La leonesa de 24 años Beatriz Gonzalo Carvajal participará en la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebrará en Turquía tras ser elegida por el Gobierno de España. La joven doctoranda en Economía en la Universidad estadounidense de Princeton fue una estudiante brillante en su paso por el centro público Ordoño II de León, quedando en primeros lugares en varias Olimpiadas de Matemáticas en 2019 en la fase local leonesa.

Beatriz Carvajal, de 24 años, compartirá representación con Olivia Centeno (Logroño, 21 años), Xian Faro (Vigo, 26 años) y Aida Bustos (Barcelona, 23 años), cuatro jóvenes procedentes de distintos ámbitos académicos y profesionales pero unidos por un mismo objetivo: trasladar el conocimiento científico y las demandas de la juventud a uno de los principales foros internacionales sobre la crisis climática.

Natural de León, desarrolla su investigación doctoral en Princeton tras haber cursado un doble grado en Economía y Estudios Internacionales. Su trabajo se centra en la migración climática, la financiación de energías renovables, las estrategias de adaptación al cambio climático y el desarrollo económico sostenible e inclusivo. Beatriz Carvajal es una estudiante con gran capacidad matemática, ya que quedó tercera en la Fase Local de las Olimpiadas de la provincia de León en 2019 y primera en 2020, y participó en la Olimpiada Matemática Europea Femenina (EGMO) en 2019 cuando estudiaba en el IES Ordoño II de la capital leonesa.

Según señaló en su presentación dentro de Generación Clima, su aportación a la COP31 será “poner el foco en las diferencias entre países a la hora de afrontar el cambio climático y en el papel de la investigación para comprenderlas”, una perspectiva especialmente ligada a las desigualdades económicas y sociales derivadas de la emergencia climática.

La selección de Carvajal (así firma sus artículos académicos) supone además un nuevo reconocimiento al talento joven surgido de las aulas leonesas. Formada en el colegio La Palomera y en el IES Ordoño II, la investigadora dio el salto internacional tras conseguir una de las becas de posgrado de la Fundación 'la Caixa', que le abrió las puertas de Princeton, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

La delegación española

La delegación seleccionada para esta edición reúne perfiles muy diversos. Desde Vigo viajará Xian Faro, científico ambiental con experiencia en la generación de proyectos de impacto ecosocial y con trabajos de investigación en países como Camboya y Cabo Verde. Sus áreas de interés abarcan la denominada triple crisis planetaria (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación), la colaboración público-privada, la innovación climática y la divulgación científica. Faro defiende la necesidad de convertir los compromisos internacionales en medidas concretas y sostiene que la COP31 debe servir para pasar “de los acuerdos a las acciones, de las promesas a los resultados”.

La representación catalana recaerá en Aida Bustos, científica ambiental y doctoranda en Ecología, Ciencias Ambientales y Fisiología Vegetal. Su trayectoria está vinculada a la restauración ambiental y a la transición energética, con especial atención a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y a la justicia climática y ambiental. Bustos considera prioritario transformar la evidencia científica en decisiones políticas eficaces y aspira a contribuir a una acción climática “ambiciosa, transversal y efectiva”.

Por su parte, Olivia Centeno, de Logroño, cursa estudios de Ciencias Ambientales y de Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Duke. Su trabajo se centra en la justicia ambiental, los derechos humanos vinculados al medio ambiente y los marcos jurídicos internacionales para la protección de la naturaleza. La joven riojana aportará una mirada global orientada a acercar a los jóvenes al debate climático internacional y a reforzar el papel de las nuevas generaciones en los procesos de gobernanza ambiental.

La cifra de paro de la provincia de León se mantiene un mes más por encima de la barrera de las 20.000 personas, concretamente 20.540 parados, según los datos de desempleo del mes de octubre publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se trata de una subida de 509 personas más respecto al mes de septiembre (un 2,54% más) y 448 más comparado con el mismo mes del año pasado (2,23% más)

Las mujeres continúan siendo las más afectadas por el desempleo en la provincia leonesa. De las 20.540 personas inscritas en las oficinas de empleo, 12.181 son mujeres, el 59,30% del total, mientras que los hombres representan el 40,70%, con 8.359 desempleados. Por otro lado, los trabajadores extranjeros también tienen una presencia significativa entre las personas que buscan empleo. En concreto, 2.326 desempleados tienen nacionalidad extranjera, lo que equivale al 11,32% del total provincial.

Por franjas de edad, el desempleo se concentra especialmente entre las personas de 45 años o más, que representan el 58,47% de todos los parados de León, con 12.009 desempleados. Dentro de este grupo predominan las mujeres, con 7.283 inscritas (el 60,65%), frente a los 4.726 hombres (39,35%). A considerable distancia se encuentran las personas de entre 30 y 44 años, que suman 5.318 desempleados y representan el 25,89% del total provincial. Por su parte, los menores de 25 años acumulan 1.636 parados, el 7,96%, mientras que los jóvenes de entre 25 y 29 años representan el 7,68%, con 1.577 personas desempleadas.

En cuanto a la distribución por sectores económicos, los servicios concentran siete de cada diez desempleados de la provincia leonesa, con 14.388 personas, el 70,05% del total. A continuación aparecen las personas sin empleo anterior, que suman 2.396 desempleados (11,67%), seguidas de la industria, con 1.720 (8,37%), y la construcción, con 1.297 (6,31%). Finalmente, la agricultura y la pesca constituyen el sector con menor número de personas desempleadas, con 739 inscritos, que representan únicamente el 3,60% del paro registrado en León durante octubre.

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha concedido a Rubén Fernández y Kima Fuentes, fundadores del Grupo Sibuya, la distinción de Empresarios del Año 2026. La organización empresarial leonesa reconoce así la trayectoria de los dos emprendedores al frente de una compañía de restauración que nació en León en 2016 y que en una década ha experimentado un fuerte crecimiento.

El Grupo Sibuya cuenta actualmente con más de 100 millones de euros de facturación y 80 restaurantes repartidos por España, Portugal y Andorra. FELE destaca precisamente la evolución experimentada por la empresa desde su creación, así como su capacidad para generar empleo desde León y desarrollar un proyecto con presencia tanto nacional como internacional.

La Junta Directiva de la patronal leonesa ha valorado para conceder el reconocimiento la rápida capacidad de crecimiento y consolidación de la compañía, la innovación de su modelo de negocio y su capacidad de creación de empleo. También ha puesto el foco en el “espíritu emprendedor” de sus jóvenes fundadores, a los que atribuye haber transformado una iniciativa empresarial nacida en León en un grupo con proyección internacional.

¿Cómo ha podido pasar el accidente de Urda con casi setenta muertos diez meses después del de Adamuz? ¿No se aprendió nada de lo de Angrois? ¿Es seguro viajar en Alta Velocidad en España? Estas preguntas asaltan a todos los españoles (y al mundo entero) tras ver cómo en este siglo unas doscientas personas han muerto por viajar en uno de los mejores y más avanzados sistemas ferroviarios del planeta. ¿Cómo ha sido posible que se haya degradado tanto un servicio ferroviario ejemplar hace 15 años para que dé miedo subirse a un tren en España?

Lo peor es que estos más que lícitos interrogantes no están planteados sobre un misterio. Todos los españoles eran conscientes antes de 2026 que algo estaba pasando en los ferrocarriles españoles, ya que los retrasos se habían vuelto lo común en un país que hacía diez años ponía a gala que ya tenía trenes más puntuales que los británicos. Y esas demoras estaban mostrando que faltaba inversión y mantenimiento. Pero de ahí a casi ciento veinte muertos en menos de un año en la misma línea que inició la red de Alta Velocidad hace casi 35 años, la Madrid-Sevilla, hay un trecho muy largo. Y horroroso.

No pasaban horas de empezar a conocer la magnitud en víctimas del accidente de Urda (las primeras imágenes con vagones desintegrados en la cuneta ya hacían intuir que iba a ser terrorífica), que en los mentideros del sector del ferrocarril se comenzaban a quejar de tres cosas principales: que debería ser imposible en el siglo XXI que choquen dos trenes en la misma vía, y más por alcance; que no podía ser un fallo humano con todos los sistemas de seguridad redundantes, sino técnico; y que todo esto estaba causado por las malas decisiones a la hora de mantener la infraestructura ferroviaria 'debido a la sustitución de los buenos perfiles técnicos por los políticos' en la alta dirección de Adif. Uno de los anteriores directores de comunicación de esta empresa pública, Miguel Ángel Uriondo, lo expuso claramente y sin ambages en esta intervención televisiva que es crucial ver para entender lo que ha ocurrido con la política interna llevada por Óscar Puente.

“No es un fallo humano, sino técnico”

Las dos primeras cuestiones son cosa para que resuelvan los técnicos, y obviamente hay que esperar a los informes para determinar qué pudo fallar en un sistema de seguridad que tiene una cantidad de capas tecnológicas redundantes que deberían haber frenado al AVE que chocó contra el Iryo, incluso ante las decisiones del maquinista y el Centro de Regulación y Control CTC de Atocha.

Pero lo que sí parece claro es que dejar la explicación en que hubo una serie de errores humanos que llevaron al desastre, es algo demasiado sencillo (y burdo según los ingenieros del ramo) que puede venir bien a los políticos para no asumir responsabilidades (y echárselas a los operadores, a los curritos que estaban en Atocha), pero que no hace ningún bien a los pasajeros. Sobre todo porque el sistema de seguridad ferroviario es eminentemente técnico, hasta en lo humano, y más en los protocolos de actuación de los reguladores de tráfico en circunstancias de alta incertidumbre de información y la comunicación entre el centro de Control de Tráfico Centralizado y los maquinistas.

