El PSOE ha reclamado este domingo a la Junta de Castilla y León que incluya a los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en las ayudas destinadas a hacer gratuita la primera matrícula universitaria y termine así con lo que considera una “incomprensible exclusión”.

El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Castilla y León, Javier García, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley (PNL) para que puedan beneficiarse de la medida los alumnos de la UNED empadronados en Castilla y León que estudien en centros asociados de la Comunidad, ha informado el partido en un comunicado.

García ha considerado que la convocatoria diseñada por la Junta genera “agravios comparativos” y ha defendido especialmente el papel de la enseñanza a distancia en una comunidad caracterizada por la dispersión geográfica y el peso de la población rural.

“En una comunidad como la nuestra, la UNED es vertebradora e insustituible, porque permite estudiar a quienes viven en los pueblos o a quienes trabajan o concilian familia y formación”, ha sostenido. El PSOE critica además que la gratuidad se articule mediante un sistema de ayudas y no como una exención directa de la matrícula, un aspecto sobre el que el Grupo Socialista ya ha registrado otra iniciativa en las Cortes para pedir que los estudiantes no tengan que adelantar el dinero.

La Junta de Castilla y León situará en Arroyo de la Encomienda, en el alfoz de Valladolid capital, un espacio físico que anunció esta semana como gran novedad para el impulso del Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos 2024-2031. Se trata de la llamada Oficina Técnica de Soporte y Coordinación Turística, que junto a la otra novedad para montar un 'Plan integral de Marketing y Comunicación de la Estrategia Turística Integral', tendrán un coste de medio millón de euros.

Sendas novedades fueron aprobadas en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que conforma el cogobierno del Partido Popular (PP) y Vox, y anunciadas por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

Fue él quien, a preguntas de los periodistas, detalló que la sede de la oficina de nueva creación no estaría en ninguno de los 206 municipios que, no sin gran polémica, finalmente se incluyeron dentro del Plan de Tierra de Campos. El espacio físico final se situará en realidad en Arroyo de la Encomienda. Y se hará así, detalló el portavoz, porque allí se asienta la sede de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (Fafecyl). El lugar dista cerca de 60 kilómetros del municipio más cercano de la comarca de Tierra de Campos en la propia provincia de Valladolid, una de las cuatro provincias que la conforman, junto a las de León, Zamora y Palencia.

Ante esta lejanía física de la nueva infraestructura que se pretende impulsar con este millonario Plan de Tierra de Campos, puesto en marcha a finales de 2024, y el hecho de que no se aprovechara la creación de esta Oficina de Coordinación Turística para ubicarla en algún municipio del propio territorio, incluso generando allí empleo o nuevas sinergias, Carriedo insistió en que el emplazamiento de su sede es indiferente. “No se trata tanto de lugares físicos sino de un cambio de la percepción dentro del conjunto de España o a nivel internacional para aprovechar todos los recursos y que aumente el tirón en el ámbito del empleo en el territorio”, explicó en la rueda de prensa.

El Consejo de Gobierno autorizó en esa sesión los 500.000 euros de aportación económica propia, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, a la Fundación Anclaje para financiar “el diseño, puesta en marcha, gestión e impulso de una Oficina Técnica de Coordinación Turística”, junto al Plan integral de Marketing y Comunicación en Desarrollo de la Estrategia Turística Integral. Se trata se diseñar una 'marca' turística propia bajo el concepto de “Turismo del Sentir”, con un mensaje de destino único al margen de que reparta entre cuatro provincias.

Explican que desde esta oficina en Arroyo de la Encomienda se dirigirá la correcta ejecución de la estrategia, se realizará el seguimiento de las actuaciones y se asegurará una comunicación y marketing común del destino. “Asimismo, trabajará con las administraciones y los agentes del territorio para mantener alineados los proyectos, las prioridades y los mensajes de ‘Tierra de Campos, a cielo abierto’. El plazo para el impulso de ambas iniciativas se enmarca entre los años 2026 y 2029.

El recuento y destino de lo ya invertido

También se informó de que han ya 1.705.000 euros los aprobados en octubre de 2024 y mayo de 2026 a la Fundación Anclaje, y de los cuales se han repartido ya a fecha actual ayudas de 15.000 euros a un total de 106 nuevos emprendedores de las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora para su implantación en alguno de los municipios incluidos en el Plan.

También se ha sufragado con ello el desarrollo de una plataforma web y la mencionada estrategia turística para Tierra de Campos. La Junta ha destinado también un millón de euros con el mismo objetivo de apoyo al emprendimiento dentro del Plan Socioeconómico de La Raya en las provincias de Salamanca y Zamora. Hay que tener en cuenta que el montante total del Plan, hasta 2031, asciende a  63,19 millones, con apoyo también las cuatro diputaciones provinciales.

La Junta ha pasado ya página con la cifra final de municipios que podrán concurrir a los diferentes tipos de ayudas públicas, tras meses de polémica por algunas exclusiones iniciales, que se denunció que fueron por motivos de siglas políticas, y posteriormente por abrir la mano a municipios que geográficamente son muy ajenos a esta comarca rural en el corazón de la actual autonomía de Castilla y León.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha aplaudido la aprobación en las Cortes de Castilla y León de su iniciativa para instar al Gobierno central a reclasificar a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la categoría C1, con el objetivo de poner fin a la “discriminación profesional” que sufre el colectivo.

La formación leonesista ha valorado este jueves en un comunicado que la Comisión de Sanidad y Bienestar Social haya dado luz verde a tres de los cuatro puntos de su proposición no de ley (PNL). Mediante esta resolución, el Parlamento autonómico también reclamará al Ejecutivo central que reconozca a las TCAE como profesión sanitaria y actualice sus funciones, ancladas en una normativa de 1973. El punto relativo a la subida a la categoría C1 ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, que se ha abstenido.

En su defensa de la iniciativa, la procuradora de UPL, Rosa Quintanilla, ha recordado que a estas profesionales se les exige el título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional, titulación que el Estatuto Básico del Empleado Público equipara al subgrupo C1. Sin embargo, ha denunciado que formalmente continúan encuadradas en el grupo C2, lo que les supone una pérdida retributiva continuada.

Desde UPL han incidido en que mantener esta clasificación por debajo de la titulación exigida contribuye a “perpetuar la brecha salarial de género”, al tratarse de una profesión mayoritariamente femenina.

La Universidad de Burgos (UBU) y la Junta de Castilla y León han coincidido en defender e incluso aplaudir el gran aumento del número final de matrículas en el grado de nueva implantación de Medicina, que partió de 72 plazas autorizadas y suma ahora mismo 126 matriculados, a pesar de las críticas surgidas por el hecho de que la Universidad de León se ha limitado a las 80 que marcaba la memoria oficial aprobada.

En el acto oficial de inauguración del curso académico de la UBU, celebrado este lunes en el Paraninfo, el rector, José Miguel García Pérez, insistió en que dentro de la normalidad, se mantendrá el anunciado desdoble de su nuevo grado de Medicina, con dos grupos en el inicio de curso, pese a que el número de matrículas se ha ido ajustando a lo previsto en la memoria de acreditación de la nueva titulación, informa Efe.

El responsable de la universidad burgalesa ha sostenido que es “muy difícil” atinar con las listas de admisión porque en el caso de Medicina los aspirantes suelen inscribirse en todas las universidades y luego eligen la que prefieren. Las cifras más actualizadas indican que la UBU contaba antes del verano con 220 matrículas, que al 7 de septiembre ya eran 159, la semana pasada 134 y este lunes 126. En todo caso, cifras muy superiores a las 72 matrículas previstas en la acreditación. Se trata de algo que “se corregirá para próximos cursos con la experiencia de este año, para poder ajustarse a la previsión inicial”, ha explicado el rector sin ahondar más en la polémica.

Es más, coincidiendo con el argumento esgrimido la semana pasada por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que esto indica que “ha sido un éxito” la nueva titulación, “porque habíamos previsto que las universidades con la implantación reciente de Medicina en La Rioja, León y Burgos, tendrían menos alumnos para matricularse”, ha explicado García Pérez.

