El pueblo de Langre, en la comarca de El Bierzo, ha hablado. Los vecinos han sido casi una sola voz. Y la práctica totalidad de ellos han cerrado filas frente al inicio de un posible proyecto eólico en sus montes comunales, promovido por un grupo neozelandés y pese a sus jugosas promesas de futuro.

El concejo celebrado este sábado 18 de abril se saldó con un rechazo prácticamente unánime a la instalación de dos torres de medición, dotadas con anemómetros, por espacio de 18 meses, año y medio. Era el primer paso planteado por la compañía para evaluar la viabilidad de un parque de 11 grandes aerogeneradores en los montes públicos comunales.

La votación, realizada a mano alzada, no dejó lugar a dudas: ningún vecino apoyó la instalación de los equipos. A continuación, al preguntar por los votos en contra, la práctica totalidad de los asistentes levantó la mano en señal de rechazo, registrándose únicamente dos abstenciones.

La decisión llega dos semanas después del primer encuentro, celebrado el 4 de abril, cuando el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro (PSOE), convocó a los vecinos junto a representantes de una compañía interesada en el potencial eólico de la zona. En aquella sesión, marcada por la falta de detalles concretos y la petición de una autorización rápida, los asistentes optaron por aplazar cualquier decisión y solicitar más información.

Según lo trasladado entonces, la propuesta inicial consistía en instalar dos torres de medición en las zonas más elevadas del entorno de la localidad para analizar el recurso eólico. Ese estudio sería el paso previo a un eventual desarrollo de un parque con 11 molinos en suelo comunal. A cambio, la empresa planteaba unos ingresos anuales cercanos a los 55.000 euros, que se podría ir actualizando conforme al IPC, y compromisos de actuaciones en el pueblo que de momento eran bastante genéricos.

Detrás del planteamiento se encuentra Galileo, una plataforma internacional de energías renovables impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y respaldada por grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia.

Con el resultado de este sábado, los vecinos de Langre cierran, al menos por ahora, la puerta a la fase inicial del proyecto y evidencian una posición de total ante este tipo de desarrollos en la comarca berciana, donde ya son varios los que han sido tumbados, pero no tanto por la oposición vecinal sino por condicionantes ambientales o falta de autorizaciones administrativas del Gobierno central. Todavía en el caso de Langre podría haber caminos para la compañía para mantener el proyecto en marcha y requerir su aprobación, por ejemplo con figuras que desembocaran en expropiación de los terrenos, previa declaración de interés público, pero la inicial y clara postura vecinal en contra no lo podrá nada fácil.

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha visitado este jueves Murias de Paredes, donde ha mantenido un encuentro con ganaderos de la comarca de Omaña. En la reunión ha participado el número dos de la candidatura socialista, Mario Rivas, acompañado por la alcaldesa del municipio, Carmen Mallo, además de pedáneos y representantes del territorio, que han remarcado la importancia del sector en la supervivencia del medio rural.

Durante el encuentro, los ganaderos han trasladado a los representantes socialistas las principales dificultades que afronta el sector, especialmente quienes desarrollan su actividad en régimen de ganadería extensiva en zonas de montaña. Entre las preocupaciones planteadas han destacado las consecuencias de los incendios forestales del último verano y la falta de conocimiento del territorio por parte de la Junta de Castilla y León a la hora de diseñar y aplicar determinadas políticas.

Mario Rivas ha subrayado que “la ganadería extensiva es una actividad esencial para mantener vivo el medio rural, fijar población y preservar nuestros ecosistemas, especialmente en comarcas de montaña como Omaña”. En este sentido, ha defendido que el futuro del territorio pasa por “garantizar condiciones dignas para quienes viven del campo y reconocer el papel estratégico del sector primario en el desarrollo económico y social de Castilla y León”.

Rivas ha recordado que el programa del PSOE para la Comunidad incluye medidas específicas para fortalecer el sector agroganadero, entre ellas la defensa de una Política Agraria Común (PAC) más justa que tenga en cuenta las singularidades de territorios como León, el impulso a la ganadería extensiva en zonas de montaña y la puesta en marcha de políticas que garanticen precios justos y refuercen la posición de los productores en la cadena alimentaria.

Asimismo, el candidato socialista ha destacado la necesidad de favorecer el relevo generacional en el campo y apoyar a jóvenes y mujeres que quieran incorporarse a la actividad agraria, facilitando el acceso a la tierra, a la financiación y a la formación, así como promoviendo la modernización y digitalización de las explotaciones.

Durante la visita también se ha puesto en valor el compromiso con el desarrollo de los pequeños municipios a través de inversiones que contribuyen a mejorar la calidad de vida en el medio rural. En este sentido, los socialistas han destacado el proyecto de renovación de luminarias en Murias de Paredes, impulsado a través del programa DUS 5000, una iniciativa financiada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinada a promover proyectos de energía limpia en municipios en riesgo de despoblación.

Mario Rivas ha insistido en que “apostar por el campo y por la ganadería es apostar por el equilibrio territorial y por el futuro de nuestros pueblos”, y ha asegurado que el PSOE seguirá defendiendo políticas que garanticen oportunidades, servicios y desarrollo para el medio rural leonés.

La carretera ya está más cerca de llegar a Fuente de Oliva, localidad perteneciente al municipio de Balboa a la que actualmente se accede por pistas. El pueblo acoge como un hecho positivo la emisión este martes por parte de la Junta de Castilla y León de un informe de impacto ambiental favorable al proyecto promovido por la Diputación para pavimentar la comunicación desde Castañeiras, en la esquina noroccidental de la provincia de León. “Es un paso adelante. Y ahora ya no tiene vuelta atrás”, señala el pedáneo, Fernando Cerezales, quien también anuncia una postura vigilante para que la iniciativa llegue a buen puerto: “Estaremos con las orejas estiradas”.

El visto bueno ambiental al proyecto, consagrado este martes con su publicación en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León), certifica también los planes para convertir la pista desde la carretera provincial LE-4114 a la altura de Castañeiras hasta Fuente de Oliva en un vial de dos carriles y una plataforma de 6,4 metros de ancho, con una longitud de 2,8 kilómetros. Los vecinos habrían optado (y así lo manifestaron cuando a finales de 2020 amenazaron con pasarse a Galicia por sentirse abandonados en Castilla y León) por asfaltar el acceso existente. “Finalmente se ha optado por el camino largo. Y tendremos que andarlo”, admite el pedáneo.

“La pista estaba entonces en perfecto estado para asfaltar. Y cuanto más se tarde, más se deteriora”, apunta Cerezales para remitirse a los efectos de meses como los de este invierno marcado por las lluvias. Los lugareños acceden en estas fechas “haciendo patinaje artístico”, bromea el pedáneo haciendo gala del sentido del humor que llevó en su día a los vecinos a colocar sobre el tronco de un árbol el letrero 'Sigue, que vas bien' dirigido a visitantes que daban la vuelta antes de llegar al pueblo. Y, frente al proyecto lanzado por la Diputación, defiende la opción de haber asfaltado la pista con un argumento económico: “Habría sido más barato para el contribuyente”.

En período electoral

La noticia ha llegado en la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas de este próximo domingo 15 de marzo. Y el pedáneo la enmarca precisamente en este período electoral, por lo que enfatiza que el pueblo adoptará una postura vigilante ante el encargo del proyecto, la licitación de los trabajos y la adjudicación de las obras sin ocultar el temor a que pudiera quedar desierta. “Ahora vamos a vigilar más de cerca”, dice desde una localidad que ya se postuló en su día a ser sede de la Agencia Espacial Española también como una manera de hacer visibles sus demandas.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el estudio concluye que la obra no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras durante la ejecución.

