El Procurador del Común de Castilla y León insta al Ayuntamiento de León a mejorar la comunicación con la Junta Vecinal de Armunia después de que el Consistorio pasase un año y medio ignorando a la pedanía para mejorar su seguridad vial, especialmente en el conocido como cruce de Michaisa, uno de los puntos negros del municipio leonés. También reclama el Procurador que el Ayuntamiento realice una medición objetiva del tráfico en estas zonas, después de que en los informes elaborados por el Consistorio se reflejase que la seguridad e infraestructura vial era suficiente.

No es la primera vez que la Junta Vecinal de Armunia denuncia el vacío administrativo por parte del Ayuntamiento de León y esta vez es el Procurador del Común quien resuelve que se ha vulnerado la obligación legal de resolver la solicitud en plazo y sin colaboración entre administraciones.

Todo ello después de que la Junta Vecinal de Armunia presentase una queja ante el Procurador del Común poniendo de manifiesto que la pedanía, en repetidas ocasiones e incluso mediante una reunión presencial con el alcalde de León, había reclamado un informe técnico de seguridad vial sobre la pedanía, pero especialmente sobre la rotonda de Michaisa, la calle Calvo Sotelo y la calle Juan Nuevo.

La Junta Vecinal tuvo que acudir al Procurador del Común después de múltiples escritos registrados, requerimientos formales, reuniones institucionales y reiteradas peticiones ignoradas y solo tras la intervención del Procurador, el Ayuntamiento emitió finalmente un informe y una respuesta administrativa. Un año y medio después la pedanía no había obtenido una respuesta que en cambio el Ayuntamiento sí hizo llegar al Procurador del Común.

Cuando el Procurador del Común solicitó información a la Entidad local, esta aportó dos informes técnicos elaborados en diciembre de 2025, uno de la Técnico Municipal de Tráfico y otro de la Policía Local, en los que se concluía que “la infraestructura existente en las vías afectadas era suficiente desde el punto de vista de la seguridad vial, atendiendo a los datos de siniestralidad de los últimos años”.

Según retrataban los informes, y ahora hace público el Procurador, la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de León había acordado trasladar su contenido a la Junta Vecinal, sin adoptar medidas adicionales ni prever ningún mecanismo de seguimiento. El Procurador valora que, aunque los informes técnicos abordaban “de forma razonable” las cuestiones planteadas por la Junta Vecinal, el retraso de más de un año en responder a la Junta Vecinal “vulneraba la obligación legal de resolver en plazo y los principios de colaboración entre administraciones”.

Además, valoró que la respuesta municipal no era del todo satisfactoria, porque los propios informes reconocían problemas de exceso de velocidad y, sin embargo, el acuerdo adoptado no preveía ningún mecanismo de seguimiento ni de revisión.

Por ello, el Procurador insta al Ayuntamiento a que “estableciera un cauce formal y periódico de información con la Junta Vecinal sobre la evolución de la seguridad vial en la zona”, y pide la realización de “mediciones objetivas” de velocidad e intensidad de tráfico, teniendo también en cuenta la presencia cercana de una zona escolar, un centro de mayores y una iglesia.

“Ha tenido que ser el Procurador del Común quien recuerde al Ayuntamiento de León que las administraciones públicas tienen la obligación de responder, colaborar y actuar cuando está en juego la seguridad de los vecinos”, valora la Junta Vecinal tras conocer la resolución del Procurador del Común. “Se debe recordar que Armunia no pide privilegios, sino algo mucho más básico: ser escuchada y tratada como un igual entre los barrios y pedanías de la ciudad leonesa”, reclama.

La Junta Vecinal de La Antigua critica que la Junta de Castilla y León se ha desentendido de la gestión de dos cigüeñas halladas muertas hace casi un mes en un nido localizado en la torre de la iglesia de la localidad perteneciente a la provincia de León.

El presidente de la Junta Vecinal de La Antigua, Héctor Segurado, ha informado de que hace días aparecieron las dos aves muertas en el que es “uno de los puntos más visibles y transitados del pueblo”. Ante la situación, la Junta Vecinal dio aviso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León el pasado 20 de abril.

Según afirma la administración local, la Junta respondió que las muertes podían deberse a la gripe aviar y que, argumentando una escasez de medios autonómicos, era la Junta Vecinal la que debía hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de las cigüeñas ya que, al encontrarse en la torre de la iglesia, es una altura para la que no tienen medios.

Según el plan de contingencia de la Junta de Castilla y León para combatir la gripe aviar, aprobado el pasado verano y vigente en la actualidad, es la Junta quien debe hacerse cargo del análisis de los cuerpos de las aves silvestres que hayan muerto en condiciones compatibles con esta enfermedad y acotar un radio de peligrosidad para que no se propague la gripe.

“Una Junta Vecinal pequeña, sin recursos técnicos, sin medios especializados y sin personal preparado para manipular animales posiblemente afectados por una enfermedad, debía hacerse cargo de una situación para la que claramente no tiene capacidad”, critica Segurado.

Este fin de semana el cuerpo en descomposición de una de las cigüeñas cayó desde la torre al tejado de la iglesia: “Resulta difícil entender que exista un control exhaustivo sobre explotaciones avícolas y aves de corral, mientras ante una posible situación relacionada con gripe aviar en pleno núcleo urbano la respuesta sea simplemente esperar o mirar hacia otro lado”, lamenta el presidente de la Junta Vecinal. “Los pueblos pequeños de León cada vez cuentan menos y que Castilla y León está fallando a gran parte de su mundo rural”, lamenta Segurado.

La Junta confirma que delega su retirada en el pueblo

En su réplica pública, la Delegación Territorial de la Junta, competente en medio ambiente -la cigüeña goza de protección- y sanidad animal, admite que no ha hecho nada sobre este caso porque “se encuentra a la espera de que la Junta Vecinal de La Antigua ponga a disposición de los servicios veterinarios los cadáveres”, efectivamente “situados en una zona de difícil acceso”. “Debido a la ubicación inaccesible de los nidos, los servicios veterinarios no pudieron acceder a los ejemplares y se indicó a la Junta Vecinal la necesidad de proceder a la bajada de los cadáveres para poder efectuar los análisis”, relata en un comunicado, coincidiendo así plenamente con la versión local.

Por último, la Junta “recuerda que la provincia de León se encuentra actualmente libre de gripe aviar y que únicamente mediante los análisis laboratoriales correspondientes puede determinarse el origen de la muerte de las aves”.

La Junta Vecinal de Calzada de la Valdería ha llevado ante el Procurador del Común una denuncia contra la administración local de Castrocalbón por impagos en los aprovechamientos comunales desde el año 2018, aludiendo a un derecho que, afirman, posee desde el año 1722.

Tres siglos después de este derecho, la Junta Vecinal de Calzada de la Valdería denuncia que no ha obtenido los pagos por el usufructo de los bienes comunales obtenidos por el aprovechamiento de madera, en concreto tras la tala de chopos en la ribera del río que cifran en 400.000 euros, de los que a Calzada le correspondería la cuarta parte; y el arrendamiento del coto de caza y de fincas.

La denuncia, presentada a finales del pasado mes de marzo alude a un convenio que, según la Junta Vecinal de Calzada, “se constató en 1722” y ha sido cumplido hasta el año 2018, “cuando se produjo el último pago” por parte de la Junta Vecinal de Castrocalbón.

“El pueblo de Calzada de la Valdería tiene y ha tenido derecho a una cuarta parte del aprovechamiento de los terrenos que en común posee con el pueblo de Castrocalbón”, remarcan en el escrito presentado en el que alegan que “este derecho proviene desde tiempo inmemorial ya que en 1722 el alcalde mayor del adelantamiento de León resolvió la cuestión expresada confirmándose su fallo en 1738 y 1740”.

“De forma continuada se ha reclamado de forma verbal y en diversas reuniones entre las dos juntas vecinales sin que ello haya fructificado”, asegura la Junta Vecinal de Calzada, que informa de que se han celebrado seis reuniones con la administración local de Castrocalbón, que, afirman, se niega a pagar “la parte correspondiente a Calzada de la Valdería, una aportación que puede llevar a la junta vecinal a su desaparición al no contar con ningún recurso económico”.

De manera más 'reciente', la Junta Vecinal de Calzada recuerda que existe una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de La Bañeza, con fecha del 11 de abril de 1935, en el que, según afirman, “se reconoce al pueblo de Calzada el derecho y posesión inmemorial sobre los terrenos comunales de Castrocalbón, declarando que la junta vecinal de Castrocalbón estaba obligada a cumplir en todas sus partes el contrato o convenio de doce de agosto de 1900 sobre la proporción en que había de repartirse entre los dos pueblos los aprovechamientos”.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha mostrado su respaldo al proyecto de recuperación y puesta en valor de la Ruta de las Minas de Valcabado, en la localidad de Valdefrancos, una iniciativa que pretende convertir este enclave de la Tebaida berciana en un nuevo recurso turístico, cultural y patrimonial.

