Salamanca. Arte, saber y toros… Y ahora también tecnología y salud. La capital salmantina está viviendo actualmente un despegue en el ámbito tecnológico debido a la creación del universo Salamanca Tech con el objetivo de que la ciudad bañada por el Tormes sea referente en innovación y desarrollo tecnológico. Salamanca Tech es ciencia, sostenibilidad, emprendimiento y logística, pero también es tecnología y salud, ambos conceptos enmarcados dentro de Abioinnova, aceleradora de empresas de ingeniería biomédica y del ámbito biosanitario promovida por el Ayuntamiento de Salamanca con el apoyo del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECyL).

Si durante siglos Salamanca ha sido la capital del conocimiento donde las mentes más brillantes de diferentes puntos se daban cita en pos del desarrollo, ahora sucede lo mismo y para ello aparece en escena una oportunidad única para investigadores y emprendedores en tecnología y salud. Abioinnova es una ‘rara avis’, ya que ofrece un ecosistema de lo más propicio a las empresas y grupos de investigación que quieran crecer poniendo en su mano de forma totalmente gratuita un espacio de trabajo, laboratorios, impresoras 3D (una de polímeros fotocurables para aplicaciones médicas y otra para imprimir piezas metálicas) y un ecosistema de sinergias y colaboraciones con otros grupos.

Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca y responsable del proyecto Abioinnova, destaca que el compromiso con el desarrollo de Salamanca es total. “Queremos generar oportunidades de riqueza y empleo para la ciudad con empresas de tecnología y salud, un sector en auge, para crecer e ir con ellas de la mano en este camino”, explica Pedro Martínez.

El responsable de Abioinnova no limita el paso de las empresas por la incubadora como lanzadera, sino que va más allá de cara al futuro. “La colaboración que ofrecemos no solamente se suscribe al tiempo en el que estén en Abioinnova. Si evolucionan y sus productos son comercializados, tendrán suelo industrial a su disposición, pero también en la ciudad, y con el nuevo distrito tecnológico que estamos diseñando, dispondrán de oficinas, espacios y todo tipo de facilidades”, describe Martínez Córdoba.

La idea es acompañar a la empresa en su ciclo de vida y apoyarla hasta que pueda retornar riqueza a la ciudad. “Queremos ir de la mano desde esa fase de preincubación o incubación hasta que se culmina con éxito y tenga viabilidad económica con un producto o servicio que se pueda comercializar de una forma óptima. Después, esa empresa por sí misma ya estaría generando riqueza para la ciudad y así cerraríamos el ciclo en el que ambas partes seríamos grandes beneficiados”, argumenta el concejal de Promoción Económica de Salamanca.

Los proyectos empresariales que ya han arrancado en Abioinnova son Virofend, de la investigadora Sara Cuadrado, que trabaja en un proyecto basado en una tecnología innovadora consistente en virus diseñados para tratar el cáncer, Lincbio-tech (investigación biomédica), Lobera Ingeniería (ciberseguridad y gestión de datos), MycoThink Consultora Fúngica (biotecnología) SeptiVet-Loop Diagnostics (Veterinaria), Globalstart Dynamics (IA), Raretech (medicina personalizada), 300K Solutions (optimización de muestra biológicas) y Tebrio (biotecnología con insectos).

Un ecosistema propicio

Pasar a formar parte de Abioinnova no solo se limita a trabajar en estas instalaciones, sino que a los emprendedores e investigadores se les abre un sinfín de posibilidades, contactos, sinergias, colaboraciones y apoyos bajo el paraguas de Salamanca Tech. En este propicio hábitat para investigar, crear, crecer y desarrollarse los emprendedores se pueden beneficiar de las fuertes conexiones con el ecosistema regional (Wolaria) y también local como las dos universidades de la ciudad (Universidad de Salamanca y la Pontificia), el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, sede de AIR Institute, o los grupos de investigación del Complejo Asistencial de Salamanca, del Instituto de Investigación Biomédica (IBSAL) o del Centro de Investigación del Cáncer (CIC). “Entrar en Abioinnova es hacerlo en un selecto club de trabajo en el que las interconexiones y el desarrollo en equipo pueden acelerar el proceso de crecimiento al tener un entorno propicio”, señala Pedro Martínez.

Otro aspecto muy importante a la hora de desarrollar ideas o proyectos es la mano de obra cualificada, ese talento que representa en la actualidad un hándicap para muchas empresas. En este sentido, esta Salamanca tecnológica también ofrece soluciones gracias a las dos grandes canteras de profesionales en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Pontificia.

De este modo, si una empresa o proyecto tiene espacio, equipamiento, un entorno favorable, contactos y mano de obra, las posibilidades de éxito se multiplican de forma exponencial y eso ahora mismo solo pasa en Salamanca. Y los únicos requisitos es asentarse en la ciudad con ilusión y ganas de triunfar.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha actualizado su Guía de Consentimiento Informado mediante la revisión de sus contenidos y la incorporación de nuevos conceptos para reforzar los derechos relacionados con la autonomía del paciente, recordar y ayudar a todos los profesionales a formarse en la importancia del consentimiento informado y garantizar su adecuación con la normativa de referencia legal.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad ha detallado este sábado que entre las novedades que se han incorporado a esta nueva publicación destacan la revisión de la evaluación de la capacidad del paciente.

También la actualización del documento de instrucciones previas, en el que el paciente planifica el consentimiento o el rechazo de un procedimiento asistencial diagnóstico o terapéutico cuando la enfermedad le impida tomar decisiones autónomas.

E incorpora una actualización de la normativa sobre el consentimiento informado, y la revisión de las recomendaciones aplicables en situaciones especiales, como aquellas en las que están implicadas menores de edad, personas con enfermedades mentales o pacientes con limitaciones para tomar decisiones.

La actualización de la Guía, elaborada por la Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano consultivo asesor de la Gerencia Regional de Salud, responde a los importantes cambios que se han producido con la incorporación de las nuevas tecnologías, la evolución de la relación entre profesionales y pacientes, el reconocimiento de la autonomía personal y la difícil valoración de la capacidad para tomar decisiones sobre procedimientos diagnósticos y terapéuticos en determinados pacientes.

La nueva Guía de Consentimiento Informado mantiene el formato original de preguntas y respuestas lo que facilita una consulta ágil y práctica de las cuestiones más habituales que surgen en el ámbito del consentimiento informado.

El consentimiento informado constituye un proceso continuo de comunicación entre el profesional sanitario y el paciente. A través de este diálogo, el médico proporciona información comprensible, adecuada y adaptada a las necesidades de cada persona sobre los procedimientos propuestos, sus beneficios, riesgos y alternativas para que el paciente pueda decidir libre y voluntariamente conforme a sus valores y proyecto de vida.

Con ello, la Guía de Consentimiento Informado se consolida como una herramienta de apoyo para los profesionales sanitarios y como una garantía para la protección de los derechos de los pacientes.

La Consejería ha incidido en que su publicación será de gran utilidad para los profesionales y pacientes de todos los centros sanitarios y también para los Comités de Ética Asistencial.

Una autopista leonesa sí pero la otra no. El Parlamento de Castilla y León ha aprobado hoy una iniciativa, a propuesta del Partido Popular (PP) en la que exige al Gobierno central el fin del peaje en la autopista León-Asturias, AP-66, pero no que se acabe el peaje en la otra que atenaza a la provincia leonesa, la León-Astorga (AP-71).

El texto aprobado, con el apoyo de sus socios de Vox en la Junta de Castilla y León, así como varios del Grupo Mixto como UPL, pero el rechazo del mayoritario en la oposición, el Grupo Socialista, también reclama que se ponga fin al pago de otra autopista que nada tiene que ver con la Comunidad, la AP-9; en Galicia. UPL planteó una enmienda que pedía incluir también entre los pagos a suprimir por completo la autopista León-Astorga, algo a lo que el Grupo Popular se negó, motivo por el que finalmente no se incluyó.

En otra parte de la proposición no de ley (PNL) que se alzó con 51 votos a favor, 29 en contra y una abstención en las Cortes de Castilla y León consiste en reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha bonificaciones a ese peaje en las restantes cuatro autopistas de la Comunidad en las condiciones que las que hace años beneficiar a los usuarios recurrentes de la León-Asturias, es decir, en la AP-51, la AP-6 con Madrid, la AP-61 y la AP-71 León-Astorga.