Actualmente, Fuente de Oliva solo cuenta con dos pistas sin pavimentar, con un ancho inferior a tres metros en muchos tramos, lo que dificulta el cruce de vehículos y limita la seguridad. Además, los caminos presentan numerosas curvas cerradas propias de zonas de montaña. La alternativa elegida ofrece menor impacto paisajístico y mejores resultados socioeconómicos, según el informe.

Durante las obras se prevén impactos moderados, principalmente por movimientos de tierra, ruido y emisión de polvo, que serán temporales y mitigables mediante control y seguimiento ambiental. Además, los técnicos confirman que el proyecto no afecta a espacios protegidos de la Red Natura 2000 ni a otras figuras de protección, algo que refuerza su viabilidad.

La mejora del acceso es clave para facilitar la movilidad y la seguridad de los vecinos de este núcleo montañoso del Bierzo occidental. La población llevaba años esperando la intervención: en 2020, la Junta Vecinal solicitó integrarse en el municipio lucense de Cervantes, ante el sentir de abandono institucional. En aquel momento, el entonces presidente de la Diputación, Eduardo Morán, se comprometió a elaborar una memoria valorada para ensanchar y asfaltar la pista.

Consciente del hándicap de estar en una “esquina” de la comunidad, Fuente de Oliva ha tomado su propio camino sin esperar por la carretera. Precisamente hace un año constituyó la asociación cultural Fontedevida. Sus miembros pueden ya beneficiarse de servicios de veterinaria y podología o sesiones de pilates, por ahora en Balboa, la cabecera municipal. Otras propuestas, como la de instaurar un concurso escolar de redacción, todavía no han podido articularse desde un pueblo que carece de asfalto pero en el que se multiplican las iniciativas.

El río Sil se ha desbordado a su paso por Ponferrada como consecuencia de la apertura de las compuertas del pantano de Bárcena como medida de precaución ante el deshielo, uno de los factores junto con las intensas lluvias de las crecidas de los ríos. Los problemas también han llegado aguas abajo, en la localidad de Villaverde de la Abadía (Carracedelo), que ha perdido su emblemático puente colgante, arrastrado por el agua.

El agua ha invadido parte del paseo por la margen derecha del Sil a su paso por la capital berciana, uno de los puntos marcados con alerta naranja por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en las últimas horas.

La Junta Vecinal de Villaverde de la Abadía difundió este sábado un vídeo que muestra cómo la estructura ha quedado completamente arrasada.

Los pilares que sostenían el puente en ambas orillas no resistieron la fuerza de la corriente, que superó los niveles habituales del río.

Esta obra, construida hace más de medio siglo por los propios vecinos, facilitaba el acceso a las tierras de cultivo situadas al otro lado del Sil.

Además de su valor histórico y práctico, el puente formaba parte de la Ruta de los Puentes Colgantes, un recorrido circular que une Villaverde de la Abadía con Villadepalos, muy apreciado por senderistas y visitantes de la zona.

Su desaparición interrumpe la ruta y deja un vacío en el patrimonio local, que ahora tendrá que buscar alternativas para preservar la conectividad y el atractivo turístico de la zona.

Más de cuarenta fincas del término municipal de Soto y Amío, en la comarca leonesa de Luna, se verán afectadas por el proceso de expropiación que se ha puesto en marcha para ejecutar el proyecto de construcción de un emisario de aguas y una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en el pueblo de Garaño, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Este pueblo afronta esta nueva infraestructura coincidiendo todavía con las secuelas del incendio forestal que sufrió este núcleo de población y el municipio de Soto y Amío el pasado verano, a finales de agosto, cuando las llamas llegaron a situarse a apenas tres metros de las casas de Garaño y obligaron a una rápida intervención vecinal.

Poco antes de aquel terrible suceso, que mantuvo en vilo durante días a la población, el Ayuntamiento aprobó definitivamente el proyecto, con fecha 14 de agosto de 2025. Se trata de una decisión que lleva implícita la declaración de utilidad pública del proyecto y y la urgencia de ocupación de los terrenos, lo que habilita la expropiación forzosa, la ocupación temporal o la imposición de servidumbres conforme a la normativa autonómica, según se refleja en el Boletín.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, es la que figura como entidad beneficiaria del proceso de la expropiación, en virtud de la ley de creación de esta empresa pública y del convenio firmado con el Ayuntamiento de Soto y Amío. Y es que las obras serán ejecutadas por encargo a través de esta empresa que, por su creciente protagonismo y altísimo presupuesto, superior a la mayoría de las consejerías, también es conocida como 'la Junta B'.

El documento oficial detalla que parte de los terrenos serán expropiados en pleno dominio para levantar la nueva EDAR, el camino de acceso y las instalaciones auxiliares, mientras que otros quedarán sometidos a servidumbres de paso para las canalizaciones eléctricas, con una franja de 1,5 metros a cada lado del eje y limitaciones al uso del suelo. Estas restricciones incluyen la prohibición de realizar excavaciones profundas, plantar árboles o ejecutar obras que puedan afectar a la infraestructura, recoge Efe.

Además, varios propietarios deberán asumir ocupaciones temporales de sus parcelas durante el periodo de ejecución de las obras, con la obligación de permitir labores, maquinaria y personal técnico, que deberá compensar los daños ocasionados.

El Ayuntamiento ha convocado a los dueños de todos los terrenos que se verán el próximo 2 de marzo de 2026, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.00, para el levantamiento de las actas previas. La cita es en el Consistorio de Soto y Amío.

Hasta ese momento, los interesados pueden presentar alegaciones o corregir errores en la relación de fincas. Hay que tener en cuenta además que la publicación en el BOCyL actúa también como notificación para propietarios desconocidos o con paradero ignorado.

La relación oficial de fincas incluye más de 40 parcelas, la mayoría ubicadas en el polígono 15. Entre los afectados hay particulares, herederos y juntas vecinales como las de los pueblos de Canales y Garaño. Las superficies afectadas varían desde pequeñas franjas destinadas a servidumbres hasta ocupaciones superiores a los 2.600 metros cuadrados.

Este pasado 22 de enero el Boletín Oficial del Estado publicaba la negativa del Gobierno de España a autorizar el proyecto eólico conformado por los parques 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo' en la sierra de Gistredo y el Alto Sil. Así caía el último gran proyecto energético que ha amenazado este territorio de la provincia leonesa que ha visto como se negaba, por diversas instancias y circunstancias, todos los proyectos eólicos propuestos en un territorio de alto valor ambiental, ahora reconocido en los boletines, pero que no tiene ningún grado de protección oficial.

La lucha de entidades vecinales y ecologistas han tumbado en este cuarto de siglo cuatro proyectos eólicos conformados por seis parques: Quintana, Acario y Tureno, Alto Sil-Bierzo y El Páramo-Ampliación El Páramo. Y todo empezó en el año 2000, cuando la empresa Promociones Energéticas del Bierzo, S.L -conformada a medias por el grupo minero Lamelas Viloria y la entonces Unión Fenosa- solicitaba la autorización del parque eólico Quintana, compuesto por 25 aerogeneradores entre los municipios de Toreno, Igüeña y Noceda del Bierzo. Entonces un pequeño grupo de vecinos y descendientes de la zona, con el apoyo de varias asociaciones ecologistas locales y estatales, comenzó una guerra administrativa y judicial en la que lo han ganado todo.