Es decir, que no se puede resolver directamente sin más que el error se dio en la última capa del sistema (los seres humanos, los trabajadores) cuando todo lo demás, lo que jamás debe de fallar porque está diseñado de forma redundante para evitar un choque de trenes en la misma vía, no funcionó. Y más cuando se tiene en cuenta que los protocolos de actuación están diseñados mediante procesos técnicos, porque son en esencia reproducir lo que la tecnología hace, pero con seres humanos. Y aquí está la cuestión, que si los manuales de actuación tienen un vicio oculto (un fallo que no es visible en situaciones muy anómalas), el problema es técnico al final. Social, por fallos en la comunicación ante lo que hay que hacer en estos casos que provocan una alta presión y nerviosismo en los reguladores de tráfico y los conductores de trenes, pero eminentemente técnico; sin ser preferentemente tecnológico.

El comportamiento humano en situaciones estresantes es impredecible, salvo cuando se dan las instrucciones correctas para que esté más controlado. La comunicación entre los operarios durante un momento de crisis es fundamental. La mayoría de los accidentes aéreos se dan, precisamente, por malentendidos entre los pilotos y las torres de control, o por protocolos mal diseñados que ocultan inconsistencias graves en los manuales técnicos. Y eso en un sector, el aéreo, que pondera las trayectorias de sus aparatos en tres dimensiones espaciales. En el ferroviario los trenes van, dijéramos, sólo en dos dimensiones –adelante y atrás una; y la vía en la que están los convoyes, otra– con lo que debería ser más fácil saber dónde y cómo está (si en marcha o parada, y en qué carril) cada unidad.

Y sin embargo, las cosas fallan.

Prácticamente la gran mayoría de españoles han oído ya los audios del centro de control de Atocha hablando con los maquinistas (incluso el de otro conductor de tren indicando que algo se estaba haciendo mal con la orden de marcha, que debería haber sido a velocidad vista), y han notado la confusión que hay entre el factor (el operario regulador de tráfico) y un compañero (que bien pudiera ser uno de los supervisores del Control de Tráfico Centralizado), para al final dar una instrucción errónea al maquinista del AVE, no comunicarle que la del Iryo aseguraba que seguía parada... y lo que parece peor, que otro aseguraba que las normas decían que no podía arrancar a marcha normal, sino más lenta; lo que se llama 'marcha a la vista': ir a 40 kilómetros por hora, para ver trenes delante (o cualquier otro obstáculo en la plataforma de vía) con suficiente tiempo para frenar.

Algunos expertos se extrañaron de que en ese momento no se estuviera usando el sistema de comunicación a tres vías, que se usa en otros sectores como el aéreo o el nuclear (y en otros muchos más de alta seguridad operativa como las factorías químicas) para certificar que se está haciendo lo correcto por parte de quien da la orden y el que la ejecuta.

En este momento parece claro que –aunque el manual sí indicaba, aparentemente con claridad, que los conductores que advirtieron de que no se podía ir a 'marcha normal' en esas circunstancias tenían razón–, de alguna manera, se produjo un fallo en la comunicación y en la confirmación de todos los actores de la situación que llevó al desastre. Y bien puede ser lo que Raquel Ogando indica en su tuix de abajo: que tras haberse acostumbrado a hacer las cosas al arrebullón por las prisas de los cargos políticos de exigir a los reguladores de tráfico que muevan los trenes lo más rápido posible, y comprobar durante una larga temporada que no ha pasado nada malo... aumenta una desidia que eleva de tal forma el nivel de confianza en que no va a pasar nada, que se relaja la atención... creyendo que mágicamente se solventan las cosas, hasta que no ocurre lo de todos los días y se provoca una desgracia. Es lo que se llama la 'normalización de la desviación'; que lo que no debería hacerse nunca, se termina haciendo en todo momento al bajar la guardia inconscientemente sin darse cuenta de que es una verdadera temeridad. Merece la pena ver el pequeño vídeo a continuación para entender que la relajación en los protocolos y abandonar la cultura de la seguridad termina llevando –indefectiblemente y para desgracia de todos–, al desastre.

También es muy recomendable leer este artículo de Roger Senserrich, un gran conocedor de las operativas de control aéreas y ferroviarias, en el que muestra una conclusión de un informe de la extinta hace poco CIAF (la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) de Adif. Este organismo monitorizó el lenguaje usado en las comunicaciones de los CTC con los conductores de trenes... y su conclusión es que “el resultado fue espantoso”. De hecho la conclusión de la comisión es contundente: “Tanto la recurrencia de sucesos en los que las comunicaciones juegan un papel decisivo en la génesis del riesgo, como los resultados del sondeo realizado, ponen de manifiesto que las carencias en las comunicaciones operativas no constituyen hechos aislados, sino que configuran un factor de carácter sistémico dentro del sistema ferroviario”.

El mismo Senserrich da en la clave: “Dudo mucho que esta sea la primera vez que la CIAF, un responsable de seguridad de ADIF, un representante sindical o alguien con más autoridad que un tipo con un boletín sobre trenes hayan mencionado esto, y me gustaría saber por qué demonios la red española de ferrocarriles sigue operando así. Porque esta es la clase de prácticas de seguridad que si se siguen, evitan accidentes”.

O sea, que si el manual del protocolo de actuación no contempla ciertas técnicas de comunicación ya validadas por otros sectores que necesitan operativas de alta seguridad, está obsoleto y falla el diseño técnico de la respuesta... porque no se ha incorporado la técnica social adecuada para responder de la forma más segura al problema anómalo que se plantea en ese momento, mal. Y si encima se ha relajado tanto la cultura de seguridad que importa muy poco seguir los protocolos, o hacerles caso, peor; porque nadie se dará cuenta antes de que hay que revisar ese protocolo para que no ocurran desgracias.

Y este es el gran problema. Que se agrava al poner como responsable de seguridad en las operaciones de Adif a un periodista (sí, han leído bien), que sin ser ingeniero y mucho menos experto en un campo tan complejo y crucial no cabe esperar que resuelva la relajación en los protocolos de la última capa de control, la humana. Y al final, de tanto ir el cántaro a la fuente, ocurre lo que ocurre.

“Lo de tener protocolos de comunicación estrictos y claros [...] obliga a todos los actores a confirmar qué están haciendo explícitamente. Que en Urda estos protocolos no se siguieran es señal de una cultura de seguridad con unas lagunas tremendas, y es algo que, casi seguro, contribuyó a que se produjera el accidente”, concluye Roger Senserrich en su artículo sobre el tema.

Dejar al humano que en una situación compleja, estresante y en el que se le presiona, que resuelva... sin saber muy bien qué hacer o cómo se debe de comunicar para tener en claro que se pueda corregir la decisión tomada porque otros se lo corrijan y esa información le llegue a él y a los involucrados en la operación de regulación del tráfico en momentos de presión cuando todo lo automático ha fallado sin saber por qué ni qué está pasando en las vías... es un fallo clamoroso del sistema.

Por tanto, técnico.

Políticos por encima de los técnicos

La tercera queja planteada por los profesionales del sector –la que sobrevuela en la plantilla de Adif sobre la sustitución de perfiles técnicos por personas designadas por política que no tienen el perfil más adecuado para gestionar la infraestructura ferroviaria–, es algo que, paradójicamente, tienen que resolver... los políticos. ¿Qué ha ocurrido en Adif para que se hayan ido yendo los mejores técnicos, los que tenían lo que se define con el barbarismo expertising (vamos, la experiencia de años) para planificar mejor el mantenimiento de la infraestructura y, sobre todo, saber lo que NO se tenía que hacer pese a las presiones políticas?

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es una entidad pública empresarial española, dependiente del Ministerio de Transportes, creada tras la entrada en tiempos del Gobierno del PSOE con Zapatero en 2005, con la división de la antigua Renfe –que paradójicamente se creó en 1941 para aglutinar todas las quebradas compañías ferroviarias de España, hasta entonces privadas, para unificar el servicio y la gestión de las vías férreas– que pasó a Renfe Operadora; la que hoy se encarga de gestionar los billetes de los viajeros y las unidades de la flota estatal: las máquinas y vagones de los convoyes que llamamos coloquialmente trenes. Posteriormente, en 2013, Adif también heredó la infraestructura de la extinta Feve. Su misión principal es la construcción de líneas de ferrocarril, la administración de la infraestructura, la gestión del tráfico ferroviario, el cobro de cánones y la realización de las obras encomendadas por el Gobierno.

Esto significó una división que no gustó ya nada entonces –en el primer año de Zapatero, pero que venía diseñada por el de Aznar– en el sector ferroviario. Y a lo largo de estos 21 años las tensiones entre los cargos políticos que se iban introduciendo y los puestos técnicos de toda la vida fueron incrementándose, hasta tal punto que cuando llegaron las restricciones presupuestarias aumentó más aún por la necesidad imperiosa de decidir qué se hacía o no por la falta de dinero. Esto fue provocando que a lo largo del tiempo el Gobierno fuera perdiendo la paciencia con los técnicos de la casa, que ponían toda clase de restricciones a sus decisiones políticas sobre qué debía tener prioridad (sobre todo preocupados por los posibles efectos del desgaste de la infraestructura en la seguridad), y a lo largo del tiempo fueron apartándolos en favor de gente que no les ponía problemas: directivos no especializados designados por los representantes públicos.

