El Partido Animalista Pacma y la asociación Sacrificio Cero León hacen un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana para localizar al menos a diez perros de caza que permanecen desaparecidos tras una intervención judicial vinculada a un presunto caso de maltrato animal en Lillo del Bierzo (Fabero), según informa la formación política.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando una denunciante alertó al Seprona de la existencia de una perrera en muy malas condiciones, con canes de diferentes razas utilizadas para la caza en “pésima situación higiénico-sanitaria y de salud”, señala Pacma. Tras la inspección de las autoridades y la solicitud judicial de decomiso, todos los animales desaparecieron justo el día en que estaba prevista su retirada por parte de la Guardia Civil, añade la formación.

Pacma refiere, además, que “tras el vaciado ilegal de la perrera, hasta la fecha y gracias a la colaboración vecinal, se ha podido recuperar a diez de los veinte perros en total, los cuales habían sido hacinados y ocultos en el interior de un remolque en las inmediaciones de la zona”. “Sin embargo”, contrapone, “otros ocho perros adultos y al menos dos cachorros recién nacidos continúan en paradero desconocido”.

Tanto Pacma como Sacrificio Cero León recalcan la importancia de la implicación ciudadana para poder localizar a los animales que aún faltan. Y animan a cualquier persona que disponga de información relevante a ponerse en contacto de inmediato con la Guardia Civil en el 062 (es posible hacerlo anónimamente), con el objetivo de facilitar su localización, retirada y puesta a salvo en un centro de protección animal.

La provincia de León suma desde principios de este año un coto de caza menos. Y no es un coto cualquiera. No sólo es un amplio espacio en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna sino que llegó a mover mucho dinero por lo preciado de sus rebecos. También se sitúa en terrenos de monte público que fueron el mismo escenario de una maniobra ilegal para que se cediera por 40 años a una sociedad privada, un caso que acabó con la condena por un delito de corrupción del anterior alcalde del Partido Popular (PP) en el municipio de Sena de Luna, donde el coto se ubica.

El caso, muy enrevesado, ha tenido que llegar al más alto tribunal de la Comunidad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que confirmara íntegramente. Ahora ya de forma definitiva se produce la anulación del coto privado de caza LE-11336, desestimando los argumentos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y de la Comunidad de Propietarios de la finca rústica donde el coto, Puerto Cubil, se ubicaba.

Hace ya casi un año de la resolución judicial final, dado que la sentencia 616/2025 data de mayo de 2025, pero fue declarada firme el pasado 12 de noviembre de ese mismo año. El auto ratifica sin tocar una coma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, el cual ya había anulado en junio de 2024 la resolución administrativa que permitió la creación del coto, santificada por la Junta, al considerar que no se ajustaba a derecho.

Incumplía el requisito del tamaño

El origen del litigio se remonta a 2021, cuando la Junta Vecinal de Robledo de Caldas recurrió la puesta en marcha de este coto privado de caza, promovido por la Comunidad de Propietarios de Puerto Cubil y que fue autorizado por Medio Ambiente. En aquella época el presidente pedáneo era al mismo tiempo el histórico alcalde, José Celestino García, a su vez también miembro del Club Deportivo de Caza El Negrón, al que se le pretendía entregar la gestión por 40 años de un coto en el mismo monte por espacio de 40 años.

Para poner en marcha este, Puerto Cubil, se declaró que disponía de una superficie declarada de 524,82 hectáreas. Pero según los tribunales no cumplía con uno de los requisitos esenciales establecidos por la Ley de Caza de Castilla y León: acreditar la titularidad de al menos 250 hectáreas.

El Juzgado primero y el TSJ después han considerado probado que la comunidad promotora no logró demostrar ni de cerca dicha superficie. La documentación aportada presentaba importantes contradicciones: mientras una escritura de 1899 situaba la extensión en unas 92 hectáreas, otros documentos posteriores hablaban de entre 113 y 200 hectáreas. No fue hasta un acta de 2019 cuando se elevó la cifra a más de 500 hectáreas, basándose únicamente en datos catastrales.

Y es aquí donde el Alto Tribunal recuerda que el Catastro tiene efectos fiscales y no sirve por sí solo para acreditar la propiedad o la superficie real de los terrenos a efectos civiles. También argumentó que no se justificó el incremento de extensión declarado.

Otro de los aspectos clave del fallo es la confirmación de la legitimación de la Junta Vecinal de Robledo de Caldas para recurrir la constitución del coto. El tribunal considera que la entidad local menor estaba directamente afectada, ya que los terrenos en disputa incidían tanto en su propio coto de caza, el LE-10715, como en el monte de utilidad pública número 155, de su titularidad.

Extinción del coto y terrenos vedados

La Junta de Castilla y León esperó todavía cerca de dos meses para ejecutar la sentencia que daba la razón a la Junta Vecinal, la cual estaba representada por el entonces procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, el abogado Ricardo Gavilanes, después elevado a portavoz popular en el Parlamento. No ha sido hasta el pasado 14 de enero de 2026 cuando el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez, dictó resolución ordenando la extinción del coto LE-11336, como la sentencia mandaba.

Como consecuencia, los terrenos han pasado a tener la consideración de vedados, lo que implica la prohibición total de la actividad cinegética en tanto no se produzca una nueva autorización. Además, el anterior titular del coto ha tenido que retirar toda la señalización existente en los plazos que marque la administración.

Un coto marcado por la polémica política y judicial

La anulación de este coto se suma a la intensa conflictividad judicial que rodea a la gestión cinegética en Robledo de Caldas, especialmente tras el caso que afectó directamente al exalcalde de Sena de Luna, José Celestino García (PP).

En mayo de 2024, el propio TSJ de Castilla y León ratificó la condena contra el regidor por un delito de prevaricación, imponiéndole nueve años de inhabilitación para cargo público. La sentencia confirmó que, en 2019, García se autoconcedió derechos de caza durante 40 años en su condición de presidente de la Junta Vecinal, beneficiando al Club Deportivo de Caza El Negrón, del que formaba parte.

Los tribunales consideraron probado que actuó “consciente y gravemente” contra la legalidad y en perjuicio de los vecinos, en una operación que el fiscal resumió como un “yo me lo guiso, yo me lo como”. Aquella decisión también fue anulada posteriormente por la vía contenciosa. Aunque el PP se resistió, finalmente la condena obligó al entonces alcalde a dimitir, cerrando una etapa de décadas al frente del Ayuntamiento, pero dejó abierto un escenario de litigios en torno a los aprovechamientos cinegéticos de la zona que ahora suma un nuevo capítulo con la desaparición definitiva del coto de Puerto Cubil.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.

Los grandes incendios forestales del pasado verano, con especial incidencia en territorios del noroeste como la provincia de León, donde se batieron récords históricos, se han convertido en un factor clave que está condicionando la política estatal sobre la conservación y la posibilidad de cazar al lobo ibérico. Así lo reflejan tanto la demora del Gobierno en actualizar el estado de la especie como las advertencias de la Comisión Europea sobre su gestión.

En paralelo, el lobo (Canis lupus) ha sido incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de “vulnerable”, debido a que su población no garantiza su viabilidad a largo plazo. La evaluación, coordinada por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem), estima que en España hay menos de 1.000 individuos maduros, e incluso por debajo de 700 si se atiende a la estructura reproductiva de la especie.

El núcleo principal de la población se concentra en el tercio noroccidental de la península, con la autononía de Castilla y León como uno de sus principales bastiones, precisamente las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Este impacto ha llevado al Gobierno a aplazar la publicación del informe oficial sobre el estado de conservación del periodo 2019-2024, al considerar necesario actualizar los datos aportados por las comunidades autónomas teniendo en cuenta los efectos del fuego sobre el hábitat y las poblaciones de lobo. En concreto, Castilla y León identiticó un censo actualizado con mayor número de ejemplares en su última actualización, aunque con muchos matices. Mientras por otro lado, ha permitido la caza de numerosas especies cinegéticas en apenas siete meses cuando su propia Ley concedía una moratoria obligatoria de cinco años, y eso sin dar a conocer ningún tipo de informe oficial respecto.

A esta presión ambiental se suma la derivada de la gestión cinegética. En el último año, varias comunidades como Asturias o Cantabria han autorizado controles letales para reducir daños al ganado, lo que también influye en el cómputo global de la especie, una decisión que los Tribunales estatales han acabado tumbando.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado a España que cualquier medida de caza debe ser compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable. En una respuesta remitida a Podemos y Alianza Verde y recogida por Efe, la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, subraya que los Estados miembros están obligados a garantizar que la explotación de especies como el lobo, incluida en el anexo V de la Directiva Hábitats al norte del Duero- no comprometa su supervivencia.

Bruselas va más allá y advierte, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, de que en situaciones de incertidumbre sobre el impacto de estas prácticas, los países deben abstenerse de autorizarlas. Además, recuerda que el lobo presentaba ya un estado de conservación “desfavorable” en el último informe remitido por España (2013-2018), a la espera de la actualización actualmente en revisión, la cual va a tener en cuenta la variable de la no documentada afección de los incendios en la población lobera.

Los expertos inciden en que la situación no ha mejorado en las últimas décadas. El número de manadas se ha mantenido estable, en torno a los 300 grupos familiares, y la distribución de la especie sigue limitada a una fracción de su área histórica, apenas un 30% de la existente en 1850. A ello se suma una gestión desigual entre comunidades autónomas y la reciente retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2025, una decisión que, según denuncian desde Secem, no tuvo en cuenta criterios científicos.

El escenario ibérico tampoco es más favorable. En Portugal, el lobo está catalogado “en peligro” y su población ha sufrido una contracción del 20% en las últimas décadas. Por ello, los especialistas reclaman una gestión coordinada entre ambos países, al tratarse de una única metapoblación compartida.

Ante este panorama, los científicos insisten en la necesidad de reforzar la protección legal del lobo, mejorar los sistemas de seguimiento y prevención de daños al ganado y avanzar hacia una estrategia común a escala peninsular. Todo ello en un momento en el que factores como los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, están reconfigurando no solo los ecosistemas, sino también las decisiones políticas sobre una de las especies más emblemáticas y controvertidas de la fauna ibérica.

Una coalición con más de 40 organizaciones ecologistas denunció este jueves una maniobra “anticientífica” en la rebaja de la protección al lobo en la Unión Europea y exigió a los Estados miembros que apliquen una “cuota cero” de matanzas.

“La persecución humana ya es la principal causa de muerte de miles de lobos cada año en Europa, pero se desconoce la verdadera magnitud del problema debido a la falta de un seguimiento y una notificación sistemáticos”, denunciaron en un comunicado difundido por Green Impact plataformas como One Voice, NABU, Pro Natura o Wildtierschutz Deutschland.

La coalición de oenegés sostiene que “no existe base científica ni jurídica para matar lobos en la Unión Europea” y acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de promover una “decisión política” que abre la puerta a más matanzas de lobos que “probablemente sirva a los 'lobbies' de la caza agrícola”.

Las organizaciones ecologistas sostienen que el Ejecutivo comunitario basó su razonamiento medioambiental en un informe que encargó en 2023 a una consultora con sede en Bruselas, con el que propuso a los Estados miembros rebajar el nivel de protección del lobo, un contexto que “abre un capítulo profundamente preocupante en la configuración de la gobernanza medioambiental de la Unión Europea”, dicen.

“Las ONG reclaman total transparencia sobre la influencia de intereses privados no revelados en la toma de decisiones de la UE”, indica el comunicado en el que señalan que el Canis lupus “no ha alcanzado un estado de conservación favorable” en Europa.

Los firmantes -entre los que también se cuentan Animal Aid, FERUS, Wolven in Utrecht o ASPAS- inciden en la falta de datos fiables sobre la mortalidad de la especie en Europa y denuncian que “ni la Comisión ni los Estados miembros han recopilado jamás los datos más básicos” sobre cuántos lobos mueren cada año.

Rebaja de la protección al lobo

El pasado junio, la Unión Europea hizo oficial la rebaja de la protección al lobo, pasando de “estrictamente protegido” a sólo “protegido”, tras haber recibido el visto bueno del Consejo de la UE, con las abstenciones de España y Bélgica, y del Parlamento Europeo, con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

Los Estados miembros conservaron la facultad de mantener el estatus de mayor protección en su territorio, si así lo creían conveniente.

Pese a mostrarse partidaria de mantener la protección reforzada, España también acabó rebajando el estatus de protección de lobo en su legislación interna.

El PP permitió cazar lobos al norte del Duero

El Congreso aprobó en marzo de 2025 rebajar la protección del Canis lupus al norte del Duero mediante una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que salió adelante con el apoyo de Vox, Junts y PNV.

La revisión de la normativa simboliza en parte el cambio de rumbo de la Comisión Europea en materia medioambiental, y en particular el acercamiento de su presidenta a los agricultores tras las protestas del sector agrario en los últimos años contra el Ejecutivo comunitario.

El cambio de categoría del lobo ha sido aplaudido por la plataforma que defiende a las grandes explotaciones agrarias europeas, Copa-Cogeca, por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y la Organización Europea de Propietarios de Tierras (ELO).

En cambio, lo han criticado organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF o ClientEarth, mientras que las plataformas Green Impact, Earth ODV, Nagy Tavak és Vizes Élohelyek Szövetsége, LNDC Animal Protection APS y One Voice presentaron un recurso ante los tribunales comunitarios de justicia en febrero de 2025. 

La organización SEO/BirdLife ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir de nuevo la caza y la entrada de ganado en montes afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2025 en la provincia de León, una medida que considera contraria a la legislación vigente y perjudicial para la recuperación ambiental.

El recurso, registrado el pasado 12 de marzo, se dirige contra la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León que levanta la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos apenas siete meses después de los incendios, pese a que la Ley de Montes autonómica establece con carácter general una moratoria de cinco años.

Según la organización ecologista, la Administración no ha acreditado mediante informes técnicos que la reanudación de la caza sea compatible con la regeneración de los montes, requisito imprescindible para poder levantar esa prohibición. Además, advierte de que la resolución carece de la preceptiva evaluación ambiental.

Impacto en espacios protegidos

SEO/BirdLife alerta de que los incendios afectaron gravemente a espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla y León, con daños directos en 36 enclaves, algunos de ellos en la provincia de León con entre un 15% y un 79% de su superficie arrasada.

Entre las zonas afectadas se encuentran áreas de alto valor ecológico como la Sierra de La Cabrera, los Montes Aquilanos o el entorno de Riaño, donde se han perdido hábitats esenciales para especies protegidas.

La organización subraya que permitir la caza en estos territorios supone añadir presión sobre una fauna que ya se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad tras los incendios, con pérdida de refugio y alimento y un aumento de los procesos erosivos.

Especies en riesgo

El recurso pone el foco en especies como el urogallo cantábrico, catalogado en peligro de extinción, que depende de bosques maduros con sotobosque, o la perdiz pardilla, considerada vulnerable y cuya área reproductora se ha visto gravemente afectada.

También menciona al ruiseñor pechiazul, ligado a matorrales de alta montaña como los piornales, hábitats que, según advierten, no recuperarán su estructura funcional hasta dentro de al menos nueve años.

