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Las subvenciones al petróleo, el gas y el carbón crecen un 50% desde el Acuerdo de París contra el cambio climático

Vista de una bombeadora de petróleo, en una fotografía de archivo. EFE/ Larry W. Smith

Raúl Rejón

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El calor galopante. Una borrasca que arranca cientos de árboles. Las lluvias torrenciales superdestructivas. Los incendios incontrolables. Todo esto es la cara palpable del cambio climático en España. Y todo esto, en definitiva, deriva del calentamiento del planeta causado a base, sobre todo, de emitir gases por quemar petróleo, gas o carbón. Unos combustibles fósiles que, desde que se alcanzó el Acuerdo de París para contener la crisis climática, reciben cada vez más subvenciones. Lejos de reducirse, han crecido un 50% hasta sumar 6,5 billones de euros.

“Es un récord”, según el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha hecho la cuenta de los subsidios en 2022. Y lo achaca al “apoyo de los gobiernos a consumidores y empresas por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y la recuperación económica tras la Covid”. España aportó más de 24.000 millones de euros, muestran los datos del FMI.

La cuestión es que las ayudas públicas para quemar petróleo, gas o carbón el año en que el mundo alcanzó el Acuerdo de París (2015) llegaron a 4,2 billones de euros. El objetivo era contener el calentamiento del planeta a 1,5ºC (o como mucho 2ºC) a finales de siglo. ¿La principal causa? Las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿La principal fuente? Los combustibles fósiles.

Siete años después, en 2022, los gobiernos han puesto un 50% más de dinero para soportar el consumo de esos combustibles, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional que explica que ese gasto equivale al 7,1% del producto interior bruto global. “Más que lo que se invierte en educación y unos dos tercios de todo el gasto sanitario”.

Después de París hubo cierto cambio de tendencia, eso es verdad, pero con la guerra en Ucrania lo que vemos es todo lo contrario, un rearmarse de los combustibles fósiles

Javier Andaluz Responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción

En ese mismo periodo, los gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera por el uso de combustibles fósiles, en lugar de disminuir han aumentado de algo más de 30 Gt a casi 37 Gt.

“Después de París hubo cierto cambio de tendencia, eso es verdad, pero con la guerra en Ucrania lo que vemos es todo lo contrario, un rearmarse de los combustibles fósiles”, explica el responsable de Cambio Climático en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. Y pone el ejemplo de la compra de “gas proveniente del fracking por parte de España”.

El análisis del FMI sentencia que “la mayoría de las ayudas son implícitas, ya que los costes ambientales no vienen reflejados en el precio de los combustibles, sobre todo en el caso del carbón y el gasóleo”.

“Seguimos poniendo muchos recursos para mantener los combustibles fósiles a buen ritmo”, opina Mikel González-Eguino, experto en impuestos verdes del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3. “Hay que evitar que, ahora, con la nueva escalada bélica en Oriente próximo se repita lo de las ayudas que se crearon en 2022”.

Hay que evitar que, ahora, con la nueva escalada bélica en Oriente próximo se repita lo de las ayudas que se crearon en 2022

Mikel González-Eguino Investigador del Centro Vasco de Cambio Climático BC3

“Son billones desperdiciados”, explica rotundo sobre este gasto este informe del Banco Mundial de junio de este año. El trabajo recuerda que “cada año se gasta seis veces más dinero público en subvencionar el consumo de combustibles fósiles que en financiar los compromisos adoptados bajo el Acuerdo de París”. Y sentencia que “los gobiernos gastan billones en subsidios ineficientes que están empeorando el cambio climático. Un dinero que podría ser aprovechado para solucionar el problema”.

En palabras del director gerente de Políticas de Desarrollo del Banco, Axel van Trotsenburg: “La gente dice que no hay dinero suficiente para el clima, pero sí que lo hay, lo que ocurre es que está en los lugares equivocados”.

Si se mira de dónde sale el dinero para ayudar a la gasolina, el carbón o el gas, se observa que los estados que más CO2 emiten –los que más engrosan la capa de gases que altera el clima– son los que más fondos públicos emplean, ya sea subvencionando el gasto, rebajando el precio real o bonificando las tasas de combustible.

