El Tribunal de Cuentas pone deberes a las administraciones leonesas. Su último informe de fiscalización del sector público local, referido al año 2024, señala varios incumplimientos de las instituciones leonesas como incumplimientos en el Ayuntamiento de León, subida del endeudamiento y una baja ejecución presupuestaria en la Diputación y problemas de liquidez en una decena de municipios de la provincia. Todo ello en un territorio que presenta una singularidad administrativa difícil de encontrar en el resto de España: León tiene 1.227 entidades locales menores, prácticamente una de cada tres de las existentes en todo el país.

Uno de los datos más llamativos corresponde a la Diputación de León. La institución provincial incrementó su endeudamiento financiero en 15 millones de euros durante 2024, según los datos del Tribunal de Cuentas. Lo hizo, además, a contracorriente de la tendencia general y pese a tener una situación financiera muy consolidada ya que la deuda de las diputaciones provinciales españolas se redujo de media un 22% respecto a 2023.

El aumento del endeudamiento coincide con otro dato poco favorable que reprocha el Tribunal de Cuentas. La Diputación leonesa aparece entre las instituciones provinciales que ejecutaron menos del 60% de su presupuesto definitivo de gastos durante ese mismo ejercicio. Comparte este grupo con las diputaciones de A Coruña, Lleida, Pontevedra, Salamanca, Soria, Tarragona y Toledo.

El Ayuntamiento de León, sin cuentas consolidadas desde 2022

Los reproches del órgano fiscalizador alcanzan también al Ayuntamiento de León. El Consistorio de la capital figura entre los municipios españoles de más de 50.000 habitantes que han incumplido de manera continuada desde 2022 la obligación de formular y rendir sus cuentas consolidadas, una situación que se mantiene en los ejercicios analizados hasta 2024.

Estas cuentas son las que permiten ofrecer una imagen conjunta de la situación económica del Ayuntamiento y de las entidades que dependen de él. Su ausencia dificulta, según el Tribunal de Cuentas, conocer de manera agregada la situación financiera, presupuestaria y de endeudamiento de todo el sector público municipal.

A ello se suma otro incumplimiento. A fecha de 31 de mayo de 2026, el Ayuntamiento de León tampoco había remitido la relación anual de convenios correspondiente a 2024, tal y como obliga la Ley.

El Tribunal de Cuentas advierte con carácter general la falta de repercusión en caso de incumplimiento de las obligaciones en el sector público local y de la consiguiente falta de incentivos para corregir esas situaciones. Aunque la legislación permite retener determinadas entregas procedentes de la participación en los tributos del Estado a las entidades que no rindan sus cuentas, el propio informe señala que Hacienda no ha aplicado hasta ahora esta posibilidad.

El organismo fiscalizador reclama por ello endurecer el sistema. Entre sus recomendaciones plantea que estar al corriente de las obligaciones de rendición sea condición necesaria para acceder a subvenciones públicas y que la retención de fondos estatales deje de ser potestativa para convertirse en obligatoria.

Diez ayuntamientos leoneses, con finanzas en negativo

Diez ayuntamientos de la provincia de León terminaron 2024 con un remanente de tesorería para gastos generales negativo, un indicador que refleja la existencia de desequilibrios entre los recursos disponibles y las obligaciones pendientes. Este es un indicador de la solvencia de la institución, que se traduce en que no es capaz de afrontar sus deudas al finalizar el ejercicio porque ha habido muchos más gastos que ingresos.

La situación más destacada es la de Fabero, con un saldo negativo de 738.500 euros. A bastante distancia aparecen Palacios del Sil, con -244.928 euros; Bustillo del Páramo, con -220.385; y Quintana y Congosto, con -130.156 euros. La lista continúa con La Pola de Gordón (-87.262 euros), Truchas (-45.831), Prioro (-35.049), Vega de Valcarce (-21.343), Sobrado (-18.300) y Castrillo de Cabrera (-14.095 euros).

A estos diez ayuntamientos se añaden tres entidades locales menores que también cerraron el ejercicio 2024 en negativo: Polvoredo (-23.645 euros), Santa Olaja de la Varga (-4.348) y una entidad local menor de Vega de Valcarce (-733 euros).

León concentra un tercio de las juntas vecinales de España

Precisamente las entidades locales menores constituyen una de las principales particularidades que refleja el informe al analizar León. La provincia cuenta con 1.227 Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), el nombre formal de las juntas vecinales. Las leonesas representan más de la mitad de las 2.209 existentes en Castilla y León y alrededor de un tercio de las 3.682 contabilizadas en toda España.

Estas entidades cuentan además con un sistema financiero mucho más limitado que los ayuntamientos. No disponen de impuestos propios ni participan directamente en los tributos del Estado, por lo que dependen fundamentalmente de sus recursos propios permitidos, de su relación financiera con los municipios a los que pertenecen y de las aportaciones de otras administraciones.

A 31 de diciembre de 2025, el 72% de las EATIM de Castilla y León había rendido ya sus cuentas correspondientes al ejercicio 2024, mientras que el 28% continuaba pendiente de hacerlo dos meses y medio después de haber vencido el plazo legal. Pese al volumen de entidades incumplidoras, el dato supone una mejora respecto a ejercicios anteriores: al finalizar 2022 únicamente había presentado sus cuentas el 53% y, un año después, el porcentaje se elevó al 63%.

La Junta de Castilla y León ya ha distribuido 1.265 toneladas de alimento, forraje y paja en explotaciones ganaderas de las provincias de León (casi 50 toneladas), Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia, dando respuesta a las necesidades trasladadas en las zonas damnificadas por los incendios.

En este contexto, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha visitado este martes la explotación bovina SAT GARFI, en Santa María del Condado, donde se ha realizado la entrega de un camión con 25 toneladas de pulpa de remolacha destinadas a la alimentación del ganado. Lo hizo acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León, Fidentino Reyero.

Esta entrega de pulpa se realiza en colaboración con la cooperativa ACOR, que se ha ofrecido a colaborar para facilitar el suministro de este alimento a los ganaderos afectados.

En concreto, este martes han llegado a esta zona dos camiones, cada uno de ellos con 25 microsilos de pulpa de remolacha, con una capacidad de una tonelada por microsilo.

El primero se ha destinado a la explotación SAT GARFI, que cuenta con más de 250 cabezas de ganado bovino, mientras que el segundo, de otras 25 toneladas, se ha entregado en Castro del Condado, a otros dos ganaderos afectados.

Desde el Gobierno de Castilla y León se ha agradecido la colaboración de ACOR, cuya respuesta ha contribuido a reforzar el dispositivo de apoyo activado para atender las necesidades más inmediatas de las explotaciones afectadas.

En el caso de León, un total de 16 explotaciones han solicitado ya este tipo de suministro. De ellas, 12 han sido atendidas hasta el momento, con la distribución de más de 46.380 kilos de forraje destinados a siete explotaciones de ganado bovino y equino; además se han suministrado 508 litros de alimento energético y 76 kilos de alimento proteico a otras cinco explotaciones apícolas.

Ayudas a los damnificados

Asimismo, la Consejería dice trabajar ya en la agilización y simplificación de los trámites para el abono durante este mes de agosto de las ayudas directas por importe de 5.500 euros destinadas a agricultores y ganaderos profesionales que hayan sufrido daños en sus explotaciones como consecuencia de los incendios.