Aquel proyecto de parque eólico motivó la creación de una entidad local, Plataforma para la Defensa de Gistreo, que encabezó una revuelta contra este proyecto alertando de su alta afección a una zona de gran valor ambiental, además de denunciar un cúmulo de irregularidades e ilegalidades en el proceso de autorización. Denunciaban que esos proyectos acabarían con hábitats de las dos especies emblemáticas de la cordillera cantábrica, el oso pardo y el urogallo.

Quintana era en realidad un parte de un macroproyecto eólico alrededor del llamado 'Nudo Villameca', donde evacuaban la energía de una veintena de parques bajo sospechas de irregularidades en su aprobación denunciados por colectivos conservacionistas. De hecho varios de ellos siguen siendo anulados en los tribunales actualmente, como Peña del Gato que ya suma tres anulaciones judiciales.

Fueron años de lucha organizada por un pequeño grupo de personas con complicidades en silencio, amenazas variadas y una firme convicción de no permitir que las ilegalidades se impusieran. Entre las irregularidades destaca la firma de contratos de alquiler de terrenos públicos sin seguir el procedimiento administrativo, la concesión de licencias sin la aprobación del proyecto original, la mentira evidente del valor ambiental de la sierra en los informes preceptivos o los intentos de obstaculizar la personación en los expedientes municipales, entre otras.

El parque eólico Quintana fue finalmente autorizado por la Junta de Castilla y León en el año 2009, en un insólito proceso administrativo que duró nada menos que nueve años. En la autorización señalaron que el impacto en la zona era asumible pese a que la zona era de afectación de especies como el urogallo cantábrico, el oso pardo o formaba parte de un área importante para las aves (IBA), entre otras cuestiones que se desestimaron.

El fallecido consejero Tomás Villanueva, hoy señalado en el juicio por la corrupción eólica que acaba de finalizar, firmó un año después la desestimación del recurso de alzada presentado por la Plataforma para la Defensa de Gistreo y SEO/Birdlife. Y ambas entidades acordaron acudir a los tribunales para parar aquel proyecto. Este proceso fue parte de otros que denunciaron el troceamiento irregular de los proyectos eólicos de principios de los 2000 en las comarcas de Bierzo, Cepeda y Omaña, vulnerando las leyes, en unos procesos que entidades como la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, URZ o SEO acabaron ganando casi de forma total en los juzgados.

En fase judicial las irregularidades sobre el parque eólico Quintana no dejaron de crecer. La Junta de Castilla y León llegó a afirmar ante los tribunales que había perdido el proyecto original presentado por la empresa en el año 2000, y pretendió colar otro proyecto del 2007 que nadie había visto ni revisado más que la propia Junta y la empresa como el final. Pero los denunciantes no habían perdido sus alegaciones y en el año 2014 el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el proceso de autorización era nulo por vicios administrativos. Empresa, Junta y hasta el alcalde de Igüeña, Alider Presa, anunciaron que habría recurso al Tribunal Supremo pero este nunca llegó y la sentencia inicial se hizo firme. La sierra de Gistredo estaba salvada por primera vez. Pero la tranquilidad solo duraría hasta el 2021.

El intento de Capital Energy, a espaldas de todo el mundo

En el año 2021 la empresa Capital Energy anunció otro macroproyecto eólico en la Sierra de Gistredo, casi calcando el proyecto de Quintana en los municipios de Igüeña, Noceda del Bierzo, Toreno y Cubillos del Sil (incluyendo la red eléctrica de evacuación). Incluyó Toreno pese a que con el proyecto Quintana el municipio modificó su ordenamiento urbanístico prohibiendo los parques eólicos en su territorio alegando su elevado impacto ambiental. Eran solo uno, en realidad dos parques, del macroproyecto de renovables que la compañía Capital Energy en la provincia de León y en especial en El Bierzo, proyectando macroparques solares y eólicos y una polémica central hidroeléctrica reversible en el río Cabrera.

Pero el nuevo proyecto renovable se realizó a espaldas de tanto los ciudadanos como las instituciones que ya por entonces comenzaban a conocer los planes de una filial de la petrolera Repsol de promover tres parques eólicos en la sierra berciana y el Alto Sil, expandiendo los planes eólicos a los municipios de Páramo y Palacios del Sil. El primero de los proyectos se presentó en marzo de 2023 y generó un gran movimiento de rechazo ciudadano, así como una fuerte controversia política entre alcaldes de los municipios afectados.

En octubre del 2023 el Ministerio de Transición Ecológica tumbada las pretensiones de Capital Energy por la caducidad de sus autorizaciones administrativas de red y se anulaban así los dos primeros proyectos eólicos de la década.

Repsol lanza sus propuestas

El grupo energético intentó aprobar uno de sus otros proyectos de parques eólicos en la Sierra de Gistredo y Alto Sil por un atajo legal aprobado por el Gobierno de España para facilitar la implantación de renovables en España, pero el ministerio lo rechazó en previsión del alto impacto que tendrían. Entonces optó por seguir la vía ordinaria y plantear de forma conjunta la aprobación de los parques eólicos 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', que incluían una gigantesca autopista eléctrica de 16,176 km, con 47 apoyos que atravesarían toda la Sierra de Gistredo desde El Bierzo hasta el Alto Sil, cortando en dos en una zona sin casi intervención humana ya que los valles están despoblados y cuentan con un alto valor ambiental.

El grupo Repsol lanzó a la vez que sus proyectos promesas económicas a los ayuntamientos a espaldas de los ciudadanos a cambio del apoyo a los parques eólicos. La alcaldesa de Páramo del Sil rechazó sus pretensiones eólicas y los alcaldes de Noceda, Igüeña y Bembibre llegaron a salir en defensa del proyecto en rueda de prensa. La alcaldesa de Bembibre se acabó descolgando y la petrolera llegó a insinuar que empujaría a favor del emblemático proyecto del tren del Ponfeblino si se aprobaban los parques, que fue considerado un chantaje por varias organizaciones ecologistas. Incluso el Consorcio del Ponfeblino aprobó la propuesta con el único voto en contra del municipio de Páramo del Sil y el apoyo del resto encabezados por el Ayuntamiento de Villablino. La propia Junta de Castilla y León rechazó este intento de la petrolera de condicionar inversiones a conseguir las autorizaciones de sus parques.

Mientras tanto la oposición vecinal y asociativa a los parques fue engordando, hasta sumar cientos de alegaciones contra todos los proyectos eólicos mediante la acción ciudadana contemporánea, un grupo de whatsapp que acumuló más de 200 miembros. Pocos saben que ese grupo se creó en realidad ya en el año 2020 por seis personas ya preocupadas por los nuevo planes eólicos de la Sierra de Gistredo y el Alto Sil para coordinar acciones. Ciudadanos anónimos, algunas juntas vecinales y otras entidades ecologistas como Bierzo Aire Limpio plantaron batalla anunciando que si se aprobaban de nuevo los proyectos eólicos volverían a ir a los tribunales.