En términos absolutos, el país que más dinero pone es China, con más de 2.000 millones en 2022, por delante de Estados Unidos, Rusia e India. China y EEUU son los mayores contaminadores del planeta.

Pero si se dividen los fondos entre la población que los recibe, el ránking cambia mucho. Arabia Saudí aporta más de 6.000 euros per cápita. Corea, 3.000 euros por persona. Rusia, 2.900; Japón, unos 2.300 y EEUU, algo más de 1.800 euros por ciudadano.

La gente dice que no hay dinero suficiente para el clima, pero sí que lo hay lo que ocurre es que está en los lugares equivocados

Axel van Trotsenburg: Director gerente de Políticas de Desarrollo del Banco Mundial

China en este apartado desembolsa 1.400 euros por habitante. Los grandes emisores de CO2 per cápita son los estados del golfo pérsico encabezado por Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (sede de la inminente Cumbre del Clima de la ONU, la COP28) y Arabia Saudí.

La London School of Economics (LSE) sostiene que “el replanteo de los subsidios dañinos ofrece una solución inmediata y un potencial fiscal enorme para doblar la financiación de adaptación al cambio climático”.

Por su parte, Javier Andaluz remacha que “todos los sectores que están exentos de impuestos deberían, por lo menos, empezar a pagar al mismo nivel que los demás”. ¿Quiénes no pagan? “La aviación y la navegación marítima internacionales, por ejemplo”.

Efectivamente, las aerolíneas están exentas de pagar impuestos por el queroseno que queman sus aviones en vuelos internacionales. La Agencia Alemana de Medio Ambiente señala que la exención se mantiene a pesar de que “debido a que liberan el gas a más altura, sus emisiones tienen entre dos y cinco veces más impacto climático que las que se hacen a nivel de superficie”. La Agencia se atreve a asegurar que “la introducción de una tasa para el queroseno no solo es necesaria para un tratamiento fiscal equitativo, sino también como medida importante de protección ambiental”. Han propuesto una tasa de 654 euros por cada 1.000 litros.

Ayudas con un horizonte lejano

La Comisión Europea acaba de justificar esta semana en su informe sobre el Estado de la Energía remitido el martes al Europarlamento que “el aumento temporal de los subsidios (sobre todo para el gas y el carburante de vehículos por carretera) se ha debido a la crisis energética” derivada de la guerra en Ucrania.

El informe de la Comisión Europea ilustra el choque entre los planes climáticos y la dependencia que todavía existe de los combustibles fósiles porque ya en 2016, la misma Comisión calculaba que los subsidios dañinos para el medio ambiente, “sobre todo en el campo de los combustibles fósiles”, sumaban un billón de euros al año. Y se marcaba como objetivo: “Para 2020 se habrán abandonado los subsidios dañinos para el medio ambiente”.

La misma comunicación oficial de 2023 también ha avanzado que en la Unión Europea la mitad de estas ayudas se detendrán en 2024, pero que el 52% de los subsidios a los combustibles fósiles “no tiene fecha de finalización o esa fecha se va más allá de 2030”. Y remata su análisis diciendo que “será importante establecer un calendario para abandonar estas subvenciones”.

En resumen, el mensaje del FMI, el Banco Mundial o la LSE es que una buena parte del dinero público que se está desembolsando para facilitar el uso de combustibles fósiles agrava el problema del calentamiento global y sus consecuencias a base de sequía, precipitaciones torrenciales, inundaciones o incendios. Y, por otro lado, que al menos una porción de ese dinero podría usarse para facilitar el desenganche del petróleo, el gas y el carbón, especialmente la transición de los colectivos más vulnerables.

El investigador González-Eguino reitera que “es urgente retirar rápidamente todas las ayudas a fósiles y ampliar y extender los mercados de CO2”, que ponen un precio al CO2 que se emite para desincentivar el uso intensivo de combustibles fósiles.

Javier Andaluz recuerda la dimensión social a la hora de tomar estas decisiones: “Hace falta repensar cómo se tarifica pero, además que se haga de manera que esas tarifas sean más justas, es decir, discernir entre rentas”.  

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