Tras lo de Angrois en 2013, un accidente provocado por no estar operativo el sistema ETCS-ERTMS que debía haberlo estado (un punto de coincidencia con el accidente de Urda), se pensó que la situación se solventaría. Pero hasta 2018 los presidentes de Adif fueron Juan Bravo Rivera y Gonzalo Ferrer Moltó, dos técnicos de alto perfil... en Hacienda y Administración General del Estado, mostrando que aún importaba más el dinero, y qué hacer con el poco que tenían, que el mantenimiento tecnológico de las infraestructuras ferroviarias. En 2018 entró Isabel Pardo de Vera (una antigua ingeniera de Adif que había salido de la empresa por discrepancias con la política adoptada), que fue sustituida por otra de la casa (cuando fue nombrada Secretaria de Estado de Infraestructuras en 2021), María Luisa Domínguez, que hasta entonces era nada menos que la directora General de Planificación Estratégica y Proyectos en ADIF.

Esta última, una técnico de la casa muy valorada dentro de Adif, fue destituida por sorpresa en 2023 justo en la primera semana que llegó Óscar Puente al ministerio de Fomento con una decisión muy llamativa: porque el nuevo ministro lo hizo el día antes de que se abriera la obra más importante de la Historia del ferrocarril español, la Variante de Pajares, con lo que no pudo ni asistir a la inauguración. Una enorme ofensa en toda regla que indignó a la mayoría de trabajadores de la empresa pública, conscientes de lo que significaba.

Las dos primeras mujeres en presidir Adif, de una indudable altísima competencia técnica, sufrieron resistencias monumentales de los puestos politizados cuando primaban llevar a cabo las decisiones técnicas necesarias para intentar mejorar el estado de las vías, que habían sufrido mucho desgaste desde 2008 debido a las restricciones presupuestarias que causaron la falta de mantenimiento. Hasta tal punto fue la cosa, y el acoso, que hoy la segunda ya no trabaja en Adif; y ni siquiera en España, sino para la operadora ferroviaria de Canadá.

Si ya las tensiones internas entre los técnicos de la casa y los cargos políticos eran grandes, en los últimos años el poco halagüeño panorama ha escalado de tal manera que muchos de ellos, hartos del ninguneo de los avisos de que ciertas decisiones podían comprometer la seguridad de la circulación y temerosos de que, encima, les cayera a ellos la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir sin que los de perfil político asumieran ninguna –como se vio en el caso de Angrois, que el único culpable terminó siendo el maquinista–, comenzaron a abandonar el tren. Ya fuera para irse a otros destinos, empresas o países (como el caso de María Luisa Domínguez), o adelantando su retirada para cobrar la pensión y olvidarse de tanta incompetencia en la cúpula a la hora de efectuar trámites burocráticos que antes se hacían en una semana y ahora se tardan meses, e incluso hasta años. Y esto también es clave: la tasa de jubilación es alta y la de reposición es baja en la empresa estatal, con lo cual se está perdiendo el expertising, la experiencia y conocimientos claves para enseñar a los nuevos operarios; que, obviamente, no saben lidiar igual de bien con la complejidad de la red ferroviaria española que los veteranos.

El 'Síndrome de las Cajas de Ahorros'

El caso es que esto puede ir explicando el sentimiento pesimista generalizado que sobrevuela a la plantilla de Adif. Ser conscientes de que, con ciertas decisiones políticas por encima de las técnicas, no se está trabajando de forma adecuada para garantizar el mantenimiento de lo que hasta hace 20 años eran unos ferrocarriles españoles que habían alcanzado la excelencia. Y lo que es peor, de forma inadecuada para la seguridad de los viajeros para que encima les echen la culpa.

No es, obviamente, que los ingenieros y trabajadores de Adif no lo hagan lo suficientemente bien en los trabajos que les encargan para garantizar que no haya accidentes –siguen siendo excelentes profesionales pese a las limitaciones que sufren y que ven aumentar cada año de cara a hacer bien su trabajo–, sino que las decisiones de los directivos más afines a los políticos que han ido colonizando Adif, hacían que se gastara el dinero allí donde todos veían que era secundario. En acciones que le importaban al Gobierno por algún favor que quería hacer a otros políticos o para conseguir más votos. La comidilla más negativa era que se veía venir una catástrofe. Y en 2026 han ocurrido dos gravísimas que no sólo les han dejado devastados, porque quien trabaja en el ferrocarril ama el sector como muy pocos otros, sino que son conscientes de que esto es una de las puntillas más nocivas al prestigio de una tecnología Marca España, la de la Alta Velocidad, que hasta 2025 se podía vender como puntera en el mundo entero.

En 2013 prácticamente desapareció otro gran concepto de lo que hoy consideraríamos Marca España de la de verdad, de la que construyó el país. Se extinguieron 43 de las 45 cajas de ahorro –entidades finacieras provenientes de los pósitos y montes de piedad para ayudar a los más pobres creadas a primeros del siglo XIX– tras la crisis inmobiliaria de 2008. Fulminadas por la exposición masiva al sector inmobiliario y una deficiente gestión de riesgos provocada por un cáncer interno que todos tenían claro desde hacía años: la politización de sus órganos de gobierno, ya que sus consejos de administración estaban ocupados por representantes políticos, empresariales y sindicales sin experiencia bancaria profesional.

Las circunstancias de Adif comienzan a parecerse sospechosamente a ese problema, a aquel 'Síndrome de las Cajas de Ahorro' que acabó con ellas, debido a los nefastos efectos que causó la progresiva politización de sus altos directivos. Perfiles sin conocimiento del sector que terminan desviando con pequeñas decisiones sumadas una detrás de otra el foco de las inversiones de verdad necesarias en primer lugar con decisiones exclusivamente técnicas.

Esto no quiere decir que estos perfiles nombrados a dedo por encima de criterios técnicos de ingeniería ferroviaria tomen las decisiones a sabiendas de que están perjudicando la seguridad de los viajeros. Sería absurdo acusarles de ello, como también sería decir que los cargos políticos de las cajas pretendían su desaparición, pese a las nefastas consecuencias de su mala gestión (sobre todo porque dejaron de cobrar y tener esos puestos). Pero en un sector que mueve tantos miles de millones (el Ministerio de Transportes concentra el mayor volumen de inversión real directa del Estado debido a su competencia sobre las grandes obras de infraestructuras del país con la red ferroviaria, las carreteras, puertos y aeropuertos) es muy, muy goloso poder ser nombrado en un cargo en el que se puede repartir juego con muchas empresas y, por ende, como parte de la carrera política, hacer muchos favores.

Favores que igual no hacen ninguno a las infraestructuras de ferrocarril, que necesitan de una atención precisa y rigurosa como un paciente con problemas emergentes de salud necesita a un médico de verdad y no a un curandero. O pequeños favores que terminan desviando la atención de lo importante en todo momento, que es garantizar la seguridad de los viajeros e impedir accidentes. Más cuando una pequeña inversión, o fijarse en tener a punto lo necesario en la fecha prevista (como haber tenido a tiempo el sistema ERTMS que lleva cinco años esperando la línea Madrid-Sevilla que se active) podrían haber evitado accidentes tan graves como el de Adamuz (46 muertos), por mucho que fuera altamente extraño que ocurriera con la mínima probabilidad de que pase un tren, cuando ha descarrilado otro segundos antes. O este último, tan horrorizante como indignante, por lo increíble de que pueda ocurrir en un ferrocarril del siglo XXI una aparentemente imposible cadena de errores tecnológicos y humanos que provocó el impensable para un ferroviario choque de trenes en la misma vía en Urda. El segundo en la misma línea de Alta Velocidad en 2026 en el que ha habido 69 fallecidos.

Y a estos hay que añadir los 80 de Angrois en 2013. Casi doscientos muertos en el ferrocarril español en pleno siglo XXI. Y con el diagnóstico de todos los expertos de que es absolutamente necesario afrontar, y con la mayor rapidez posible, que la política de infraestructuras ferroviaria de este país necesita un reinicio total –incluso planteándose cerrar temporalmente líneas enteras mientras se revisan–, con criterios técnicos bien pensados y que no estén al albur de las decisiones políticas del momento. Más cuando se produce una riada de muertos en accidentes de tráfico absolutamente irracionales para cualquiera que conozca mínimamente el sector ferroviario.

Hasta que pasa. Y no una, si no dos veces en un año. Y hasta tres veces en menos de 15 años.

Si los que más conocen la red ferroviaria española detectan que los síntomas del 'Síndrome de las Cajas de Ahorros' se están cronificando en su empresa más importante, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, hay que hacer algo.

Lo difícil del asunto es que quien tiene que acordar cómo hacerlo son los políticos. Pero parece clarísimo que es hora de actuar contra ese tipo de mal, no vaya a ser que el resultado sea mucho peor que aquel rescate financiero.

Si es que con el luctuoso incremento de desgracias mortales en siniestros impensables en cualquier red ferroviaria de un país avanzado... no lo ha sido ya.

El PSOE de León ha reivindicado este domingo la evolución del mercado laboral de la provincia desde 2018, con una reducción de cerca de 10.000 personas menos en el paro, un incremento de la afiliación a la Seguridad Social y una mejora de la contratación respecto al año anterior.

En un comunicado apenas unos días después de la publicación de los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) que revelan una subida del paro en 1.300 personas durante el verano en León, el PSOE ha destacado que estos indicadores reflejan avances en el empleo leonés, aunque subrayan la necesidad de seguir trabajando para generar oportunidades, mejorar la estabilidad laboral y facilitar que la población joven pueda desarrollar su proyecto de vida en la provincia.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha defendido que “los datos muestran que León tiene hoy miles de personas menos en paro y más trabajadores afiliados a la Seguridad Social que en 2018”.

“Es una evolución importante que debemos poner en valor, sin olvidar que todavía tenemos retos pendientes para consolidar un empleo estable y de calidad”, ha matizado.

Según la serie mensual de paro registrado, León ha pasado de 29.265 personas inscritas en el paro en julio de 2018 a 19.353 en julio de 2026, lo que supone 9.912 personas menos en las listas del paro y un descenso del 33,9%.

