, a última hora de la tarde, después de haber arrasado aproximadamente 68 hectáreas de monte bajo, matorral y algunos robles, sin que se registraran víctimas ni daños económicos, matiza la Guardia Civil, importante a la hora de determinar la posible responsabilidad penal de los presuntos autores.

La investigación realizada por los especialistas del Seprona permitió determinar que el incendio pudo originarse durante la realización de unos trabajos de desmonte y explanación de una pista forestal en la zona, realizados con una máquina excavadora.

Según las pesquisas y pruebas obtenidas en este tiempo, las labores que ejecutaban los dos identificados se habrían realizado sin la correspondiente autorización y además sin disponer de medios de extinción, algo obligatorio. Y se recuerda además que el incendio ocurrió un periodo de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarado oficialmente en Castilla y León, durante los días 19, 20, 21 y 22 de julio.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la investigación de los dos varones como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias instruidas por el Equipo Seprona de la Comandancia de León, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León que estaba de guardia.

La nota de prensa de la Subdelegación de León remarca que para la extinción del incendio fue necesaria la intervención de cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas con 23 componentes, una autobomba y hasta cuatro helicópteros. Y resalta que la investigación ha contado además con la colaboración de los agentes medioambientales que realizan la investigación de las causas de incendios forestales de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil aprovecha para recordar la importancia de extremar las precauciones durante la realización de trabajos en el medio rural, especialmente en situaciones de elevado riesgo de incendios forestales, y de cumplir las medidas y autorizaciones establecidas para evitar conductas que puedan poner en peligro el entorno natural.

Un ciclista de unos 50 años de edad ha resultado herido en la mañana de este sábado tras sufrir un accidente en el que también se vio implicado un turismo. El siniestro tuvo lugar en la avenida Alcalde Miguel Castaño de León, en concreto a la altura del número 96.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León recibió poco antes de las once de la mañana, en concreto a las 10.54 horas, el aviso telefónico del accidente, en el que se vieron implicados un turismo y una bicicleta. La llamada solicitaba asistencia para el ciclista, que había caído y presentaba heridas en un brazo y una pierna.

El centro coordinador dio aviso a la Policía Local del Ayuntamiento de León y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), la cual movilizó medios asistenciales hasta el lugar del accidente para atender al herido, en espera de revisar su estado de salud y decidir su traslado al Hospital de León.

Un buen susto se ha vivido este viernes a raíz de un accidente de tráfico ocurrido en pleno casco urbano de la localidad de Carrizo de la Ribera, en la provincia de León, cuando un coche perdió el control y acabó estampado contra un árbol y una vivienda.

El suceso tuvo lugar a las 16.16 horas, a la altura del número 94 de la avenida León. Por causas que se desconocen, el vehículo se acabó subiendo a la acera, con la suerte de que en ese momento nadie caminaba sobre ella. El conductor, un hombre de unos 60 años, se encontraba conmocionado, motivo por lo que se solicitó asistencia sanitaria para atenderlo a través de una llamada telefónica.

La Sala de Operaciones de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), que acudió al lugar aunque finalmente el hombre no necesitó asistencia sanitaria.

Por otro lado, a las 16.10 horas, el 1-1-2 recibió una llamada por otro accidente en el kilómetro 40 de la carretera CL-622, en el municipio de Soto de la Vega. Una furgoneta se había salido de la carretera y su conductor, un varón de unos 30 años, presentaba dolor en el pecho.

El 1-1-2 avisó igualmente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un recurso sanitario hasta la zona para atender al afectado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado íntegramente la condena de cuatro años y siete meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de León a un hombre por abusar sexualmente y de manera continuada de una niña, hija de su pareja. Los hechos ocurrieron en la provincia de León, cuando la menor tenía entre 10 y 12 años. El condenado convivía con ella y con su madre, con quien mantenía una relación sentimental, y había asumido durante ese tiempo funciones propias de un padre.

Según los hechos que la Audiencia Provincial declaró probados y que ahora mantiene el TSJCyL, el hombre realizó varios actos de carácter sexual con la menor aprovechando la convivencia familiar. La situación provocó en la menor miedo, angustia y desasosiego, además de problemas de sueño y dificultades en sus estudios.