El Consistorio, a través de la Concejalía de Medio Rural, colaborará específicamente en la señalización del itinerario, una senda circular de unos cinco kilómetros que da acceso a unas antiguas explotaciones mineras con cerca de cinco siglos de historia, marcadas por distintas fases de actividad y abandono.

En la presentación del proyecto participó el teniente de alcalde y concejal de Medio Rural, Iván Alonso, junto al pedáneo de Valdefrancos, Ricardo López, en un acto en el que se puso en valor la colaboración institucional y vecinal para recuperar este entorno.

La iniciativa fue presentada por el técnico del Centro de Desarrollo Rural de la Asociación Alzheimer Bierzo (AFA), Dennis Álvarez, y la directora de la entidad, Ana Pilar Rodríguez, que destacaron el carácter participativo del proyecto y su vinculación con el desarrollo rural.

Durante el encuentro, vecinos de Valdefrancos compartieron testimonios y conocimiento sobre el entorno, mientras que la organización subrayó la aportación documental e histórica de Andrés López como elemento clave para su avance.

El proyecto se integra en el Plan Estratégico 2024-2026 de Coceder, dentro de la línea de impacto social en el medio rural, y cuenta con financiación de AFA Bierzo.

La actuación se articula mediante la colaboración entre la Junta Vecinal de Valdefrancos, el Ayuntamiento de Ponferrada y AFA Bierzo, con el objetivo de recuperar un patrimonio minero singular y transformarlo en un recurso de dinamización turística para el territorio.

Los ganaderos del concejo asturiano de Mieres se conjuraron en una reciente manifestación en tierras leonesas: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”. Se referían al aprovechamiento de los riquísimos del puerto de Pinos, que desde hace un siglo es propiedad del Ayuntamiento astur, pero en el que mantienen derechos históricos de uso y aprovechamiento los pueblos del municipio de San Emiliano donde se enmarcan, en plena comarca leonesa de Babia.

Pero de momento aquella conjura no se cumple a fecha de hoy. Ni será fácil que ocurra. Y es que la Junta de Castilla y León insiste en denegar las guías a los profesionales del ganado mierense y sin ellas ningún animal puede pastar allí. Lo hace aduciendo la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de determinar ya de manera definitiva, sin posibilidad de recurso, que cualquier actividad de Mieres en suelo leonés es irregular, por ser otra autonomía sobre la que no tiene competencias.

Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar que las vacas de Babia sí están aprovechando ya a día de hoy aquellos valorados pastos. Y lo hacen porque tienen todos los parabienes ganaderos. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León ha confirmado a este medio que hasta la fecha han sido dos las explotaciones de pueblos de San Emiliano las que han solicitado, tramitado y finalmente obtenido las guías para aprovechamiento legal de las praderas de Pinos. Aquellas reses, pues, disponen hoy en exclusiva de todo el pasto de la zona.

La fecha de subida tradicional del ganado de los profesionales de Mieres a Pinos ha sido siempre primeros de junio. Y aunque queda poco menos de un mes, si alguna cabeza hace acto de presencia, la Junta considera que será de manera irregular.

Ya pasó lo mismo el año pasado, y eso sin que el más alto tribunal, el TS, se hubiera pronunciado: bastó con solo una dura sentencia previa del TSJ de Asturias que ya iba contra los intereses mierenses, que sigue aduciendo que las 900 hectáreas de Pinos son de su propiedad, adquiridas en 1926, lo cual es cierto.

Las mismas fuentes autonómicas recuerdan que cuando el pasado año aparecieron decenas, puede que cientos, de cabezas de ganado asturiano en Pinos -cuando en realidad habían alquilado el cercano puerto de Los Hidalgos-, se pusieron en marcha algunas sanciones por aquellos hechos. Y aseguran que volverá a ocurrir si este año se repite la escena. Todo ello ante la desesperación e indignación creciente de los profesionales del campo del otro lado de Peña Ubiña. Un episodio más en la tensión que genera lo que a todas luces es el conflicto territorial más potente y dilatado en el tiempo entre Asturias y León.

21 multas con sanción económica... que podrían agravarse

En la leonesa Delegación de la Junta, se tramitaron en el verano de 2025 un total de 21 expedientes sancionadores, que fue el número de crotales que la Guardia Civil llegó a identificar de reses de Mieres en el puerto de Pinos, donde no podían administrativamente estar. Algunas de las sanciones económicas propuestas ya por la Junta de Castilla y León han sido recurridas pero siguen su curso hasta culminar, casi con seguridad, en una multa. Y los propios profesionales asturianos son conscientes de que si este año se repite algún caso con reincidencia, los pocos miles de euros se pueden multiplicar exponencialmente.

Así lo lamentaban hace dos semanas un grupo de ganaderos mierenses en Villablino (León), donde acudieron a ejercer presión y pedir explicaciones a la sede de la Unidad Veterinaria de la comarca de Laciana. Y no sirvió de mucho: la Junta insistió en el 'no' rotundo a autorizarles las guías oficiales que son obligatorias.

La situación tiene desolados a los ganaderos, los cerca de 110 afectados, con en torno a 1.500 cabezas en total, según cifró recientemente su portavoz, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representante sindical agrario en el Principado, David Pérez, quien lamentaba que la situación puede abocar al cierre de explotaciones y el sustento de numerosas familias.

Por eso, además de en Villablino, hace escasos días también protestaron ante la propia sede del Ayuntamiento de Mieres para exigir que acelere una solución que les permita aprovechar los pastos de terrenos que, aunque leoneses, son propiedad del concejo. La salida aireada públicamente buscaría bordear la prohibitiva sentencia del Supremo, cambiándole el uso al terreno de Pinos, pasándolo a otra naturaleza jurídica como bien patrimonial, y después adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos.

La “treta” ya tiene dos bloqueos anunciados: el de San Emiliano y la Federación de Entidades Locales Menores de León, que llevan años litigando y denunciando “excesos” de Mieres en suelo leonés. Porque lo consideran abiertamente  “una prevaricación pura y dura”. Ya han llevado esta intención ante el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aseguran que les ha dado la razón y parado los pies a Mieres. El segundo bloqueo es institucional y oficial, ya que la Junta repite argumento, se aferra a la sentencia y dice que vigilará la situación de cerca.

Está por ver si este desigual bloqueo y la actual contundencia institucional del Gobierno autonómico, hoy del Partido Popular (PP) y pronto nuevamente en pacto con Vox, volverán a generar escenas de tensión en Pinos en el tramo final de la primavera, como ya se han vivido en muchos años posteriores.

Una foto fija del número de terrazas de bares, cafeterías y restaurantes legalmente permitidas en base a la nueva ordenanza de la ciudad de León, que entró en vigor hace año y medio, marca una cifra hasta ahora poco conocida: son exactamente 423. Se trata de una considerable merma de su número, ya que desde que la normativa municipal se aprobara a final del verano de 2024 y se comenzara a aplicar poco a poco, se han producido casi 200 bajas de veladores (189 menos a fecha de hoy). En la mayoría de casos esas bajas son por no interesarles renovar la obligatoria autorización del Ayuntamiento de León o porque este ha certificado que incumplen algunas de las muchas nuevas condiciones impuestas. La cifra en origen hasta ahora ha sido de 612 tramitadas.

De la estadística facilitada por fuentes oficiales municipales llama la atención que de las 423 terrazas con las bendiciones iniciales para instalarse, casi una de cada tres están en la zona centro -todo el Casco Histórico y zonas aledañas- y el resto se distribuyen por los demás barrios de la capital. En el caso de las zonas más concurridas y turísticas hay 113 veladores con todos los parabienes (un 31%) y en el segundo las 292 restantes. La excepción son las pedanías leonesas -Armunia, Oteruelo de la Valdoncina y Trobajo del Cerecedo- y en el barrio de Puente Castro, que no tienen ninguna autorizada ahora mismo.

Una situación que llama la atención es el número de hosteleros de León con terraza que cumple la norma general de obligación de recoger cada noche por completo sillas, mesas, sombrillas y otros elementos, dejando totalmente libre la vía pública. Con carácter general, y como gran novedad de la ordenanza que ha sustituido a la obsoleta anterior, es que es obligatorio almacenarlo todo bien en el interior del propio bar o en un bajo alquilado o comprado a tal efecto. Sin embargo, un simple paseo nocturno por la mayoría de las calles del centro de la capital permite ver que esto casi no se cumple.