Por su parte, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también ha tratado de normalizar esa desigualdad final de matrículas entre las dos universidades públicas de Castilla y de León que estrenaban Medicina. Lo hizo negando que exista controversia entre los rectores, a pesar de que no ha sido la crítica de la de León, Nuria González -presente en el acto de hoy en Burgos-, sino la de Unión del Pueblo Leonés (UPL) la que ha levantado la polvareda pública.

Quiñones afirmó que “todas las decisiones se toman en comisión académica, ninguna compite con ninguna porque todas son complementarias, tanto públicas como privadas, y la rectora de Universidad de León estoy seguro de que está contenta con lo que ocurre en cualquier otra universidad”.

Suárez-Quiñones ha recordado que la Junta de Castilla y León ha incrementado la financiación para esta universidad, la de Burgos, un 35% desde 2019 y ha señalado que parte de esa financiación, 3,4 millones se han destinado este curso al arranque del título de Medicina, a los que sumarán 19,5 millones para infraestructuras necesarias para implantar esta titulación, recoge también Efe.

La iglesia de San Salvador de Rodanillo, conocida actualmente como la ermita del Santo Cristo, vuelve a reclamar atención para evitar que el deterioro del edificio termine afectando a las pinturas murales que conserva ocultas bajo varias capas de cal. Los informes técnicos realizados en los últimos años advierten de problemas de humedad, estabilidad de los muros y filtraciones, mientras el interés por recuperar los frescos ha llevado de nuevo el futuro del templo a las Cortes de Castilla y León.

El último paso ha sido el registro, el pasado 15 de septiembre, de una nueva Proposición No de Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista para reclamar a la Junta una intervención prioritaria en el inmueble. La iniciativa plantea actuar primero sobre el continente —garantizando la estabilidad estructural, atajando las humedades y mejorando la evacuación del agua— y abordar posteriormente un proyecto específico para investigar, consolidar y recuperar las pinturas. Se trata, además, de una reivindicación que ya ha pasado anteriormente por el Parlamento autonómico: en 2024 se reclamó un estudio completo de las pinturas ocultas y en 2025 se planteó la necesidad de garantizar la solidez del edificio antes de proceder al rescate de los murales.

El estado del edificio preocupa especialmente porque los diagnósticos no se limitan a una valoración política. Un informe firmado por Luis Grau Lobo, director del Museo de León, alerta del progresivo deterioro de la iglesia y del riesgo de que se produzcan daños irreversibles. A este documento se suman otros análisis técnicos, entre ellos uno realizado en febrero de 2025 por el técnico de Patrimonio Carlos Castro Velázquez y otro elaborado en septiembre de ese mismo año por Juan Carlos Martín, especialista del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, centrado en las pinturas murales.

Un mural oculto durante siglos

La importancia del templo va más allá de su arquitectura. En su interior han aparecido indicios de un gran retablo mural dividido en tres calles y dos alturas, con representaciones relacionadas con la vida de Jesús. Parte de las pinturas fueron descubiertas detrás del retablo mayor y posteriormente se identificaron restos de un conjunto de mayores dimensiones en la pared este. El mural permanece oculto en buena medida bajo capas de cal, lo que dificulta conocer todavía su extensión y estado de conservación.

La dimensión del hallazgo ha llevado a compararlo con otros conjuntos pictóricos del Bierzo. Durante la tramitación parlamentaria de 2024, representantes de los grupos políticos señalaron que solo las pinturas de Peñalba de Santiago presentan en la comarca unas dimensiones comparables, aunque todavía es necesario estudiar en profundidad cuánto se conserva en Rodanillo.

Los primeros trabajos de recuperación fueron impulsados desde la propia localidad. La Junta Vecinal de Rodanillo obtuvo en 2004 la cesión del antiguo templo por parte del Obispado y en 2008 los vecinos financiaron actuaciones sobre el tejado y el pavimento. El descubrimiento de las pinturas se produjo posteriormente, al localizar restos pictóricos detrás del retablo, y desde entonces diferentes especialistas y vecinos han tratado de documentar el conjunto.

Los nuevos informes han vuelto a poner el foco en la necesidad de actuar sobre el edificio antes de que el deterioro comprometa definitivamente las pinturas. Entre las medidas señaladas por los especialistas aparecen la consolidación de los muros, el control de las humedades y la instalación de un sistema adecuado de canalones para evitar que el agua continúe afectando a la fábrica del templo.

La propuesta plantea que, una vez asegurado el edificio, se ponga en marcha un proyecto científico específico para estudiar y recuperar los frescos, con la participación de la Junta, el Ayuntamiento de Bembibre, la Junta Vecinal de Rodanillo y colectivos culturales. El objetivo sería pasar de las actuales evidencias parciales a una investigación que permita determinar qué pinturas se conservan, cuál es su alcance y qué intervención necesitan.

La iglesia de San Salvador cuenta además con una larga historia documental: existe una referencia al templo en 1247, en un documento del papa Inocencio IV relativo a los diezmos y posesiones de San Salvador de Rodanillo. En su interior conserva también elementos de diferentes épocas, entre ellos parte de un artesonado barroco del siglo XVII.

La Región Leonesa presenta una menor protección frente al desempleo que el conjunto de las provincias castellanas. La tasa de cobertura recogida en los estudios nacionales del desempleo referentes a 2025 se sitúa en el 75,9% en León, Salamanca y Zamora, frente al 85,2% del conjunto de las seis provincias de lo que queda de Castilla La Vieja en esta comunidad autónoma.

Así lo muestran los datos datos recogidos en los últimos Informes del Mercado de Trabajo publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) referentes al año 2025 y correspondientes de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, confrontados con el Informe Nacional y los del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2025 , que remiten a la Encuesta de Población Activa (EPA). Separado por las dos regiones que conforman la actual comunidad autónoma, sitúan la tasa de paro de la Región Leonesa en el 9,6%, frente al 7,7% del conjunto formado por Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. La diferencia aparente parece escasa, de tan sólo de 1,9 puntos, pero que realmente significa una distancia de prácticamente un 25% entre los dos territorios confrontados los dos datos.

Esto significa que una brecha de 9,3 puntos porcentuales entre los parados que cobran estas cantidades de protección social en Castilla más que en la Región Leonesa, ya que las tres provincias leonesas quedan por debajo de la media autonómica del 78,7% de parados con prestaciones contributivas (lo que se conoce como el paro popularmente dicho) y los subsidios (cuando se acaba o no se tiene derecho a cobrar por no haber trabajado el tiempo suficiente), que son en esencia ayudas asistenciales. Salamanca registra la cobertura más baja de las tres, con un 74,4%, seguida de León, con un 76,2%, y Zamora, con un 77,1%. En el otro extremo aparecen las provincias castellanas de Soria, con un 99,8%, y Segovia, con un 93,6%, y Burgos, al 89,4% según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Cuatro puntos por debajo en el paro

Tener una tasa de empleo baja depende de cuántas personas trabajan, cuántas buscan ser contratadas y cuántas permanecen fuera de ambas situaciones, y en este caso la separación alcanza los 4,2 puntos: un 47,1% del País Leonés frente a un 51,3% de las provincias castellanas. Esa distinción resulta fundamental para entender las diferencias entre la Región Leonesa y las seis provincias castellanas con las que comparte comunidad autónoma.

La comparativa de datos de 2025 dibuja una desventaja para León, Salamanca y Zamora que va más allá del desempleo: una participación laboral inferior, una menor proporción de población ocupada y debilidades productivas que condicionan sus oportunidades.

Ambas regiones aparecen por debajo de la tasa de paro española del 10,5% que recogen los informes, pero esa posición aparentemente favorable convive con una participación en el mercado de trabajo bastante inferior a la estatal en el territorio leonés.