Tras meses de tensión, el Gobierno finalmente tomaba una decisión en febrero del 2025, rechazar, como adelantó en exclusiva ILEÓN, el primero de los parques eólicos planteados por la petrolera, 'Alto Sil-Bierzo'. Lo hacía con una declaración de impacto ambiental negativa que no dejaba muchas dudas. Según Repsol su proyecto no tenia “ningún efecto especialmente severo sobre ningún factor ambiental”, pero tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Junta de Castilla y León resaltaron en sus informes los valores ambientales de la zona y su cercanía a zonas protegidas y hábitat de las especies como el oso pardo y el urogallo.

Tal y como era de prever los proyectos pendientes de parques eólicos, 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', acabaron esta semana con el mismo destino, una declaración de impacto ambiental negativa por su alto impacto ambiental. Nadie esperaba ya otra cosa. Ahora el Boletín Oficial del Estado es quien, con estas resoluciones, pone en valor los valores de este territorio, uno de los mejor conservados del área cantábrica pese a que parte de su territorio fue pasto de los salvajes incendios del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones conservacionistas señalan la figura legal de Parque Natural como una posible herramienta de gestión que permita una mejor conservación, toda vez que las declaraciones ambientales negativas de los proyectos eólicos hacen poco probable que se vuelvan a plantear proyectos de estas dimensiones a corto plazo.

De momento, la Junta de Castilla y León no parece haber considerado la posibilidad de que este espacio sea digno ni necesite una figura de protección ambiental a pesar de sus altos valores, que ahora sí reconoce de manera la administración autonómica en sus informes de rechazo a los proyectos eólicos. Cuestionado sobre esta posibilidad esta misma semana, el portavoz Carlos Fernández Carriedo, se limitó, tras conocerse el último rechazo, a echar balones fuera y no concretar ninguna opción. Tan sólo dijo que “cualquier nueva regulación sobre el espacios protegidos tiene un procedimiento y una serie de informes técnicos”, pero nada comentó sobre si la Junta estaría dispuesta a ponerlos en marcha.

*Antonio Vega es director de ILEÓN y miembro fundador de la Plataforma para la Defensa de Gistreo

La proyectada planta de tratamiento de lodos de depuradora en la localidad de Piedralba, en la comarca de Maragatería y el entorno de la ciudad de Astorga, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la reactivación de las autorizaciones administrativas, recientemente acordadas por la Junta de Castilla y León, y el aumento de la movilización social en contra del proyecto.

En noviembre, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dio a conocer la nueva aprobación de la autorización de uso excepcional necesaria para la instalación de la planta, una autorización que había decaído un año antes tras un recurso administrativo presentado por la Junta Vecinal de Piedralba. Aquel recurso fue estimado y, según recuerdan en una nota de prensa de la entidad local, puso de manifiesto “la ilegalidad de las actuaciones administrativas de dicha Consejería y del Ayuntamiento de Santiago Millas”.

A esta decisión se suma la prórroga de la autorización ambiental del proyecto, que caducaba en 2025, acordada en plenas Navidades por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, una medida que desde la Junta Vecinal interpretan como “toda una declaración de intenciones”.

Ante esta situación, la Junta Vecinal de Piedralba ha reaccionado presentando “dos nuevos recursos administrativos con el objetivo de frenar estas autorizaciones y este despropósito”, asegurando que existen “innumerables irregularidades” en el expediente. “No vamos a rendirnos”, subrayan en su comunicado.

El rechazo al proyecto no se limita al ámbito institucional. Este martes 20 de enero, el colectivo ciudadano ‘Lodos No’ llevó a cabo una acción informativa en el mercado semanal de Astorga, donde repartió hojas explicativas sobre “lo que nos venden y la realidad” del proyecto. Durante el recorrido, los activistas alertaron de las posibles consecuencias para el medio ambiente y la salud, señalando la planta como una potencial fuente de malos olores y gases irritantes, además de advertir del riesgo para las tierras de cultivo y los acuíferos de la comarca.

También cuestionaron las promesas asociadas al proyecto, como la creación de empleo y riqueza, que califican de “falsas” para los municipios afectados de la Maragatería.

Desde la Junta Vecinal de Piedralba lamentan, además, la falta de apoyo institucional: “Todo ello lo estamos haciendo sin ningún tipo de apoyo por parte de los alcaldes, cuyo silencio resulta cada vez más elocuente y deja clara su posición”. Frente a ello, destacan el “notable respaldo ciudadano” recibido en las últimas semanas.

En su posicionamiento, la entidad local es tajante: “No aceptamos convertirnos en un territorio de sacrificio”, y advierte de que la comarca “no se rinde ante quienes pretenden hipotecar nuestro futuro en favor de intereses particularísimos”. En un contexto marcado por los recientes incendios forestales y la degradación del medio rural, consideran que debería “extremarse la protección de nuestro entorno, y no autorizar proyectos que lo ponen en grave riesgo”.

El proyecto y su tamaño

El proyecto consiste en la instalación de una planta de almacenamiento y tratamiento de lodos en el pequeño núcleo rural de Piedralba, perteneciente al Ayuntamiento de Santiago Millas, en plena comarca de Maragatería y a escasa distancia de Astorga. La iniciativa prevé gestionar hasta 13.000 toneladas anuales de lodos industriales, aguas residuales y residuos procedentes de fosas sépticas, además de 2.500 toneladas de residuos vegetales de distinta naturaleza y procedencia.

La planta cuenta ya con varias autorizaciones concedidas por la Junta de Castilla y León, incluidas las relativas a los terrenos, pero desde su anuncio ha generado una amplia contestación social, con protestas vecinales sostenidas en el tiempo y el rechazo expreso de empresarios de la comarca, que alertan del impacto negativo que la instalación podría tener sobre el medio ambiente, la salud pública y la imagen económica y turística de Maragatería.

La Plataforma Lodos No, el frente de oposición a la implantación de una planta de tratamiento de residuos de este tipo procedentes de depuradoras en Piedralba (Santiago Millas), ha cargado contra la “pasividad” de los alcaldes de los municipios del entorno, una postura que contraponen a la “voluntad férrea” de la junta vecinal de la citada localidad. El Gobierno autonómico aprobó a finales de 2025 una prórroga de dos años del informe ambiental existente, lo que amplía el margen para que la empresa promotora, Ecokompost S.L (antes de Reciclados Astorga), cree la infraestructura de compostaje anexa a la ya existente de reciclados.

“La ausencia de alegaciones, recursos o posicionamientos públicos contundentes supone, en la práctica, una renuncia a defender los intereses de la población. Los proyectos de este tipo generan impactos ambientales, paisajísticos, todo ello con consecuencias en la salud, que no pueden ser ignorados: aumento del tráfico pesado, malos olores, riesgos para los acuíferos y una degradación progresiva del entorno rural y natural”, expone la Plataforma Lodos No, que ha adoptado diferentes fórmulas reivindicativas, incluso a pie de calle un día de vinos por el centro de Astorga el pasado mes de octubre.

Tras lamentar que los alcaldes de la zona no hayan mostrado “una oposición clara y firme” a la iniciativa, la agrupación subraya que “esta actitud pasiva, lejos de ser neutral, tiene consecuencias reales y negativas para los vecinos y para el territorio que gobiernan”. En sentido contrario, alaba la postura de la Junta Vecinal de Piedralba: “Con sus escasos medios, pero una voluntad férrea, continúa desplegando todos los esfuerzos legales y sociales a su alcance para frenar este atropello. A través de la movilización ciudadana, la presentación de numerosas alegaciones y el uso de las vías jurídicas disponibles, los vecinos están asumiendo una responsabilidad que debería ser compartida por sus representantes municipales”.

Y es que “cuando los alcaldes no ejercen su papel de oposición o vigilancia ante infraestructuras potencialmente dañinas, se rompe la confianza ciudadana y se debilita la democracia local”, señala la plataforma para sentenciar que “el territorio no es un espacio vacío ni un lugar de sacrificio”. “Es un bien común”, concluye, “que requiere protección, planificación responsable y valentía política. La pasividad también es una forma de decisión, y en este caso, es una decisión que perjudica a quienes viven y cuidan este entorno cada día”.

La solidaridad de Torneros de Jamuz (Quintana y Congosto), que decidió suspender sus fiestas de agosto para destinar ese presupuesto a afectados por los incendios forestales en pueblos vecinos, se ha canalizado hasta donar ahora, en plenas fiestas navideñas, esos 12.500 euros, repartidos para tres familias de la localidad cabecera del municipio.

La entrega se hizo efectiva este domingo a razón de 4.134 euros para tres familias afectadas por el virulento incendio que el pasado verano entró, procedente de Zamora, al sur de la provincia de León y que se cobró propiedades particulares y hasta la vida de dos voluntarios que se sumaron al operativo de extinción en Nogarejas (Castrocontrigo).

Torneros de Jamuz se libró entonces de sufrir las consecuencias de las llamas. Pero en la localidad estaban todavía muy presentes los efectos del fuego de Castrocontrigo de 2012. Y tomó la decisión de suspender las fiestas patronales para emplear el dinero ahorrado en paliar los daños en localidades del entorno.

Las consecuencias de aquel incendio, que pasaba por ser el más grave en la historia de la provincia de León hasta el pasado verano, estaban también en la retina del pedáneo de Torneros de Jamuz, Fermín Cadierno, que entonces trabajaba como operario de extinción y que ahora ha entregado, en representación del pueblo, los fondos donados.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y una resolución del Consejo Consultivo de este pasado otoño vuelven a señalar las limitaciones y obligaciones que existen en las juntas vecinales para la contratación, reiterando que por su condición de administración pública tienen que cumplir escrupulosamente la legislación y que los presidentes de las juntas vecinales tienen límites que cumplir.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), en su sentencia de mediados de noviembre, desestima el recurso de apelación interpuesto por la junta vecinal de Sahelices del Payuelo, ratificando la decisión judicial previa que anulaba el intento de la entidad local de extinguir un contrato de aprovechamiento de quiñones (bienes comunales) de una vecina. Lo hace por entender que el proceso tenía vicios procesales graves e insubsanables en el expediente administrativo original, que determinan su nulidad radical.

El TSJ fundamenta su decisión ya que la pretensión de la junta vecinal del municipio de Valdepolo se hizo mediante un expediente iniciado y finiquitado por el presidente de la entidad local, para que el no era competente según la Jusiticia. Además el expediente se tramitó sin la intervención preceptiva de un secretario o persona habilitada, careciendo los documentos de la firma necesaria que garantice su validez.

Para más inri la junta vecinal no concedió trámite de subsanación de errores para corregir errores del expediente, vulnerando la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El caso se remonta al año 2023 cuando la junta vecinal de Sahelices del Payuelo inició el proceso para finiquitar el contrato de aprovechamientode quiñones en bienes comunales y exigieron a la vecina afectada la retirada inmediata de sus aparatos de riego. La vecina recurrió a los tribunales y en febrero del 2025 ganó íntegramente al apreciar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de León la actuación de la junta vecinal “nula de pleno derecho” por no ser ajustada al ordenamiento jurídico, fundamentando su decisión en la falta de intervención en el procedimiento administrativo del preceptivo secretario. Y además impuso las costas a la entidad vecinal, que recurrió al Tribunal Superior de Justicia.

La junta vecinal alegó en el proceso que el procedimiento era de “desposesión de quiñón” por incumplimiento de la ordenanza regulatoria, y que la resolución de este tipo de expedientes es competencia del presidente de la Junta Vecinal, según la Ley de Bases de Régimen Local. El TSJ calificó ese argumento sobre la competencia de su presidente como “ciertamente extravagante desde un punto de vista jurídico”.

Nulidad de un contrato similar por el Consultivo

Y otro dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, de octubre, anula un contrato del 2022 de arrendamiento de parcelas comunales y los derechos de la PAC firmado por 10 años por una renta anual de 250 euros. La nueva junta vecinal llevó al Consultivo el contrato par su revisión y se ha dictado la nulidad de pleno derecho, argumentando vicios graves de legalidad que son insubsanables.

El Consultivo entiende que el alcalde pedáneo no tenía competencia para firmar el contrato ya que la cesión de los bienes comunales es una atribución del órgano colegiado de la Junta Vecinal, requiriendo un acuerdo de mayoría absoluta. Además el contrato se formalizó sin seguir ningún procedimiento administrativo, omitiendo a la subasta pública, el trámite legalmente obligatorio para arrendamientos de bienes patrimoniales de entidades locales con una duración superior a cinco años.

En este asunto los hechos se agravan ya que el alcalde pedáneo actuó sin un acuerdo ni previo ni posterior de la junta vecinal y se aprecia que el contrato es “enteramente perjudicial y lesivo a los intereses generales”, ya que autoriza el uso de bienes públicos por 10 años a cambio de una “renta irrisoria de 250,00 €/año”, que representa aproximadamente un 0,25% de su valoración, muy por debajo del 6% exigible según un dictamen jurídico aportado.

La nueva junta vecinal instó la revisión de oficio del contrato, una una potestad excepcional de la sdministración que permite anular sus propios actos firmes sin acudir a la vía judicial. El Consultivo señala que son tantas las irregularidades que se puede afirmar que no ha existido procedimiento. En el proceso se intentó dar audiencia al expresidente de la junta vecinal, que no presentó alegaciones.

Obligación de administración electrónica

En los últimos tiempos otras resoluciones insisten en el control de las juntas vecinales, entidades locales menores a efectos formales, que siendo administración pública mantienen características particulares. Este verano el Comisionado de Transparencia de Castilla y León reiteró que que los vecinos y vecinas, y cualquiera en la práctica, de una junta vecinal pueden acceder a sus cuentas y controlar sus gastos.

Esto es así porque la información económica y de contratación de estas entidades menores es pública y forma parte del derecho constitucional de fiscalizar la actuación de las administraciones. Esta postura surge de una resolución tras una reclamación de una vecina de La Vid de Gordón que solicitó extractos bancarios, contratos, justificantes de subvenciones y apuntes contables tras no obtener respuesta de la Junta Vecinal, y el Comisionado estimó su petición y obligó a facilitar esos datos. 

La resolución desmontaba las excusas del pedáneo, que alegó desconocimiento de la solicitud o que la información ya estaba publicada en un portal público, y subraya que negar estos documentos vulnera la Ley de Transparencia y el artículo 105.b de la Constitución. Negarse a entregar la documentación puede llegar a ser constitutivo de prevaricación y conllevar la inhabilitación del cargo público, como ya ha ocurrido en otros casos similares, y el responsable de la junta vecinal ha asegurado que finalmente facilitará la información solicitada. 

Y hace un año el Procurador del Común de Castilla y León ha exigido a las juntas vecinales de la comunidad que dispongan de una sede electrónica propia para cumplir con la legislación vigente en materia de administración electrónica y transparencia. La institución señaló en una resolución que estas entidades locales menores forman parte de la Administración pública y, por tanto, están obligadas a relacionarse electrónicamente con la ciudadanía, garantizando el acceso a trámites, información oficial y comunicaciones por medios digitales, tal y como establece la ley.

El Procurador del Común advierte de que la falta de sede electrónica supone una vulneración de derechos de los vecinos, dificulta el control de la gestión pública y puede generar indefensión, especialmente en el acceso a acuerdos, cuentas o procedimientos administrativos. Aunque reconoce las limitaciones de medios y personal en muchas juntas vecinales, la institución insiste en que estas carencias no eximen del cumplimiento legal y solicitó a la Junta de Castilla y León y a las diputaciones que presten apoyo técnico para facilitar la implantación de estas herramientas digitales obligatorias.

La Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, en el municipio de Ponferrada, ha emitido un aviso a los vecinos ante la aparición de un método de distracción que podría facilitar hurtos en aparcamientos de Ponferrada, especialmente en las inmediaciones de Mercadona y Lidl.

Según el comunicado difundido en redes sociales, varios vecinos han alertado de personas que arrojan monedas junto a vehículos estacionados o en movimiento.

A continuación, advierten al conductor de que “se le han caído”, con el objetivo de distraerlo y aprovechar el descuido para abrir el coche o sustraer objetos personales como bolsos, móviles o carteras.

La Junta Vecinal recomienda extremar la precaución, mantener cerradas puertas y ventanillas, no bajar del vehículo inmediatamente ante la caída de monedas y revisar la situación únicamente en un lugar seguro.

Asimismo, aconseja no dejar objetos a la vista y contactar con el 1-1-2 o con Policía y Guardia Civil ante comportamientos sospechosos.

El aviso ha generado alerta incluso en otras localidades, como Bembibre, donde se han denunciado robos mediante el mismo método, lo que sugiere que los delincuentes podrían estar ampliando su zona de actuación.

La sociedad civil, a través de asociaciones o diferentes colectivos, resulta el instrumento necesario que permite mantener vivos el espíritu y el alma de los pueblos. Mientras los vecinos sean capaces a reunirse en torno a proyectos comunes, está garantizada la vida social de estas pequeñas entidades.

Esto es lo que ocurre nuevamente este fin de semana (sábado 6 y domingo 7 de diciembre) en Palacios del Sil, donde la recién creada asociación Tsobos ya Xanas pone en marcha una serie de actividades dentro de lo que engloban como mercado navideño, con talleres, teatro, presentación de un libro, cuentacuentos, música, comida y el propio mercado.

Habrá tres talleres de lana, postales e infantil durante los dos días; y teatro que representará el grupo El Codoxu, integrado por algunas mujeres de la asociación, que pondrán en escena una obra de otra de las integrantes del colectivo, Montse, titulada Rechas, truitas, paños de estopa ya manos de osu.

Ovidio García, un experto cuentacuentos para los niños, hará las delicias de los más pequeños antes de presentar su libro Toponimia de Matalavilla, un trabajo minucioso de recopilación de los nombres de las cosas, las costumbres, los lugares y parajes de su pueblo de origen y residencia.

Durante los dos días las actividades se prolongarán por la mañana y la tarde. La música va a estar a cargo del Coro de Palacios que interpretará villancicos y los grupos Lugh música celta y el trío Noah and the Barbers.

Todas las actividades programadas se van a celebrar a cubierto en el salón parroquial del pueblo. La asociación organizadora agradece la colaboración del Ayuntamiento, la Junta Vecinal, el mesón El Conde y la parroquia en la persona del párroco Carlos.

Las entidades públicas, apoyando, e incluso promoviendo, estas iniciativas ciudadanas, conseguirán con escasos recursos dar a sus localidades un impulso social importante facilitando una convivencia muy activa.

La Junta de Castilla y León ha abierto el trámite de información pública del proyecto de aprovechamiento de áridos 'El Linde', promovido por Graveras Valencia S.A. en el término municipal de Ardón, junto al río Esla.

La actuación, que afecta a la parcela 5.101 del polígono 108, se enmarca en un contrato-convenio con la Junta Vecinal de Ardón para acondicionar la finca y permitir la plantación de chopos de alto rendimiento, aprovechando los materiales sobrantes del acondicionamiento.

El proyecto, que se pretende radicar en una zona con iniciativas similares en proceso de tramitación por parte de la misma empresa promotora, prevé la extracción de gravas y arenas en una superficie explotable de 40 hectáreas, tras descontar las zonas de policía del río y la estimación de riberas, con una profundidad media de 1,65 metros y un volumen máximo de 636.338 metros cúbicos.

La explotación se realizará a cielo abierto, sin uso de explosivos, mediante retroexcavadoras y camiones bañera, y tendrá una duración estimada de tres años, con una producción anual de 212.000 metros cúbicos.

Según el Estudio de Impacto Ambiental, la actuación se justifica por la necesidad de mejorar una finca comunal donde anteriores plantaciones fracasaron por la pedregosidad del terreno y la profundidad del nivel freático.

El objetivo es optimizar el uso forestal y agrícola, evitando la acumulación de escombreras y aprovechando los áridos como recurso económico. El plan incluye medidas correctoras como riegos para controlar el polvo, vallado perimetral, control del nivel freático mediante piezómetros y la reposición de tierra vegetal para la posterior reforestación.

El estudio concluye que los impactos sobre el medio físico y biótico serán compatibles o moderados, sin afección al dominio público hidráulico ni a espacios protegidos, al respetarse las distancias mínimas al cauce del Esla y a la zona arbolada del Monte de Utilidad Pública n.º 944.

La cuenca visual es reducida y la actividad no será perceptible desde los núcleos cercanos, Ardón y Villavidel. Entre los beneficios ambientales destaca la captura de carbono: una hectárea de chopos fija unas 12 toneladas de CO₂ al año, además de mejorar la infiltración y actuar como corredor ecológico.

El expediente podrá consultarse durante 30 días hábiles en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en León (Avenida Peregrinos, s/n) y en la web de la Junta (https://energia.jcyl.es), donde se podrán presentar alegaciones.

El proyecto se somete a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, conforme a la Ley 21/2013, y al Real Decreto 975/2009 sobre gestión de residuos de industrias extractivas y restauración de espacios afectados.

La iniciativa refleja la apuesta por compatibilizar la actividad extractiva con la sostenibilidad en una comarca marcada por la despoblación y la dependencia del sector primario, donde la reforestación y el aprovechamiento racional de recursos se presentan como alternativas económicas y ambientales.

La ermita de San Roque, situada en el camino entre las localidades de Valdavido y Truchas, en la comarca leonesa de Cabrera, está cerrada al público y amenaza ruina, por lo que un grupo de vecinos del primero de estos pueblos ha iniciado una campaña de micromecenazgo que ha logrado ya los primeros 2.000 euros, que equivalen al 7% de lo necesario para acometer las obras. Los interesados en aportar fondos pueden hacerlo a través de este enlace.

Se trata de mucho más que un edificio: ha sido durante siglos punto de encuentro, lugar de culto y escenario de celebraciones como la festividad de San Roque cada 16 de agosto y el ascenso de pendones al castillo de Peña Ramiro, en septiembre.

Desde hace más de una década, el templo presenta goteras y grietas y en 2019 se realizó una intervención de urgencia para reforzar el arco triunfal y sustituir parte de la cubierta, pero el problema principal persiste.

La falta de cimentación adecuada está provocando el hundimiento de la estructura, por lo que los promotores de esta iniciativa argumentan en su anuncio que si no se realiza esta restauración “el destino de la ermita es la ruina”.

La campaña, impulsada por la Junta Vecinal de Valdavido y respaldada por la entidad Hispania Nostra, busca reunir un mínimo de 31.000 euros para ejecutar una cimentación inyectada con resina expansiva, y un óptimo de 60.000 para sustituir la totalidad de la cubierta y acometer otras mejoras como restauración de carpintería, bancos, iluminación solar y limpieza del retablo.

Las donaciones pueden realizarse online o mediante transferencia bancaria antes de terminar el año, con posibilidad de desgravación fiscal.

Las aportaciones incluyen recompensas simbólicas, desde el nombre en un panel de agradecimiento hasta la plantación de un árbol con el nombre del donante, láminas del templo o el apadrinamiento de un banco de la ermita.

La ermita, cuya advocación inicial fue a Nuestra Señora de las Angustias y que se dedicó también a San Roque tras las pestes del siglo XVI, conserva tallas de gran valor artístico y sentimental. Su espadaña se rehízo en 1797 y el presbiterio y la sacristía se concluyeron a principios del XIX. “Perder la ermita sería perder una parte de la esencia de todos los vecinos de Valdavido”, subrayan los promotores.

En plena España vaciada, esta iniciativa pretende no solo salvar un edificio, sino mantener vivo el legado cultural y espiritual de Cabrera. “Queremos devolverle la vida y proteger nuestro patrimonio para que nunca se pierda su espíritu”, concluyen.

Más de 220 corredores y andarines se han dado cita este fin de semana en la primera edición del Trail Valles del Sil de Páramo del Sil. Se trata de una iniciativa que nació de la mano de tres jóvenes del pueblo aficionados a las carreras de montaña, con el objetivo de poner en valor el excepcional entorno natural de un municipio que tiene mucho que ofrecer y está todavía sin explotar. Un paisaje de montaña único, coronado por varios dosmiles, ideal para la práctica de este deporte. La participación registrada asegura el futuro de la carrera.

La organización ya piensa en la segunda edición, y para ello cuenta con el respaldo de todo el pueblo. Más de 40 voluntarios han avalado este proyecto y prestado su apoyo para que todo se desarrollase según lo previsto, además de los numerosos patrocinadores y colaboradores, entre los que ha habido alojamientos de turismo rural, bares y restaurantes, bodegas de vino, empresas locales de construcción y otros servicios, clínicas de fisioterapia, clubes de montaña.

El Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Páramo del Sil y el Consejo Comarcal del Bierzo también han colaborado en la orgnización de esta nueva cita deportiva.

El Trail Valles del Sil constaba de dos modalidades competitivas: la carrera reina de 27 kilómetros y el speed trail de 15 kilómetros. También hubo categoría de andarines, pero esta no entraba en competición.

Sosas de Laciana estrenará este domingo 9 de noviembre una ruta guiada a través de códigos QR, que dan acceso a explicaciones habladas sobre cada lugar del recorrido en castellano y en patsuezu (dialecto local), según textos de Xairu López.

La idea parte del recientemente constituido en el mismo pueblo Instituto Tsacianiegu de Cultura (ITC). Y ha sido apoyada para su ejecución por la Junta Vecinal y la Asociación La Manteiga. El ITC se constituyó en la escuela de Sosas el 30 de agosto de este año con el objetivo básico de “preservar y difundir el patrimonio lingüístico y cultural de Laciana”.

Ahora convocan a la colocación de la última placa con código QR y la inauguración efectiva de la ruta a las 12.00 horas del domingo frente a la vieja escuela del pueblo.

Será una oportunidad para hacer un recorrido por la ruta y conocer los atractivos naturales, etnográficos, arquitectónicos y artísticos que ofrece esta pequeña localidad de montaña, pero muy activa socialmente; algo en lo que ahonda esta iniciativa, para la que solo es necesario disponer del sistema tecnológico necesario, teléfono móvil o tablet.

Al finalizar el recorrido, a los asistentes se les ofrecerá para degustar una recha (rebanada de pan untada) con mantequilla de la empresa La Popular.

El Ayuntamiento de Valderrey, a través de la Concejalía de la Mujer Rural, organiza el domingo 2 de noviembre una gran celebración dedicada a las mujeres rurales, con una emotiva tarde de cine, diálogo y convivencia. La jornada incluirá la proyección de la película 'Tierra Baja', un círculo de voces, la presentación de una revista digital del municipio, además de una merienda con chocolate y roscón para todas las personas asistentes.

El Ciclo de Cine y Mujeres Rurales es una iniciativa de carácter nacional que cada año recorre distintos territorios de España, llevando el cine y la reflexión sobre el papel de las mujeres rurales a municipios grandes y pequeños. El Ayuntamiento de Valderrey ha sido seleccionado como una de las sedes de esta edición, un reconocimiento que pone en valor el compromiso del municipio con la igualdad, la cultura y la defensa del medio rural.

La cita será el domingo 2 de noviembre, a partir de las 17.15 horas en el Espacio Joven Municipal de Barrientos, un lugar ideal para acoger la proyección de la película y las actividades complementarias. Este evento se enmarca dentro del Ciclo de Cine y Mujeres Rurales, una muestra itinerante que visibiliza el papel esencial de las mujeres que sostienen la vida en los pueblos y preservan las raíces de la comunidad.

Durante la tarde se proyectará la película 'Tierra Baja', dirigida por Miguel Santesmases, una historia profundamente humana que pone en valor las raíces, la tierra y la fuerza de las mujeres del medio rural.

“Para nosotros es un verdadero orgullo que Valderrey haya sido seleccionado como una de las sedes del Ciclo de Cine y Mujeres Rurales, un evento de ámbito nacional que reconoce el valor y la fortaleza de las mujeres que viven en nuestros pueblos”, señaló Noelia Rodríguez, concejala de Mujer Rural.

Este ciclo invita a reflexionar sobre la importancia de la vida en las zonas rurales, donde las mujeres son el corazón y el motor de la comunidad, manteniendo vivas las tradiciones y garantizando el futuro del territorio.

La jornada quiere ser un homenaje sincero a las mujeres rurales de Valderrey y de toda la comarca, verdaderas protagonistas del desarrollo, la cohesión y la vida en los pueblos. Con actividades que mezclan cine, palabra y tradición, Valderrey volverá a mostrar su espíritu acogedor, festivo y comprometido, celebrando la fuerza de sus gentes y el valor de sus raíces.

Programa

Más de dos años han resultado totalmente insuficientes para que el Consejo Comarcal del Bierzo haya podido culminar con éxito y en tiempo y forma el principal plan de inversiones que gestiona esta institución, el Plan de Juntas Vecinales. Un programa que en la convocatoria que debería concluir ahora, la del año 2023, ascendía a 1,6 millones de euros cedidos por las arcas de la Diputación de León para diferentes pequeñas obras en los pueblos y pedanías de los municipios bercianos.

Sin embargo, pese al mucho tiempo transcurrido, y a pesar de haber dispuesto del 70% del dinero total en concepto de anticipo por parte de la institución provincial, este viernes la Diputación tendrá que salir al 'rescate' del Consejo berciano, que preside el Partido Socialista, igual que en el Palacio de los Guzmanes, porque no ha podido cumplir con el requisito del plazo de la justificación final de todas las obras incluidas en el plan.

Este es el motivo de la convocatoria urgente de un Pleno, y además con carácter extraordinario, que tendrá lugar este viernes 24 de octubre. Una convocatoria inusual y con un único punto del orden del día: la ampliación del plazo de justificación formal que pueda dar por cerrado en 2026 el plan de obras de 2023. En concreto, se propone conceder tres meses más, hasta el 25 de enero del próximo año. La idea ha sido respaldada en comisión por todos los partidos políticos ya que, en caso contrario, plantearía un serio problema al Consejo Comarcal del Bierzo.

Esta convocatoria plenaria previsiblemente durará unos pocos minutos, a partir de las 12.00 horas, y sin embargo conllevará un coste económico público para pagar la asistencia a todos los 25 diputados y diputadas provinciales convocados que no cobren ya un sueldo estable por dedicación exclusiva o parcial. Eso quiere decir exactamente que sólo por asistir los once diputados que actualmente carecen de algún tipo de dedicación la Diputación incurrirá en un gasto de 4.290 euros de dinero público, ya que cada uno de esos once diputados cobra 390 euros por la asistencia. Aún más, porque algunos de ellos tuvieron que aprobar este mismo asunto en la Comisión de Cooperación y SAM, también con este mismo único punto, y en ese caso los diputados sin dedicación se embolsan 295 euros más.

El próximo Pleno, el ordinario, será la semana que viene, el miércoles 29 de octubre, pero no llegaría a tiempo para dar el visto bueno a la ampliación del plazo en tiempo y forma.

En las arcas del Consejo berciano ya obra desde noviembre de 2023 el 70% del montante total del Plan de Pequeñas Obras de ese año, 1.117.200 euros adelantados. El pasado 24 de septiembre la institución berciana pidió a la Diputación del pago del 30% restante, a pesar de que ese pago (401.450 euros) está aún pendiente de la siempre exigente fiscalización del Interventor del Palacio de los Guzmanes.

Ese pago restante requiere obligatoriamente que se haya completado la justificación formal de todas las obras realizadas y es algo que no se ha completado aún. Por eso, el pasado 7 de octubre el Consejo pidió la ampliación urgente del plazo en otros tres meses, para poder atender a todos los requisitos. La Corporación de la Diputación leonesa hoy lo permitirá. Lo único que está por ver es si con algún debate político sobre el grado de eficacia de la gestión de este tipo de importantes fondos para los pueblos leoneses y, en este caso, de los bercianos.

De momento, el Partido Popular, en la oposición en ambas instituciones, ya hace meses que denunció la inoperancia que puede provocar la pérdida de importantes inversiones en la comarca de El Bierzo, ya que por boca del portavoz popular en el Consejo, José Manuel Pereira, advertía de que al problema de retraso de 2023 se sumaba ya otra pérdida económica del año 2022, que cifraba en otros 24.000 euros jamás ejecutados o justificados. Pereira recordaba que el actual presidente del Consejo Comarcal fue en 2022 y la mitad de 2023 el actual presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, relevado luego en el primer caso por el también socialista Olegario Ramón.

El Grupo del Partido Popular (PP) en la oposición de el Ayuntamiento de León ha registrado una moción que se debatirá en el próximo Pleno ordinario, el 31 de octubre, para reclamar una “financiación suficiente y justa” para la Junta Vecinal de Armunia, así como mejoras en la prestación de servicios municipales e infraestructuras en esta pedanía del suroeste de la ciudad.

El portavoz popular, David Fernández, explica que la iniciativa busca “revertir la situación de precariedad de muchas de las infraestructuras municipales situadas en Armunia” y “poner fin al abandono institucional del gobierno socialista” el alcalde José Antonio Diez. Según detalló, el PP propone revisar el Convenio de Colaboración vigente entre el Ayuntamiento y la Junta Vecinal -firmado en 2024- para establecer criterios “comunes, transparentes y acordados” que garanticen una financiación adecuada.

El texto de la moción señala que los 5.437 vecinos de esta entidad local menor, uno de los barrios más populosos de la capital, “sufren desde hace varios años una situación de abandono institucional por parte del Ayuntamiento de León”, denunciada, entre amenazas de movilización, por la propia Junta Vecinal y recogida también en recientes informaciones como en este reportaje de ILEÓN. En concreto, el convenio actual fija en 75.000 euros la aportación municipal anual, lo que equivale a unos 14,7 euros por habitante, una cifra que el PP considera “difícilmente compatible” con lo que establece la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

Fernández subrayó que “todas las peticiones planteadas por los representantes vecinales son justas y necesarias para mejorar la vida de los más de 5.000 vecinos de León que viven en esta pedanía”, criticando que el alcalde José Antonio Diez “haya ignorado las numerosas veces que se han solicitado inversiones o una mejora de los servicios municipales”.

El portavoz recordó además que Armunia “estuvo gobernada por el PSOE durante más de 20 años, hasta 2023”, un periodo que, según dijo, “causó un enorme perjuicio a la localidad y a sus recursos”. El PP confía en que esta moción sea “un punto de inflexión” para que el Ayuntamiento “muestre voluntad y saque a Armunia del estado en el que se encuentra”.

El investigador leonés Jorge Martínez Montero, doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de León, presentará este domingo 19 de octubre a las 18.00 horas, en La Comunal de Val de San Lorenzo el libro Nuestros Pendones, una publicación que recopila las investigaciones expuestas durante el congreso 'Los pendones: historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial', celebrado en León en abril de 2024.

La magna obra de las enseñas tradicionales leonesas, de la que es coordinador Montero, ha sido concebida con un enfoque interdisciplinar: reúne el trabajo de medio centenar de congresistas, más de una decena de conferenciantes, investigadores, docentes, restauradores y aficionados que reflexionaron sobre la trascendencia histórica y social de los pendones leoneses, así como sobre los procesos de inventario, catalogación y restauración que desde hace años contribuyen a su salvaguarda.

El volumen se estructura en cuatro grandes bloques temáticos. El primero, titulado 'Los pendones leoneses: símbolos de identidad e idiosincrasia de nuestros pueblos', parte del estudio de Martínez Montero sobre bordadores y fuentes archivísticas, ofreciendo una propuesta de catalogación global. Este bloque incluye también contribuciones del archivero Alejandro Valderas Alonso y del filólogo Antonio Barreada García, quienes analizan la evolución del patrimonio vivo que representan los pendones concejiles.

En un segundo apartado, 'Los pendones reales y militares', el vexilólogo Luis Sorando Muzas, del Museo del Ejército, estudia tres piezas emblemáticas: los pendones de Baeza, Las Navas y Cuenca, mientras que la tercera parte ahonda en la irradiación de estas tradiciones hacia zonas limítrofes, como Zamora y Valladolid, de la mano de María Carmen Tapia del Arco y Daniel Sanz Platero.

El bloque final está dedicado a la conservación y restauración de pendones, con aportaciones de la restauradora Verónica García Blanco, de la Real Fábrica de Tapices, y del especialista en patrimonio textil Iván Mateo Viciosa, quienes detallan criterios y metodologías para la preservación de estos estandartes. La obra cuenta además con un prólogo del periodista Fernando Ónega y el saludo institucional del presidente de la Diputación de León y el alcalde de León.

Martínez Montero subraya en esta obra el valor identitario y patrimonial de los pendones concejiles, símbolos que siguen agrupando historia, memoria y comunidad en la cultura leonesa.

Se puede comprar el libro 'Nuestros Pendones' en la librería de barrio o por internet pinchando aquí