Muchas quejas vecinales y expedientes por no recoger

No es un tema menor: el Consistorio admite que entre las pocas sanciones impuestas desde hace poco más de un año que acabó el período de gracia concedido para amoldarse a las nuevas normas se han sumado hasta 25 expedientes de multa por no retirar todo el mobiliario o al denunciar los vecinos que se han saltado el horario fijado en cada época del año. Cuatro de ellas han acabado en multa económica este año, aunque aún no se suman nuevos casos en este ejercicio, matizan las mismas fuentes. Y también consta que este problema se ha elevado por un particular enfadado al Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León).

Sin embargo, las propias ordenanzas dejaron abierta la posibilidad de una 'triquiñuela' a la que no pocos hosteleros se han sumado para seguir ocupando calles y plazas con las terrazas apiladas durante toda la noche. El artículo 13 sobre “prohibiciones” reza que “podrá autorizarse de manera excepcional y mediante el pago de la tasa correspondiente el almacenamiento en la vía pública, fuera del horario de ejercicio de la actividad, de los elementos de la terraza que no puedan almacenarse en el interior del local”.

Pagar un 20% más de la tasa y eximidos

Tan sólo tienen que “acreditar” que no les cabe en el establecimiento ni pueden disponer de un local cercano para ello. Y además deben pagar por ello algo más que el resto: en concreto “un 20% más de la tasa que tengan que abonar por la terraza”. Como ejemplo, si un bar paga 1.000 euros en concepto de tasa por su número de mesas y sillas, afrontaría el pago de 1.200 euros.

Aferrándose a ello, son muy numerosos los establecimientos que pagar por no desmantelar la terraza cada noche, dejándola apilada y encadenada, lo cual, por cierto, es obligatorio. En concreto, la Concejalía de Consumo dice que hoy hay en vigor 110 autorizaciones que conceden este permiso extraordinario. Respecto al número total de terrazas de 423, se trata de una de cada cuatro. Matizan, eso sí, que la mayoría no son terrazas de acera sino las llamadas 'terrazas Covid', las autorizadas para estar sobre las calzadas, las carreteras de León: un total de 69. Lo cierto es que estas no afectan a la movilidad de los viandantes, al dejar totalmente libres las aceras. En los restantes 41 casos de calles y plazas, el Consistorio ha dado el parabién tras cerciorarse con “las actas de Policía e Inspección de los expedientes” que no hay alternativa al almacenamiento, aseguran.

Un caso curioso

Otro detalle que regula la ordenanza es qué la gravedad de cerrar muchos días, como por ejemplo vacaciones. Se dicta que es obligatorio que “todos los elementos deberán ser retirados si el establecimiento supera los 15 días consecutivos sin actividad al público”. De no hacerlo, igual que si se recoge cada noche con una demora inferior a una hora, la infracción se tipifica como “grave”. Supone una multa de entre 751 y 1.500 euros, con el agravante de que dos infracciones graves en menos de dos años puede suponer el cierre total de la terraza hasta tres meses.

El Ayuntamiento leonés asegura que en este casi año y medio sólo “se detectó el caso de un establecimiento en concreto” pero que no hubo sanción alguna porque “se solucionó con contacto con la propiedad y mediación, retirándose varios días después la terraza y cerramientos”.

A tenor de esta respuesta, ha habido un bar-restaurante muy conocido, situado en la Plaza de San Marcelo -frente a la sede de la Policía Local-, que resulta evidente que se libró de una multa municipal segura, ya que permaneció cerrado a la vista de todo el mundo por espacio de 21 días, con todo el material apilado en pleno centro histórico y turístico. Se trata, de hecho, del establecimiento que ya estuvo durante años en medio de otra polémica por el uso de un velador, que fue bautizado popularmente como 'mamotreto', con un permiso total del Consistorio tras un cambio de criterio radical, y sin embargo multado por Patrimonio de la Junta, que exigió su retirada.

Una tramitación lenta hasta ahora

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento aclara que la cifra de 423 terrazas actuales en León, una de las ciudades con más bares de España per cápita, es una cifra que irá cambiando lógicamente a lo largo del tiempo. Por un lado porque a fecha actual los recursos municipales se encuentran “próximos a alcanzar el 40% de las autorizaciones tramitadas” conforme a los informes de Inspección Viaria y la Policía Local, para certificar que cada velador cumple todos los criterios de la ordenanza, está al corriente de pago de la tasa (que también subió de precio con la nueva norma, algo que defendía el alcalde, José Antonio Diez) y puede continuar su actividad.

El ritmo aún es lento, en parte por el mal tiempo, aducen, pero comprometen que “la tramitación avanzará con mayor rapidez” a partir de ahora al ser más sencillo en las terrazas menos inspeccionadas, las de acera. Y es que estiman que sí se han visitado casi todas las 'terrazas Covid' en calzada, el 90% de ellas, a las que dan de plazo hasta junio para cumplir la obligación de instalar la plataforma elevada que las iguale a las aceras y permita la total accesibilidad de los clientes.

En todo este proceso podrá haber nuevas altas y nuevas bajas que siempre harán bailar la cifra exacta en cada momento. Pero la 'foto fija' actual da cuenta de cómo ha crecido en la ciudad de León el recurso de las terrazas al aire libre, no muchos años antes de la pandemia pero sobre todo a raíz de aquella época de restricciones.

Las pequeñas pedanías de Sosas y Robles pertenecientes al Ayuntamiento de Villablino fueron este viernes el centro de atención de la comarca lacianiega con la presentación de los trabajos elaborados por el programa denominado Concejo Abierto.

Por la mañana se hizo la presentación en Sosas de Laciana del estudio sobre sus hábitos comunales ancestrales, parte de los cuales que aún se mantienen en la actualidad. Los aspectos de estos usos históricos para gestión de la convivencia vecinal y aprovechamiento de recursos equitativo se ha centrado en varios aspectos que se detallan en el trabajo presentado.  

En la pedanía de Sosas se han centrado en cinco apartados. Concejos y derechos: devesa, montes comunales y palo de la esquisa; veceras y chozos; el riego y las partijas; facenderas, la huelga y el hogar; de la braña a la lechería; salga, recha y Fiesta de la Manteiga.

Con la colocación de varios códigos QR en diversos puntos de ambas localidades se puede acceder a la explicación e información sobre cada uno de estos usos comunales. 

Por la tarde fue el turno de Robles de Laciana, que como en la pedanía vecina de Sosas, se procedió a explicar el trabajo realizado y la selección de los asuntos que se han señalado como de interés comunal en esta localidad.

En Robles se han situado los asuntos destacados en los siguientes temas. Concejos y Carta Puebla; facenderas, recursos locales y Aula Geológica; gestión del agua, prevención de incendios; las veceras; calechos, filandones y otras celebraciones; braña y vaqueirada.

En el siguiente enlace se puede acceder a los programas de las cuatro localidades de Castilla y León sobre las que se ha desarrollado el programa denominado 'Rutas de la sabiduría comunitaria y concejil de Castilla y León'.

Dos de ellas en la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana, las ya mencionadas de Robles y Sosas y las otras dos incluidas en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Bejar y Francia (Salamanca), Monleón y Candelario.

Se puede consultar pinchando en este enlace la web de Concejo Abierto

El Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales de este municipio de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León han anunciado este martes que exigirán el cumplimiento de las sentencias por vía judicial para que el Ayuntamiento asturiano de Mieres cumpla legalidad sobre el aprovechamiento ganadero del Puerto de Pinos, ya que consideran que su actividad es tan ilegal “como plantar cocaína”.

Así lo ha sostenido el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, tras inadmitir el Tribunal Supremo (TS) el recurso de casación de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda la actividad de Mieres en el Puerto de Pinos. Una postura que ya no admite más recursos y es firme.

Con ello, defienden que el recorrido judicial ha llegado a su fin y cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres “a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ha advertido el letrado y representante de la Federación.

En rueda de prensa, Antón, acompañado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello (PSOE) y los pedáneos de dos de los cuatro pueblos (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) ha recalcado que la última sentencia es un “punto de inflexión” que supone el fin a un largo camino judicial. Y que zanja que toda la actividad que desarrolla Mieres en territorio leonés “es ilegal porque carece de competencias” fuera de su territorio, incluso aunque sea como es la propietaria de los terrenos desde hace un siglo.

El también es presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna ha valorado que la sentencia es un “triunfo” y rechazó, como el alcalde, las continuas críticas recibidas desde Asturias sobre que “rompemos la armonía y convivencia, cuando son ellos los que incumplen la legalidad y actúan de forma absolutamente tramposa”. Advierte que Mieres va a seguir utilizando “todas las estratagemas para seguir aprovechando los pastos” y volver a subir este año 1.500 cabezas de ganado hasta el puerto, lo que desde la vertiente leonesa no van a consentir.

A este respecto, ha advertido que tras el revés judicial el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que va a cambiar la naturaleza jurídica de estos terrenos a bien patrimonial, con la intención de adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos. Un proceso, dijo, que ha sido paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias y que “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias” y por lo tanto “supone otra ilegalidad más” que no van a permitir.

Una “artimaña” que vigilarán

Por eso, de producirse esta “artimaña”, acudirá a un proceso contencioso-administrativo para paralizarla: “Un bien patrimonial no se puede emplear como si fuese un dominio público adjudicándola el Ayuntamiento a quien le dé la gana”, explica.

Consideran todas las organizaciones que la pelota está ahora en manos de las administraciones públicas, la Diputación y sobre todo la Junta de Castilla y León y su Consejería de Presidencia, que es la que tiene las competencias en esta materia, porque ahora es un tema “claramente político y ya no tienen ninguna excusa para intervenir legalmente y confiamos en que lo hagan”, en referencia a una posible expropiación de los terrenos para acabar con la 'anomalía'.

Y es que creen que mientras Mieres tenga la propiedad de los pastos en la provincia de León va a “querer usarla para favorecer a sus ganaderos”, por lo que ha animado a continuar con el proceso de expropiación de estos pastos para evitar que un ayuntamiento aplique competencias en materia de régimen local en territorios de otra Comunidad autónoma, “algo que es ilegal”.

La historia

El conflicto en el Puerto de Pinos se fraguó hace un siglo, cuando en 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres adquirió a la Fundación Sierra Pambley esos terrenos en suelo leonés. Hace una veintena de años que las entidades locales de San Emiliano y sus cuatro pueblos, que conservaron derechos históricos de pasto a pesar de todo, litigan por esos derechos en el aprovechamiento de 900 hectáreas de muy ricos pastos.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que en lo esencial siempre han favorecido a las pedanías leonesas. Unas sentencias que ahora quedan fijadas con última decisión del Supremo.

El alcalde Marcello ha afirmado que tras la última sentencia “tenemos que dar carpetazo” a un asunto que “llevamos sufriendo 100 años”, recalcando que ahora es el momento de que la Administración autonómica actúe, para lo que mantendrán una reunión con responsables de la Junta la semana que viene. Eso después de que hace un año por primera vez el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostraran su apoyo directo y hablaran de una hoja de ruta para la solución del conflicto que todavía no se han materializado.

El pueblo de Langre, en la comarca de El Bierzo, ha hablado. Los vecinos han sido casi una sola voz. Y la práctica totalidad de ellos han cerrado filas frente al inicio de un posible proyecto eólico en sus montes comunales, promovido por un grupo neozelandés y pese a sus jugosas promesas de futuro.

El concejo celebrado este sábado 18 de abril se saldó con un rechazo prácticamente unánime a la instalación de dos torres de medición, dotadas con anemómetros, por espacio de 18 meses, año y medio. Era el primer paso planteado por la compañía para evaluar la viabilidad de un parque de 11 grandes aerogeneradores en los montes públicos comunales.

La votación, realizada a mano alzada, no dejó lugar a dudas: ningún vecino apoyó la instalación de los equipos. A continuación, al preguntar por los votos en contra, la práctica totalidad de los asistentes levantó la mano en señal de rechazo, registrándose únicamente dos abstenciones.

La decisión llega dos semanas después del primer encuentro, celebrado el 4 de abril, cuando el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro (PSOE), convocó a los vecinos junto a representantes de una compañía interesada en el potencial eólico de la zona. En aquella sesión, marcada por la falta de detalles concretos y la petición de una autorización rápida, los asistentes optaron por aplazar cualquier decisión y solicitar más información.

Según lo trasladado entonces, la propuesta inicial consistía en instalar dos torres de medición en las zonas más elevadas del entorno de la localidad para analizar el recurso eólico. Ese estudio sería el paso previo a un eventual desarrollo de un parque con 11 molinos en suelo comunal. A cambio, la empresa planteaba unos ingresos anuales cercanos a los 55.000 euros, que se podría ir actualizando conforme al IPC, y compromisos de actuaciones en el pueblo que de momento eran bastante genéricos.

Detrás del planteamiento se encuentra Galileo, una plataforma internacional de energías renovables impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y respaldada por grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia.

Con el resultado de este sábado, los vecinos de Langre cierran, al menos por ahora, la puerta a la fase inicial del proyecto y evidencian una posición de total ante este tipo de desarrollos en la comarca berciana, donde ya son varios los que han sido tumbados, pero no tanto por la oposición vecinal sino por condicionantes ambientales o falta de autorizaciones administrativas del Gobierno central. Todavía en el caso de Langre podría haber caminos para la compañía para mantener el proyecto en marcha y requerir su aprobación, por ejemplo con figuras que desembocaran en expropiación de los terrenos, previa declaración de interés público, pero la inicial y clara postura vecinal en contra no lo podrá nada fácil.

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha visitado este jueves Murias de Paredes, donde ha mantenido un encuentro con ganaderos de la comarca de Omaña. En la reunión ha participado el número dos de la candidatura socialista, Mario Rivas, acompañado por la alcaldesa del municipio, Carmen Mallo, además de pedáneos y representantes del territorio, que han remarcado la importancia del sector en la supervivencia del medio rural.

Durante el encuentro, los ganaderos han trasladado a los representantes socialistas las principales dificultades que afronta el sector, especialmente quienes desarrollan su actividad en régimen de ganadería extensiva en zonas de montaña. Entre las preocupaciones planteadas han destacado las consecuencias de los incendios forestales del último verano y la falta de conocimiento del territorio por parte de la Junta de Castilla y León a la hora de diseñar y aplicar determinadas políticas.

Mario Rivas ha subrayado que “la ganadería extensiva es una actividad esencial para mantener vivo el medio rural, fijar población y preservar nuestros ecosistemas, especialmente en comarcas de montaña como Omaña”. En este sentido, ha defendido que el futuro del territorio pasa por “garantizar condiciones dignas para quienes viven del campo y reconocer el papel estratégico del sector primario en el desarrollo económico y social de Castilla y León”.

Rivas ha recordado que el programa del PSOE para la Comunidad incluye medidas específicas para fortalecer el sector agroganadero, entre ellas la defensa de una Política Agraria Común (PAC) más justa que tenga en cuenta las singularidades de territorios como León, el impulso a la ganadería extensiva en zonas de montaña y la puesta en marcha de políticas que garanticen precios justos y refuercen la posición de los productores en la cadena alimentaria.

Asimismo, el candidato socialista ha destacado la necesidad de favorecer el relevo generacional en el campo y apoyar a jóvenes y mujeres que quieran incorporarse a la actividad agraria, facilitando el acceso a la tierra, a la financiación y a la formación, así como promoviendo la modernización y digitalización de las explotaciones.

Durante la visita también se ha puesto en valor el compromiso con el desarrollo de los pequeños municipios a través de inversiones que contribuyen a mejorar la calidad de vida en el medio rural. En este sentido, los socialistas han destacado el proyecto de renovación de luminarias en Murias de Paredes, impulsado a través del programa DUS 5000, una iniciativa financiada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinada a promover proyectos de energía limpia en municipios en riesgo de despoblación.

Mario Rivas ha insistido en que “apostar por el campo y por la ganadería es apostar por el equilibrio territorial y por el futuro de nuestros pueblos”, y ha asegurado que el PSOE seguirá defendiendo políticas que garanticen oportunidades, servicios y desarrollo para el medio rural leonés.

La carretera ya está más cerca de llegar a Fuente de Oliva, localidad perteneciente al municipio de Balboa a la que actualmente se accede por pistas. El pueblo acoge como un hecho positivo la emisión este martes por parte de la Junta de Castilla y León de un informe de impacto ambiental favorable al proyecto promovido por la Diputación para pavimentar la comunicación desde Castañeiras, en la esquina noroccidental de la provincia de León. “Es un paso adelante. Y ahora ya no tiene vuelta atrás”, señala el pedáneo, Fernando Cerezales, quien también anuncia una postura vigilante para que la iniciativa llegue a buen puerto: “Estaremos con las orejas estiradas”.

El visto bueno ambiental al proyecto, consagrado este martes con su publicación en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León), certifica también los planes para convertir la pista desde la carretera provincial LE-4114 a la altura de Castañeiras hasta Fuente de Oliva en un vial de dos carriles y una plataforma de 6,4 metros de ancho, con una longitud de 2,8 kilómetros. Los vecinos habrían optado (y así lo manifestaron cuando a finales de 2020 amenazaron con pasarse a Galicia por sentirse abandonados en Castilla y León) por asfaltar el acceso existente. “Finalmente se ha optado por el camino largo. Y tendremos que andarlo”, admite el pedáneo.

“La pista estaba entonces en perfecto estado para asfaltar. Y cuanto más se tarde, más se deteriora”, apunta Cerezales para remitirse a los efectos de meses como los de este invierno marcado por las lluvias. Los lugareños acceden en estas fechas “haciendo patinaje artístico”, bromea el pedáneo haciendo gala del sentido del humor que llevó en su día a los vecinos a colocar sobre el tronco de un árbol el letrero 'Sigue, que vas bien' dirigido a visitantes que daban la vuelta antes de llegar al pueblo. Y, frente al proyecto lanzado por la Diputación, defiende la opción de haber asfaltado la pista con un argumento económico: “Habría sido más barato para el contribuyente”.

En período electoral

La noticia ha llegado en la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas de este próximo domingo 15 de marzo. Y el pedáneo la enmarca precisamente en este período electoral, por lo que enfatiza que el pueblo adoptará una postura vigilante ante el encargo del proyecto, la licitación de los trabajos y la adjudicación de las obras sin ocultar el temor a que pudiera quedar desierta. “Ahora vamos a vigilar más de cerca”, dice desde una localidad que ya se postuló en su día a ser sede de la Agencia Espacial Española también como una manera de hacer visibles sus demandas.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el estudio concluye que la obra no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras durante la ejecución.

Actualmente, Fuente de Oliva solo cuenta con dos pistas sin pavimentar, con un ancho inferior a tres metros en muchos tramos, lo que dificulta el cruce de vehículos y limita la seguridad. Además, los caminos presentan numerosas curvas cerradas propias de zonas de montaña. La alternativa elegida ofrece menor impacto paisajístico y mejores resultados socioeconómicos, según el informe.

Durante las obras se prevén impactos moderados, principalmente por movimientos de tierra, ruido y emisión de polvo, que serán temporales y mitigables mediante control y seguimiento ambiental. Además, los técnicos confirman que el proyecto no afecta a espacios protegidos de la Red Natura 2000 ni a otras figuras de protección, algo que refuerza su viabilidad.

La mejora del acceso es clave para facilitar la movilidad y la seguridad de los vecinos de este núcleo montañoso del Bierzo occidental. La población llevaba años esperando la intervención: en 2020, la Junta Vecinal solicitó integrarse en el municipio lucense de Cervantes, ante el sentir de abandono institucional. En aquel momento, el entonces presidente de la Diputación, Eduardo Morán, se comprometió a elaborar una memoria valorada para ensanchar y asfaltar la pista.

Consciente del hándicap de estar en una “esquina” de la comunidad, Fuente de Oliva ha tomado su propio camino sin esperar por la carretera. Precisamente hace un año constituyó la asociación cultural Fontedevida. Sus miembros pueden ya beneficiarse de servicios de veterinaria y podología o sesiones de pilates, por ahora en Balboa, la cabecera municipal. Otras propuestas, como la de instaurar un concurso escolar de redacción, todavía no han podido articularse desde un pueblo que carece de asfalto pero en el que se multiplican las iniciativas.

El río Sil se ha desbordado a su paso por Ponferrada como consecuencia de la apertura de las compuertas del pantano de Bárcena como medida de precaución ante el deshielo, uno de los factores junto con las intensas lluvias de las crecidas de los ríos. Los problemas también han llegado aguas abajo, en la localidad de Villaverde de la Abadía (Carracedelo), que ha perdido su emblemático puente colgante, arrastrado por el agua.

El agua ha invadido parte del paseo por la margen derecha del Sil a su paso por la capital berciana, uno de los puntos marcados con alerta naranja por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en las últimas horas.

La Junta Vecinal de Villaverde de la Abadía difundió este sábado un vídeo que muestra cómo la estructura ha quedado completamente arrasada.

Los pilares que sostenían el puente en ambas orillas no resistieron la fuerza de la corriente, que superó los niveles habituales del río.

Esta obra, construida hace más de medio siglo por los propios vecinos, facilitaba el acceso a las tierras de cultivo situadas al otro lado del Sil.

Además de su valor histórico y práctico, el puente formaba parte de la Ruta de los Puentes Colgantes, un recorrido circular que une Villaverde de la Abadía con Villadepalos, muy apreciado por senderistas y visitantes de la zona.

Su desaparición interrumpe la ruta y deja un vacío en el patrimonio local, que ahora tendrá que buscar alternativas para preservar la conectividad y el atractivo turístico de la zona.

Más de cuarenta fincas del término municipal de Soto y Amío, en la comarca leonesa de Luna, se verán afectadas por el proceso de expropiación que se ha puesto en marcha para ejecutar el proyecto de construcción de un emisario de aguas y una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en el pueblo de Garaño, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Este pueblo afronta esta nueva infraestructura coincidiendo todavía con las secuelas del incendio forestal que sufrió este núcleo de población y el municipio de Soto y Amío el pasado verano, a finales de agosto, cuando las llamas llegaron a situarse a apenas tres metros de las casas de Garaño y obligaron a una rápida intervención vecinal.

Poco antes de aquel terrible suceso, que mantuvo en vilo durante días a la población, el Ayuntamiento aprobó definitivamente el proyecto, con fecha 14 de agosto de 2025. Se trata de una decisión que lleva implícita la declaración de utilidad pública del proyecto y y la urgencia de ocupación de los terrenos, lo que habilita la expropiación forzosa, la ocupación temporal o la imposición de servidumbres conforme a la normativa autonómica, según se refleja en el Boletín.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, es la que figura como entidad beneficiaria del proceso de la expropiación, en virtud de la ley de creación de esta empresa pública y del convenio firmado con el Ayuntamiento de Soto y Amío. Y es que las obras serán ejecutadas por encargo a través de esta empresa que, por su creciente protagonismo y altísimo presupuesto, superior a la mayoría de las consejerías, también es conocida como 'la Junta B'.

El documento oficial detalla que parte de los terrenos serán expropiados en pleno dominio para levantar la nueva EDAR, el camino de acceso y las instalaciones auxiliares, mientras que otros quedarán sometidos a servidumbres de paso para las canalizaciones eléctricas, con una franja de 1,5 metros a cada lado del eje y limitaciones al uso del suelo. Estas restricciones incluyen la prohibición de realizar excavaciones profundas, plantar árboles o ejecutar obras que puedan afectar a la infraestructura, recoge Efe.

Además, varios propietarios deberán asumir ocupaciones temporales de sus parcelas durante el periodo de ejecución de las obras, con la obligación de permitir labores, maquinaria y personal técnico, que deberá compensar los daños ocasionados.

El Ayuntamiento ha convocado a los dueños de todos los terrenos que se verán el próximo 2 de marzo de 2026, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.00, para el levantamiento de las actas previas. La cita es en el Consistorio de Soto y Amío.

Hasta ese momento, los interesados pueden presentar alegaciones o corregir errores en la relación de fincas. Hay que tener en cuenta además que la publicación en el BOCyL actúa también como notificación para propietarios desconocidos o con paradero ignorado.

La relación oficial de fincas incluye más de 40 parcelas, la mayoría ubicadas en el polígono 15. Entre los afectados hay particulares, herederos y juntas vecinales como las de los pueblos de Canales y Garaño. Las superficies afectadas varían desde pequeñas franjas destinadas a servidumbres hasta ocupaciones superiores a los 2.600 metros cuadrados.

Este pasado 22 de enero el Boletín Oficial del Estado publicaba la negativa del Gobierno de España a autorizar el proyecto eólico conformado por los parques 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo' en la sierra de Gistredo y el Alto Sil. Así caía el último gran proyecto energético que ha amenazado este territorio de la provincia leonesa que ha visto como se negaba, por diversas instancias y circunstancias, todos los proyectos eólicos propuestos en un territorio de alto valor ambiental, ahora reconocido en los boletines, pero que no tiene ningún grado de protección oficial.

La lucha de entidades vecinales y ecologistas han tumbado en este cuarto de siglo cuatro proyectos eólicos conformados por seis parques: Quintana, Acario y Tureno, Alto Sil-Bierzo y El Páramo-Ampliación El Páramo. Y todo empezó en el año 2000, cuando la empresa Promociones Energéticas del Bierzo, S.L -conformada a medias por el grupo minero Lamelas Viloria y la entonces Unión Fenosa- solicitaba la autorización del parque eólico Quintana, compuesto por 25 aerogeneradores entre los municipios de Toreno, Igüeña y Noceda del Bierzo. Entonces un pequeño grupo de vecinos y descendientes de la zona, con el apoyo de varias asociaciones ecologistas locales y estatales, comenzó una guerra administrativa y judicial en la que lo han ganado todo.

Aquel proyecto de parque eólico motivó la creación de una entidad local, Plataforma para la Defensa de Gistreo, que encabezó una revuelta contra este proyecto alertando de su alta afección a una zona de gran valor ambiental, además de denunciar un cúmulo de irregularidades e ilegalidades en el proceso de autorización. Denunciaban que esos proyectos acabarían con hábitats de las dos especies emblemáticas de la cordillera cantábrica, el oso pardo y el urogallo.

Quintana era en realidad un parte de un macroproyecto eólico alrededor del llamado 'Nudo Villameca', donde evacuaban la energía de una veintena de parques bajo sospechas de irregularidades en su aprobación denunciados por colectivos conservacionistas. De hecho varios de ellos siguen siendo anulados en los tribunales actualmente, como Peña del Gato que ya suma tres anulaciones judiciales.

Fueron años de lucha organizada por un pequeño grupo de personas con complicidades en silencio, amenazas variadas y una firme convicción de no permitir que las ilegalidades se impusieran. Entre las irregularidades destaca la firma de contratos de alquiler de terrenos públicos sin seguir el procedimiento administrativo, la concesión de licencias sin la aprobación del proyecto original, la mentira evidente del valor ambiental de la sierra en los informes preceptivos o los intentos de obstaculizar la personación en los expedientes municipales, entre otras.

El parque eólico Quintana fue finalmente autorizado por la Junta de Castilla y León en el año 2009, en un insólito proceso administrativo que duró nada menos que nueve años. En la autorización señalaron que el impacto en la zona era asumible pese a que la zona era de afectación de especies como el urogallo cantábrico, el oso pardo o formaba parte de un área importante para las aves (IBA), entre otras cuestiones que se desestimaron.

El fallecido consejero Tomás Villanueva, hoy señalado en el juicio por la corrupción eólica que acaba de finalizar, firmó un año después la desestimación del recurso de alzada presentado por la Plataforma para la Defensa de Gistreo y SEO/Birdlife. Y ambas entidades acordaron acudir a los tribunales para parar aquel proyecto. Este proceso fue parte de otros que denunciaron el troceamiento irregular de los proyectos eólicos de principios de los 2000 en las comarcas de Bierzo, Cepeda y Omaña, vulnerando las leyes, en unos procesos que entidades como la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, URZ o SEO acabaron ganando casi de forma total en los juzgados.

En fase judicial las irregularidades sobre el parque eólico Quintana no dejaron de crecer. La Junta de Castilla y León llegó a afirmar ante los tribunales que había perdido el proyecto original presentado por la empresa en el año 2000, y pretendió colar otro proyecto del 2007 que nadie había visto ni revisado más que la propia Junta y la empresa como el final. Pero los denunciantes no habían perdido sus alegaciones y en el año 2014 el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el proceso de autorización era nulo por vicios administrativos. Empresa, Junta y hasta el alcalde de Igüeña, Alider Presa, anunciaron que habría recurso al Tribunal Supremo pero este nunca llegó y la sentencia inicial se hizo firme. La sierra de Gistredo estaba salvada por primera vez. Pero la tranquilidad solo duraría hasta el 2021.

El intento de Capital Energy, a espaldas de todo el mundo

En el año 2021 la empresa Capital Energy anunció otro macroproyecto eólico en la Sierra de Gistredo, casi calcando el proyecto de Quintana en los municipios de Igüeña, Noceda del Bierzo, Toreno y Cubillos del Sil (incluyendo la red eléctrica de evacuación). Incluyó Toreno pese a que con el proyecto Quintana el municipio modificó su ordenamiento urbanístico prohibiendo los parques eólicos en su territorio alegando su elevado impacto ambiental. Eran solo uno, en realidad dos parques, del macroproyecto de renovables que la compañía Capital Energy en la provincia de León y en especial en El Bierzo, proyectando macroparques solares y eólicos y una polémica central hidroeléctrica reversible en el río Cabrera.

Pero el nuevo proyecto renovable se realizó a espaldas de tanto los ciudadanos como las instituciones que ya por entonces comenzaban a conocer los planes de una filial de la petrolera Repsol de promover tres parques eólicos en la sierra berciana y el Alto Sil, expandiendo los planes eólicos a los municipios de Páramo y Palacios del Sil. El primero de los proyectos se presentó en marzo de 2023 y generó un gran movimiento de rechazo ciudadano, así como una fuerte controversia política entre alcaldes de los municipios afectados.

En octubre del 2023 el Ministerio de Transición Ecológica tumbada las pretensiones de Capital Energy por la caducidad de sus autorizaciones administrativas de red y se anulaban así los dos primeros proyectos eólicos de la década.

Repsol lanza sus propuestas

El grupo energético intentó aprobar uno de sus otros proyectos de parques eólicos en la Sierra de Gistredo y Alto Sil por un atajo legal aprobado por el Gobierno de España para facilitar la implantación de renovables en España, pero el ministerio lo rechazó en previsión del alto impacto que tendrían. Entonces optó por seguir la vía ordinaria y plantear de forma conjunta la aprobación de los parques eólicos 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', que incluían una gigantesca autopista eléctrica de 16,176 km, con 47 apoyos que atravesarían toda la Sierra de Gistredo desde El Bierzo hasta el Alto Sil, cortando en dos en una zona sin casi intervención humana ya que los valles están despoblados y cuentan con un alto valor ambiental.

El grupo Repsol lanzó a la vez que sus proyectos promesas económicas a los ayuntamientos a espaldas de los ciudadanos a cambio del apoyo a los parques eólicos. La alcaldesa de Páramo del Sil rechazó sus pretensiones eólicas y los alcaldes de Noceda, Igüeña y Bembibre llegaron a salir en defensa del proyecto en rueda de prensa. La alcaldesa de Bembibre se acabó descolgando y la petrolera llegó a insinuar que empujaría a favor del emblemático proyecto del tren del Ponfeblino si se aprobaban los parques, que fue considerado un chantaje por varias organizaciones ecologistas. Incluso el Consorcio del Ponfeblino aprobó la propuesta con el único voto en contra del municipio de Páramo del Sil y el apoyo del resto encabezados por el Ayuntamiento de Villablino. La propia Junta de Castilla y León rechazó este intento de la petrolera de condicionar inversiones a conseguir las autorizaciones de sus parques.

Mientras tanto la oposición vecinal y asociativa a los parques fue engordando, hasta sumar cientos de alegaciones contra todos los proyectos eólicos mediante la acción ciudadana contemporánea, un grupo de whatsapp que acumuló más de 200 miembros. Pocos saben que ese grupo se creó en realidad ya en el año 2020 por seis personas ya preocupadas por los nuevo planes eólicos de la Sierra de Gistredo y el Alto Sil para coordinar acciones. Ciudadanos anónimos, algunas juntas vecinales y otras entidades ecologistas como Bierzo Aire Limpio plantaron batalla anunciando que si se aprobaban de nuevo los proyectos eólicos volverían a ir a los tribunales.

Tras meses de tensión, el Gobierno finalmente tomaba una decisión en febrero del 2025, rechazar, como adelantó en exclusiva ILEÓN, el primero de los parques eólicos planteados por la petrolera, 'Alto Sil-Bierzo'. Lo hacía con una declaración de impacto ambiental negativa que no dejaba muchas dudas. Según Repsol su proyecto no tenia “ningún efecto especialmente severo sobre ningún factor ambiental”, pero tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Junta de Castilla y León resaltaron en sus informes los valores ambientales de la zona y su cercanía a zonas protegidas y hábitat de las especies como el oso pardo y el urogallo.

Tal y como era de prever los proyectos pendientes de parques eólicos, 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', acabaron esta semana con el mismo destino, una declaración de impacto ambiental negativa por su alto impacto ambiental. Nadie esperaba ya otra cosa. Ahora el Boletín Oficial del Estado es quien, con estas resoluciones, pone en valor los valores de este territorio, uno de los mejor conservados del área cantábrica pese a que parte de su territorio fue pasto de los salvajes incendios del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones conservacionistas señalan la figura legal de Parque Natural como una posible herramienta de gestión que permita una mejor conservación, toda vez que las declaraciones ambientales negativas de los proyectos eólicos hacen poco probable que se vuelvan a plantear proyectos de estas dimensiones a corto plazo.

De momento, la Junta de Castilla y León no parece haber considerado la posibilidad de que este espacio sea digno ni necesite una figura de protección ambiental a pesar de sus altos valores, que ahora sí reconoce de manera la administración autonómica en sus informes de rechazo a los proyectos eólicos. Cuestionado sobre esta posibilidad esta misma semana, el portavoz Carlos Fernández Carriedo, se limitó, tras conocerse el último rechazo, a echar balones fuera y no concretar ninguna opción. Tan sólo dijo que “cualquier nueva regulación sobre el espacios protegidos tiene un procedimiento y una serie de informes técnicos”, pero nada comentó sobre si la Junta estaría dispuesta a ponerlos en marcha.

*Antonio Vega es director de ILEÓN y miembro fundador de la Plataforma para la Defensa de Gistreo

La proyectada planta de tratamiento de lodos de depuradora en la localidad de Piedralba, en la comarca de Maragatería y el entorno de la ciudad de Astorga, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la reactivación de las autorizaciones administrativas, recientemente acordadas por la Junta de Castilla y León, y el aumento de la movilización social en contra del proyecto.

En noviembre, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dio a conocer la nueva aprobación de la autorización de uso excepcional necesaria para la instalación de la planta, una autorización que había decaído un año antes tras un recurso administrativo presentado por la Junta Vecinal de Piedralba. Aquel recurso fue estimado y, según recuerdan en una nota de prensa de la entidad local, puso de manifiesto “la ilegalidad de las actuaciones administrativas de dicha Consejería y del Ayuntamiento de Santiago Millas”.

A esta decisión se suma la prórroga de la autorización ambiental del proyecto, que caducaba en 2025, acordada en plenas Navidades por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, una medida que desde la Junta Vecinal interpretan como “toda una declaración de intenciones”.

Ante esta situación, la Junta Vecinal de Piedralba ha reaccionado presentando “dos nuevos recursos administrativos con el objetivo de frenar estas autorizaciones y este despropósito”, asegurando que existen “innumerables irregularidades” en el expediente. “No vamos a rendirnos”, subrayan en su comunicado.

El rechazo al proyecto no se limita al ámbito institucional. Este martes 20 de enero, el colectivo ciudadano ‘Lodos No’ llevó a cabo una acción informativa en el mercado semanal de Astorga, donde repartió hojas explicativas sobre “lo que nos venden y la realidad” del proyecto. Durante el recorrido, los activistas alertaron de las posibles consecuencias para el medio ambiente y la salud, señalando la planta como una potencial fuente de malos olores y gases irritantes, además de advertir del riesgo para las tierras de cultivo y los acuíferos de la comarca.

También cuestionaron las promesas asociadas al proyecto, como la creación de empleo y riqueza, que califican de “falsas” para los municipios afectados de la Maragatería.

Desde la Junta Vecinal de Piedralba lamentan, además, la falta de apoyo institucional: “Todo ello lo estamos haciendo sin ningún tipo de apoyo por parte de los alcaldes, cuyo silencio resulta cada vez más elocuente y deja clara su posición”. Frente a ello, destacan el “notable respaldo ciudadano” recibido en las últimas semanas.

En su posicionamiento, la entidad local es tajante: “No aceptamos convertirnos en un territorio de sacrificio”, y advierte de que la comarca “no se rinde ante quienes pretenden hipotecar nuestro futuro en favor de intereses particularísimos”. En un contexto marcado por los recientes incendios forestales y la degradación del medio rural, consideran que debería “extremarse la protección de nuestro entorno, y no autorizar proyectos que lo ponen en grave riesgo”.

El proyecto y su tamaño

El proyecto consiste en la instalación de una planta de almacenamiento y tratamiento de lodos en el pequeño núcleo rural de Piedralba, perteneciente al Ayuntamiento de Santiago Millas, en plena comarca de Maragatería y a escasa distancia de Astorga. La iniciativa prevé gestionar hasta 13.000 toneladas anuales de lodos industriales, aguas residuales y residuos procedentes de fosas sépticas, además de 2.500 toneladas de residuos vegetales de distinta naturaleza y procedencia.

La planta cuenta ya con varias autorizaciones concedidas por la Junta de Castilla y León, incluidas las relativas a los terrenos, pero desde su anuncio ha generado una amplia contestación social, con protestas vecinales sostenidas en el tiempo y el rechazo expreso de empresarios de la comarca, que alertan del impacto negativo que la instalación podría tener sobre el medio ambiente, la salud pública y la imagen económica y turística de Maragatería.

La Plataforma Lodos No, el frente de oposición a la implantación de una planta de tratamiento de residuos de este tipo procedentes de depuradoras en Piedralba (Santiago Millas), ha cargado contra la “pasividad” de los alcaldes de los municipios del entorno, una postura que contraponen a la “voluntad férrea” de la junta vecinal de la citada localidad. El Gobierno autonómico aprobó a finales de 2025 una prórroga de dos años del informe ambiental existente, lo que amplía el margen para que la empresa promotora, Ecokompost S.L (antes de Reciclados Astorga), cree la infraestructura de compostaje anexa a la ya existente de reciclados.

“La ausencia de alegaciones, recursos o posicionamientos públicos contundentes supone, en la práctica, una renuncia a defender los intereses de la población. Los proyectos de este tipo generan impactos ambientales, paisajísticos, todo ello con consecuencias en la salud, que no pueden ser ignorados: aumento del tráfico pesado, malos olores, riesgos para los acuíferos y una degradación progresiva del entorno rural y natural”, expone la Plataforma Lodos No, que ha adoptado diferentes fórmulas reivindicativas, incluso a pie de calle un día de vinos por el centro de Astorga el pasado mes de octubre.

Tras lamentar que los alcaldes de la zona no hayan mostrado “una oposición clara y firme” a la iniciativa, la agrupación subraya que “esta actitud pasiva, lejos de ser neutral, tiene consecuencias reales y negativas para los vecinos y para el territorio que gobiernan”. En sentido contrario, alaba la postura de la Junta Vecinal de Piedralba: “Con sus escasos medios, pero una voluntad férrea, continúa desplegando todos los esfuerzos legales y sociales a su alcance para frenar este atropello. A través de la movilización ciudadana, la presentación de numerosas alegaciones y el uso de las vías jurídicas disponibles, los vecinos están asumiendo una responsabilidad que debería ser compartida por sus representantes municipales”.

Y es que “cuando los alcaldes no ejercen su papel de oposición o vigilancia ante infraestructuras potencialmente dañinas, se rompe la confianza ciudadana y se debilita la democracia local”, señala la plataforma para sentenciar que “el territorio no es un espacio vacío ni un lugar de sacrificio”. “Es un bien común”, concluye, “que requiere protección, planificación responsable y valentía política. La pasividad también es una forma de decisión, y en este caso, es una decisión que perjudica a quienes viven y cuidan este entorno cada día”.

La solidaridad de Torneros de Jamuz (Quintana y Congosto), que decidió suspender sus fiestas de agosto para destinar ese presupuesto a afectados por los incendios forestales en pueblos vecinos, se ha canalizado hasta donar ahora, en plenas fiestas navideñas, esos 12.500 euros, repartidos para tres familias de la localidad cabecera del municipio.

La entrega se hizo efectiva este domingo a razón de 4.134 euros para tres familias afectadas por el virulento incendio que el pasado verano entró, procedente de Zamora, al sur de la provincia de León y que se cobró propiedades particulares y hasta la vida de dos voluntarios que se sumaron al operativo de extinción en Nogarejas (Castrocontrigo).

Torneros de Jamuz se libró entonces de sufrir las consecuencias de las llamas. Pero en la localidad estaban todavía muy presentes los efectos del fuego de Castrocontrigo de 2012. Y tomó la decisión de suspender las fiestas patronales para emplear el dinero ahorrado en paliar los daños en localidades del entorno.

Las consecuencias de aquel incendio, que pasaba por ser el más grave en la historia de la provincia de León hasta el pasado verano, estaban también en la retina del pedáneo de Torneros de Jamuz, Fermín Cadierno, que entonces trabajaba como operario de extinción y que ahora ha entregado, en representación del pueblo, los fondos donados.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y una resolución del Consejo Consultivo de este pasado otoño vuelven a señalar las limitaciones y obligaciones que existen en las juntas vecinales para la contratación, reiterando que por su condición de administración pública tienen que cumplir escrupulosamente la legislación y que los presidentes de las juntas vecinales tienen límites que cumplir.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), en su sentencia de mediados de noviembre, desestima el recurso de apelación interpuesto por la junta vecinal de Sahelices del Payuelo, ratificando la decisión judicial previa que anulaba el intento de la entidad local de extinguir un contrato de aprovechamiento de quiñones (bienes comunales) de una vecina. Lo hace por entender que el proceso tenía vicios procesales graves e insubsanables en el expediente administrativo original, que determinan su nulidad radical.

El TSJ fundamenta su decisión ya que la pretensión de la junta vecinal del municipio de Valdepolo se hizo mediante un expediente iniciado y finiquitado por el presidente de la entidad local, para que el no era competente según la Jusiticia. Además el expediente se tramitó sin la intervención preceptiva de un secretario o persona habilitada, careciendo los documentos de la firma necesaria que garantice su validez.

Para más inri la junta vecinal no concedió trámite de subsanación de errores para corregir errores del expediente, vulnerando la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El caso se remonta al año 2023 cuando la junta vecinal de Sahelices del Payuelo inició el proceso para finiquitar el contrato de aprovechamientode quiñones en bienes comunales y exigieron a la vecina afectada la retirada inmediata de sus aparatos de riego. La vecina recurrió a los tribunales y en febrero del 2025 ganó íntegramente al apreciar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de León la actuación de la junta vecinal “nula de pleno derecho” por no ser ajustada al ordenamiento jurídico, fundamentando su decisión en la falta de intervención en el procedimiento administrativo del preceptivo secretario. Y además impuso las costas a la entidad vecinal, que recurrió al Tribunal Superior de Justicia.

La junta vecinal alegó en el proceso que el procedimiento era de “desposesión de quiñón” por incumplimiento de la ordenanza regulatoria, y que la resolución de este tipo de expedientes es competencia del presidente de la Junta Vecinal, según la Ley de Bases de Régimen Local. El TSJ calificó ese argumento sobre la competencia de su presidente como “ciertamente extravagante desde un punto de vista jurídico”.

Nulidad de un contrato similar por el Consultivo

Y otro dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, de octubre, anula un contrato del 2022 de arrendamiento de parcelas comunales y los derechos de la PAC firmado por 10 años por una renta anual de 250 euros. La nueva junta vecinal llevó al Consultivo el contrato par su revisión y se ha dictado la nulidad de pleno derecho, argumentando vicios graves de legalidad que son insubsanables.

El Consultivo entiende que el alcalde pedáneo no tenía competencia para firmar el contrato ya que la cesión de los bienes comunales es una atribución del órgano colegiado de la Junta Vecinal, requiriendo un acuerdo de mayoría absoluta. Además el contrato se formalizó sin seguir ningún procedimiento administrativo, omitiendo a la subasta pública, el trámite legalmente obligatorio para arrendamientos de bienes patrimoniales de entidades locales con una duración superior a cinco años.

En este asunto los hechos se agravan ya que el alcalde pedáneo actuó sin un acuerdo ni previo ni posterior de la junta vecinal y se aprecia que el contrato es “enteramente perjudicial y lesivo a los intereses generales”, ya que autoriza el uso de bienes públicos por 10 años a cambio de una “renta irrisoria de 250,00 €/año”, que representa aproximadamente un 0,25% de su valoración, muy por debajo del 6% exigible según un dictamen jurídico aportado.

La nueva junta vecinal instó la revisión de oficio del contrato, una una potestad excepcional de la sdministración que permite anular sus propios actos firmes sin acudir a la vía judicial. El Consultivo señala que son tantas las irregularidades que se puede afirmar que no ha existido procedimiento. En el proceso se intentó dar audiencia al expresidente de la junta vecinal, que no presentó alegaciones.

Obligación de administración electrónica

En los últimos tiempos otras resoluciones insisten en el control de las juntas vecinales, entidades locales menores a efectos formales, que siendo administración pública mantienen características particulares. Este verano el Comisionado de Transparencia de Castilla y León reiteró que que los vecinos y vecinas, y cualquiera en la práctica, de una junta vecinal pueden acceder a sus cuentas y controlar sus gastos.

Esto es así porque la información económica y de contratación de estas entidades menores es pública y forma parte del derecho constitucional de fiscalizar la actuación de las administraciones. Esta postura surge de una resolución tras una reclamación de una vecina de La Vid de Gordón que solicitó extractos bancarios, contratos, justificantes de subvenciones y apuntes contables tras no obtener respuesta de la Junta Vecinal, y el Comisionado estimó su petición y obligó a facilitar esos datos. 

La resolución desmontaba las excusas del pedáneo, que alegó desconocimiento de la solicitud o que la información ya estaba publicada en un portal público, y subraya que negar estos documentos vulnera la Ley de Transparencia y el artículo 105.b de la Constitución. Negarse a entregar la documentación puede llegar a ser constitutivo de prevaricación y conllevar la inhabilitación del cargo público, como ya ha ocurrido en otros casos similares, y el responsable de la junta vecinal ha asegurado que finalmente facilitará la información solicitada. 

Y hace un año el Procurador del Común de Castilla y León ha exigido a las juntas vecinales de la comunidad que dispongan de una sede electrónica propia para cumplir con la legislación vigente en materia de administración electrónica y transparencia. La institución señaló en una resolución que estas entidades locales menores forman parte de la Administración pública y, por tanto, están obligadas a relacionarse electrónicamente con la ciudadanía, garantizando el acceso a trámites, información oficial y comunicaciones por medios digitales, tal y como establece la ley.

El Procurador del Común advierte de que la falta de sede electrónica supone una vulneración de derechos de los vecinos, dificulta el control de la gestión pública y puede generar indefensión, especialmente en el acceso a acuerdos, cuentas o procedimientos administrativos. Aunque reconoce las limitaciones de medios y personal en muchas juntas vecinales, la institución insiste en que estas carencias no eximen del cumplimiento legal y solicitó a la Junta de Castilla y León y a las diputaciones que presten apoyo técnico para facilitar la implantación de estas herramientas digitales obligatorias.

La Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, en el municipio de Ponferrada, ha emitido un aviso a los vecinos ante la aparición de un método de distracción que podría facilitar hurtos en aparcamientos de Ponferrada, especialmente en las inmediaciones de Mercadona y Lidl.

Según el comunicado difundido en redes sociales, varios vecinos han alertado de personas que arrojan monedas junto a vehículos estacionados o en movimiento.

A continuación, advierten al conductor de que “se le han caído”, con el objetivo de distraerlo y aprovechar el descuido para abrir el coche o sustraer objetos personales como bolsos, móviles o carteras.

La Junta Vecinal recomienda extremar la precaución, mantener cerradas puertas y ventanillas, no bajar del vehículo inmediatamente ante la caída de monedas y revisar la situación únicamente en un lugar seguro.

Asimismo, aconseja no dejar objetos a la vista y contactar con el 1-1-2 o con Policía y Guardia Civil ante comportamientos sospechosos.

El aviso ha generado alerta incluso en otras localidades, como Bembibre, donde se han denunciado robos mediante el mismo método, lo que sugiere que los delincuentes podrían estar ampliando su zona de actuación.

La sociedad civil, a través de asociaciones o diferentes colectivos, resulta el instrumento necesario que permite mantener vivos el espíritu y el alma de los pueblos. Mientras los vecinos sean capaces a reunirse en torno a proyectos comunes, está garantizada la vida social de estas pequeñas entidades.

Esto es lo que ocurre nuevamente este fin de semana (sábado 6 y domingo 7 de diciembre) en Palacios del Sil, donde la recién creada asociación Tsobos ya Xanas pone en marcha una serie de actividades dentro de lo que engloban como mercado navideño, con talleres, teatro, presentación de un libro, cuentacuentos, música, comida y el propio mercado.

Habrá tres talleres de lana, postales e infantil durante los dos días; y teatro que representará el grupo El Codoxu, integrado por algunas mujeres de la asociación, que pondrán en escena una obra de otra de las integrantes del colectivo, Montse, titulada Rechas, truitas, paños de estopa ya manos de osu.

Ovidio García, un experto cuentacuentos para los niños, hará las delicias de los más pequeños antes de presentar su libro Toponimia de Matalavilla, un trabajo minucioso de recopilación de los nombres de las cosas, las costumbres, los lugares y parajes de su pueblo de origen y residencia.

Durante los dos días las actividades se prolongarán por la mañana y la tarde. La música va a estar a cargo del Coro de Palacios que interpretará villancicos y los grupos Lugh música celta y el trío Noah and the Barbers.

Todas las actividades programadas se van a celebrar a cubierto en el salón parroquial del pueblo. La asociación organizadora agradece la colaboración del Ayuntamiento, la Junta Vecinal, el mesón El Conde y la parroquia en la persona del párroco Carlos.

Las entidades públicas, apoyando, e incluso promoviendo, estas iniciativas ciudadanas, conseguirán con escasos recursos dar a sus localidades un impulso social importante facilitando una convivencia muy activa.