Menor tasa de actividad en el País Leonés

Las tres provincias de la Región Leonesa se sitúan por debajo de la media española en participación en el mercado laboral, con León en la posición más desfavorable. Su tasa de actividad es del 50%: solo la mitad de la población de 16 o más años trabaja o busca empleo, frente al 58,94% del conjunto de España. Zamora, con un 52,2%, queda 6,74 puntos por debajo del promedio nacional, mientras Salamanca alcanza el 54,1%, todavía a 4,84 puntos de esa referencia.

León presenta la mayor distancia con el conjunto del país, de 8,94 puntos porcentuales. El dato refleja una reducida participación laboral, aunque no permite identificar automáticamente a la población inactiva con personas desempleadas: también incluye a jubilados, estudiantes y personas dedicadas a cuidados que no trabajan ni buscan empleo activamente. La tasa de actividad de la provincia se sitúa en el 50%. Es decir, aproximadamente la mitad de su población de 16 y más años está ocupada o buscando trabajo. Valladolid alcanza el 58,4%; Soria, el 58,3%, y Segovia, el 57,5%. Salamanca, con un 54,1%, y Zamora, con un 52,2%, también superan el registro leonés, aunque permanecen lejos del promedio nacional.

La distancia se acentúa al comparar León con Valladolid, cuya tasa de actividad apenas está medio punto por debajo del promedio nacional. Entre ambas provincias hay una brecha de 8,4 puntos. Burgos, con un 56,4%, también supera a las tres provincias leonesas, mientras Palencia, con un 52,2%, iguala el registro de Zamora y se sitúa prácticamente al nivel del conjunto de la Región Leonesa.

En conjunto, la Región Leonesa registra una tasa de actividad del 52,1%, según la comparativa aportada, lo que la deja a 6,84 puntos de la media española (58,94%) y a 2,33 de la autonómica, situada en el 54,43%. Salamanca obtiene el mejor resultado de las tres provincias leonesas, pero tampoco alcanza ninguna de esas dos referencias.

La otra mitad de la población leonesa no puede identificarse automáticamente con personas que han renunciado a encontrar trabajo. La inactividad incluye situaciones distintas, como la jubilación, los estudios o la dedicación a cuidados. Además, al ser un territorio envejecido con más de una tercera parte de su población jubilada, implica que la baja tasa de actividad es endémica.

Tasa de empleo por debajo del 50% en León y por encima en Castilla

La tasa de empleo ayuda a completar el retrato. En León se sitúa en el 44,9%, frente al 46,6% de Zamora y el 49,8% de Salamanca. En el bloque castellano, Segovia alcanza el 54,1%; Soria, el 53,8%, y Valladolid, el 53,2%. Entre León y Segovia hay una distancia de 9,2 puntos: una diferencia considerable en la proporción de población adulta que tiene trabajo.

El desempleo también presenta contrastes provinciales. Zamora registra una tasa del 10,7% y León, del 10,2%, las más elevadas entre las cifras provinciales recogidas en el documento. Salamanca baja al 8%. Al otro lado, Segovia se sitúa en el 5,9%; Burgos y Palencia, en el 7,6%; Soria, en el 7,7%, y Valladolid, en el 8,8%. La diferencia entre Zamora y Segovia llega a 4,8 puntos porcentuales.

El caso salmantino es especial, al ser la única provincia leonesa que tiene buenos datos incluso respecto a Valladolid. Los informes nacionales atribuyen a 2025 una reducción del número de desempleados EPA del 30,7%. Zamora también registra una caída importante, del 18,8%, aunque mantiene una tasa elevada. Una mejora anual y una posición desfavorable pueden coexistir: reducir el paro no equivale necesariamente a haber cerrado la distancia con otros territorios.

En términos absolutos, la EPA del cuarto trimestre de 2025 recogida en el documento contabiliza 40.200 personas desempleadas en la Región Leonesa: 19.400 en León, 12.600 en Salamanca y 8.200 en Zamora. Las seis provincias castellanas suman 55.900. El territorio leonés reúne, por tanto, el 41,83% de las 96.100 personas paradas del conjunto autonómico.

Los datos en bruto de los demandantes de empleo contabilizan 20.689 personas buscando trabajo en León; 16.159 en Salamanca, y 8.211 en Zamora. En total el registro de las oficinas de empleo ofrece un dato bastante notorio: 45.059 personas inscritas en León, Salamanca y Zamora a 31 de diciembre de 2025, frente a 56.946 en las provincias castellanas; el 44,2% de los 102.005 en el total autonómico. Visto de otra forma, que no ayuda a considerar que las políticas de empleo dictadas desde Valladolid estén ayudando a los leoneses, hay casi tantas personas solicitando empleo en sus tres provincias como en las seis castellanas. Los leoneses que demandan un puesto de trabajo serían el cerca del 80% de todos los castellanos. El drama estaría en la provincia del norte de la región, la de León, ya que sus veinte mil personas apuntadas las oficinas de empleo serían la tercera parte de todos los que buscan ser contratados en las seis provincias de la región vecina.

Marcadas diferencias en la estructura productiva entre León y Castilla

La estructura productiva entre las dos regiones de la autonomía aporta una clara explicación a por qué una política de empleo común no funciona en León. Los análisis del SEPE y el CESCyL destacan la potencia industrial de Burgos, Valladolid, Palencia y Soria, con la automoción como una de las especializaciones de Valladolid. En Burgos, las empresas industriales representan el 11,7% del tejido empresarial considerado; en Soria, el 11,6%. Para León, mucho más centrado en la producción agroalimentaria, el dato disponible es distinto: la industria concentra el 12,02% de los contratos, frente al 21,38% autonómico. La mitad.

El dato que marca la distancia leonesa en contratación industrial es de 9,36 puntos respecto a la Comunidad. Según los informes del mercado de trabajo de la agencia estatal, las tres provincias cuentan con especializaciones propias. El SEPE señala como mayor potencial los proyectos de energías renovables e hidrógeno verde en León; la Universidad y los servicios sanitarios y administrativos en Salamanca, y la actividad agraria de Zamora, donde las empresas agrícolas representan el 12,2%, frente al 8,1% autonómico. Son bases más endebles sobre las que desarrollar actividad económica que la industrial.

Paro femenino

El reparto por sexo introduce un matiz adicional en la que sí parece ganar la Región Leonesa: las mujeres representan el 51,49% del paro en la Encuesta de Población Activa (EPA=: 20.700 desempleadas frente a 19.500 hombres. En las provincias castellanas, el porcentaje femenino asciende al 57,78%, con 32.300 mujeres y 23.600 hombres. Valladolid contabiliza 14.300 desempleadas frente a 8.600 desempleados; Burgos, 8.500 frente a 3.400.

Una distribución más equilibrada entre hombres y mujeres no acredita, por sí misma, una mayor igualdad laboral. León mantiene una tasa de paro femenino del 11,3% y Zamora, del 10,7%. En Zamora, hay casi empate los hombres desempleados eran 4.200 a finales de año y las mujeres —4.000.

Paro juvenil

El relevo generacional constituye otra preocupación. El documento cifra en aproximadamente 3.491 los jóvenes de entre 16 y 24 años inscritos como parados en las provincias leonesas, frente a 5.520 en las castellanas. León reúne 1.456; Salamanca, 1.422, y Zamora, unos 613. Los datos son otra vez persistentes cuando se comparan que surge uno de tres provincias y otro de seis (y con el 50% más de habitantes que la Región Leonesa): de los nueve mil jóvenes que buscan empleo, el 38,7% son leoneses.

La lectura política de estos informes económicos y sociales que intentan explicar las causas del desempleo a finales de 2025, fácilmente se va a la conclusión de que las diferencias son notorias entre las dos regiones, casi indefectiblemente a favor de las seis provincias castellanas. Esto remite al debate sobre las prioridades económicas de la comunidad si una de las dos regiones está más industrializada y sobre todo en un sector, la automoción, que no existe en el País Leonés.

Así, no es de extrañar que el leonesismo, reclame una Autonomía de la Región Leonesa ante las dudas de que Valladolid (donde está situada la central de Renault) diseñe un plan determinado para León, Salamanca y Zamora en vez de potenciar las especificidades del sector automotriz castellano. Y de esta forma las provincias leonesas, que se ven sin para decidir sobre su futuro desarrollo, continúan a la cola de la comunidad y de España en cuestión de dinamismo laboral y económico.

Nota: investigación de datos apoyada con la herramienta de IA Notebook Gemini

La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León han celebrado este jueves en la Basílica de San Isidoro de León la primera reunión de ambos órganos que se realiza fuera de su sede parlamentaria en esta legislatura, con un recuerdo al diálogo y al consenso que se dio en este lugar en las Cortes de 1188, considerado el primer parlamento del mundo.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha aplaudido que estas reuniones hayan podido celebrarse en un marco tan significativo para la historia parlamentaria, ha considerado fundamental que los ciudadanos “sientan las Cortes como la institución que les representa directamente” y ha avanzado que será la primera de una ronda de reuniones itinerantes de estos órganos por las distintas provincias.

“Hemos elegido León para comenzar este recorrido por la extraordinaria relevancia histórica de este enclave puesto que aquí se celebró en 1188 la primera reunión entre la curia y la plebe, marcando un hito en la historia parlamentaria que convirtió a esta ciudad en un referente para los valores de participación, representación y diálogo que siguen inspirando hoy nuestro trabajo”, ha agregado.

En la misma línea se han pronunciado los portavoces de los distintos grupos parlamentarios como el portavoz del grupo socialista, Carlos Martínez, quien ha insistido en la “necesidad de recuperar esa identidad del parlamento como diálogo, como búsqueda de consenso, de acuerdos”.

“Ya en la época medieval entendieron que así tenía que ser la organización de las sociedades y a eso es a lo que tenemos que intentar apelar una vez más en las Cortes de Castilla y León”, ha propuesto.

El portavoz del grupo parlamentario Vox, David Hierro, ha definido la experiencia como “un auténtico lujazo” y ha bromeado con que la Basílica, joya del románico español, “ es sin duda mucho más bonita que el edificio de las Cortes de Castilla y León” mientras que la portavoz del grupo parlamentario popular, Leticia García lo ha considerado un “honor, un privilegio y un placer”.

Por su parte la portavoz del grupo parlamentario mixto y líder de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, ha definido a San Isidoro como “el símbolo de la democracia” aunque ha lamentado que este “guiño” es “pequeño e insuficiente” y ha aprovechado para reclamar la descentralización de las Consejerías y el “autogobierno” de las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Segundo pleno del curso

 Las Cortes celebrarán los días 22 y 23 de septiembre su segundo pleno ordinario del presente curso y los grupos parlamentarios han avanzado las proposiciones no de ley que presentarán.

El PP pedirá al gobierno central que cumpla con Castilla y León “y no gobierne a sus espaldas”, en referencia al reparto de ayudas en materia tanto de vivienda como de financiación autonómica.

En vivienda, pedirá al Gobierno que retire el Real Decreto que reparte las ayudas en función de si han aplicado o no “las políticas fracasadas e intervencionistas de Pedro Sánchez” que han provocado que el mercado esté tensionado y que castiga a autonomías como Castilla y León “donde el modelo de vivienda funciona”, ha criticado García.

La segunda PNL exigirá la retirada del “modelo Junqueras” de financiación autonómica por ser “perjudicial” y “reducir” criterios como superficie, dispersión, envejecimiento o despoblación.

Por su parte el PSOE pedirá compromisos concretos, con la gratuidad de las matrículas universitarias para que los ciudadanos “no tengan que adelantar el dinero” así como un mayor compromiso económico con el sector primario ante el incremento de los precios tanto del combustible como de los fertilizantes, ha adelantado Martínez.

El Grupo Mixto, formado por UPL, Soria YA y Por Ávila, hará una interpelación relativa a las carreteras a la vista de su deficiencias y necesidades en base a un plan “caducado en 2020” y que no se ha actualizado, ha definido Gallego.

La Junta de Castilla y León no ve motivo alguno de polémica en el hecho de que la Universidad de Burgos (UBU) haya casi publicado el número final de alumnos matriculados en el nuevo grado de Medicina, respecto a los aprobados en su memoria, mientras la Universidad de León (ULE) haya cumplido escrupulosamente quedándose muy por debajo.

Se trata de la gran diferencia que separa los 134 alumnos ya matriculados a fecha de hoy en el campus burgalés, cuando tenía aprobados en origen 72, frente a los 80 de León. Una diferencia que ha sido motivo de fuerte crítica por parte de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que llevará este asunto al Parlamento autonómico, acusando a la Junta de actuar con “un doble rasero” dependiendo de si la universidad es de Castilla o de León.

El portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, no ha visto nada extraño en las cifras finales que se consolidan de matrícula, incluso admitiendo que no ha sido sólo en Burgos sino también en León donde se ha producido una avalancha de solicitudes de matrícula para el arranque de estos estudios aprobados en ambos casos en el año 2024.

Carriedo aseguró a preguntas de los periodistas que ese gran incremento final burgalés, lejos de ser irregular por superar el máximo del 10% de incremento que según UPL estaba establecido para las dos universidades, es una demostración de que el proceso “se ha hecho bien” y la decisión de ampliar Medicina en ambas ciudades “ha sido un éxito”. Más aún, añadió, cuando en general Castilla y León es la segunda comunidad con más alumnos provenientes de fuera de la autonomía.

Para el portavoz, la decisión de aumentar matrículas entra dentro de la “autonomía universitaria” y no hay problema “siempre que se mantenga la calidad del servicio que dan”. “Cada universidad, en el ámbito de su autonomía, es la que tiene la iniciativa para decidir su línea de actuación y, lógicamente, para decidir el número de alumnos”

Y por otro lado, vino a negar que ese notable crecimiento de alumnos suponga, a día de hoy, matizó, una mayor financiación de la Junta de Castilla y León a la UBU: “Las cantidades” en vigor “ya están acordadas y no se van a modificar”, zanjó.

La provincia de León recibirá 3.134.048 euros del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León correspondiente a este año 2026, la mayor cantidad de las nueve provincias de la Comunidad, como es habitual cada año. La cifra quedó formalizada este miércoles en Valladolid con la firma de la adenda al convenio entre la Junta y las diputaciones provinciales, suscrita por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

El acto, sin embargo, no fue anunciado previamente a los medios de comunicación. Ni la Junta de Castilla y León ni la Diputación de León realizaron una convocatoria pública para informar de la celebración de la firma o facilitar su cobertura periodística. Ambas instituciones dieron cuenta del encuentro después, mediante sendos comunicados de prensa distribuidos este miércoles, con sus respectivas explicaciones sobre el acuerdo, las cantidades que corresponden a León y cómo se confinancian.

El convenio tiene una repercusión directa sobre 153 municipios leoneses de menos de 1.000 habitantes. Para ellos se movilizan 2.135.719,75 euros, financiados a partes iguales en sus respectivos porcentajes por las tres administraciones implicadas: la Junta aporta 1.067.859,87 euros, equivalente al 50% del coste; la Diputación de León pone 533.929,94 euros, el 25%, y los ayuntamientos deberán asumir el 25% restante, otros 533.929,94 euros.

Plazo hasta enero de 2027

La institución provincial no solo aporta una cuarta parte de la financiación, sino que también asume la gestión administrativa de estas ayudas a través del área de Cooperación. Los municipios tendrán que presentar las solicitudes y la documentación por medios electrónicos mediante la sede de la Diputación de León. El plazo finalizará el 31 de enero de 2027.

El reparto global del Fondo de Cohesión Territorial reserva para León 3.134.048 euros de los 20 millones distribuidos por la Junta entre las nueve provincias. Salamanca recibe 2.501.347 euros, Zamora 2.423.547, Valladolid 2.214.280, Soria 2.091.133, Burgos 2.022.440, Ávila 2.008.635, Palencia 1.839.936 y Segovia 1.764.634 euros.

Dinero para obras municipales

El Fondo de Cohesión Territorial está destinado a los 2.232 municipios de Castilla y León con menos de 20.000 habitantes, el 99,3% del total. Los fondos permiten financiar proyectos de inversión decididos por los propios ayuntamientos para actuaciones vinculadas a servicios públicos básicos, como el arreglo de calles y plazas, el abastecimiento de agua, la adecuación de edificios municipales, el mantenimiento de parques o la instalación de alumbrado.

En los municipios de menos de 1.000 habitantes, el modelo establece que la Junta financia el 50% de cada actuación, la diputación correspondiente el 25% y el ayuntamiento el 25% restante. Este sistema alcanza a 2.008 municipios de Castilla y León, donde viven cerca de 430.000 personas. La aportación autonómica para este grupo supera los 9,8 millones de euros en 2026.

Para las localidades de entre 1.000 y 20.000 habitantes, la Junta aporta el 75% de las actuaciones y los ayuntamientos asumen el 25%. Son 224 municipios que reúnen a más de 700.000 vecinos y que disponen de casi 10,2 millones de euros de financiación autonómica.

La Junta sostiene que el reparto incorpora un criterio de solidaridad territorial destinado a reforzar la financiación de las provincias con mayores dificultades demográficas. Así, Soria recibe un 102% más de lo que le correspondería aplicando exclusivamente los criterios generales de financiación local, mientras que el incremento alcanza el 33% en Zamora, el 19% en Palencia y el 14% en Ávila.

En conjunto, las aportaciones de las diputaciones y de los propios ayuntamientos harán que el Fondo movilice en 2026 un mínimo de 33,2 millones de euros en Castilla y León.

En León, la Diputación deberá gestionar ahora la tramitación de los proyectos correspondientes a los 153 municipios de menor población. La acreditación de la contratación de las actuaciones o de su ejecución directa tendrá como fecha prevista el 30 de junio de 2027, mientras que la justificación de las obras deberá realizarse hasta el 31 de enero de 2028.

Salamanca. Arte, saber y toros… Y ahora también tecnología y salud. La capital salmantina está viviendo actualmente un despegue en el ámbito tecnológico debido a la creación del universo Salamanca Tech con el objetivo de que la ciudad bañada por el Tormes sea referente en innovación y desarrollo tecnológico. Salamanca Tech es ciencia, sostenibilidad, emprendimiento y logística, pero también es tecnología y salud, ambos conceptos enmarcados dentro de Abioinnova, aceleradora de empresas de ingeniería biomédica y del ámbito biosanitario promovida por el Ayuntamiento de Salamanca con el apoyo del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECyL).

Si durante siglos Salamanca ha sido la capital del conocimiento donde las mentes más brillantes de diferentes puntos se daban cita en pos del desarrollo, ahora sucede lo mismo y para ello aparece en escena una oportunidad única para investigadores y emprendedores en tecnología y salud. Abioinnova es una ‘rara avis’, ya que ofrece un ecosistema de lo más propicio a las empresas y grupos de investigación que quieran crecer poniendo en su mano de forma totalmente gratuita un espacio de trabajo, laboratorios, impresoras 3D (una de polímeros fotocurables para aplicaciones médicas y otra para imprimir piezas metálicas) y un ecosistema de sinergias y colaboraciones con otros grupos.

Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca y responsable del proyecto Abioinnova, destaca que el compromiso con el desarrollo de Salamanca es total. “Queremos generar oportunidades de riqueza y empleo para la ciudad con empresas de tecnología y salud, un sector en auge, para crecer e ir con ellas de la mano en este camino”, explica Pedro Martínez.

El responsable de Abioinnova no limita el paso de las empresas por la incubadora como lanzadera, sino que va más allá de cara al futuro. “La colaboración que ofrecemos no solamente se suscribe al tiempo en el que estén en Abioinnova. Si evolucionan y sus productos son comercializados, tendrán suelo industrial a su disposición, pero también en la ciudad, y con el nuevo distrito tecnológico que estamos diseñando, dispondrán de oficinas, espacios y todo tipo de facilidades”, describe Martínez Córdoba.

La idea es acompañar a la empresa en su ciclo de vida y apoyarla hasta que pueda retornar riqueza a la ciudad. “Queremos ir de la mano desde esa fase de preincubación o incubación hasta que se culmina con éxito y tenga viabilidad económica con un producto o servicio que se pueda comercializar de una forma óptima. Después, esa empresa por sí misma ya estaría generando riqueza para la ciudad y así cerraríamos el ciclo en el que ambas partes seríamos grandes beneficiados”, argumenta el concejal de Promoción Económica de Salamanca.

Los proyectos empresariales que ya han arrancado en Abioinnova son Virofend, de la investigadora Sara Cuadrado, que trabaja en un proyecto basado en una tecnología innovadora consistente en virus diseñados para tratar el cáncer, Lincbio-tech (investigación biomédica), Lobera Ingeniería (ciberseguridad y gestión de datos), MycoThink Consultora Fúngica (biotecnología) SeptiVet-Loop Diagnostics (Veterinaria), Globalstart Dynamics (IA), Raretech (medicina personalizada), 300K Solutions (optimización de muestra biológicas) y Tebrio (biotecnología con insectos).

Un ecosistema propicio

Pasar a formar parte de Abioinnova no solo se limita a trabajar en estas instalaciones, sino que a los emprendedores e investigadores se les abre un sinfín de posibilidades, contactos, sinergias, colaboraciones y apoyos bajo el paraguas de Salamanca Tech. En este propicio hábitat para investigar, crear, crecer y desarrollarse los emprendedores se pueden beneficiar de las fuertes conexiones con el ecosistema regional (Wolaria) y también local como las dos universidades de la ciudad (Universidad de Salamanca y la Pontificia), el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, sede de AIR Institute, o los grupos de investigación del Complejo Asistencial de Salamanca, del Instituto de Investigación Biomédica (IBSAL) o del Centro de Investigación del Cáncer (CIC). “Entrar en Abioinnova es hacerlo en un selecto club de trabajo en el que las interconexiones y el desarrollo en equipo pueden acelerar el proceso de crecimiento al tener un entorno propicio”, señala Pedro Martínez.

Otro aspecto muy importante a la hora de desarrollar ideas o proyectos es la mano de obra cualificada, ese talento que representa en la actualidad un hándicap para muchas empresas. En este sentido, esta Salamanca tecnológica también ofrece soluciones gracias a las dos grandes canteras de profesionales en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Pontificia.

De este modo, si una empresa o proyecto tiene espacio, equipamiento, un entorno favorable, contactos y mano de obra, las posibilidades de éxito se multiplican de forma exponencial y eso ahora mismo solo pasa en Salamanca. Y los únicos requisitos es asentarse en la ciudad con ilusión y ganas de triunfar.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha actualizado su Guía de Consentimiento Informado mediante la revisión de sus contenidos y la incorporación de nuevos conceptos para reforzar los derechos relacionados con la autonomía del paciente, recordar y ayudar a todos los profesionales a formarse en la importancia del consentimiento informado y garantizar su adecuación con la normativa de referencia legal.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad ha detallado este sábado que entre las novedades que se han incorporado a esta nueva publicación destacan la revisión de la evaluación de la capacidad del paciente.

También la actualización del documento de instrucciones previas, en el que el paciente planifica el consentimiento o el rechazo de un procedimiento asistencial diagnóstico o terapéutico cuando la enfermedad le impida tomar decisiones autónomas.

E incorpora una actualización de la normativa sobre el consentimiento informado, y la revisión de las recomendaciones aplicables en situaciones especiales, como aquellas en las que están implicadas menores de edad, personas con enfermedades mentales o pacientes con limitaciones para tomar decisiones.

La actualización de la Guía, elaborada por la Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano consultivo asesor de la Gerencia Regional de Salud, responde a los importantes cambios que se han producido con la incorporación de las nuevas tecnologías, la evolución de la relación entre profesionales y pacientes, el reconocimiento de la autonomía personal y la difícil valoración de la capacidad para tomar decisiones sobre procedimientos diagnósticos y terapéuticos en determinados pacientes.

La nueva Guía de Consentimiento Informado mantiene el formato original de preguntas y respuestas lo que facilita una consulta ágil y práctica de las cuestiones más habituales que surgen en el ámbito del consentimiento informado.

El consentimiento informado constituye un proceso continuo de comunicación entre el profesional sanitario y el paciente. A través de este diálogo, el médico proporciona información comprensible, adecuada y adaptada a las necesidades de cada persona sobre los procedimientos propuestos, sus beneficios, riesgos y alternativas para que el paciente pueda decidir libre y voluntariamente conforme a sus valores y proyecto de vida.

Con ello, la Guía de Consentimiento Informado se consolida como una herramienta de apoyo para los profesionales sanitarios y como una garantía para la protección de los derechos de los pacientes.

La Consejería ha incidido en que su publicación será de gran utilidad para los profesionales y pacientes de todos los centros sanitarios y también para los Comités de Ética Asistencial.

Una autopista leonesa sí pero la otra no. El Parlamento de Castilla y León ha aprobado hoy una iniciativa, a propuesta del Partido Popular (PP) en la que exige al Gobierno central el fin del peaje en la autopista León-Asturias, AP-66, pero no que se acabe el peaje en la otra que atenaza a la provincia leonesa, la León-Astorga (AP-71).

El texto aprobado, con el apoyo de sus socios de Vox en la Junta de Castilla y León, así como varios del Grupo Mixto como UPL, pero el rechazo del mayoritario en la oposición, el Grupo Socialista, también reclama que se ponga fin al pago de otra autopista que nada tiene que ver con la Comunidad, la AP-9; en Galicia. UPL planteó una enmienda que pedía incluir también entre los pagos a suprimir por completo la autopista León-Astorga, algo a lo que el Grupo Popular se negó, motivo por el que finalmente no se incluyó.

En otra parte de la proposición no de ley (PNL) que se alzó con 51 votos a favor, 29 en contra y una abstención en las Cortes de Castilla y León consiste en reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha bonificaciones a ese peaje en las restantes cuatro autopistas de la Comunidad en las condiciones que las que hace años beneficiar a los usuarios recurrentes de la León-Asturias, es decir, en la AP-51, la AP-6 con Madrid, la AP-61 y la AP-71 León-Astorga.

Por último, se recoge que de no hacerlo el Gobierno, la propia Junta de Castilla y León ponga en marcha “los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios necesarios” para ser ella la que ponga los fondos para aplicar una bonificación “mínima del 60%”, reza el acuerdo. Las condiciones para percibir esa rebaja, cuando se ponga en marcha, sería que hay que ser un conductor habitual, recurrente, con un número mínimo de viajes al mes, así como estar empadronado en algún municipio de la Comunidad.

Precisamente fue ese criterio, aparte del oportunismo electoralista, el que achacó el PSOE para defender su postura en contra de la iniciativa del PP. Un electoralismo que denota el hecho de que ese descuento del 60% ya ha sido prometido por el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco con antelación. Muy parecida postura y crítica lanzó la líder y portavoz en el Parlamento de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. Se sumó a las críticas, pero como UPL al voto favorable, el representante de Por Ávila, mientras el de Soria ya! se mostró ajeno al debate, por no haber ni siquiera una autopista en su provincia.

Defendiendo la iniciativa, la procuradora del PP por Segovia, Elena Rincón, aseguró que la Junta de Castilla y León vienen “defendiendo de forma incansable en beneficio de miles de castellanos y leoneses” su postura. Porque “esta iniciativa no habla solo de peajes: habla de cuánto cuesta vivir, trabajar y desplazarse en una Comunidad como la nuestra, donde las distancias marcan el día a día. No pedimos un trato de favor, sino igualdad, porque la equidad territorial no puede depender del código postal”, subrayó.

Recordó además que la petición de eliminación de los peajes de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66, del Huerna, se sustenta en un dictamen motivado que la Comisión Europea emitió el 17 de julio de 2025, que aprecia que las prórrogas de las concesiones vulneran el Derecho de la Unión. Obvió, eso sí, y se lo afearon los grupos de oposición, que fue precisamente el Gobierno del PP de José María Aznar quien alargó la concesión asturleonesa, de 2021 en que tenía que haber terminado hasta 2050.

La Junta de Castilla y León abre la puerta a ampliar “progresivamente” las ayudas públicas para el alumnado de centros de educación concertada tras la recomendación del Procurador del Común, que pidió eliminar las diferencias existentes en servicios como comedor, transporte escolar o programas de conciliación cuando las familias tengan circunstancias económicas y sociales equivalentes.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que la intención de la Junta es avanzar hacia una mayor equiparación entre los beneficios que reciben los estudiantes de centros públicos y concertados, aunque remarcó que la principal responsabilidad de la Administración autonómica sigue siendo garantizar la calidad de la red pública.

“Nuestra idea es poder ir equiparando progresivamente los beneficios de los centros públicos y de los centros concertados”, afirmó Carriedo al ser preguntado por este medio por la resolución del Procurador del Común. El portavoz autonómico no concretó qué medidas podrían adoptarse ni si la Consejería de Educación aceptará formalmente todas las recomendaciones planteadas por la institución, pero defendió como algo positivo que Castilla y León es una de las Comunidades “con más igualdad” entre ambas redes educativas.

“Es verdad que nuestra principal responsabilidad es la gestión de los centros públicos, es donde nos tenemos que centrar, garantizar la calidad de los centros públicos, pero también es verdad que Castilla y León es de las Comunidades Autónomas de más igualdad entre los centros públicos y los centros concertados”, señaló.

La resolución del Procurador del Común cuestiona que determinadas ayudas financiadas con fondos públicos estén condicionadas por la titularidad del centro educativo. La institución considera que no debe existir una diferencia de trato entre familias con una situación económica o social similar únicamente porque sus hijos estén matriculados en un colegio público o en un centro privado concertado sostenido con fondos públicos.

Entre los servicios analizados figuran las ayudas de comedor y transporte escolar, así como los programas de conciliación ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’, actualmente vinculados principalmente al alumnado de centros públicos. El Procurador del Común sostiene que la capacidad económica de las familias y sus circunstancias personales deben ser los criterios determinantes para acceder a estos recursos.

Hasta ahora, la Junta ha defendido que estos servicios complementarios tienen una regulación diferenciada y que los conciertos educativos no incluyen necesariamente estas prestaciones. No obstante, la respuesta de Carriedo abre ahora la puerta a una modificación progresiva de estas ayudas, si bien deja pendiente qué alcance concreto podría tener esa equiparación y cuándo se aplicaría. La Consejería de Educación tiene de plazo hasta octubre para comunicar si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.

El Procurador del Común de Castilla y León pide un vuelco a la política de becas y ayudas educativas de la Junta de Castilla y León. En una resolución considera discriminatorio que determinadas ayudas educativas de la Junta dependan de que los alumnos estudien en un colegio público o en uno privado concertado, y por lo tanto sostenido con dinero público. La institución que dirige Tomás Quintana reclama a la Consejería de Educación que permita también al alumnado de la escuela concertada acceder a ayudas para comedor y transporte escolar, siempre que sus familias se encuentren en situaciones socioeconómicas y familiares equivalentes a las de los beneficiarios de la enseñanza pública.

La resolución procede de una queja presentada ante el Procurador por la exclusión de los estudiantes de centros concertados de determinadas becas, ayudas y subvenciones autonómicas. Tras solicitar información a Educación, la institución ha analizado las diferencias existentes en servicios como el transporte y el comedor y en programas de conciliación como 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole'.

En el caso del transporte, la última convocatoria de ayudas para el curso 2025-2026 establece como regla general que los beneficiarios cursen sus estudios en centros públicos dependientes de Educación. Los estudiantes de centros privados concertados únicamente pueden acceder cuando hayan sido escolarizados en ellos por necesidades determinadas por la Comisión de Escolarización.

Algo similar ocurre con el comedor escolar. Las ayudas reguladas para los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial se circunscriben a centros públicos que dispongan de este servicio. Aunque existe otra línea para el primer ciclo de Infantil que alcanza a determinados centros privados sostenidos con fondos públicos, esta no cubre a los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria de colegios concertados.

'Madrugadores' solo en la pública

Las diferencias se extienden a la conciliación. Los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole' están diseñados para alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria matriculados en centros públicos. Tampoco pueden acceder los estudiantes de la concertada al servicio de atención y cuidado habilitado por Educación después del horario lectivo durante septiembre y junio.

La Junta de Castilla y León ha defendido ante el Procurador que no existe discriminación según la resolución publicada. Educación argumenta que no hay diferencias entre públicos y concertados en lo relativo a la enseñanza propiamente dicha y recuerda que ambos comparten procedimientos de admisión. Sin embargo, sostiene que los servicios complementarios tienen una regulación distinta y que, en el caso de los colegios concertados, no están incluidos en el concierto educativo y los propios centros cuentan con autonomía para establecerlos.

La Consejería también recuerda que existen otras ayudas de las que sí pueden beneficiarse los estudiantes independientemente de la titularidad de su centro. Entre ellas cita las destinadas a Bachillerato, Formación Profesional y determinadas enseñanzas de régimen especial, el programa Releo Plus para libros de texto y las subvenciones para adquirir dispositivos digitales.

Centros concertados, servicio público de educación

Pero el Procurador señala en su resolución que los centros concertados forman parte de la red destinada a prestar el servicio público de educación y sostiene que sus familias pueden encontrarse exactamente en las mismas situaciones de vulnerabilidad que aquellas cuyos hijos estudian en colegios públicos.

Por ello, considera que excluirlas únicamente por la titularidad del centro resulta una diferencia de trato “discriminatoria y carente de justificación razonable”. El Procurador advierte además de que interpretar la elección de la concertada como una renuncia voluntaria a los servicios disponibles en la pública acabaría provocando que la capacidad económica condicionase en la práctica el derecho a elegir centro educativo.

La institución respalda su posición con jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entre otros precedentes, recuerda una sentencia de 2014 que concluyó que, en ausencia de razones específicas, no está justificada la disparidad de trato entre centros públicos y concertados debido a la similitud sustancial de su régimen jurídico. También menciona una sentencia de 2012 que confirmó la anulación de una convocatoria extremeña de inmersión lingüística reservada exclusivamente a alumnos de centros públicos.

El Procurador considera especialmente relevante el posible impacto sobre familias numerosas, monoparentales o económicamente vulnerables. Reconoce que la disponibilidad presupuestaria puede justificar establecer umbrales de renta, priorizar a determinados hogares o introducir progresivamente las ayudas, pero considera mucho más difícil justificar que se excluya por completo a unas familias únicamente porque sus hijos estudien en un colegio concertado.

Por ello la institución que agrupa la defensoría del pueblo en la comunidad reclama a la Junta ayudas para sufragar los gastos de comedor y transporte que incluyan a los alumnos de centros privados concertados, de manera que familias en circunstancias económicas y familiares sustancialmente equivalentes puedan acceder a los mismos recursos públicos con independencia de la titularidad de su colegio.

También insta a la consejería de Educación, por sí misma o conjuntamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a diseñar programas de conciliación abiertos al alumnado de todos los centros financiados con fondos públicos. La institución pone especialmente el foco en las reducciones de jornada escolar y los periodos no lectivos.

La Consejería de Educación dispone hasta octubre para comunicar de forma motivada si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechará el regreso esta semana de la actividad parlamentaria a las Cortes de Castilla y León tras el parón veraniego para poner sobre la mesa varios de los asuntos pendientes de la Junta con la provincia. Los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71, los retrasos en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y la situación de la sanidad en la Región leonesa protagonizarán las tres preguntas orales que la formación dirigirá al Gobierno autonómico en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, se dirigirá directamente al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para preguntarle si considera que su Gobierno ha sido “suficientemente proactivo” para conseguir la eliminación de los peajes de la AP-66 y la AP-71, dos de las principales conexiones por carretera de la provincia de León.

Los leonesistas vuelven así a llevar al Parlamento autonómico una reivindicación histórica de la formación. En su iniciativa, UPL pone especialmente el foco en la autopista con Asturias y recuerda la posición de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión del peaje para cuestionar las actuaciones realizadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.

Otro de los asuntos será el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. El procurador Luis Mariano Santos preguntará a la nueva consejera de Educación, María Pardo, si considera que la Junta ha actuado “con la diligencia exigible” para sacar adelante una infraestructura que acumula numerosos retrasos.

Según recuerda UPL, las actuales previsiones sitúan su puesta en funcionamiento, como pronto, en el curso 2027/2028, lo que para la formación supondría que el nuevo edificio llegaría con “casi dos décadas de retraso” respecto a los compromisos adquiridos para sustituir las actuales instalaciones.

La tercera pregunta tendrá como protagonista a la sanidad pública en la Región Leonesa. Rosa Quintanilla, nueva procuradora de UPL en las Cortes, interpelará al consejero de Sanidad para conocer la valoración que hace el Gobierno autonómico de su gestión sanitaria durante los últimos meses en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Los leonesistas consideran que los problemas sanitarios en estos territorios persisten pese a haber sido planteados reiteradamente ante la Junta.

Feve vuelve también a las Cortes

El regreso parlamentario tendrá además Feve como otro de los asuntos leoneses destacados. UPL utilizará la única Proposición No de Ley (PNL) de la que dispondrá el Grupo Mixto en este periodo de sesiones para plantear una solución que permita recuperar la integración ferroviaria en la capital leonesa.

La propuesta pide a la Junta que impulse la creación de un consorcio que permita a la Administración autonómica asumir la infraestructura de Adif correspondiente al tramo tranviario de la antigua Feve y posibilitar así la integración de la línea ferroviaria-tranviaria dentro de León hasta la estación de Matallana.

La iniciativa plantea además incorporar el recorrido entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León. UPL tiene previsto explicar este miércoles con mayor detalle su propuesta antes de defenderla el viernes en las Cortes.

Un incendio forestal declarado poco antes de las 15.00 horas de este domingo en el monte La Calabaza, en las inmediaciones de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, avanza con fuerza hasta el municipio de Quemada. Según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se trata de un siniestro con riesgo para la población y bienes materiales, por lo que ha sido declarado de nivel 2 en el Índice Potencial de Gravedad (IPG).

Se trata de una zona boscosa, de pinos y encina, situada cerca de Aranda de Duero, en las proximidades de la carretera BU-925 que comunica la villa arandina con la localidad de Peñaranda de Duero, y del río Arandilla, han informado fuentes de la administración autonómica.

Poco antes de las seis y media de la tarde se ha decidido el corte total de tráfico en la mencionada carretera y decidido el desalojo de tres personas de las viviendas que se encuentran más cerca del foco de las llamas.

En el control del fuego participa a esta hora una treintena de medios desplazados por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España (Ministerio para la Transición Ecológica), entre ellos cinco helicópteros e hidroaviones. Participan también de este dispositivo varias cuadrillas terrestres, helitransportadas, camiones autobomba y un vehículo bulldozer.

El parque multiaventura La Roca de Palencia acogerá el próximo jueves 24 de septiembre el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla y León. La inscripción, libre y gratuita y con preferencia para afiliados, se puede formalizar hasta el lunes 14 en las sedes de la UJP en cada una de las provincias de la comunidad. La capital palentina toma el relevo de Valladolid, que organizó el pasado año la primera edición en el Pinar de Antequera.

La jornada comenzará entre las 9.00 y las 11.00 horas con la recepción de asistentes y desayuno, seguida de la recepción de autoridades y un acto institucional programado para las 11.15 horas. Una sucesión de actividades dará luego paso a una comida a base de olla ferroviaria (14.45 horas).