El 10 de abril de 2023 la niña contó lo que estaba ocurriendo a su tutora del colegio, lo que activó el protocolo de protección. Posteriormente presentó una denuncia acompañada por su padre biológico. Cuatro días después se acordó el cambio de custodia y se prohibió al acusado acercarse o comunicarse con la menor.

La defensa recurrió la condena y pidió la absolución al considerar que no había pruebas suficientes y cuestionar la credibilidad del relato de la menor. El TSJCyL rechaza estos argumentos y considera que la Audiencia Provincial hizo una valoración “razonable, lógica y plenamente compatible con las reglas de la experiencia” de las pruebas practicadas.

La Sala destaca que la condena no se sustenta únicamente en el testimonio de la menor. Su relato estuvo acompañado por las declaraciones de sus padres, su hermano y su profesora, además de los informes de las psicólogas y de los peritos médico-forenses. El tribunal también señala que la niña contó uno de los primeros episodios a su madre, a su padre y a su hermano antes de presentar la denuncia formal.

El TSJCyL descarta además que la denuncia respondiera al supuesto deseo de la menor de irse a vivir con su padre biológico, como sostenía la defensa. La Sala considera que esa hipótesis no tiene respaldo en las pruebas y recuerda que el primer episodio ya había sido contado a familiares años antes de la denuncia, por lo que no aprecia una finalidad instrumental relacionada con el conflicto familiar.

La sentencia también subraya que la menor mantuvo sustancialmente el mismo relato durante todo el procedimiento. Las imprecisiones sobre las fechas concretas no se consideran relevantes, ya que los hechos se produjeron a lo largo de varios años, cuando tenía entre 10 y 12 años. Para el tribunal, lo relevante es que mantuvo de forma constante el relato sobre los tres episodios principales atribuidos al acusado.

La Justicia condena al hombre como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. La sentencia considera que se trata de varios episodios integrados en una misma conducta continuada y que uno de ellos quedó en grado de tentativa. Además, aplica el agravante de haber abusado de la niña aprovechando la relación de convivencia y confianza. La pena impuesta es de cuatro años y siete meses de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante el mismo periodo. También tendrá que cumplir dos años de libertad vigilada y tiene prohibido, durante cuatro años, ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores. El condenado deberá además indemnizar a la víctima con 5.000 euros.

La resolución del TSJCyL todavía no es firme. Contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Guardia Civil ha esclarecido un robo con fuerza cometido en el interior de una vivienda en el pueblo leonés de Zuares del Páramo y ha recuperado en otro domicilio de Hospital de Órbigo, a apenas 25 kilómetros de distancia, gran parte de los muchos efectos sustraídos, entre ellos varios vehículos. El valor aproximado de todo el material que había sido robado ascendía a unos 30.000 euros.

Una vez ocurridos los hechos, los vecinos afectados interpusieron la denuncia. Inmediatamente la Guardia Civil inició las pesquisas y la investigación para esclarecer los hechos. Tal y como se relata en una nota de prensa remitida por la Subdelegación del Gobierno en León, algunas pruebas y testimonios permitieron obtener indicios que llevaron a los investigadores hasta una vivienda situada en Hospital de Órbigo. Y efectivamente, una vez registrado ese domicilio con orden judicial se localizó el material que había sido robado.

Una vez recabados los elementos necesarios, se solicitó a la autoridad competente el correspondiente mandamiento de entrada y registro del inmueble. La actuación permitió localizar en total cuatro motocicletas, un kart de competición, diversas herramientas motorizadas e incluso dos bicicletas.

Como resultado de la investigación, fue detenido un hombre, cuya edad o filiación no se detalla, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El arrestado, junto con las diligencias instruidas y los bienes recuperados, han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, Plaza número 2.

El instituto armado advierte que el caso podría no estar cerrado todavía y que las gestiones policiales continúan abiertas con el objetivo de esclarecer por completo los hechos y determinar la identidad de otros posibles implicados, si es que los hubo.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de La Bañeza, con el apoyo del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, el puesto de Santa María del Páramo y el Área de Investigación de La Bañeza.

Dos hombres, uno de los 90 años y otro de unos 60, fueron trasladados este viernes a primera hora de la mañana al Hospital El Bierzo tras sufrir un accidente cuando circulaban por la Autovía del Noroeste (A-6) y el turismo en el que viajaban varió su trayectoria hasta quedarse en la mediana. El siniestro se produjo en torno a las 05.00 horas de la madrugada, según informa el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Los dos heridos se encontraban en primera instancia conscientes, pero no parecían capaces de abandonar el vehículo por su propio pie. El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, al parque de Astorga de los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl (Sanidad Castilla y León), que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario acabó trasladando a los dos hombres al Hospital El Bierzo para ser examinados y atendidos.

La Audiencia Provincial de León juzgará el próximo lunes y martes, 28 y 29 de septiembre, a cuatro personas acusadas por la Fiscalía de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación de la prostitución ajena, favorecimiento de la inmigración irregular, tenencia ilícita de armas y abuso sexual. El procedimiento tiene como víctima a una mujer que figura como testigo protegido y cuya identidad permanece reservada.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a 2019, cuando la mujer, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica y personal, contactó a través de Facebook con una de las personas procesadas. La Fiscalía sostiene que fue captada con la promesa de obtener ingresos elevados e inmediatos en España a través de la prostitución y poder enviar dinero a su país, donde su madre, enferma, estaba siguiendo un tratamiento médico para el que no contaba con suficientes recursos.

La acusación sostiene que los investigados organizaron su viaje y le proporcionaron documentación y dinero para que pudiera entrar en España como turista. Una vez aquí, siempre según el relato de Fiscalía, la mujer quedó en una situación de especial vulnerabilidad al encontrarse lejos de su entorno, sin apoyo familiar y en situación irregular. La acusación mantiene que fue trasladada posteriormente a un club, de la comarca de La Bañeza, donde empezó a ser prostituida para devolver el dinero que, según el escrito, había adelantado para facilitar su llegada.

El Ministerio Fiscal sostiene además que, antes de llegar al club, uno de los acusados la obligó a mantener relaciones sexuales con él pese a que ella manifestó que no se encontraba bien y pidió aplazar el encuentro. El escrito califica estos hechos como un delito de abuso sexual con acceso carnal, conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos.

Tres meses de explotación sexual para saldar una deuda

La Fiscalía describe un sistema en el que la mujer habría estado sometida a unas condiciones económicas y laborales fijadas por una de las acusadas. Según el escrito, por cada 'pase' se cobraban 50 euros, de los que 40 quedaban para el establecimiento en concepto de alojamiento y manutención y otros 10 para el preservativo. Además, el club se quedaba con cinco euros por cada copa y la mujer debía pagar 100 euros si quería salir del establecimiento. El horario, señalado por la acusación, era de 18.00 a 04.00 horas.

La mujer permaneció en este régimen de explotación aproximadamente tres meses, según el relato de la Fiscalía, sin percibir ingresos más allá de lo necesario para sus necesidades mientras saldaba la deuda contraída. Uno de los acusados, además, la habría presionado para devolver el dinero utilizado para facilitar su llegada a España y habría utilizado su situación irregular como elemento de presión.

El caso se conoce además en una semana marcada por el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Prostitución y la Trata de Mujeres y Menores, que se conmemora el 23 de septiembre. En León, la Plataforma Feminista Abolicionista se concentró en la plaza de Botines para denunciar la explotación sexual y la trata y reclamar la abolición de la prostitución. Las organizaciones convocantes vinculan estas prácticas con situaciones de desigualdad, pobreza, exclusión y violencia sexual.

El Ministerio Fiscal atribuye a los cuatro acusados distintos grados de participación en la captación y explotación de la mujer. Según el escrito, uno de ellos ejercía funciones de dirección y control del establecimiento, incluida la decisión sobre qué mujeres eran explotadas allí y los precios de los 'servicios'; otra de las acusadas se encargaba del local y de la captación de mujeres de su misma nacionalidad, así como del control de los pagos y de la actividad de prostitución.

Seis años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con otro de explotación de la prostitución ajena, además de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, otro de tenencia ilícita de armas y el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Para una de las personas acusadas solicita seis años de prisión por trata y explotación de la prostitución. Para otra reclama un año y medio por tenencia ilícita de armas y otros seis años por trata y explotación de la prostitución. Para las otras dos personas procesadas solicita también seis años de prisión para cada una por trata y explotación de la prostitución.

La vista se celebrará ante la Audiencia Provincial de León los días 28 y 29 de septiembre, a partir de las 9.45 horas.

Hace casi 12 años ya desde aquel lunes 27 de octubre de 2014 que lo cambio todo en la política provincial y en el Partido Popular (PP) leonés. Ocurrió cuando la UCO de la Guardia Civil, por orden del juez Eloy Velasco, desplegó una redada de varias horas en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, y sacó directo a la cárcel a su presidente, Marcos Martínez Barazón. Había nacido el 'Caso Púnica', con medio centenar de políticos, concejales, funcionarios y empresarios en media España investigados por delitos de corrupción.

Al igual que en muchas otras causas, como las emanadas en Madrid o Murcia, la pieza leonesa de Púnica se centró en la relación durante al menos dos años de sus mandatarios con las empresas Dadiva e Eico del fulgurante consultor e informático Alejandro de Pedro, compañías que fueron contratadas ya en 2012 por la entonces poderosa presidenta del PP provincial y de la Diputación, Isabel Carrasco. Cuando la UCO entró en el caso y en el despacho de Presidencia hacía justo medio año que Carrasco había sido literalmente ejecutada a plena luz del día, con cuatro tiros por la espalda, por dos mujeres vinculadas al PP, una hija que buscaba perpetuarse en la institución y su madre, y que fueron condenadas junto a una policía local.

Heredero de sus políticas, de sus contratos y gestión, su eterna mano derecha, Martínez Barazón, también alcalde de largo recorrido del creciente municipio de Cuadros, tomó el poder en el Palacio. Y vio en la relación con las empresas de De Pedro las mismas dos ventajas que también sacó su mentora: mejorar su imagen personal en Internet y contrarrestar las críticas políticas con apoyo de una red de periódicos online zombies del empresario. Y en su caso, una ambición más: aprovechar las influencias del conseguidor para obtener los favores de la cúpula del PP y heredar también el liderazgo provincial. Estuvo a apenas un mes de conseguirlo.

En lugar de eso, la Operación Púnica le llevó directamente a la prisión madrileña de Soto del Real, donde permaneció 43 días hasta depositar una fianza de 30.000 euros. Pocas horas después, regresó a su pueblo reconvertido en un mártir ante una masa de fieles vecinos que le vitoreaban.

Lágrimas y penas compartidas

Él también lloró. Le quedaba por delante un lento suplicio policial y judicial hasta la fecha de ayer, en la que el caso ha sido por fin cerrado con una condena ratificada por el Tribunal Supremo. No era el único. En la maraña de Púnica habían caído también dos hombres fuertes en la Diputación leonesa: el alto cargo a dedo, anterior diputado provincial de Turismo e histórico alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y el no menos poderoso entonces interventor del Palacio, Jesús 'Suso' López.

Los dos han acabado recibiendo, primero en la Audiencia Nacional y ahora tras su recurso en el Supremo, la misma pena por prevaricación que Martínez Barazón: ocho años y medios de inhabilitación. Y los tres libraron de prisión, en parte por aplicárseles dilaciones indebidas en una instrucción judicial que tardó nueve años, y porque no se vieron pruebas de fraude a la administración, falsificación de documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho. Era la larga lista que les atribuían la Fiscalía y la acusación, la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade).

El modus operandi

La condena, que ahora está llamada a sentar jurisprudencia en el resto de causas de Púnica por juzgarse o revisarse por altos tribunales, sí vino a dar por delictivo el modus operandi de los políticos que habían contratado los servicios de Alejandro de Pedro, condenado aquí en León por su parte a cuatro años y tres meses de inhabilitación. Pero la maraña de las investigaciones policial y judicial, materializada en las acusaciones, hablaba de mucho más que trabajos de reputación personal con dinero público, que en el caso de León rondó los 107.000 euros.

La Fiscalía se aferró a conversaciones y gestiones que apuntaban a un supuesto intercambio de favores: De Pedro y su socio en Madiva e Eico, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena, habrían utilizado sus altos contactos para ayudar a Martínez a ser el presidente provincial del PP, a cambio de que las compañías de la trama obtuvieran a dedo contratos públicos de la Diputación.