Por último, se recoge que de no hacerlo el Gobierno, la propia Junta de Castilla y León ponga en marcha “los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios necesarios” para ser ella la que ponga los fondos para aplicar una bonificación “mínima del 60%”, reza el acuerdo. Las condiciones para percibir esa rebaja, cuando se ponga en marcha, sería que hay que ser un conductor habitual, recurrente, con un número mínimo de viajes al mes, así como estar empadronado en algún municipio de la Comunidad.

Precisamente fue ese criterio, aparte del oportunismo electoralista, el que achacó el PSOE para defender su postura en contra de la iniciativa del PP. Un electoralismo que denota el hecho de que ese descuento del 60% ya ha sido prometido por el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco con antelación. Muy parecida postura y crítica lanzó la líder y portavoz en el Parlamento de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. Se sumó a las críticas, pero como UPL al voto favorable, el representante de Por Ávila, mientras el de Soria ya! se mostró ajeno al debate, por no haber ni siquiera una autopista en su provincia.

Defendiendo la iniciativa, la procuradora del PP por Segovia, Elena Rincón, aseguró que la Junta de Castilla y León vienen “defendiendo de forma incansable en beneficio de miles de castellanos y leoneses” su postura. Porque “esta iniciativa no habla solo de peajes: habla de cuánto cuesta vivir, trabajar y desplazarse en una Comunidad como la nuestra, donde las distancias marcan el día a día. No pedimos un trato de favor, sino igualdad, porque la equidad territorial no puede depender del código postal”, subrayó.

Recordó además que la petición de eliminación de los peajes de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66, del Huerna, se sustenta en un dictamen motivado que la Comisión Europea emitió el 17 de julio de 2025, que aprecia que las prórrogas de las concesiones vulneran el Derecho de la Unión. Obvió, eso sí, y se lo afearon los grupos de oposición, que fue precisamente el Gobierno del PP de José María Aznar quien alargó la concesión asturleonesa, de 2021 en que tenía que haber terminado hasta 2050.

La Junta de Castilla y León abre la puerta a ampliar “progresivamente” las ayudas públicas para el alumnado de centros de educación concertada tras la recomendación del Procurador del Común, que pidió eliminar las diferencias existentes en servicios como comedor, transporte escolar o programas de conciliación cuando las familias tengan circunstancias económicas y sociales equivalentes.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que la intención de la Junta es avanzar hacia una mayor equiparación entre los beneficios que reciben los estudiantes de centros públicos y concertados, aunque remarcó que la principal responsabilidad de la Administración autonómica sigue siendo garantizar la calidad de la red pública.

“Nuestra idea es poder ir equiparando progresivamente los beneficios de los centros públicos y de los centros concertados”, afirmó Carriedo al ser preguntado por este medio por la resolución del Procurador del Común. El portavoz autonómico no concretó qué medidas podrían adoptarse ni si la Consejería de Educación aceptará formalmente todas las recomendaciones planteadas por la institución, pero defendió como algo positivo que Castilla y León es una de las Comunidades “con más igualdad” entre ambas redes educativas.

“Es verdad que nuestra principal responsabilidad es la gestión de los centros públicos, es donde nos tenemos que centrar, garantizar la calidad de los centros públicos, pero también es verdad que Castilla y León es de las Comunidades Autónomas de más igualdad entre los centros públicos y los centros concertados”, señaló.

La resolución del Procurador del Común cuestiona que determinadas ayudas financiadas con fondos públicos estén condicionadas por la titularidad del centro educativo. La institución considera que no debe existir una diferencia de trato entre familias con una situación económica o social similar únicamente porque sus hijos estén matriculados en un colegio público o en un centro privado concertado sostenido con fondos públicos.

Entre los servicios analizados figuran las ayudas de comedor y transporte escolar, así como los programas de conciliación ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’, actualmente vinculados principalmente al alumnado de centros públicos. El Procurador del Común sostiene que la capacidad económica de las familias y sus circunstancias personales deben ser los criterios determinantes para acceder a estos recursos.

Hasta ahora, la Junta ha defendido que estos servicios complementarios tienen una regulación diferenciada y que los conciertos educativos no incluyen necesariamente estas prestaciones. No obstante, la respuesta de Carriedo abre ahora la puerta a una modificación progresiva de estas ayudas, si bien deja pendiente qué alcance concreto podría tener esa equiparación y cuándo se aplicaría. La Consejería de Educación tiene de plazo hasta octubre para comunicar si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.

El Procurador del Común de Castilla y León pide un vuelco a la política de becas y ayudas educativas de la Junta de Castilla y León. En una resolución considera discriminatorio que determinadas ayudas educativas de la Junta dependan de que los alumnos estudien en un colegio público o en uno privado concertado, y por lo tanto sostenido con dinero público. La institución que dirige Tomás Quintana reclama a la Consejería de Educación que permita también al alumnado de la escuela concertada acceder a ayudas para comedor y transporte escolar, siempre que sus familias se encuentren en situaciones socioeconómicas y familiares equivalentes a las de los beneficiarios de la enseñanza pública.

La resolución procede de una queja presentada ante el Procurador por la exclusión de los estudiantes de centros concertados de determinadas becas, ayudas y subvenciones autonómicas. Tras solicitar información a Educación, la institución ha analizado las diferencias existentes en servicios como el transporte y el comedor y en programas de conciliación como 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole'.

En el caso del transporte, la última convocatoria de ayudas para el curso 2025-2026 establece como regla general que los beneficiarios cursen sus estudios en centros públicos dependientes de Educación. Los estudiantes de centros privados concertados únicamente pueden acceder cuando hayan sido escolarizados en ellos por necesidades determinadas por la Comisión de Escolarización.

Algo similar ocurre con el comedor escolar. Las ayudas reguladas para los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial se circunscriben a centros públicos que dispongan de este servicio. Aunque existe otra línea para el primer ciclo de Infantil que alcanza a determinados centros privados sostenidos con fondos públicos, esta no cubre a los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria de colegios concertados.

'Madrugadores' solo en la pública

Las diferencias se extienden a la conciliación. Los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole' están diseñados para alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria matriculados en centros públicos. Tampoco pueden acceder los estudiantes de la concertada al servicio de atención y cuidado habilitado por Educación después del horario lectivo durante septiembre y junio.

La Junta de Castilla y León ha defendido ante el Procurador que no existe discriminación según la resolución publicada. Educación argumenta que no hay diferencias entre públicos y concertados en lo relativo a la enseñanza propiamente dicha y recuerda que ambos comparten procedimientos de admisión. Sin embargo, sostiene que los servicios complementarios tienen una regulación distinta y que, en el caso de los colegios concertados, no están incluidos en el concierto educativo y los propios centros cuentan con autonomía para establecerlos.

La Consejería también recuerda que existen otras ayudas de las que sí pueden beneficiarse los estudiantes independientemente de la titularidad de su centro. Entre ellas cita las destinadas a Bachillerato, Formación Profesional y determinadas enseñanzas de régimen especial, el programa Releo Plus para libros de texto y las subvenciones para adquirir dispositivos digitales.

Centros concertados, servicio público de educación

Pero el Procurador señala en su resolución que los centros concertados forman parte de la red destinada a prestar el servicio público de educación y sostiene que sus familias pueden encontrarse exactamente en las mismas situaciones de vulnerabilidad que aquellas cuyos hijos estudian en colegios públicos.

Por ello, considera que excluirlas únicamente por la titularidad del centro resulta una diferencia de trato “discriminatoria y carente de justificación razonable”. El Procurador advierte además de que interpretar la elección de la concertada como una renuncia voluntaria a los servicios disponibles en la pública acabaría provocando que la capacidad económica condicionase en la práctica el derecho a elegir centro educativo.

La institución respalda su posición con jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entre otros precedentes, recuerda una sentencia de 2014 que concluyó que, en ausencia de razones específicas, no está justificada la disparidad de trato entre centros públicos y concertados debido a la similitud sustancial de su régimen jurídico. También menciona una sentencia de 2012 que confirmó la anulación de una convocatoria extremeña de inmersión lingüística reservada exclusivamente a alumnos de centros públicos.

El Procurador considera especialmente relevante el posible impacto sobre familias numerosas, monoparentales o económicamente vulnerables. Reconoce que la disponibilidad presupuestaria puede justificar establecer umbrales de renta, priorizar a determinados hogares o introducir progresivamente las ayudas, pero considera mucho más difícil justificar que se excluya por completo a unas familias únicamente porque sus hijos estudien en un colegio concertado.

Por ello la institución que agrupa la defensoría del pueblo en la comunidad reclama a la Junta ayudas para sufragar los gastos de comedor y transporte que incluyan a los alumnos de centros privados concertados, de manera que familias en circunstancias económicas y familiares sustancialmente equivalentes puedan acceder a los mismos recursos públicos con independencia de la titularidad de su colegio.

