Castilla y León tendrá elecciones autonómicas el domingo 15 de marzo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, iba a anunciar este lunes la fecha en una rueda de prensa que se ha desconvocado ante la “extrema gravedad” del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), que deja ya 39 muertes y más de 150 heridos. Así simplemente ha comunicado la fecha en el comunicado de condolencias por la tragedia de la alta velocidad.

Fernández Mañueco ha agotado la undécima legislatura, que comenzó con un inédito Gobierno de coalición entre PP y Vox, el primero de la ultraderecha en España, y terminó en solitario tras la salida de la formación de extrema derecha del Ejecutivo autonómico en el verano del 2024.

Esta legislatura es la primera en la que se ha producido el desacople de las elecciones autonómicas de Castilla y León al forzar Mañueco un adelanto electoral en diciembre del 2021 al romper su gobierno de coalición con Ciudadanos, por el temor a una moción de censura con el PSOE. Los comicios de febrero de 2022 se saldaron con la victoria del PP, que obtuvo 31 procuradores, lejos de la mayoría absoluta. El PSOE se quedó con 28 procuradores y Vox ascendió a tercera fuerza política con 13 (finalizando con 11 al pasar dos al grupo mixto). El mapa político se completó con 3 parlamentarios para UPL y Soria ¡YA! Con uno se tuvieron que conformar Unidas Podemos, Por Ávila y Ciudadanos, este último luego huérfano de representación tras el pase al Grupo Mixto de Francisco Igea.

El gobierno autonómico 2022-2026 ha estado marcado inicialmente por la tumultosa gestión de Vox, con sonoras polémicas protagonizadas buena parte de ellas por el vicepresidente Juan García-Gallardo, que acabó abandonando la política tras forzar Vox la ruptura del gobierno con sonoras críticas a su partido. El final de la legislatura ha estado marcado por los graves incendios forestales del pasado verano, que dejaron cuatro fallecidos y arrasaron casi 150.000 hectáreas forestales especialmente en las provincias de León y Zamora.

En esta legislatura el Ejecutivo autonómico solo ha sido capaz de aprobar presupuestos en 2023 y 2024 con el apoyo parlamentario de Vox. Desde la llegada a la presidencia de Mañueco en 2019, ha tenido que prorrogar las cuentas en seis ocasiones.

El presidente de la Junta ha firmado el decreto de convocatoria esta misma mañana, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, preceptiva en todos los casos. En él se incluye el número de procuradores a elegir, que será 82 en total al sumar un representante la provincia de Segovia. La provincia con más representantes es Valladolid, con 15, seguida de León, con 13, y de Burgos, con 11.

La campaña electoral tendrá lugar entre el 26 de febrero y el 13 de marzo, estando prevista la constitución de las nuevas Cortes autonómicas para el 14 de abril a las 11:30 horas.

En términos provinciales, la cita con las urnas volverá a medir la capacidad de éxito electoral de la Unión del Pueblo Leonés, que igualó en 2022 su mejor resultado con 3 procuradores. PSOE y PP se repartieron 4 escaños y Vox obtuvo 2 de los 13 que reparte la provincia leonesa.

Parte de los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han insistido este jueves en que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, debe dimitir tras conocerse que la Fiscalía autonómica ha abierto una investigación tras una denuncia de la Asociación Bierzo Aire Limpio por los incendios del pasado verano.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Patricia Gómez, ha trasladado, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este jueves, su respeto por con la justicia y el trámite procesal.

“Esto tendrá su recorrido judicial, el que tenga, pero lo que es absolutamente impresentable es que el señor Quiñones siga a día de hoy siendo el consejero de Medio Ambiente”, ya que se tenían que haber derivado responsabilidades políticas desde el minuto uno, ha defendido la parlamentaria socialista. Gómez ha sostenido que en Valencia tienen a Mazón y “nosotros aquí a Quiñones y a Mañueco”.

La Fiscalía de la Comunidad ha comunicado a esa asociación, en un oficio al que ha tenido acceso la Agencia EFE, que incoa diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales producidos en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna en León.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, David Hierro, ha sostenido que esa investigación demuestra que su partido tenía razón cuando alegó que “donde hay que investigar es en los juzgados, en los tribunales, no a través de comisiones parlamentarias que acaban en nada”.

“Nosotros lo venimos repitiendo a pesar de las críticas, a pesar de lo que sea, nosotros nos mantenemos firmes una situación tan grave como la que hemos vivido este verano, en la que incluso ha habido fallecidos, que tiene que investigarse en los juzgados y la responsabilidad tiene que ser penal”, ha añadido.

Para Hierro, “la responsabilidad política la determinan los ciudadanos, las urnas y Vox lleva defendiendo esto desde hace mucho tiempo y lo mantenemos y al final vemos pues que tenemos razón”.

Por su parte, el portavoz nacional de Podemos y procurador del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha opinado que “puede haber responsabilidad penal tanto de Suárez Quiñones como de Mañueco”.

“Creo que ha sido una gestión homicida porque creo que el hecho de desmantelar, precarizar y privatizar el operativo de prevención y extinción de incendios ha devenido en que hemos visto la catástrofe que ha sufrido Castilla y León este verano, con más de 180.000 hectáreas arrasadas y con cuatro personas que han fallecido”, dos de ellas voluntarios, ha analizado.

Ha reflexionado además sobre que el PP y Mañueco continúan manteniendo a Suárez-Quiñones “sabiendo que es un cadáver político, sabiendo que está absolutamente calcinado políticamente” porque el consejero de Medio Ambiente -que es juez de profesión- tiene “aún muchos contactos con la judicatura en Castilla y León”.

“Ese es el único motivo por el que el señor Mañueco todavía mantiene a Quiñones para que la Fiscalía, por ejemplo, archive las causas penales que se puedan abrir contra ellos y para que Suárez-Quiñones, utilizando los contactos que todavía tiene en la adjudicatura, pueda proteger al Partido Popular”, ha insistido.

A su juicio, el señor Mañueco “está anteponiendo la salvaguarda del Partido Popular, de él mismo y de Quiñones a nivel judicial, a desangrarse en forma de votos en la provincia de León”.

Para el procurador del grupo mixto y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, hay un asunto esencial que merece ser esclarecido, que es qué “ha ocurrido con los voluntarios que han participado en las tareas de extinción, algunos de los cuales perdieron la vida. Yo creo que ahí hay una responsabilidad que hay que dirimir”.

“Hubo gente que perdió la vida y que hay que saber si esa gente ha perdido la vida siguiendo instrucciones o no de la dirección. Ahí hubo dos versiones contradictorias por parte del consejero y del presidente de la Junta, no le he oído al consejero desmentirse a sí mismo, pero sí le he oído al presidente desmentir al consejero”, ha reflexionado Igea.

Además, el procurador ha trasladado su preocupación por que se esté estableciendo que “si no hay responsabilidad penal no hay responsabilidad ética”, y en esa línea ha recordado que la Comisión Ética de la comunidad ha dejado sentado que “no se manifiesta hasta que no se manifieste la Fiscalía”.

Pero “en política hay cosas que pueden no ser penalmente punibles, pero que son política y éticamente rechazables”, ha advertido Igea, para quien la comisión de ética de la comunidad sigue esa vía para “no quedar con el culo al aire”.

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha reprochado este viernes la “soberbia” de presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por hablar de que va a compensar con dinero el dolor de las personas afectadas por los incendios: “Dijo que estaba satisfecho, ¿de qué puede estar satisfecho?”, ha resumido.

Durante su réplica a la intervención de Mañueco ante el pleno extraordinario de las Cortes, para analizar la gestión de los incendios forestales, el portavoz leonesista ha cuestionado las apelaciones a la “dignidad” realizadas por el presidente, a quien ha afeado que crea que “con dinero es capaz de compensar algo, la muerte de la gente, que las casas se quemen, que los recuerdos se eliminen...no lo creo”.

“La dignidad no se contabiliza por lo que usted o yo digamos hoy aquí, se demuestra cuando mejore las condiciones de los trabajadores y mejore el dinero destinado a extinción de incendios, para que esto no vuelva a suceder”, ha planteado.

Santos ha cuestionado el “operativo de descoordinación e insuficiencia” que ha atribuido a Mañueco y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones: “¿No le parece triste que los ciudadanos de estas zonas sientan la soledad y la descoordinación de un operativo insuficiente y mal gestionado?”, ha preguntado.

El dirigente de la UPL ha considerado escasos los 74 millones de euros que destina la Junta a prevención de incendios y ha pedido que recorte de otros fondos que ha vinculado con la protección de la imagen de su gobierno, entre lo que ha incluido la subvención a la televisión autonómica, conciertos y fundaciones de promoción de la identidad de la Comunidad.

Igea pide elecciones

El Grupo Mixto ha cargado este viernes contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su gestión de los incendios forestales, y mientras Francisco Igea ha pedido elecciones para que el operativo tenga presupuesto suficiente, Pablo Fernández (Podemos) le ha pedido su dimisión.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha subido a la tribuna con una camiseta en la que se podía leer 'Mañueco dimisión', ha pedido al presidente autonómico que abandone su cargo, le ha responsabilizado de recortar el presupuesto del operativo en los últimos 10 años y ha afeado que sólo ejecute el 48 % de la financiación de prevención de este año.

Fernández ha pedido su dimisión por mantener en el cargo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; ha pedido un operativo público que palíe su precariedad actual y ha recordado la denuncia que interpuso su partido por la gestión de los incendios forestales.

PSOE compara a Mañueco con Mazón

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, ha pedido este viernes la dimisión del presidente de esta Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, por su gestión de los incendios y le ha advertido: “Hoy sale de aquí políticamente sentenciado”.

Así lo ha expresado la portavoz en su intervención en el pleno extraordinario convocado por la oposición en el que el presidente autonómico ha rendido cuenta de su actuación y la de su Ejecutivo en los graves incendios forestales que aún hoy queman la Comunidad.

“Solo le queda una salida honesta: dimitir. Usted no quiere a Castilla y León y Castilla y león no le quiere a usted. Está inhabilitado, asuma su responsabilidad, dé ejemplo y pida perdón”, ha expresado la socialista.

“Tiene usted la conciencia tan tranquila como la de Mazón”, ha apostillado Gómez, que ha resumido que Mañueco es el “máximo responsable” de los “recortes” de las políticas de prevención y extinción de incendios.

Las Cortes de Castilla y León acordaron este miércoles por unanimidad la ejecución de un plan estratégico para el desarrollo económico y social de León dirigido a revertir las cifras negativas de pérdida de población y baja tasa de actividad, con la presencia de la Junta y Gobierno en las inversiones necesarias, así como de los agentes sociales. 

La iniciativa del Grupo Socialista, a la que se sumó una enmienda del Grupo Popular, está enmarcada en la manifestación que habían convocado los sindicatos el 10 de noviembre, pero retrasada ahora en solidaridad por los damnificados de la DANA, y concitó el respaldo de todos los grupos, aunque UPL y Vox culparon por igual a los gobiernos centrales de PP y PSOE de la situación de esta provincia. 

Populares y socialistas, por su parte, se acusaron mutuamente de la falta de proyectos en el momento de gobierno de uno u otro en La Moncloa, mientras que el PP defendió el compromiso de la Junta no solo con León, sino con el resto de las provincias. 

La movilización planteada en principio para este 10 de noviembre supone un intento de reeditar las grandes manifestaciones registradas en León, Ponferrada y Villablino en febrero de 2020, que tuvieron como respuesta casi inmediata la creación a primeros de marzo de una Mesa por León que se fue diluyendo sin ningún resultado palpable mientras encargó precisamente un plan estratégico que hace apenas unos días salió a la luz.

Ahora, en la presentación de la PNL, el procurador socialista Diego Moreno habló del futuro de León para cambiar su dinámica demográfica, económica y social, pidió el trabajo en común de todos los partidos sin colores políticos y defendió que esta Comunidad no puede permitir que “una de sus partes tractoras se gripe”.

Moreno acudió a datos “muy preocupantes” en tasa de paro, empleo o perdida de población y señaló al cierre de la minería como una de las causas de su “caída en picado” en actividad, a la vez que defendió algunos proyectos del Gobierno como el Incibe en León y la Ciuden en Ponferrada y reclamó “la deuda histórica” de la Junta con su provincia. 

En la propuesta, defendió aprobar un plan estratégico para el desarrollo económico y social de León que tenga como objetivo principal revertir las cifras negativas de despoblación, de tasa de actividad y de renta per cápita, consensuado en el plazo de seis meses con los agentes sociales, a la vez que se insta a participar al Gobierno con una cantidad no inferior a la que aporte la Junta.

A este texto, el popular Alberto Castro presentó una enmienda para definir el seguimiento, en un plazo no superior a seis meses, de un plan estratégico de la provincia de León, junto con el resto de administraciones públicas y agentes sociales y económicos de León, que acordaron e impulsaron su elaboración, y con el compromiso de todas las administraciones en las inversiones necesarias para revertir la situación de la provincia, aceptada por el socialista. 

Precisamente, sorprendido por los antecedentes de la PNL se mostró el popular Alberto Castro, quien recordó que el PSOE ha gobernado en instituciones de León y en el Gobierno central, a la vez que subrayó que no se trata de ir “unos contra otros”, sino de buscar soluciones para todas las provincias, donde defendió la acción de la Junta.

El popular reconoció que León necesita un plan estratégico pero enumeró inversiones de la Junta en la provincia como la ampliación de polígonos, entre ellos Villadangos o El Bayo, o que los presupuestos sitúen a la provincia leonesa en el primer lugar en la inversión autonómica.

Así, se refirió al plan en el marco de la mesa de León, dónde se preguntó por la presencia del Gobierno, e insistió en que los Presupuestos para 2025 son “el primer paso”, a estos argumentos replicó el socialista que no es el momento de “buscar culpables”, sino de “arremangarse” y trabajar todos en la misma dirección. 

Vergüenza y mitos del pasado

El leonesista Luis Mariano Santos afeó al PP que se les acuse de “victimistas” cuando destacan datos negativos con la imputación de un “sentimiento de culpa” a quien denuncia y de exculpación a ellos, y evidenció un “desplome brutal” de la población en León y también en Zamora. “Bajo los datos se sustrae que desde que se generó esta Comunidad, León ha perdido todo”, aseveró. 

Santos atribuyó una responsabilidad a PP y PSOE desde el Gobierno en el cierre de minas, como causa del inicio del declive de la provincia, y advirtió de que León lidera la peor tasa de actividad junto a Orense, lo que “dice mucho del PP y PSOE que gobiernan”. 

“Hay razones suficientes para que al PP y al PSOE cuando se habla de estos territorios se les caiga la cara de vergüenza”, zanjó. 

Por Vox, Ignacio Sicilia ironizó con que no sabía si la PNL está firmada por la UPL o por PSOE, preguntó por el plan de la Diputación de León y por otros así cómo por dónde “ha ido el dinero para la reconversión minera”. “Han cambiado 13.000 mineros por 140 empleados en el Incibe”, criticó. 

Sicilia recordó “una cascada” de proyectos que no han servido para mejorar la situación en la provincia leonesa pero subrayó que en España el PP gobernó de manera conjunta en España y en la Comunidad, si bien también apuntó al PSOE. “La solución para León y todas las provincias de Castilla y León es la Agenda España, lean su guión”, concluyó. 

“Todo el apoyo a esta iniciativa”, arrancó el leonés Pablo Fernández, que compartió el diagnóstico del socialista sobre “el desplome” desde hace años de su provincia y apoyó como “imprescindible” que se elabore un plan estratégico de industrialización, refuerzo de servicios o ejecución de infraestructuras pendientes. 

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que preguntó si la PNL habla de la provincia o del Reino, pidió menos fundaciones y más políticas reales con la aportación del doble de fondos al plan por León que a la Fundación para la Promoción de los Valores de Castilla y León. “Menos importancia a los mitos del pasado, más políticas reales”, zanjó.

Las Cortes instaron este viernes a la Junta a requerir al Gobierno de España que proceda a la concesión del préstamo de 130 millones de euros solicitado por la mercantil Tvitec antes de que finalice el tercer trimestre del año 2024 para poner en marcha un proyecto de vidrio propio en Cubillos del Sil, en El Bierzo, o al menos exigir la búsqueda de financiación alternativa para que este proyecto se pueda poner en marcha “pudiendo avanzar con la imprescindible reindustrialización en dicha comarca”. El pronunciamiento político llega después de que Comisiones Obreras cuestionara el trato de la compañía a los trabajadores (llegó a hablar de persecución sindical) sin dejar, eso sí, de respaldar la llegada de fondos para desarrollar esa nueva iniciativa empresarial.

La propuesta salió adelante con el voto a favor de todo el Hemiciclo, a excepción de Francisco Igea, quien se abstuvo al entender que “hay que tener un cierto cuidado o respeto, porque cualquiera podría venir a solicitar exactamente lo mismo”, por lo que planteó una enmienda al PP (que fue rechazada) para no poner el foco sobre una sola empresa, sino sobre la reindustrialización de toda la comarca berciana, como se comprometieron en octubre de 2022 la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la entonces ministra de Industria Comercio y Turismo Reyes Maroto.

En su turno de intervención, el procurador socialista Javier Campos defendió que “a pesar de que en el último año se ha cambiado dos veces de equipo en el Ministerio de Industria y que era una tramitación compleja”, la financiación “está a puntito de ser un hecho y casi con toda seguridad se va a cumplir en el ámbito temporal que se presenta esta PNL”, es decir, el tercer trimestre de este año. “Y si no pregunten a la empresa, que les podrá hablar de estos plazos”, invitó a la procuradora Beatriz Coelho, del Grupo Popular, encargada de presentar la proposición.

Coelho celebró que en esta “posición coincidamos todos”, incluido el PSOE, que “piensa antes en los intereses de los ciudadanos que las de su amo”, dijo, en referencia a Pedro Sánchez. La procuradora contestó también a Igea que el PP apoya “todas las empresas, pero este merece una mención especial por estar en una comarca tan denostada”.

Coelho recordó que el 6 de octubre de 2022, en las instalaciones de esta empresa berciana, se anunció el proyecto para el primer gran horno español de vidrio flotado. Aquel día, mencionó la procuradora, el Gobierno de España, la Junta y otras instituciones públicas se comprometieron “a una colaboración público-privada”, con el objetivo de ejecutar el proyecto de Tvitec y “contribuyendo así con la tan necesaria reindustrialización de El Bierzo”.

El proyecto supone una inversión de aproximadamente 200 millones y la creación de unos 250 puestos de trabajo directos y unos 800 indirectos, todo ello a través de la construcción del primer horno de vidrio flotado, sostenible y circular de España y Europa en El Bierzo“, suponiendo, además, la integración vertical de Tvitec con las instalaciones ya existentes en el Polígono Industrial del Bayo, donde transforman el vidrio en sus 250.000 metros cuadrados cubiertos para proyectos en todo el mundo, lo que consolidará todo el proyecto en la comarca y en el resto de sus instalaciones. Aquel día, prosiguió Coelho, el Gobierno se comprometió a que, ”una vez salvada la viabilidad económica del proyecto“, se agilizarían todos los trámites para firmar el préstamo de 130 millones que permitiese su puesta en marcha.

Igualmente, rememoró que desde marzo el 2023 se encuentra “paralizado en un trámite burocrático” en el Ministerio de Industria, “único pendiente” para la concesión del préstamo de 130 millones de euros a la mercantil. Así las cosas, transcurrido más de un año, los fondos “siguen sin llegar a la empresa y al proyecto que, junto con la reindustrialización del Bierzo, sigue paralizado por la dejadez y falta de compromiso del Gobierno con los bercianos”, una frase que matizó el socialista Javier Campos con su anuncio, tras constatarlo con el Ministerio.

Mientras, Francisco Igea, el único que no apoyó la PNL, criticó que “nunca” ha visto un Parlamento que “solicite de forma excepcional que se pague un préstamo a una empresa concreta” y apostó por un texto alternativo para “instar a cumplir los compromisos en torno al Bierzo, con instrumentos de apoyo financiero que el Ministerio ha desarrollado con los diferentes programas de apoyo”, pero este texto, que se trasladó en una enmienda, no fue aceptada por el PP. “No se puede decir que ustedes cumplan los compromisos que adquieren”, reprochó Igea a los ‘populares’.

Inversión, no gasto

Por su parte, el procurador José Ramón García (UPL-Soria Ya) aseguró desconocer “qué pasa en León y El Bierzo que siempre hay algún pero, en este caso por parte del Gobierno central”. “No se puede entender que se pongan trabas para sacar adelante un proyecto vital para la comarca. Queremos inversión para crear empleo y no gasto, para asentar población”, apuntó.

En este sentido, lamentó que desde marzo de 2023 está paralizado por “temas burocráticos y unas firmas”. “Es un proyecto vital en modo pausa. Espero que no sea modo stop, porque los leoneses y bercianos no lo perdonaríamos. No estamos para perder oportunidades”, sostuvo García, quien manifestó que en la Península Ibérica se contabilizaban seis altos hornos de estas características, “de los que quedan cuatro abiertos pero dos son pocos productivos”. “Este sería muy rentable”, remarcó García, más en una comarca en la que “ni ha habido transición ni ha sido justa”, motivo por el que también justificó su apoyo a la propuesta.

Igualmente, Ignacio Sicilia, de Vox, cargó durante su intervención contra el Gobierno central y el PSOE, que “no sabe gestionar” sobre los proyectos industriales y las ayudas comprometidas.

Y cerró Javier Campos (PSOE), que además de anunciar que la tramitación “está a puntito”, se quejó del “nuevo ejercicio de cinismo y oportunismo del PP”, que ahora “piden rapidez al Gobierno”. “Apoyamos la iniciativa, pero les invito a presentar otras PNL para otro tipo de cuestiones, como que Mañueco inunde de empresas e industrias El Bierzo, como comprometió en la última campaña electoral, o un parque empresarial prometido por Juan Vicente Herrera”, enumeró Campos, quien también mencionó las plazas de difícil cobertura en la comarca, el edificio administrativo de Ponferrada o la unidad de radioterapia. “Fíjese si no tiene proposiciones para ir encantados con ustedes de la mano. A ustedes seguro que se las aprueban”, trasladó a la procuradora del PP, a quien le comunicó que “por más que les duela, en contraposición con sus políticas, al final es el Gobierno de España el que pone el dinero sobre la mesa para la reindustrialización del Bierzo y su recuperación económica”.

La mayoría parlamentaria que ejercen PP y Vox en las Cortes de Castilla y León ha tumbado este martes las tres enmiendas de totalidad presentadas por la oposición contra los proyectos de ley de Presupuestos y de Medidas, que de este modo avanzan en su tramitación y se acercan a la previsible aprobación por parte de los mismos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de coalición.

En una sesión parlamentaria que varios de los propios procuradores intervinientes han calificado de aburrida, lo que han hecho saber a un grupo de estudiantes de Derecho que ha asistido a los debates desde la tribuna, PP y Vox han mantenido su visión favorable hacia las Cuentas presentadas por el Gobierno autonómico y ahora se abre el plazo para las enmiendas parciales, para su debate en comisión y finalmente en el pleno del Parlamento autonómico.

En la votación, PP y Vox han pulsado en contra de las enmiendas a los Presupuestos, que han sido respaldados por PSOE, UPL-Soria Ya, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, mientras que el representante de Por Ávila, Pedro Pascual se ha abstenido, mientras que respecto a la Ley de Medidas, se han mantenido las posturas, pero con la abstención de UPL-Soria Ya respecto a las enmiendas socialista y del Grupo Mixto.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha abierto la sesión con su defensa de los proyectos de ley por ofrecer “estabilidad y confianza”, frente a un panorama nacional marcado por varias “incertidumbres”, como el “chantaje” de los separatistas al Gobierno de España.

Concretamente, Carriedo ha aludido a las “incertidumbres” que marcan el contexto político y económico actual, en el que se prevé una “reducción de las expectativas de crecimiento” y donde, aunque “el incremento de la inflación y de los tipos de interés se ha atenuado, la economía aún está absorbiendo las fuertes subidas de los últimos años”, ha apuntado.

“Continuista y fracasado”, según el PSOE

La portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, ha sido la encargada de defender la enmienda de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2024 porque es “continuista y fracasado”, sin resolver los “problemas estructurales” que presenta la Comunidad en materia de despoblación y sanidad, entre otros ámbitos.

Rubio ha acusado a la Junta de Castilla y León de “guardarse en el cajón” hasta 350 millones de euros que procederán de los fondos transferidos por el Gobierno de España (9.334 millones), sin que tengan reflejo en las cuentas autonómicas los 1.200 millones de euros más que llegarán en 2024 en comparación con 2023, según el cálculo socialista.

La portavoz del PSOE ha incidido en las críticas hacia el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ausente en el inicio del debate, y al PP por asumir el “negacionismo, machismo, xenofobia y racismo” de la extrema derecha: “Mañueco entrega la Comunidad a Vox”, ha resumido.

El Grupo Socialista echa en falta inversión en incrementar el número de médicos y profesores disponibles para mejorar el servicio, la atención a las personas dependientes y la lucha contra la despoblación, que se mantiene como principal problema de la Comunidad y la Junta sigue sin aprobar la comprometida Ley sobre el Reto Demográfico.

La primera en replicar a la portavoz socialista ha sido la popular Rosa Esteban, quien ha defendido las Cuentas presentadas por la Junta por garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales, sin que queden cubiertos por las transferencias del Gobierno central.

En este sentido, ha rechazado las críticas del PSOE sobre las aportaciones del Gobierno central, ya que “los presupuestos suben básicamente porque así lo establece el modelo de financiación”, aunque ha matizado que en lo que va de año -enero, febrero y marzo- las cantidades que están llegando son inferiores a las recibidas en 2023 y sin alcanzar a las comunicadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por su parte, el representante de Vox Francisco Javier Carrera ha afirmado que los gobiernos socialistas “han sustituido las viejas políticas socialdemócratas por las trasnochadas del comunismo de nuevo cuño, que nos arrastra hacia el Estado del malestar”.

UPL-Soria Ya

La formación leonesista de la UPL en las Cortes, integrada junto a Soria Ya, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Junta para 2024 porque este no ataja los principales problemas de la Comunidad y la provincia leonesa: el desempleo, la despoblación y la sanidad.

De esta forma ha argumentado el “no” de los leonesistas a este proyecto de presupuestos su portavoz en las Cortes, Luis Mariano Santos, que ha subrayado ante el plenario del Parlamento autonómico que este presupuesto, “a pesar de ser los mayores de la historia”, no es “decente”.

En contra de esta enmienda a la totalidad se han posicionado los grupos PP y Vox, que han defendido el proyecto de presupuestos de la Junta en el hecho de que este dota de “oportunidades” a todos los territorios de la Comunidad “por igual”, ha expresado la popular Mercedes Cófreces.

En el caso del portavoz parlamentario de Soria Ya, José Ángel Ceña, ha rechazado el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024 porque “son decepcionantes” y “no son buenos para Soria ni para Castilla y León”, a la vez que ha reprochado la escasa ejecución de las anteriores cuentas.

“Mienten constantemente, en cada rueda de prensa, mienten como hablan y no paran”, ha afeado y ha parafraseado a la canción de Gabinete Caligari 'Voy camino a Soria' para afirmar que el Plan Soria Conectada y Saludable va hacia “el fiasco”.

La parlamentaria por Palencia Mercedes Cófreces (PP) ha replicado que estos presupuestos persiguen “la equidad y la calidad de los servicios públicos”, además de poner “el acento en la dinamización demográfica” y contemplar cuatro rebajas de impuestos dirigidos a familias, jóvenes, autónomos y pymes, con especial interés en el medio rural y con especial apoyo al sector primario.

El procurador de Vox David Suárez Arca ha reprochado a Soria Ya que sus críticas son de “cara la galería mediática porque las cifras dicen lo contrario” y ha asegurado que “Soria se lleva la palma” porque es la que más fondos recibe en Sanidad y Educación y la que más recibe por consejería.

Grupo Mixto

El exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha defendido su rechazo al presupuesto porque refleja unas políticas aplicadas por los líderes del Ejecutivo, el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) y el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox), quienes en su opinión conducen a la Comunidad “al precipicio”.

Igea se ha referido a que estas cuentas no resuelven los principales problemas de la Comunidad, entre los que ha destacado la pérdida de población y el “deterioro” de la sanidad, a la vez que ha ironizado con que la Junta mantenga para este 2024 su “estafa” del “cheque bebé”.

Como réplica a Igea, el portavoz del PP en este turno, Miguel Ángel García Nieto, ha optado por no contestar a Igea, mientras que el representante de Vox, Javier Tiera, ha ironizado con las “dotes de adivino y de astrónomo” del representante del Grupo Mixto.

Ante las críticas de Igea a la gestión de las Consejerías que dirige Vox, Teira ha asegurado que el presupuesto de estos departamentos están fraguados para garantizar la “estabilidad de Castilla y León”.

En su dúplica, Igea ha considerado “el colmo de la mala educación” el hecho de que el procurador del PP ni siquiera haya contestado a sus argumentos, por lo que ha optado por dirigirse al grupo de estudiantes de Derecho, presentes en la sala, a quienes ha preguntado retóricamente por qué se van.

Por su parte, el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha rechazado el presupuesto porque supone “un engaño”, al basar su crecimiento en la llegada de más fondos del modelo de financiación, y por carecer de una “hoja de ruta” para mejorar la vida de los ciudadanos de la Comunidad.

“Me tiene usted despistado: no sé si es vago o muy visionario, porque firma una enmienda a la totalidad que no conoce y que no ha trabajado”, ha reprochado el popular, a quien posteriormente Fernández le ha afeado que hiciera referencias personales hacia su capacidad de trabajo, por lo que le ha reprochado que lea casi íntegramente sus intervenciones.

Por Ávila explica su abstención

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha explicado su abstención a las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Castilla y León, que ha calificado de “insuficientes y continuistas”, por lo que presentará enmiendas parciales para su modificación.

Pascual ha pedido a los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico que cambien su actitud respecto al año anterior y que se avengan a apoyar las propuestas de su formación.

Las Cortes instaron este miércoles a la Junta, sin votos en contra y sólo con la abstención del PSOE, a que modifique el Decreto-ley de 2022 para que los terrenos, recogidos como viñedos o cultivos permanentes -almendra, castaña, pistacho, avellano, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela o frutos rojos- en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACyL) sean declaradas zonas no autorizables para instalaciones de generación de energía eléctrica renovable, tanto eólica como fotovoltaica. La aprobación se produjo la misma semana que se cerrará en Ponferrada este domingo 22 de octubre con una movilización contra la instalación de macroparques en la hoya del Bierzo.

La iniciativa de PP y Vox, que fue enmendada, precisa que en los viñedos sólo puedan instalarse parques eólicos o fotovoltaicos salvo que estos estén vinculados a las propias explotaciones. También se pide que las líneas eléctricas de evacuación que atraviesen viñedos deban ser siempre soterradas y que en aquellos casos en los que, por razones de imposibilidad, fuera necesario, el promotor deba reponerla a su costa en parcelas “cercanas y de análoga calidad”.

La popular berciana Beatriz Coelho defendió la “total protección” de los viñedos de Castilla y León, “tierra de buen vino”, ya que aseguró que toda la “cultura” vinculada a este sector debe ser protegida para defender a las personas que tienen su sustento en esta actividad. “Desarrollo y sostenibilidad sí”, dijo pero también “de manera equilibrada” y buscando la “armonía” con los usos agrícolas, ganaderos y turísticos de la zona. Además, culpó al Gobierno de no planificar esta actividad y generar problemas en el medio rural.

En nombre de Vox, Miguel Suárez Arca aludió a la importancia del “pero” en relación al fomento de las energías renovables o el autoconsumo, derivado de la transición energética. A su juicio, no se trata de salvar el planeta, sino imponer una “nueva creencia” y de generar un negocio para unos pocos al calor de la Agenda 2030. “No aceptamos que sigan pagando la factura los de siempre”, dijo y apuntó hacia el Gobierno por no adoptar medidas regulatorias.

El socialista Eugenio Miguel recordó que su grupo pidió en junio de 2021 a la Junta que garantizara el despliegue “correcto” de las renovables y aludió a las demandas de medidas para las tierras fértiles por parte de las organizaciones agrarias. No obstante, consideró insuficiente y pidió añadir otros cultivos, además de los viñedos, como los permanentes o los pastos.

El parlamentario de UPL José Ramón García planteó una enmienda de adición a la iniciativa de PP y Vox que saludó ante el desarrollo de parques de energías renovables en comarcas como la suya, el Bierzo. Pidió atender a bodegueros y viticultores sobre cómo deben hacerse el despliegue de estas infraestructuras para impedir que se destruyan los viñedos tradicionales de la “hoya berciana”, pero también de regadíos y otros cultivos.

Pablo Fernández, procurador de Unidas Podemos, señaló que la iniciativa demuestra que las políticas de PP y Vox son “erróneas” y que el decreto ley eran una “catástrofe”. Además, señaló que la iniciativa es insuficiente, porque advirtió de que el “oligopolio eléctrico” es quien impulsa el desarrollo de las renovables y pidió “apostar por las comunidades energéticas locales”.

Finalmente, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea aseguró que la iniciativa es un “parchecillo de última hora” que surge porque a la Junta se le “olvidó” introducir esta cuestión en un decreto suyo del pasado. A su juicio, si algo tiene la Comunidad, es “espacio”, por lo que consideró que habrá terrenos, más allá de los viñedos, para instalar energías renovables.

Si la disyuntiva para el reparto del cuarto diputado en la provincia de León está entre UPL y Vox, “no hay duda” para el procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que apostaría por la fuerza leonesista como “mal menor” frente a la formación de extrema derecha, según ha expuesto en sus redes sociales.

“La política en España se limita, hoy por hoy, a elegir el mal menor”, comienza su mensaje en la red social Twitter Francisco Igea, muy crítico con la decisión de Ciudadanos de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

“Este es un buen ejemplo: entre Luis Mariano y Gallardo... no hay duda!”, completa en alusión al líder de la UPL, Luis Mariano Santos, y al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), haciendo referencia a un tuit de la cuenta 'El Llionés' que apela a votar en clave leonesista el 23J.

Muy activo en Twitter, Francisco Igea suele utilizar la red social para mostrar sus opiniones políticas. Y esta vez lo ha hecho para posicionarse con respecto a la cita con las urnas para la provincia de León. 

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial y coordinadora autonómica de la formación, Gemma Villaroel, el procurador en Castilla y León, Francisco Igea, y el ex presidente de las Cortes, Luis Fuentes no formarán parte del nuevo Comité Ejecutivo de Ciudadanos, en el que sí entran la ya exlíder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

El nuevo Comité Ejecutivo del partido liderado por Patricia Guasp, cuya candidatura resultó ganadora este jueves tras el proceso de primarias celebrado por esta formación, contará con 30 personas y estará liderado por las cuatro que encabezaban la candidatura ‘Renace tu partido’: la propia Guasp; el eurodiputado Adrián Vázquez, que será el secretario general del partido; el concejal del Ayuntamiento de Madrid Mariano Fuentes, y el secretario de Organización, Carlos Pérez Nievas.

Cuando Guasp se presentó a las primarias, destacó que su candidatura apostaba por caras nuevas para Ciudadanos, pero señaló que no iba a dejar de contar con personas con talento en su equipo. Por ello, Arrimadas y Villacís formarán parte de este nuevo Comité que tomó posesión este sábado, durante la VI Asamblea General del partido.

Diputados

Este nuevo Comité solo contará con dos diputados del Congreso, la propia Arrimadas y Guillermo Díaz, cuando en el comité anterior había cuatro, María Muñoz, Miguel Gutiérrez, José María Espejo-Saavedra y Mari Carmen Martínez. Es decir, nadie de los seis diputados que apoyan a Edmundo Bal forman parte de este Comité.

A su vez, este nuevo órgano de dirección de Ciudadanos incorporará al líder del partido en Cataluña, Carlos Carrizosa, y al diputado en el Parlament catalán Nacho Martín Blanco, así como a la eurodiputada Eva María Poptcheva, y el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Teruel Ramón Fuertes.

También integran este nuevo Comité el concejal de Ciudadanos en Alcorcón Joaquín Patilla; el alcalde de Palencia Mario Simón; el concejal en el Ayuntamiento de Valencia Narciso Estellés, Araceli Gómez, Mamen Peris, Miguel Moreno, Isabel González, José Carlos Fernández Sarasola, Javier Pinazo, Fernando Baselga, María José Ros, Andrés Álvarez de Cienfuegos, Teresa Ortiz, Silvia Fernández y Carmen Cortés.

Cambios

Respecto al Comité Ejecutivo anterior se mantiene Joan García (diputado en el Parlament de Cataluña); José Manuel Gil; Enrique Arriaga, y Carmen Picazo (portavoz del partido en Castila-La Mancha). Por el contrario, sale de este Comité Ejecutivo, además de Igea, Luis Fuentes y Gemma Villaroel, el exportavoz en la Asamblea de Madrid, César Zafra.

También dejan de formar parte de este órgano el eurodiputado José Ramón Bauzá; el exvicesecretario general Carlos Cuadrado; el exsecretario de Organización Borja González; el diputado en Cantabria Félix Álvarez, así como Ignacio Cuesta, Beatriz Pino, y Ángeles Rosado.

Fuentes de la nueva dirección del partido pusieron en valor su generosidad a la hora de ofrecer puestos a otras candidaturas para otros órganos como el Consejo General, por ejemplo. Por ello, comentaron que están abiertos a incorporar personas de otras listas en la nueva dirección.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias ante el supuesto nuevo protocolo de atención a las mujeres embarazadas, “que tiene por objetivo disminuir el número de interrupciones del embarazo”, según lo anunciado por el vicepresidente Juan García-Gallardo hoy en una la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

En este nuevo protocolo se procederá, tal y como ha reseñado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León a “la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre.”

También se ha incluido la elaboración de ecografías 4D durante el primer trimestre, con el fin de enseñar a la madre los rasgos del feto en ese momento de desarrollo.

“No consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia de nuestra comunidad”, ha advertido el procurado de Ciudadanos. “No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo”.

“¿Se ha considerado la compatibilidad con el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las leyes vigentes?, ha cuestionado. ”¿Se ha consultado esta variación del protocolo con los servicios de obstetricia de nuestra comunidad?“.

Código Penal

“En la legislación actual no existen listas públicas de objetores, ni se ha planteado tal posibilidad en ningún caso. Es obligatoria, la declaración de la objeción ante las autoridades sanitarias según lo previsto, sin que se produzca menoscabo alguno de dicho derecho a la objeción de conciencia”, apunta Ciudadanos en un comunicado.

“Por otra parte, cabe reseñar que recientemente se ha producido una modificación del Código Penal que se añade un nuevo artículo 172 en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”, explica. En este sentido pregunta: “¿Ha previsto la posibilidad de que los facultativos, o personal sanitario, así como el propio consejero que ”ofrezca“ estos servicios pueda resultar denunciado de acuerdo a la nueva redacción del código penal arriba señalada?”.

Además, el procurador de Ciudadanos ha presentado por la intención o no de eliminar la obligatoriedad de comunicar por escrito la voluntad de declararse objetor de conciencia para la interrupción del embarazo, si se ha negado asistencia psicológica a las gestantes que lo han solicitado y si se ha incumplido la obligatoriedad de comunicar a las gestantes las ayudas sociales a que tienen derecho según lo dispuesto en la ley de salud sexual y reproductiva.

El procurador de Ciudadanos Francisco Igea exigió hoy al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tome “alguna decisión” y saque a Castilla y León “de este esperpento” en el que aseguró lleva ya casi un año. “No hay sentido común”, dijo, tras lo sucedido este viernes en las Cortes, y la “pulsión autoritaria” que a su juicio existe en la Comunidad. 

Al término del pleno de presupuestos, Francisco Igea consideró “inaudito” todo lo sucedido y consideró que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), debe dimitir. “No puede continuar de presidente ni un sólo día más”, dijo porque es “parcial”, “incapaz de mantener el orden” y se “salta” el Reglamento de la cámara autonómica. 

“Es inaudito, hemos tenido un presidente a la fuga durante dos horas”, señaló ante la suspensión de la sesión, tras aprobarse un bloque de enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que acompaña a las cuentas de 2023. “Se han sobrepasado los límites de lo que es ética y normativamente aceptable”, apostilló. 

“Se ha incumplido de manera reiterada el Reglamento de las Cortes”, afirmó Igea sobre la votación de la enmienda que pedía una mayor dotación de fondos para los enfermos de la ELA, porque insistió que la decisión de la Mesa de las Cortes había sido la de aceptar la votación nominal, algo que cambió de forma unilateral el presidente del Parlamento.

El pleno de las Cortes volvió a vivir este miércoles momentos de tensión en el debate de la proposición no de ley del Grupo Socialista para pedir la reprobación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por llamar a este partido “banda criminal”, en un calificativo que reiteró en el hemiciclo en esta misma sesión.

Es la segunda vez que el PSOE pide la reprobación de García-Gallardo, después de hacerlo el pasado mes de junio cuando “insultó” a la procuradora con discapacidad Noelia Frutos. “Por algo que no era verdad”, dijo el vicepresidente, que, por el contrario, volvió a señalar al PSOE como “banda criminal” y advertir de que los jóvenes conocerán “su historia criminal”.

El debate se desarrolló entre el rechazo por la socialista Patricia Gómez a “las barbaridades” vertidas por García-Gallardo y la critica a “la complicidad” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la acusación del vicepresidente a los socialistas por “callar y asentir ante los actos incorrectos de su jefe, Pedro Sánchez”.

En ese cruce de acusaciones y subida del tono, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, llamó al orden y retiró el uso de la palabra poco después a Pablo Fernández (Podemos), tras calificar de “fascista” la ideología de García-Gallardo, pero no hizo lo mismo con las palabras que dejó en el hemiciclo el vicepresidente, por lo que fue acusado de “falta de objetividad” por Francisco Igea (Cs), que tildó de “vergonzoso” su comportamiento.

En la presentación de la iniciativa, la procuradora socialista Patricia Gómez argumentó que llamar “banda criminal” al PSOE supone no respetar la pluralidad ni los valores democráticos y aseguró que el presidente de la Junta es “cómplice” al consentir las descalificaciones de Vox.

Gómez sostuvo que el partido al que Juan García-Gallardo llamó “banda criminal” es autor de todos los avances sociales de España, reparó una deuda con las víctimas del franquismo y afirmó que los socialistas siempre van a estar al lado de quienes defienden la democracia.

“El vicepresidente ha demostrado que no está a la altura que merece esta tierra, la pregunta es si lo está el presidente”, concluyó Gómez. “Cada una de sus intervenciones ha sido una ofensa o un menosprecio a jóvenes, a mujeres, a personas con discapacidad, a sindicatos”, recoge la PNL socialista.

García-Gallardo cargó en su intervención contra la política del PSOE en la lucha terrorista contra ETA, su pacto con Bildu o la propuesta de suprimir el delito de sedición o plantear la reforma del de malversación, mientras los socialistas “callan y asienten con los actos incorrectos de su jefe, Pedro Sánchez”. “Es un silencio cómplice con los actos de su jefe, el jefe de su banda”, anotó.

“Su silencio cómplice favorece las conductas de delincuentes que les mantienen en el Gobierno. No se escandalicen. Sin su silencio cómplice no cometería los actos de traición de vender la patria”, siguió García-Gallardo. “Encubrimiento y colaboración”, añadió, para advertir de que los jóvenes van a conocer “la historia criminal del PSOE”.

Patricia Gómez, que afirmó estar esperado a que se llame al orden a García-Gallardo, rechazó “lecciones en la lucha contra el terrorismo” al partido que terminó con ETA y subrayó que el vicepresidente de la Junta puede presentar su ideología gracias a la lucha de los socialistas.

“En qué han convertido nuestra tierra”, aseveró Gómez, que culpó directamente a Alfonso Fernández Mañueco del “deterioro institucional” por permitir la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León. “Señores del PP bajen la mirada, qué flaco favor hacen a la democracia, a qué bajo precio han vendido a esta tierra”. “Lo terrible y penoso es que hoy ustedes del PP no se diferencian nada de ellos”, zanjó.

En un tono conciliador, el popular Ramiro Ruiz Medrano recordó que antes el respeto era una seña de identidad, afirmó que hoy podría ser un buen día para recuperar ese espíritu de ilusión por la política y se preguntó si no estaban hablando demasiado de ellos y poco de la gente.

Ruiz Medrano argumentó que la PNL omite que de lo que se ha hablado en el hemiciclo “no existe” porque el presidente de las Cortes “tomó la decisión y no existe” en el ámbito parlamentario, en referencia a que retiró las palabras de García-Gallardo.

“Se puede discrepar mucho, pero no debemos salirnos del tiesto para tener razón o conseguir un titular”, aseveró, para abogar por el respeto y por hablar de los problemas de las personas. “Prefiero seguir mi dieta, el respeto y la concordia”.

Un pobre hombre

Francisco Igea confesó que no sabía lo que iba a votar aunque añadió que merece la reprobación porque está “sin educar” y el puesto le queda lejos, pero señaló al PSOE que Fernández Mañueco utiliza a García-Gallardo mientras él está cómodo. “Es usted un pobre hombre”, se refirió al vicepresidente de la Junta. “Ustedes, señores del PP, no son mejores de este triste personaje que ocupa la vicepresidencia”, zanjó.

Por su parte, Pablo Fernández anunció el voto a favor de la PNL y afirmó que el vicepresidente profesa “la ideología fascista”, por lo que fue llamado al orden por tercera vez por el presidente de las Cortes y tuvo que abandonar la tribuna.

La leonesista Alicia Gallego, que afirmó sentirse “despistada” ante los insultos, descalificaciones y faltas de respeto en el hemiciclo, manifestó que las palabras gruesas desvirtúan el fin de la política, indicó que no es un honor ser el político para el que más veces se pide la reprobación y señaló que el PP es “cómplice” por permitir esta situación.

Gallego instó a García-Gallardo a trabajar en la solución de los problemas en vez de “ir a sus cosas” y puso como ejemplo a alcaldes pedáneos que, sin tener un sueldo como el que tiene el vicepresidente, se dedican a trabajar por la gente. “Hay que bajar el tono, para qué la crispación”, aseveró.

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha lanzado hoy en Valladolid un mensaje de tranquilidad ante el repunte de la incidencia de la bronquiolitis infantil por que subrayó que, hasta la fecha, no ha sido necesario implantar planes de contingencia en los hospitales de la Comunidad. “Hay una incidencia elevada de bronquiolitis, pero no es algo nuevo aunque ha habido varios años en que hubo pocos casos por la evolución de la pandemia de la covid”, expuso.

Vázquez precisó que todos los centros cuentan con planes de contingencia para, si fuera necesario, transformar su actividad para dar servicio a los pacientes que requieran ingreso o cuidados intensivos. En este sentido, aseguró que no hay una repercusión asistencial “demasiado alta”, salvo en los servicios de Urgencias y Atención Primaria, donde hay que entender por tanto que sí lo es. 

El consejero recordó, según recogió la Agencia Ical, que los planes de contingencia permiten adaptar el hospital a las necesidades que haya en cada momento como aumentar el número de camas de Intensivos o de hospitalización y reforzar el personal sanitario de las Urgencias para atender un mayor incremento de casos de Pediatría. 

Alejandro Vázquez reconoció que la incidencia de la bronquiolitis no es igual en todas las provincias de la Comunidad, ya que se registran más casos en Valladolid que en otros lugares. En todo caso, pese a señalar que el nivel de las Urgencias es “importante”, destacó que en los hospitales no es aún alto, por lo que no ha sido necesario realizar adaptaciones destacables. 

El jefe de Unidad de Pediatría del Río Hortega, Carlos Alcalde, apuntó que la bronquiolitis es la “misma” que la de todos los años, con cuadros de infecciones víricas que provocan dificultades respiratorias en los lactantes y los niños de menos edad, sobre todo entre los menores de seis y tres meses. En este sentido, destacó que lo más importante es identificar los signos de alarma de dificultad respiratoria como que el niño respire muy deprisa, se le marquen las costillas y falta de apetito. 

Acudir “sí o sí” con bebés de menos de un mes

En estos casos, precisó es necesario acudir, “sí o sí”, a los servicios de Urgencias hospitalarios o al pediatra, sobre todo en los bebés con menos de un mes para evitar posibles complicaciones. Por el contrario, cuando el niño está bien y no hay dificultad respiratoria, hay menos urgencia, pese a reconocer que es un virus que se extiende “mucho” e incluso se contagia a hermanos mayores. De ahí que hiciera hincapié en la prevención como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el aislamiento para evitar contagios. 

El pediatra manifestó que cada año hay una epidemia del virus respiratorio sincitial (VRS), aunque en esta ocasión ha venido un “poco antes”, tal vez por que son niños menos inmunizados al haber existido más protección por las mascarillas. “Actualmente, vivimos el mismo pico que había en Valladolid en época navideña, por lo que se ha adelantado un mes”, aseveró. 

En cuanto al incremento del número de urgencias por casos de bronquiolitis en niños, hasta el punto de alcanzar las 200 en en Río Hortega el pasado domingo, el jefe de Pediatría restó importancia y reiteró que es “lo esperado” en una época de epidemia. Además, recordó que el hospital centralizada todas las urgencias pediátricas al no existir PAC de atención continuada en Atención Primaria. Es por ello que se han reforzado las guardias para contar con una situación “estable”.

Igea exige información

Por su parte, el exvicepresidente y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, pidió hoy la comparecencia urgente en las Cortes, a ser posible esta misma semana, del consejero Alejandro Vázquez, por la la “saturación” hospitalaria que a su juicio la epidemia está provocando, reclamando además que informe de los planes de contingencia previstos al respecto.

Igea consideró que Vázquez debe explicar a la mayor brevedad posible en la Comisión de Sanidad de las Cortes cuál es la situación real de las unidades de hospitalización y de cuidados intensivos pediátricas ante esta epidemia de bronquiolitis infantil. Además, exigió al consejero de Sanidad que informe de las medidas adoptadas para evitar que se saturen las urgencias, que se colapsen los hospitales. “Es urgente que el consejero presente a los representantes te de la ciudadanía, cuál es su plan de actuación en este momento si es que hay alguno”, dijo.

“Ayer solo vimos la declaración del presidente de la Comunidad de que como pudimos con el covid, pues podremos con esto. Hombre no parece exactamente un plan. No parece que estén ocupados en presentar a los ciudadanos qué medidas concretas, qué planes de contingencia, con qué camas, con qué profesionales contamos o cómo vamos a gestionar la Atención Primaria de estos casos para evitar la saturación de las urgencias”, concluyó.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, han presentado este jueves las líneas generales de lo que, salvo sorpresa, serán los primeros presupuestos de la Comunidad fruto del pacto de la derecha y la extrema derecha. En una intervención conjunta, los líderes de PP y Vox subrayaron que la salud de la coalición de Gobierno está “como un roble”, lo que ha permitido negociar las partidas de las cuentas más elevadas de la historia de la administración autonómica.

De salir adelante, la Junta dispondrá el año que viene de 13.809 millones de euros, que representan un aumento de un 12,35% en relación a los últimos aprobados, los de 2021, porque los de 2022 se presentaron por el entonces gobierno de coalición del PP con Ciudadanos pero que no se llegaron a votar porque el presidente de la Junta convocó elecciones anticipadas. Preguntado por si la historia se puede volver a repetir, Mañueco simplemente se limitó a contestar que se formule esa cuestión “a quien actuó de manera indebida hace un año”, en referencia a su entonces socio Francisco Igea.

Por su parte, el actual vicepresidente autonómico resaltó que se trata de un “presupuesto ejemplar” y “austero”, en el que se contempla la subida del salario de los funcionarios pero la congelación del erario de los miembros de presidente, vicepresidente, consejeros, altos cargos, miembros de la Mesa de las Cortes y procuradores. “Mi sueldo ya estaba fijado antes de que tomara posesión”, con una dotación superior a la del propio Mañueco, “ha sido decisión mía congelarlo”, se excusó a preguntas de este medio.

Líneas generales del presupuesto

Las cuentas del Ejecutivo autonómico, aprobadas en Consejo de Gobierno y que deberán pasar ahora por su tramitación parlamentaria, destinarán el 81% a los servicios públicos esenciales; elevarán un 55% las partidas económicas, hasta 2.534 millones; introducirán beneficios fiscales por 600 millones; y dedicarán hasta 1.860 millones a las familias, con un aumento del 27%.

La Sala de Mapas del Colegio de la Asunción sirvió para escenificar la “unidad” del Ejecutivo PP-Vox, que “ha trabajado con lealtad, con seriedad y con discreción para llegar a este punto en el que nos encontramos”, dijo Mañueco.

El jefe del Ejecutivo regional remarcó que “ha habido un trabajo por parte del vicepresidente y del consejero de Hacienda y de sus equipos” para cerrar estas cuentas, y defendió un acuerdo “muy útil” con el que “hoy ganan las personas y Castilla y León”.

El máximo responsable de la Junta sentenció que dan “un paso al frente en estos meses de legislatura y para llevar ese futuro a lo largo de los próximos años”, en relación a la coalición del Gobierno.

Crecen un 50,9% las inversiones reales

Las inversiones reales crecen un 50,9% respecto a 2021, con lo que superarán los mil millones de euros (1.015,9) y representarán el 7,3% de la cifra global de las cuentas regionales para el próximo año.

En el poco detalle de los datos que ofrecieron este jueves, las cuentas contemplan 10.206 millones para operaciones corrientes, un 8,76% más que en 2021, último Presupuesto que no se prorrogó, y que supone casi tres de cada cuatro euros del total. Si se desgrana este capítulo, se observa que casi 4.700 millones son para gastos de personal (un 11,4% más), 3.312 millones para transferencias corrientes (6,5% de incremento), 1.815 millones para gastos corrientes en bienes y servicios (un 7,2% más), y 252 millones para gastos financieros (un 1,8%).

Igualmente, en operaciones de capital las cuentas recogen 2.263 millones, un 41,8% más. En total, la suma de todas las operaciones no financieras se traduce en 12.470 millones de euros, un 13,5% más que en 2021 y nueve de cada diez euros del presupuesto.

Por último, las operaciones financieras ascienden, según el proyecto, a 1.339,8 millones, es decir, un 2,2% más, cifra que supone uno de cada diez euros. De esta parte, caen notablemente los activos financieros, un 17,6%, hasta los 74 millones, pero crecen un 3,6% los pasivos financieros, hasta los 1.265 millones.

Primeros presupuestos que hablan de 'violencia intrafamiliar'

Las cuentas para el próximo año recogen por primera vez una partida específica de 500.000 euros destinada a la 'la violencia intrafamiliar', con lo que, aseguran tanto Mañueco como García-Gallardo, que “se amplían derechos” porque “se garantiza el mantenimiento de las ayudas existen a la lucha contra la violencia de género”.

Fue el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien dio a conocer la nueva partida y explicó que no supone “un retroceso en los derechos” existentes en este momento, ya que la elaboración de una ley de violencia intrafamiliar es uno de los puntos de Vox recogidos en el acuerdo de Gobierno del pasado mes de marzo.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó que existe un Plan de Violencia Intrafamiliar y ahora se recoge una línea específica para la concienciación sobre una violencia en el entorno familiar, pero subrayó que la partida contra la violencia de género pasa de 10,8 a 11 millones.

García-Gallardo precisó que la protección social a las mujeres víctimas de violencia de género se mantiene pero añadió que existen otros tipos de violencia, como la ejercida por hijos sobre padres o abuelos o entre hermanos. “No hay polémica sobre ello”, apostilló.

En otra de las materias que marcan diferencias entre el PP y Vox, como la Agenda 2030, ambos subrayaron el compromiso con la igualdad de todas las personas, con la erradicación de la pobreza o con mejorar la vida de las personas. “Son objetivos que se comparten”, precisó Mañueco, sin mencionar de manera expresa la palabra Agenda 2030.

Igualmente, en relación con la memoria histórica, García-Gallardo manifestó que la partida se encuentra en la Consejería de la Presidencia y garantizó, también, que seguirán las exhumaciones.

Subida de sueldo a los funcionarios

En la misma sesión que la aprobación del borrador de los presupuestos, el Consejo de Gobierno dio su visto bueno a un decreto ley por el que acomete un incremento adicional del 1,5% de los sueldos del sector público para 2022, que se aplicará sobre las vigentes a 31 de diciembre pasado, de forma que “se consolidará” un aumento retributivo global máximo para este ejercicio del 3,5%. La medida supone un coste de 75 millones de euros, pues también incluye a los empleados de universidades y centros concertados de enseñanza.

A pesar de poder efectuar el pago hasta el 31 de marzo de 2023, la Junta realizará un “esfuerzo económico” en favor de todos los empleados públicos y se compromete a abonar esa cantidad en la nómina del mes de noviembre de este año. Asimismo, en consonancia con la regulación del mismo Real Decreto-ley 18/2022 de 18 de octubre, se adapta diversa normativa autonómica en materia energética.

Este decreto ley se enmarca en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Así, se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción de consumo de gas natural en aplicación del ‘Plan + seguridad de tu energía (SE+)’, así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. En consonancia, resulta necesario trasladar a la normativa autonómica el incremento retributivo del 1,5% para 2022 en el ámbito del sector público de la Comunidad de Castilla y León.

Por tanto, el Consejo de Gobierno aprueba la regulación que establece el apartado 2 del artículo 23.1 del citado Real Decreto-ley y permite adaptar la regulación autonómica a la nueva normativa.

Asimismo, la Junta señaló que la legislación, las mejoras técnicas y la experiencia adquirida en los últimos meses aconsejan adaptar la normativa autonómica en la materia. Se refiere al Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, el mencionado Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, y al reglamento UE 2022/1369 del Consejo, de 5 de agosto de 2022, en que se plasma el acuerdo del Consejo Extraordinario de ministros de Energía, celebrado el 26 de julio en Bruselas.

Está previsto que el detalle de las cuentas se ofrezca este próximo viernes en las Cortes de Castilla y León y que se cuelgue el borrador completo para su análisis en la web de la Junta.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha ordenado al Gobierno autonómico que entregue a un medio de comunicación la información sobre las personas mayores que fallecieron en las residencias de ancianos de la Comunidad durante la primera ola de la pandemia de coronavirus COVID-19. La sala da diez días para cumplir con la petición de datos por solicitados por infoLibre al amparo de la Ley de Transparencia, o de 30 días para recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, ha informado el periódico este lunes.

El TSJ desestimó las alegaciones del Gobierno autonómico para no facilitar la información, señalando que los límites de acceso a la información pública deben aplicarse “con cautela y con criterios restrictivos que no menoscaben los objetivos de transparencia de la actividad de los entes públicos”, rechazando así el argumento de que su difusión podría perjudicar los “intereses económicos y comerciales” de las empresas que las gestionan.

El asunto se remonta al año 2020, cuando el entonces gobierno autonómico bipartito entre el PP de Alfonso Fernández Mañueco y Ciudadanos de Francisco Igea, con la entonces consejera Verónica Casado al frente de Sanidad y la 'popular' Isabel Blanco a cargo de Familia, negaron el acceso a varios medios de los datos de fallecidos en las residencias de Castilla y León. Todo tras publicar elDiario.es que existió un protocolo que ordenó no derivar a los ancianos de las residencias a los hospitales en la Comunidad durante la primera ola del coronavirus.

Los argumentos de la administración autonómica eran que conocer en qué centros residenciales de mayores se habían producido decesos a consecuencia del virus “podría causar un daño económico” a los privados, que se trata de “datos personales” a salvaguarda de la protección de datos y que el interés de conocerlos era “muy escaso”, por encima del derecho al acceso a la información. El Comisionado de Transparencia de Castilla y León resolvió en una petición de infoLibre y otra similar de ILEÓN considerando que los datos de fallecidos por COVID-19 en residencias privadas que Castilla y León era de “especial interés público”, por lo que instaba al Gobierno autonómico a su entrega.

Pese a las trabas de la Junta, ILEÓN consiguió en una nueva petición de acceso determinar en cuál de cada una de las 716 residencias de mayores de Castilla y León en las nueve provincias se habían producido, o no, decesos por causas del coronavirus; sin poderse especificar cuántos han muerto en la propia residencia o fueron trasladados al hospital.

En cuatro de cada diez residencias de mayores de la Comunidad murieron personas por culpa de contagiarse de coronavirus hasta el 9 de mayo de 2021. En concreto, en más de trescientas de las setecientas que la Consejería de Familia considera con concesión para llevar a cabo esta labor hubo muertos por la pandemia. Esta es la primera vez que se conocía con detalle en qué residencias hubo muertos o no.

En números totales, Castilla y León califica como 'residencias de mayores' a 716 centros en las nueve provincias, según una tabla de datos abiertos. En 306 de ellas se produjo 'muerte por covid', siendo Salamanca (con 58) donde más centros ha habido con fallecidos. León, con 49, Valladolid con 47 y Burgos con 41 como las provincias donde más decesos se habían producido esta misma circunstancia en residencias.

El TSJ de Castilla y León desestimó las alegaciones del Gobierno autonómico para no facilitar la información, señalando que los límites de acceso a la información pública deben aplicarse “con cautela y con criterios restrictivos que no menoscaben los objetivos de transparencia de la actividad de los entes públicos”, rechazando así el argumento de que su difusión podría perjudicar los “intereses económicos y comerciales” de las empresas que las gestionan.

Reacciones

En un comunicado Ciudadanos Castilla y León ha celebrado la sentencia del que ordena al ejecutivo autonómico a facilitar el acceso a los datos de fallecidos en residencias durante la Covid. “Estamos satisfechos con esta noticia”, ha manifestado el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea. “Es una sentencia que confirma expresamente nuestro criterio de entonces”, ha recordado Igea, “que viene de la mano de la excelente e incansable labor del ex directo del Transparencia y Buen Gobierno de la JCYL, Joaquín Meseguer”. La consejería de Transparencia sí emitió un informe a favor de la divulgación de los datos aunque se impuso el criterio de la de Familia de denegarlos.

Por su parte el PSOE ha mostrado su apoyo a los familiares y amigos de los fallecidos en las residencias tras conocer la sentencia. “Tienen nuestra palabra no pararemos hasta que se sepa toda la verdad”, ha asegurado Ana Sánchez, número 2 del PSOE de Castilla y León. Los socialistas, que pidieron una comisión de investigación sobre lo sucedido rechazada en las Cortes con los votos de PP y Ciudadanos, criticó el argumento de perjuicio económico usado por el Gobierno autonómico para impedir el acceso a los datos de los centros privados, ya que recordó se alegaba que se hacía para no perjudicar a intereses de empresas y comerciales, “Siempre defiende a los mismos, siempre se deben a los mismos”, arguyó para rematar que “Aquí estamos y aquí vamos a seguir estando para defender a la gente”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox, Juan García-Gallardo, pidió este miércoles que las Cortes “no se conviertan en una pocilga” y dejar “el show” que inició él mismo este martes después de llamar al procurador de Ciudadanos Francisco Igea “imbécil”.

Tras la reanudación del pleno, que se suspendió durante 15 minutos por una bronca entre el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y el propio vicepresidente autonómico, García-Gallardo solicitó la palabra desde su escaño para hacerse la víctima.

“Venimos soportando ataques, provocaciones e insultos inaceptables y que como vicepresidente me avergüenzan”, afirmó, para manifestar que Vox tiene “derecho a existir”, es un “partido legal” y tiene “derecho a traer a esta Cámara debates que antes no se habían producido”, poniendo como ejemplo la soberanía energética, el “fanatismo climático” o la “igualdad”.

Insistió que las “Cortes sean la casa de la palabra”, “aparcar el show” y actuar con respeto para que el Parlamento “no se convierta en una pocilga”.

Poco antes, al reanudar la sesión, el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, pidió también respeto y orden en el marco del debate, porque “tiene que ser así y es bueno para todos”, sino advirtió de que tomará las medidas correspondientes en base al Reglamento.

También, solicitó la palabra Francisco Igea para recordar a García-Gallardo que fue él quien insultó a “un procurador”, en referencia a cuando ayer lo llamó “imbécil” y “presunto delincuente” en el momento en que intervenía y afeó la presencia del vicepresidente en 'Masterchef'.

Las Cortes han vivido un segundo pleno de inicio de este periodo de sesiones bronco. Primero, este pasado martes con el incidente entre Igea y García-Gallardo, que ha seguido este miércoles por cruces de acusaciones y continuas interrupciones cuando estaba en el uso de la palabra el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. También, con el vicepresidente de la Junta de protagonista pero al que se unió el 'popular' Raúl de la Hoz.

Mañueco pide “desescalada verbal” y una conversación privada con García-Gallardo

Por su parte, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a la “desescalada verbal” y asegura que hablará en privado con su vicepresidente por el insulto a su exsocio de Gobierno.

“A mí siempre me van a encontrar en el diálogo, en la moderación. Creo que la política es una forma de tender puentes, de preocuparnos de los problemas reales de la gente”, manifestó en los pasillos de las Cortes, a preguntas de los periodistas.

El presidente de la Junta recordó que en las conferencias de presidentes durante la pandemia él llamó a la “desescalada verbal” en momentos de intercambios más críticos entre los presidentes autonómicos y a ello volvió a llamar hoy.

“Es lo que tenemos que hacer, preocuparnos de lo que interesa a la gente, que es la inflación, la subida precios, llenar el depósito de los vehículos o la cesta de la compra”, remarcó, para evitar preguntas para incidir en los sucedido en las Cortes entre el actual vicepresidente y el anterior. Así, dejó el asunto en “una conversación privada” con el 'número dos' de la Junta.