En esa segunda parte de la investigación aparecieron también los contratos relacionados con la estación de esquí de San Isidro, enmarcada en el municipio en el que Sánchez era alcalde. En las conversaciones intervenidas se planteaba, entre otras operaciones, la contratación de servicios para la estación invernal y la adjudicación de cafeterías o planes de desarrollo. La Fiscalía cifró además en 74.200 euros los trabajos realizados o comprometidos para mejorar la imagen de Martínez a través de la Diputación y Gersul. También se investigó un proyecto de gestión de San Isidro cuyo coste se había fijado en 171.000 euros, con pagos mensuales de 24.428 euros.

Como demostró ILEÓN en varias publicaciones exclusivas de investigación, se negoció que al concurso se presentaran tres empresas del entorno del conseguidor, para garantizar quedarse con él (“Sois los mejores y os lo voy a dar”, se escuchó a un testigo en el juicio). Y algo aún más tosco: los pliegos fueron corregidos a la carta con peticiones de las compañías, y el propio presidente los envió, marcados los cambios, a través su correo oficial de Presidencia. Pese a todo, al final libraron porque los planes no fraguaron, debido a que se precipitó la mediática intervención policial en octubre de 2014.

Contra esa no materialización de los presuntos delitos se estrelló la Fiscalía Anticorrupción, que defendía una acusación mucho más amplia que la que finalmente quedó acreditada. Por eso, ante una condena sin cárcel el propio Ministerio Fiscal pidió incluso la repetición del juicio en la Audiencia Nacional, algo que quedó desestimado, igual que su recurso.

Lo demostrado, según Audiencia y Supremo

Así las cosas, lo que sí quedó probado y llevó a las condenas finales ahora ratificadas fue la forma en la que la Diputación tramitó aquellos contratos de publicidad institucional. La Audiencia consideró acreditado que De Pedro y Marcos Martínez, durante los meses en los que este último estuvo al frente de la institución en 2014, igual que antes Isabel Carrasco, participaron en un procedimiento administrativo irregular para garantizar el pago de las facturas. Eran facturas mensuales, de importes similares y, en todo caso, inferiores a 6.000 euros cada una, tramitadas por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, según el tribunal, no existía una razón que lo justificara. Además, se utilizaba de manera incorrecta la figura del enriquecimiento injusto para proceder al pago, que Pedro Vicente Sánchez ordenaba y el interventor López sancionaba.

El efecto de ese sistema era evitar que una relación contractual que tenía carácter continuado se sometiera al procedimiento de contratación, con la correspondiente licitación y por lo tanto la posibilidad de que otras empresas o medios de comunicación pudieran concurrir. Es decir, blindar a las empresas del conseguidor. La Audiencia consideró que de esta manera se eludían también controles que debían realizar tanto el Servicio de Contratación como la Intervención General de la Diputación. Las facturas terminaban incorporándose a la relación mensual de pagos y se abonaban muy rápido.

Tras la irrupción de la UCO aquel 2014, el PP leonés y la institución vivieron un tsunami. Martínez Barazón, vicepresidente con Carrasco, asesinada en mayo, la había sucedido en una votación antes del verano. Pero al ser fulminantemente detenido se abrió una situación insólita en la institución provincial que forzó a acelerar otro nombramiento en Presidencia. Recayó en el joven diputado Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros, que había 'heredado' la Alcaldía de su propio padre. Él se convirtió por unos meses en el tercer presidente de la Diputación en apenas medio año y eso costaría muy caro en inoperancia y en un anquilosamiento de proyectos y presupuestario que hoy todavía se arrastra desde aquella época de convulsiones.

Dos exalcaldes que los fueron presionados

La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos, afectados así doblemente por la inhabilitación de la condena, aunque en todos estos años no se haya aplicado.

Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida, sin embargo, tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP, pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con abrumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.

Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.

El Supremo ha dictado la suprema sentencia final al año 2014, en que el PP y León fueron demasiadas veces la peor forma de portada nacional. Ya había pasado un poco a la historia la tragedia del asesinato de Isabel Carrasco -aunque nunca la investigación se cerrara por completo y siga dando pie a material de true crime- Y ahora comienza a hacerlo el Caso Púnica con la bajada definitiva del telón judicial.