Supongamos que se produce una subida de impuestos y que, de pronto, el Estado recauda treinta mil millones más. ¿Cómo pensáis que afectaría eso a la calidad de los servicios públicos? ¿Dónde pensáis que se emplearía ese dinero?

La cuestión es que es algo perfectamente estudiado y también muy debatido, y la respuesta depende de la fortaleza de la sociedad civil y los hábitos políticos del país. En España, por ejemplo, cuando se ha recaudado más en el impuesto de hidrocarburos, que supuestamente iba a mejorar las carreteras, no se han mejorado las carreteras, porque los impuestos no son finalistas y prácticamente todos los gobiernos prefieren dedicar ese dinero a otra cosa.

Ante un aumento de ingresos, pueden hacerse, por ejemplo, dos cosas: contratar más médicos o subir el sueldo a los que ya hay. Podéis estar seguros de que los que tienen el poder, que son los que ya están dentro, preferirán siempre la segunda opción. Lo mismo pasará con casi todos los sectores, y la presión sindical se dirigiría a mejorar los salarios públicos antes que a mejorar los servicios. No se trata de dar mejor servicio, sino de cobrar más por lo que ya se da. Yo ni lo critico ni lo dejo de criticar, pero es lo que sucede en la mayor parte del mundo, porque los que ya están trabajando son los que pueden hacer huelga y tienen capacidad de presión, mientras que los que están fuera y podrían trabajar carecen de capacidad de presión alguna. El eterno problema de los insiders contra los outsiders, y de que los sindicatos tienen pocos incentivos para defender los intereses de los que no están trabajando aún.

El problema se reproduce a nivel político con otros muchos temas. ¿A dónde iría a parar esa nueva fuente de ingresos? ¿A crear más juzgados o a subir las pensiones? ¿Cuál es el incentivo del político, que lo que quiere es ser reelegido? ¿Mejorar el servicio o comprar votos? En cuanto hay más dinero, se trata siempre de desviarlo a donde produce un mayor rendimiento político, a corto plazo. Por eso nadie construye vivienda pública, por ejemplo.

Y sí, por supuesto que una parte se destinaría a mejorar algunos servicios, pero la cuestión es qué parte y a qué servicios podría ir, porque cuanto más dispersa y compleja es la gestión de un servicio, más reacias son las autoridades a invertir en él. En algunos países la mejora se llevaría el treinta por ciento, en otros el veinte y en otros el cinco. En nuestro caso, como las competencias de sanidad y educación están transferidas a las comunidades autónomas y el sistema de financiación autonómica es un circo de tres pistas, cabría esperar alguna mejora en otros temas, pero no precisamente en esos.

Podría mejorarse, tal vez, la justicia, y podría construirse algún AVE más, que es lo que les encanta a los políticos, pero con una estructura como la nuestra, lo más posible sería que el aumento de impuestos redundase en una subida salarial al sector público, subida de las pensiones y una pequeña constelación de obras faraónicas, o no tanto, como aquel plan E de Zapatero que llenó los pueblos de máquinas de hacer gimnasia.

Poco más.

La provincia de León cerró el segundo trimestre del año con 17.700 parados, 1.100 más (un 6,6%) que los 16.600 registrados durante el primer trimestre, según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicados este martes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). La comparativa interanual sí resulta favorable dado que a estas alturas de 2025 hasta 18.000 leoneses buscaban un empleo, lo que representa en este caso un descenso del 1,6%.

El dato provincial contrasta con la media autonómica. Y es que Castilla y León redujo un 5,5% el número de desempleados en el segundo trimestre del año, con 5.700 parados menos con respecto al trimestre anterior, lo que deja la cifra total en 96.700 desempleados, y suma 28.500 ocupados, hasta alcanzar el 1.058.700, con una tasa de paro del 8,37%, por debajo de la media nacional y la novena más baja del conjunto autonómico.

En el conjunto del país, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87 %).

Por lo que respecta a León, la tasa de paro aumentó en términos intertrimestrales al pasar del 8,46% del primero al 8,84% del segundo. La evolución volvió a invertirse en la comparativa interanual, al ser inferior al 9,18% de 2025 a estas alturas.

El número de personas ocupadas sí crece en la provincia de León: son a estas alturas del año 182.100 (179.200 en el primer trimestre y 177.800 del segundo trimestre de 2025). Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025).

Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025). Por su parte, la tasa de actividad está en un 49,89%, más que el 49,28% del trimestre anterior y que el 49,48% de hace un año.

El principal porcentaje de leoneses activos en el segundo trimestre del año se concentran en el sector servicios, concretamente un 73,1%. Le sigue industria, que acumula un 10,6% de los leoneses, mientras que el 6,1% corresponde a la construcción y un 5,4% a la agricultura.

Este próximo sábado 25 de julio el economista jefe del Ayuntamiento de León, Carlos Hurtado, tendrá su último día de trabajo como funcionario del Ayuntamiento de León al llegar la jubilación forzosa por haber cumplido los 70 años y no poder seguir reenganchando actividad en el sector público. Será la jubilación del funcionario más influyente en el Consistorio de las últimas décadas, coinciden en señalar todas las fuentes consultadas por ILEÓN.

“Él seguiría si pudiera, pero todo llega a su fin”, remacha un funcionario también con décadas de trabajo que reconoce su influencia y su gran capacidad de trabajo, pese a estar envuelta en notables polémicas a lo largo de este casi medio siglo vinculado al consistorio leonés. Él ha asegurado en sus despedidas de esta semana que incluso este sábado seguirá trabajando en sus funciones. La luz encendida por las tardes y algún fin de semana en su despacho de la segunda planta del edificio de Ordoño II eran una inequívoca señal que Carlos Hurtado estaba trabajando.

Carlos Florencio Santiago Hurtado Martínez pertenece a una de las sagas familiares burguesas con más solera de León, los Hurtado conocidos por su labor médica y en la antigua Caja León, y ha ejercido distintos puestos económicos en el Ayuntamiento de León, jubilándose como “Jefe del subárea de recursos económicos y coordinador del área de recursos económicos en funciones”. Además desempeña distintos cargos en empresas y consorcios municipales como Serfunle, Ildefe o Mercaleón. “Se va con amigos y enemigos en todos lados, veremos si su influencia sigue luego”, valora un concejal actual que prefiere no ser identificado.

Como alto funcionario Hurtado ha participado en la elaboración de numerosos pliegos económicos, tribunales y comisiones en la que ha dejado su sello, polémico en muchas ocasiones como en el caso de la funeraria pública Serfunle, con un coste de millones de euros para el erario público. Su fama de hacer informes con la creatividad necesaria para defender su legalidad es indudable. Y como muestra reciente fue el informe que firmó, recordemos que como economista jefe, para facilitar que el Ayuntamiento de León otorgara la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen del Mercado con la argucia de dársela a la parroquia del mismo nombre. Como no es posible otorgar la medalla a una figura imaginaria buscó la argucia de dárselo a la figura jurídica de la parroquia. Y todos los partidos del actual consistorio -PSOE, PP, UPL y Vox- dieron su visto bueno como tantas veces a sus controvertidos informes.

Denuncia a cargos del PSOE

Considerado cercano al PP, uno de sus hermanos falleció como procurador leonés por el partido en los años 80, eso no ha sido óbice para que se casara con ninguna ideología. En su momento Hurtado rondó Ciudadanos y en su entorno familiar se registró incluso en plena crisis del bipartidismo un nuevo partido político llamado 'X León', sin actividad real conocida y y disuelto. Con amigos y enemigos en todas partes su mayor enfrentamiento público ha sido bajo el gobierno socialista de la ciudad con el exalcalde Francisco Fernández, al que denunció por presunta discriminación laboral

Hurtado denunció en el juzgado en 2011 a Francisco Fernández y los exconcejales Ibán García del Blanco y Miguel Ángel Fernández Cardo, responsables de Personal y Hacienda por haberle retirado funciones en el año 2007. El asunto estuvo varios años rondando los tribunales hasta ser finalmente desestimado en el año 2016.