También insta a la consejería de Educación, por sí misma o conjuntamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a diseñar programas de conciliación abiertos al alumnado de todos los centros financiados con fondos públicos. La institución pone especialmente el foco en las reducciones de jornada escolar y los periodos no lectivos.

La Consejería de Educación dispone hasta octubre para comunicar de forma motivada si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechará el regreso esta semana de la actividad parlamentaria a las Cortes de Castilla y León tras el parón veraniego para poner sobre la mesa varios de los asuntos pendientes de la Junta con la provincia. Los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71, los retrasos en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y la situación de la sanidad en la Región leonesa protagonizarán las tres preguntas orales que la formación dirigirá al Gobierno autonómico en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, se dirigirá directamente al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para preguntarle si considera que su Gobierno ha sido “suficientemente proactivo” para conseguir la eliminación de los peajes de la AP-66 y la AP-71, dos de las principales conexiones por carretera de la provincia de León.

Los leonesistas vuelven así a llevar al Parlamento autonómico una reivindicación histórica de la formación. En su iniciativa, UPL pone especialmente el foco en la autopista con Asturias y recuerda la posición de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión del peaje para cuestionar las actuaciones realizadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.

Otro de los asuntos será el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. El procurador Luis Mariano Santos preguntará a la nueva consejera de Educación, María Pardo, si considera que la Junta ha actuado “con la diligencia exigible” para sacar adelante una infraestructura que acumula numerosos retrasos.

Según recuerda UPL, las actuales previsiones sitúan su puesta en funcionamiento, como pronto, en el curso 2027/2028, lo que para la formación supondría que el nuevo edificio llegaría con “casi dos décadas de retraso” respecto a los compromisos adquiridos para sustituir las actuales instalaciones.

La tercera pregunta tendrá como protagonista a la sanidad pública en la Región Leonesa. Rosa Quintanilla, nueva procuradora de UPL en las Cortes, interpelará al consejero de Sanidad para conocer la valoración que hace el Gobierno autonómico de su gestión sanitaria durante los últimos meses en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Los leonesistas consideran que los problemas sanitarios en estos territorios persisten pese a haber sido planteados reiteradamente ante la Junta.

Feve vuelve también a las Cortes

El regreso parlamentario tendrá además Feve como otro de los asuntos leoneses destacados. UPL utilizará la única Proposición No de Ley (PNL) de la que dispondrá el Grupo Mixto en este periodo de sesiones para plantear una solución que permita recuperar la integración ferroviaria en la capital leonesa.

La propuesta pide a la Junta que impulse la creación de un consorcio que permita a la Administración autonómica asumir la infraestructura de Adif correspondiente al tramo tranviario de la antigua Feve y posibilitar así la integración de la línea ferroviaria-tranviaria dentro de León hasta la estación de Matallana.

La iniciativa plantea además incorporar el recorrido entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León. UPL tiene previsto explicar este miércoles con mayor detalle su propuesta antes de defenderla el viernes en las Cortes.

Un incendio forestal declarado poco antes de las 15.00 horas de este domingo en el monte La Calabaza, en las inmediaciones de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, avanza con fuerza hasta el municipio de Quemada. Según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se trata de un siniestro con riesgo para la población y bienes materiales, por lo que ha sido declarado de nivel 2 en el Índice Potencial de Gravedad (IPG).

Se trata de una zona boscosa, de pinos y encina, situada cerca de Aranda de Duero, en las proximidades de la carretera BU-925 que comunica la villa arandina con la localidad de Peñaranda de Duero, y del río Arandilla, han informado fuentes de la administración autonómica.

Poco antes de las seis y media de la tarde se ha decidido el corte total de tráfico en la mencionada carretera y decidido el desalojo de tres personas de las viviendas que se encuentran más cerca del foco de las llamas.

En el control del fuego participa a esta hora una treintena de medios desplazados por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España (Ministerio para la Transición Ecológica), entre ellos cinco helicópteros e hidroaviones. Participan también de este dispositivo varias cuadrillas terrestres, helitransportadas, camiones autobomba y un vehículo bulldozer.

El parque multiaventura La Roca de Palencia acogerá el próximo jueves 24 de septiembre el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla y León. La inscripción, libre y gratuita y con preferencia para afiliados, se puede formalizar hasta el lunes 14 en las sedes de la UJP en cada una de las provincias de la comunidad. La capital palentina toma el relevo de Valladolid, que organizó el pasado año la primera edición en el Pinar de Antequera.

La jornada comenzará entre las 9.00 y las 11.00 horas con la recepción de asistentes y desayuno, seguida de la recepción de autoridades y un acto institucional programado para las 11.15 horas. Una sucesión de actividades dará luego paso a una comida a base de olla ferroviaria (14.45 horas).

Por la tarde serán protagonistas las actuaciones: del Nuevo Mester de Juglaría (16.15 horas) y la música y el baile con Sara Bureba (17.45 horas). A las 19.00 horas llegará el momento de la clausura de este II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

La organización calcula que alrededor de 450 personas participarán en esta cita. La provincia de León cuenta con 1.316 afiliados a la UJP.

Al parecer hay cierta dosis de comunicación y se manifiesta en fotos. El calor de la aquiescencia para quemar madera, (biomasa), puede que ayude, si bien me asaltan dudas. Sigue lo del pragmatismo político. Partidismo autonomista en uno, el consejero polivalente; en tanto el alcalde legionense, va en plan, más que de verso, de estribillo suelto socialista, intuyo.

'Todos somos de León', nacencia y poco más así nos sitúa a cada cual la letra del cantar. Pero lo de leonés, cuando esto significa compromiso de serlo y defenderlo, aquí y acullá, aún siendo generoso en la apreciación, no importa la mano política... ¡Hay que demostrarlo!

No va de 'opinión' sobre el tema Fueros, los que Alfonso V nos otorgó, tanto a la ciudad como al territorio de su reino, sino para mostrar algunas consideraciones ante la coyuntural lectura, dicen que popular, y hasta donde conozco viene dado este acto, con cierta dosis de patrimonialidad que se me atraganta, con la sombra de la Junta autonómica.

¿Nos invitan a que participemos o somos nosotros, los legionenses, los que les invitamos a ellos, a los verdugos autonomistas?

Nos ponemos una saya, por si hay que rasgarla en algún momento, y un sí señor en los labios, y hasta puede que lo admitido vaya calando en lo más hondo, hasta hacer el juego al amo.

Tan solo rectificaría, en esto último, si se demostrara que la mano que maneja la batuta, para lo del atril, no está dejando que nos imposten la voz, con los designios autonómicos que parten del centro del poder. Actuación comunitaria autonómica impuesta que no está representada en el espíritu de la letra que se lee, si acaso en la estampa de algunos de los infieles que se prestan a ello.

Leer los Fueros, un empeño

Nada que objetar al hermoso texto articulado muchos años atrás, cuando, siendo súbditos, ensayábamos para ser libres y hoy bajo el concepto de democracia vivimos aprisionados políticamente.

En Villafeliz de la Sobarriba, que reivindica lugar y espacio en la lectura por razones forales pioneras, otro año más, con pundonor local y como anticipo, se organizó un buen ensayo con apariencia popular, pero, se me antoja mechado con el símil trufa político juntero. No en balde allí estaba, cómo no, el señor Quiñones en el alto papel de representante máximo de la Junta autonómica: la otra señora, sin virginidad, de la Sobarriba, por aquello del dominio territorial que se ha arrogado.

Este año ha sido, según el cartel impreso, el 1009.º aniversario, y por ende, el que sigue será el 1010.º. ¡Vaya, vaya, vaya!

En la Catedral, codo con codo, la gran apuesta, el alcalde y el consejero, lo dicho, las fotos nos los muestran. Sí, sí, allí estaban… (tal como decía la cancioncilla en la boca de los payasos de la tele), que yo los vi. Y aunque suene a buena relación sociata-conservata o local-autonómica, no se entiende en quien aprobó una moción para una autonomía propia, que reivindica identidad y autogobierno propios leoneses, y la estampa del fiel representante del ente autonómico a la sombra de Mañueco, imagen de insólito negacionismo de lo leonés.

¡Ah! En el hipotético caso de que habláramos de ir de la mano (política por supuesto), se acomodaría a chaqueteo, y… no se contempla tal coyuntura.

Del color al calor…

¿Arde en fuego de maderas el juego del consejero Quiñones?