Críticas por la contradicción con el pastoreo

SEO/BirdLife señala además una “contradicción administrativa” en la decisión de la Junta, al permitir simultáneamente la caza para reducir la presión de la fauna silvestre sobre la regeneración vegetal y autorizar al mismo tiempo la entrada de ganado en esos mismos terrenos, pese a reconocer riesgos de pisoteo y erosión.

La organización considera que los primeros años tras un incendio son clave para la recuperación de los ecosistemas y reclama suspender cautelarmente la resolución para minimizar las perturbaciones.

Asimismo, advierte de que permitir la caza en estas condiciones podría encajar en lo que la normativa cinegética denomina “días de fortuna”, es decir, situaciones en las que los animales no pueden huir ni esconderse, lo que está prohibido.

Nuevo frente en la polémica

Este recurso se suma a los ya presentados por otras organizaciones ecologistas y colectivos de la provincia contra una medida que ha generado una amplia controversia desde que la Junta decidiera levantar las restricciones a la caza y la ganadería en zonas arrasadas por los incendios del pasado verano.

La Administración autonómica ha defendido la legalidad de su decisión y su compatibilidad con la recuperación del medio natural, basándose en informes técnicos que, sin embargo, no han sido hechos públicos hasta la fecha.

La Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sigue defendiendo la legalidad de la decisión de permitir cazar en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, así como los aprovechamientos ganaderos, justificándolo en unos informes técnicos que dicen que avalan esta medida pero que sigue negando a la opinión pública por cuarta semana.

Y es que se cumple un mes sin permitir el acceso a esos informes en los que se ha basado, según remarca Carriedo, la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual estipula cinco años sin aprovechamientos cinegéticos o ganaderos en montes quemados, a pesar de lo cual se permitirá hacerlos en sólo siete meses, como desveló hace un mes ILEÓN, generándose una gran polémica y duras críticas al Ejecutivo del Partido Popular (PP).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por los recursos interpuestos por diversos colectivos ecologistas y partidos políticos por esta decisión de permitir la caza, Carriedo ha asegurado que la Junta “actúa siempre conforme a la ley en todos sus procedimientos”, aunque ha expresado su respeto hacia quien considere que puede recurrir esta medida.

En este sentido, ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, lo que ha sido reiterado hoy por la prensa, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son “los que han dado lugar a esta decisión”, pero ha eludido entregarlos o referirse expresamente a su contenido, remarca Efe.

Y respecto a la circunstancias de que, a la vez que se permite la caza para limitar el número de animales salvajes, minimizando así efectos de las especies cinegéticas sobre el crecimiento de la flora, también se permita el pasto por parte del ganado, Carriedo ha considerado que se trata de circunstancias diferentes y que la ganadería tiene otros condicionantes y nos causan el mismo daño.

En la resolución publicada por la Junta estableció que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Contra esta pretensión, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica han presentado recurso ante la Consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones, pero también anuncian que estudian acudir a los tribunales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que califican como “electoralista” y que prioriza intereses de algunos sectores “frente a la recuperación ambiental”. Y aseguran que se puede estar cometiendo una posible prevaricación ambiental.

Las principales asociaciones ecologistas de la provincia de León, en concreto Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, han presentado recursos contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León que levantan las restricciones a los aprovechamientos de caza y ganaderos en los montes afectados por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones denuncian que esta decisión se adopta apenas medio año después de los fuegos que, según recuerdan, provocaron la mayor catástrofe ambiental registrada en la provincia, con cerca del 10% de la superficie forestal leonesa calcinada y daños en espacios protegidos de alto valor ecológico.

Tal y como desveló en primicia ILEÓN, el pasado 12 de febrero, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León publicó sendas resoluciones firmadas por su jefe, Jesús Méndez Fernández, por las que se dejaba sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en todos los terrenos afectados por los incendios del último verano. La medida fue adoptada a instancias del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Ángel Arranz, mano derecha del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Multitud de voces habían reclamado la dimisión de ambos tras el dramático resultado final de los incendios de agosto de 2025.

Tal y como destacaba ILEÓN y argumentan ahora los ecologistas, la Ley de Montes de Castilla y León de la propia Junta establece en su artículo 92 que, tras un incendio forestal, queda automáticamente suspendido durante cinco años cualquier aprovechamiento incompatible con la recuperación del monte, con el objetivo de facilitar la regeneración de la cubierta vegetal. La misma norma contempla, no obstante, la posibilidad de levantar estas prohibiciones si se acredita que dichas actividades son compatibles con la restauración del hábitat y la supervivencia de la flora y fauna silvestres.

Las organizaciones ecologistas sostienen que, en este caso, la Junta no ha realizado evaluaciones ambientales sobre el impacto de los incendios ni estudios sobre su repercusión en las especies afectadas. Tampoco se habrían elaborado planes de restauración ni convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para analizar la situación.

Según critican en sus recursos, las resoluciones levantan las prohibiciones de forma generalizada en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas -incluidas las de caza menor, además de especies como ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés- y para todas las explotaciones ganaderas, durante todo el periodo de cinco años que establece la Ley.

La regeneración sirve para una cosa... y la contraria

Los colectivos también advierten del riesgo de erosión en los terrenos quemados, especialmente tras las intensas lluvias registradas durante el invierno. A su juicio, la pérdida de estabilidad del suelo y la reducción de la capacidad de regeneración natural del monte aconsejarían mantener las restricciones previstas en la normativa. Es justo el argumento contrario esgrimido por la Junta para defender su polémica medida, ya que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró a preguntas de este medio que las especies salvajes, que no las domésticas, podrían dañar la regeneración en las zonas arrasadas. También se le ha reclamado varias veces los informes técnicos que aseguran que justifican estas medidas, pero jamás se han facilitado.

Por esto, las organizaciones conservacionistas consideran que la decisión no tiene en cuenta el régimen de protección de algunos de los espacios afectados, incluidos territorios integrados en la Red Natura 2000, parques regionales o reservas de la biosfera. De hecho, incluso en el Parque Regional de Caza de Riaño, afectado directamente por uno de los siniestros forestales más dañinos para el medio ambiente, la propia Consejería de la Junta ha subastado ya los permisos de caza de esta temporada, y hasta los aumenta en un 13% respecto al tranquilo año anterior.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas señalan que estudian continuar la vía judicial si sus recursos administrativos son desestimados. Entre las opciones que barajan se encuentra acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la vía penal por un posible delito de prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos de las resoluciones, señalando sin mencionar a Arranz y Suárez-Quiñones.

La presencia de animales silvestres en grandes zonas arrasadas por completo por los incendios forestales pone en jaque la restauración natural de esos hábitats. Esa es la lógica oficial de la Consejería de Medio Ambiente que inspira la reciente y polémica decisión de la Junta de permitir la caza deportiva en esos espacios arrasados no tras los cinco años de moratoria que impone su propio a Ley de Montes sino apenas siete meses después de que se extinguieran las llamas en la provincia de León. Buena parte de la cifra oficial autonómica de las 135.500 hectáreas arrasadas en los siniestros forestales del pasado verano, una cifra sin antecedente histórico, afectaron a hábitats protegidos, hasta el punto de impactar de lleno en 107 cotos de caza.

Sin embargo, hay que recordar que también la Junta ha adelantado a poco más de medio año, en vez de los cinco obligatorios, los aprovechamientos ganaderos, de modo que a los rebaños de animales domésticos sí se les permitirá regresar sin restricción alguna a esos mismos lugares quemados.

El contradictorio argumento oficial ha sido hoy expresado y defendido por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Sin referirse a los episodios de grandes incendios de 2025, que quemaron el 10% de toda la superficie forestal leonesa, tanto como la isla de Gran Canaria, el consejero argumentó que “en los últimos años ha habido una evolución al alza de los animales silvestres”, una “alta densidad” que provoca “un impacto”, un “efecto negativo sobre la restauración natural por causa de su alimentación”.