En esa época se produjo, además, uno de los eventos sin duda más llamativos en su trayectoria cuando fundó una asociación vecinal llamada 'Asociación de Vecinos y Comerciantes Guzmán El Bueno de León' que recurrió las primeras licencias concedidas al proyecto de tranvía de la ciudad. Lograron su paralización temporal por un recurso judicial, que a la postre supuso el fin del proyecto por las trabas y los recortes posteriores. Todo ese proceso lo hizo estando formalmente de baja como funcionario, recuerdan excargos socialistas, pero ejerciendo sus derechos como ciudadano.

El polémico contrato de Serfunle

El nombre de Carlos Hurtado ha estado singularmente vinculado a la gestión de la mancomunidad de servicios funerarios conformada por los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre llamada Serfunle. Durante su existencia Hurtado ha ejercido de secretario de la opaca entidad pública y de su filial empresarial, lo que le llevó también a ocupar durante varios años cargos en las patronales funerarias públicas y privadas.

Pero la principal polémica es el contrato que privatizó Serfunle en el año 2003. Los ayuntamientos decidieron pasar la gestión a una empresa privada y realizaron un concurso que eligió al Grupo Mémora como socio mayoritario en la empresa Serfunle SA, participada por la mancomunidad pública y el gigante de los tanatorios. En el año 2018 un juzgado declaraba ilegal aquella privatización acusando de “dar apariencia de legalidad a una oferta cuya ilegalidad era grosera”. El caso fue que Mémora ganó el concurso de privatización e incluyó en el contrato un canon de gestión que no figuraba en los pliegos y que le supuso ingresos millonarios durante 13 años de forma ilegal. Solo hasta el 2016 Mémora cobró 8.419.530,11 euros que no debía. La ilegalidad del asunto fue ratificada posteriormente por todos los tribunales hasta el Supremo. El informe técnico que propuso como mejor oferta la de Mémora fue firmado por el gerente de la época y Carlos Hurtado, que también habían elaborado los pliegos. Al final el coste para las arcas públicas de aquel contrato se ha elevado por encima de los 10 millones de euros. IU llegó a llevar a la Fiscalía el asunto pero no vio relevancia penal.

Otra controvertida gestión atribuida a Hurtado fue la polémica por el no cobro del IBI de los colegios concertados que compensa el Estado. Desde 1995 una ley atribuía este gasto al Estado siempre y cuando los ayuntamientos lo reclamaran en tiempo y forma, algo que el consistorio leonés no hizo hasta el 2013. Aquel retraso supuso que se dejaran de ingresar 4,7 millones de euros y los grupos políticos del 2015 solicitaron que se analizara la responsabilidad atribuida al funcionario, sin que se concretara ninguna acción.

La polémica del 10 perfecto en una oposición

Aunque a lo largo de su dilatada trayectoria municipal Hurtado ha sorteado polémicas y denuncias varias, como una sobre un elevado alquiler a su familia de un local por la antigua contrata de limpieza de interiores en el Ayuntamiento de León. Hurtado fue quien realizó el informe técnico de adjudicación en 1998 del contrato de 'Servicio de Limpieza de Edificios Municipales y Centros dependientes del Ayuntamiento de León' a una UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por el entonces grupo Onyx. Al tiempo, según una denuncia presentada en Fiscalía, el padre de Carlos Hurtado firmó un alquiler de un local en la calle Gil y Carrasco con una de las empresas del grupo Onyx, fechado a 1 de enero de 1999 -un mes y medio después del informe de adjudicación de la limpieza de interiores-, elevando el precio del alquiler del mismo. La Fiscalía no vio caso y archivó la denuncia.

En una de las últimas polémicas que le han rodeado, Carlos Hurtado era el presidente del tribunal que anuló las oposiciones para una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de León por haberse producido un 10 perfecto en la prueba de test de 50 preguntas, incluso después de haberse anulado alguna. El propio Hurtado junto al tribunal anuló la prueba ya que “tiene el pleno convencimiento de que se ha podido filtrar el examen a partir de que el mismo fue impreso”, pidiendo incluso que se investigara también si su ordenador o de la secretaria del tribunal, otra funcionaria del ayuntamiento, fueron vulnerados para acceder al examen.

En su larga trayectoria Carlos Hurtado también ejerció influencia a través del singular sindicato Asial -Agrupación Sindical Independiente del Ayuntamiento de León-, un gran elemento de presión dirigido durante años por algunos de los principales altos funcionarios del consistorio leonés, especializados en elevar asuntos a los juzgados en materia de personal y plazas. En su singular trayectoria Hurtado no ha tenido reparos en recurrir decisiones de otros técnicos municipales con los que discrepaba, usando su capacidad de ciudadano de hacerlo y su información relevante como funcionario para ejercerla, como en una modificción de la ordenanza de aguas del 2019.

La última gran medida de Hurtado en el Ayuntamiento de León ha sido plantear esta semana una dotación de plazas, varias de altos funcionarios para puestos relevantes en el organigrama municipal, que de momento se han llevado el rechazo sindical por no estar negociadas. Que salgan adelante o no será parte de su legado. Una huella que nadie duda que ha sido profunda en el funcionamiento durante décadas del Ayuntamiento de León.

Castilla y León ofertará 790 plazas de formación sanitaria para el 2027, el 2,5 por ciento y veinte plazas más que en este 2026, con 190 para médico de familia y comunitario, el mismo dato que este ejercicio, según ha detallado este domingo la Consejería de Sanidad en un comunicado.

La comunidad ampliará un año más su oferta de formación sanitaria especializada por el sistema de residencia y sacará esas 790 plazas que suponen el 97,2 por ciento o de las 813 acreditadas por el Ministerio para ese 2027.

En 2026, las 770 plazas ofertas supusieron el 96,13 % de las 801 acreditadas por el Ministerio de Sanidad.

Con ello la comunidad se mantiene por segundo año como la que más plazas oferta por 100.000 habitantes y la quinta a nivel del Sistema Nacional de Salud.

La Consejería busca intentar paliar el déficit de profesionales con una oferta lo más amplia posible dentro de las posibilidades legales actuales y dada la “falta de iniciativa” del Ministerio, ha criticado.

444 plazas para especialidades

La convocatoria del 2027 incluye esas 190 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que hace un año con: 9 en Ávila; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Además, la oferta recoge 444 plazas (425 el año pasado) para el ámbito de especialidades hospitalarias, con 19 plazas nuevas con respecto a 2026.

Destacan dos plazas más en Anestesiología y Reanimación (25 en total), tres más en Medicina de Urgencias y Emergencias (8), tres más en Medicina Nuclear (total 6) o dos más en Oftalmología (total 18). Serán en resumen 12 en Ávila; 59 en Burgos; 63 en León; 17 en El Bierzo; 17 en Palencia; 98 en Salamanca; 23 en Segovia; 6 en Soria; 57 en Valladolid Oeste; 77 en Valladolid Este, y 15 en Zamora.

159 plazas para formación en enfermería

En cuanto a la formación especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 156 plazas, de las 167 acreditadas por el Ministerio de Sanidad.

Son 23 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (se han acreditado dos plazas nuevas en Burgos); 26 de Salud Mental; 6 en Enfermería del Trabajo; 14 en Pediatría; dos en Geriatría; y 85 para Enfermería Familiar y Comunitaria.

Por áreas, la oferta de enfermería es de 8 en Ávila; 14 en Burgos; 3 en Aranda de Duero; 3 en Miranda de Ebro; 22 en León; 10 en El Bierzo; 8 en Palencia; 19 en Salamanca; 8 en Segovia; 10 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 24 en Valladolid Este; una en Medina del Campo; y 6 en Zamora.

12.850 plazas en toda España

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la convocatoria de 12.850 plazas de formación sanitaria especializada para 2027, una cifra récord que aumenta casi un 4 % respecto al pasado año y de las que cerca del 75 % corresponden a Medicina.

Según el Ministerio de Sanidad, se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas, un 3,9 % más que en la convocatoria anterior, un aumento que es muy significativo si tenemos como punto de referencia el 2018 con 4.448 plazas más, lo que representa un crecimiento del 53 %.

El examen: el sábado 23 de enero

La fecha de las pruebas selectivas para el acceso a esta formación se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027, y el llamamiento comenzará a las 13:00 horas (12:00 horas en Canarias) y el ejercicio se iniciará a las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias).

La convocatoria de 12.850 plazas están destinadas a titulados universitarios en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, y supone un incremento de 484 plazas respecto a la convocatoria anterior.

La mayor parte de las plazas corresponden a Medicina (MIR), con 9.676, seguida de Enfermería (EIR), con 2.341. Además, se ofertan 377 plazas de Farmacia (FIR), 293 de Psicología Clínica (PIR), 69 del ámbito de la Biología (BIR), 57 de Radiofísica Hospitalaria (RFIR) y 37 del ámbito de la Química (QIR).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la externalización de puestos de trabajo de servicio en diversos centros educativos de León, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que la Dirección Provincial de Educación está realizando “con la complicidad y beneplácito” del departamento del Gobierno autonómico, según denuncia el sindicato al hilo del último caso que ha detectado, en este caso en el IESO (Instituto de Educación Secundaria Obligatoria) Puente de Domingo Flórez.

Según relata CSIF, la plaza de personal laboral de servicio de este centro berciano ha sido trasladada a otro de Ponferrada (también privatizada previamente), sin que el trabajador afectado que la ocupa en Puente de Domingo Flórez fuera informado con antelación de la decisión. Al mismo tiempo, la administración educativa ha contratado a una empresa para realizar las mismas funciones y tareas. CSIF tacha la situación de “incomprensible e injustificable”. “Carece de toda lógica desplazar una plaza pública existente en la RPT para, posteriormente, recurrir a una empresa privada para cubrir exactamente las mismas necesidades”, señala.

El sindicato independiente avisa de que no se trata de un hecho aislado. Y es que asegura que la contratación de empresas privadas para atender las funciones propias del personal de servicio ya se ha implantado en otros centros educativos de la provincia, entre los que cita a los IES Virgen de la Encina y Gil y Carrasco, Escuela de Adultos Ramón Carnicer y Centro Integrado de Formación Profesional, todos en Ponferrada; el IES Álvaro Yáñez de Bembibre; o el Centro Tecnológico Ciudad de León, el Conservatorio Santos Ovejero o Escuela de Adultos Faustina Álvarez, estos tres últimos en la capital leonesa.

CSIF considera que esta sucesión de casos evidencia “una estrategia de externalización planificada” que “supone un perjuicio para el empleo público, favorece la precarización laboral y debilita la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León”. Además, recuerda que las plazas incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo “deben ser desempeñadas por personal laboral de la Administración y no sustituidas por contratos con empresas privadas”.

Así las cosas, CSIF exige a la Consejería de Educación la inmediata cobertura de la plaza de servicio del IESO de Puente Domingo de Flórez con personal laboral de la Junta, dejando sin efecto cualquier medida que implique su sustitución por una empresa privada. Asimismo, exige la recuperación de los otros puestos de esa categoría que se han externalizado con por empleados públicos. El sindicato reclama que se termine con la política de externalización de funciones propias del personal laboral, así como un compromiso firme de la Junta “con la defensa del empleo público, el respeto a sus plantillas y la garantía de un servicio público de calidad para toda la comunidad educativa”.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado las condiciones laborales en las que han desarrollado su trabajo los miembros de los tribunales de las oposiciones docentes celebradas este verano en Castilla y León.

El sindicato asegura haber recopilado testimonios de integrantes de distintos tribunales y especialidades que coinciden en señalar jornadas de hasta 12 horas, problemas de organización, falta de alojamiento garantizado y unas dietas que consideran insuficientes y desfasadas, entre otros muchos serios problemas.

Según CCOO, la presión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para acortar los plazos de publicación de las calificaciones ha obligado a los tribunales a afrontar jornadas maratonianas tanto en la corrección de los exámenes como en la tramitación administrativa. El sindicato sostiene además que muchas de las instrucciones fueron transmitidas de forma verbal y con escaso margen para su aplicación, ante la ausencia de documentación técnica que resolviera las dudas habituales del proceso. También denuncia que los grupos de mensajería entre presidentes y coordinadores permanecían activos hasta última hora del día con indicaciones que debían aplicarse a la mañana siguiente.

La organización sindical critica igualmente la gestión de los desplazamientos y el alojamiento de los miembros de los tribunales. Afirma que la Administración no ha explicado el criterio seguido para asignar a los docentes, lo que, según expone, obligó a algunos de ellos a realizar largos desplazamientos sin conexiones directas en transporte público. Asimismo, recuerda que la Consejería se comprometió en la Mesa Sectorial del pasado 3 de marzo a facilitar plazas en residencias dependientes de la Administración autonómica, un compromiso que, asegura, no se ha cumplido. A ello añade los cambios en los cronogramas, con hasta tres versiones distintas en menos de dos semanas, que habrían provocado la pérdida de reservas de alojamiento ya abonadas por algunos docentes.

CCOO también pone el foco en el coste económico que, según denuncia, han tenido que asumir los integrantes de los tribunales. Recuerda que las dietas de manutención y alojamiento permanecen sin actualizar desde hace cerca de dos décadas y que las indemnizaciones por razón de servicio, congeladas desde 2002, ascienden a 42,83 euros para los vocales y a 45,89 euros para presidentes y secretarios. El sindicato señala que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha aumentado un 71,3% desde entonces, por lo que considera que estas cuantías están muy por debajo del coste real de desplazamientos, alojamiento y manutención.

La organización añade que, aunque la normativa contempla anticipos de hasta el 80% de las cantidades previstas, estos no se estarían abonando, lo que obliga a los docentes a adelantar los gastos y esperar varios meses para recuperar el dinero. Asimismo, denuncia la existencia de aulas sin climatización en las que, asegura, se superaron los límites de temperatura establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, además de reuniones convocadas en días laborables que obligaban a los docentes a desplazarse y reincorporarse a sus centros al día siguiente sin tiempo suficiente de descanso.

CCOO recuerda que desde hace años reclama una reforma del sistema de acceso a la función pública docente para reducir el número de aspirantes asignados a cada tribunal y evitar la sobrecarga de trabajo. En este sentido, advierte de que las condiciones denunciadas están provocando un creciente rechazo entre el profesorado a asumir estas funciones.

Por todo ello, el sindicato exige a la Consejería de Educación que elimine las presiones para acelerar los plazos, establezca un cronograma único y estable, garantice el alojamiento comprometido para los docentes desplazados, explique el criterio seguido en la designación de los tribunales y abone las dietas antes del inicio del próximo curso. También reclama la actualización urgente de las indemnizaciones conforme al coste de la vida, la concesión efectiva de anticipos para evitar que el profesorado tenga que adelantar los gastos y la adopción de medidas que impidan que estas situaciones vuelvan a repetirse en futuras convocatorias.

Comisiones Obreras ha mostrado este jueves su rechazo frontal al Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional presentado por la Universidad de León, una herramienta que, según denuncia el sindicato, “incluye empeoramiento de condiciones laborales y salariales, además del riesgo de cierre y fusión de grados”.

CCOO sostiene que este documento no propiciará una estrategia de modernización de la ULE sino que se convertirá en “un plan de recortes encubierto” derivado “fundamentalmente” de “la asfixia económica y la infrafinanciación crónica de la Junta de Castilla y León a la universidad pública”.

Así las cosas, el sindicato considera “de especial gravedad” medidas incluidas en el plan y que suponen, según denuncia, “un empeoramiento de las condiciones laborales, incluyendo la congelación del pago de algunos complementos salariales” a determinado tipo de personal. “Se llega incluso a considerar”, añade, “un problema económico la ejecución de sentencias judiciales por incumplimiento de derechos laborales”. Y apunta que se sugiera una modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) hasta apurar “al máximo” los plazos de contratación, con “amortización de plazas” y con “categorías profesionales cada vez más flexibles y multitarea sometidas a movilidad interna”.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza en León y su Sección Sindical en la ULE también denuncian que el plan asume la posibilidad de eliminación y fusión de títulos de grado“, algo que atribuyen a ”criterios economicistas“ al ampararse en el volumen de matriculación, y advierten de que se abra la puerta a ”estudios propios autofinanciables·“ de participación privada o con tasas de matrícula ”elitistas“.

“No vamos a avalar ningún recorte laboral, ninguna pérdida de derechos, ningún empeoramiento de las condiciones laborales ni ninguna eliminación de grados”, señala CCOO, que acusa a la rectora, Nuria González, de estar “actuando como paragolpes de la Junta” hasta descargar “el problema económico sobre los trabajadores y las trabajadoras”. Y es que considera que se trata de “una complicidad que se recoge en el propio Plan, donde no existe ninguna estrategia ni medidas concretas para exigir a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones, limitándose únicamente a ”solicitar, pedir o abrir cauces de diálogo“ con absoluta tibieza”, lo que “contrasta con la dureza y contundencia de algunas de las medidas impuestas” al personal.

En este escenario, el sindicato emplaza a la rectora a convocar de urgencia el Consejo de Universidades de Castilla y León y liderar la exigencia a la Junta del “cumplimiento de sus obligaciones financieras” sin descartar la vía judicial. Pero “el equipo rectoral prefiere recortar los derechos de sus trabajadores y su propia calidad académica antes que generar fricciones con el Gobierno autonómico”, entiende Comisiones al citar singularmente la creación de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, encabezada por el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y recibida con buenas palabras por Nuria González.

El Ayuntamiento de Villablino necesita cubrir dos plazas: una de coordinador y otra de monitor de jardinería para un periodo de seis meses, con el fin de gestionar en taller de formación y empleo denominado Mantenimiento de zonas verdes, Facendera 2025.

Para ello, ha presentado una oferta genérica de aspirantes idóneos al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Sepe) con la finalidad que le remita todos los demandantes de empleo inscritos en el municipio que reúnan los perfiles requeridos. Y en el caso de que no haya candidatos inscritos en esta oficina, solicita ampliar la zona de búsqueda.

El objetivo es cubrir con esos recursos un programa de formación y empleo, que se ejecuta con una subvención del Sepe de 85.934,52 euros y una duración de seis meses. La ayuda fue confirmada por el presidente del organismo estatal a finales del pasado mes de junio al resolver favorablemente un recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento contra la resolución de 26 de diciembre último de la gerencia provincial del SEPE, que había denegado inicialmente la solicitud municipal de Villablino.

La ayuda mediante la cual se va a poder poner en marcha el taller de formación y empleo, abierto para seis desempleados del municipio, está financiada dentro del programa público mixto de empleo y formación en Castilla y León 2025–2026.

León ahonda en la reducción del paro. Si la bajada fue en 372 personas en mayo hasta caer por debajo de la barrera de los 20.000 por primera vez en ese mes desde la crisis de 2008, el descenso fue todavía mayor en junio, en 568 inscritos (un -2,86%, superior al -1,24% del total de España) hasta dejar la estadística en 19.259. Son 438 menos (un -2,22%) que a la misma altura de 2025, según datos publicados este jueves por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El sector servicios volvió a ser el catalizador de este buen dato.

Por sectores, el desempleo bajó de forma casi generalizada. Lo hizo especialmente en los servicios (-618, de 14.123 a 13.505) y, de forma más moderada, en la industria (-43, de 1.680 a 1.637) y la construcción (-14, de 1.234 a 1.220). Por el contrario, subió, aunque de forma anecdótica, en la agricultura (3, de 667 a 670), y en la estadística del colectivo sin empleo anterior (104, de 2.123 a 2.227).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.423 mujeres desempleadas frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (745 hombres frente a 642 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (624 hombres por 750 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.908 por 2.977) y a partir de los 45 años (4.559 por 7.054).

Castilla y León

Castilla y León restó en junio 2.895 parados, el tercer mayor recorte autonómico, que deja en 94.260 los desempleados en esa comunidad, un 2,98% menos que en mayo, frente al -1,24% nacional; y sumó 9.641 cotizantes a la Seguridad Social y sigue por encima del millón de afiliados con 1.016.019.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este jueves los datos de paro y afiliación de junio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 2.577 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -2,66%, ligeramente por debajo del -4,74% nacional.

En comparativa anual, Castilla y León cerró junio con 17.279 cotizantes más que hace un año, el 1,73% más, por debajo del 2,77 nacional.

En España marcó en junio un nuevo récord de empleo, tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo ha señalado este jueves que el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Se) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

El paro registrado en junio bajó en 11 Comunidades Autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-11.597 personas), Galicia (-3.587 personas) y Castilla y León (-2.895).

Y subió en las otras seis, encabezadas por Región de Murcia (739), País Vasco (479) e Illes Balears (100).      

En términos mensuales, el paro descendió en junio en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-4,40%), Burgos (-1,67%), León (-2,86%), Palencia (-3,34%), Salamanca (-3,25%), Segovia (-4,34%), Soria (-7,37%), Valladolid (-1,11%) y Zamora (-5,71%).

Respecto a junio del 2025, el número de parados disminuyó en Ávila (-2,79%), Burgos (-2,29%), León (-2,22%), Palencia (-2,24%), Salamanca (-4,76%), Segovia (-3,84%), Valladolid (-2,13%) y Zamora (-2,82%) y aumentó en Soria (2,91%).

El desempleo bajó respecto a mayo en todos los sectores menos el de sin empleo anterior, que sumó 696 parados más.

Y fue el sector Servicios el que capitalizó el descenso del paro en la comunidad el pasado mes, con 3.176 parados menos que en mayo; con 126 desempleados menos en Agricultura, 262 en la Industria y 27 menos en la Construcción.

De esos 2.895 parados menos en la comunidad, 871 fueron hombres y 2.024 mujeres, el 2,26 y 3,45% de recorte respecto al mes anterior, que deja en 37.616 los desempleados en la comunidad y en 56.644 las desempleadas.

Y, los parados de menos de 25 años eran al final de junio 7.303 en Castilla y León, 21 menos que el mes anterior y 181 menos que hace un año.

En cuanto a la contratación, Castilla y León registró 71.904 contratos en junio, 18.445 y un 34,5% más que en mayo; con 1.109 contratos más que hace un año y un repunte del 1,57%.

El dato mensual es mejor que el 24,60 de media nacional, mientras que el anual es inferior al 10,20 de mejora del conjunto autonómico.

De esos contratos, 24.094 fueron indefinidos, 4.540 y un 23,22% más que en mayo (19,54% nacional), y 943 y un 4,07% más que hace un año (16,36%). Y de esos contratos, 19.823 fueron a extranjeros, 3.970 mas que el mes anterior y 3.146 más que hace un año.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de mayo, fueron 69.216 en Castilla y León, de ellas 34.868 prestaciones contributivas, con 34.320 subsidios y 28 rentas activas de inserción.

La situación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo suma un nuevo episodio de tensión. La plantilla municipal, formada por unas 300 personas, todavía no ha cobrado este miércoles 27 de mayo la nómina correspondiente al mes de abril, un retraso que ha provocado una sonora protesta de los trabajadores a las puertas del Consistorio.

Funcionarios y personal laboral se concentraron durante la mañana con pancartas, silbatos y gritos de protesta para exigir el pago inmediato de sus salarios después de casi un mes de demora. La movilización obligó incluso a representantes del equipo de Gobierno en minoría de UPL, entre ellos la alcaldesa Ana María Fernádez Caurel, a bajar a la calle para dar explicaciones a los trabajadores.

El malestar en la plantilla es importante porque la situación afecta a la totalidad de los servicios municipales del tercer municipio con más población de la provincia de León. Además, muchos empleados denuncian que el retraso llega en un contexto de creciente desorganización interna y problemas administrativos acumulados desde hace meses.

UPL responsabiliza a Intervención y Tesorería

Tras la protesta, el equipo de Gobierno emitió una nota de prensa en la que pide disculpas por el retraso, aunque al mismo tiempo atribuye la situación a “circunstancias administrativas” relacionadas con el relevo en la Intervención municipal, la habilitación de firmas, un reparo técnico y la necesidad de volver a activar permisos de Tesorería.

El Ayuntamiento sostiene que el decreto y los pagos ya han sido firmados en el banco para completar la tramitación, aunque reconoce que la situación “no es justificable” y lamenta los perjuicios ocasionados a los trabajadores.

Sin embargo, el comunicado municipal ha generado todavía más malestar entre parte de la plantilla y representantes sindicales al considerar que el equipo de Gobierno trata de desplazar la responsabilidad política hacia altos funcionarios municipales, especialmente hacia los departamentos de Intervención y Tesorería.

La situación resulta especialmente delicada porque el mes de mayo está prácticamente finalizado y sigue sin concretarse cuándo se abonará finalmente la nómina pendiente de abril. Tampoco existe por el momento una fecha clara para el pago de la nómina correspondiente a mayo, que debería cobrarse en apenas unos días.

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo está sumida en el caos. En un par de meses se cumplirá un año de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León que anuló la convocatoria de la plaza de Subinspector del 2022, el jefe del cuerpo, pero esta todavía está ejecutada solo a medias.

El cuerpo policial permanece descabezado desde el mes de septiembre del año pasado, pero el equipo de Gobierno en minoría de UPL todavía no ha iniciado los trámites para volver a sacar la plaza a concurso. Mientras tanto, crece el descontento. Los agentes, como el resto de funcionarios del tercer Consistorio en número de habitantes de la provincia de León, todavía no han cobrado la nómina del mes de abril, no perciben las horas extra desde noviembre, denuncian falta de medios, tienen una pistola 'desaparecida' desde hace meses y, recientemente, les han robado las cuatro ruedas y el interior de un vehículo del depósito municipal. Pero tampoco se ha aplicado, por el momento, medida de seguridad alguna.

La sentencia del mes de julio del tribunal leonés, que es firme porque no fue recurrida por ninguna de las partes, obligó a cesar al subinspector unos meses después. En paralelo, también exigía al Ayuntamiento de San Andrés a negociar unas nuevas bases para convocar otra vez la plaza y conformar un tribunal evaluador de los aspirantes, pero esta parte sigue sin llevarse a cabo.

Sin subinspector, la normativa obliga al policía de mayor rango a asumir las funciones de jefe de Policía. De los 38 agentes locales de San Andrés, tan solo uno tiene categoría de oficial, pero se ha negado por escrito a desempeñar esas funciones. La solución que ha adoptado la alcaldesa leonesista, Ana María Fernández Caurel, fue designar “temporalmente” a uno de los 37 agentes 'rasos', a pesar de un informe en contra de Secretaría.

Estas dos circunstancias, la demora en ejecutar una sentencia firme que está retrasando cubrir la plaza de subinspector bajo el principio de igualdad y parchear esta falta de mando con la elección 'libre' de un jefe “temporal” con vínculos con UPL que ya lleva ocho meses en el puesto, ponen sobre la mesa un posible recurso ante la Justicia.

Fuentes consultadas por este medio denuncian, además, el retraso reiterado del cobro de las nóminas, por ejemplo a la redacción de esta información todavía no han percibido la nómina del mes de abril, suman ya medio año sin cobrar las horas extra, y, lo que a su juicio es aún peor, una seria falta de medios.

La situación del cuerpo policial de San Andrés tiene además otros elementos que ponen en cuestión su funcionamiento normal. El fin de semana tan solo hay una patrulla de dos agentes para cubrir todo el municipio, y el cuerpo no tiene vehículos con mampara para el traslado de detenidos. Ello ha obligado a que hasta en dos intervenciones, graves, señalan fuentes del cuerpo, tuvieron que recurrir a la Policía Local de León porque estuvieron veinte días sin etilómetro. Además ,desde el año pasado no se están cumpliendo las obligatorias pruebas de tiro, hay problemas con la tramitación de las multas y con el funcionamiento del servicio de grúa, prácticamente inexistente.

Una pistola sustraída

El pasado mes de febrero ocurría un suceso que ha dejado huella en el cuerpo, la 'desaparición' de una pistola de la Policía Local, un hecho grave denunciado y que investigan la Policía Nacional. A fecha actual la pistola no ha aparecido, pese a la investigación en curso con sospechas sobre un miembro del propio cuerpo que habría sustraído el arma del armero municipal, sin que se haya resuelto qué ha hecho con ella.

A los robos de material defensivo se suma otros sucesos como la sustracción de las cuatro ruedas y el interior de un vehículo que permanecía bajo custodia en el depósito municipal. Fuentes consultadas denuncian que pese a todos estos sucesos no se han puesto las medidas preventivas necesarias para evitar que vuelvan a suceder.

ILEÓN preguntó al equipo de Gobierno de UPL de San Andrés del Rabanedo el miércoles sobre todas estas cuestiones, aunque no ha respondido, y solo a algunas de ellas, hasta después de la publicación de la información, este viernes a media mañana.

En primera instancia, reconocen que los funcionarios no han cobrado todavía la nómina de abril, si bien el argumento es que es “debido a cuestiones administrativas y técnicas, no por falta de voluntad política ni por problemas económicos”. Sin entrar a cuáles son esas cuestiones 'administrativas y técnicas', añaden que “desde el equipo de Gobierno se han mantenido distintas reuniones con los representantes sindicales, el comité de empresa y con los técnicos municipales para abordar la situación y avanzar en el pago de las nóminas”, a punto de terminar mayo.

En cuanto a la situación del cuerpo de Policía Local, aseguran que “el equipo de Gobierno ya ha convocado una mesa de negociación y actualmente se están negociando las nuevas bases para proceder a la convocatoria” y, así, dar cumplimiento a una sentencia judicial de hace casi un año. No obstante, y según varios grupos de la oposición, la mesa de negociación está convocada para el día 1 de junio y actualmente no se está negociando nada, porque no se ha elevado todavía propuesta alguna.

Mientras tanto, y según UPL, la Policía Local sigue capitaneada por un jefe “temporal” que, dicen, se eligió por méritos de entre “varios candidatos”, sin tener en cuenta “la adscripción política de nadie”. No aclaran si el elegido tiene o no vinculación directa con el partido leonesista y si la decisión se tomó o no en contra de un informe de Secretaría.

En todo caso, subrayan que el cuerpo “continúa tramitando, atendiendo incidencias y prestando servicio con los recursos disponibles”, eludiendo responder a la falta de recursos que denuncian. “Las carencias materiales o de personal que pueda arrastrar el servicio no son una situación nueva ni exclusiva, sino una problemática estructural que viene de años atrás y que afecta a numerosos cuerpos policiales. Pese a ello, los agentes continúan desarrollando una labor imprescindible para el municipio”, agregan.

Por último, respecto al arma que lleva meses desaparecida, se han limitado a manifestar que “se trata de una cuestión judicializada sobre la que no harán valoraciones”.

Trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Castilla y León se han concentrado este miércoles ante la Delegación de León para reclamar mejoras laborales, más plantilla y el cumplimiento de acuerdos pendientes, en una jornada de movilizaciones convocada en toda España por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La protesta, que ha incluido un paro parcial de una hora entre las 11.00 y las 12.00 horas, se enmarca en un calendario de movilizaciones que podría culminar con una huelga general el próximo 8 de junio si no se producen avances en la negociación con el Gobierno.

Durante la concentración, con presencia de trabajadores y delegados de toda la comunidad, el responsable de la Agencia Tributaria de CSIF en Castilla y León, Serafín Herrera, ha denunciado que el conflicto laboral nace de “una situación prolongada de bloqueo, retraso e incumplimiento” por parte de la Administración.

“En noviembre de 2024 se firmó un acuerdo con compromisos claros, pero la Agencia Tributaria ha sido incapaz de transformarlos en hechos”, ha criticado Herrera, quien ha asegurado que “la situación se ha enquistado en tres problemas fundamentales”: la carrera profesional, el teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.

En este sentido, ha destacado que los trabajadores exigen la actualización de la carrera profesional y el reconocimiento de los años acumulados sin mejoras desde las últimas reclasificaciones, así como el desarrollo de un modelo de teletrabajo “flexible y adaptado” a las necesidades de la plantilla.

“Hoy mantenemos un sistema impuesto, rígido y poco flexible”, ha señalado Herrera, quien ha reclamado que se aplique a la AEAT un modelo similar al de la Administración General del Estado, con más días de trabajo a distancia y mayores facilidades de conciliación.

El tercer eje de las reivindicaciones se centra en el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos trabajadores —ha subrayado— desempeñan funciones clave en la lucha contra el narcotráfico o el contrabando y afrontan situaciones de riesgo que, a juicio del sindicato, deben ser reconocidas legalmente.

“No se trata de una unidad administrativa cualquiera; hablamos de profesionales con funciones de seguridad que requieren más medios y el reconocimiento efectivo como profesión de riesgo”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado también mejoras salariales, refuerzo de medios y medidas que faciliten la jubilación anticipada en estos casos.

Herrera ha advertido además de la falta estructural de plantilla en la Agencia Tributaria, con unos 1.200 trabajadores en Castilla y León —alrededor de 140 en la provincia de León—, y un déficit que, según ha dicho, se arrastra desde hace años.

“La oferta pública no está siendo capaz de compensar las jubilaciones ni el envejecimiento de la plantilla, mientras aumentan los objetivos y las cargas de trabajo”, ha señalado tras incidir en que esta situación está generando “una tensión que resulta insostenible”.

El representante sindical ha vinculado estas carencias con el incremento de la actividad de la AEAT, que registra cifras récord de recaudación, y ha defendido la necesidad de reforzar los efectivos para garantizar un servicio adecuado a los contribuyentes.

CSIF ha hecho un llamamiento a la unidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales para respaldar las movilizaciones, al considerar que “la fragmentación solo beneficia a quien bloquea” la negociación.

Tras las protestas de este miércoles, el calendario continuará el 29 de mayo con nuevas concentraciones y paros parciales, antes de una huelga general prevista para el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria si no se alcanzan soluciones.

“Estamos en marcha y no cesaremos hasta que tengamos las respuestas que reclamamos”, ha concluido Herrera.

¿Una concejala del equipo de Gobierno municipal presentándose a una oposición de su Ayuntamiento? Esto es lo que está ocurriendo en Sahagún, con una edil del PP presentándose a un puesto de alguacil.

La UPL ha dado a conocer este concurso tan poco común. Los leonesistas han expresado públicamente sus dudas sobre la idoneidad de que una concejala del PP en activo concurra a una oposición impulsada por la propia Administración de la que forma parte, y más como miembro del equipo de Gobierno municipal presidido por la 'popular' Paula Conde Huerta. Aunque la formación reconoce que la legalidad del procedimiento podría no estar comprometida, advierte de un posible conflicto desde el punto de vista ético y de ejemplaridad pública.

Según la propia página web municipal de Sahagún, el nombre de la edil criticada por acudir a este concurso de empleo público es Margarita Diez Valderrey , concejala delegada del Servicio de Educación e Instalaciones Educativas, Escuela Infantil, Escuela de Música, Infancia y Adolescencia

Según los leonesistas, “este tipo de situaciones pueden afectar a la percepción de imparcialidad en los procesos selectivos”, un aspecto que consideran “clave para garantizar la confianza de los vecinos”. En este sentido, insisten en que la transparencia, la objetividad y la igualdad de oportunidades deben regir cualquier convocatoria pública de empleo.

UPL sostiene que la participación de una concejala en activo en una oposición municipal “puede generar dudas razonables entre la ciudadanía”, lo que a su juicio perjudica la credibilidad de las instituciones locales. Por ello, consideran que la edil debería valorar su retirada del proceso mientras mantenga su cargo público.

La formación leonesista defiende que“ dar ese paso contribuiría a evitar cualquier sombra de sospecha y reforzaría la confianza en la limpieza del procedimiento”, apelando así a la responsabilidad política y a la necesidad de mantener estándares éticos elevados en la vida pública.

El paro bajó en abril en la provincia de León en 643 personas con respecto al mes de marzo, un descenso del 3,09%, superior al 2,59% del total de España, que sobrepasa por primera vez la barrera de los 22 millones de trabajadores. La caída en la provincia, que se queda en 20.199 demandantes, fue incluso mayor en términos interanuales: 1.284 inscritos menos que a la misma altura de 2025, un 5,98% menos, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El mes, que comenzó todavía en plena Semana Santa, deja descensos del desempleo en todos los sectores económicos. El mayor tirón corresponde al sector servicios.

Por sectores, el desempleo bajó en todos, especialmente en los servicios (-506, de 15.003 a 14.497) y, de forma más moderada, en la construcción (-48, de 1.289 a 1.241), la industria (-20, de 1.721 a 1.701) y la agricultura (-14, de 686 a 672). También cayó en la estadística del colectivo sin empleo anterior (-55, de 2.143 a 2.088).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.951 mujeres desempleadas frente a 8.248 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (741 hombres frente a 648 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (652 hombres por 799 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.970 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.885 por 7.401).

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado que “los datos reflejan una evolución positiva y constante del empleo en la provincia, con una reducción del paro que no es puntual, sino fruto de una tendencia consolidada”. “Sabemos”, añade el representante del Ejecutivo en la provincia, “que todavía queda trabajo por hacer. Por eso, estos datos nos permiten ser moderadamente optimista y seguir trabajando con determinación para que nadie se quede atrás”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en abril 3.281 parados menos que en marzo, con un 3,18% de recorte que dejó en 99.764 los desempleados en esa comunidad, que ese mes sumó 5.583 cotizantes más a la Seguridad Social, hasta los 996.554.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de abril en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.227 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,98%.

En comparativa anual, Castilla y León cerró abril con 15.558 cotizantes más que hace un año, con un repunte del 1,59%; y con 5.227 parados menos, el -4,98% de bajada en doce meses.

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que anotó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril en España hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

El paro registrado en abril de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior, con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza, y Castilla y León con el quinto mayor recorte en dato absoluto.

Provincias

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad, sobre todo en Palencia (-5,38%). En Ávila el desempleo bajó un 2,19% respecto a marzo, en Burgos el 3,84%, en León el 3,09%, en Salamanca un 4,37%, en Segovia el 3,53%, en Soria un 0,83%, con un 2,71% en Valladolid y el 1,20% de recorte en Zamora.

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, subieron en todas las provincias, entre el 0,89% de Ávila y 0,16% de Valladolid, con un 0,80% en León, 0,69% en Palencia, 0,66% en Salamanca, 0,65% en Burgos, 0,60% en Zamora, 0,58% en Segovia y el 0,52% en Soria.

El paro bajó en abril en todos los sectores de la comunidad, especialmente en el de servicios (-2.507). En agricultura, Castilla y León anotó 114 parados menos que en marzo, con 211 menos en la industria, 183 en la construcción y 266 menos en el colectivo de sin empleo anterior.

El paro bajó también tanto en los menores de 25 años, con 974 desempleados menos que en marzo, como en las mujeres, con 1.471 inscritas menos en las listas de la comunidad.

En abril se formalizaron 50.170 contratos en la comunidad, que suponen 3.412 menos que en marzo, con un recorte del 6,37%, frente al -4,03 nacional; con 815 contratos más que hace un año, el 1,65%, también por debajo del 10,31% de aumento del conjunto autonómico. De esos contratos, 17.522 fueron indefinidos, 2.708 menos que en marzo y 566 más que hace doce meses.

De los más de 99.000 parados que tiene la comunidad a final de abril recibieron alguna prestación, en este caso con datos de marzo, un total de 56.294, de ellas 38.906 prestaciones contributivas, 17.351 subsidios y 37 rentas activas de inserción.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha presentado hoy el primer Plan de Igualdad para sus empleados públicos, una herramienta de obligación legal que debía haber estado ya aprobada y que se articula con 44 medidas, ha detallado este martes el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, en rueda de prensa.

El documento tendrá una vigencia de cuatro años, con una decena de áreas de actuación en las que se recogen esas 44 medidas concretas, y, en conjunto, el plan incluye 11 puntos principales y dos anexos.

Hay que recordar que a duras penas se cumple con el plazo legal establecido y obligatorio para poner en marcha esta herramienta y que ya no se articula desde una Concejalía de Igualdad, ya que esta no existe porque fue fulminada a principio del actual mandato tras incluir a Vox en el pacto tripartito inicial de Partido Popular y Coalición por el Bierzo.

Entre los objetivos del nuevo Plan destaca la implantación de una cultura de igualdad dentro de la administración local, así como la reducción de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el ámbito laboral municipal.

El plan incluye, además, actuaciones para garantizar procesos de selección en igualdad de condiciones, favorecer el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y mejorar las oportunidades en materia de formación y promoción profesional.

Con esta iniciativa, el Consistorio busca ajustarse a la normativa vigente y reforzar su compromiso con la igualdad efectiva, mediante la aplicación de políticas activas orientadas a corregir posibles desequilibrios dentro de la plantilla. Moreno ha enmarcado este plan dentro de un conjunto de iniciativas impulsadas durante el actual mandato, liderado por el alcalde Marco Morala, que calificó como “histórico” en materia normativa.

Entre esas iniciativas, mencionó la aprobación de un protocolo de prevención en el acceso laboral y un reglamento orgánico municipal. El concejal admitió que la ausencia de este plan podría haber supuesto sanciones para el Ayuntamiento, al tratarse de una obligación legal. En este sentido, señaló que “las inspecciones han sido benevolentes” con la institución.

Moreno ha achacado el retraso en la aprobación del documento al anterior equipo de Gobierno socialista, que dejó la Alcaldía en 2023, y ha destacado el trabajo de los técnicos municipales en su elaboración, encabezados por la técnica de Igualdad Isabel Trinidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el personal docente e investigador temporal de las cuatro universidades públicas de la comunidad cobre los mismos complementos retributivos que ingresa el personal fijo.

La demanda de conflicto colectivo que planteó la Federación de Enseñanza de CCOO-Castilla y León ha tenido esta respuesta del TSJCyL, que establece que estos derechos deberán ser compensados con carácter retroactivo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que son ya siete las sentencias favorables sobre conflictos que afectan a derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo del cobro de los complementos, al rechazar el argumento dado por las universidades sobre la limitación presupuestaria.

CCOO ha recordado que buscó un acuerdo interno con las universidades, a través de las comisiones paritarias del convenio colectivo y también a través del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), pero las instituciones académicas mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

Por este motivo, el sindicato ha instado a las universidades a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

León cerró marzo con una notable caída del paro, que bajó en 363 personas hasta situar la estadística en 20.842 desempleados, un -1,71% con respecto a febrero. El descenso es incluso mayor en términos interanuales: 1.162 demandantes de un puesto de trabajo menos, un 5,28% menos, según datos publicados este lunes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La provincia registró un buen comportamientos en todos los sectores, especialmente en los servicios en un mes marcado por las contrataciones derivadas de la Semana Santa, algo que también se notó en el conjunto España, que anotó 22.934 inscritos menos (un -0,94% en la comparativa intermensual).

Por sectores, el desempleo bajó en los principales, especialmente en los servicios (-305, de 15.308 a 15.003) y, de forma más moderada, en la industria (-42, de 1.763 a 1.721), la construcción (-27, de 1.316 a 1.289) y la agricultura (-10, de 696 a 686). La estadística sólo subió en la estadística del colectivo sin empleo anterior (+21, de 2.122 a 2.143).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.231 mujeres desempleadas frente a 8.611 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (831 hombres frente a 720 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (684 hombres por 793 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.060 por 3.152) y a partir de los 45 años (5.036 por 7.566).

A juicio del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, los datos de marzo reflejan una “evolución positiva y sostenida” de la estadística en la provincia, de la que destaca que haya bajado de la barrera de los 21.000 desempleados. Alaiz subraya que en el último mes se suscribieran 8.038 contratos, de los que 3.373 fueron indefinidos. En el conjunto del año, se han registrado 21.342 contratos, de los que 9.013 son indefinidos, lo que representa el 42,23% del total, lo que para el subdelegado redunda en un “empleo cada más estable y de más calidad”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en marzo 1.673 parados menos que en febrero, el 1,60% de recorte, que dejó en 103.045 los desempleados en la comunidad, que ese mes sumó 6.321 afiliados más a la Seguridad Social, lo que deja en 990.981 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este lunes los datos de paro y afiliación de marzo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.624 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -5,18%.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

El paro registrado en marzo de 2026 bajó en catorce comunidades autónomas respecto al mes anterior, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Castilla y León anotó la cuarta mayor bajada del paro del conjunto autonómico tanto en dato absoluto, con esos 1.673 parados menos, con en absoluta, con ese -1,60%.

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad salvo en Soria (0,51%) y en Ávila (0.47%). Y bajó en el resto de las provincias: en Burgos (-2,62%), León (-1,71%), Palencia (-2,51%), Salamanca (-1,62%), Segovia (-0,87%), Valladolid (-1,74%) y Zamora (-1,69%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-6,02%), Burgos (-5,90%), León (-5,28%), Palencia (-1,55%), Salamanca (-6,35%), Segovia (-6,45%), Soria (-0,29%), Valladolid (-4,70%) y Zamora (-5,24%).

El desempleo bajó además en todos los sectores, sobre todo en el de servicios, que anotó 1.205 parados menos que en febrero, con 47 menos en Agricultura, 136 en Industria, 268 en la Construcción y 17 en el colectivo de sin empleo anterior.

En menores de 25 años, la comunidad cerró marzo con 248 parados menos que el mes anterior, y con 1.027 mujeres menos desempleadas y 646 hombres.

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en marzo respecto al mes anterior, con incrementos del 1,18% en Segovia, el 1,05 en Burgos, y el 0,87% en Palencia. En Ávila los afiliados subieron un 0,22%, el 0,60 en León, el 0,26 en Salamanca, con un 0,42 en Soria, el 0,52 en Valladolid y el 0,70 en Zamora. En comparativa anual, todas las provincias tienen más afiliados que hace un año, con repuntes entre el 3% de Segovia y el 0,35% de Soria.

En cuanto a la contratación, en marzo se cerraron 53.582 contratos en Castilla y León, 9.415 más que en febrero, con un repunte del 21,32% (17,16 nacional) y 4.570 más que en el mismo mes del 2025, el 9,32% de incremento (12,38). En marzo se formalizaron 20.230 contratos indefinidos en la comunidad, 3.055 más que en febrero, y 2.392 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de febrero, la comunidad sumó 58.200 beneficiarios, 40.405 pensiones contributivas; con 17.748 subsidios y 47 rentas activas de inserción.

Imaginemos un trabajador de la limpieza viaria de León que, limpiando una remota calle de un barrio periférico de la ciudad a las cuatro de la madrugada sufre una caída grave o es víctima de un repentino ataque cardíaco o tantas otras eventualidades urgente que puedan surgir. No es un escenario imaginario: puede ser real y de la rapidez en la actuación para socorrerle puede depender su propia vida.

Para proteger a la plantilla del Servicio Municipal de Limpieza Viaria de la capital, el Ayuntamiento de León ha dado un paso de seguridad personal. Se llama de una manera muy gráfica, 'detección del hombre caído', y consiste en la implantación de un sistema tecnológico capaz de detectar caídas, pérdidas de conciencia o situaciones de riesgo inminente en tiempo real y en localizaciones remotas o a horas intempestivas.

La medida fue aprobada en la Junta de Gobierno del pasado 6 de marzo y será un paso adelante en busca de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en un ámbito laboral especialmente expuesto a este tipo de situaciones.

El contrato, tramitado como menor bajo la denominación 'Adquisición, configuración y mantenimiento de dispositivos de detección del hombre caído', permitirá dotar a los operarios de limpieza viaria y recogida de residuos de dispositivos de seguridad activa diseñados para actuar de forma automática ante cualquier incidente. La adjudicación ha recaído en la empresa Doopmap SA, especializada en protección del trabajador aislado,. El importe total asciende a algo más de 10.000 euros (10.164 euros), con una duración de un año completo.

El núcleo de la solución tecnológica es el dispositivo D-5000, un terminal ligero y resistente, preparado para soportar incluso condiciones adversas de agua y polvo, que incorpora sensores capaces de detectar automáticamente una caída o la pérdida de verticalidad de un operario. A ello se suma un botón SOS que permite activar manualmente una alerta en caso de que la emergencia deje al empleado consciente.

Uno de los elementos clave es su sistema de geolocalización, con un margen de error inferior a cinco metros, junto a una conectividad multioperador que asegura la comunicación incluso en áreas con cobertura limitada. De este modo, el trabajador permanece localizado en todo momento, lo que facilita la eventual intervención de los servicios de emergencia.

Más allá del dispositivo individual, el sistema se apoya en una Central Receptora de Alarmas operativa las 24 horas durante todo el año. Este centro no solo recibe las señales, sino que cuenta con personal humano especializado que verifica cada aviso para descartar falsas alarmas y gestionar únicamente situaciones reales. En caso de incidente, se establece además una comunicación directa por voz con el operario, permitiendo evaluar su estado mientras se moviliza la ayuda necesaria.

El contrato incluye también un servicio integral que abarca el mantenimiento técnico, la gestión de las tarjetas SIM, la formación de los trabajadores y la sustitución inmediata de los equipos en caso de avería. Un enfoque que busca no solo implantar la tecnología, sino garantizar su funcionamiento continuo y eficaz en el día a día del servicio.

El principal argumento municipal es que con esta medida se refuerza el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales y se avanza hacia un modelo de servicios públicos más seguro, en el que la tecnología actúa como aliada para proteger a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Una tranquilidad extra para la amplia plantilla de limpieza. Es de suponer que si en este año de funcionamiento se observan buenos resultados, el sistema se ampliará en el tiempo y acabará convirtiéndose en algo estable e imprescindible.

El paro apenas el pasado febrero en León, que cerró el mes con 21.205 desempleados, 2 menos que en enero, lo que supone un descenso del 0,01%. La bajada interanual es ostensiblemente mayor: 1.339 demandantes menos, una caída del 5,94% con respecto a febrero de 2025, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La estadística intermensual subió en el conjunto de España en 3.584 personas, lo que representa un incremento del 0,15%.

Por sectores, el desempleo subió en los servicios (+20, de 15.288 a 15.308) y en la agricultura (+17, de 679 a 696), mientras que bajó en la construcción (-15, de 1.331 a 1.316) y la industria (-4, de 1.767 a 1.763). La estadística descendió también en el colectivo sin empleo anterior (-20, de 2.142 a 2.122).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.417 mujeres desempleadas frente a 8.788  hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (813 hombres frente a 697 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, se va ensanchando en el resto de tramos: de 25 a 29 años (711 hombres por 823 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.157 por 3.248) y a partir de los 45 años (5.107 por 7.649).

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, considera “especialmente significativo” el hecho de que el paro en febrero “se haya estabilizado e incluso haya descendido ligeramente” tras el “incremeno habitual” de enero, lo que interpreta como una prueba de que “las bases del crecimiento del mercado laboral son consistentes”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en febrero 742 parados más que en enero, el 0,71% de incremento que dejó en 104.718 los desempleados en la comunidad, que sumó en ese mes 2.357 afiliados más a la Seguridad Social, un aumento del 0,24% que elevó a 984.660 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de febrero en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.221 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,75%, por debajo del recorte nacional del 5,81%.

En España, el paro subió en febrero en 3.584 personas en relación con el mes anterior (0,15%) y respecto a febrero de 2025 descendió en 150.803 personas (-5,81%).

El paro registrado en febrero bajó en 6 Comunidades Autónomas en variación mensual, y las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-2.629 personas), País Vasco (-1.146 personas) y Comunidad Valenciana (-1.102 personas). Castilla y León anotó el sexto mayor incremento del paro en dato absoluto del conjunto autonómico.

En términos mensuales, el paro registrado descendió en Burgos (-1,15%) y Segovia (-0,64%) y se mantuvo prácticamente constante en León (-0,01%). Y aumentó en Ávila (1,14%), Palencia (2,37%), Salamanca (0,91%), Soria (2,96%), Valladolid (1,50%) y Zamora (1,55%).

En términos anuales, el número de parados disminuyó en Ávila (-6,08%), Burgos (-4,84%), León (-5,94%), Salamanca (-6,31%), Segovia (-5,56%), Soria (-3,34%), Valladolid (-3,30%) y Zamora (-4,75%), y solo aumentaron en Palencia (0,65%).

El paro subió en febrero en la comunidad en el sector servicios, que sumó 662 parados más que en enero, y en el colectivo de sin empleo anterior, con 157, y la industria, con un parado más. Y por contra se registraron caídas en agricultura (-38) y la construcción (-40).

De los 742 parados que anotó en febrero Castilla y León, 412 fueron de menores de 25 años, con un repunte del 4,95%, en la línea nacional del 4,71%. Y 645 de los parados en febrero fueron mujeres, el 1,05%, frente al 0,28% nacional.

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en febrero respecto al mes anterior salvo Ávila (-0,14) y Valladolid (-0,01), con repuntes del 0,68% en Segovia y el 0,60 en Burgos. En León el aumento fue del 0,24, con un 0,33 en Palencia, el 0,22 en Salamanca y Soria y el 0,10 en Zamora. En dato anual todas las provincias sumaron afiliados a la Seguridad Social, entre el 2,19% de Segovia y el 0,13 de Soria.

En cuanto a la contratación, en febrero se cerraron 44.167 contratos en Castilla y León, 2.644 menos que en enero (-5,65) y 684 menos que en el mismo mes del 2025 (-1,53). En el conjunto autonómico la contratación se recortó un 3,83% respecto a enero, con un repunte del 1,87 respecto al mismo mes del 2025.

En febrero se formalizaron 17.175 contratos indefinidos en la comunidad, 321 más que en enero; y 562 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de enero, la comunidad sumó 58.649 beneficiarios, 40.562 pensiones contributivas; con 18.025 subsidios y 62 rentas activas de inserción.