Pedro Sánchez y la nueva llave de la gobernabilidad

Se dice que Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, y el último movimiento articulado en la secuencia 'carta a la ciudadanía'-reflexión-regeneración democrática“ no ha sido una excepción. Con él, Sánchez ha establecido las bases de lo que, una vez agotada la pantalla de la ley de amnistía, parecía imposible: asegurarse, con una aritmética parlamentaria complicada, la gobernabilidad para los tres años y medio que restan de legislatura. ¿Cómo así?

Para comprender tal movimiento hay que entender primero la reconfiguración del modelo de democracia tutelada que se viene produciendo en España desde 2015. Es desde este nuevo escenario que llamaremos con el nombre de “democracia de tutela fáctica integral”, y aprovechándose de él, que Sánchez construye y se posiciona en el interior de una nueva narrativa capaz de unificar partidos ideológicamente tan distintos, como Junts, Sumar, ERC, PNV, Podemos o EH Bildu, en torno a su figura para el resto de legislatura: la narrativa de la regeneración democrática. Vayamos por partes.

1. La reconfiguración de la democracia tutelada. Es una afirmación cada vez más aceptada la de que la transición española no fue una ruptura sino un proceso proyectado por el ala reformista del franquismo que, garantizando la continuidad de parte del aparato militar, judicial, policial, administrativo, etc. heredado, acabó configurando, por vía de la Constitución de 1978, una democracia tutelada. Desde entonces, el régimen naciente construyó su estabilidad sobre dos mecanismos paralelos de tutela, cada uno de los cuales actuaba en una esfera distinta del espacio público: 1) los “mecanismos de tutela político-institucional” que actuaban en la esfera del Estado; y, 2) los “mecanismos de tutela fáctica” que lo hacían en la de la sociedad; Ambos conformaban un modelo dual de democracia tutelada que abarcaba Estado y sociedad, destinada a prevenir cualquier amenaza contra los pilares fundamentales del sistema: monarquía, unidad nacional y libre mercado.

Por un lado, llamo “mecanismos de tutela político-institucional” a aquellas reglas de organización del sistema político que, en la esfera del Estado, estaban pensadas para garantizar la estabilidad del régimen. Entre ellas: la Ley 1/1977 para la reforma política destinada a garantizar el control del proceso de redacción de la Constitución; el régimen electoral, fijado en la Constitución y la Loreg, pensado para favorecer un sistema político bipartidista; el procedimiento agravado de reforma constitucional del art. 168 CE pensado para impedir la reforma; etc.

Y, por otro lado, llamo “mecanismos de tutela fáctica” a aquellas acciones de represión, montajes policiales, tortura, manipulación informativa, espionaje, terrorismo de Estado, querellas políticas, etc., aplicadas sobre los cuerpos y vidas de la disidencia política en la esfera de la sociedad (movimientos sociales, izquierda extraparlamentaria, independentismo, etc.) y que durante décadas han sido ejercidas y amparadas por jueces y partidos, incluido el PSOE.

Estos dos mecanismos parciales de tutela, conformadores de un modelo dual de democracia tutelada, garantizaron la estabilidad eficaz del régimen desde 1978 hasta 2015. A partir de entonces, la reconfiguración cuantitativa y cualitativa del sistema de partidos que, fruto del 15M y el procés, se produce en España, rompe con la lógica bipartidista existente, dejando, así, sin eficacia uno de los principales mecanismos de tutela político-institucional en vigor: el sistema electoral.

El 15M implica un cambio cuantitativo en el sistema de partidos. El viejo modelo bipartidista, con únicamente dos grandes partidos de Estado y donde los otros pequeños partidos estatales tenían nula capacidad de presión sobre el Gobierno, es sustituido ahora por uno de nuevo donde aparecen nuevas fuerzas políticas intermedias (Podemos, Sumar, Ciudadanos, Vox, etc.) necesarias para gobernar. A la vez, el procés implica un cambio cualitativo que hace que los partidos catalanes, vascos y gallegos que han de ejercer de bisagra en España, ya no sean nacionalistas conservadores de orden preocupados por garantizar la estabilidad del Estado (CiU y PNV), sino fuerzas soberanistas (Junts, ERC, EH Bildu, BNG) cuya naturaleza ha mutado de leales socios en la gobernabilidad a la de partidos extractivos que negocian para cada apoyo puntual contrapartidas que mostrar como trofeo en su territorio.

Tal reconfiguración del sistema de partidos ha hecho que parte de los mecanismos tradicionales de tutela político-institucionales, como había sido el sistema electoral, a pesar de no haberse reformado, ya no es capaz de garantizar estabilidad política ni impedir que los “enemigos del régimen” (rojos y separatistas) tengan capacidad de incidencia en la esfera del Estado, la ley de amnistía es la última prueba de ello. 

Ante esta desactivación o pérdida de eficacia de los mecanismos político-institucionales de tutela, la única manera que el bloque reaccionario tiene para seguir manteniendo en orden el sistema es extender los mecanismos fácticos de tutela, que hasta ahora operaban sólo en la esfera de la sociedad, también a la esfera del Estado, de manera que estos últimos pasan a ser, ahora, un mecanismo de tutela integral que abarca sociedad y Estado. La reconfiguración del sistema de partidos ha implicado, en paralelo, una reconfiguración de un modelo dual a uno monista de democracia tutelada, o dicho de otra manera: el paso a una “democracia de tutela fáctica integral”. Parte de las técnicas ilegales que tradicionalmente se han y siguen implementado sobre activistas y militantes en el ámbito social, empiezan a aplicarse, desde 2015, sobre políticos progresistas con cargos institucionales.

2. La regeneración democrática como llave de la gobernabilidad. Aprovechando este contexto de “democracia de tutela fáctica integral” cuyos damnificados han sido mucho más Podemos, Junts, Compromís, ERC, EH Bildu, y muy poco el PSOE, Sánchez utiliza una burda querella de Manos Limpias contra su mujer, de nulo recorrido y que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibida, para: 1) Sobreactuar una persecución política contra él que le ubica en una posición de igualdad-identidad con sus socios de investidura, unificándose en un mismo grupo (nosotros) de alteridad respecto a otros (el bloque reaccionario); y 2) Redirigir el marco de debate político para lo que queda de legislatura hacia aquella única clivaje política que le permite unificar a todos los partidos del bloque de investidura, sin distinción, alrededor de su figura: la de la regeneración democrática.

Pedro Sánchez sabe que en una legislatura centrada en el debate de medidas sociales no conseguiría obtener el apoyo de Junts ni PNV. O que una legislatura centrada en el debate sobre el referéndum de autodeterminación donde, tras la amnistía, ya no le queda ningún recurso político que intercambiar, tampoco tiene futuro. En cambio, su victimización y ubicación en el centro del ideologema “regeneración democrática” y “lucha contra el bloque de Estado reaccionario” le permite crear patrones de agrupación de carácter transclasista y transideológico que unifica todos los partidos del bloque de investidura a su alrededor. 

Ubicado el debate político en este marco, Pedro Sánchez tiene varias cartas: la reforma de la LOPJ, la reforma de la Ley Mordaza, etc., que le permiten, sin tener que adoptar medidas estructurales de reforma del régimen del 78 ni en lo económico ni en lo nacional, negociar el apoyo de todos sus socios de gobierno o investidura, que por igual y sin distinción le están comprando el marco, durante lo que queda de legislatura.