Es por eso que “para favorecer la restauración natural” de los montes quemados “se aconseja esta decisión” de volver a permitir la caza deportiva sin restricciones, incluso en mayor medida que en un año sin ninguna catástrofe natural similar.

Más caza en Riaño incluso que un año normal

Esta semana, de hecho, se conoció además que en la Reserva Regional de Caza de Riaño, gestionada directamente por la propia Junta de Castilla y León, y que según sus datos ardió en un 32% de su superficie total el pasado agosto por el incendio de Barniedo de la Reina, de 19.000 hectáreas, se han subastado un mayor número de permisos de caza que en el año anterior. En concreto, un 13% más, hasta alcanzar este año los 355 permisos cinegéticos, 163 para abatir rebecos, 86 para matar ciervos o 24 ara cabra montés, entre otros.

Pese a datos como estos, Fernández Carriedo afirmó hoy que “la caza es plenamente compatible con el mantenimiento de las especies” y de hecho favorece a “las especies vegetales que tenemos que defender”.

Informes técnicos 'fantasma'

Es un argumento que, tal y como explicó el propio portavoz hace ya dos semanas y reiteró la pasada, recogen detalladamente los “informes técnicos” de la Consejería de Medio Ambiente para justificar estas exenciones normativas, informes en los que “se acredita la compatibilidad”. Sin embargo, en dos semanas la Consejería que preside el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni la dirección general de su mano derecha, José Ángel Arranz, ha facilitado esos informes pese a las reiteradas peticiones de varios medios de comunicación. Tampoco hoy Carriedo ha mencionado el motivo de esa ocultación.

Por todo ello, se han multiplicado las críticas de varias organizaciones ecologistas, que anunciaron un recurso a estas decisiones e incluso acciones judiciales por superponer la recuperación de la caza a la de las especies que sufrieron los desastres de los históricos incendios en agosto de 2025.

El Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León no sólo se ha saltado su propia moratoria de cinco años que marca la Ley de Montes para poder cazar en terrenos quemados por incendios forestales, autorizando hacerlo en apenas siete meses, entre críticas generalizadas y anuncios de recursos y acciones judiciales.

Además, en su propia Reserva Regional de Riaño de caza, una de las más afectadas por los gravísimos siniestros del pasado verano con 19.000 hectáreas, en concreto por el de Barniedo de la Reina, ha aprobado hoy que se pueda abatir un 13% más animales que el año pasado, en el que la zona no había padecido la lacra del fuego y la fauna no había padecido ningún fenómeno similar.

La nueva polémica decisión se ha adoptado este martes en la reunión de las tres reuniones de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de la provincia, las de Riaño, Ancares y Mampodre, y que como cifras generales ha aprobado 587 permisos de caza para la temporada 2026/27. En los casos de Ancares, en El Bierzo, y Mampodre, no coincide que en el peor verano de la historia de León se produjeran incendios dentro de sus límites, pero no ocurrió así con la Reserva de Riaño. Esta reserva comprende los cuarteles de caza de Portilla de la Reina, Boca de Huérgano, Riaño, Horcadas, Vegacerneja, La Uña, Liegos, Anciles y Las Pintas.

Un 32% de la Reserva de Riaño ardió, primer dato oficial

La propia documentación oficial de la Consejería de Medio Ambiente al levantar su propio veto cinegético a la caza destaca un dato escalofriante: que la Reserva de Caza de Riaño resultó quemada en un 32% de su territorio total, en concreto en los municipios de Burón, Riaño y Boca de Huérgano, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Fue la primera vez que Medio Ambiente cuantificaba el duro impacto de un siniestro sin precedentes.

A pesar de ello, en esta reserva este año se han autorizado un total de 355 permisos de caza, frente a los sólo 313 del año precedente, sin tener en cuenta el sufrimiento y la mortandad de los animales salvajes a los que afectó el incendio incontrolado durante casi 20 días. Tal fue su dimensión que incluso llegó a penetrar dentro del Parque Nacional de Picos de Europa y, además, sumó otros 3.780 hectáreas al pasar a la Montaña Palentina, en la provincia vecina.

Los ejemplares detallados que Medio Ambiente permitirá abatir este año serán 163 rebecos. El año anterior tan sólo se habían permitido 125 permisos, con lo que para de especie se podrá abatir a disparos un 30% más. En el caso de rebecos, la pasada temporada no se permitió ninguno y esta vez serán dos los permitidos. En el caso de los ciervos, también habrá un gran incremento, el que va desde 86 permisos de 2025 y los hasta 100 que la Junta ha autorizado ahora. Solamente en el caso de la cabra montés disminuye, pero muy levemente: se podrán matar este año 24 ejemplares, frente a los 26 de hace un año.

Resuelve Arranz

Las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza son un órgano asesor que informan y dan a conocer los planes de caza a sus miembros, pero tales planes luego deben ser aprobados por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, el controvertido José Ángel Arranz que, junto al consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, fueron los máximos responsables del operativo de extinción de incendios forestales de un verano que finalmente arrasó 135.500 hectáreas en la provincia leonesa, cifra jamás alcanzada en la historia de León, y que equivale a la isla de Gran Canaria o dos veces el municipio de Madrid. Las voces de petición de dimisión o cese contra los dos no han supuesto que dejen sus responsabilidades y, de hecho, continúan aprobando medidas que levantan ampollas en los territorios quemados.

Para cerrar los datos de Riaño, se ha aprobado para esta nueva temporada la celebración de 66 cacerías colectivas, la mayoría 55 de monterías de jabalí, tres de caza menor y tres de becada. En el caso del jabalí hay que recordar que se considera como si fuera una plaga y hay un  Plan de Gestión del Jabalí en Castilla y León que pone todas las facilidades para acabar con los más posibles.

Ancares y Mampodre

En el caso de la Reserva de Ancares, está compuesta por los cuarteles de caza de Candín (formado a su vez por los cuarteles de Balouta y Tejedo), Guimara, Burbia, Villar y Fabero. Allí la Junta Consultiva contempla la concesión de 109 permisos, de los cuales 59 serán para rebeco, tres para cabra y cuatro para ciervo. En el caso de las cacerías colectivas la Junta Consultiva de esta reserva plantea la realización de 43 cacerías colectivas, 31 de monterías de jabalí y 12 de caza menor.

Por último, en la reserva de Mampodre, en la que están integrados los cuarteles de caza de Puebla de Lillo (aglutina a su vez los cuarteles de Isoba, Cofiñal, Redipollos y Lillo), Maraña y Valdelugueros, se han propuesto para la nueva temporada un total de 123 permisos de caza de los que 40 serán para rebeco, 35 para ciervo, tres para cierva, dos para cabra montesa y una para corzo. También se plantea la realización de 42 cacerías colectivas, 28 de monterías de jabalí, 12 de caza menor y 12 de becada. Todos los datos han sido oficialmente dados a conocer por la Junta, ya que el delegado territorial de León, Eduardo Diego, es quien preside estos órganos.

Riaño aumentará el dinero

Por otra parte, desde la Junta se ha explicado que la normativa de regulación del Fondo de Gestión de la Reserva indica que el mismo se componen del 15% del importe de los permisos de caza, más los gastos de cacería. Así, se ha previsto un presupuesto de más de 705.000 euros para las tres reservas.

De manera individual, la Reserva de Riaño propone actuaciones por valor de 462.000 euros, una cantidad muy superior a la del año anterior, que fue de 363.000 euros. Ancares podría obtener 119.000 euros y Mampodre 124.000 euros.

La propuesta del Servicio Territorial de Medio Ambiente respecto a las actuaciones con cargo al Fondo de Gestión se aplicarán en las mejoras del hábitat cinegético y obras de mantenimiento por tratamiento silvícolas; al acondicionamiento, mantenimiento y reparación de infraestructuras y a la mejora encaminada a la prevención de daños y accidentes de tráfico, como todos los años.

Además, los fondos se destinarán a la contratación de personal y alquiler de vehículos; a la renovación de materiales de óptica, armas y provisión de municiones y a la asistencia técnica para planes de ordenación cinegética, revisiones, censos, estudios y vigilancia.

Ecologistas en Acción recurrirá las resoluciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP del 12 febrero de 2026) firmadas por el Jefe del Servicio, Jesús Méndez Fernandez, a instancia de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, que permiten aprovechamientos ganaderos y cinegéticos a partir del 1 de abril 2026, en los montes de la provincia de León afectados por los incendios del pasado mes de agosto, en contra de la Ley de Montes que prohíbe estas actividades durante cinco años.

Las resoluciones, que no son firmes y se pueden recurrir en alzada hasta el 13 de marzo, aplican únicamente en la provincia de León, aunque cabe la posibilidad de que también se publiquen en otras provincias que hayan sufrido los incendios forestales del pasado verano.

La Ley de Montes de Castilla y León sólo permite levantar la suspensión de la ganadería y la caza “cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especias de flora y fauna silvestre”, pero tal acreditación no existe. Las resoluciones no están justificadas porque la Junta no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para informar debidamente a la ciudadanía.

La gestión forestal nefasta, presuntamente criminal, que dio lugar en agosto 2025 a la mayor catástrofe ambiental registrada en León, con más del 10% de toda la superficie forestal de la provincia calcinada, afectando a espacios protegidos de incalculable valor ecológico (Montes Aquilanos, Sierras de la Cabrera, Alto Sil, Ancares, Parque Nacional de los Picos de Europa…), culmina ahora con estas resoluciones acientíficas, basadas en falsedades, como por ejemplo considerar que son zonas de baja recurrencia de incendios lugares que los sufren año tras año: Anllares, Llamas de Cabrera, Yeres, Porto,…

Las resoluciones han ignorado el riesgo enorme de erosión de los terrenos quemados que, anegados y desestabilizados con las incesantes lluvias de este invierno, pueden perder la cubierta vegetal de manera irreversible. Por lo tanto, habría que extremar la prohibición de la caza y de cualquier tipo de intervención (pastoreo, pisoteo…) que interfiera con las especies de flora y fauna en las zonas quemadas. En estas condiciones, permitir la actividad ganadera y cinegética en primavera, es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias desastrosas.

Además, levantar las prohibiciones en la totalidad de los montes quemados, sin tener en cuenta su régimen de protección y su ubicación en espacios de la Red Natura 2000 y/o en parques regionales, nacionales o Reservas de la Biosfera, denota la total desvinculación de las resoluciones con la conservación del medio ambiente, a que se debe tanto el Servicio Territorial de León como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Para terminar, recordamos que los responsables (políticos y técnicos) de este despropósito, tienen la obligación legal de restaurar los terrenos forestales incendiados y recuperar el patrimonio natural afectado. Lejos de eso, han priorizado intereses económicos cortoplacistas en una maniobra que huele a electoralismo y bajada de pantalones ante la presión de ganaderos y cazadores.

Este texto se publicó originalmente en la web de la Asociación Ecologista

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica presentarán “de forma inminente” un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Castilla y León que permitirá cazar en las zonas afectadas por los grandes incendios del verano en la Comunidad.

Así lo han anunciado este lunes 16 de febrero, después de que la decisión de la Junta se hiciera pública el pasado 12 de febrero vía Boletín Oficial de Castilla y León, en la que se da luz verde a la caza mayor en las zonas calcinadas por los incendios, que afectaron especialmente a la provincia leonesa.

La resolución afecta a 107 cotos de caza, algunos con porcentajes de superficie quemada superiores al 90%, y también a la Reserva Regional de Caza de Riaño, gestionada por la propia administración autonómica, donde se calcula que ardió un 32% del terreno tras el incendio de Barniedo de la Reina. 

Todo ello a pesar de que la propia Ley de Montes de Castilla y León establece que “los aprovechamientos cinegéticos en  en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación durante un período de cinco años en los terrenos afectados”. Sin embargo, ahora la Junta decide levantar este veto, apenas siete meses después de la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en la provincia de León.

Ambos colectivos se encuentran trabajando en su recurso de alzada, que tendrá un plazo de un mes para resolverse. La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica prevé que este recurso pueda ser rechazado o simplemente ignorado por la Administración, por lo que llegado ese momento recurrirán a la vía judicial, presentando un recurso contencioso-administrativo.

A pesar de que la Junta aún no ha hecho públicos los informes técnicos que avalan esta decisión, la propia Plataforma ya elaboró en su momento un documento enviado al Gobierno de España en el que daban cuenta de cómo los incendios habían dañado los núcleos reproductores del lobo ibérico. “Los impactos de los incendios son, a día de hoy, difíciles de cuantificar, pero hubo un impacto sobre algunas especies muy señaladas como el lobo ibérico o el oso pardo”, estiman desde el colectivo.

La Plataforma cree que es una medida que busca un voto rural que cada vez está más determinado por posiciones vinculadas a la caza, en vista a la cercanía de las elecciones autonómicas que se celebran el próximo 15 de marzo en Castilla y León.

Estos dos nuevos colectivos se suman al rechazo de la medida por parte de la coalición electoral En Común (Izquierda Unida, Sumar y Verdes ) y al Partido Animalista (Pacma), que valora tomar acciones legales para detener esta medida.

La decisión de la Junta de Castilla y León de permitir la caza apenas siete meses después en zonas que sufrieron los peores incendios forestales de la historia de la provincia de León sigue generando reacciones políticas. Tras la resolución que levanta la suspensión cinegética en 107 cotos y en la Reserva Regional de Caza de Riaño, la coalición electoral En Común (Izquierda Unida, Sumar y Verdes ) ha denunciado lo que considera un “ataque” a la protección legal de los montes quemados.

La medida, firmada el pasado 3 de febrero por el jefe del Servicio de Medio Ambiente en León por orden del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, permite reanudar la caza mayor, es decir, de ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés, a partir del 1 de abril de 2026. Para entonces apenas habrán transcurrido siete meses desde que, en agosto de 2025, ardieran 135.481 hectáreas en la provincia, una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria y más del doble de la ciudad de Madrid.

La propia Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León, establece que los aprovechamientos cinegéticos en montes incendiados quedan suspendidos automáticamente durante cinco años “para ayudar a la regeneración del monte incendiado y la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”. Sin embargo, la norma contempla la posibilidad de levantar esa suspensión si la Consejería acredita que la actividad es compatible con la recuperación ambiental, argumento al que se aferra ahora el Gobierno autonómico.

En este contexto, En Común ha hecho pública una nota en la que denuncia “la grave irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León al autorizar la caza en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, sin respetar el plazo de cinco años” de su propia normativa. La coalición considera que la decisión “confirma una vez más que el Gobierno autonómico del PP antepone intereses particulares y presiones del lobby cinegético a la protección del patrimonio natural y al interés general de la ciudadanía”.

Su cabeza de lista electoral, Sergio Carro, considera “inaceptable que apenas unos meses después de que miles de hectáreas quedaran devastadas por unos incendios que marcaron uno de los peores episodios ambientales de nuestra historia reciente, la Junta considere que los montes ya están en condiciones de soportar actividad cinegética como si nada hubiera ocurrido”.

A su juicio, permitir la caza en este contexto “no solo contradice el espíritu de la legislación vigente, sino que transmite un mensaje peligroso: que la protección ambiental es secundaria cuando entran en juego determinados intereses económicos”.

Tal y como desveló ILEÓN, la resolución afecta a 107 cotos de caza, algunos con porcentajes de superficie quemada superiores al 90%, y también a la Reserva Regional de Caza de Riaño, gestionada por la propia administración autonómica, donde se calcula que ardió un 32% del terreno tras el incendio de Barniedo de la Reina. Además, la publicación oficial ha permitido conocer por primera vez la cifra total de superficie calcinada en los 14 grandes incendios de agosto, que asciende a 135.481 hectáreas, muy por encima de los datos difundidos de manera informal meses atrás.

Desde En Común sostienen que esta medida “evidencia una política ambiental profundamente regresiva, que banaliza las consecuencias de los incendios forestales y debilita las garantías legales diseñadas precisamente para evitar que el territorio sufra una doble agresión, primero por el fuego y después por la explotación prematura de sus recursos”. En resumen, “una deriva preocupante en la gestión pública”.

Por eso, la coalición concluye exigiendo a la Junta que “rectifique de inmediato, que respete los plazos de protección establecidos por la Ley y que sitúe la recuperación ambiental y la seguridad ecológica de nuestros montes en el centro de su acción política”. No especifican su la coalición o alguna de sus formaciones recurrirá administrativamente la decisión en el plazo previsto de un mes o incluso si baraja acciones judiciales, que también son posibles en este cas via contencioso.

Pacma estudia la vía judicial

Por su parte, el Partido Animalista (Pacma) se suma a las duras críticas por la medida y sostiene que vulnera el espíritu de la legislación ambiental, cuyo objetivo es facilitar la regeneración de los hábitats y la recuperación de las poblaciones de fauna silvestre tras un incendio.

El partido advierte de que los espacios incendiados atraviesan un periodo especialmente delicado, con especies más vulnerables por la pérdida de refugio y alimento, y considera que reabrir la actividad cinegética supone un “grave retroceso” y un “precedente peligroso” en materia de protección ambiental. Ante esta situación, Pacma anuncia que estudiará acciones legales para exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

“La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, establece que los aprovechamientos cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación durante un período de cinco años en los terrenos afectados”. La cita es literal de la actual Ley autonómica en vigor en lo que se refiere a la caza de todo tipo de especies en montes, cotos y reservas donde se hayan sufrido grandes incendios forestales, para ayudar a “la regeneración del monte incendiado y la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”, continúa la norma.

Sin embargo, la Junta de Castilla y León acaba de aprobar de manera sorprendente que los cazadores puedan volver a abatir animales salvajes cuando apenas se hayan cumplido siete meses desde los peores incendios de la historia de la provincia de León, tal y como admite el mismo informe que levanta el veto de una manera tan precipitada.

Y es que para poder abatir a disparos a especies de caza mayor, es decir, ejemplares de ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés, Medio Ambiente acaba de fijar la fecha a partir del 1 de abril de 2026. Para entonces habrán transcurrido apenas esos siete meses desde agosto de 2025, que fue cuando se iniciaron los gravísimos siniestros que arrasaron casi un 10% de la superficie total de la provincia leonesa y un 6% de toda la superficie arbolada. De este modo, en vez de dejar transcurrir los 60 meses que su propia Ley marca con carácter general, habrá pasado una décima parte de este tiempo 'de respiro' para la fauna y la flora.

La decisión, que se publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León, está firmada el pasado 3 de febrero por el jefe del Servicio de Medio Ambiente en León, Jesús Menéndez Fernández. Pero para contravenir la Ley de Montes en las restricciones de caza se explica en el informe que cabe una excepción: que “la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar el levantamiento de dicha suspensión cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”. Dicho de otro modo, se podrá volver a cazar de manera excepcional cuando la Junta demuestre que el regreso de la caza a una fauna arrasada, extenuada o desplazada por los incendios ayude a su población.

Orden de José Ángel Arranz, mano derecha de Quiñones

Este es el argumento final al que se aferra la Consejería. Y en la propia resolución se señala quién lo ha decidido: “el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal”, en una notificación remitida a León el pasado 7 de enero de 2026 a la delegación leonesa. Se trata de José Ángel Arranz, mano derecha del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

A ambos se les exigió masivamente su dimisión casi al mismo nivel como máximos responsables del operativo autonómico que estuvo al frente de los incendios de agosto de 2025 y sus nefastas consecuencias. Arranz, como Quiñones, tuvieron que ser forzados políticamente para comparecer ante las Cortes, entre duras críticas unánimes de toda la oposición.

Por fin la cifra oficial oculta: se quemó el doble de Madrid

Ni siquiera en esas comparecencias de Arranz y Quiñones ofrecieron las cifras finales de superficie arrasada en León por los fuegos, jamás cuantificaron el daño por provincias. Sin embargo, sí lo hace ahora por primera vez de manera oficial esta publicación en el Boletín para justificar la permisividad de la caza: los 14 grandes incendios sufridos en la provincia sólo en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Están muy lejos de las 87.068 hectáreas que aireó como única cifra la Consejería de manera informal el pasado diciembre.

Con el recuento ya definitivo de las 135.481 hectáreas en los siniestros de Fasgar, Orallo, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Molezuelas de la Carballeda (una parte inicial en Zamora), Barniedo de la Reina, La Uña, Canalejas, Porto-La Baña (también parte en Sanabria), Gestoso, Igüeña y Garaño se puede concluir que en apenas unas semanas en León se quemó más del doble de todo Madrid, la superficie que ocupa la totalidad de la isla de Gran Canaria o casi siete veces más que el municipio de Valladolid.

107 cotos y su propia Reserva Regional de Caza de Riaño

De toda la superficie, la Junta ahora hace recuento de los cotos de caza afectados por los fuegos. Suman 107 cotos, algunos, como el de la Fundación Octavio Álvarez Carballo en Villablino apenas con el 2% pero otros al 94%, como la Junta Vecinal de Pobladura de Ayuso en el municipio de Castrocontrigo, en la Cabrera. La resolución de Boletín, que completa reproducimos abajo, identifica la lista completa de todos la casos en los que ahora la Junta volverá a dejar cazar mucho antes de lo que admite la norma general.

También la medida afecta a terrenos cinegéticos que son de la propia administración autonómica, como es la Reserva Regional de Caza de Riaño, que se cuantifica ahora en un 32% quemada, entre los municipios de Burón, Riaño y Boca de Huérgano, por el incendio de Barniedo de la Reina.

Las vías para impedirlo y resuesta de Carriedo

La polémica resolución que permite regresar las escopetas de los cazadores y la subasta de licencias y animales a zonas aún visiblemente calcinadas aún podrá ser objeto de un recurso de alzada ante el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, con un plazo de un mes a partir de hoy que se ha publicado oficialmente. Transcurrido ese plazo sin oposición alguna “será firme a todos los efectos”, amén de que también se pueda producir alguna denuncia judicial por la vía del contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León.

Preguntado por esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido que si la Consejería de Medio Ambiente ha tomado esa decisión es porque los técnicos consideran que es “oportuno” permitir la caza, pese a que han pasado únicamente unos meses desde los incendios y no los cinco que prevé la Ley como referencia, recoge Efe.

Carriedo ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente para conocer el contenido de los informes técnicos a los que ha aludido, pero que no se mencionan en la resolución, para justificar esta decisión, que le permite tomar la norma siempre y cuando “se acredite la compatibilidad” de la caza y la recuperación medioambiental de las zonas incendiadas.

Aquí dejamos la resolución de retorno prematuro de la caza en las zonas incendiadas en la provincia de León, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León:

Investigadores de la Fundación Artemisan (Ciudad Real), Universidad de Córdoba y Universidad de León han publicado un estudio que analiza la gestión de depredadores en cotos de caza para avanzar hacia un modelo más sostenible en favor de una gestión integral de la depredación.

El trabajo al que ha tenido acceso la Agencia EFE, publicado recientemente en la revista científica Animals, se basa en datos de 373 cuestionarios realizados en cotos de caza y en información proporcionada por los departamentos autonómicos de fauna silvestre.

El 87% de los cotos encuestados realiza algún tipo de control de depredadores, siendo el zorro rojo (Vulpes vulpes), el jabalí (Sus scrofa) y la urraca (Pica pica) las especies más frecuentemente gestionadas.

Sistemas de control

El control mediante disparo está autorizado en todas las comunidades autónomas, mientras que el uso de trampas de retención homologadas solo está permitido en once regiones y se utiliza activamente en siete.

La intensidad del control varía según quién lo realiza: los guardas de caza a tiempo completo logran mayores tasas de captura de zorros, mientras que los cazadores obtienen mejores resultados en el caso de las urracas y los jabalíes.

Los autores destacan que, aunque la legislación nacional exige métodos selectivos y no masivos desde la aprobación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aún existen diferencias significativas entre comunidades en cuanto a regulación, certificación de especialistas y uso de métodos autorizados.

En autonomías como Castilla-La Mancha y Extremadura, donde se ha recuperado el lince ibérico (Lynx pardinus), se aplican restricciones específicas para evitar capturas accidentales de esta especie protegida.

Gestión del hábitat

El estudio también analiza el papel de la gestión del hábitat como medida complementaria para reducir la depredación.

Curiosamente, los cotos que no realizan control de depredadores aplican más medidas forestales y agrícolas que aquellos que sí lo hacen, lo que sugiere que la mejora del entorno puede ser una alternativa eficaz al control directo de especies.

Los investigadores proponen avanzar hacia un marco nacional de 'gestión de la depredación' que combine el control selectivo con la mejora del hábitat y la integración de depredadores ápice como el lince ibérico o el águila imperial.

También abogan por facilitar el control de gatos asilvestrados mediante métodos no letales, dado su impacto demostrado sobre la fauna silvestre.

El estudio concluye que la profesionalización del control, el uso de nuevas tecnologías como cámaras trampa y aplicaciones móviles, y la implicación de cazadores en programas de seguimiento voluntario son claves para una gestión cinegética más eficaz y respetuosa con la biodiversidad. 

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Veguellina de Órbigo (León) han detectado varias infracciones graves en materia de caza durante la temporada de berrea, una época en la que los ciervos se vuelven más vulnerables al exponerse en espacios abiertos.

En un operativo realizado en un coto de caza de la comarca de La Valduerna, los agentes interceptaron un vehículo que circulaba lentamente por el monte.

En su interior viajaban dos cazadores residentes en Extremadura que portaban armas de caza y dos monoculares térmicos, dispositivos prohibidos para la actividad cinegética en Castilla y León.

En otra actuación en el término municipal de Truchas, los agentes escucharon disparos y observaron movimientos sospechosos de vehículos todoterreno.

Tras interceptar uno de ellos, localizaron en el maletero un arma de caza y una cabeza de ciervo macho sin el precinto reglamentario. El cuerpo del animal, ya despiezado, fue hallado en las inmediaciones.

Además, durante una verificación rutinaria, se identificó a una persona con antecedentes por infracciones similares. En el registro de su vehículo se encontraron partes de dos ciervos (cuartos traseros, paletillas y lomos) sin documentación que acreditara su legal procedencia.

Todos los hechos han sido puestos en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al considerarse presuntas infracciones graves según la Ley 4/2021, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos.

Las sanciones pueden oscilar entre los 2.000 y los 10.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza por un periodo de uno a tres años. También se contempla una indemnización de 5.000 euros por ejemplar de ciervo macho a favor del titular del aprovechamiento cinegético.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, se reunió hoy con representantes de las juntas vecinales afectadas por los incendios forestales de Barniedo de la Reina y La Uña, dentro de la Reserva Regional de Caza de Riaño, con el objetivo de abordar las “diferentes, rápidas e inmediatas actuaciones” que se van a llevar a cabo por parte del Gobierno autonómico para mitigar y reducir los daños del fuego y que suponen un montante total para la zona de 3.365.850 euros.

En la cita se aseguró que la administración autonómica cubrirá el cien por cien de las pérdidas en los pueblos derivadas de los permisos de caza y que suponen 241.000 euros, lo que se articulará a través de una subvención directa a cada junta vecinal para reponer los ingresos perdidos derivados de los efectos de estos incendios forestales.

Eduardo Diego especificó que se destinarán algo mas de dos millones de euros para la contratación de diferentes obras de mejora de los montes, lo que tratará de “reducir la erosión del suelo e impedir la contaminación de los acuíferos por las cenizas producidas”. En concreto, para los terrenos afectados por el incendio de Barniedo, a estas obras de contratación de emergencia se destinarán 1.672.800 euros, mientras que para el incendio de La Uña serán 402.000 euros.

También desgranó otro tipo de inversiones que la administración autonómica destinará a esta zona, como 300.000 euros para la compra de alimentación suplementaria destinada a la fauna de esta reserva regional de caza. En otra línea de actuaciones se encuentra la inversión de 750.000 euros para diferentes mejoras en las infraestructuras dañadas por el incendio, como señalética o accesos en el terreno que afecta también al Parque Regional.

“Yo podría pararme en la mitad de la Quinta Avenida de Nueva York, dispararle a alguien y aun así no perder ningún votante, ¿ok? Es increíble”.

La frase, que entonces escandalizaba y hoy parece de juguete, fue pronunciada en 2016 por un estrafalario multimillonario que aspiraba a presidir Estados Unidos, un tal Donald Trump. Era la quinta esencia del ‘trumpismo’, la estratégica ecuación de escándalo, verborrea y simplismo permanentes que penetran hasta el córtex cerebral de las masas y que ha infectado en tiempo récord a la política mundial.

Y es que la carrera del máster de populistas ha ido siempre como un tiro. De hecho, fue otro disparo, el del atentado sufrido en la precampaña de 2024, el que marcaría su triunfal retorno al epicentro del poder mundial situado en la Casa Blanca, a pesar de gravísimas condenas penales e intentonas golpistas.

Esa inoculación del ‘trumpismo’ ha hecho sucumbir a grandes países, como Brasil o Argentina, que han entronizado, como ha ocurrido ya dos veces en Estados Unidos, a líderes igual de desquiciados.

Aunque a la extrema derecha de España no le funciona tan bien por ahora, tampoco le es ajena esa escalada. En este contexto, está prendiendo en su argumentario de la actualidad el símil de la escopeta, de los tiros, de las batidas. El Partido Popular, sobre todo, ha decidido cebar los discursos con conceptos como la defensa de los valores tradicionales del campo, la supremacía humana o incluso la necesidad de disparar para defenderse. Todo un discurso del miedo. Mejor dicho, del terror. Ahí es donde tienen en la mirilla con insistencia machacona a un viejo pero nuevo enemigo: el lobo ibérico.

En el fragor de la ofensiva institucional contra la protección por parte del Gobierno a esta especie, tan icónica de la España natural, y contra cuya falsa imagen feroz luchó Félix Rodríguez de la Fuente, entre otros, la diputada del PP Milagros Marcos ha llegado a mencionar en todo un Congreso de los Diputados la “pesadilla” a la hora de “acudir al centro de salud o la iglesia” en los pueblos por la amenazadora presencia de lobos. Garantizaba la parlamentaria que con las políticas de desprotección de la especie que ha forzado su partido desde el Senado -a través de la triquiñuela de tramitarla en la Ley de Desperdicios-, se podría ahora transitar por los caminos del país “sin miedo a encontrar el ganado asesinado en los pastos, a mandar a los niños al colegio”. Sinceramente, hay cosas en las que ni Trump no ha llegado tan lejos.

La diputada del PP Milagros Marcos ha llegado a mencionar en todo un Congreso de los Diputados la “pesadilla” a la hora de “acudir al centro de salud o la iglesia” en los pueblos por la amenazadora presencia de lobos

Nada les importa que no esté documentado ningún ataque a seres humanos en el último siglo. Ciertamente, el debate de la sostenibilidad y equilibrio de la ganadería extensiva y especies como el lobo es muy complejo, pero la derecha, más o menos extrema, gusta de bordearlo por el lado más sangriento aunque no tengan ni la munición de los datos oficiales. Y lo que es peor, acusan de decisiones ideológicas al actual Gobierno progresista precisamente quienes han decidido convertir el ataque a los lobos en un arma política de destrucción masiva.

Sin embargo, ¡cómo cambia el cuento!, los mismos cargos públicos populares, allí donde gobiernan, son muy cuidadosos al elegir eufemismos para no llamar por su nombre a la política que defienden, de reducir la población de lobos disparándolos, cazándolos, aprobando licencias cinegéticas oficiales para abatirlos por decenas, a disparo limpio. No: lo llaman “capturas”, incluso “extracciones”. Buenos, siendo estrictos, ciertamente les “extraen” la vida.

Veamos un ejemplo concreto con datos objetivos, indiscutibles. Vamos a León, paraíso de la biodiversidad que suma el mayor número de reservas de la biosfera o es refugio de las últimas decenas de ejemplares de especies que pronto serán sólo un sueño, como el urogallo.

El último censo decenal oficial en España hasta ahora cifraba en 433 los ejemplares de lobo ibérico estimados sólo en esta provincia. Pues bien, según datos oficiales de la propia Junta de Castilla y León, en los últimos ocho años antes de que Europa primero y España después elevara a máxima la protección de esta especie, la Consejería de Medio Ambiente autorizó abatir 356. Casi uno por cada día de un año. La cuenta es sencilla: dio el parabién para matar un 82% de los lobos ibéricos existentes. Es cierto que no se consiguió acabar con todos ellos pero la cifra final de cánidos abatidos sí que fue salvaje: 186. O sea, en ocho años, y sólo en León, se acabó a tiros con el 43% de los lobos.

Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), una de las incansables luchadoras por la biodiversidad y la defensa de la especie, llegó a resumir que “León es un pozo negro: los lobos que se matan aquí son un disparate, ponen en jaque a toda su población en España”.

Para rematar esta locura, la Junta sumó en muchos de aquellos años varias condenas judiciales del Tribunal Superior de JUsticia que ordenaban paralizar los planes de caza de la especie. Sentencias demoledoras que no servían de nada: llegaban años después, ‘a lobo pasado’, con ellos muertos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no es Donald Trump. Tampoco lo son sus homólogos de comunidades ‘loberas’ como Barbón en Asturias, Rueda de Galicia o Sáenz de Buroaga en Cantabria. Pero una vez impuesta la ametrallada idea de que los hermanos Grimm tenían razón, que los lobos se comen niñas y abuelitas, y de que el mejor del cuento era el cazador, si cualquiera de ellos algún día dijera: “Yo podría pararme en la mitad de ese monte, dispararle al primer lobo que pase y ganar votantes”, mucho me temo que tendría razón.

Un juzgado de Madrid ha bloqueado una herencia de 14 millones de euros, entre dinero y propiedades, que dejó tras su muerte un vecino de la provincia de León fallecido hace tres años, que se repartió entre una persona y varias instituciones religiosas. El tribunal trata de dilucidar en un juicio si finalmente esta herencia la recibe el hijo biológico del fallecido.

Según ha informado a EFE el abogado sevillano Fernando Osuna, se trata de la herencia de un hombre que murió sin reconocer a su único hijo, fruto de una relación con una mujer casada hace 49 años, que aunque nunca fue reconocido en vida sí lo consiguió por sentencia judicial, ratificada por el Tribunal Supremo (TS).

Osuna ha concretado que el padre, que vivía en un piso de lujo en Madrid de más de 400 metros cuadrados, se empadronó ficticiamente en Pamplona “para aprovecharse del sistema civil de herencias en Navarra”, con el fin de desheredar a su hijo, lo que ha sido denunciado también y como consecuencia el juicio por este caso está fijado para abril de 2026.

“Es decir, este señor no ostentó nunca relaciones mercantiles, ni comerciales, ni familiares, ni sociales ni de ningún otro tipo en Navarra y a pesar de ello, sin ninguna explicación ni motivo razonable que lo avalase, decidió adquirir la vecindad civil navarra”, explica la denuncia presentada en su día.

Un albacea con 10.000 euros de sueldo y animales abandonados

La herencia, explica el letrado, se la dejó a un ciudadano leonés y a instituciones religiosas de León y Zamora, además de nombrar a un albacea para administrar el dinero, al que puso un sueldo de 10.000 euros al mes.

Se da además la circunstancia de que el fallecido dejó en herencia una finca con un coto de caza, cuyos animales se encuentran abandonados, lo que ha motivado una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Ante los indicios presentados por el denunciante, el juez ha bloqueado preventivamente la herencia, cuyos fondos no podrán ser usados, y en caso de fallar a favor del hijo del fallecido, todo el capital pasaría a sus manos, al ser el único hijo del mismo.

El Ministerio para la Transición Ecológica “acaba de concluir” la toma de datos para elaborar el nuevo censo de lobo ibérico, más de una década después del último, “y el dato final dice que en España hay menos lobos que linces”. Así lo ha avanzado este miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

“Todas las administraciones han puesto en marcha políticas para volver a introducir el lince en sus territorios. La reflexión que debemos hacer es por qué el lince sí y el lobo no, si los dos prestan servicios similares”, ha expresado Morán durante un desayuno informativo organizado en Madrid por Executive Forum.

Tras comparar los casos del lobo, el lince y el oso, el secretario de Estado ha asegurado que la primera de estas especies es objeto de un “prejuicio” que lleva “a cometer errores”. “Seamos conscientes de que estamos ante un mismo problema. No podemos elegir proteger solo un porcentaje de la naturaleza. Hay que protegerla en su conjunto”, ha señalado.

El reciente censo de linces habla de 2.401 individuos, con 1.557 adultos o subadultos y 844 cachorros nacidos en 2024, según datos del Ministerio. Según el último censo de lobos, realizado entre 2012 y 2014, en España había unos 2.500 individuos, agrupados en 297 manadas. El nuevo censo, para el que algunas autonomías han ofrecido ya datos oficiales nuevos, está en fase de elaboración final con carácter nacional.

Dos meses después de que el lobo fuera sacado del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lesrpe) para los territorios al norte del río Duero, varias autonomías han concretado sus planes de captura de ejemplares. Así, por ejemplo, el Gobierno de Cantabria ya ha informado de la muerte de 9 animales y está en proceso de abatir otros 21.

Castilla y León, que aireó datos parciales y contradictorios del nuevo censo en este territorio y continúa negando todo el informe y estadísticas oficiales de daños a la ganadería a ILEÓN desde hace meses, ha manifestado públicamente que espera a que se pronuncie Europa de manera inminente, tras lo cual aspira a que se pueda cazar también la especie en las cuatro provincias al sur del Duero, como hasta ahora jamás se pudo hacer. Antes de su protección, en lugares como la provincia de León la Junta autorizó matar 359 lobos en ocho años, respecto aun censo que se había cifrado en 433 ejemplares, de los cuales finalmente murieron por disparos autorizados un total de 189. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) ha justificado hace poco que se trataba de “un plan de conservación”.

Ante la oleada de nuevas autorizaciones de batidas de control de la especie, las organizaciones contrarias a las llamadas 'capturas' han abierto numerosos frentes judiciales mientras exigen que se frenen estas decisiones y el Gobierno mantenga la protección del lobo.