Surge la pregunta ante una fotografía donde parcialmente veía lo que llamaban conducción de calor subterráneo: dos tubos en paralelo, de una sección no muy llamativa, a medio enterrar, viniendo del cementerio, de la bomba de biomasa, con dirección Legio, para calentar casas y cosas. Su colocación en paralelo me parecía señal interpretable, como decía ayer, extrañado ante el supuesto interés del ente autonómico por proporcionarnos algo a los leoneses, lo que encaja en una ejecutoria altamente sospechosa... ¡Tan sólo por ello!

El alcalde y el consejero de la mano, para encender la mecha. Puede que ninots en supuesta falla cual hoguera de San Juan, pero yesca y pedernal ante la biomasa… un tema controvertido, en manos políticas discrepantes en todo.

Conviene no olvidar lo aportado por Antonio Turiel, dentro del compás científico, cuando nos habla de la biomasa. Ni son limpios los humos, ni estamos en condiciones de que nos lleven al huerto aquellos que, de forma aberrante necia y dolorosa, se niegan a admitir que no sólo nos están esquilmando (con malicia extrema o usurpación con engaño), sino que nos escamotean el derecho constitucional a manejar los intereses leoneses, por leoneses, al... ¡Autogobierno!

¡Lexit! Sin calentura, pero firme decisión.

La Junta de Castilla y León acaba de poner en marcha las prometidas subvenciones de hasta 900 euros para ayudar en la obtención del permiso de conducir de clase B para jóvenes de entre 18 y 30 años. Se trata de una medida con la que el Gobierno autonómico busca mejorar el acceso al empleo de los jóvenes, favorecer la emancipación y contribuir a fijar población, especialmente en el medio rural, según las bases reguladoras publicadas este viernes 28 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La medida, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que dirige Cristina Sanchidrián, prevé ayudas que cubrirán parte de los gastos derivados de la obtención del carné de conducir y que podrán alcanzar un máximo de 900 euros, en función de la renta de la unidad de convivencia de la persona solicitante.

Entre las primeras condiciones, las ayudas estarán dirigidas a jóvenes que hayan cumplido 18 años y que no superen los 30 durante el año de la convocatoria. Entre los requisitos figura residir y estar empadronado en algún municipio de Castilla y León con una antigüedad mínima de cinco años antes de la obtención del permiso y mantener ese empadronamiento de forma ininterrumpida durante al menos tres años después de solicitar la subvención.

Las condiciones principales

La cuantía máxima será de 900 euros para las unidades de convivencia con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La ayuda podrá alcanzar hasta 750 euros para rentas situadas entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM; hasta 600 euros para ingresos entre 2,5 y 3,5 veces ese indicador; y hasta 450 euros para quienes superen ese umbral.

Lo que entra y lo que no

Serán subvencionables gastos como la matrícula, las clases teóricas y prácticas impartidas en autoescuelas homologadas con centros abiertos en Castilla y León, así como las tasas y derechos de examen de Tráfico. Quedarán excluidos los reconocimientos médicos y psicotécnicos y otros gastos de gestión.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenarán principalmente según el nivel de renta de la unidad de convivencia, de menor a mayor. En caso de empate, prevalecerá el orden de presentación de la documentación completa.

La gestión de las ayudas contará con la colaboración de la empresa pública Somacyl y las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica a través de la sede de la Administración autonómica, en el portal de la Sede Electrónica de la Junta, pinchando aquí.

Letra pequeña

Sin embargo, es importante remarcar, como lo detalla la Consejería, que la convocatoria saldrá en el mes de septiembre y los usuarios podrán solicitar las ayudas sólo una vez que hayan obtenido el permiso de conducir. Y que el pago de las cuantías se realizará durante el año próximo año, 2027, al incorporarse la partida al Presupuesto de la Comunidad para el próximo ejercicio.

En la orden publicada, la Junta argumenta que la movilidad constituye un elemento “estratégico” para combatir el despoblamiento y favorecer el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en una comunidad marcada por la dispersión territorial y el peso del medio rural.

El Ejecutivo autonómico destaca que disponer del permiso de conducir resulta determinante para acceder a numerosas oportunidades laborales, especialmente en sectores con relevancia en Castilla y León como los servicios, la industria agroalimentaria o la logística.

Además, recuerda que el permiso B es un requisito previo para acceder a licencias profesionales vinculadas al transporte de mercancías y viajeros, un ámbito que presenta una elevada demanda de trabajadores.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.

La Junta de Castilla y León invertirá 4.314.889 euros en la construcción de una nueva incubadora de empresas y autónomos en el Parque Tecnológico de León, especializada en proyectos relacionados con la ciberseguridad, el sector aeroespacial y el turismo. El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) la contratación de las obras, que estarán financiadas con fondos europeos Next Generation.

El nuevo edificio se levantará en la parcela M8 del Parque Tecnológico de León y pretende ampliar la capacidad para acoger empresas y profesionales con proyectos innovadores. La Junta justifica la nueva construcción por el “alto nivel de ocupación” que presentan actualmente los espacios destinados a incubación y alquiler existentes en el parque.

La futura infraestructura combinará oficinas cerradas y espacios abiertos de trabajo y coworking, además de zonas compartidas, salas de juntas y reuniones, un 'showroom' y otros servicios destinados a facilitar la puesta en marcha y crecimiento de nuevas iniciativas empresariales.

La Junta vincula la inversión con el desarrollo en León de sectores como la ciberseguridad y la industria aeroespacial. Castilla y León lidera el proyecto Red-Argos del programa RETECH, desarrollado junto al País Vasco y Andalucía y financiado con fondos europeos para impulsar el ecosistema de ciberseguridad y su especialización en ámbitos como la movilidad, el aeroespacial, la energía, la industria inteligente, la salud o las ciudades inteligentes.

En materia aeroespacial, León cuenta además con uno de los centros de incubación de proyectos emergentes de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España, impulsado conjuntamente por la Junta, la propia ESA y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El Gobierno autonómico cifra en más de 2.100 los trabajadores del sector aeronáutico en Castilla y León y asegura que el 70% son titulados universitarios.

La tercera pata de la nueva incubadora será el turismo, que la Junta considera otro sector con capacidad para generar empleo mediante la innovación. El Ejecutivo autonómico destaca que Castilla y León lideró el turismo rural durante 2025 y que el sector turístico superó las 114.000 personas ocupadas durante el segundo trimestre del año.

La instalación leonesa tendrá su equivalente en otra incubadora especializada en el sector agroalimentario que se pondrá en marcha en Palencia. Ambas pretenden crear espacios especializados en los que empresas, centros tecnológicos, universidades y otros agentes puedan colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos.

Más de mil aspirantes optan a una plaza de policía local en el proceso selectivo convocado por la Junta de Castilla y León que comienza el 15 de septiembre, con el desarrollo de las pruebas físicas en la Ciudad Deportiva y la Piscina del complejo deportivo de la Victoria, en Valladolid.

La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha publicado los listados definitivos de admitidos (en total 1.015) y excluidos, que se reparten entre el turno de movilidad (941) y el turno libre (74), turno que incluye plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería.

La resolución se puede consultar en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del día 24 de agosto y los listados definitivos de admitidos y excluidos en la web institucional de la Junta de Castilla y León. También se podrá conocer de forma presencial en la sede de la Agencia de Protección Civil y Emergencias en el Paseo del Hospital Militar, 24 de Valladolid, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El Tribunal del proceso selectivo ha publicado en la página web de la Junta de Castilla y León la convocatoria para la realización de las pruebas físicas, primeras de la fase de oposición, que se desarrollarán los días 15, 16, 17 y 23 de septiembre.

También ha publicado las fechas previstas, en un principio, para la celebración de las siguientes pruebas, aunque dicha planificación podría ser susceptible de cambios motivados por el propio desarrollo del proceso o por circunstancias externas al mismo.

Así, para el turno de movilidad, y tras las pruebas de aptitud física, el reconocimiento médico está previsto en el mes de octubre, y las pruebas de aptitud psíquica, el 22 de noviembre.

En el caso del turno libre, el primer ejercicio de la prueba de conocimientos (Cuestionario tipo test) se celebrará el 4 de octubre; el segundo, un supuesto práctico, el 25 de octubre; las pruebas de aptitud psíquica, el 22 de noviembre; y el reconocimiento médico, en diciembre.

El último episodio de una polémica actuación sobre la iglesia románica protegida del Mercado en la Plaza del Grano y el Camino de Santiago de León, que finalmente se desveló como protagonizada por la propia Junta de Castilla y León, garante del patrimonio catalogado de Interés Cultural, le ha servido al Obispado de León para tratar de obviar los muchos episodios en los que su actuación y la del párroco, Manuel Fláker, ha sido irregular e impune a pesar de causar daños en el edificio del siglo XII.