Con el objetivo de que estas ayudas puedan llegar a los afectados de forma inmediata, Pollán ha informado de que se está trabajando en un sistema de tramitación simplificado mediante el cruce de los datos de la Seguridad Social con la información disponible sobre las superficies y explotaciones afectadas.

Según defiende, esta fórmula permitirá reducir las cargas administrativas para los beneficiarios y acelerar al máximo la concesión y el abono de las ayudas.

El objetivo declarado es que los profesionales afectados puedan concentrar sus esfuerzos en la recuperación de sus explotaciones. Para ello, la administración pretende evitar lo que califica como “trámites innecesarios” en un momento de especial dificultad.

Estamos asistiendo a una especie de competición para ver quién se lleva parte de la pujante industria armamentística. Casi todos los medios de comunicación y la mayoría de nuestros grupos políticos lo apoyan, bueno algunos tienen que buscar eufemismos; desarrollo, innovación, reto tecnológico, etcétera...

La prensa y nuestros representantes nos lo pintan con la palabra 'oportunidad' y ven la carrera impuesta del rearme como una salvación reindustrializadora, sobre todo para antiguas zonas minerosiderúrgicas. Vemos a Indra posicionada en As Pontes y en el tallerón de Gijón, la parte de munición merodeadora en el área de Villadangos y una disputa territorial para la fábrica de vehículos blindados a la que optaba El Bierzo, entre otras.

¿Pero es realmente una oportunidad? Yo pienso, o quiero pensar, que en realidad todo el mundo en su cabeza siente que el rearme es quemar el último cartucho, clausurar el futuro y olvidarnos de la moral. El rearme es la opción impuesta por los grandes grupos de poder. El modelo de sociedad que está generando es nefasto y, por tocar suelo, la corrupción que generará va a ser inevitable debido a la propia dinámica de la industria de guerra.

¿No hay nadie dentro del espectro político y mediático que abiertamente se sincere y sea valiente para, por lo menos, cuestionar la opción del rearme a la que nos están empujando?

León rompió en julio la tendencia de los últimos meses y vio crecer el paro en 94 personas, un aumento del 0,49% con respecto a junio (la subida fue del 0,85% en la media nacional). La provincia se queda en 19.353 demandantes de un puesto de trabajo, 492 menos que a la misma altura de 2025, lo que representa un descenso interanual del 2,48%, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La industria fue el único sector económico que representó un contrapeso positivo en la estadística, cuyo aumento acapararon las mujeres al repetirse el número de hombres inscritos del mes pasado.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la industria (-48, de 1.637 a 1.589). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (78, de 13.505 a 13.583) y más moderados en la agricultura (19, de 670 a 689) y en la construcción (7, de 1.220 a 1.227). La estadística del colectivo sin empleo anterior también creció (38, de 2.227 a 2.265).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.517 mujeres desempleadas (que asumen íntegramente los 94 demandantes más) frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (732 hombres frente a 596 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (644 hombres por 803 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.905 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.555 por 7.015).

Castilla y León

Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional, y los cotizantes a la Seguridad Social aumentaron en 6.170 ese mes, hasta los 1.022.190 afiliados, datos en los que se nota el reciente proceso de regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Castilla y León anotó la menor bajada del paro para un mes de julio en dato interanual con datos desde el 2021, y el mayor aumento intermensual en ese mismo periodo.

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró julio con 17.830 cotizantes más que hace un año, el 1,78% más, por debajo del 2,94 nacional.

El paro registrado en julio de 2026 bajó en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250), con subidas en el resto de comunidades encabezadas por Cataluña (7.705), Comunidad Valenciana (7.021), Comunidad de Madrid (3.822) y Castilla y León (2.053).

El paro sólo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y respecto a julio del 2025, el desempleo disminuyó en Ávila (-2,39%), Burgos (-0,53%), León (-2,48%), Salamanca (-2,56%), Segovia (-2,51%), Valladolid (-0,45%) y Zamora (-0,46%), se mantuvo constante en Palencia (0,00%) y aumentó en Soria (7,33%).

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

Respecto a julio del 2025, el paró bajó en 1.490 personas en el sector servicios, con 259 menos en construcción, 147 menos en industria y 94 menos en agricultura, y un repunte de 781 en el grupo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró julio con 1.334 mujeres más en las listas del paro y 719 hombres, con un recorte de dos parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la comunidad cierra julio con 38.335 hombres desempleados y 57.978 mujeres; y 7.301 menores de 25 años.

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que arrancó en abril, ha sumado a un total de 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026, según datos de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que sumó más afiliados en este proceso, el 19,8 % del total, seguida por Cataluña (17,8%), Andalucía (12,7%), Comunidad Valenciana (12,1%) y Castilla y León (4,4%).

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en julio 71.687 contratos, que suponen 217 y un 0,30% menos que en junio, frente al retroceso nacional del 3,77%.

El dato también es peor que el de julio del 2025, con 3.764 contratos menos en la comunidad que hace un año y una caída del 4,99%, frente al -0,12 nacional.

Del total de contratos, 22.855 fueron indefinidos, 1.239 menos que el mes anterior, con un recorte del 5,14% (-9,74 nacional); y 752 menos que hace un año, el -3,19% (+1,19).

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de junio, fueron 66.940 en Castilla y León, de ellas 33.753 prestaciones contributivas, 33.163 subsidios y 34 rentas activas de inserción.

El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha aprobado definitivamente la figura urbanística, un estudio de detalle, que permitirá la expansión de la empresa Legumbres Penelas en el polígono industrial del municipio leonés. Se trata de una actuación urbanística destinada a reorganizar parcelas y espacios públicos ya existentes, algunos ya propiedad de la compañía y otros del Consistorio, para facilitar el crecimiento de una de las empresas agroalimentarias más consolidadas de la provincia.

La actuación, promovida por la propia mercantil, contempla la agrupación de 36 parcelas y un vial interior para crear una gran parcela industrial de cerca de 27.000 metros cuadrados sobre la que desarrollar nuevas instalaciones vinculadas a su actividad productiva, que no para de crecer, refleja Efe.

El proyecto afecta a terrenos del polígono industrial situados junto a la actual planta de la compañía y obliga a modificar parte de la ordenación interior del sector. Para ello, se reubicarán equipamientos públicos y plazas de aparcamiento, aunque el expediente destaca que no se reducirá la superficie destinada a dotaciones ni se incrementará la edificabilidad total prevista inicialmente para el polígono. Así se publica este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), reflejando el acuerdo del Pleno de Villarejo del pasado 1 de julio, poniendo fin al proceso.

El expediente también argumenta que la ampliación contribuirá a reforzar la competitividad de una firma ya asentada en Villarejo de Órbigo y permitirá aprovechar infraestructuras industriales existentes, evitando el traslado de la actividad a otro emplazamiento. Entre las ventajas citadas figuran el mantenimiento del tejido económico local, la creación de nuevos puestos de trabajo y el apoyo a una actividad estrechamente vinculada al sector agroalimentario de la provincia.

La reordenación urbanística contempla asimismo la supresión de un vial interior y la creación de una nueva zona de aparcamiento público para compensar las cerca de sesenta plazas afectadas por la operación. También prevé la permuta de parcelas destinadas a equipamiento social y comercial para mantener intactos los estándares urbanísticos del sector.

Legumbres Penelas es una de las empresas de referencia en el sector de las legumbres en Castilla y León y mantiene desde hace años su actividad industrial en Villarejo de Órbigo, una localidad con una fuerte vinculación histórica al cultivo y comercialización de estos productos.

¡Otro desplante nacional! Nos han birlado, por enésima vez, ser alguien en el amplio abanico nacional. Acaban de negarnos la ubicación en Legio de la Agencia Estatal de la Salud Pública. ¡Y mira que teníamos méritos, ULE, espacio, tiempo y empresas!

Sí, sí, lo sé, nos falta voz política en el parlamento nacional. Como también sé, que nos tapamos la boca con la papeleta del masoquista voto PSOE-PP que nos anula en todo. Y, lo peor, no acertamos a comprenderlo, y virar.

Dónde estás Cendón, a qué dedicas el tiempo libre, el que ahora en descendente progreso partidista tratas de llenar yendo de aquí para allá, sin opciones para nada. Siempre dentro de un absurdo no enmendalla, respecto a lo autonómico lo que nos pertenece a losleoneses por historia y comportamiento social siempre supeditado al amarre ideológico autonomista derecha-izquierda... y paso atrás, cuando éste supone cerrar la puerta a lo que en justicia constitucional, nos corresponde.

“Todo está perdido, menos el honor”, dijo sentenciosamente el senador por AP de León, Calderón Llamas, cuando en 1984 se acababa de orquestar la gran manifestación, la de los 90.000, en defensa de lo leonés. Algo que perduró en la nostalgia, en tanto se alargaba el maltrecho estatus, por conveniencia política, no nos engañemos, pues los políticos castellanos de Valladolid jugaban al burle con nuestros derechos, y nuestros representantes callaban.

En verdad, no fue así de sencillo, pues el leonesismo de muchos, era tan perecedero como la lista electoral a la que aspiraban, al menos numéricamente. Unos no lo vivían como sentimiento y otros lo perdieron camino de la foto electoral, eso sí, procurando tener el negativo de la obediencia a mano para repetirla.

Pero sí, con aquel honor maltrecho, solapado entre tradiciones, fiestas y pasotismo andante, sin respeto a la historia, opacándonos efemérides, metiéndonos aunque sea indirectamente el león/símbolo en la alcantarilla, nos han ido robando desde el ente autonómico el espacio. ¡Sí!, ¡¡El noroeste logístico y geográfico!!

En tanto vivimos de un pundonor marchitado, mezcla de autarquismo y orgullo de ser leonés, que lejos de inquietarnos parece darnos fuelle decadente para seguir respirando, aunque cada vez nos falte más oxígeno.

Se nos dijo que el dosier presentado en el ministerio correspondiente, como muestra de aspiración a la Agencia, se había confeccionado por la ULE y el Ayuntamiento de León, no sé con qué prelación, si lo profesional y científico, o lo político institucional del consistorio legionenses, o de la mano como dueto compaginado, lo cierto es que no estaría demás hacer un repaso del contenido, de lo allí dicho, ofertado y tratado de vender, y... ¿Con qué arte?

Imprescindible sentarse en torno a una mesa reivindicativa, leonesa por supuesto, los artífices del dossier o sus representantes, junto a inquisidores populares, esto es periodistas, cámara de comercio, colegios profesionales, analizar el contenido de la oferta, para intentar saber en qué hemos fallado, en qué piedra tropezamos siempre. En tanto, a quien corresponda vaya a Madrid, al ministerio, no a pedir cuentas, sí información de la decisión tomada.

¿Qué postura es la tuya, Cendón?

Saber qué ofrecieron otros, en especial los maños que han ganado. En lo institucional y democrático se han de justificar las puntuaciones que a cada cual le fueron otorgadas, según premisa, pues es de suponer que haya un periodo de alegaciones y hasta de impugnaciones. Y hacerlo público. ¿Dónde estás Cendón? ¿Qué postura es la tuya? ¡¿No decías que eras Gobierno?!

Y sobre todo concluir si estando amarrados al ente autonómico que nos esquilma, y frenada nuestra personalidad leonesa, podemos ser capaces de hacer movimientos como el de optar a la Agencia Estatal de la Salud, con nuestros medios de pervivencia y pundonor marchitos. El ferodo autonómico ¡¡¡huele tanto!!!

El alcalde legionense ya ha anunciado: decepción e injusticia, como conocedor de lo nuestro, y tiene capacidad para ello por razones obvias. De paso muestra agradecimiento a quienes colaboraron: Diputación, Colegio de Veterinarios, Asociación de Colegios y empresas del sector, ignoro en qué medida e implicación estuvo la colaboración. Lo que no invalida cuanto he dicho.

Cuando se hayan sentado las partes citadas en torno a una mesa de examen, y cotejen lo aportado con lo investigado en Madrid, esto es lo decidido por el ministerio, al menos estaremos en condiciones de medir fuerzas y presencia. Y por supuesto tras las conclusiones, ha de venir el propósito de la enmienda.

En todo caso procede salir del ente autonómico que nos está arruinando la vida. ¡Sin duda alguna por conducción a la decadencia! Lo peor es si no tenemos gente política capaz, ni para entonar un mea culpa, comprendiendo que han estado tragando la idea de consumirnos en una burbuja leonesa con el pundonor reflejado en un 'pin' en la solapa.

Tras varios días marcados por los incendios forestales, la superficie afectada por el fuego desde comienzos de año en España asciende ya a 152.678 hectáreas, seis veces más que las contabilizadas durante el mismo periodo en 2025 (24.133 hectáreas). Hasta el sábado eran 131.113 hectáreas.

Según la última actualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), hasta el 26 de julio se han registrado además 32 grandes incendios forestales (GIF), frente a los siete contabilizados en las mismas fechas del pasado año.

De este modo, el número de grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas afectadas, se ha multiplicado por más de cuatro respecto a 2025.

Además, el Gobierno ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia nacional por los incendios, que ya estaba activada desde este viernes en la Comunidad de Madrid y en Ávila. Los datos sobre superficie afectada y grandes incendios son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2026.

España es el país de la Unión Europea con más superficie quemada en lo que llevamos de año, según los datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). Le siguen muy de lejos (pero acercándose) Francia e Italia.

[Leer Más: España sabe apagar incendios, pero sigue llegando tarde a prevenirlos]

Los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apuntaban que, hasta el 12 de julio, los incendios habían arrasado algo más de 60 000 hectáreas, que ya representaba el triple que el año pasado por esas mismas fechas, según María G. Dionis desde la Agencia SINC. pero la superficie quemada se ha disparado en las últimas semanas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23.249 hectáreas y, desde el 16 hasta el 22 de julio hasta se han quemado 43.337, el peor dato de 2026 en el país. Este aumento está principalmente representado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) que ha arrasado más de 32.000 hectáreas. En la última semana los incendios de Burgohondo (Ávila) y el de la Sierra oeste Madrid, se unieron creando el incendio forestal más grande de toda la historia de España, con más de 70.000 hectáreas calcinadas por ahora.

“Estos repuntes ocurren porque, en general, lo que vemos son pocos incendios pero muy grandes y que queman muchas hectáreas. Eso hace que las estadísticas varíen con tanta intensidad”, Andrea Duane, experta en incendios e investigadora de la Universidad de California en Davis (EE UU).

La clave: las olas de calor

Duane señala que en los incendios no hay un único factor que lo causa, sino una serie de circunstancia que llevan a un aumento así de la superficie quemada.

“En este caso, partimos de un invierno y una primavera bastante lluviosos en casi toda la península, y después un final de primavera muy cálido y un verano extremadamente cálido. Esto hace que toda la vegetación que había había ido creciendo durante los meses anteriores se seque con rapidez”, añade.

Juan Caamaño, responsable del Área de Capacitación de la Fundación Pau Costa, afirma a SINC que esta duplicación en pocas semanas se debe a cuatro grandes incendios y la “acumulación de las olas de calor”.

Con un verano extremadamente cálido, toda la vegetación que había había ido creciendo durante los meses anteriores se seca con rapidez

Andrea Duane — CTFC

“Ya no podemos podemos depender de las lluvias de invierno o verano para tener una campaña tranquila como era antes. Las olas de calor tan extremas y extensas que padecemos son los activadores de estos incendios”, dice.

Para el resto del verano, Caamaño pronostica que puede ir empeorando. “Mientras no llueva, el combustible disponible irá empeorando su condición”, añade en declaraciones al Sciencie Media Centre - SMC España.

Además del de La Mierla, otros incendios que han contribuido a la superficie quemada son el de Cinco Villas, en Zaragoza, ya extinguido, que ha quemado más de 15 000 hectáreas. También el de Los Gallardos (Almería), con unas 7.000 hectáreas quemadas y en el que fallecieron 13 personas. Y varios incendios siguen activos, como el de Brieva (Segovia), en Selas (Guadalajara), el Eljuve (Teruel), en El Cerro de Andévalo (Huelva) y el de Murias de Ponjos en León, que quema más de dos mil hectáreas.

Supongamos que se produce una subida de impuestos y que, de pronto, el Estado recauda treinta mil millones más. ¿Cómo pensáis que afectaría eso a la calidad de los servicios públicos? ¿Dónde pensáis que se emplearía ese dinero?

La cuestión es que es algo perfectamente estudiado y también muy debatido, y la respuesta depende de la fortaleza de la sociedad civil y los hábitos políticos del país. En España, por ejemplo, cuando se ha recaudado más en el impuesto de hidrocarburos, que supuestamente iba a mejorar las carreteras, no se han mejorado las carreteras, porque los impuestos no son finalistas y prácticamente todos los gobiernos prefieren dedicar ese dinero a otra cosa.

Ante un aumento de ingresos, pueden hacerse, por ejemplo, dos cosas: contratar más médicos o subir el sueldo a los que ya hay. Podéis estar seguros de que los que tienen el poder, que son los que ya están dentro, preferirán siempre la segunda opción. Lo mismo pasará con casi todos los sectores, y la presión sindical se dirigiría a mejorar los salarios públicos antes que a mejorar los servicios. No se trata de dar mejor servicio, sino de cobrar más por lo que ya se da. Yo ni lo critico ni lo dejo de criticar, pero es lo que sucede en la mayor parte del mundo, porque los que ya están trabajando son los que pueden hacer huelga y tienen capacidad de presión, mientras que los que están fuera y podrían trabajar carecen de capacidad de presión alguna. El eterno problema de los insiders contra los outsiders, y de que los sindicatos tienen pocos incentivos para defender los intereses de los que no están trabajando aún.

El problema se reproduce a nivel político con otros muchos temas. ¿A dónde iría a parar esa nueva fuente de ingresos? ¿A crear más juzgados o a subir las pensiones? ¿Cuál es el incentivo del político, que lo que quiere es ser reelegido? ¿Mejorar el servicio o comprar votos? En cuanto hay más dinero, se trata siempre de desviarlo a donde produce un mayor rendimiento político, a corto plazo. Por eso nadie construye vivienda pública, por ejemplo.

Y sí, por supuesto que una parte se destinaría a mejorar algunos servicios, pero la cuestión es qué parte y a qué servicios podría ir, porque cuanto más dispersa y compleja es la gestión de un servicio, más reacias son las autoridades a invertir en él. En algunos países la mejora se llevaría el treinta por ciento, en otros el veinte y en otros el cinco. En nuestro caso, como las competencias de sanidad y educación están transferidas a las comunidades autónomas y el sistema de financiación autonómica es un circo de tres pistas, cabría esperar alguna mejora en otros temas, pero no precisamente en esos.

Podría mejorarse, tal vez, la justicia, y podría construirse algún AVE más, que es lo que les encanta a los políticos, pero con una estructura como la nuestra, lo más posible sería que el aumento de impuestos redundase en una subida salarial al sector público, subida de las pensiones y una pequeña constelación de obras faraónicas, o no tanto, como aquel plan E de Zapatero que llenó los pueblos de máquinas de hacer gimnasia.

Poco más.

La provincia de León cerró el segundo trimestre del año con 17.700 parados, 1.100 más (un 6,6%) que los 16.600 registrados durante el primer trimestre, según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicados este martes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). La comparativa interanual sí resulta favorable dado que a estas alturas de 2025 hasta 18.000 leoneses buscaban un empleo, lo que representa en este caso un descenso del 1,6%.

El dato provincial contrasta con la media autonómica. Y es que Castilla y León redujo un 5,5% el número de desempleados en el segundo trimestre del año, con 5.700 parados menos con respecto al trimestre anterior, lo que deja la cifra total en 96.700 desempleados, y suma 28.500 ocupados, hasta alcanzar el 1.058.700, con una tasa de paro del 8,37%, por debajo de la media nacional y la novena más baja del conjunto autonómico.

En el conjunto del país, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87 %).

Por lo que respecta a León, la tasa de paro aumentó en términos intertrimestrales al pasar del 8,46% del primero al 8,84% del segundo. La evolución volvió a invertirse en la comparativa interanual, al ser inferior al 9,18% de 2025 a estas alturas.

El número de personas ocupadas sí crece en la provincia de León: son a estas alturas del año 182.100 (179.200 en el primer trimestre y 177.800 del segundo trimestre de 2025). Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025).

Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025). Por su parte, la tasa de actividad está en un 49,89%, más que el 49,28% del trimestre anterior y que el 49,48% de hace un año.

El principal porcentaje de leoneses activos en el segundo trimestre del año se concentran en el sector servicios, concretamente un 73,1%. Le sigue industria, que acumula un 10,6% de los leoneses, mientras que el 6,1% corresponde a la construcción y un 5,4% a la agricultura.

La empresa leonesa de telemarketing Plus Contacto, que anunció a finales de junio un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) plantea el despido de 96 trabajadores de su plantilla de 450 personas. Plus Contacto es una de las firmas tradicionales del telemarketing asentadas en León, y con capital leonés, y está especializada en la captación de fondos para entidades del tercer sector como organizaciones sin ánimo de lucro.

Según ha podido conocer ILEÓN tras la configuración de la mesa de negociación del proceso de despidos el pasado 17 de julio la empresa ha puesto sobre la mesa los números de trabajadores afectados. La propuesta inicial contempla la extinción de 96 contratos, repartidos entre 53 trabajadores en León, 33 en Gijón —con el cierre de esa oficina— y 10 en Zamora.

Compañía y sindicatos mantendrán nuevas reuniones en para intentar llegar a un acuerdo sobre la afectación final de ERE. En caso de no llegar a un acuerdo el ERE entraría en vigor a partir del 22 de agosto, según contempla la normativa actual.

Algunos trabajadores de la empresa han denunciado denuncian sentirse “desinformados” y reclaman una mayor transparencia por parte de los representantes sindicales presentes en las negociaciones, a quienes reprochan no haber aclarado aspectos fundamentales del procedimiento tras la primera reunión del periodo de consultas. A su juicio, en el momento actual se mantienen dudas sobre cuestiones como los criterios para seleccionar a las personas afectadas, las causas concretas del ERE o el contenido de la reunión mantenida con la dirección.

Por su parte, en el comunicado remitido a la plantilla tras la reunión del 21 de julio, la dirección de Plus Contacto señaló que afronta el proceso “con voluntad de diálogo y buena fe negociadora” para alcanzar “la mejor solución posible para todas las partes” y garantizar la viabilidad futura de la empresa. También anuncia que seguirá informando de la evolución del procedimiento conforme avancen las negociaciones.

Plus Contacto nació en 2008 y, desde entonces, ha desarrollado buena parte de su actividad para Cruz Roja Española, entidad para la que ha gestionado diferentes servicios de atención telefónica y campañas de captación de socios y fondos.

La empresa opera en un sector, el del contact center o telemarketing, que atraviesa un periodo de importantes cambios debido al endurecimiento de la normativa destinada a proteger a los consumidores frente a las llamadas comerciales no deseadas. Además, está previsto que a partir de octubre entren en vigor nuevas restricciones que volverán a limitar la actividad de este tipo de empresas.

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Castilla y León el archivo del expediente ambiental de la proyectada fábrica de municiones de Valderas y al Ayuntamiento de la localidad la paralización de cualquier licencia vinculada al proyecto al considerar que no se trata de una fábrica de explosivos de uso civil, sino de “armas de guerra”, cuya autorización corresponde al Ministerio de Defensa.

La organización ecologista ha presentado alegaciones en el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto promovido por la empresa Tecnesis 3000, que prevé la construcción de una planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre en terrenos municipales arrendados por el Ayuntamiento de Valderas.

Según la documentación técnica analizada por el colectivo, la instalación estará destinada a la producción de granadas de mortero y proyectiles de artillería, incluido el calibre 155 milímetros, además de otras municiones listas para su suministro.

El proyecto contempla una superficie de 47 hectáreas dividida en dos recintos, una capacidad de almacenamiento de hasta 800 toneladas de material explosivo y una plantilla prevista de 150 trabajadores.

Ecologistas en Acción sostiene que la tramitación se está realizando al amparo del Reglamento de Explosivos, cuando los productos que se pretenden fabricar encajan en la definición de armas de guerra recogida en el Reglamento de Armas, al tratarse de municiones para piezas de calibre igual o superior a 20 milímetros y granadas de mortero.

Por ello, argumenta que la autorización debería corresponder a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, previa tramitación específica y aprobación por parte del Gobierno central, y no únicamente a la administración autonómica.

Además de las cuestiones legales, la organización ecologista expresa su rechazo a la ubicación elegida para la instalación, junto a la actual planta de Orica Explosivos Industriales, al considerar que incrementaría el riesgo de accidentes graves en el entorno de Valderas y de las localidades próximas de Villafer y Campazas.

A su juicio, los beneficios económicos previstos no compensan los riesgos asociados a una instalación con capacidad para almacenar centenares de toneladas de explosivos y dedicada a la fabricación de munición destinada a conflictos bélicos.

El proyecto plantea la fabricación de proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros, granadas de mortero de 60, 81 y 120 milímetros, así como otros componentes de armamento, mediante procesos de carga con TNT y otros explosivos adquiridos a suministradores externos.

Ecologistas en Acción también cuestiona la aplicación de una evaluación ambiental simplificada para una industria de este tipo y defiende que la producción de armamento debería someterse a un análisis más amplio que tenga en cuenta las consecuencias ambientales y humanas derivadas del uso final de estas armas.

Por su parte, el estudio ambiental promovido por la empresa concluye que los impactos previstos son compatibles o moderados y que la instalación generaría alrededor de 150 empleos directos, además de actividad económica en una zona afectada por la pérdida de población.

La Fundación Santa Bárbara, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ofertará más de 1.600 plazas de Formación Profesional para el empleo en industrias extractivas durante la presente legislatura, con el objetivo de consolidarse como centro de referencia nacional en este ámbito.

El anuncio lo ha realizado este martes el director general de Energía y Minas, Alberto Castro, durante una visita a las instalaciones de la fundación en la comarca del Bierzo, donde destacó que entre 2020 y 2025 más de 1.100 alumnos participaron en las acciones formativas desarrolladas por la entidad y que más de 850 consiguieron acceder al mercado laboral.

La Junta pretende reforzar la especialización del centro mediante una oferta adaptada a las necesidades actuales del sector extractivo y energético.

Durante la visita, Castro ha conocido además varios proyectos de innovación que desarrolla la fundación, entre ellos La Mina en Vivo, que transformará la antigua escuela mina de Caboalles de Arriba (Villablino) en un centro de turismo industrial financiado por el Fondo de Transición Justa, y GENMIN, que estudia el uso de antiguas explotaciones mineras para almacenar energía mediante aire comprimido, hidrógeno verde o biogás y prevé desarrollar una planta piloto en 2027.

Actualmente la Fundación Santa Bárbara dispone de instalaciones en Folgoso de la Ribera y Torre del Bierzo donde oferta alrededor de 500 plazas de formación al año y desarrolla actividades de investigación, ensayos tecnológicos y formación especializada para industrias extractivas, obra civil y servicios de emergencias.

La Diputación de León ha aprobado una convocatoria de subvenciones dirigida a trabajadores autónomos del sector de la resina en la provincia con una dotación económica que asciende a 30.000 euros, dirigida a sufragar gastos de explotación correspondientes al 2026.

La convocatoria está gestionada por el área de Transición Ecológica de la Institución provincial leonesa y su finalidad es fomentar y afianzar el nivel de empleo en el sector de la recolección de resina en la provincia y contribuir a la fijación de población en el medio rural.

Podrán solicitar estas ayudas las personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2026, inscritas en los CNAE 0230 (recolección de productos silvestres), 0210 (silvicultura y otras actividades forestales) o 0240 (servicios de apoyo a la silvicultura), que desarrollen su actividad resinera en municipios de la provincia de León, tengan su domicilio fiscal en la provincia y permanezcan dadas de alta de forma ininterrumpida durante al menos ocho meses en 2026.

La subvención se concederá a razón de un euro por cada pino adjudicado para explotación resinera y no podrá superar el 90% del gasto de la actividad.

Serán subvencionables los gastos de alquiler satisfechos por el resinero o resinera al propietario de los pinos explotados, los gastos corrientes de explotación -incluidos materiales de duración inferior a un año y costes de asesoría o gestión de la subvención, con un máximo de 400 euros-, las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y las aportaciones al Fondo de Mejoras.

La justificación de la subvención deberá realizarse antes del 1 de abril de 2027 mediante la documentación prevista en la convocatoria y el pago de la ayuda se efectuará una vez justificados los gastos y acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, siendo compatibles estas subvenciones con otras ayudas, siempre que la financiación total no supere el coste de la actividad subvencionada.

La provincia de León es la que más depende de toda la Comunidad del uso del petróleo. Todo ello, en mitad de una tormenta geopolítica agravada por la guerra de Irán entre Estados Unidos, Israel y el país de Oriente Medio, que han cortado el flujo del mercado naval petrolero por el Estrecho de Ormuz (por el que pasa el 20% del oro negro global) desde el mes de marzo, tras una breve tregua que permitió el paso contado de buques. Así, la economía leonesa se encuentra a merced de los bandazos internacionales, lo que explica en gran medida el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de la provincia, que en lo que llevamos de año es de un 2,6%; tres puntos por encima de la media nacional.

Durante el año 2025, la provincia de León consumió un total de 522.225 toneladas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos (fuel doméstico), según los datos del Ente Regional de la Energía (Eren). Así, la leonesa fue la provincia de toda Castilla y León que más derivados del petróleo consumió durante ese año, seguida de cerca por Burgos (472.667 toneladas al año) y Valladolid (420.472 toneladas anuales); frente a las que menos: Soria (128.213 toneladas) y Ávila (162.099 toneladas). A pesar de todo ello, la provincia fue una de las tres que redujo su consumo de combustibles respecto al año anterior, concretamente un 2,6% menos. Burgos, a pesar de ser ya la segunda provincia de la Comunidad que más productos petroleros consume, incluso incrementó un 13% su uso.

También durante los primeros cinco meses del año 2026, la provincia de León ha mantenido su alto consumo de combustibles, con un total de 206.764 toneladas solo entre enero y mayo, según las cifras de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). De nuevo, le siguen Burgos (189.219 toneladas) y Valladolid (164.218 toneladas).

En el caso de León, este uso tan alto de derivados del petróleo se corresponde, en su mayoría, con el uso de gasóleo tipo B y C, destinado a calefacción y maquinaria agrícola. Teniendo en cuenta los inviernos leoneses, este dato cobra más sentido y hace que la cifra total se vea aupada, pese a tener menos población que Valladolid (que consume más gasolina debido a su cifra de habitantes más elevada) y menos industria que Burgos (que lidera el consumo de gasóleo tipo A; es decir, el diésel para los coches).

De hecho, el mes en el que más carburantes se consumieron durante los primeros cinco meses del año en la provincia de León fue enero, cuando la provincia lideró el uso de gasolina 98 (0,11% del total de la Comunidad), y los gasóleos A, B y C (18%respecto al total de toneladas usadas en Castilla y León ese mes). Esto indica un uso primordial del combustible para calefacción, aunque también para coches diésel.

Una muestra más es el consumo de gases derivados del petróleo, como son el butano, propano y autogas. Todos ellos se usan especialmente para los sistemas de calefacción de la provincia de León, que es también líder de consumo en este campo, con 16.260 toneladas al año. Esto supone el 21,29% del consumo de la Comunidad, especialmente por el uso de propano.

Lo que esto implica para la población leonesa

Uno de los aspectos más destacables del sector petrolero es su dependencia a la inseguridad geopolítica. Uno de los principales temas de conversación económica desde finales del mes de febrero han sido los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, donde se encuentra el Estrecho de Ormuz, un canal por el que pasa el 20% de la producción del petróleo mundial y que ha estado cerrado (con una breve tregua anulada hace pocos días por el presidente Trump) desde entonces.

Este panorama internacional ha provocado subidas históricas del precio del petróleo, con la medida del barril de Brent como referencia, que este martes 14 de julio ha vuelto a dispararse por encima de los 90 euros después de nuevos ataques de Estados Unidos a Irán.

No ha sido la primera etapa de inestabilidad internacional que ha vivido el mundo durante los últimos años, ya que hay que sumar los estragos de la pandemia covid-19 desencadenada en 2020 y la guerra que aún se mantiene en Ucrania y comenzó en febrero de 2022, tras la invasión por parte de Rusia.

Una de las consecuencias directas para la provincia de León ha sido el encarecimiento de los precios que perciben los ciudadanos y que refleja el IPC. Así, entre 2020 y 2025, León fue la segunda provincia de toda España donde más aumentaron los precios, superada (por poco) por Toledo. En concreto, entre el año 2020 y 2025, este índice aumentó un 29,4%. Uno de los grupos donde más aumentó el coste fue, precisamente, el gas.

El profesor de Economía de la Universidad de León, Pablo García, ya ha explicado en otras ocasiones a ILEÓN que uno de los motivos por los que la provincia leonesa depende tan directamente de los combustibles tiene que ver, por un lado con su amplia extensión territorial (es una de las provincias de España con mayores kilómetros cuadrados), lo que obliga a los leoneses a depender mucho de medios de transporte; y el clima, que provoca un mayor consumo de calefacción.

Además, en lo que va de año (entre enero y junio), el IPC de la provincia de León ha aumentado un 2,6%: tres puntos por encima de la media nacional. El mes en el que más subieron los precios, incluyendo el año 2025, fue precisamente marzo, epicentro temporal del conflicto en el Estrecho de Ormuz. Además de los alojamientos (cuyo precio se ha incrementado un 17% en seis meses), han sido los combustibles los que han propiciado esta subida de la inflación leonesa, tras subir un 7,7%.

Así, lo que pueda parecer un conflicto internacional entre países ajenos, no solo afecta a España, sino a nivel hiperlocal para provincias como León y, especialmente a los bolsillos ya doloridos de la población leonesa. Todo ello teniendo en cuenta que no existe por ahora alternativa viable para esta dependencia petrolera.

De la soledad reflexiva de mi anterior buhardilla salió una crítica hacia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, por la descalificación insultante hacia el padre de un adversario, convertido, por la violencia dialéctica del hemiciclo, en enemigo a abatir. Ya dije lo que tenía que decir. Me hubiera gustado cambiar el paso en los comentarios respecto al personaje que salen de esta nueva buhardilla de mi ático pensante.

Pero ha vuelto a la carga. Ahora, con la ofensa a la razón que es inherente a las políticas de protección a los más desfavorecidos. Marca indeleble de su partido y de sus nuevas/viejas amistades peligrosas es que el desafortunado lo es porque quiere serlo. Para ellos, el azar es cuestión de voluntarismo. Cómo se nota que él y sus conmilitones viven con el riñón bien resguardado en buena parte por el dinero del contribuyente. Recordemos que las pensiones y demás bicocas recolectadas tras su actividad no son fruslerías, por cierto, sufragadas por la hucha colectiva.

Núñez Feijoó ha anunciado que en su futuro gobierno, que las encuestas y él dan por hecho, los trabajadores con baja por enfermedad no cobrarán su sueldo mensual completo. Tiene la varita mágica contra el absentismo y la enarbola con orgullo confundido en soberbia ¿Quién o qué le ha inducido a identificar vagancia y picaresca con pérdida de salud? Solo alguien con inusitado desconcierto por chirridos de motosierras lejanas puede sacar de su magín propuestas como esta. ¿Alguien puede creer que un trabajador aquejado de enfermedad con peligro evidente de muerte o incapacidad permanente, se sienta feliz por no ir a trabajar? Este líder tiene las papeletas para ser el árbitro de derechos y obligaciones ciudadanas. Tiritona produce.

No hay un mínimo de piedad hacia personas que se han dejado en el camino profesional el bien más preciado de la existencia: la salud. A la angustia de perderla, con intervención, siempre, de los caprichos del destino, nunca por la especulación del escaqueo, Feijoó, por arte de su incontinente estado de sospecha hacia lo que escape al control de la matemática lucrativa empresarial, añade el sadismo del sufrimiento de pérdida de poder adquisitivo a enfermos, que, salvo disfunciones psíquicas que escapan a la lógica, quieren serlo para no ir a la oficina.

De un plumazo, el líder de la oposición, empalagado en la justicia y legitimidad providencial e inapelable de su casta por ocupar los palacios y sillones presidenciales, ha cuestionado los mecanismos de los sistemas de control de la salud laboral de la Seguridad Social y de las mutualidades profesionales, gestionados por profesionales competentes que tienen la atribución, se supone, como el valor en la mili, de visar las bajas de actividad con criterios objetivos. Lo hace con el aspersor de la desconfianza a todo y por todo, que entiende como inagotable captación de votos.

Los trabajadores de la política

Y esto sale de boca de un trabajador, sí, porque un político es un trabajador, incluso con la aureola institucional que otorga el liderazgo de la oposición que, en la prestación de ese trabajo en su foro, el Parlamento y el escaño, el ciudadano lo ve batiendo el cobre de higos a brevas. ¿Cuánto se van a descontar de su sueldo parlamentario, él y otras señorías, por sus ausencias? Ese no estar en el puesto, bajo su parámetro, es también ¿absentismo?

He sido testigo de la vida parlamentaria, de plenos vacíos que se llenaban a la hora de votar. Nadie asoció esa mecánica a absentismos. Aquellos debates eran cosa de unos pocos expertos en las distintas materias legislativas, mientras la masa de los grupos parlamentarios operaba en sus despachos en diferentes comisiones o trabajos. ¿Si es exigible la comprensión para esa operatividad, por qué el señor Feijoó la pone en entredicho en la cotidianidad de los españoles?

He aquí un apóstol del ver para creer. Si no vas a trabajar es porque eres un vago, en única clave de silogismo. Flotando queda la cortedad de miras de un razonamiento en estado de permanente sospecha para todo lo que implique un atisbo de justicia social. Si no sabe expresarse desde la prédica, pavor da cuando toque oírlo desde las dádivas del trigo con esta y otras tarjetas de presentación.

Alberto Núñez Feijoó derrapa con frecuencia en su dialéctica. Ello obedece a un discurso obsesionado con el monotema de doble vía entre la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria anticipada de elecciones. Empezó la legislatura con un sublime error de concepto, con una mentira de autoconsuelo por una victoria sin los laureles del poder. Pedro Sánchez era un usurpador. Olvidó, o no quiso saber, que las elecciones generales en España son al poder Legislativo y no al Ejecutivo, y es aquél el que designa al cabeza de gobierno. A su Leviatán le salieron las cuentas; a él, no. Ha sido incapaz de asimilarlo.

No ha dejado de ser, desde entonces, un político atenazado por una trola que ha transformado en axioma. Solo un verbo: dimitir. Así, tres años. Cuando cambia el paso, aparece la cortedad argumental. Falta de entrenamiento en el debate imaginativo y la consecuencia inmediata: agujetas mentales.

El proyecto APISForesta, impulsado por la Universidad de León, movilizará 1,19 millones de euros para impulsar la recuperación ambiental y el desarrollo económico de El Bierzo, en León, y la Sierra de la Culebra, en Zamora, dos zonas muy castigadas por el fuego en los últimos años, mediante una apuesta por la miel, la castaña o las setas.

El plan, que se ha presentado este miércoles en la Universidad de León, nace con el objetivo de convertir la restauración de los ecosistemas forestales en una herramienta para generar empleo, fijar población y crear nuevas actividades económicas ligadas a los recursos naturales del territorio, ha señalado la rectora, Nuria González.

APISForesta desarrollará actuaciones dirigidas a recuperar la actividad apícola mediante la creación de jardines y hoteles para polinizadores, favoreciendo especies más allá de las abejas, restaurar los sotos de castaños afectados por plagas e incendios y favorecer el aprovechamiento micológico mediante plantaciones con especies micorrizadas.

El proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad con fondos Feder y con un plazo de ejecución de 36 meses, incorporará además programas de formación y asesoramiento para que la población local pueda transformar estos recursos en nuevas oportunidades económicas.

González ha subrayado que APISForesta demuestra cómo la investigación puede contribuir a recuperar los montes, generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y poner el conocimiento al servicio del territorio para afrontar retos como la despoblación y la dinamización del medio rural.

Por su parte, la investigadora del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental Rosa María Valencia ha explicado que el trabajo de la Universidad se centrará especialmente en el desarrollo de una apicultura sostenible, el estudio y puesta en valor de productos forestales no maderables y la transferencia del conocimiento a la población local.

Oportunidad de futuro

En la misma línea, el representante del Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA), encargado de la redacción del proyecto, Juan Antonio Sánchez, ha destacado que “no se trata únicamente de restaurar los espacios afectados por los incendios, sino de convertir esa recuperación en una oportunidad de futuro para quienes viven en estos territorios, aprovechando el potencial de la miel, la castaña o la producción micológica”.

Las actuaciones se adaptarán a las características y recursos naturales de cada uno de los municipios participantes, de forma que en Oencia el proyecto se centrará especialmente en la recuperación de los castañares afectados por enfermedades como el chancro y la avispilla, favoreciendo además futuras iniciativas de transformación del producto.

En el municipio zamorano de Tábara, donde el incendio de 2022 arrasó cerca del 95% del término municipal, APISForesta contribuirá a recuperar actividades ligadas a la apicultura, el castaño y la micología como motores de empleo y desarrollo económico.

Por último, en Puebla de Sanabria el proyecto impulsará actuaciones relacionadas con los polinizadores y la puesta en valor de productos como las setas, la miel y la castaña, considerados elementos estratégicos para revitalizar la economía rural.

Los precios siguen subiendo en la provincia de León, reflejando el panorama nacional provocado por la inestabilidad geopolítica que ha empeorado en los últimos meses por la guerra en Oriente Medio iniciada por Estados Unidos e Israel. En la provincia leonesa, en la primera mitad del año, los precios han subido un 2,6%, tres puntos por encima de la media nacional (2,3%). Los precios han empeorado especialmente por la subida del coste de los alojamientos y los carburantes, esta última es una consecuencia directa de la crisis en el Estrecho de Ormuz.

Son los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que, en lo que va de año, sitúa a la provincia de León como la que más cara es la vida de Castilla y León y una de las que más de España.

Los precios han seguido subiendo mes a mes durante el año 2026 en la provincia de León. Aunque se han registrado bajadas en los meses de mayo (-0,1%) y enero (-0,3%), las subidas intermensuales han sido mayores que las del año 2025, cuando la provincia cerró el año en el cuarto puesto nacional con mayor Índice de Precios al Consumo (IPC). Sin embargo, este año el índice absoluto se frena (103,72 puntos), a pesar de que se mantiene ligeramente por encima de la media nacional (103,58).

Mucho tiene que ver la subida de precios en la provincia de León con el panorama internacional tan inestable. En concreto, con la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, que a finales del pasado mes de febrero protagonizaron unos ataques que, como consecuencia, cerraron el Estrecho de Ormuz, una vía por la que pasa el 20% del petróleo global. La interrupción del flujo petrolero tuvo consecuencias directas en la economía mundial y en los bolsillos de los leoneses, especialmente a la hora de repostar el coche.

De hecho, la mayor subida intermensual del IPC en la provincia de León en un año y medio tuvo lugar en el mes de marzo, cuando comenzaron a notarse las subidas del barril de Brent. Así, el IPC aumentó un 1,5% en un mes, el mayor aumento desde enero de 2025. A partir de entonces, la inflación se frenó, hasta llegar a saldos negativos durante el mes de mayo (-0,1% sobre el mes anterior). En concreto, en el mes de junio, los precios subieron un 0,4% respecto al mes anterior.

Detrás de esta inflación se encuentran los brutales aumentos de los precios en alojamientos que en los últimos seis meses han aumentado un 17%, muy por encima de la media general del 2,6%. Le sigue la importante subida de electricidad, gas y otros combustibles, cuyos precios han aumentado un 7,7% entre enero y junio de este año.

'Mejora' el precio de los alimentos, que suben por debajo de la media de la provincia entre enero y junio, concretamente un 1,9%. En cuanto al alquiler de vivienda, los precios en lo que va de año han aumentado un 1,6%.

La Junta ha formulado la declaración de impacto ambiental favorable al 'proyecto regional' Villadangos Green, una iniciativa cuestionada por Ecologistas en Acción, que llegó a tachar de “delirante” su conexión con el también 'proyecto regional' La Robla Green, ambos promovidos por el grupo Reolum. El plácet, condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones, proviene ya de la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del Gobierno autonómico, según publica en su edición de este miércoles el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

Villadangos Green consta de una planta para la fabricación de hidrógeno con capacidad de 200 MW (megavatios) de electrolisis y una producción anual estimada de 28.800 toneladas, una planta para la fabricación de 140.000 toneladas/año de metanol y dos conducciones de más de 36 kilómetros (un ceoducto y un hidroducto) para el transporte de hidrógeno y CO2, que conectarán la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín, donde la misma empresa promueve el Proyecto Regional La Robla Green, ya ha autorizado.

La promotora es Villadangos Nueva Energía SL, del grupo Reolum, compañía española creada en 2019 por Fernando Muñoz y Yann Dumont, centrada en la generación de energías renovables y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, e-metanol y biomasa. Su objetivo, según la firma, es “impulsar la transición energética desde una perspectiva rentable y sostenible”.

Las conducciones diseñadas para conectar Villadangos Green con La Robla Green atravesarán también otros seis municipios leoneses: Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen (el plan inicial pasaba por la expropiación de casi 300 fincas). Las plantas de Villadangos ocuparán una superficie de alrededor de 150.000 metros cuadrados y requerirán un consumo anual superior a 1,65 millones de metros cúbicos de agua procedente de la red de abastecimiento de la ampliación del polígono industrial.

Precisamente la ubicación de este proyecto en el polígono industrial, una “zona ya muy transformada” por la presencia de naves e infraestructuras de transporte, hace que “el impacto sobre paisaje será limitado”, señala la declaración del Bocyl, que hace algunas advertencias: avisa de que el trazado de tuberías podría interferir con la planta fotovoltaica 'El Monte', al tiempo que recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados “procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición” en sustitución de áridos naturales.

La aprobación ambiental no supone todavía la autorización definitiva de Villadangos Green, que deberá obtener el resto de permisos sectoriales y ambientales exigibles.

El Consejo Comarcal del Bierzo, CCOO, UGT y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) han firmado este lunes el primer acuerdo del Diálogo Social de la institución berciana, un documento con el que las cuatro partes se comprometen a reforzar las políticas de empleo, formación y atención a la ciudadanía mediante una estrategia conjunta que se desarrollará hasta 2029.

El acuerdo contempla una aportación mínima anual de 650.000 euros por parte del Consejo Comarcal para mantener y potenciar los servicios vinculados al empleo y la inclusión laboral. Entre ellos figuran la Agencia de Colocación, el Programa Alba, el servicio de homologación de títulos y distintos programas sociales.

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, destacó que el documento es fruto de meses de trabajo entre las administraciones, los sindicatos y la patronal y aseguró que nace con la vocación de “favorecer a los bercianos y generar empleo”.

Por su parte, la consejera comarcal de Formación y Empleo, Laura Fernández, explicó que el objetivo pasa por “mantener y reforzar servicios” y mejorar la coordinación entre las distintas entidades para facilitar el acceso de los ciudadanos a todos los recursos disponibles.

Desde CCOO, su secretario general en el Bierzo, Roberto Echegaray, definió el acuerdo como “una especie de gestión circular” que permitirá compartir recursos para mejorar la formación y favorecer la inserción laboral de los bercianos.

En la misma línea, el responsable de UGT en la comarca, Omar Rodríguez, defendió el papel de sindicatos y empresarios para detectar las necesidades del mercado laboral y sostuvo que el diálogo social contribuirá a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del Bierzo. “Todos estamos preocupados porque esta comarca crezca y se desarrolle. Somos los que mejor sabemos lo que hace falta”, afirmó.

El presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, aseguró por su parte que “la comarca debe avanzar” y confió en que este acuerdo contribuya a impulsar ese objetivo.

Las partes volverán a reunirse el próximo mes de octubre para analizar las necesidades del mercado laboral berciano y definir nuevas actuaciones en el marco del Diálogo Social.

La CiberComandancia de la Guardia Civil, ubicada en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) con sede en León, ha recibido más de 56.000 solicitudes de denuncia en su primer año de funcionamiento, con una media diaria de 155.

La CiberComandancia opera 24 horas al día, los siete días de la semana y en su primer año de funcionamiento ha tramitado más de 32.000 delitos y 8.400 extravíos de documentación y ha recibido una media diaria de 155 solicitudes de denuncias: el 51% de ellas corresponde a estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.

Gracias a la labor de la CiberComandancia ha sido posible bloquear fondos que iban a ser sustraídos o estafados por valor de 5,34 millones de euros, en un total de 213 operaciones de bloqueo.

Asimismo, se han señalado para su búsqueda 196 vehículos, de los cuales se han recuperado 38, gracias, en gran medida, a la celeridad con la que se registran estas incidencias.

Por último, a través de las labores de ciberpatrullaje por parte de los equipos de intervención de armas o del Seprona se han detectado 230 infracciones administrativas.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, visitó este martes esta unidad, clave para la recogida de denuncias por vía telemática y la investigación del cibercrimen, según ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

Desde el Gobierno se ha destacado que la CiberComandancia está dirigida a reforzar las capacidades operativas de la Guardia Civil en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos vinculados al ciberespacio y entre sus principales misiones está la recogida de denuncias de forma ágil y accesible, por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Guardia Civil.

En la actualidad, la Guardia Civil recoge por esta vía denuncias de cinco procedimientos penales (daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y estafas o cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos) y dos procedimientos administrativos (pérdida o extravío de documentación y localización de documentación).

La CiberComandancia inició su actividad el 4 de julio de 2025, con la puesta en funcionamiento de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), dotada en ese momento con 29 efectivos.

Desde entonces, la ON-RED ha aumentado su entidad hasta configurar la actual CiberComandancia, con 64 efectivos, y ha incorporado además nuevas capacidades, con un 'Equipo Arroba' para la investigación de delitos telemáticos, una unidad de Policía Judicial y una Unidad de Información, así como equipos de Intervención de Armas y Explosivos.