Por la tarde serán protagonistas las actuaciones: del Nuevo Mester de Juglaría (16.15 horas) y la música y el baile con Sara Bureba (17.45 horas). A las 19.00 horas llegará el momento de la clausura de este II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

La organización calcula que alrededor de 450 personas participarán en esta cita. La provincia de León cuenta con 1.316 afiliados a la UJP.

Al parecer hay cierta dosis de comunicación y se manifiesta en fotos. El calor de la aquiescencia para quemar madera, (biomasa), puede que ayude, si bien me asaltan dudas. Sigue lo del pragmatismo político. Partidismo autonomista en uno, el consejero polivalente; en tanto el alcalde legionense, va en plan, más que de verso, de estribillo suelto socialista, intuyo.

'Todos somos de León', nacencia y poco más así nos sitúa a cada cual la letra del cantar. Pero lo de leonés, cuando esto significa compromiso de serlo y defenderlo, aquí y acullá, aún siendo generoso en la apreciación, no importa la mano política... ¡Hay que demostrarlo!

No va de 'opinión' sobre el tema Fueros, los que Alfonso V nos otorgó, tanto a la ciudad como al territorio de su reino, sino para mostrar algunas consideraciones ante la coyuntural lectura, dicen que popular, y hasta donde conozco viene dado este acto, con cierta dosis de patrimonialidad que se me atraganta, con la sombra de la Junta autonómica.

¿Nos invitan a que participemos o somos nosotros, los legionenses, los que les invitamos a ellos, a los verdugos autonomistas?

Nos ponemos una saya, por si hay que rasgarla en algún momento, y un sí señor en los labios, y hasta puede que lo admitido vaya calando en lo más hondo, hasta hacer el juego al amo.

Tan solo rectificaría, en esto último, si se demostrara que la mano que maneja la batuta, para lo del atril, no está dejando que nos imposten la voz, con los designios autonómicos que parten del centro del poder. Actuación comunitaria autonómica impuesta que no está representada en el espíritu de la letra que se lee, si acaso en la estampa de algunos de los infieles que se prestan a ello.

Leer los Fueros, un empeño

Nada que objetar al hermoso texto articulado muchos años atrás, cuando, siendo súbditos, ensayábamos para ser libres y hoy bajo el concepto de democracia vivimos aprisionados políticamente.

En Villafeliz de la Sobarriba, que reivindica lugar y espacio en la lectura por razones forales pioneras, otro año más, con pundonor local y como anticipo, se organizó un buen ensayo con apariencia popular, pero, se me antoja mechado con el símil trufa político juntero. No en balde allí estaba, cómo no, el señor Quiñones en el alto papel de representante máximo de la Junta autonómica: la otra señora, sin virginidad, de la Sobarriba, por aquello del dominio territorial que se ha arrogado.

Este año ha sido, según el cartel impreso, el 1009.º aniversario, y por ende, el que sigue será el 1010.º. ¡Vaya, vaya, vaya!

En la Catedral, codo con codo, la gran apuesta, el alcalde y el consejero, lo dicho, las fotos nos los muestran. Sí, sí, allí estaban… (tal como decía la cancioncilla en la boca de los payasos de la tele), que yo los vi. Y aunque suene a buena relación sociata-conservata o local-autonómica, no se entiende en quien aprobó una moción para una autonomía propia, que reivindica identidad y autogobierno propios leoneses, y la estampa del fiel representante del ente autonómico a la sombra de Mañueco, imagen de insólito negacionismo de lo leonés.

¡Ah! En el hipotético caso de que habláramos de ir de la mano (política por supuesto), se acomodaría a chaqueteo, y… no se contempla tal coyuntura.

Del color al calor…

¿Arde en fuego de maderas el juego del consejero Quiñones?

Surge la pregunta ante una fotografía donde parcialmente veía lo que llamaban conducción de calor subterráneo: dos tubos en paralelo, de una sección no muy llamativa, a medio enterrar, viniendo del cementerio, de la bomba de biomasa, con dirección Legio, para calentar casas y cosas. Su colocación en paralelo me parecía señal interpretable, como decía ayer, extrañado ante el supuesto interés del ente autonómico por proporcionarnos algo a los leoneses, lo que encaja en una ejecutoria altamente sospechosa... ¡Tan sólo por ello!

El alcalde y el consejero de la mano, para encender la mecha. Puede que ninots en supuesta falla cual hoguera de San Juan, pero yesca y pedernal ante la biomasa… un tema controvertido, en manos políticas discrepantes en todo.

Conviene no olvidar lo aportado por Antonio Turiel, dentro del compás científico, cuando nos habla de la biomasa. Ni son limpios los humos, ni estamos en condiciones de que nos lleven al huerto aquellos que, de forma aberrante necia y dolorosa, se niegan a admitir que no sólo nos están esquilmando (con malicia extrema o usurpación con engaño), sino que nos escamotean el derecho constitucional a manejar los intereses leoneses, por leoneses, al... ¡Autogobierno!

¡Lexit! Sin calentura, pero firme decisión.

La Junta de Castilla y León acaba de poner en marcha las prometidas subvenciones de hasta 900 euros para ayudar en la obtención del permiso de conducir de clase B para jóvenes de entre 18 y 30 años. Se trata de una medida con la que el Gobierno autonómico busca mejorar el acceso al empleo de los jóvenes, favorecer la emancipación y contribuir a fijar población, especialmente en el medio rural, según las bases reguladoras publicadas este viernes 28 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La medida, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que dirige Cristina Sanchidrián, prevé ayudas que cubrirán parte de los gastos derivados de la obtención del carné de conducir y que podrán alcanzar un máximo de 900 euros, en función de la renta de la unidad de convivencia de la persona solicitante.

Entre las primeras condiciones, las ayudas estarán dirigidas a jóvenes que hayan cumplido 18 años y que no superen los 30 durante el año de la convocatoria. Entre los requisitos figura residir y estar empadronado en algún municipio de Castilla y León con una antigüedad mínima de cinco años antes de la obtención del permiso y mantener ese empadronamiento de forma ininterrumpida durante al menos tres años después de solicitar la subvención.

Las condiciones principales

La cuantía máxima será de 900 euros para las unidades de convivencia con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La ayuda podrá alcanzar hasta 750 euros para rentas situadas entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM; hasta 600 euros para ingresos entre 2,5 y 3,5 veces ese indicador; y hasta 450 euros para quienes superen ese umbral.

Lo que entra y lo que no

Serán subvencionables gastos como la matrícula, las clases teóricas y prácticas impartidas en autoescuelas homologadas con centros abiertos en Castilla y León, así como las tasas y derechos de examen de Tráfico. Quedarán excluidos los reconocimientos médicos y psicotécnicos y otros gastos de gestión.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenarán principalmente según el nivel de renta de la unidad de convivencia, de menor a mayor. En caso de empate, prevalecerá el orden de presentación de la documentación completa.

La gestión de las ayudas contará con la colaboración de la empresa pública Somacyl y las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica a través de la sede de la Administración autonómica, en el portal de la Sede Electrónica de la Junta, pinchando aquí.

Letra pequeña

Sin embargo, es importante remarcar, como lo detalla la Consejería, que la convocatoria saldrá en el mes de septiembre y los usuarios podrán solicitar las ayudas sólo una vez que hayan obtenido el permiso de conducir. Y que el pago de las cuantías se realizará durante el año próximo año, 2027, al incorporarse la partida al Presupuesto de la Comunidad para el próximo ejercicio.

En la orden publicada, la Junta argumenta que la movilidad constituye un elemento “estratégico” para combatir el despoblamiento y favorecer el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en una comunidad marcada por la dispersión territorial y el peso del medio rural.

El Ejecutivo autonómico destaca que disponer del permiso de conducir resulta determinante para acceder a numerosas oportunidades laborales, especialmente en sectores con relevancia en Castilla y León como los servicios, la industria agroalimentaria o la logística.

Además, recuerda que el permiso B es un requisito previo para acceder a licencias profesionales vinculadas al transporte de mercancías y viajeros, un ámbito que presenta una elevada demanda de trabajadores.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.