“La evolución desde 2018 demuestra la importancia de mantener políticas que favorezcan el empleo, protejan los derechos laborales y refuercen la Seguridad Social. No podemos conformarnos, pero tampoco ignorar que hoy hay menos personas inscritas en el paro que hace ocho años”, ha señalado Cendón.

La afiliación constituye otro indicador relevante de la evolución del mercado laboral leonés. En junio de 2018, la provincia contaba con 158.414 afiliados a la Seguridad Social, frente a los aproximadamente 174.000 registrados en junio de 2026, lo que supone más de 15.500 afiliados adicionales en ocho años.

La evolución del desempleo femenino también muestra una reducción respecto a 2018; en julio de ese año había 15.490 mujeres inscritas en el paro en León, frente a las 11.517 de julio de 2026.

El PSOE de León ha considerado que los datos permiten valorar la evolución acumulada del mercado laboral desde 2018, al tiempo que recuerdan la necesidad de seguir afrontando los desafíos de la provincia.

A este respecto, la formación de la rosa ha destacado que el peso del sector servicios y la estacionalidad de actividades como el turismo y la hostelería continúan influyendo en las variaciones mensuales del paro.

Asimismo, los socialistas han defendido que el objetivo debe ser consolidar la creación de empleo, impulsar la actividad industrial, reforzar las oportunidades en el medio rural y facilitar que el crecimiento económico llegue a todos los municipios.

“León ha avanzado en estos años, pero tenemos que seguir trabajando para que ese avance se consolide. Queremos una provincia con más empleo, más estabilidad, más oportunidades para nuestros jóvenes y mejores perspectivas para las familias y las empresas”, ha concluido Cendón.

La localidad de Villacedré, perteneciente al municipio de Santovenia de la Valdoncina, cuenta desde esta semana con un nuevo supermercado de la franquicia Claudio, gestionada por GADISA Retail. El establecimiento está situado en el número 45 de la calle Real y dispone de una superficie de venta de 135 metros cuadrados, con alrededor de 1.200 referencias de alimentación, droguería e higiene.

El supermercado incorpora las distintas secciones de producto fresco en formato de libre servicio, con la posibilidad de realizar la compra completa en el mismo establecimiento. El horario de apertura será de 8.30 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 9.30 a 15.30 horas los sábados y domingos. La apertura supone además la creación de tres puestos de trabajo en la localidad.

La inauguración contó con la presencia de la gerente del establecimiento, Carmen Custodio, junto a su equipo, y de la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa, acompañada por representantes municipales. Por parte de GADISA Retail participaron responsables de la compañía y del área de franquicias.

Con esta apertura, la franquicia Claudio suma 17 establecimientos inaugurados durante 2026, cinco de ellos en Castilla y León. La compañía cuenta actualmente con 264 puntos de venta de esta línea de negocio, de los que 114 corresponden a Claudio y 150 a Claudio Express.

Semaf ha explicado este jueves en un comunicado que la convocatoria del 10 de noviembre consistirá en un paro total de la actividad, mientras que el día 12 se producirán paros parciales a lo largo de la jornada.

Estos paros se producirán desde las 6.20 a las 9.20 horas, de 14.20 a 17.20 y de 21.20 a 23.20. Sin embargo, el martes de 10 noviembre la huelga será continua durante toda la jornada, desde las 00.01 horas hasta las 23.59 horas.

La movilización responde a la parálisis institucional y al incumplimiento de los compromisos adquiridos para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria, informa de ello Semaf.

Asimismo, ha calificado de éxito la huelga que se está celebrando este jueves en Renfe al considerar el sindicato que ha tenido un seguimiento del 100 % de los maquinistas, mientras que la empresa ha registrado a las 18.00 horas un seguimiento del 26,63 %.

El sindicato reclamaba al convocar la huelga que se está realizando este jueves protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo y que se apliquen correctamente las interrupciones en los tiempos de conducción.

También pedían soluciones técnicas reales y definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad que arrastra en el material rodante, que se desbloqueen los coeficientes reductores de la edad de jubilación y que no se recorte ni se cambie el criterio en el protocolo de atención a los profesionales que se ven envueltos en un arrollamiento, entre otras reclamaciones.

Por su parte, Renfe aseguraba que las reivindicaciones alegadas por Semaf para llevar a cabo la movilización excedían su ámbito competencial, por lo que consideraba “incoherente que se convocase una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la compañía, como la normativa de tiempos de conducción, o determinadas actuaciones de la inspección de Trabajo, que también están fuera de su capacidad de decisión”.

Asimismo, Semaf también convocó seis jornadas de huelga, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre, en Ouigo por “la vulneración reiterada de derechos laborales”.

El primero comenzará este viernes y la compañía de alta velocidad ha suprimido todos los trenes del viernes 30 de octubre y del lunes 2 de noviembre después de que la Audiencia Nacional haya suspendido los servicios mínimos previstos.

Los últimos datos de empleo en la provincia de León publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son un fiel reflejo de la decadencia del sector de la industria en el territorio leonés. Mucho ha cambiado el panorama en los últimos 25 años, especialmente en un sector como el industrial, al que azotó el cierre de las últimas minas que quedaban en el año 2018, el fin de la operancia de las centrales térmicas en el 2020 y el abandono de empresas como Azucarera que anunció en mayo del año pasado el cierre de su fábrica en La Bañeza.

No en vano es este sector, el industrial, el que más empleo ha perdido desde el año 2001 en la provincia de León, mientras que la cifra de ocupados sector servicios se ha disparado, reafirmando su protagonismo. 

A nivel autonómico, Burgos y Palencia concentran los principales datos de empleo en el sector industrial durante el tercer trimestre del año 2026 (entre julio y septiembre), como lleva siendo habitual en los últimos años. Por ejemplo, en la provincia de Burgos se encuentra uno de los principales polígonos industriales de la Comunidad, cercano a la capital burgalesa, y que reúne cerca de 1.500 empresas y a cerca de 18.000 trabajadores (según los datos de 2023 de la Asociación de Empresas de este polígono).

El empleo en la industria de Burgos supone más del 28% del total de ocupados del tercer trimestre de 2026 y en Palencia la cifra es del 22%. Mientras, la provincia de León se queda en la cola autonómica, con el 12% de empleados en la industria. 

Pero no siempre fue así. Hace 25 años, en el mismo periodo (tercer trimestre) del año 2001, León era la cuarta provincia de Castilla y León en cuanto al porcentaje de empleados en el sector industrial sobre el total de ocupados. Así, en 25 años León destruyó el 33% de su cifra de empleados en el sector industrial, pasando del 20,3% sobre el total de ocupados en el año 2001 (es decir, 33.600 personas) a un modesto 12% (correspondiente a 22.400 empleados); la tercera de toda la Comunidad con el porcentaje más bajo. 

Esto supone que es la segunda provincia de Castilla y León que más empleo perdió desde 2001 en el sector industrial (un 8,3% menos sobre su total de ocupados), solo superada por Ávila (que perdió en 25 años un 9% de empleados en este sector). Así, si en el año 2001 la provincia de León contaba con un porcentaje de empleo en industria superior a la media española (19,6% hace 25 años) y autonómica (19,5%), hoy en día el dato se sitúa por debajo de ambas medias. 

Detrás de estos datos se encuentra un rosario de cierres empresariales que comenzó con el cierre definitivo de la minería de carbón subvencionada en el año 2018 (que implicó el cierre práctico de casi la totalidad de explotaciones mineras de España), el varapalo del cierre de Vestas en 2018, el fin del funcionamiento de las centrales térmicas en el año 2020 (ya fuertemente marcado por la crisis económica sobrevenida por la pandemia de covid-19) y, finalmente, el anuncio por parte de Azucarera del cierre de la fábrica molturadora de remolacha ubicada en La Bañeza.

Todo ello, con un polo logístico en Torneros que se anunció en el año 2007 por parte del Gobierno de España (por entonces liderado por el PSOE) y que a día de hoy ni siquiera cuenta con una superficie urbanizada. 

Así, mientras que la cifra de empleo de la provincia de León ha aumentado un 12,6% en comparación con el año 2001, este dato se corresponde con el auge del sector servicios, que agrupa el principal porcentaje de empleo de la provincia de León, con un peso del 77,9% sobre la cifra total de ocupados en el tercer trimestre de 2026. A pesar de que también en 2001 era el sector con mayor empleo durante este trimestre, marcado por la temporada veraniega y el refuerzo en la hostelería que conlleva, es el único sector que refleja crecimiento en número de empleados en 25 años. 

Mientras en León el sector servicios tenía un peso del 57% sobre el total de ocupados durante el tercer trimestre de 2001 (hay que destacar que se corresponde con los tres meses entre julio y septiembre, en lo que se refuerza mucho el sector hostelero ante la llegada de turistas), en el mismo periodo de 2026 la cifra aumenta a un 78%. Esto implica una diferencia de 21 puntos en 25 años y es el único sector que registra un crecimiento en su peso sobre el empleo de la provincia de León. 

El dato que más ha caído es precisamente el empleo en el sector de la industria que pasó de suponer un 20,3% de los empleados totales en el año 2001 a un 12% actual (8,3 puntos menos). El sector de la agricultura y construcción de León han perdido ambos 6,2 puntos porcentuales un cuarto de siglo después. 

De esta manera, aunque gracias al sector servicios el empleo de la provincia ha registrado un aumento respecto al mismo periodo del año 2001, deja a la provincia mucho más expuesta a la temporalidad y precariedad laboral vinculada a un sector tan volátil como el hostelero. Dejando también a la provincia de León en la cola de territorios en los que las empresas del sector industrial español e internacional podrían apostar para ubicar nuevas plantas. 

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado un nuevo crédito de 3,6 millones de euros, procedente de remanentes de tesorería municipal y destinado a sanear las cuentas municipales y atender intervenciones consideradas como necesarias en distintos servicios e instalaciones públicas, según explica el equipo de Gobierno.

La operación, añade el Ejecutivo municipal, completa el crédito de más de 15 millones de euros aprobado en septiembre, que permitirá amortizar cerca de 14 millones de deuda y dar un paso adelante para salir del Plan de Ajuste.

El punto ha salido adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, la leonesista Ana Caurel. A los votos favorables de Unión del Pueblo Leonés se sumaron los de Ciudadanos. PSOE, IU y la concejal no adscrita votaron en contra, mientras que PP y Vox se abstuvieron.

El crédito servirá para habilitar varias partidas: 35.000 euros para el tejado del consultorio médico de San Andrés; 135.000 euros para completar la aportación municipal al convenio de bomberos; y 13.200 euros para las obras de emergencia de la carretera N-120. Asimismo, se contemplan fondos para acometer otras mejoras como las de las instalaciones de calefacción de la Casa de Cultura de Trobajo del Camino y del colegio Trepalio Pequeño. Además de destacar el trabajo realizado por la Intervención Municipal, el equipo de Gobierno ha agradecido el voto a favor de Cs.

“El equipo de gobierno sigue sin entender lo que es el consenso. Cuando no se tiene la mayoría necesaria, hay que negociar y llegar a acuerdos, no presentar los expedientes como hechos consumados. Hay partidas importantes, pero nuestra obligación es garantizar que todo se haga con legalidad y seguridad jurídica”, señaló el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, quien también agradeció el trabajo desarrollado a la interventora municipal. Su grupo propuso modificar partidas para dedicar una de ellas en exclusiva al transporte escolar.

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado la moción para impulsar la mejora de las conexiones viarias del Aeropuerto. La iniciativa ha contado con los votos favorables de UPL, PP, Vox, IU y Ciudadanos, mientras que PSOE y la concejal no adscrita se han abstenido.

Vox precisó que el texto de esta moción está redactado por la asociación León Propone. Sin dejar de respetar el trabajo realizado por el colectivo, la formación considera que “una iniciativa pensada como conjunta no debe presentarse como propia por el equipo de gobierno de la UPL”.

“Si pedimos al Gobierno de España, a la Junta, a la Diputación y a AENA que se tomen en serio una propuesta, lo primero es presentarla con rigor. Pero lo importante no es quién se cuelga la medalla, sino cómo protegemos a los vecinos de Trobajo ante el aumento del tráfico y damos prioridad al vial que unirá el polígono de Trobajo con el aeropuerto y la futura terminal de carga que tanto hemos defendido”, afirmó Prieto Olite tras apuntar que, con las nuevas fases del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, podría duplicarse el tráfico viario actual, cuantificado en 7.600 vehículos y unas 20.000 personas.

El presidente ejecutivo y fundador de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, ha visitado León con motivo del 40 aniversario de la entidad. La jornada, celebrada en el Museo Casa Botines Gaudí, incluyó una comida-coloquio con empresarios de la provincia y, por la tarde, la conferencia 'Transformaciones silenciosas: hacia un nuevo ciclo de crecimiento global', que llenó la sala de conferencias del museo.

La comida, organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de León, el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), reunió a una nutrida representación de sus juntas directivas y a empresarios de distintos sectores productivos de la provincia. En el coloquio se habló del crecimiento y la internacionalización de las empresas leonesas como vía para ganar competitividad, y de las alternativas de financiación que ofrecen hoy los mercados más allá del crédito bancario, como el capital privado, la emisión de bonos o la salida a bolsa.

“La financiación empresarial ya no depende exclusivamente de la banca tradicional y del crédito”, ha señalado Ureta durante su visita. A su juicio, “hay que desterrar la idea de que, por ser una empresa pequeña, los mercados financieros no pueden ofrecer nada”. “Desde Renta 4 ayudamos a muchas empresas españolas a mejorar sus balances, financiar sus proyectos y crecer”, añadió.

En la conferencia, Ureta explicó lo que denomina la “paradoja de 2026”: unas bolsas en máximos históricos en un entorno económico y geopolítico lleno de incertidumbre. La explicación, según expuso, está en dos dinámicas de fondo. La primera es la inteligencia artificial, que ha calificado como “posiblemente la mayor innovación de la historia de la humanidad”. La segunda es una revolución paralela en los mercados financieros, que han multiplicado su capacidad para financiar la economía y la innovación. Ureta recordó que cada gran salto tecnológico ha necesitado su propia revolución financiera, como ocurrió con el nacimiento de las bolsas de valores en el siglo XVII.

Junto a ellas avanzan otras transformaciones menos visibles, como el despegue de las economías emergentes y el paso de una economía de servicios a una “economía de las experiencias”, ligada al ocio, los viajes y el entretenimiento. “Estamos ante un cambio profundo, estructural y extremadamente positivo”, en palabras de Ureta, que no descartó correcciones en los mercados y advirtió de que estos serán cada vez más selectivos a la hora de financiar proyectos.

Sobre España, destacó que sus empresas son el principal activo de la economía y que estas transformaciones pueden favorecer al país si sabe aprovecharlas, para lo que subrayó la necesidad de recuperar la inversión y la productividad. Al ahorrador le trasladó la conveniencia de invertir a largo plazo en empresas de calidad y en activos ligados a la economía real para proteger su patrimonio de la erosión del valor del dinero. “El ahorrador español se ha ido transformando poco a poco en inversor”, ha señalado Ureta, que cerró su intervención con una idea: normalizar la inversión para que forme parte de la vida cotidiana.

Repercusión social

Ureta abrió el acto con un reconocimiento a la labor de la Asociación Autismo León, cuyo presidente, José Ángel Crego, estuvo presente, y explicó el apoyo de Renta 4, a través de su fundación, al proyecto 'Puentes Sensoriales'. La iniciativa permitirá poner en marcha la sala multisensorial del Centro de Día Pilar Vallez, con la contratación y la formación de un terapeuta ocupacional, para mejorar el bienestar y la autonomía de las personas adultas con autismo que acuden al centro. Autismo León acompaña desde 2003 a cerca de 300 familias de la provincia.

“Que Juan Carlos Ureta haya compartido en León su visión de la economía, en el año de nuestro 40 aniversario, ha sido una oportunidad para que ahorradores, inversores y empresas de la provincia escuchen de primera mano a una de las personas que mejor conocen los mercados financieros nacionales e internacionales”, señaló Juan Pablo García Valadés, director de Renta 4 Banco en León.

La V Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación del Bierzo 2026, organizada por la Cámara de Comercio en colaboración con la Junta de Castilla y León, ofrece más de un centenar de puestos de trabajo a través de una fórmula que facilita el contacto directo entre las empresas y los demandantes de oportunidades laborales.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó este martes la feria, que reúne a 47 organizaciones –25 empresas y 22 entidades– en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada.

Así, la actividad en la feria se traduce en la oferta de alrededor de un centenar oportunidades laborales en sectores como la industria, el metal, la alimentación, la construcción, la automoción, las tecnologías, el comercio, la logística y el ámbito sanitario.

Además, según especifica la administración autonómica, algunas de estas ofertas pueden traducirse en varios puestos de trabajo, ya que determinados procesos de selección buscan incorporar a profesionales de distintos perfiles. Para dar a conocer la iniciativa entre los potenciales candidatos, se han enviado 870 correos electrónicos a usuarios menores de 30 años del Bierzo.

La Junta apoya estas Ferias de Empleo, Emprendimiento e Innovación, que tienen como objetivo conectar la oferta y la demanda de empleo, facilitar el contacto directo entre empresas y demandantes y proporcionar herramientas para mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y la innovación.

Por lo que estamos viendo en los últimos días, los hutíes de Yemen están a punto de dejar fuera de combate a Arabia saudí, que se unirá a la larga lista de países que no pueden exportar su petróleo. De hecho, si miramos atentamente la situación, resulta que Arabia Saudí, Irán, Irak, Rusia, los Emiratos y varios productores más están en estos momentos en graves dificultades para exportar su petróleo.

En conjunto, se puede hablar de una cuarta parte de todas las exportaciones mundiales, a lo que habría que añadirle otro 10 % procedente de Rusia, que se queda fuera. Un desastre, ¿verdad?

Pero a ver... seamos un poco serios. Si un 35 % se queda fuera, ¿qué es lo que queda en el mercado? En el mercado queda el crudo controlado por EEUU y sus aliados. Queda su propio petróleo, el de fracking, el de Venezuela, el de Brasil, y lo que cada cual produce para su autoconsumo.

Resulta que esta derrota norteamericana REFUERZA el control de los USA sobre los flujos energéticos mundiales, permitiéndole arbitrar quién sigue funcionando y quién come mierda a paladas.

A lo que esta derrota conduce, oh sorpresa, es a un mayor control y a un mayor poder de decisión de Norteamérica, mientras el resto del mundo, Europa, África y Asia tendrán que pelear en durísimas subastas por cada gota de petróleo que quieran obtener.

Asia y África se llevarán probablemente la peor parte de esta crisis, y el siguiente perjudicado será Europa. Como se trata de una crisis de asequibilidad, provocada por el aumento de precios, los primeros en quedarse fuera serán los países más pobres que menos puedan pujar en esas subastas, y luego el resto, hasta donde cada cual pueda pagar.

Mientras tanto, los países del Golfo se arruinan y Trump acelerará todo lo posible el ordeño de Venezuela. Y a vivir.

Así que cuidado con las derrotas que algunos celebran, porque se trata de un nuevo encuentro entre el cántaro y la roca. Da igual quién da el golpe: el cántaro siempre se lleva la peor parte.

La entidad Renta 4 Banco celebra en León su 40.º aniversario con la visita de su presidente ejecutivo y fundador, Juan Carlos Ureta, que imparte este miércoles, 28 de octubre, a las 18.00 horas, la conferencia Transformaciones silenciosas: hacia un nuevo ciclo de crecimiento global en el Museo Casa Botines Gaudí. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, y es imprescindible reservar plaza en el teléfono 987 21 96 20.

En un momento marcado por la incertidumbre geopolítica, la irrupción de la inteligencia artificial y el debate sobre el destino del ahorro, Ureta analizará los cambios de fondo que, lejos del ruido diario, están transformando la economía mundial y abriendo paso a un nuevo ciclo de crecimiento. También explicará qué suponen estos cambios para ahorradores, inversores y empresas.

Al inicio del acto, Renta 4 Banco hará un reconocimiento a la Asociación Autismo León, que se concretará en el apoyo de la entidad a su proyecto Puentes Sensoriales. La iniciativa permitirá poner en marcha la sala multisensorial del Centro de Día Pilar Vallez, dirigida a personas con autismo.

Abogado del Estado en excedencia y agente de Cambio y Bolsa, Juan Carlos Ureta fundó Renta 4 en 1986 y lo ha convertido en un banco cotizado especializado en inversión. Ha presidido el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros, y ha sido consejero de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, BME e Indra.

Renta 4 Banco es una entidad española especializada en gestión patrimonial, mercados de capitales y servicios de inversión, fundada en 1986 y cotizada en Bolsa. Al cierre del primer semestre de 2026, el patrimonio de sus clientes alcanzaba 47.614 millones de euros. Cuenta con oficinas en toda España y filiales en Latinoamérica.

El desempleo ha aumentado en la provincia de León durante el tercer trimestre de 2026 (los meses de verano, entre julio y septiembre), sumando 1.300 parados más respecto al trimestre anterior, un 7,3% más. Se trata del mayor aumento de personas en el paro de las provincias de Castilla y León respecto a los tres meses anteriores. Así, la cifra total de parados en la provincia de León durante los meses de julio y septiembre asciende a 19.000 personas.

Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2026, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según estas cifras, la tasa de paro en León alcanza el 9,27%, por encima de la media de Castilla y León, situada en el 7,75%, aunque todavía por debajo del 10,18% registrado en el conjunto de España.

Sin embargo, los datos comparados con el mismo trimestre del año anterior, reflejan que el paro ha disminuido en la provincia en 2.700 personas menos (-12,4%). Se trata de la segunda mayor subida numérica entre los dos trimestres de Castilla y León, superada solo por Burgos, donde la cifra absoluta de parados ha rebajado en 3.400 personas.

A pesar de esta cifra, la provincia de León ha ganado 4.100 ocupados durante el tercer trimestre de 2026, el segundo mayor incremento de empleo de las nueve provincias de Castilla y León respecto al trimestre anterior, solo superada por los datos de Burgos (donde aumentó la cifra de ocupados en 4.800 personas).

Se trata de la segunda cifra con mayor aumento absoluto de Castilla y León, solo superada por la provincia de Burgos, donde la cifra aumentó en 4.800 personas entre un trimestre y otro de este año. En este sentido, la provincia de León lidera el incremento de ocupados de la Comunidad con un aumento de 10.200 personas comparado con el mismo trimestre del año pasado (un 5,8% más).

El aumento del paro coincide con un crecimiento de la población activa, es decir, de las personas que trabajan o buscan empleo. Durante el tercer trimestre, León sumó 5.500 activos, un 2,75% más, hasta alcanzar los 205.300. Aunque también se crearon 4.100 empleos, con un incremento de la ocupación del 2,25%, este crecimiento resultó insuficiente para absorber a todas las personas incorporadas al mercado laboral. En términos interanuales, la ocupación aumentó en 10.200 trabajadores, un 5,80%.

La industria experimenta el mayor aumento del paro

El análisis del desempleo por sectores refleja que la industria experimentó el mayor incremento del paro en León durante el tercer trimestre. El número de desempleados vinculados a esta actividad pasó de 700 a 1.600 personas, lo que supone 900 parados más y un aumento del 128,57% respecto al trimestre anterior. Su peso sobre el desempleo provincial se ha más que duplicado, al pasar del 3,95% al 8,42%.

La agricultura también presenta un empeoramiento significativo, con 1.400 desempleados frente a los 1.000 contabilizados entre abril y junio. El incremento de 400 parados supone una subida del 40%, mientras que su participación en el desempleo provincial pasa del 5,65% al 7,37%. Este aumento coincide con una importante caída del empleo agrícola, que perdió 3.900 ocupados durante el verano, un 39,80% de sus trabajadores respecto al trimestre anterior.

Por su parte, los servicios siguen siendo la actividad económica con mayor número de desempleados entre los sectores identificados. La provincia registra 6.700 parados vinculados a este sector, 300 más que en el segundo trimestre, lo que representa un incremento del 4,69%. Sin embargo, su peso sobre el desempleo total disminuye ligeramente, del 36,16% al 35,26%.

En la construcción, la diferencia entre activos y ocupados no arroja desempleados en ninguno de los dos trimestres, según las cifras redondeadas de la EPA.

El paro baja en Castilla y León mientras aumenta en León

Los datos de León contrastan con la evolución general de Castilla y León, donde el desempleo se ha reducido en 7.200 personas durante el tercer trimestre, hasta situarse en 89.500 parados. La Comunidad también ha ganado 6.800 ocupados, hasta alcanzar los 1.065.000 trabajadores, y registra una tasa de desempleo del 7,75%, la cuarta más baja de España.

Esta evolución supone una reducción trimestral del paro del 7,45% en Castilla y León, frente al incremento del 3,84% registrado en España. En el conjunto nacional, el número de desempleados ha aumentado en 95.900 personas, hasta alcanzar los 2.591.200, mientras que la ocupación ha crecido en 73.600 personas, hasta los 22.852.600 trabajadores.

Pese a presentar una de las menores tasas de paro del país, Castilla y León mantiene también una de las tasas de actividad más bajas, con un 54,23%, frente al 59,52% nacional. Solo Asturias, con el 52,63%, presenta una participación inferior de la población en el mercado laboral.

En cuanto a las diferencias por sexo, la tasa de paro femenino en Castilla y León se sitúa en el 8,75%, frente al 6,89% masculino. Al finalizar septiembre había 46.900 mujeres desempleadas y 42.700 hombres en paro en el conjunto de la Comunidad.

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias y la Plataforma Leitariegos es Futuro reclaman a los gobiernos autonómico del Principado y provincial de la Diputación de León que impulsen la largamente prometida pero nunca concretada gestión conjunta de las cuatro estaciones de esquí de la Cordillera Cantábrica: Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno en Asturias y San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos en León.

Ambas organizaciones denuncian años de inversiones insuficientes, falta de mantenimiento y ausencia de una estrategia capaz de convertir estos complejos en motores económicos de sus respectivos territorios de influencia. Según las estimaciones que han realizado con ayuda de algunos expertos, y que dan a conocer en un comunicado conjunto, el modelo de gestión público-privada que proponen podría generar 56,2 millones de euros de valor añadido bruto, 1.070 empleos y 375.000 usuarios durante la temporada invernal en estas cuatro estaciones.

La propuesta contempla crear una sociedad pública asturiana para gestionar las estaciones invernales del Principado, otra leonesa para San Isidro y Leitariegos, y una entidad matriz participada al 50% por ambas administraciones, con la otra mitad en manos de una empresa con experiencia en el sector. Esta última asumiría la estrategia común, la promoción, la comercialización, las compras, las reservas y determinados servicios técnicos especializados, afirman.

El proyecto plantea una marca y una web únicas, una central de reservas y compras compartida, la contratación conjunta de energía y un forfait válido en las cuatro estaciones, algo que es lo único en lo que se ha avanzado en los últimos años exclusivamente para San Isidro y Fuentes de Invierno. También propone fórmulas para distribuir los ingresos según el uso de cada complejo y mantener personal especializado durante todo el año, rotándolo entre las diferentes instalaciones.

Aseguran que el modelo toma como referencia experiencias como FGC en Cataluña, Aramón en Aragón, N'PY en el Pirineo francés y Cantur en Cantabria. Según las entidades promotoras, la iniciativa permitiría mejorar la eficiencia, ampliar la oferta y reforzar la capacidad de atraer más visitantes de mercados de gran potencia, como Galicia y Portugal.

El comunicado recuerda que los responsables del Principado y de la Diputación de León se comprometieron a avanzar en esta dirección durante una visita a Fuentes de Invierno el pasado 5 de marzo, pero sostiene que ocho meses después no se conocen progresos. Y lleva casi un cuarto de siglo estando en la agenda política de ambas vertientes, sin que no haya ningún avance real.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social afloró en Castilla y León un total de 6.288 empleos irregulares durante 2025, el 11% más que el año anterior (5.661), pese a haber reducido ligeramente el número de actuaciones realizadas en la Comunidad, según el último Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la provincia leonesa el aumento también fue significativo, de casi un 30%, ya que se superó el millar (1.006), cuando el año precedente habían sido 775 los casos.

Los datos reflejan que la Inspección efectuó 97.207 actuaciones durante 2025, frente a las 100.793 registradas en 2024, pero logró detectar más situaciones de fraude laboral y economía sumergida que el ejercicio precedente.

El aumento de los resultados se enmarca además en la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que apuesta por actuaciones más selectivas apoyadas en herramientas de análisis masivo de datos.

Según recoge el informe anual, estos sistemas permiten identificar patrones de fraude mediante el cruce automatizado de información y detectar tanto irregularidades tradicionales como nuevas fórmulas de incumplimiento laboral, lo que ha contribuido a incrementar la eficacia de la actividad inspectora.

Durante 2025, el área de Seguridad Social y economía irregular concentró 37.350 actuaciones, con 4.470 infracciones detectadas, sanciones por valor de 19,3 millones de euros y expedientes liquidatorios por otros 37,3 millones.

Evolución provincial

La evolución provincial refleja cambios respecto a 2024, ya que, aunque Valladolid siguió liderando el empleo irregular aflorado, la cifra se redujo de 1.680 a 1.297 trabajadores. El mayor salto se produjo en Burgos, donde los empleos detectados pasaron de 451 a 1.174, mientras que León superó por primera vez el millar al crecer de 775 a 1.006.

También aumentaron Salamanca (577 a 760), Palencia (395 a 668) y Ávila (486 a 577), frente a los descensos registrados en Zamora (391 a 267) y Soria (432 a 330).

Además de combatir el empleo irregular, la actuación inspectora tuvo efectos directos sobre la calidad del empleo, según el informe, ya que la Inspección promovió la conversión de 3.402 contratos temporales en indefinidos, más de la mitad correspondientes a mujeres, así como la transformación de 1.907 contratos fijos discontinuos irregulares en contratos fijos ordinarios.

También impulsó 870 incrementos de jornada en contratos a tiempo parcial, destinados a corregir situaciones en las que la jornada real trabajada no coincidía con la declarada por las empresas.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, la Inspección efectuó 42.898 actuaciones, que derivaron en 2.075 infracciones o requerimientos a administraciones públicas, sanciones cercanas a cinco millones de euros y 237 propuestas de recargo de prestaciones por accidentes laborales asociados a incumplimientos preventivos.

León fue además la provincia con mayor volumen de actividad inspectora de la comunidad, al concentrar 20.063 actuaciones, por delante de Valladolid, con 18.186, y Burgos, con 15.169.

El contraste con 2024 resulta especialmente significativo. Ese año Castilla y León registró 100.793 actuaciones inspectoras, 19.346 requerimientos y 7.245 infracciones, además de sanciones por valor de 21,8 millones de euros y expedientes liquidatorios por 34,6 millones. Sin embargo, el número de empleos aflorados se situó en 5.661, más de seiscientos menos que en 2025.

Un cambio de estrategia

Los datos apuntan así a un cambio de estrategia basado más en la selección previa de objetivos que en el volumen de visitas o comprobaciones.

Aunque el número total de actuaciones descendió ligeramente en Castilla y León, la Inspección logró aflorar más empleo irregular y promover miles de mejoras contractuales, en un contexto marcado por el uso de herramientas tecnológicas de detección del fraude y por la orientación de las actuaciones hacia sectores y empresas con mayores indicios de incumplimiento.

De forma resumida, la idea central del estudio de Abraham Maslow es que solo cuando se van satisfaciendo las necesidades más básicas, las que ocuparían la base de la pirámide, el ser humano puede empezar a desarrollar anhelos más elevados. Así, la primera y más urgente prioridad vital de cualquier persona tiene que ver, evidentemente, con la fisiología. Después de tener solucionado el problema de la alimentación o el descanso, algo de lo que gran parte del planeta no puede presumir, en el siguiente nivel nos encontraríamos con la seguridad. Luego vendrían necesidades emocionales como la amistad, el afecto o el amor. Y en los últimos escalones nos encontraríamos con el reconocimiento y la autorrealización. 

Probablemente la psicología ya habrá encontrado y desarrollado a estas alturas estudios más sofisticados o certeros sobre las necesidades humanas. Pero la sencillez del planteamiento de Maslow hace que sus derivaciones filosóficas o antropológicas sean fáciles de extraer para cualquiera que no tenga grandes competencias en esas áreas. Sin ir más lejos así sucede con este diletante columnista que abunda en esa idea de que el periodista tiene un mar de conocimientos de casi todo pero con un centímetro de profundidad.

Preventivamente aclarado este asunto, a este todólogo profesional le gustaría detenerse en el nivel de la seguridad. En este primer mundo nuestro lo damos por hecho, pero el poder caminar por las calles de nuestra ciudad con tranquilidad es un privilegio que solo disfrutan las sociedades más avanzadas y que se parece mucho a la palabra libertad. Aunque Maslow va más allá de esa paz social que nos permite movernos por nuestro país con despreocupación. Cuando incide en la necesidad de sentirse seguro y protegido habla de seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo), de salud (asegurar el buen funcionamiento del cuerpo), de recursos (casa, dinero, automóvil…) y de protección (tener una vivienda). Y es que, además de ser un derecho que recoge la Constitución, tener la posibilidad de acceder a una vivienda digna es un paso ineludible para poder disfrutar de todas esas necesidades emocionales que tanto enriquecen al ser humano, de la amistad o del amor, del reconocimiento social o laboral, de la posibilidad de perseguir tus sueños.

Ya ven, el hecho de que los sucesivos gobiernos que hemos sufrido en este país en las últimas décadas no hayan sido capaces de solucionar el problema de la vivienda, tiene a una generación pendiente de poder desarrollarse como seres humanos libres.

Y esto son sólo problemas del primer mundo.

Reforzar sectores estratégicos de la provincia y de la Comunidad autónoma, mejorar las posibilidades de los alumnos de la Unviersidad de León para encontrar empleo y favorecer la retención y el retorno del talento, para que esos puestos de trabajo sean la provincia, y generar una mayor conexión entre la Universidad y el tejido productivo acercando a los estudiantes el mundo profesional desde el inicio de sus estudios universitarios y facilitarles herramientas para identificar sus oportunidades laborales es el objetivo principal del el Programa Universidad–Empresa TalentoCYL.

Una iniciativa impulsada por la Junta en colaboración con la Universidad de León para reforzar la conexión entre la formación universitaria, las empresas y las entidades que ofrecen oportunidades de empleo.

Un objetivo que la Universidad de León ha plasmado en un programa con una financiación de 201.250 euros y que contempla 195 actuaciones hasta finales de 2027 y cuenta con la participación de alrededor de 60 empresas y entidades.

Su puesta en marcha, según ha señalado la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira, ha requerido un trabajo de coordinación con los equipos directivos de los centros universitarios para integrar, bajo una estrategia común, las iniciativas que ya se desarrollaban y reforzar la orientación profesional, la relación con el tejido productivo y la formación en competencias.

Servicio de orientación profesional individualizado

Una de las primeras acciones ha sido la puesta en marcha de un servicio de orientación profesional individualizada, destinado a ayudar a los estudiantes a identificar sus salidas laborales y planificar su futuro profesional. Un servicio novedoso que está disponible en los campus de León y Ponferrada, también en modalidad online, y que se integra en uno de los tres ejes en los que se articula el programa.

Concretamente, según ha explicado la vicerrectora, el primero se centra en la orientación y las salidas profesionales e incluye la elaboración de un mapa de oportunidades laborales vinculadas a las titulaciones de la ULE, jornadas de acercamiento entre facultades, centros y entidades, y formación práctica sobre búsqueda de empleo, elaboración del currículum y uso de herramientas como LinkedIn.

El segundo eje busca estrechar la relación con las empresas y el tejido productivo mediante visitas, encuentros y hackathons, en los que las empresas plantean retos para que los estudiantes propongan soluciones. Por último, el tercero se dirige al desarrollo de competencias transversales, como la negociación, la comunicación, el trabajo en equipo, la flexibilidad y la resiliencia, útiles tanto para la incorporación al empleo como para el emprendimiento. Estas actividades, en su conjunto, se adaptan a los distintos momentos del recorrido universitario, desde los primeros cursos hasta los estudios de máster.

Potenciar sectores estratégicos

El programa busca reforzar los sectores estratégicos de la provincia y de la Comunidad, como el tecnológico, el biofarmacéutico o el agrario, pero también abrir oportunidades en ámbitos con un marcado carácter social, con actividades vinculadas a la educación social, la atención a colectivos vulnerables, las personas mayores y las situaciones de dependencia, además de propuestas relacionadas con el emprendimiento y el empleo en la Administración pública.

Enmarcado en la ‘Estrategia de Talento 2031’ de la Junta de Castilla y León, TalentoCyL busca responder a uno de los principales retos de la Comunidad, conseguir que el talento formado en las universidades encuentre oportunidades para desarrollarse profesionalmente en su entorno. Así lo ha destacado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, que ha subrayado la importancia de conectar a los estudiantes con las empresas desde los primeros cursos y facilitarles el conocimiento de las salidas profesionales que ofrece el tejido productivo de la provincia. “Queremos que nuestros jóvenes conozcan esas oportunidades que aquí las tienen, que puedan quedarse si así lo desean y, sobre todo, que quienes se marcharon encuentren también razones para volver”.

Facilitar a los egresados el conocimiento del tejido empresarial

De ahí la importancia de actuar antes de que los estudiantes finalicen sus estudios, facilitándoles el conocimiento del tejido empresarial y de las oportunidades profesionales que ofrece su entorno. Así lo señaló el director de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), José Carlos Alonso, que ha destacado la respuesta que está teniendo esta iniciativa de Talento en Castilla y León desde su puesta en marcha.

Hasta mediados de diciembre están previstas 30 actuaciones y ya se han inscrito 500 estudiantes. “Para nosotros supone todo un éxito porque desconocíamos el impacto que iba a tener dentro de la población estudiantil”, ha señalado Alonso, que también ha aplaudido la participación de alrededor de 35 empresas en las actividades desarrolladas hasta ahora, dentro de una previsión global de unas 60 empresas y entidades colaboradoras.

Toda la información sobre las actividades programadas, las plazas disponibles y las inscripciones puede consultarse en la web de TalentoCyL de la Universidad de León, desde la que los estudiantes también pueden acceder al servicio de orientación profesional individualizada.

Los principales sindicatos creen que hay motivos más que se sobra para que la provincia de León secunde de manera mayoritaria, incluso más que el resto de España, la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, el paro de 24 horas y la gran manifestación que se convocará como colofón de esa jornada. Todo ello bajo el gran eslogan de “Salarios. Vivienda. Precios”.

Los detalles han sido desgranados este miércoles por los líderes provincial de UGT, Comisiones Obreras y CGT, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, respectivamente. Por ejemplo, que las horas extraordinarias realizadas en León podrían haber permitido contratar a 1.113 personas a jornada completa. Así lo resaltó Blasco para denunciar las contradicciones del mercado laboral provincial, donde, según sus datos, se contabilizaron 6.609 horas extra durante el segundo trimestre de 2026 mientras más de 20.000 personas permanecían en el paro.

La situación laboral será uno de los argumentos centrales de la huelga general del 11 de noviembre. Blasco cuestionó que la mejora de algunos indicadores económicos se traduzca en un avance equivalente para las familias. A su juicio, el esfuerzo de acudir cada día al trabajo pierde parte de su sentido cuando los ingresos no bastan para cubrir necesidades esenciales. La responsable sindical advirtió de que hay hogares obligados a decidir entre pagar la vivienda, comprar alimentos o afrontar la factura de la calefacción.

Blasco vinculó esta situación con los salarios y las dificultades para acceder a una vivienda, pero también con el bloqueo de las negociaciones de los convenios sectoriales. Según los datos expuestos por CCOO, todavía existen 364 categorías profesionales recogidas en convenios provinciales con retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). La subida salarial media pactada, del 3,9%, tampoco habría compensado el incremento del 4,9% del IPC que la dirigente sindical atribuyó a la provincia.

La vivienda constituye el otro gran frente de la protesta. Blasco cifró en más de 40.000 las viviendas vacías de la provincia y situó el precio medio por encima de los 1.090 euros por metro cuadrado, con más de 1.500 euros en la capital leonesa y alrededor de 900 en Ponferrada. También señaló que cerca de 80.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza y que otras 50.000 afrontan graves dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

Una crisis que también afecta a las expectativas de futuro

Por CGT, Jesús López planteó la huelga desde una perspectiva más amplia que la estrictamente laboral. El dirigente considera que la situación actual reúne tres crisis, «económica, institucional y emocional», y relacionó el malestar social con la sensación de que trabajar ya no garantiza una vida estable.

López defendió que la vivienda debe tratarse como un derecho y no como un negocio, y reclamó medidas para reducir los precios, regular los alquileres temporales y por habitaciones, frenar los desahucios y vincular las subidas salariales al coste real de la vida. También propuso que los salarios y las pensiones alcancen un mínimo de 1.500 euros.

El representante de CGT advirtió de que la distancia entre las expectativas creadas durante años y las posibilidades reales de las familias alimenta la frustración. «No estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino que estamos sobreviviendo con las posibilidades que nos ofrece el sistema», sostuvo durante su intervención.

Por su parte, el secretario general de UGT en León, Enrique Reguero, puso el acento en la pérdida de empleo y en las dificultades de emancipación de los jóvenes. Según los datos que trasladó, la provincia perdió 1.200 afiliaciones a la Seguridad Social durante el último mes, un descenso que sumó a la preocupación por la falta de oportunidades laborales y de vivienda asequible.

Reguero destacó que las movilizaciones relacionadas con la crisis residencial están contribuyendo a despertar la implicación de la población joven. Para ilustrar ese cambio, recuperó una expresión del dirigente agrario Matías Llorente: «Antes no había tempero, pues ahora hay tempero», en referencia a unas condiciones que, a su juicio, empiezan a favorecer la movilización social.

El responsable de UGT reclamó una subida del 7% del salario mínimo interprofesional para 2027 y aumentos de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos. También pidió a la patronal que desbloquee las negociaciones y deje de exigir moderación salarial mientras, según denunció, aumentan los beneficios empresariales.

Las tres organizaciones sostienen que la respuesta a los problemas de León requiere, además de mejores sueldos, más vivienda disponible para alquiler y medidas que permitan distribuir mejor las oportunidades laborales. Reguero reclamó a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos una política de vivienda que llegue también a los municipios de la provincia, junto con una planificación de suelo disponible que facilite el acceso residencial.

Los sindicatos llaman a participar tanto en la huelga como en la manifestación prevista, cuyo horario se sitúa provisionalmente a las 19.00 horas, con salida desde San Marcos y llegada al corazón de la ciudad, la Plaza de San Marcelo. El recorrido y la organización definitiva de la protesta todavía estaban pendientes de concretarse.

León, desde hace veinte años, es uno de los nodos más importantes de ciberseguridad a nivel global, sede del Incibe (en sus comienzos Inteco) y de la prestigiosa feria Enise, uno de los encuentros internacionales de expertos en seguridad informática y de Internet y redes sociales más veteranos del planeta.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, inauguró esta mañana la vigésima edición del Enise, que transcurrirá en el Palacio de Exposiciones de León hasta el viernes 23 realizando un balance de la evolución de la ciberseguridad en las últimas dos décadas y valorado que la tecnología “haya pasado de preservar únicamente sistemas e infraestructuras a proteger a una sociedad conectada”.

“Estas dos décadas han supuesto un giro copernical en el concepto de ciberseguridad. La transformación digital implica muchísimos beneficios, pero también notables amenazas y hemos pasado de proteger elementos concretos a proteger a una sociedad que es completamente dependiente de la tecnología y en la que ya no hay diferencias entre el mundo físico y el mundo virtual”, ha valorado.

El ministro ha destacado que los próximos años todo girará en torno a la ciberseguridad y la inteligencia artificial y ha afirmado que España tiene el reto de convertirse en un país “contraseguro” y adaptarse “a la velocidad de la luz” para ser “más rápido que los ciberdelincuentes”.

Ha defendido la ciberseguridad como uno de los pilares esenciales de la soberanía de un país y ha considerado fundamental que esta abarque sectores como el industrial para garantizar el dinamismo del mercado.

López ha valorado que el 20Enise (como así se indica en la cartelería) ha consolidado a León como capital española de la ciberseguridad y ha enumerado las 168 empresas, las 21 instituciones y los 118 invitados internacionales que participan en esta cita “con despliegue de inversores”.

Por último, el ministro ha destacado el plan antiestafas telefónicas del Gobierno que, desde su puesta en funcionamiento, ha bloqueado más de 400 millones de llamadas fraudulentas y cerca de 32 millones de sms.

Por su parte el alcalde de León, José Antonio Diez, ha instado a darle la oportunidad a ciudades como León, “no tan grandes en tamaño, pero que tienen valores esenciales que las hacen muy atractivas como seguridad, posibilidad de sinergias, calidad de vida y mucho talento”.

Tras la apertura institucional, el auditorio principal ha acogido la mesa 'Dos décadas después: qué ha cambiado', un espacio de análisis sobre la evolución de la ciberseguridad durante los últimos veinte años. En ella, han participado representantes de organismos clave en este ámbito: Leandro Gobierno López, jefe de área de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC); Javier Candau, subdirector general del Centro Criptológico Nacional (CCN); Federico Juste de Santa Ana, general de brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio; Andrés Ruiz, subdirector general de Seguridad Digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID); y Diego Jesús González Vargas, subdirector general del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Una zona expositiva con 190 empresas de ciberseguridad

La zona expositiva de #20ENISE cuenta con 177 espacios promocionales: 156 corresponden a empresas y start-ups y 21 a instituciones. A esta participación se suman otras 13 empresas de ciberseguridad que, sin disponer de stand propio, presentan sus propuestas y soluciones a las personas asistentes, a través del speaker corner. En total, el encuentro reúne a 169 empresas de ciberseguridad y 21 instituciones.

Este espacio permite conocer soluciones tecnológicas, intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración y negocio.

Cinco pabellones internacionales y 136 invitados de 21 países

La internacionalización constituye uno de los ejes destacados de esta edición. La zona internacional reúne a 136 invitados de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Estonia, Francia, Guatemala, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, República Checa, República Dominicana, Suiza, Caribe y Reino Unido.

La principal novedad es la presencia de cinco pabellones internacionales, correspondientes a México, Irlanda, República Checa, Estonia y Francia, que suman 39 invitados y cuentan con la representación de 7 instituciones y 21 empresas de los respectivos países.

La participación internacional se completa con 14 inversores; 23 representantes de diez delegaciones internacionales y 60 compradores internacionales de once países.

La captación de compradores internacionales se ha gestionado en colaboración con ICEX, mientras que INCIBE ha coordinado el resto de la participación internacional.

Esta presencia favorece el contacto entre empresas de ciberseguridad, inversores, compradores y delegaciones internacionales, y propicia nuevas oportunidades de colaboración y negocio en mercados internacionales.

Emprendimiento e innovación en ciberseguridad

La zona de emprendimiento cuenta con la participación de 22 proyectos emprendedores del programa Incibe Emprende, finalistas de las distintas ediciones desarrolladas desde 19ENISE hasta junio de 2026.

Los participantes presentarán sus proyectos en dos certámenes: uno de aceleración, con 12 start-ups, y otro de incubación, con 10. Las propuestas serán evaluadas por un jurado integrado por actores relevantes del ecosistema de la ciberseguridad.

La entrega de premios tendrá lugar mañana, 22 de octubre, por la tarde, en el auditorio principal, a cargo de Félix Barrio, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad.