Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha presentado hoy el primer Plan de Igualdad para sus empleados públicos, una herramienta de obligación legal que debía haber estado ya aprobada y que se articula con 44 medidas, ha detallado este martes el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, en rueda de prensa.

El documento tendrá una vigencia de cuatro años, con una decena de áreas de actuación en las que se recogen esas 44 medidas concretas, y, en conjunto, el plan incluye 11 puntos principales y dos anexos.

Hay que recordar que a duras penas se cumple con el plazo legal establecido y obligatorio para poner en marcha esta herramienta y que ya no se articula desde una Concejalía de Igualdad, ya que esta no existe porque fue fulminada a principio del actual mandato tras incluir a Vox en el pacto tripartito inicial de Partido Popular y Coalición por el Bierzo.

Entre los objetivos del nuevo Plan destaca la implantación de una cultura de igualdad dentro de la administración local, así como la reducción de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el ámbito laboral municipal.

El plan incluye, además, actuaciones para garantizar procesos de selección en igualdad de condiciones, favorecer el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y mejorar las oportunidades en materia de formación y promoción profesional.

Con esta iniciativa, el Consistorio busca ajustarse a la normativa vigente y reforzar su compromiso con la igualdad efectiva, mediante la aplicación de políticas activas orientadas a corregir posibles desequilibrios dentro de la plantilla. Moreno ha enmarcado este plan dentro de un conjunto de iniciativas impulsadas durante el actual mandato, liderado por el alcalde Marco Morala, que calificó como “histórico” en materia normativa.

Entre esas iniciativas, mencionó la aprobación de un protocolo de prevención en el acceso laboral y un reglamento orgánico municipal. El concejal admitió que la ausencia de este plan podría haber supuesto sanciones para el Ayuntamiento, al tratarse de una obligación legal. En este sentido, señaló que “las inspecciones han sido benevolentes” con la institución.

Moreno ha achacado el retraso en la aprobación del documento al anterior equipo de Gobierno socialista, que dejó la Alcaldía en 2023, y ha destacado el trabajo de los técnicos municipales en su elaboración, encabezados por la técnica de Igualdad Isabel Trinidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el personal docente e investigador temporal de las cuatro universidades públicas de la comunidad cobre los mismos complementos retributivos que ingresa el personal fijo.

La demanda de conflicto colectivo que planteó la Federación de Enseñanza de CCOO-Castilla y León ha tenido esta respuesta del TSJCyL, que establece que estos derechos deberán ser compensados con carácter retroactivo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que son ya siete las sentencias favorables sobre conflictos que afectan a derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo del cobro de los complementos, al rechazar el argumento dado por las universidades sobre la limitación presupuestaria.

CCOO ha recordado que buscó un acuerdo interno con las universidades, a través de las comisiones paritarias del convenio colectivo y también a través del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), pero las instituciones académicas mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

Por este motivo, el sindicato ha instado a las universidades a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

León cerró marzo con una notable caída del paro, que bajó en 363 personas hasta situar la estadística en 20.842 desempleados, un -1,71% con respecto a febrero. El descenso es incluso mayor en términos interanuales: 1.162 demandantes de un puesto de trabajo menos, un 5,28% menos, según datos publicados este lunes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La provincia registró un buen comportamientos en todos los sectores, especialmente en los servicios en un mes marcado por las contrataciones derivadas de la Semana Santa, algo que también se notó en el conjunto España, que anotó 22.934 inscritos menos (un -0,94% en la comparativa intermensual).

Por sectores, el desempleo bajó en los principales, especialmente en los servicios (-305, de 15.308 a 15.003) y, de forma más moderada, en la industria (-42, de 1.763 a 1.721), la construcción (-27, de 1.316 a 1.289) y la agricultura (-10, de 696 a 686). La estadística sólo subió en la estadística del colectivo sin empleo anterior (+21, de 2.122 a 2.143).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.231 mujeres desempleadas frente a 8.611 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (831 hombres frente a 720 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (684 hombres por 793 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.060 por 3.152) y a partir de los 45 años (5.036 por 7.566).

A juicio del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, los datos de marzo reflejan una “evolución positiva y sostenida” de la estadística en la provincia, de la que destaca que haya bajado de la barrera de los 21.000 desempleados. Alaiz subraya que en el último mes se suscribieran 8.038 contratos, de los que 3.373 fueron indefinidos. En el conjunto del año, se han registrado 21.342 contratos, de los que 9.013 son indefinidos, lo que representa el 42,23% del total, lo que para el subdelegado redunda en un “empleo cada más estable y de más calidad”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en marzo 1.673 parados menos que en febrero, el 1,60% de recorte, que dejó en 103.045 los desempleados en la comunidad, que ese mes sumó 6.321 afiliados más a la Seguridad Social, lo que deja en 990.981 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este lunes los datos de paro y afiliación de marzo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.624 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -5,18%.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

El paro registrado en marzo de 2026 bajó en catorce comunidades autónomas respecto al mes anterior, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Castilla y León anotó la cuarta mayor bajada del paro del conjunto autonómico tanto en dato absoluto, con esos 1.673 parados menos, con en absoluta, con ese -1,60%.

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad salvo en Soria (0,51%) y en Ávila (0.47%). Y bajó en el resto de las provincias: en Burgos (-2,62%), León (-1,71%), Palencia (-2,51%), Salamanca (-1,62%), Segovia (-0,87%), Valladolid (-1,74%) y Zamora (-1,69%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-6,02%), Burgos (-5,90%), León (-5,28%), Palencia (-1,55%), Salamanca (-6,35%), Segovia (-6,45%), Soria (-0,29%), Valladolid (-4,70%) y Zamora (-5,24%).

El desempleo bajó además en todos los sectores, sobre todo en el de servicios, que anotó 1.205 parados menos que en febrero, con 47 menos en Agricultura, 136 en Industria, 268 en la Construcción y 17 en el colectivo de sin empleo anterior.

En menores de 25 años, la comunidad cerró marzo con 248 parados menos que el mes anterior, y con 1.027 mujeres menos desempleadas y 646 hombres.

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en marzo respecto al mes anterior, con incrementos del 1,18% en Segovia, el 1,05 en Burgos, y el 0,87% en Palencia. En Ávila los afiliados subieron un 0,22%, el 0,60 en León, el 0,26 en Salamanca, con un 0,42 en Soria, el 0,52 en Valladolid y el 0,70 en Zamora. En comparativa anual, todas las provincias tienen más afiliados que hace un año, con repuntes entre el 3% de Segovia y el 0,35% de Soria.

En cuanto a la contratación, en marzo se cerraron 53.582 contratos en Castilla y León, 9.415 más que en febrero, con un repunte del 21,32% (17,16 nacional) y 4.570 más que en el mismo mes del 2025, el 9,32% de incremento (12,38). En marzo se formalizaron 20.230 contratos indefinidos en la comunidad, 3.055 más que en febrero, y 2.392 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de febrero, la comunidad sumó 58.200 beneficiarios, 40.405 pensiones contributivas; con 17.748 subsidios y 47 rentas activas de inserción.

Imaginemos un trabajador de la limpieza viaria de León que, limpiando una remota calle de un barrio periférico de la ciudad a las cuatro de la madrugada sufre una caída grave o es víctima de un repentino ataque cardíaco o tantas otras eventualidades urgente que puedan surgir. No es un escenario imaginario: puede ser real y de la rapidez en la actuación para socorrerle puede depender su propia vida.

Para proteger a la plantilla del Servicio Municipal de Limpieza Viaria de la capital, el Ayuntamiento de León ha dado un paso de seguridad personal. Se llama de una manera muy gráfica, 'detección del hombre caído', y consiste en la implantación de un sistema tecnológico capaz de detectar caídas, pérdidas de conciencia o situaciones de riesgo inminente en tiempo real y en localizaciones remotas o a horas intempestivas.

La medida fue aprobada en la Junta de Gobierno del pasado 6 de marzo y será un paso adelante en busca de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en un ámbito laboral especialmente expuesto a este tipo de situaciones.

El contrato, tramitado como menor bajo la denominación 'Adquisición, configuración y mantenimiento de dispositivos de detección del hombre caído', permitirá dotar a los operarios de limpieza viaria y recogida de residuos de dispositivos de seguridad activa diseñados para actuar de forma automática ante cualquier incidente. La adjudicación ha recaído en la empresa Doopmap SA, especializada en protección del trabajador aislado,. El importe total asciende a algo más de 10.000 euros (10.164 euros), con una duración de un año completo.

El núcleo de la solución tecnológica es el dispositivo D-5000, un terminal ligero y resistente, preparado para soportar incluso condiciones adversas de agua y polvo, que incorpora sensores capaces de detectar automáticamente una caída o la pérdida de verticalidad de un operario. A ello se suma un botón SOS que permite activar manualmente una alerta en caso de que la emergencia deje al empleado consciente.

Uno de los elementos clave es su sistema de geolocalización, con un margen de error inferior a cinco metros, junto a una conectividad multioperador que asegura la comunicación incluso en áreas con cobertura limitada. De este modo, el trabajador permanece localizado en todo momento, lo que facilita la eventual intervención de los servicios de emergencia.

Más allá del dispositivo individual, el sistema se apoya en una Central Receptora de Alarmas operativa las 24 horas durante todo el año. Este centro no solo recibe las señales, sino que cuenta con personal humano especializado que verifica cada aviso para descartar falsas alarmas y gestionar únicamente situaciones reales. En caso de incidente, se establece además una comunicación directa por voz con el operario, permitiendo evaluar su estado mientras se moviliza la ayuda necesaria.

El contrato incluye también un servicio integral que abarca el mantenimiento técnico, la gestión de las tarjetas SIM, la formación de los trabajadores y la sustitución inmediata de los equipos en caso de avería. Un enfoque que busca no solo implantar la tecnología, sino garantizar su funcionamiento continuo y eficaz en el día a día del servicio.

El principal argumento municipal es que con esta medida se refuerza el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales y se avanza hacia un modelo de servicios públicos más seguro, en el que la tecnología actúa como aliada para proteger a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Una tranquilidad extra para la amplia plantilla de limpieza. Es de suponer que si en este año de funcionamiento se observan buenos resultados, el sistema se ampliará en el tiempo y acabará convirtiéndose en algo estable e imprescindible.

El paro apenas el pasado febrero en León, que cerró el mes con 21.205 desempleados, 2 menos que en enero, lo que supone un descenso del 0,01%. La bajada interanual es ostensiblemente mayor: 1.339 demandantes menos, una caída del 5,94% con respecto a febrero de 2025, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La estadística intermensual subió en el conjunto de España en 3.584 personas, lo que representa un incremento del 0,15%.

Por sectores, el desempleo subió en los servicios (+20, de 15.288 a 15.308) y en la agricultura (+17, de 679 a 696), mientras que bajó en la construcción (-15, de 1.331 a 1.316) y la industria (-4, de 1.767 a 1.763). La estadística descendió también en el colectivo sin empleo anterior (-20, de 2.142 a 2.122).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.417 mujeres desempleadas frente a 8.788  hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (813 hombres frente a 697 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, se va ensanchando en el resto de tramos: de 25 a 29 años (711 hombres por 823 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.157 por 3.248) y a partir de los 45 años (5.107 por 7.649).

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, considera “especialmente significativo” el hecho de que el paro en febrero “se haya estabilizado e incluso haya descendido ligeramente” tras el “incremeno habitual” de enero, lo que interpreta como una prueba de que “las bases del crecimiento del mercado laboral son consistentes”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en febrero 742 parados más que en enero, el 0,71% de incremento que dejó en 104.718 los desempleados en la comunidad, que sumó en ese mes 2.357 afiliados más a la Seguridad Social, un aumento del 0,24% que elevó a 984.660 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de febrero en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.221 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,75%, por debajo del recorte nacional del 5,81%.

En España, el paro subió en febrero en 3.584 personas en relación con el mes anterior (0,15%) y respecto a febrero de 2025 descendió en 150.803 personas (-5,81%).

El paro registrado en febrero bajó en 6 Comunidades Autónomas en variación mensual, y las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-2.629 personas), País Vasco (-1.146 personas) y Comunidad Valenciana (-1.102 personas). Castilla y León anotó el sexto mayor incremento del paro en dato absoluto del conjunto autonómico.

En términos mensuales, el paro registrado descendió en Burgos (-1,15%) y Segovia (-0,64%) y se mantuvo prácticamente constante en León (-0,01%). Y aumentó en Ávila (1,14%), Palencia (2,37%), Salamanca (0,91%), Soria (2,96%), Valladolid (1,50%) y Zamora (1,55%).

En términos anuales, el número de parados disminuyó en Ávila (-6,08%), Burgos (-4,84%), León (-5,94%), Salamanca (-6,31%), Segovia (-5,56%), Soria (-3,34%), Valladolid (-3,30%) y Zamora (-4,75%), y solo aumentaron en Palencia (0,65%).

El paro subió en febrero en la comunidad en el sector servicios, que sumó 662 parados más que en enero, y en el colectivo de sin empleo anterior, con 157, y la industria, con un parado más. Y por contra se registraron caídas en agricultura (-38) y la construcción (-40).

De los 742 parados que anotó en febrero Castilla y León, 412 fueron de menores de 25 años, con un repunte del 4,95%, en la línea nacional del 4,71%. Y 645 de los parados en febrero fueron mujeres, el 1,05%, frente al 0,28% nacional.

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en febrero respecto al mes anterior salvo Ávila (-0,14) y Valladolid (-0,01), con repuntes del 0,68% en Segovia y el 0,60 en Burgos. En León el aumento fue del 0,24, con un 0,33 en Palencia, el 0,22 en Salamanca y Soria y el 0,10 en Zamora. En dato anual todas las provincias sumaron afiliados a la Seguridad Social, entre el 2,19% de Segovia y el 0,13 de Soria.

En cuanto a la contratación, en febrero se cerraron 44.167 contratos en Castilla y León, 2.644 menos que en enero (-5,65) y 684 menos que en el mismo mes del 2025 (-1,53). En el conjunto autonómico la contratación se recortó un 3,83% respecto a enero, con un repunte del 1,87 respecto al mismo mes del 2025.

En febrero se formalizaron 17.175 contratos indefinidos en la comunidad, 321 más que en enero; y 562 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de enero, la comunidad sumó 58.649 beneficiarios, 40.562 pensiones contributivas; con 18.025 subsidios y 62 rentas activas de inserción.

En el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo siempre falta alguien. El tercer Consistorio de la provincia de León en número de habitantes busca ahora arquitecto técnico a cubrir con una comisión de servicios temporal, después de la jubilación del titular este pasado verano. Pero, además, el secretario es interino y el interventor, accidental. Las dos plazas, fundamentales para el funcionamiento básico de la administración, se están 'parcheando' desde el año 2024. A pesar de que obliga la Ley, sigue sin hacerse la estabilización de los 101 trabajadores municipales interinos, y la tasa de absentismo ronda el 14 por ciento de la plantilla total.

El Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP) ha publicado en su edición de este lunes 16 de febrero la convocatoria de una plaza temporal en comisión de servicios de Arquitecto Técnico, reservada a personal funcionario, después de que el 'superjefe' del servicio, que llegó a estar investigado por la trama Enredadera, se jubilara en verano.

El funcionario saliente acumulaba una lista tan larga de competencias que las tenía impresas a la puerta de su despacho. Entre ellas, era el jefe del área de inspección de servicios, del servicio de obras, del de jardinería, de la limpieza de interiores, de exteriores y de recogida, de atención al ciudadano. Pero, además, era el responsable del contrato de mantenimiento de alumbrado público, del de mantenimiento de instalaciones térmicas, calefacción y agua caliente en los edificios municipales, de telecomunicaciones, de desratización y plagas, de mantenimiento de incendios y alarmas. Y, era el representante de las comisiones del autobús interurbano, de los bomberos y del plan de nevadas.

Tras más de medio año, el Ayuntamiento inicia el procedimiento para que un funcionario, con plaza en otra administración, vaya a San Andrés de forma temporal a hacerse cargo de ellas. Según publica el BOP, “dada la urgente e inaplazable necesidad del puesto vacante”, el Consistorio busca quien quiera ir por un tiempo de “máximo un año, prorrogable por otro más, en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo”. Los interesados tienen diez días para enviar su solicitud, junto a su currículum vitae, la documentación que lo justifique y el 'permiso' de la administración en la que tengan su plaza.

Secretario interino e interventor accidental, desde 2024

La de Arquitecto Técnico no es la única plaza sin cubrir en el Ayuntamiento de San Andrés. El 'baile' de personal del Consistorio es frecuente y, en los últimos años, preocupante. Desde 2024, el puesto de secretario se está cubriendo con interinos y el de interventor de manera accidental.

En este momento, el puesto de secretario está ocupado por un trabajador sin la plaza que está inmerso en el concurso unitario y uno de los dos arquitectos municipales es quien está ejerciendo de interventor accidental.

De las tres figuras de habilitados nacionales de la Administración, la única que está cubierta es la plaza de Tesorería. A mayores, San Andrés tiene un puesto de vicesecretaría que nunca ha estado cubierta en propiedad por funcionario competente.

Estabilización sin hacer y absentismo del 14 por ciento

La Ley 20/2021 obligaba a todas las administraciones públicas a tener resueltos antes del 31 de diciembre de 2024 los procesos de estabilización del personal interino para reducir la temporalidad por debajo del 8% como exige Europa. En el caso del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, no solo se llegó a esa fecha límite sin que se hubiera terminado el proceso, es que ni siquiera se había empezado. El tercer Consistorio de la provincia mantiene en fraude de Ley a 101 trabajadores municipales, con una tasa de interinidad cercana al 43%, una de las más elevadas de la provincia.

Más de un año después de que venciera el plazo legal, la situación sigue sin resolverse. El proceso llegó a quedar bloqueado tras el cambio de Gobierno municipal y la impugnación de las bases propuestas, y los sindicatos han venido advirtiendo en varios ocasiones de la inseguridad jurídica y del riesgo que supone mantener en el aire la situación de más de un centenar de empleados públicos, mientras el Ayuntamiento sigue sin culminar la regularización exigida por la normativa estatal.

La oferta pública de empleo es de mayo del 2022 y las bases de los procesos están aprobadas, pero no se ha resuelto ni un solo expediente todavía. El Tribunal Supremo ha emitido resoluciones en las que fija en tres años el plazo máximo que no se debería superar entre la convocatoria de una plaza y su adjudicación. En San Andrés, ese plazo se habría cumplido ya en mayo del año pasado, por lo que en caso de recurso todo el procedimiento podría quedar anulado y obligar al Ayuntamiento a volver a la casilla de salida.

A todo ello se suma un problema añadido que agrava todavía más la situación interna del Consistorio: el absentismo laboral. De los aproximadamente 270 trabajadores con los que cuenta el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el mes de febrero arrancó con 37 empleados de baja, lo que sitúa la tasa de absentismo en torno al 14% de la plantilla. Un porcentaje elevado para una administración ya tensionada por la falta de cobertura estable en puestos clave y por la paralización de la estabilización de personal. En un Ayuntamiento donde varias plazas estratégicas se cubren de forma provisional y más de un centenar de trabajadores siguen en situación de interinidad, cada ausencia pesa el doble en el funcionamiento diario de los servicios públicos.

León no escapó a la tendencia alcista general del paro de enero y saldó el primer mes del año 2026 con una subida en 518 personas hasta dejar la estadística en 21.207 demandantes de un puesto de trabajo. El incremento intermensual, de un 2,5% (un 1,6% en el cómputo nacional), contrasta con la bajada interanual, en 1.388 inscritos, lo que supone un 6,14% menos que hace un año, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El sector servicios sigue siendo el que marca el diapasón del empleo en la provincia. La Subdelegación del Gobierno pone el acento en la contratación indefinida, que superó el 40% del total.

Por sectores, el desempleo subió de manera muy notable en los servicios (+540, de 14.748 a 15.288) y, de manera casi anecdótica, en la industria (+11, de 1.756 a 1.767);bajó en la agricultura (-28, de 707 a 679) y la construcción (-24, de 1.355 a 1.331). La estadística aumentó en el colectivo sin empleo anterior (+19, de 2.123 a 2.142).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.322 mujeres desempleadas frente a 8.885 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (821 hombres frente a 677 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, se va ensanchando en el resto de tramos: de 25 a 29 años (745 hombres por 821 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.171 por 3.224) y a partir de los 45 años (5.148 por 7.600).

Castilla y León

Castilla y León arrancó el 2026 con 1.971 parados más en enero que en el mes anterior, el 1,93% de incremento, frente al 1,26% nacional, que deja en 103.976 los desempleados en la comunidad, que además se dejó en el primer mes del año 12.620 empleos, el -1,24%, hasta los 982.303 afiliados.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publican los datos de paro y afiliación de enero en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 6.202 parados menos que hace un año, el -5,63%, también por debajo del -6,17 de recorte nacional, y 14.474 cotizantes más, el 1,5% (2,26 nacional).

En España, el paro subió en enero en 30.392 personas en relación con el mes anterior (1,26%) y respecto a enero de 2025 descendió en 160.381 personas (-6,17%).

En cuanto al empleo, España cerró enero con 270.782 cotizantes menos que en diciembre, el -1,24%, con 477.818 más que hace un año, el 2,26% más.

En Castilla y León los cotizantes bajaron en 12.620 respecto al mes anterior, el -1,27%, con 14.474 más que hace un año, el 1,5 de mejora. Los afiliados bajaron en todas las provincias respecto a diciembre entre el 1,91% de Segovia y 1,73% de Ávila y el 1,02 de Valladolid.

Esos 103.976 parados de enero del 2026 es el menor dato para un mes de enero en los últimos seis años, ya que en enero del 2021 el dato se situó en 173.903 parados en Castilla y León, y en el 2025 en 110.178, según la estadística de la Consejería de Economía autonómica, recogida por EFE.

El paro registrado en enero de 2025 bajó sólo en Illes Balears en 1.260 personas, con subidas en las 16 comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (8.046), Comunidad de Madrid (3.659) y Galicia (3.113). Castilla y León anotó el sexto mayor aumento del paro del conjunto autonómico en dato absoluto.

Y el desempleo subió en enero en dato mensual en todas las provincias de Castilla y León, en especial en Salamanca, con un 3,19% más que en diciembre, con un 2,87% en Zamora, y el 0,59% de Valladolid en el otro extremo.

En Ávila el paro aumentó un 1,17%, en Burgos el 2,04%, en León el 2,50%, en Palencia el 1,69%, en Segovia el 1,19%, en Soria un 1,48% y en Zamora el 2,87%.

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-7,28%), Burgos (-4,45%), León (-6,14%), Palencia (-2,52%),Salamanca (-7,52%), Segovia (-3,61%), Soria (-5,93%), Valladolid (-4,83%) y Zamora (-6,11%).

El paro subió especialmente en el sector servicios, que sumó 2.002 parados más que en diciembre en Castilla y León, con caídas en agricultura, que cerró enero con 77 parados menos, y la construcción, con 14 menos.

También aumento ligeramente el paro en el sector de la industria, con una decena más de desempleados que en diciembre, y medio centenar más se sumaron al grupo de sin empleo anterior.

El paro fue eminentemente femenino en enero en la comunidad, con 1.256 desempleadas más que en diciembre, el 2,08% de aumento (1,75 nacional); con 715 hombres más desempleados que el mes anterior (1,72 frente al 0,53 nacional).

En cuanto a los jóvenes, en enero se sumaron 181 menores de 25 años a las listas del paro de Castilla y León, y ya son 8.320.

En enero se formalizaron 46.811 contratos en Castilla y León, que suponen 1.515 y un 3,13% menos que en diciembre, con una menor caída que el 5,43 nacional. Respecto a enero del 2025, la comunidad anotó 3.049 contratos menos, con una caída del 6,12% (-4,15 nacional).

De esos contratos, 16.854 fueron indefinidos, 1.808 más que en diciembre, con un repunte del 12,02, frente al 5,56% de promedio nacional. Y esos contratos indefinidos suponen 346 menos que hace un año, el -2,01, frente al -4,71 nacional.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, llegaron a 57.021 desempleados en la comunidad, con datos en este caso de diciembre; de ellas 38.666 prestaciones contributivas y 18.270 subsidios, con 85 rentas activas de inserción.

Las Cortes de Castilla y León, a través de la Diputación Permanente, debatirán mañana y previsiblemente convalidarán la subida salarial para cerca de 90.000 empleados públicos dependientes de la Junta, que aprobó a finales de diciembre un decreto-ley para trasladar el acuerdo alcanzado a nivel nacional entre el Gobierno y los sindicatos.

Fue el 18 de diciembre cuando la Administración autonómica aprobó este decreto-ley, que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Estado pero debía ser convalidado por el Parlamento autonómico dentro del plazo de 30 días hábiles.

En concreto, la norma establece que la nómina ingresada en los últimos días por parte de los empleados públicos ya incluye el alza del 2,5% correspondiente al año 2025 y del 1,5% para la primera mensualidad de 2026, aunque puede elevarse un 0,5% más en función de la inflación si la subida de precios alcanza o supera el 1,5%.

Ante la inminencia de la disolución de las Cortes como consecuencia de la convocatoria electoral en la Comunidad, prevista ya para el 15 de marzo, no estaba claro si iba a ser un pleno de la Cámara o la Diputación Permanente, pero al disolverse el Parlamento ha sido este segundo órgano el encargado de completar este trámite.

No se esperan votos en contra para ratificar un incremento salarial que viene determinado por la normativa estatal, por lo que el debate de la Diputación Permanente, más allá del clima preelectoral que puede servir para afinar argumentos de un partido y otro, el resultado final se prevé que sea la convalidación.

Rerum novarum. Cosas nuevas. Célebre encíclica de León XIII –sep, el precursor del más leonés de los papas, que diría el decano de los periódicos de aquí– de cuando las encíclicas eran un acontecimiento esperado y discutido. En 1891. ¡Sobre los derechos y deberes de patronos y obreros! ¡La nueva –y primera– doctrina social de la Iglesia! Quería yo hablar de lo de los delitos modernos, que recuerdan a cuando la Iglesia iba detrás de la ciencia –o sea, siempre; ya sea con una encíclica o con una antorcha– dictando pecados frescos. Hace nada tenían un lío de la hostia –nunca mejor dicho– con la fecundación in vitro. O con la clonación. ¡La Iglesia opinando sobre la oveja Dolly! No sé en qué quedó el asunto. Dejé de hacerles caso con las pajas. A los papas hablando de teología se les nota incomodísimos: tienen que justificar rerum rarísimae y condenar o condonar –jur, jur–, señalar o amortizar comportamientos dados y establecidos como perfectamente normales, en algunos casos hace siglos, y aclarar ¡a adultos! conceptos como los angelitos o el infierno. Por algún extraño motivo cada vez que un crimen se comete de otra forma, la gente pide redactar nuevas leyes. Ahora se pide legislación inédita contra la inteligencia artificial. ¿Por qué? La IA infringe derechos de autor, a la propia imagen, a la privacidad, y al uso de datos reservados; así, a bote pronto. Es como si tuviéramos que cambiar el código penal contra el robo o el homicidio si lo comete... un dron. O un chimpancé. O utilizar un cuerpo de normas inventadas y cibernéticas si en vez de reventarle la cabeza al vecino con una teja o un azadín lo haces con un módem. Ya hicieron bastante el gilipollas con la propiedad intelectual –¡Ángeles González Sinde!–. Todo nos pilla de sorpresa y buscamos soluciones originales y desconocidas para problemas antiguos y usuales. En delitos económicos las preferentes, las criptos, las cláusulas suelo… Creo –creo– que hay artículos suficientes contra la usura; que esta adopte nuevas formas –hay muchísimas personas dedicadas a su aspecto creativo– no cambia lo que constituye un robo de toda la vida. Es delicadísimo y muchas veces peligroso legislar en caliente: terrorismo, pederastia… Pena de muerte, tribunales especiales… Mal asunto. Al contrario de lo que se cree, ya que asociamos mayor complejidad a mejor funcionamiento, las más sencillas y menos cambiantes legislaciones son características de países avanzados. Todos coincidimos en que ampliar la burocracia resulta negativo y contraproducente. Mi coda: no inventemos más leyes, eliminemos más bien las absurdas que todavía retuerce nuestra desdichada e infame clase judicial. Si bien la profusión de funcionarios es buena para el funcionamiento –soy yo muy fan de los funcionarios. En serio. Conforman la civilización–, no lo es la de ventanillas. Los personajes de Kafka, como me dice mi hermano, nunca hacen cola. No es eso. No es eso.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo incorporará a finales de este mes a veinte nuevos trabajadores dentro del programa EmpleaCyL, con el objetivo de reforzar servicios municipales esenciales.

En concreto, se contratan ocho jardineros, diez barrenderos y dos conserjes, que prestarán servicio durante seis meses en distintas áreas fundamentales del Ayuntamiento, ha informado este domingo el consistorio en un comunicado.

Estas incorporaciones permitirán reforzar servicios clave, especialmente aquellos relacionados con el mantenimiento de espacios públicos, la limpieza viaria y la atención en edificios municipales. Y se producen cuando aún colea la polémica por la acumulación de basuras en las inmediaciones de los contenedores de recogida.

El proceso de selección de personal se llevó a cabo en instalaciones municipales los días 13 y 14 de enero. Además, se han reservado tres plazas para personas con discapacidad. Empleacyl cuenta con una subvención de 226.000 euros de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Desde el equipo de Gobierno se destaca la importancia de este programa, que no solo contribuye a la mejora de los servicios municipales, sino que también favorece la inserción laboral.

Las nueve universidades que desarrollan su actividad en 20 campus distribuidos en Castilla y León han cerrado este curso con 103.493 estudiantes matriculados, el 5% más que el anterior, aupados por el repunte del 8,7% en los alumnos de doctorado.

Son datos del portal de educación que ha detallado este sábado la Consejería en un comunicado, en el que incide en que con ese número de alumnos Castilla y León “se consolida como un entorno académico estable y generador de confianza para el estudiantado”.

En el presente curso se contabilizan 103.493 estudiantes matriculados, lo que representa un incremento del 5,09% respecto a los 98.482 alumnos del anterior.

Ese crecimiento se registra en todos los niveles de las enseñanzas universitarias oficiales: la matrícula en estudios de grado aumenta un 4,65%, con un total de 84.337 estudiantes; los estudios de máster experimentan un incremento del 6,35%, hasta alcanzar los 13.235 matriculados; y los programas de doctorado registran un crecimiento del 8,68%, con 5.921 doctorandos.

La Consejería ha incidido en que los datos ratifican una tendencia al alza del Sistema Universitario de Castilla y León en los últimos cinco años en los que se eleva al porcentaje de grados un 14,46%; 19,71% en másteres; y 36,55% en doctorados.

Personal

En cuanto a las plantillas, las universidades de Castilla y León contaron en el curso académico 2024-2025 con un total de 10.004 efectivos de Personal Docente e Investigador (PDI) y 4.528 de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

En este cómputo no se incluyen los recursos humanos destinados a actividades de investigación, como personal contratado predoctoral y postdoctoral, investigadores distinguidos o personal técnico de apoyo a la investigación, cuya regulación específica se recoge en la Ley de la Ciencia.

Estos datos confirman la evolución positiva registrada desde el año 2019, con un incremento global del 9,17% en las plantillas del conjunto de las universidades públicas de la Comunidad.

La Consejería ha observado además que esa evolución ha sido acompañada por un aumento de las aportaciones económicas de la Consejería de Educación destinadas a la financiación de las plantillas universitarias, que en los últimos años han experimentado incrementos en torno al 26%.

La Diputación Provincial de León ha aprobado la convocatoria de un proceso selectivo para cubrir dos plazas de economista como personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición libre, según recogen el Boletín Oficial de Castilla y León y el Boletín Oficial de la Provincia publicados este jueves 15 de enero de 2026 .

Las plazas, encuadradas en la escala de Administración Especial del grupo A1, forman parte de la Oferta de Empleo Público del año 2023 y están dotadas presupuestariamente con las retribuciones correspondientes al grupo de clasificación y a los complementos fijados por la institución provincial.

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, es decir desde este 16 de enero. Las instancias deberán presentarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Diputación, aunque también se admite la presentación presencial conforme a la normativa administrativa vigente.

Para participar en el proceso será necesario estar en posesión de titulaciones como los grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Económicas y Empresariales o Ciencias Políticas y Económicas, así como otros títulos superiores legalmente homologados que habiliten para el ejercicio de la profesión de economista. La tasa de derechos de examen se fija en 30 euros, con bonificaciones y exenciones previstas para determinados colectivos, como personas con discapacidad, demandantes de empleo o familias numerosas.

El sistema selectivo constará de dos ejercicios eliminatorios: un primero de carácter teórico, con una parte tipo test y el desarrollo escrito de temas, y un segundo ejercicio práctico basado en la resolución de un supuesto práctico. Además los ejercicios pueden incluir lectura pública a decisión del tribunal.

El temario de la oposición a economista de la Diputación de León se compone de 3 bloques y 94 temas. El primer bloque, de 21 temas, incluye Constitución Española, Unión Europea, procedimiento administrativo, igualdad, protección de datos, función pública y organización de las entidades locales. El segundo bloque, de 47 temas, abarca estadística, matemáticas financieras, macro y microeconomía, empresa, contabilidad, auditoría, fiscalidad y economía aplicada. Y el último bloque, con 26 temas, se centra en haciendas locales, presupuestos, estabilidad financiera, política fiscal y monetaria, contratación pública, subvenciones, planificación estratégica y Agenda 2030.

La convocatoria prevé, adicionalmente, la creación de una bolsa de empleo con los aspirantes que superen alguna de las pruebas.

Toda la información relativa a las bases, requisitos, desarrollo del proceso y posteriores anuncios se publicará en la web oficial de la Diputación de León y en su tablón electrónico, conforme a lo establecido en la convocatoria .

La Diputación Provincial de León ha puesto en marcha con el arranque del año nuevo proceso selectivo para la cobertura de 17 plazas de auxiliar administrativo, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025. Se trata de plazas de personal funcionario de carrera, encuadradas en la escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo C2, que se cubrirán mediante el sistema de oposición.

Del total de plazas convocadas por la institución provincial, 13 corresponden al turno libre y cuatro están reservadas a personas con discapacidad, siempre que acrediten un grado igual o superior al 33%. Las plazas reservadas que no se cubran no se acumularán al turno general, según recogen las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y León de esta misma semana.

El plazo para presentar solicitudes en el proceso de la Diputación de León será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que es el que marca el inicio oficial del cómputo. Las solicitudes deberán dirigirse a la Presidencia de la Diputación y podrán presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede institucional, aunque también se admite su registro presencial por los cauces legalmente previstos. Todos los documentos están en este enlace.

Para poder participar en estas oposiciones será necesario tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos para el acceso al empleo público, haber cumplido 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa, contar con la titulación exigida para el subgrupo C2, equivalente a Educación Secundaria Obligatoria, y poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias del puesto. El proceso selectivo se desarrollará mediante oposición, con las pruebas y temario recogidos en las bases, y permitirá además la creación de una bolsa de empleo con las personas que superen parte del proceso.

De forma paralela, la Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCyL la convocatoria de 553 plazas de personal funcionario para la Administración General autonómica, correspondientes también a los cuerpos auxiliar y administrativo. En este caso, se trata de una convocatoria de ámbito autonómico, por lo que no se establece una distribución provincial de las plazas.

La convocatoria de la Junta incluye 362 plazas del cuerpo auxiliar y 191 del cuerpo administrativo, con reserva de plazas para personas con discapacidad en ambos casos. El sistema de selección será también el de oposición, mediante una prueba tipo test que se realizará de forma simultánea en todas las sedes previstas.

El plazo para inscribirse en las oposiciones de la Administración autonómica se abre este miércoles 14 de enero y se prolongará durante 20 días hábiles. El primer ejercicio deberá celebrarse en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la convocatoria. En el caso del Cuerpo Auxiliar, las pruebas se realizarán en las nueve capitales de provincia de Castilla y León, mientras que para el Cuerpo Administrativo las sedes estarán ubicadas en León, así como en Burgos, Salamanca y Valladolid.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha recibido un adelanto de 50.880 euros del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, equivalente al 53% de la subvención aprobada, destinado a poner en marcha trabajos medioambientales en el marco del Plan Montel 2025.

A través de esta financiación, el Consistorio contratará a cuatro personas durante un año para tareas de mejora, conservación y mantenimiento del entorno natural del municipio.

El equipo se verá además reforzado con dos trabajadores más durante seis meses, que se encargarán de labores de limpieza y desbroce, de la mano de la aportación complementaria de la Junta de Castilla y León a través del Plan Renacer.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo pide disculpas a los vecinos por la acumulación de basura visible en torno a los contenedores del municipio, una situación que está tratando de abordar doblando turnos de trabajo y con la colaboración del Ayuntamiento de León. Lo hace tras acumularse también las quejas vecinales, que apremian a resolver un caso que advierten de que podría derivar en un problema de salud pública. Los que también se han pronunciado son el Partido Popular, que habla de “nefasta gestión del servicio sin organización de ningún tipo”, y el PSOE, que censura “falta de previsión”.

Las quejas vecinales no son las primeras en este mandato, señala desde el barrio del Paraíso Cantinas (Trobajo del Camino) Martín Guevara, que cita las hacenderas realizadas el pasado verano para tratar de atajar una situación que se ha agravado en los últimos días. “Por enésima vez se quedan las calles de nuestro municipio llenas de basura y ratas, que pueden hacer colonia que luego es mucho más costoso erradicar que hacer el trabajo por el cual los contribuyentes les pagamos los altos precios impositivos, esos sí, cobrados con puntualidad teutona”, señala.

El equipo de Gobierno de UPL achaca lo ocurrido en estos días a las averías que han dejado simultáneamente en el taller a los tres camiones de la basura. Con la esperanza de que antes del fin de semana pueda retomar su actividad uno de los vehículos, San Andrés está recibiendo una colaboración puntual del Ayuntamiento de León con un camión para ayudar a prestar el servicio, según exponen fuentes municipales.

“El problema no son las averías, el problema es la nefasta gestión del servicio sin organización de ningún tipo y que destapa la ineptitud de la UPL para dirigir el tercer municipio de la provincia”, considera la portavoz municipal del PP, Noelia Álvarez. “Estamos de acuerdo en que las averías no se pueden predecir pero si el concejal de Servicios, Alejandro Corrales, invirtiera el tiempo que dedica a mentir a ciudadanos y oposición a organizar los servicios que tiene a su cargo, la situación sería distinta”, añadió.

Por su parte, el PSOE achaca a “falta de previsión” un problema que “ya se ha puesto de manifiesto en infinidad de ocasiones y que ahora vuelve a estar en boca de todos por la avería de los tres camiones municipales y el retraso que conllevará esta situación” sin dejar de afear que el Ejecutivo municipal no informara de esta cuestión a los grupos de la oposición de la comisión informativa del pasado 22 de noviembre.

Al margen de la pugna política municipal, Martín Guevara se pregunta “qué mantenimiento tenían” los camiones averiados para insistir en que resultará “mucho más caro” tener que atajar un problema de salud pública. Y habla de la incipiente conformación de un movimiento vecinal que podría llevar a instancias como el Procurador del Común o el Defensor del Pueblo estas carencias en el servicio de limpieza con el argumento de que “el problema podría agudizarse”.

La acumulación de basuras también está vinculada con carencias de personal. “El Inspector de Servicios se jubiló en agosto y, desde entonces, nadie ha cubierto esta plaza”, señala la portavoz popular, para quien esta eventualidad supone “otra muestra más del desastre que supone tener gobernando San Andrés a la Unión del Pueblo Leonés, que ha resultado ser todo un fiasco”.

En este sentido, el Gobierno municipal reconoce “déficit de personal” que ahora trata de compensar abriendo este mismo viernes el plazo para cubrir seis plazas, entre ellas cuatro puestos de conductor del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras.

Con todo, en el corto plazo y ante la emergencia desatada, la Concejalía de Servicios Generales ha organizado turnos de tarde extraordinarios “que también realizarán labores de recogida, con el objetivo de minimizar el impacto de esta incidencia y restablecer el servicio con normalidad cuanto antes”.

“Somos plenamente conscientes de las molestias que esta situación está generando y entendemos la preocupación de nuestros vecinos ante la acumulación de residuos y basura en las calles”, dice el Ejecutivo municipal antes de pedir “disculpas” a “toda la ciudadanía por las incomodidades ocasionadas”, así como agradecer su “paciencia” y el “esfuerzo” de los trabajadores municipales al doblar sus turnos.

León cerró el mes de noviembre con 523 demandantes de empleo más hasta situar la estadística del paro en 20.615, lo que supone un aumento del 2,60% con respecto a octubre. El incremento intermensual, que afectó a todos los sectores económicos, contrasta con la comparación interanual, que deja un descenso redondo del 5% con 1.085 inscritos menos que a la misma altura de 2024. Y la subida también contrasta con la bajada en el cómputo nacional, en este caso de un 0,77% con 18.805 parados menos, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal).

Por sectores, el desempleo subió en todos los sectores económicos; de manera especial en los servicios (+446, de 14.293 a 14.739) y, de manera más moderada, en la construcción (-26, de 1.251 a 1.277), la agricultura (+22, de 695 a 717) y la industria + 9, de 1.710 a 1.719). La estadística también aumentó en el colectivo sin empleo anterior + 20, de 2.143 a 2.163).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.242 mujeres desempleadas frente a 8.373 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (827 hombres frente a 716 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, se va ensanchando en el resto de tramos: de 25 a 29 años (648 hombres por 800 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.040 por 3.232) y a partir de los 45 años (4.858 por 7.494).

La Subdelegación del Gobierno en León ha puesto el acento en la comparativa interanual, que deja 1.085 inscritos menos en la provincia. Y ha subrayado el dato de que más del 41% de los contratos firmados en noviembre son indefinidos, algo que el subdelegado, Héctor Alaiz, interpreta como “un indicador claro de que el mercado laboral leonés avanza hacia la estabilidad y la consolidación de puestos de trabajo duraderos”.

Castilla y León

Castilla y León cerró noviembre con 1.035 parados más que el mes anterior, hasta los 101.603; y con 6.349 cotizantes menos a la Seguridad Social, que situaron a la comunidad de nuevo por debajo del millón de afiliados, con 996.795, los segundos peores indicadores autonómicos sólo por detrás de Baleares.

De acuerdo a los datos publicados este martes por los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el paro bajó en España en 18.805 personas en noviembre, respecto al mes anterior, y se situó en 2.424.961; mientras que el mercado laboral perdió 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado.

Castilla y León anotó en noviembre la segunda mayor caída del paro tanto en dato absoluto, con esos 1.035 desempleados más, como relativo, con un 1,03% de incremento, sólo por detrás del 9,15% y los 2.534 parados más de Baleares.

En cuanto a los afiliados, esos 6.349 cotizantes menos, suponen un 0,63% menos que el mes anterior, también sólo por detrás de los -94.453 y el -15,27% de Baleares.

El paro subió respecto a octubre en todas las provincias salvo en Salamanca (-57), y lo hizo especialmente en León, que sumó 523 parados más que el mes anterior; y lo hizo especialmente en el sector servicios, con 862 desempleados más.

La Junta de Personal Funcionario de Servicios Periféricos, junto a la Junta de Personal Docente y los Comités de Empresa de la Junta de Castilla y León en León, ha alertado este jueves de la “grave falta de personal” en la administración autonómica, una situación que califican de “estructural” y que afecta directamente a la atención ciudadana.

Según datos oficiales publicados en el portal de transparencia de la Junta el 1 de septiembre, el 24,6% de las plazas de funcionarios en la provincia de León están sin cubrir, lo que supone 457 vacantes sobre un total de 1.858 puestos. La carencia se agrava en los grupos C1 y C2, donde el porcentaje de vacantes alcanza el 29,46%, con casos extremos como Agricultura (51,2%) o el Ecyl (42,62%).

Los representantes sindicales han advertido de que esta falta de efectivos provoca retrasos “de meses” en expedientes y trámites esenciales, como las prestaciones por dependencia, que acumulan demoras de hasta siete meses desde la resolución, o la gestión de ayudas sociales. “No son simples retrasos, son situaciones que condicionan la vida de las personas más vulnerables”, han subrayado.

Además, han denunciado que subvenciones, becas, ayudas PAC y cursos de formación se demoran sin control ni seguimiento adecuado: “La ciudadanía sufre directamente las consecuencias de una administración debilitada”.

La Junta de Personal se ha mostrado crítica por la falta de planificación y reposición de puestos, especialmente en el medio rural, donde la dispersión territorial agrava el problema. También ha cuestionado la distribución de plazas en las últimas oposiciones: en la categoría de Administrativos se ofertaron 17 plazas para León frente a 91 en Valladolid, y en Auxiliares, 40 frente a 133.

Por áreas, los porcentajes de vacantes más altos se concentran en Movilidad (27,42%), Agricultura (37,74%), Ecyl (32,58%) y Educación (23,20%), donde la situación es “insostenible” en secciones como Nóminas y Becas, según el comunicado.

Los sindicatos han reclamado medidas urgentes para garantizar la cobertura de puestos y evitar que la falta de personal siga deteriorando los servicios públicos: “La atención insuficiente a la ciudadanía es la consecuencia directa de esta política”, han concluido.

Uno de los bulos más habituales de quienes critican el funcionamiento de las administraciones públicas es que en España hay 400.000 políticos. O más. Y que todos cobran 'sueldazos'. La realidad del sistema político español es bastante distinta, con cifras mucho más bajas de políticos y aunque sí hay 'sueldazos' la mayor parte de los políticos no viven de ello. Sobre todo a nivel local.

La estadística anual que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública de los sueldos públicos en España dibuja un mapa en la provincia de León en la que la mayoría de alcaldes y concejales reciben retribuciones inferiores a los 1.200 euros al año, provenientes de compesaciones por asistencia a reuniones o dietas.

unque los cargos de alta dedicación (Presidente de Diputación y Alcaldes de grandes ciudades como León y Ponferrada) alcanzan percepciones elevadas de hasta 89.699,57 € y 63.360,22 €, el sueldo medio (9.310,02 €) y la mediana (aprox. 1.000-1.200 €) son bajos debido a que la gran mayoría de los 426 cargos reportados son concejales y alcaldes de municipios pequeños con dedicación parcial o sin dedicación, cuyas percepciones se limitan a asistencias de bajo monto o cero.

La Diputación de León, entre las que mejor paga

El presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, es el político local que más cobra de la provincia, con un sueldo que en 2024 fue de 89.699,57 euros. En el ranking de sueldos de presidentes de Diputación se sitúa en el puesto 13 de las 47 diputaciones y cabildos insulares de España. Cobra 10.000 euros más que el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, cuyo sueldo en 2024 fue de 79.415,16 euros.

Si se compara lo que paga la Diputación de León a sus cargos políticos también sale entre las que mejor pagan. El sueldo medio de los diputados con dedicación exclusiva es de 67.452,70 euros al año, en el puesto 11 de todas las diputaciones y cabildos insulares. Los diputados sin dedicación exclusiva también son de los que más cobran de España, con una media de 33.940,04 euros en 2024, lo que les sitúa también en el puesto 11 de 47 instituciones como los que mejor cobran.

Los mayores sueldos de las diputaciones se corresponden a las instituciones forales vascas, con capacidad recaudatoria, y a la Diputación de Barcelona, cuyos presidentes y diputados provinciales con exclusividad rondan, o incluso superan, los 100.000 euros anuales por su trabajo.

El 'top ten'

El alcalde con la mayor percepción total es el de León, con un importe de 63.360,22 euros, seguido por el de Ponferrada, con 61.004,09 euros. En tercer lugar se encuentra el alcalde de San Andrés del Rabanedo, con una percepción de 49.000 euros. Son los tres municipios con más habitantes de la provincia.

Continúa el listado con el alcalde de Sahagún, que cobra 45.220 euros, y el de La Bañeza, con 41.910,30 euros. Los siguientes en el ranking son el alcalde de Villablino (40.374,91 euros) y el de Villaquilambre (39.451,89 euros). Finalmente, cerrando los diez primeros puestos, se encuentran Villadangos del Páramo, con 35.400,54 euros, Bustillo del Páramo, con 32.223,91 euros, y Toral de los Vados, con 31.640,03 euros.

En términos generales casi la mitad de los alcaldes de la provincia de León, 73 del listado de los que han facilitado los datos, cobran menos de 6.000 euros al año (500 al mes) y la gran mayoría de ellos -58- no llegan a los 3.000 euros al año por su trabajo municipal.

Siete alcalde a 'cero euros'

De los ayuntamientos que han remitido información cinco municipios señalan que sus regidores han cobrado 'cero euros' en el 2024 por sus funciones. Son Cabreros del Río, Cármenes, Hospital de Órbigo, Corullón, San Adrián del Valle, Vegacervera y Vegas del Condado.

No obstante este dato tiene un 'truco', ya que los alcaldes de Corullón y Vegacervera son diputados provinciales del PSOE y cobran emolumentos de la Diputación, no compatibles con otras retribuciones, de ahí que su sueldo municipal sea cero. Por lo tanto los regidores que cobran cero por dedicación política serían cinco. Hay otros ayuntamientos con retribuciones mínimas a sus regidores como La Pola de Gordón, de 2,68 euros en el 2024.

En total 46 de los ayuntamientos de la provincia de León informan de pagos inferiores a los 1.000 euros a sus regidores en el año 2024.

58 ayuntamientos no responden

Los datos dados a conocer por Hacienda no recogen todos los municipios de la provincia de León ya que hasta 58 figuran como que no los han remitido o ha sido con errores por lo que no salen en la estadística. En el caso de la provincia de León los ayuntamientos que no han remitido los datos de gasto político por distintas circunstancias son:

Arganza, Balboa, Barjas, Bercianos del Páramo, Bercianos del Real Camino, Burón, Cabañas Raras, Cacabelos, Calzada del Coto, Campazas, Carrocera, Castrillo de la Valduerna, Castrocontrigo, Cebanico, Chozas de Abajo, Cimanes del Tejar, Destriana, Escobar de Campos, Fabero, Fuentes de Carbajal, Gordaliza del Pino, Grajal de Campos, Laguna de Negrillos, Lucillo, Maraña, Matadeón de los Oteros, Matanza, Murias de Paredes, Oencia, Omañas, Las, Pajares de los Oteros, Peranzanes, Pobladura de Pelayo García, Puente de Domingo Flórez, Rioseco de Tapia, San Emiliano, San Millán de los Caballeros, San Pedro Bercianos, Santovenia de la Valdoncina, Sobrado, Torre del Bierzo, Trabadelo, Valdefuentes del Páramo, Valdemora, Valdepiélago, Valderas, Valderrey, Valencia de Don Juan, Valverde de la Virgen, Valverde-Enrique, Vega de Valcarce, Villabraz, Villademor de la Vega, Villafranca del Bierzo, Villamartín de Don Sancho, Villaornate y Castro, Villaquejida y Villaselán.

La Consejería de la Presidencia cerrará 2025 con la convocatoria de 679 plazas de promoción interna para reconocer la experiencia profesional del personal laboral, han informado fuentes de este departamento.

La convocatoria de plazas se dirige al personal laboral fijo de la Administración autonómica, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2024, o, en su caso, con las plazas aún no convocadas de las Ofertas de 2022 y 2023, tal y como obliga el Estatuto Básico del Empleado Público.

En el ámbito de la Administración General, el personal laboral de la Junta de Castilla y León está formado por profesionales que realizan, en su mayoría, tareas técnicas o especializadas, a diferencia de los funcionarios, que suelen desempeñar funciones más administrativas o de gestión.

El personal laboral desempeña su trabajo en la administración a través de un vínculo contractual y se estructura en cuatro grupos profesionales, los cuales ordenan las funciones y la formación requerida.

A través de la promoción interna, estos empleados públicos pueden avanzar hacia categorías superiores, lo que supone una promoción vertical entre los grupos profesionales del IV al III, del III al II, o del II al I.

Este mecanismo constituye una herramienta esencial para facilitar la progresión profesional dentro del ámbito público y reconocer la experiencia acumulada.

Tal y como establece el convenio colectivo del personal laboral, la promoción interna se desarrolla mediante procesos selectivos de concurso-oposición, que integran ejercicios teóricos o prácticos y una fase posterior de valoración de méritos, como la antigüedad o las diferentes titulaciones.

Para participar en estas convocatorias, es necesario contar con, al menos, dos años se servicio en la categoría de origen, y disponer de la titulación exigida para la categoría a la que se aspira.

“Con la convocatoria de estas 679 plazas de promoción interna, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo profesional del personal laboral de la Administración General, reconociendo su experiencia y dedicación”, ha manifestado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

De las 679 plazas de promoción interna que se convocarán, 480 corresponden a plazas del Grupo III. Entre ellas, destacan las 200 plazas de técnico de atención directa, imprescindibles para garantizar una atención especializada y continua a las personas usuarias de los centros de la Junta.

También se convocarán 30 plazas de conductor, que garantizan la movilidad segura y eficiente de equipos médicos o profesionales técnicos que trabajan sobre el terreno, y otras 30 de técnico de mantenimiento, claves para asegurar el correcto funcionamiento y conservación de las instalaciones de la Administración.

Por otro lado, 157 plazas corresponden al Grupo II. Destacan entre ellas las 52 plazas de técnico de gestión informática, fundamentales para garantizar el funcionamiento, seguridad y actualización de los sistemas tecnológicos de la Administración, y las 51 plazas de enfermero, que cumplen una función esencial en residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad o instituciones educativas (a diferencia de los enfermeros de SACyL, que trabajan en centros sanitarios).

Por último, las 42 plazas restantes corresponden al Grupo I. Destacan las 18 plazas de técnico superior en informática, o las 13 plazas de psicólogo, importantes para ofrecer apoyo y acompañamiento profesional a las personas usuarias de los servicios autonómicos.

En palabras de González Gago, “cada una de estas plazas supone una oportunidad para avanzar en la carrera profesional y, al mismo tiempo, garantiza que los servicios públicos de Castilla y León se presten con la máxima calidad y eficacia”.