Incluso la propia Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por boca de su nuevo responsable, José Ramón Sola, elegido por Vox para el cargo, como su antecesor, Gonzalo Santonja, ha llegado a bendecir la actuación. Un trabajo que ha consistido en anclar sobre los sillares del ábside noroeste, justo encima de una grieta, un llamativo dispositivo tecnológico compuesto por un fisurómetro y una estación meteorológica, que transmiten datos en tiempo real a través de conexión wifi.

El consejero admite su impacto pero lo limita sólo a algo visual y defiende que precisamente los parámetros que recojan estos aparados servirá para conseguir datos “objetivos, mensurables y precisos del estado de conservación del inmueble” antes de plantear cualquier intervención. Por ese motivo, Solá aseguró que no se retirará hasta que se recojan “datos muy precisos sobre si la grieta en la que está instalado está viva o muerta”, admitiendo de este modo que existe un daño en la zona, del que hasta ahora jamás se había hablado.

Un 'baile' de culpas y otro desmentido

Esta decisión y esta postura contradicen abiertamente a la manifestada por la Delegación de la Junta y el Servicio Territorial de Cultura en León, responsables de la Comisión de Patrimonio: primero atribuyó a la parroquia la instalación del aparato, después ordenó su inmediata retirada al Obispado de León y finalmente, apenas 24 horas después, admitió la responsabilidad de la propia Junta. Tras esto, se decidió “que el dispositivo no está correctamente ubicado y ya se ha solicitado a la empresa instaladora que proceda a retirarlo y a reubicarlo de forma adecuada”, preferentemente en el interior de la iglesia. Todo ello ha sido ayer desmentido por el consejero tajantemente.

Aunque costó tres días averiguarlo a la propia administración autonómica, ahora ya al menos se confirma que el polémico aparato es una estación de monitorización vinculada al proyecto KHN (Knowledge Heritage Network), promovido por la Consejería y el Gobierno central con fondos europeos, en un plan dotado en su conjunto de 15,2 millones de euros para instalar 101 ingenios tecnológicos de este tipo en otros tantos BIC de Castilla y León, literalmente para “avanzar en la conservación preventiva y la gestión digital del patrimonio cultural”.

La Diócesis se lava las manos

Desvelada casi una semana después por fin la enésima polémica de un aparato que, según el consejero, permanecerá en el templo románico de la Plaza del Grano hasta que cumpla su función, llega el momento de confrontar este caso con diferentes y graves actuaciones recientes para la conservación de la iglesia románica de Nuestra Señora del Mercado, que es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1973, y que se ve afectada por otra protección que confiere el BIC y Patrimonio de la Humanidad del Camino de Santiago que pasa por su fachada principal.

Una sucesión reciente de situaciones que hasta ahora habían sido responsabilidad directa de la parroquia, y por ende del Obispado de León, pero que a pesar de considerarse graves y serias nunca fueron objeto de expediente sancionador, que se sepa oficialmente. Una responsabilidad la de la Diócesis que contrasta con un reciente comunicado de prensa emitido a raíz de este último escándalo.

En la nota, se limita a “reiterar el interés que históricamente ha mantenido por el cuidado del patrimonio diocesano y la colaboración con las instituciones públicas competentes para este fin”. Eso sí, después de lavarse las manos sobre el último caso, afirmando que “tanto la parroquia como la propia Diócesis nunca han promovido ni participado en dicha intervención, así como tampoco han tenido conocimiento detallado del proyecto”.

Una sucesión de polémicas

Desde la muerte del anterior párroco don Enrique, Enrique García Centeno en 2017, su sucesor, Manuel Fláker, ha sido noticia por muy diversos motivos en los últimos años en León. Ensalzado por unos, debido por ejemplo al gran auge que ha cogido la parroquia al abrirse masivamente al Camino Neocatecumenal, popularmente conocido como Los Kikos, por su fundador, el leonés Kiko Argüello. Pero también muy criticado por otros, por esa colonización neocatecumenal de la histórica parroquia leonesa y por una sucesión de actuaciones sobre el patrimonio protegido que es el templo, las cuales muchas veces han obligado a intervenir a Patrimonio de la Junta para ampararlas o impedirlas.

Una de las más sonadas fue el derribo de la antigua 'Casa del Cura' frente a la iglesia en 2019, una permisividad de la Junta de Castilla y León que contrastó con el hecho de que a la fachada colindante, idéntica a la de la parroquia, Patrimonio sí le obligara a reformar pero sin poderse tirar, en lo que fue una doble vara de medir.

'La calle es mía'

Tras el derribo, la parroquia proyectó un nuevo edificio en el solar que da hacia la calle Herreros y la pequeña calle Trastámara. Pero aunque obtuvo licencia municipal desde 2018, las obras de construcción demoraron durante años. Y sin obra alguna, en parte por el efecto de la pandemia, durante casi cuatro se le permitió impunemente mantener cerrada la calle Trastámara. Y eso que nunca constó una autorización para ello, como llegó a admitir el Ayuntamiento leonés, que tuvo finalmente que forzar su reapertura para los viandantes. Actualmente vuelve a estar cortada y sin posibilidad de tránsito por las obras que, ahora sí, están en marcha para levantar la nueva Casa del Cura de la parroquia, pero la autorización otorgada expiraba en 2025, según el Ayuntamiento.

Poco después, el propio Consistorio aprobó la concesión de la Medalla de Oro a la Virgen del Mercado, antigua Del Camino, titular del templo, conocida como La Morenica. Pero en previsión de alguna irregularidad o polémica como otras ocurridas en Málaga, Jerez, Sevilla o Cádiz, algunas tumbadas a posteriori por el Tribuan Superior de Justicia, se buscó el subterfugio de otorgarle la medalla no a la Virgen sino a la Parroquia del Mercado.

Los 'cartelones' clavados y 150.000 euros gastados

Apenas seis meses después, a mitad de 2024, la portada y la fachada sur del templo protegido apareció claveteado por varios carteles de grandes dimensiones, anclados por iniciativa el cura. Patrimonio de la Junta se llevó las manos a la cabeza, admitiendo que no sólo no estaba permitido sino que causaba daños y que ni siquiera el Obispado o la parroquia habían solicitado permiso ante la Comisión de Patrimonio, como es obligatorio.

Inmediatamente se ordenó a la Diócesis su retirada pero no se llegó a imponer nunca sanción alguna ni siquiera a abrir expediente. Incluso, también por indicación de Patrimonio, se acabaron retirando varias placas de metacrilato con información de horarios y similar igualmente clavadas en la piedra.

Lejos de sancionar, la propia Junta otorgó una subvención de 150.000 euros públicos para restaurar la dañada fachada sur, la misma en la que se habían clavado los carteles, y a pesar de lo cual llevaba años lamentando Manuel Fáker su mal estado. Recientemente venía pidiendo públicamente otra inversión similar en la fachada norte, del mismo lado en el que se sitúa el ábside en el que ahora aparecen desperfectos sobre los que la Consejería de la Junta ha clavado a su vez los aparatos para monitorizarlos antes de decidir su vuelve a intervenir o no.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la intención de la Consejería de Sanidad de Castilla y León de cerrar un ala completa de la tercera planta del Hospital Monte San Isidro y trasladar parte de su plantilla al Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). Lo mismo había hecho este mismo día el sindicato USO, exigiendo que no se aplicara esta traumática medida.

Según el sindicato, los profesionales conocieron el plan durante la tarde del 24 de agosto, sin que hubiera una negociación previa con la representación de los trabajadores y “bajo una fórmula de adscripción que la dirección presenta como voluntaria”.

CCOO considera que “la medida no constituye una simple reorganización interna, sino que supondría una reducción de los recursos humanos y asistenciales del hospital”. La organización teme que la petición de personal voluntario para abandonar el centro sea el primer paso hacia un recorte permanente de la actividad y un progresivo desmantelamiento del Monte San Isidro.

Críticas a la reducción de camas

La Federación sostiene que la dirección pretende aprovechar el descenso puntual de la ocupación durante el verano para justificar un cierre de camas que volverán a ser necesarias en los próximos meses. En este sentido, recuerda que la llegada del invierno suele incrementar las infecciones respiratorias y las neumonías, elevando la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

A juicio de CCOO, eliminar capacidad asistencial antes de los meses de mayor demanda constituye una decisión «irresponsable y cortoplacista». El sindicato defiende que la planificación sanitaria debe tener en cuenta las necesidades previsibles de la población y la experiencia acumulada durante los periodos de mayor presión hospitalaria, y no únicamente los datos puntuales de ocupación registrados en verano.

La organización también cuestiona que la medida se presente como voluntaria cuando la plantilla todavía desconoce su alcance definitivo, su duración y las consecuencias que podría tener para los profesionales que permanezcan en el hospital.

“Improvisación y recorte, no planificación sanitaria”

CCOO reclama que se concrete cuántas camas se pretende cerrar, qué profesionales serían trasladados al hospital de León y si existe algún plan para recuperar esos recursos cuando aumente la demanda asistencial.

“Cerrar camas en verano para lamentar su ausencia en invierno no es planificación sanitaria: es improvisación y recorte”, sostiene el sindicato, que rechaza que la sanidad pública se gestione atendiendo exclusivamente a criterios de ahorro.

Por todo ello, la Federación exige la paralización inmediata de la reestructuración, el mantenimiento de todas las camas y la apertura de una negociación con la representación de la plantilla. “No vamos a permitir que el Monte San Isidro pierda recursos y profesionales mediante decisiones tomadas a espaldas de quienes sostienen diariamente el hospital”, concluye la nota de prensa enviada por el sidicato.

La transparencia continúa siendo una asignatura pendiente para varias administraciones leonesas. La Memoria de 2025 del Comisionado de Transparencia de Castilla y León hecha pública este mes de agosto señala incumplimientos en varias instituciones de la provincia, entre las que destacan los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y Astorga y el Consejo Comarcal del Bierzo, que no remitieron los cuestionarios de autoevaluación solicitados por el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

El Comisionado de Transparencia ha hecho pública su décima memoria tras la aprobación de la Ley estatal en el año 2013 y la autonómica en el 2015, que llevó esas funciones al Procurador del Común, el defensor del pueblo autonómico. En la actualidad ocupa el cargo el catedrático de la Universidad de León Tomás Quintana, que lleva en funciones cuatro años por la incapacidad de los partidos políticos para volver a nombrarle o designar un sucesor o sucesora.

La institución, con sede en León, usa el método de envío a las instituciones de un cuestionario de autoevaluación para analizar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que recoge la Ley. Las obligaciones de publicidad activa más relevantes para los ayuntamientos exigen la publicación proactiva y actualizada de información como el organigrama, perfiles de cargos públicos, exposición de proyectos de ordenanzas, reglamentos e informes justificativos, publicación de los presupuestos generales y contratos públicos, subvenciones concedidas, inventario de bienes o las retribuciones anuales de los representantes políticos, entre otros.

El caso de San Andrés del Rabanedo resulta especialmente significativo para el Comisionado de Transparencia en su informe 2025 debido al tamaño del municipio, el tercero de la provincia en habitantes, y los recursos de los que se supone dispone. El ayuntamiento del alfoz de León no respondió al requerimiento para participar en la evaluación de 2025, a diferencia de los de León y Ponferrada, que sí entregaron la documentación. Entre los municipios de más de 7.500 habitantes también incumplió el Ayuntamiento de Astorga, mientras Bembibre, La Bañeza, Villablino y Villaquilambre sí colaboraron.

El Consejo Comarcal del Bierzo rompe con años anteriores

También destaca negativamente el informe de Tomás Quintana la situación del Consejo Comarcal del Bierzo, que no remitió su cuestionario este año pese a que sí había colaborado en ejercicios anteriores. La institución berciana tampoco aportó, según la memoria, ninguna explicación que justificase la ausencia de respuesta.

El Comisionado recuerda que la entrega de esta información no constituye únicamente una muestra voluntaria de colaboración. No responder supone incumplir la obligación de colaboración establecida en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

La ausencia de cuestionario no impidió al organismo fiscalizador revisar directamente el portal de transparencia del Consejo Comarcal. El resultado tampoco resulta favorable: considera que existe “un amplio margen de mejora” y constata que la información disponible continúa siendo “bastante escasa” y no está actualizada.

León responde, pero mantiene carencias

El Ayuntamiento de León sí remitió su autoevaluación, aunque eso no significa que supere el examen sin reproches. El propio Consistorio volvió a reconocer, como ya había sucedido en ejercicios anteriores, que no publica información sobre el grado de cumplimiento y los resultados de sus planes municipales, ni tampoco sobre proyectos normativos, memorias o informes.

En materia de derecho de acceso, el Ayuntamiento de la capital declaró haber recibido 29 solicitudes de información durante 2025, de las que estimó 16. No contabilizó ninguna desestimación expresa ni ninguna inadmisión. Esto deja otras 13 peticiones fuera de las estimaciones expresas, aunque los datos facilitados no permiten atribuirlas automáticamente a negativas o silencios administrativos.

El Ayuntamiento de Ponferrada, por su parte, comunicó siete solicitudes de acceso, tres de ellas estimadas, sin registrar desestimaciones expresas ni inadmisiones. Sin embargo, durante el año el Comisionado tuvo que pronunciarse sobre distintas reclamaciones relacionadas con el Consistorio berciano. Entre ellas figura una estimación parcial para acceder a información sobre retribuciones de la Policía Local y contratos de suministro y mantenimiento, además de otra resolución favorable para acceder a un informe policial relacionado con daños en un vehículo.

La Bañeza, obligada a facilitar información sobre sus fiestas

Las reclamaciones presentadas por ciudadanos permiten comprobar otros conflictos de transparencia en ayuntamientos leoneses. La Bañeza protagoniza varios de ellos. El Comisionado estimó reclamaciones para acceder a documentación económica de las fiestas patronales de 2023, facturas vinculadas a una modificación presupuestaria y la relación de empresarios locales que viajaron a Francia en 2024.

En Igüeña se estimó una petición relacionada con una denuncia urbanística y parcialmente otra relativa a un convenio con el Motor Club de Pobladura y datos sobre recogida de residuos. También hubo una resolución estimatoria frente al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por una solicitud de información municipal.

No todas las reclamaciones dieron la razón a quienes solicitaban la documentación. El Comisionado inadmitió, entre otras, una reclamación contra Villamañán relacionada con las fechas de un proceso de selección y otra contra Soto de la Vega sobre denuncias por obras sin autorización.

El Comisionado estimó parcialmente una reclamación para acceder a actas de concejos de la junta vecinal de La Vid correspondientes al periodo entre 2021 y 2024. En Sueros de Cepeda dio la razón al reclamante que solicitaba las actas de las sesiones de la junta vecinal celebradas desde 2019 y documentación sobre el expediente para instalar un parque fotovoltaico en terrenos comunales. En Curillas, una reclamación sobre ingresos y gastos terminó por pérdida de objeto, mientras que otra presentada contra Campelo fue inadmitida.

La Diputación mejora su portal, pero el ILC tiene deberes

La Diputación de León presenta una situación diferente. La institución provincial sí entregó su cuestionario y ha implantado un nuevo portal de transparencia que, según explicó al Comisionado, está diseñado para que la mayor parte de la información pueda consultarse con un solo clic. Durante 2025 declaró haber recibido 24 solicitudes de acceso a información, de las que estimó 19 e inadmitió dos.

Peor valoración obtiene uno de sus organismos dependientes. El Instituto Leonés de Cultura (ILC) dispone de portal propio desde 2022, pero continúa publicando parte de su información a través del portal general de la Diputación. La Memoria de 2025 considera que el organismo cultural provincial mantiene un amplio margen de mejora en la información que publica directamente.

Frente a los incumplimientos, otras administraciones leonesas sí atendieron los requerimientos de autoevaluación de sus obligaciones de la Ley. Además de León y Ponferrada, entregaron sus cuestionarios de autoevalación Bembibre, La Bañeza, Villablino, Villaquilambre, Sariegos, Valencia de Don Juan y Valverde de la Virgen. También colaboraron la Universidad de León y la Cámara de Comercio e Industria de León en los requerimientos de información. Pese a la existencia de estos documentos, las autoevaluaciones de las instituciones no se publican como tal como anexos en la Memoria anual del Comisionado para su público conocimiento.

Bien tensados los bordones, con el orgullo de lo tradicional leonés. Se equilibran las altas varas desde el ápice de cada pendón. Mas, también son necesarios los remos para la personalidad leonesa en inestable equilibrio, dados los resoplidos autonómicos que la amenazan. Como lo son, y ahí está el nexo, para las instituciones leonesas. O tensamos hasta la verticalidad, o nos llevan escorados, hasta la forzada caída.

Parto desde lo constatable y sigo con lo tradicional, que parece ser nuestro último refugio.

La Universidad de León (ULE) que hoy disfrutamos, nació de un empuje leonés bien cimentado en dos Facultades y cuatro Escuelas universitarias –¡Nada descubro!–, y con el apoyo de una generosa Caja de Ahorros de León, para, en buena lid, y mejor ejecutoria, llegar a alcanzar el Complejo que ahora a todos nos compete defender. Recordemos, nos desvinculamos, en cuanto a dependencia, de Oviedo, y, acabaríamos peor, cuando metidos en un ente autonómico creado por anómalo deseo castellano, con la anuencia estulta de los nuestros desde la Transición para acá, lejos de darnos, en plan colonia, nos van llevando ¡hasta las voluntades!

¡Tira del bordón, Froilán, que se nos cae la vara de las libertades!

Nuestra rectora, días atrás, manifestaba cierto grado de satisfacción ante la noticia de que había sido elegido como Consejero autonómico de Universidades…, el señor Suárez-Quiñones. “Porque fue profesor aquí y es de León”. Olvida que va al ritmo y dictado del ente autonómico. Y pregunto: ¿Ya ha hablado con este Consejero o éste juega al camuflaje y despiste?

Ante lo propio, lo leonés, no vale lo de competencias de Consejería, no consiste en estar al mandato autonómico –¡Lo que nos den!–, y a medrar…

Hay que anticiparse a la jugada, pero claro esto es demasiado pedir cuando hay tragaderas nefastas, de ahí el premio 'de oca a oca'…

Prometí recordar al 'primo', sí, el del ficticio 'chulo' citado, en un conocido chiste: quien, ante la respuesta de su hermana monja, respecto a la alianza que portaba en el dedo anular de la mano derecha (y ella afirmara que estaba casada con Dios), le provocó una exclamación, un cheli posesivo: “¡¡No tie cuñao el titi!!”

Pues al hilo rectora, por si más pronto que tarde nos vemos obligados a soltar en negativo los leoneses, un lastimoso “¡¡No tien consejero los leoneses!!

Si no nos va bien en el ente autonómico... ¡Hay que decirlo! ¡Incluso plantearse salir! Algo que es constitucional, y por tanto factible; el freno está en los políticos y en unas supuestas élites, puede que las mismas que abogan por las universidades privadas. Los ciudadanos de las tres provincias leonesas, prefieren la propia autonomía. Connotado con esto pregunto: ¿Acaso entre Zamora (Campus Viriato), Salamanca y León hay comunicación a este respecto, o no se hablan? Ir por libre tan sólo beneficia al ente autonómico y, en cambio, presionar como Región Leonesa y su derecho a comunidad diferenciada, sería un excelente arma. ¡Con dos filos!

La rectora de la ULE

Vuelvo a la rectora de ULE. Con, o sin ajustes pedidos de parte, “dado que el autarquismo cual orgullo de don Rodrigo en la horca”, o de la autosuficiencia engañosa del que... ¡fue! Y cuando más tan sólo puede suprimir el chocolate del loro para tratar de mantener el tipo… nos vemos en el extraño juego de que otros se lo lleven crudo, lo que les corresponde y puede que parte de lo que se nos escamotea a los demás… y en esta liga dicen que jugamos, y, naturalmente, vamos de colistas los leoneses.

El metafórico apriete de cinturón pierde simbolismo al llevar aparejados algunos planes recaudatorios extracomunitarios, “fusionar” titulaciones, ateniéndonos a lo anunciado por la rectora: una situación económico-financiera ajustada. Tomando por los pelos el calificativo, pregunto: por cuál de las dos circunstancias: ingresos o gastos. Y yo me inclino a pensar, y no es por reiteración, que lo presupuestado y devenido del ente, estudiado en plan obsolescencia, ceñido a años anteriores, entre freno y palanca, se agote antes de alcanzar la meta. O como diría el chulo: a la metá de la carrera.

¿Quiere esto decir que los caudales comunitarios se quedan cortos? ¡Pienso que sí! Al parecer están trabajando en un plan para pedir dinero a la Junta. Por qué no empezar involucrando, señora rectora, en tan grave problema al consejero competente señor Suárez-Quiñones y que nos acompañe en la elaboración de la hoja de ruta, de nuestra presentación y defensa allá en el centralismo comunitario.

Variantes. He leído que la ULE no está en la lista de las mil primeras universidades mejores del mundo (listado Shanghái 2026). También que bajó posiciones Salamanca (y mira que tiene solera) ambas de la Región Leonesa. Y que acaba de entrar Valladolid. Mucho me temo que esto tenga que ver con el asunto caudales que permitan investigar y florecer, captando científicos, formando doctores, publicando en según en qué diciplinas, todo dicho con ingenua sencillez.

Fruto de un buen hacer, nuestra ULE está en la alianza europea Eureca-Pro. En lo tocante a Consumo y producción sostenibles junto a otras ocho universidades europeas. ¡Es motivo de felicitaciones! Tanto en esto como en lo mundial, no soy quién para hablar del tema más allá de lo razonable de ciudadano preocupado, que quiere entender y comprender hacia dónde vamos.

Ayudar con el bordón… y, enhiesto el mástil, empujar hacia el Lexit.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado su discrepancia con la Junta de Castilla y León por sus reticencias a trasladar a Asturias la documentación del proyecto de Estatuto de autonomía de Asturias y la Región Leonesa redactado durante la Guerra Civil, recientemente descubierto en el Archivo General Militar de Ávila. Frente al argumento del Gobierno autonómico de PP y Vox de preservar la “unidad de los archivos”, el dirigente socialista defiende que la procedencia de los documentos justifica su custodia en Asturias.

“Con respeto, discrepo”, ha respondido Barbón en sus redes sociales después de conocerse la postura de Castilla y León. El presidente asturiano argumenta que los archivos “corresponden al Consejo de Asturias y León” y recuerda que el Principado conserva actualmente el despacho de Belarmino Tomás, presidente del Consejo Soberano de Asturias y León, además de otros materiales pertenecientes a aquel organismo. “Dada la composición del Consejo, lo lógico es que esos archivos estén en Asturias”, sostiene.

Barbón incide especialmente en el valor histórico de lo encontrado. “Se trata además del primer proyecto de Estatuto conocido de autonomía de Asturias y León”, señala antes de cuestionar directamente su actual ubicación: “Ávila, en ningún caso, parece el mejor lugar para albergar ese proyecto y las actas de dicho Consejo”. El Gobierno asturiano ya había anunciado su intención de solicitar formalmente que las actas y documentos incautados al Consejo Regional de Asturias sean trasladados al Archivo Histórico de Asturias para quedar allí a disposición de investigadores.

Castilla y León defiende que permanezca en Ávila

La posición choca con la expresada esta semana por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que defendió «la unidad del archivo y la unidad de los archivos». El Ejecutivo autonómico sostiene que conservar conjuntamente la documentación en Ávila facilita su protección y el trabajo de historiadores e investigadores.

Carriedo aprovechó además las preguntas sobre el hallazgo para reivindicar el actual modelo autonómico. Frente a las lecturas históricas o políticas que pueda suscitar la existencia de un proyecto que planteó unir Asturias con León, Zamora y Salamanca, el portavoz aseguró que los ciudadanos pueden sentirse «muy orgullosos» del recorrido realizado por Castilla y León durante el actual periodo democrático.

Las relaciones entre los presidentes del gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco son buenas, con ambos asistiendo a las tomas de posesión del otro, la última en Valladolid en junio de este año. Pese a la distancia política los dos gobiernos han compartido posturas como financiación autonómica o infraestructuras y en su coincidencia en diversos foros públicos han destacado las buenas relaciones entre ambas autonomías.

Un proyecto para unir Asturias, León, Zamora y Salamanca

La disputa institucional por los papeles tiene su origen en un documento hasta ahora desconocido localizado por el historiador Pablo Martínez Corral en el Archivo General Militar de Ávila. Se trata de un proyecto denominado 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León', elaborado durante la Guerra Civil y relacionado con la experiencia política del Consejo Soberano de Asturias y León, una institución política que funcionó de forma independiente durante unos meses de 1937.

El borrador consta de 18 artículos y varias disposiciones transitorias y constituye el primer proyecto conocido de un Estatuto conjunto para Asturias y la Región Leonesa. Su artículo inicial planteaba una Región Autónoma asentada sobre la base histórica del reino asturleonés e integrada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca, aunque el territorio republicano del momento no abarcaba todas ellas.

No llegó a entrar en vigor y los investigadores llaman a no confundirlo con un Estatuto aprobado: el documento carece de fecha, firma y constancia documental de aprobación. Su importancia reside, sin embargo, en demostrar que en plena contienda existió un intento de convertir la organización excepcional surgida en el Frente Norte en una estructura autonómica estable dentro de la Segunda República.

El diseño era ambicioso. Contemplaba unas Cortes regionales, un presidente del Consejo Regional y un Consejo de Comisarios, además de Hacienda propia, Tribunal de Casación, Policía y Orden Interior. Entre sus competencias figuraban obras públicas, ferrocarriles, carreteras, agricultura, montes, minería, sanidad, enseñanza, seguros sociales y gestión de recursos naturales, e incluso recogía facultades para la expropiación y socialización de empresas y riquezas naturales. El proyecto permanecía, en cualquier caso, integrado en la República española y no respondía a un planteamiento independentista.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido este sábado a la Junta que cumpla con el mandato de las Cortes de Castilla y León y cree unidades de Reproducción Asistida completas en los hospitales de León y Salamanca, ha informado la formación leonesista en un comunicado.

Los leonesistas registraron recientemente en las Cortes una batería de preguntas para conocer las acciones que está realizando o tiene previsto de desarrollar la Junta para que estas unidades sean una realidad, y reclaman plazos y calendario para la puesta en marcha de ambos servicios.

La formación ha recordado que en marzo de 2025 el pleno de las Cortes aprobó, dentro del debate de política general de la comunidad, una propuesta de resolución presentada por UPL, que instaba a la Junta a Impulsar la creación de Unidades de Reproducción Asistida completas en los Complejos Hospitalarios de Salamanca y León.

En este aspecto, en el caso concreto de León, se solicitaba la creación de esta Unidad para evitar con ello que las mujeres de la provincia tuvieran que seguir trasladándose a Valladolid a recibir este tratamiento al poseer dos unidades de reproducción asistida (una en el Hospital Clínico y otra en el Río Hortega).

Lo mismo para Salamanca, donde se estima que son unas doscientas las mujeres que se derivan cada año a Valladolid para poder continuar con su tratamiento de fecundación in vitro, dado que el Complejo Hospitalario de Salamanca carece de una Unidad de Reproducción Asistida completa con laboratorio de fecundación un vitro.

A juicio de UPL, son numerosos los traslados que podrían ahorrarse leonesas y salmantinas, y “no exigiría de grandes inversiones”.

La formación se ha lamentado que a pesar de la aprobación de la medida hace ya año y medio, la Junta todavía no ha planteado un calendario para ejecutar un compromiso que también beneficiaría a las mujeres del norte de la provincia de Zamora, que reducirían la distancia a recorrer y tiempos de viaje para los tratamientos, al tener más cerca León que Valladolid.

Corríjanme los doctores de la prensa leonesa, pero creo que en este mismo medio donde está leyendo el amable lector, ha publicado la noticia de que, si nadie lo impide, se va a celebrar en la capital leonesa otra edición de la Semana Internacional de la Trucha en León que, debido a su escasa repercusión –tan sólo lleva cincuenta y ocho ediciones celebrándose sin necesidad de intromisiones ajenas– entonará el canto del cisne y pasará a ser un vulgar apéndice incardinado en un magno proyecto pergeñado por Castilla y León, con la rumbosa catalogación marca Destino Pesca Castilla y León.

Ni que decir tiene que esta pirueta con doble salto mortal carpado hacia atrás, necesita una poderosa cobertura semántica que minimice el rechazo que, presumiblemente, debería causar entre la ciudadanía en general y pescadores y organizadores de ediciones anteriores en particular. Con tal motivo se utiliza terminología grandilocuente, vano intento de confundir a criaturas poco avisadas, y así se aluden a la Fundación Patrimonio Natural, la marca Castilla y León, actuaciones de promoción turística relacionadas con la biodiversidad y ecosistemas naturales, caza, pesca y naturaleza.

El previsible manoseo del evento pasa por una nauseabunda puesta en escena con numerosos actos protocolarios y divulgativos que perseguirán difuminar el pasado y pergeñar un presente con vocación de futuro, a poco que la ciudadanía leonesa se descuide. Según las previsiones hasta se instalarán unas grandes balsas donde el respetable público podrá ejercer la afición a la pesca en medio de la Plaza Mayor. Es previsible que el cupo de pedantes, que siempre fue nutrido en León, acuda con sus vástagos a regocijarse pescando, sin muerte dicen, en un lugar público donde sólo corre el agua cuando llueve.

Personalmente me parece que acudir a tal llamamiento es de un ridículo espantoso, y todo ello por varias razones. La primera es que, en la ciudad de León, todavía en las aguas del Bernesga, evolucionan barbos de notables dimensiones y hace un par de años, cuando el señor Quiñones posaba con rostro angelical con familiares y pacientes de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) para contraprogramar a la mayoritaria manifestación a favor de la autonomía leonesa, una trucha, que pasaba con creces del kilo de peso, nadaba al arrimo de una pilastra del puente de San Marcos. Ésta era de verdad, las que se verán en la plaza, de piscifactoría.

En otro orden de cosas, UPL se interesa por el presupuesto que se destinará a minar, otra vez más, toda celebración que tenga tufillo a leonés. Esta formación no ha interiorizado aún que la Junta de Castilla y León obra con eficacia probada en desmenuzar toda evocación leonesa y así se va por los cerros de Úbeda. No le parece importar el origen de los fondos destinados a este ‘cambio de nomenclatura’. Pacma, con mejor visión, se opone al evento y rechaza el maltrato animal a manos de pescadores circunstanciales que sortearán la tradicional suspicacia de la trucha acuciada por el hambre. Es sencillamente repulsivo ver pescar en una granja acuícola.

Aquelarre de ridículos encadenados

Por si no fuera suficiente todo este aquelarre de ridículos encadenados, siempre con el patrocinio de la Junta y el aplauso continuado del primer partido de la oposición como del que pretende sustituirlo, nos desayunamos con que los fondos Miner serán los que soporten el dispendio de esta maloliente maniobra, siempre pergeñada para que León se disuelva en el magma amorfo de una regionalidad impuesta que, como el cadáver de Lázaro en el Nuevo Testamento, hiede. No se puede caer más bajo ni ser más ruin. Intentar comprar el aplauso de León con los recursos destinados a minorizar los daños en zonas mineras debería ser objeto del repudio público y la nula asistencia a los actos así programados.

De todos modos, hay que felicitar a la Junta de Castilla y León por su impudicia y por asestar otra puñalada a la condición leonesa. No les defraudarán nuestros palmeros habituales que aplauden toda iniciativa de esta índole, argumentando que oponerse a ella es oponerse al progreso y a las actividades que tanto necesitan las ciudades de medio pelo para visibilizarse. Lo dicho, el ridículo se avecina a velocidad de crucero. Entiendo que los estómagos agradecidos de la Junta, PP, PSOE o Vox asistan alborozados a este esperpento, pero si asiste la ciudadanía a hacer el caldo gordo a semejante despropósito será de una miseria antológica. ¿Qué dirán los niños llevados por sus mayores el día de mañana? Puede ser un trauma infantil.

Para terminar, y por querer ilustrar la demencial tesitura con que se nos amenaza, déjenme que les cuente un detalle que viví personalmente. Siendo yo más joven, fui comisionado por una asociación ecologista, de la que era miembro, para intervenir en un programa de radio en la que participaba un caballerete, debidamente financiado por la administración, que buscaba el aplauso público por su participación en un certamen ferial en el que pretendía –y llevó a término– pasear a los niños en vehículos todoterreno por el monte con el pretendido fin de mostrarles como se debía ser respetuoso con la floresta.

El interfecto, dotado de buena facundia, trató de justificar tamaña incongruencia con peregrinos argumentos, y un servidor que sentía el vértigo de un local cerrado e insonorizado donde había que hablar, por primera y única vez, ante un micrófono sabiendo que había una nutrida audiencia, sólo alcanzó a rebatir sus tesis alegando que llevar a los niños por el monte destrozándolo para ilustrarlos de como ha de ser su conservación era como pasearlos en un carro de combate para enseñarles como ha de conseguirse la paz.

Fuera porque la respuesta desagradara o por alguna otra causa que desconozco, nunca más fui invitado a un programa radiofónico, por cierto, de una cadena muy proclive a las tesis de la política imperante. Algo similar está ocurriendo en León con domésticos y adocenados paisanos nuestros, y no sólo en el tema de la pesca de la trucha. Esta nueva manipulación no es más que otra vuelta de tuerca en el metódico desmenuzamiento de León. Cueste lo que cueste. Reto a quien defienda lo contrario a confrontar argumentos, pero dormiré tranquilo sabiendo que no alzará la voz ningún brioso discrepante.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata