El Tribunal de Instancia, Sección de lo Social de León, ha estimado la demanda presentada por un sociedad hostelera de León contra una multa de 3.750 euros que la Tesorería General de la Seguridad Social le impuso por considerar que mantenía prestando servicios a una trabajadora sin haber cursado previamente su alta. La jueza concluye que los hechos acreditados no permiten afirmar la existencia de una relación laboral y revoca íntegramente la resolución administrativa.

El origen del litigio se encuentra en una inspección realizada el 19 de diciembre de 2024 durante la celebración del décimo aniversario del establecimiento pizzero. En esa visita, las inspectoras observaron a una mujer trasladando un plato desde la zona del restaurante hacia la cocina. Tras identificarla, comprobaron que no figuraba dada de alta en la empresa, circunstancia que dio lugar a la apertura del expediente sancionador.

Como consecuencia de esa actuación inspectora, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción por entender que la empresa había incumplido la obligación de tramitar el alta previa de una trabajadora en la Seguridad Social. La conducta fue calificada como infracción grave conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, proponiéndose una multa de 3.750 euros, posteriormente confirmada por la Tesorería General de la Seguridad Social. La multa aplicada fue la mínima posible ante una infracción que tiene la calificación de 'grave'.

La empresa recurrió tanto en vía administrativa como judicial al sostener que la mujer identificada era la sobrina de una de las propietarias y que acudía únicamente como invitada a la fiesta organizada por el aniversario del local. Según su versión, la joven no prestaba servicios para el negocio, sino que, antes de marcharse a su verdadero puesto de trabajo como repartidora de una cadena de pizzerías, recogió un plato y lo llevó a la cocina de forma espontánea.

La magistrada valoró la prueba documental, los vídeos aportados por la empresa y las declaraciones testificales. Los testigos coincidieron en que aquel día no existía servicio de comedor, que la cocina permanecía cerrada al funcionamiento habitual y que la celebración estaba dirigida principalmente a familiares e invitados. Además, en las grabaciones no se apreciaba a la joven atendiendo clientes ni realizando funciones propias de una empleada del establecimiento.

En el plano jurídico, la sentencia recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el valor probatorio de las actas de la Inspección de Trabajo. La resolución subraya que dichas actas gozan de presunción de certeza respecto de los hechos directamente observados por los inspectores, pero no respecto de las valoraciones jurídicas que puedan extraerse de ellos. En este caso, la presencia de la mujer en el local y el hecho de portar un plato a la cocina quedaron acreditados, pero ello no basta para demostrar la existencia de una relación laboral.

La jueza recuerda en la sentencia los elementos que caracterizan un contrato de trabajo —voluntariedad, ajenidad, dependencia y retribución— y concluye que ninguno de ellos quedó probado en este caso. Destaca que no existían indicios de continuidad en la prestación de servicios, tampoco consta remuneración y que la actuación observada era plenamente compatible con un gesto ocasional de ayuda familiar durante una celebración privada. En consecuencia, considera aplicable la exclusión prevista para los trabajos realizados por amistad, benevolencia o buena vecindad.

La Tesorería General de la Seguridad Social defendía que los hechos constatados por la Inspección justificaban la sanción mientras que la empresa insistía en que se trataba de una ayuda puntual de un familiar sin trascendencia laboral. La magistrada entiende que la prueba practicada desvirtúa suficientemente la presunción derivada del acta inspectora, al acreditar el contexto excepcional en que se produjo la actuación observada.

La sentencia, firme, deja sin efecto la sanción económica de 3.750 euros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

UGT Servicios Públicos León ha denunciado la situación del Museo de León, ubicado en el Edificio Pallarés de la capital leonesa y gestionado por la Junta de Castilla y León. UGT denuncia el colapso “total de su sistema de climatización y de la absoluta falta de respuesta de la Consejería de Cultura durante los últimos cuatro años”.

Según la información trasladada tanto por la Dirección del Museo como por el propio Servicio Territorial de Cultura, hace cuatro años se averió uno de los cuatro compresores y una de las dos enfriadoras que componen el sistema de climatización, asegura el sindicato. “Sin embargo, lejos de acometer la reparación necesaria, la Administración ha ido demorando la inversión hasta el punto de que, fruto de esa desidia, en la actualidad se encuentran averiados los cuatro compresores y las dos enfriadoras, dejando al edificio completamente sin capacidad de refrigeración”.

Las consecuencias son que, en una jornada de ola de calor como la de este miércoles 29 de julio, a las 10.30 horas ya se registraban temperaturas de 28,39 grados, que continúan aumentando a medida que avanza el día, con una humedad relativa en torno al 25%. “Esta situación no solo pone en grave riesgo la salud de los trabajadores, sino también la conservación de bienes culturales únicos e irreemplazables. Las colecciones museísticas requieren unas condiciones ambientales estables, con temperaturas que no deberían superar aproximadamente los 23 ºC y una humedad relativa situada entre el 40 % y el 50 % para garantizar su correcta conservación”.

Estas altas temperaturas afectan también al personal: “Los trabajadores llevan semanas desempeñando sus funciones en condiciones extremas y ya se han producido desmayos compatibles con golpes de calor, una circunstancia inadmisible en cualquier centro de trabajo y más aún en un edificio público dependiente de la Junta de Castilla y León”.

UGT considera especialmente grave que, incluso habiéndose planteado como medida provisional el alquiler de una enfriadora mientras se ejecuta la reparación definitiva del sistema de climatización, la Consejería haya rechazado esta solución temporal, prolongando una situación que pone en riesgo tanto la salud laboral como la integridad del patrimonio cultural.

UGT exige “la adopción inmediata de medidas de emergencia que permitan reducir la temperatura del edificio durante el periodo estival, así como la reparación urgente y definitiva del sistema de climatización. El personal no puede afrontar todo el mes de agosto trabajando en estas condiciones de emergencia climática”.

Asimismo, UGT reclama el mismo compromiso con el Museo de León que con otros centros museísticos, “un edificio de titularidad completamente pública, cuyo personal pertenece a la Junta de Castilla y León y que custodia una parte fundamental del patrimonio histórico de todos los castellanos y leoneses”.

“No puede haber museos de primera y de segunda. Tampoco trabajadores públicos de primera y de segunda. La protección del patrimonio comienza por cuidar las condiciones en las que se conserva y por garantizar la seguridad y la salud de quienes lo protegen cada día”, reclama el sindicato.

UGT Servicios Públicos León exige a la Junta de Castilla y León que abandone la inacción y actúe de forma inmediata “antes de que las consecuencias sean irreversibles, tanto para las personas como para un patrimonio cultural que pertenece a toda la ciudadanía”.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y la Guardia Civil han detectado diversas irregularidades laborales durante varias inspecciones realizadas en empresas de los municipios leoneses de Chozas de Abajo y Sariegos, que han dado lugar al levantamiento de actas y a la correspondiente tramitación de denuncias administrativas.

Según ha informado este martes la Comandancia de León de la Guardia Civil, los controles fueron llevados a cabo por efectivos del Puesto Principal de Armunia en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las actuaciones programadas para combatir la economía irregular y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral.

Las inspecciones se desarrollaron en distintos centros de trabajo ubicados en los términos municipales de Chozas de Abajo y Sariegos, donde los agentes y los inspectores comprobaron las condiciones laborales de los trabajadores y la situación de las empresas inspeccionadas.

Durante el dispositivo se levantaron varias actas relacionadas con situaciones laborales detectadas en diferentes trabajadores y compañías, además de formularse las denuncias administrativas correspondientes tanto en materia laboral como en otros ámbitos vinculados a la actuación inspectora.

La Guardia Civil no ha precisado el número de empresas controladas ni la naturaleza concreta de las infracciones observadas.

La actuación forma parte de las competencias que la Inspección de Trabajo desarrolla para la detección de posibles situaciones de economía irregular, una línea de actuación que persigue aflorar empleo no declarado y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y de las obligaciones empresariales.

La provincia de León cerró el segundo trimestre del año con 17.700 parados, 1.100 más (un 6,6%) que los 16.600 registrados durante el primer trimestre, según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicados este martes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). La comparativa interanual sí resulta favorable dado que a estas alturas de 2025 hasta 18.000 leoneses buscaban un empleo, lo que representa en este caso un descenso del 1,6%.

El dato provincial contrasta con la media autonómica. Y es que Castilla y León redujo un 5,5% el número de desempleados en el segundo trimestre del año, con 5.700 parados menos con respecto al trimestre anterior, lo que deja la cifra total en 96.700 desempleados, y suma 28.500 ocupados, hasta alcanzar el 1.058.700, con una tasa de paro del 8,37%, por debajo de la media nacional y la novena más baja del conjunto autonómico.

En el conjunto del país, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87 %).

Por lo que respecta a León, la tasa de paro aumentó en términos intertrimestrales al pasar del 8,46% del primero al 8,84% del segundo. La evolución volvió a invertirse en la comparativa interanual, al ser inferior al 9,18% de 2025 a estas alturas.

El número de personas ocupadas sí crece en la provincia de León: son a estas alturas del año 182.100 (179.200 en el primer trimestre y 177.800 del segundo trimestre de 2025). Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025).

Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025). Por su parte, la tasa de actividad está en un 49,89%, más que el 49,28% del trimestre anterior y que el 49,48% de hace un año.

El principal porcentaje de leoneses activos en el segundo trimestre del año se concentran en el sector servicios, concretamente un 73,1%. Le sigue industria, que acumula un 10,6% de los leoneses, mientras que el 6,1% corresponde a la construcción y un 5,4% a la agricultura.

La Fundación Santa Bárbara, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ofertará más de 1.600 plazas de Formación Profesional para el empleo en industrias extractivas durante la presente legislatura, con el objetivo de consolidarse como centro de referencia nacional en este ámbito.

El anuncio lo ha realizado este martes el director general de Energía y Minas, Alberto Castro, durante una visita a las instalaciones de la fundación en la comarca del Bierzo, donde destacó que entre 2020 y 2025 más de 1.100 alumnos participaron en las acciones formativas desarrolladas por la entidad y que más de 850 consiguieron acceder al mercado laboral.

La Junta pretende reforzar la especialización del centro mediante una oferta adaptada a las necesidades actuales del sector extractivo y energético.

Durante la visita, Castro ha conocido además varios proyectos de innovación que desarrolla la fundación, entre ellos La Mina en Vivo, que transformará la antigua escuela mina de Caboalles de Arriba (Villablino) en un centro de turismo industrial financiado por el Fondo de Transición Justa, y GENMIN, que estudia el uso de antiguas explotaciones mineras para almacenar energía mediante aire comprimido, hidrógeno verde o biogás y prevé desarrollar una planta piloto en 2027.

Actualmente la Fundación Santa Bárbara dispone de instalaciones en Folgoso de la Ribera y Torre del Bierzo donde oferta alrededor de 500 plazas de formación al año y desarrolla actividades de investigación, ensayos tecnológicos y formación especializada para industrias extractivas, obra civil y servicios de emergencias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la externalización de puestos de trabajo de servicio en diversos centros educativos de León, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que la Dirección Provincial de Educación está realizando “con la complicidad y beneplácito” del departamento del Gobierno autonómico, según denuncia el sindicato al hilo del último caso que ha detectado, en este caso en el IESO (Instituto de Educación Secundaria Obligatoria) Puente de Domingo Flórez.

Según relata CSIF, la plaza de personal laboral de servicio de este centro berciano ha sido trasladada a otro de Ponferrada (también privatizada previamente), sin que el trabajador afectado que la ocupa en Puente de Domingo Flórez fuera informado con antelación de la decisión. Al mismo tiempo, la administración educativa ha contratado a una empresa para realizar las mismas funciones y tareas. CSIF tacha la situación de “incomprensible e injustificable”. “Carece de toda lógica desplazar una plaza pública existente en la RPT para, posteriormente, recurrir a una empresa privada para cubrir exactamente las mismas necesidades”, señala.

El sindicato independiente avisa de que no se trata de un hecho aislado. Y es que asegura que la contratación de empresas privadas para atender las funciones propias del personal de servicio ya se ha implantado en otros centros educativos de la provincia, entre los que cita a los IES Virgen de la Encina y Gil y Carrasco, Escuela de Adultos Ramón Carnicer y Centro Integrado de Formación Profesional, todos en Ponferrada; el IES Álvaro Yáñez de Bembibre; o el Centro Tecnológico Ciudad de León, el Conservatorio Santos Ovejero o Escuela de Adultos Faustina Álvarez, estos tres últimos en la capital leonesa.

CSIF considera que esta sucesión de casos evidencia “una estrategia de externalización planificada” que “supone un perjuicio para el empleo público, favorece la precarización laboral y debilita la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León”. Además, recuerda que las plazas incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo “deben ser desempeñadas por personal laboral de la Administración y no sustituidas por contratos con empresas privadas”.

Así las cosas, CSIF exige a la Consejería de Educación la inmediata cobertura de la plaza de servicio del IESO de Puente Domingo de Flórez con personal laboral de la Junta, dejando sin efecto cualquier medida que implique su sustitución por una empresa privada. Asimismo, exige la recuperación de los otros puestos de esa categoría que se han externalizado con por empleados públicos. El sindicato reclama que se termine con la política de externalización de funciones propias del personal laboral, así como un compromiso firme de la Junta “con la defensa del empleo público, el respeto a sus plantillas y la garantía de un servicio público de calidad para toda la comunidad educativa”.

El Ayuntamiento de Villablino necesita cubrir dos plazas: una de coordinador y otra de monitor de jardinería para un periodo de seis meses, con el fin de gestionar en taller de formación y empleo denominado Mantenimiento de zonas verdes, Facendera 2025.

Para ello, ha presentado una oferta genérica de aspirantes idóneos al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Sepe) con la finalidad que le remita todos los demandantes de empleo inscritos en el municipio que reúnan los perfiles requeridos. Y en el caso de que no haya candidatos inscritos en esta oficina, solicita ampliar la zona de búsqueda.

El objetivo es cubrir con esos recursos un programa de formación y empleo, que se ejecuta con una subvención del Sepe de 85.934,52 euros y una duración de seis meses. La ayuda fue confirmada por el presidente del organismo estatal a finales del pasado mes de junio al resolver favorablemente un recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento contra la resolución de 26 de diciembre último de la gerencia provincial del SEPE, que había denegado inicialmente la solicitud municipal de Villablino.

La ayuda mediante la cual se va a poder poner en marcha el taller de formación y empleo, abierto para seis desempleados del municipio, está financiada dentro del programa público mixto de empleo y formación en Castilla y León 2025–2026.

León ahonda en la reducción del paro. Si la bajada fue en 372 personas en mayo hasta caer por debajo de la barrera de los 20.000 por primera vez en ese mes desde la crisis de 2008, el descenso fue todavía mayor en junio, en 568 inscritos (un -2,86%, superior al -1,24% del total de España) hasta dejar la estadística en 19.259. Son 438 menos (un -2,22%) que a la misma altura de 2025, según datos publicados este jueves por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El sector servicios volvió a ser el catalizador de este buen dato.

Por sectores, el desempleo bajó de forma casi generalizada. Lo hizo especialmente en los servicios (-618, de 14.123 a 13.505) y, de forma más moderada, en la industria (-43, de 1.680 a 1.637) y la construcción (-14, de 1.234 a 1.220). Por el contrario, subió, aunque de forma anecdótica, en la agricultura (3, de 667 a 670), y en la estadística del colectivo sin empleo anterior (104, de 2.123 a 2.227).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.423 mujeres desempleadas frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (745 hombres frente a 642 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (624 hombres por 750 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.908 por 2.977) y a partir de los 45 años (4.559 por 7.054).

Castilla y León

Castilla y León restó en junio 2.895 parados, el tercer mayor recorte autonómico, que deja en 94.260 los desempleados en esa comunidad, un 2,98% menos que en mayo, frente al -1,24% nacional; y sumó 9.641 cotizantes a la Seguridad Social y sigue por encima del millón de afiliados con 1.016.019.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este jueves los datos de paro y afiliación de junio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 2.577 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -2,66%, ligeramente por debajo del -4,74% nacional.

En comparativa anual, Castilla y León cerró junio con 17.279 cotizantes más que hace un año, el 1,73% más, por debajo del 2,77 nacional.

En España marcó en junio un nuevo récord de empleo, tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo ha señalado este jueves que el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Se) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

El paro registrado en junio bajó en 11 Comunidades Autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-11.597 personas), Galicia (-3.587 personas) y Castilla y León (-2.895).

Y subió en las otras seis, encabezadas por Región de Murcia (739), País Vasco (479) e Illes Balears (100).      

En términos mensuales, el paro descendió en junio en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-4,40%), Burgos (-1,67%), León (-2,86%), Palencia (-3,34%), Salamanca (-3,25%), Segovia (-4,34%), Soria (-7,37%), Valladolid (-1,11%) y Zamora (-5,71%).

Respecto a junio del 2025, el número de parados disminuyó en Ávila (-2,79%), Burgos (-2,29%), León (-2,22%), Palencia (-2,24%), Salamanca (-4,76%), Segovia (-3,84%), Valladolid (-2,13%) y Zamora (-2,82%) y aumentó en Soria (2,91%).

El desempleo bajó respecto a mayo en todos los sectores menos el de sin empleo anterior, que sumó 696 parados más.

Y fue el sector Servicios el que capitalizó el descenso del paro en la comunidad el pasado mes, con 3.176 parados menos que en mayo; con 126 desempleados menos en Agricultura, 262 en la Industria y 27 menos en la Construcción.

De esos 2.895 parados menos en la comunidad, 871 fueron hombres y 2.024 mujeres, el 2,26 y 3,45% de recorte respecto al mes anterior, que deja en 37.616 los desempleados en la comunidad y en 56.644 las desempleadas.

Y, los parados de menos de 25 años eran al final de junio 7.303 en Castilla y León, 21 menos que el mes anterior y 181 menos que hace un año.

En cuanto a la contratación, Castilla y León registró 71.904 contratos en junio, 18.445 y un 34,5% más que en mayo; con 1.109 contratos más que hace un año y un repunte del 1,57%.

El dato mensual es mejor que el 24,60 de media nacional, mientras que el anual es inferior al 10,20 de mejora del conjunto autonómico.

De esos contratos, 24.094 fueron indefinidos, 4.540 y un 23,22% más que en mayo (19,54% nacional), y 943 y un 4,07% más que hace un año (16,36%). Y de esos contratos, 19.823 fueron a extranjeros, 3.970 mas que el mes anterior y 3.146 más que hace un año.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de mayo, fueron 69.216 en Castilla y León, de ellas 34.868 prestaciones contributivas, con 34.320 subsidios y 28 rentas activas de inserción.

El Consejo Comarcal del Bierzo asegura que sí que reconocen la condición de bombero forestal a sus brigadas, aunque afirma necesitar de mayor financiación de la Junta de Castilla y León para hacer efectivas estas mejoras en las condiciones laborales. Todo ello tras las críticas formuladas por el sindicato CSIF, que denunciaban que esta institución omitía este reconocimiento en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

“Estamos elaborando una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se recoge esa condición de bombero forestal. Efectivamente, realizan labores de prevención, de extinción y de vigilancia y que mejoran notablemente sus condiciones”, ha defendido el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón.

A pesar de que la RPT ya reconoce la condición de bombero forestal de los trabajadores que se encargan de labores de prevención, de extinción y de vigilancia, Ramón especifica que el Consejo Comarcal no tiene “recursos propios” y que “necesitamos esa financiación adicional de la Junta de Castilla y León para poder cumplir esos compromisos que, por otra parte, estamos obligados legalmente a hacerlo”.

Con todo, en su comunicado el presidente del Consejo Comarcal defiende con rotundidad que “medidas de seguridad, de seguridad laboral, los medios” son idóneos y, para dar muestra de ello, argumenta que recientemente se ha hecho una inversión para mejorar los baños y han adquirido equipos para que “los EPIs lleven el tratamiento en el centro de trabajo, que no se lo tengan que llevar los trabajadores a domicilio”.

“Desde el Consejo Comarcal del Bierzo queremos dejar constancia de que, frente a las críticas del CSIF, este equipo de gobierno actúa con rigor, transparencia y voluntad de diálogo, tal como demuestra la permanente información facilitada a los trabajadores y a los sindicatos con representación en el Comité de Empresa. Reiteramos nuestro compromiso con la mejora de las condiciones laborales de las brigadas forestales y con la seguridad en el desempeño de sus funciones, al tiempo que instamos a la Junta de Castilla y León a asumir la financiación adicional necesaria para hacer efectivas estas mejoras”, zanja Ramón en su comunicado.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León ha denunciado este lunes que los centros educativos y administraciones dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León están superando los 30 grados en plena ola de calor, debido a que, según el sindicato, no están adaptados para combatir las altas temperaturas, que, aseguran: “superan con creces las permitidas por la ley”.

CCOO denuncia que en estos centros de trabajo, todo el personal docente, laboral y de administración están realizando su trabajo en condiciones de riesgo para su propia salud. Un riesgo que, para CCOO, es de especial gravedad la situación de las Escuelas Infantiles y las aulas de 0-3 años, debido a “la vulnerabilidad de los niños y niñas que permanecen en los centros y donde la posibilidad de que se produzcan situaciones que afecten a la salud se multiplica”.

Víctor Bejega García, Secretario General del sindicato provincial de Enseñanza, señala que “la Junta de Castilla y León debe garantizar unas temperaturas y condiciones medioambientales básicas en sus centros de trabajo y cumplir con la legislación en materia de prevención. Pero otro año más la falta de previsión y de inversión en medidas concretas hace imposible cualquier posibilidad de evitar las altas temperaturas en las aulas, exponiendo a trabajadores y alumnado a riesgos sobre su salud”.

Desde CCOO denuncian que, en lugar de dotar a las aulas de sistemas de climatización apropiados para regular la temperatura y optar por medidas que garanticen las condiciones óptimas frente a las cada vez más frecuentes olas de calor, la Junta de Castilla y León únicamente ha instalado algunos ventiladores en algunas aulas de 0-3 años y recomendaciones de ventilar los espacios cuando sea posible. Unas medidas que, para CCOO, “son totalmente ineficaces ante las altas temperaturas, tanto del exterior como del interior de los centros, haciendo imposible que se pueda reducir la temperatura de los espacios”.

CCOO insiste en que “las mediciones de temperatura realizadas en los centros educativos son preocupantes y superan con creces los límites marcados por la ley. Y tampoco se están aplicando ninguna de las medidas correctoras comprometidas por la Junta tras las reiteradas denuncias del sindicato, entre las que se incluían la instalación de toldos sobre las ventanas para reducir el efecto radiador de las persianas, la mejora de los sistemas de ventilación y la compra de equipos de aire acondicionado portátiles”. Especialmente esta última medida, la compra de equipos de aire acondicionado portátiles, es la exigencia de CCOO por el carácter de urgencia de la situación.

Por todo ello, Víctor Bejega exige “una inversión clara y urgente en los centros educativos públicos por parte de la Junta de Castilla y León para garantizar las condiciones de temperatura en los centros de trabajo y en las aulas, cumpliendo la legislación vigente y abandonando una irresponsabilidad manifiesta que pone en riesgo a las trabajadoras y trabajadores, pero también a los menores. Desde CCOO insistimos, otro año más, en advertir del grave riesgo a la salud y de la necesidad de solucionar esta situación antes de que haya que lamentar alguna desgracia”.

Los médicos de León se manifiestan el 17 de junio a las 19 horas en la capital leonesa para reclamar un estatuto propio y mostrar su rechazo por los planteamintos del Ministerio de Sanidad. La protesta llegar durante la quinta semana de huelga de médicos, que comenzó el pasado mes de febrero.

Durante las repetidas jornadas de paros laborales, la provincia de León ha sido, de toda Castilla y León, la que más consultas ha cancelado, siendo secundada por gran parte de los médicos de las áreas sanitarias de El Bierzo y León.

La manifestación del miércoles sale a las 19 horas desde la avenida Ordoño II, frente al Ayuntamiento de León, y los organizadores prevén que sea la más multitudinaria hasta la fecha.

Esta última semana de huelga pone de manifiesto que el conflicto por la reforma del estatuto marco está enquistado, pues los seis sindicatos convocantes -la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- han solicitado al Gobierno nuevos interlocutores que desataquen las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Han anunciado que las movilizaciones se suspenden durante el verano -para no cargar más a las plantillas entre los descansos estivales- pero volverán a retomar la campaña en septiembre.

La provincia de León es líder en la producción de varios cultivos como el lúpulo y la remolacha azucarera que, en la actualidad, atraviesan momentos difíciles, y ponen en jaque la producción española de estos sectores agrícolas. Todo ello desencadenado por las decisiones corporativas de empresas multinacionales que han dejado en fuera de juego a los lupuleros y remolacheros leoneses. Y es que si el año 2025 se sembraron las semillas de la crisis, durante este año y los siguientes se podrá comprobar el resultado de estas decisiones y las consecuencias para los agricultores de León, pero también para el sector agrícola nacional. 

El lúpulo y la remolacha azucarera de León aportaron el año pasado al sector agrícola leonés 23,5 millones de euros (19,3 millones en el caso de la remolacha y 4,2 millones en el caso del lúpulo), casi el 3% del total de facturación del campo de León del año 2025, según los datos aportados por la organización agraria Asaja. Son, además, dos cultivos en los que la provincia lidera la producción nacional por lo que una crisis en estos dos sectores agrícolas, afectará al total de la producción nacional. La remolacha azucarera supuso, en los últimos cuatro años, el 0,2% de la Producción de la Rama Agraria (el indicador económico que valora el conjunto de bienes y servicios generados por la agricultura, la ganadería); mientras que el lúpulo representa el 0,009% de la PRA.

Las decisiones de dos grandes compañías que han dejado en el aire al lúpulo y remolacha leonesa

En el año 2024, Hospteiner (la multinacional que compra el lúpulo de la provincia de León), anunció cambios que suponían la imposición de una nueva variedad de esta planta (cuya propiedad es de Hopsteiner) y, por tanto, arrancar los cultivos ya arraigados y que, en el caso de esta planta, tardan al menos cuatro años en dar rentabilidad. Además, para que los agricultores de la provincia acatasen estos cambios, anunció que los nuevos contratos que se firmarían serían individuales, acabando con la fuerza que le daba al sector la agrupación entre agricultores. 

Más de la mitad de agricultores activos de la provincia abandonaron el cultivo y, en las próximas campañas, es de prever que lo hagan muchos más o que pasen a cultivar lúpulo por su cuenta. Mientras que en el año 2020 los agricultores dedicados al lúpulo en la provincia de León eran más de un centenar (la mayoría de ellos socios de la SAT), una fuente vinculada al sector, informa a ILEÓN que cerca de 70 acabaron por firmar un nuevo contrato con Hopsteiner.

Por otro lado, Azucarera (filial del grupo británico Associated British Foods, dueño de marcas como la textil ‘lowcost’ Primark), anunció en mayo de 2025, hace poco más de un año, que cerraría su fábrica de molturación de La Bañeza, provocando 150 despidos directos en la planta y un descalabro en el sector de la remolacha azucarera, que cerró aquel año con una pérdida de más del 40% de la superficie sembrada en la provincia de León. 

La empresa decidió que los productores leoneses llevarían su producción a Zamora, concretamente a la molturadora de Toro, después del cierre de la de Jerez de la Frontera durante el año 2026, permaneciendo solamente como refinado, y sin que en Andalucía se sembrase más cultivo este año. 

La planta de La Bañeza llevaba en funcionamiento desde 1931, era la última que quedaba en funcionamiento en la provincia de León después de los cierres de la azucarera Santa Elvira (cerrada en el 1992), en la ciudad de León, y Veguellina de Órbigo (desaparecida en 1998).

Las consecuencias 

José Antonio Turrado, secretario general de Asaja en León, defiende que en el caso de la remolacha “hasta hoy va normal, va bien y digamos que no hay cambios”. Sin embargo, los datos de la pérdida de hectáreas sembradas a finales de 2025 (año en el que se anunció el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza), habían caído un 40,47% respecto al año anterior. A nivel nacional la producción de la campaña 2025-2026 se estimaba que se reducirían entre un 16,6% de la superficie sembrada y un 8,2% de la producción, según los datos del Ministerio de Agricultura. “Efectivamente, siempre se ha visto que donde se ha cerrado una fábrica, la remolacha se ha reducido en superficie o ha desaparecido”, reconoce Turrado. 

La secretaria general de UGAL-UPA en León, Sonia Castro, muestra preocupación por la remolacha y el abandono que puede suponer a futuro: “Cuando se terminen los contratos en la próxima campaña y algunos en la siguiente, va a haber muchísimo abandono del cultivo”, alerta. “Se quedará gente que entrega a la cooperativa Acor y de Azucarera quizá el 90% abandone el cultivo”.

Tras el cierre de la planta de Azucarera en la provincia de León, la empresa aseguró que no iba a hacer responsables a los productores de los sobrecostes que supondría el traslado hasta la molturadora de Toro. Sin embargo, se trata de una promesa que los agricultores ponen en duda que se llegue a cumplir realmente: “Eso está dicho, pero no está escrito en ningún sitio”, explica Turrado: “En este momento no ha habido ningún acuerdo con la parte agrícola ni con las administraciones públicas”. 

Castro coincide con esta duda sobre los sobrecostes del desplazamiento de la producción a Toro y los vincula directamente con la posibilidad de que muchos productores decidan abandonar el cultivo: “Cuando finalice la campaña veremos lo que va a pasar”. 

Para Turrado, lo que Azucarera debería hacer para asumir la molturación en Toro sin retrasos que perjudiquen las siembras de las siguientes campañas (que a día de hoy provocan que los productores no puedan arrancar la remolacha a tiempo) es aumentar la inversión en la planta zamorana: “Al estar llevando mucha remolacha a una sola fábrica la campaña se alarga muchísimo y eso son perjuicios para el producto. Si la fábrica tuviera visión de futuro, lo que hay que hacer es invertir en ella para que transforme más rápido, pero no hay ninguna inversión porque no tienen claro qué futuro le espera a esto”. 

En el caso del lúpulo, Castro aproxima que de las 500 hectáreas que había antes de las imposiciones de Hopsteiner, cerca 50 se han retirado del cultivo, lo que implica un 10% menos de siembra (una cifra mucho más alta que el 5% de pérdida que aproximaba Asaja en su informe de 2025). “El lúpulo lleva mucha mano de obra y la gente está muy desanimada”, alude Castro a la imposición de arrancar lo plantado para incorporar una nueva variedad (propiedad de Hopsteiner): “Los agricultores están cubriendo los gastos y poco más”.

De ser así, la progresión a futuro del lúpulo y la remolacha se antoja muy negativa, especialmente en el caso del primer cultivo. Las posibilidades para el lúpulo, según explica Castro, apuntan a una desaparición progresiva de España: “Si sigue, León seguirá siendo líder en producción porque el 90% del cultivo se da aquí y no hay mucho más sitios donde se pueda dar, pero lo que puede pasar es que desaparezca en general de España”, apunta. Mientras que el 88% de la producción de lúpulo en España se concentra en Castilla y León (por la provincia de León, principalmente), el 6% del cultivo se da en Cataluña y el 3% en Galicia. 

Si desapareciese paulatinamente el cultivo en la provincia leonesa, por tanto, la producción de lúpulo española se volvería insignificante y dependería casi al 100% de las importaciones, especialmente procedentes de Alemania (principal importador a España), pero también de Francia y Estados Unidos. 

En el caso de la remolacha azucarera, el liderazgo de la provincia de León puede estar en mayor riesgo, según valora también Sonia Castro, aunque la crisis también se extiende a todo el país debido a las decisiones de Azucarera que, como en León, han supuesto el cierre de otras plantas molturadoras también en Andalucía, donde se cultiva mucha remolacha: “En Castilla y León tenemos Acor, con lo que igual la gente que entregue a la cooperativa puede mantener el cultivo”. En Castilla y León se encuentra el 76% del cultivo de remolacha azucarera, seguida del 14% en Andalucía y el 3% en Navarra. 

Así, las consecuencias de las decisiones de grandes empresas como Azucarera u Hopsteiner pueden suponer una recolocación del cultivo de remolacha (o, en el caso de Castilla y León, que la producción pase a ser principalmente de la cooperativa Acor) y en el caso del lúpulo, a largo plazo, quizá una desaparición en lo práctico de la planta a nivel nacional, dependiendo de las importaciones extranjeras. Todo ello sumado a las tensiones geopolíticas que afectan a la Unión Europea, como el encarecimiento de los fertilizantes que ha producido la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. 

La compañía dueña de Perfumerías Avenida, el Grupo Recio, ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a las nueve tiendas que se encuentran repartidas a lo largo de la provincia de León, pero especialmente en la capital leonesa.

La compañía matriz de Perfumerías Avenida aplicará este ERE a sus tiendas de Castilla y León, donde se encuentra la mayor parte de su estructura operativa, así como a otras provincias españolas donde las perfumerías están presentes. En el caso de Castilla y León, es en Salamanca donde se encuentra la mayor parte de las tiendas, ya que es la provincia donde se origina esta cadena de perfumerías; seguido de Valladolid y, en tercer lugar, León.

Según ha informado el Grupo Recio (Hermanos Recio S.L, de Salamanca), los representantes de los trabajadores y del Comité de Dirección de Perfumerías Avenida ya han comunicado a los trabajadores de los establecimientos afectados esta medida, que en la provincia de León serán tres, según ha informado a ILEÓN la compañía.

En total, la cadena emplea a 656 personas en 26 provincias y la compañía afirma que la intención es preservar “el máximo número de empleos posibles” y que el ERE afecte a menos del 15% de los trabajadores totales, con margen de que este porcentaje sea incluso menor durante la campaña comercial de verano.

Otra de las cuestiones que afectarían al porcentaje de aplicaciones del ERE, según informa la compañía, será el abaratamiento del precio del alquiler de algunos establecimientos. Aunque el grupo ya anuncia que varias tiendas se cerrarán por completo, ha especificado que aún no existe un “listado definitivo de cierres” y que cabe la posibilidad de mantener activas algunas ubicaciones de las tiendas, en función del resultado del proceso de ERE.

La compañía defiende que esta decisión se ha tomado “por la necesidad de evolucionar hacia una gestión comercial más moderna”, en proceso de una sucesión generacional que ha provocado la reestructuración de su directiva. El nuevo equipo gestor está encabezado por Javier Alonso, quien ya llevó a cabo procesos similares con otras perfumerías como Douglas (que en la provincia de León contaba con una tienda y otras 6 marcas relacionadas, como Bodybell, hasta que comenzó su ERE a nivel nacional en 2018).

Grupo Recio argumenta que este proceso cuenta con el apoyo de los socios como una estrategia de “reforzar el saneamiento y viabilidad del negocio”. Una mayor presión en costes, incremento de alquileres y salarios, más competencia online y la irrupción de nuevos actores son algunos de los motivos más específicos que alega la compañía para justificar esta decisión.

El paro registrado volvió a bajar en mayo en la provincia de León y dejó una de las cifras más significativas de los últimos años: 19.827 personas inscritas en las oficinas de empleo. Es la primera vez desde antes de la crisis económica de 2008 que la provincia se sitúa por debajo de los 20.000 desempleados en un mes de mayo, según ha destacado la Subdelegación del Gobierno.

En comparación con abril, el paro descendió en 372 personas, un 1,84% menos. La evolución también fue positiva en términos interanuales, con 1.011 desempleados menos que en mayo del año pasado, lo que supone una caída del 4,85%.

Por sectores, el mayor descenso se produjo en los servicios, con 374 parados menos, coincidiendo con el inicio de la temporada turística y el aumento de la actividad vinculada a la hostelería y el comercio. También bajó el desempleo en la industria (-21), la construcción (-7) y la agricultura (-5). El único aumento se registró en el colectivo sin empleo anterior, con 35 personas más.

Pese a la bajada general, los servicios siguen concentrando la mayor parte del paro en la provincia, con 14.123 desempleados. Le siguen el colectivo sin empleo anterior, con 2.123; la industria, con 1.680; la construcción, con 1.234; y la agricultura, con 667.

Por sexos, las mujeres continúan siendo mayoría entre las personas desempleadas. De los 19.827 parados registrados en León, 11.812 son mujeres y 8.015 hombres. La brecha se aprecia especialmente entre los mayores de 45 años, con 7.294 mujeres desempleadas frente a 4.717 hombres.

La contratación también creció durante mayo. En la provincia se firmaron 8.234 contratos, 504 más que en abril, lo que supone un aumento mensual del 6,52%. De ellos, 3.218 fueron indefinidos, el 39,1% del total.

En materia de protección social, 14.060 personas percibieron prestaciones por desempleo en la provincia, con un gasto total de 15,95 millones de euros. La cuantía media de la prestación contributiva se situó en 985,4 euros mensuales.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha valorado los datos como “una muestra de la fortaleza del mercado laboral leonés” y ha subrayado que bajar de los 20.000 desempleados en mayo es “un dato especialmente significativo” que refleja una evolución positiva y sostenida.

Castilla y León

En Castilla y León, el paro también bajó en mayo. La Comunidad cerró el mes con 97.155 desempleados, 2.609 menos que en abril, lo que representa un descenso mensual del 2,62%.

En comparación con mayo de 2025, Castilla y León contabiliza 4.522 parados menos, una caída interanual del 4,45%. El desempleo descendió en las nueve provincias.

León continúa siendo la segunda provincia de la Comunidad con más parados registrados, solo por detrás de Valladolid, que suma 20.720. Tras ellas se sitúan Salamanca, con 15.309 desempleados, y Burgos, con 12.372.

España

En el conjunto del país, el paro registrado bajó en mayo en 36.323 personas, un 1,54% menos que en abril, hasta situarse en 2.320.721 desempleados.

Respecto al mismo mes del año anterior, España registra 134.162 parados menos, lo que supone un descenso interanual del 5,47%. El sector servicios volvió a concentrar el mayor volumen de desempleo, con 1.688.001 personas inscritas.

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves Proyecto Industrial Prioritario (PIP) la nueva planta de fabricación de vidrio que el grupo Tvitec prevé construir en Cubillos del Sil, una iniciativa que contempla una inversión cercana a los 190 millones de euros (el Gobierno de la nación desbloqueó en marzo un préstamo por valor de 120 millones de euros) y la creación de entre 250 y 300 empleos directos.

El portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en una rueda de prensa del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que permitirá agilizar la tramitación administrativa del proyecto al reducir a la mitad los plazos legales de los procedimientos autonómicos.

La nueva planta, impulsada por la empresa Tvitec Float Glass, se ubicará en el Polígono de El Bayo de Cubillos del Sil, en la comarca de El Bierzo, dentro de una Zona de Transición Justa marcada por el cierre de la minería y el desmantelamiento de la central térmica de Compostilla II.

Según la Junta, el proyecto supondrá un “revulsivo económico” para la comarca y para Castilla y León, ya que a los empleos directos se sumarán cerca de un millar de puestos de trabajo indirectos e inducidos vinculados a sectores como la logística, el mantenimiento o la extracción de materias primas.

La planta aspira además a convertirse en la instalación de producción de vidrio “más eficiente del sur de Europa” mediante la incorporación de un horno de fusión híbrido pionero en el continente, capaz de operar con una matriz energética mixta basada en gas natural, oxígeno e hidrógeno verde.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que el uso intensivo de vidrio reciclado permitirá reducir la huella de carbono de la instalación y anticiparse a las futuras exigencias europeas en materia de emisiones para 2030.

La nueva factoría permitirá además al Grupo Tvitec completar toda la cadena de valor de producción del vidrio, desde la arena de sílice hasta el producto final, eliminando dependencia de terceros y reforzando su capacidad exportadora, ya que la compañía comercializa actualmente sus productos en más de 50 países.

La declaración como Proyecto Industrial Prioritario implica además que la Junta pondrá en marcha mecanismos de coordinación para agilizar aquellos trámites que dependan de otras administraciones públicas.

Trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Castilla y León se han concentrado este miércoles ante la Delegación de León para reclamar mejoras laborales, más plantilla y el cumplimiento de acuerdos pendientes, en una jornada de movilizaciones convocada en toda España por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La protesta, que ha incluido un paro parcial de una hora entre las 11.00 y las 12.00 horas, se enmarca en un calendario de movilizaciones que podría culminar con una huelga general el próximo 8 de junio si no se producen avances en la negociación con el Gobierno.

Durante la concentración, con presencia de trabajadores y delegados de toda la comunidad, el responsable de la Agencia Tributaria de CSIF en Castilla y León, Serafín Herrera, ha denunciado que el conflicto laboral nace de “una situación prolongada de bloqueo, retraso e incumplimiento” por parte de la Administración.

“En noviembre de 2024 se firmó un acuerdo con compromisos claros, pero la Agencia Tributaria ha sido incapaz de transformarlos en hechos”, ha criticado Herrera, quien ha asegurado que “la situación se ha enquistado en tres problemas fundamentales”: la carrera profesional, el teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.

En este sentido, ha destacado que los trabajadores exigen la actualización de la carrera profesional y el reconocimiento de los años acumulados sin mejoras desde las últimas reclasificaciones, así como el desarrollo de un modelo de teletrabajo “flexible y adaptado” a las necesidades de la plantilla.

“Hoy mantenemos un sistema impuesto, rígido y poco flexible”, ha señalado Herrera, quien ha reclamado que se aplique a la AEAT un modelo similar al de la Administración General del Estado, con más días de trabajo a distancia y mayores facilidades de conciliación.

El tercer eje de las reivindicaciones se centra en el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos trabajadores —ha subrayado— desempeñan funciones clave en la lucha contra el narcotráfico o el contrabando y afrontan situaciones de riesgo que, a juicio del sindicato, deben ser reconocidas legalmente.

“No se trata de una unidad administrativa cualquiera; hablamos de profesionales con funciones de seguridad que requieren más medios y el reconocimiento efectivo como profesión de riesgo”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado también mejoras salariales, refuerzo de medios y medidas que faciliten la jubilación anticipada en estos casos.

Herrera ha advertido además de la falta estructural de plantilla en la Agencia Tributaria, con unos 1.200 trabajadores en Castilla y León —alrededor de 140 en la provincia de León—, y un déficit que, según ha dicho, se arrastra desde hace años.

“La oferta pública no está siendo capaz de compensar las jubilaciones ni el envejecimiento de la plantilla, mientras aumentan los objetivos y las cargas de trabajo”, ha señalado tras incidir en que esta situación está generando “una tensión que resulta insostenible”.

El representante sindical ha vinculado estas carencias con el incremento de la actividad de la AEAT, que registra cifras récord de recaudación, y ha defendido la necesidad de reforzar los efectivos para garantizar un servicio adecuado a los contribuyentes.

CSIF ha hecho un llamamiento a la unidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales para respaldar las movilizaciones, al considerar que “la fragmentación solo beneficia a quien bloquea” la negociación.

Tras las protestas de este miércoles, el calendario continuará el 29 de mayo con nuevas concentraciones y paros parciales, antes de una huelga general prevista para el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria si no se alcanzan soluciones.

“Estamos en marcha y no cesaremos hasta que tengamos las respuestas que reclamamos”, ha concluido Herrera.

El paro bajó en abril en la provincia de León en 643 personas con respecto al mes de marzo, un descenso del 3,09%, superior al 2,59% del total de España, que sobrepasa por primera vez la barrera de los 22 millones de trabajadores. La caída en la provincia, que se queda en 20.199 demandantes, fue incluso mayor en términos interanuales: 1.284 inscritos menos que a la misma altura de 2025, un 5,98% menos, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El mes, que comenzó todavía en plena Semana Santa, deja descensos del desempleo en todos los sectores económicos. El mayor tirón corresponde al sector servicios.

Por sectores, el desempleo bajó en todos, especialmente en los servicios (-506, de 15.003 a 14.497) y, de forma más moderada, en la construcción (-48, de 1.289 a 1.241), la industria (-20, de 1.721 a 1.701) y la agricultura (-14, de 686 a 672). También cayó en la estadística del colectivo sin empleo anterior (-55, de 2.143 a 2.088).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.951 mujeres desempleadas frente a 8.248 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (741 hombres frente a 648 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (652 hombres por 799 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.970 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.885 por 7.401).

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado que “los datos reflejan una evolución positiva y constante del empleo en la provincia, con una reducción del paro que no es puntual, sino fruto de una tendencia consolidada”. “Sabemos”, añade el representante del Ejecutivo en la provincia, “que todavía queda trabajo por hacer. Por eso, estos datos nos permiten ser moderadamente optimista y seguir trabajando con determinación para que nadie se quede atrás”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en abril 3.281 parados menos que en marzo, con un 3,18% de recorte que dejó en 99.764 los desempleados en esa comunidad, que ese mes sumó 5.583 cotizantes más a la Seguridad Social, hasta los 996.554.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de abril en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.227 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,98%.

En comparativa anual, Castilla y León cerró abril con 15.558 cotizantes más que hace un año, con un repunte del 1,59%; y con 5.227 parados menos, el -4,98% de bajada en doce meses.

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que anotó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril en España hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

El paro registrado en abril de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior, con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza, y Castilla y León con el quinto mayor recorte en dato absoluto.

Provincias

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad, sobre todo en Palencia (-5,38%). En Ávila el desempleo bajó un 2,19% respecto a marzo, en Burgos el 3,84%, en León el 3,09%, en Salamanca un 4,37%, en Segovia el 3,53%, en Soria un 0,83%, con un 2,71% en Valladolid y el 1,20% de recorte en Zamora.

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, subieron en todas las provincias, entre el 0,89% de Ávila y 0,16% de Valladolid, con un 0,80% en León, 0,69% en Palencia, 0,66% en Salamanca, 0,65% en Burgos, 0,60% en Zamora, 0,58% en Segovia y el 0,52% en Soria.

El paro bajó en abril en todos los sectores de la comunidad, especialmente en el de servicios (-2.507). En agricultura, Castilla y León anotó 114 parados menos que en marzo, con 211 menos en la industria, 183 en la construcción y 266 menos en el colectivo de sin empleo anterior.

El paro bajó también tanto en los menores de 25 años, con 974 desempleados menos que en marzo, como en las mujeres, con 1.471 inscritas menos en las listas de la comunidad.

En abril se formalizaron 50.170 contratos en la comunidad, que suponen 3.412 menos que en marzo, con un recorte del 6,37%, frente al -4,03 nacional; con 815 contratos más que hace un año, el 1,65%, también por debajo del 10,31% de aumento del conjunto autonómico. De esos contratos, 17.522 fueron indefinidos, 2.708 menos que en marzo y 566 más que hace doce meses.

De los más de 99.000 parados que tiene la comunidad a final de abril recibieron alguna prestación, en este caso con datos de marzo, un total de 56.294, de ellas 38.906 prestaciones contributivas, 17.351 subsidios y 37 rentas activas de inserción.

Cientos de personas han salido este jueves a las calles de León con motivo del Primero de Mayo en una manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos bajo el eslogan “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

La movilización, encabezada por los líderes sindicales provinciales Enrique Reguero (UGT) y Elena Blasco (CCOO), ha reunido a trabajadores, colectivos sociales, políticos y ciudadanos en una jornada marcada por el tono reivindicativo. Bajo el lema centrado en la defensa de la democracia y los derechos sociales, los participantes han coreado consignas en favor de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos. También han realizado una defensa del proceso de regularización de inmigrantes establecido por el Gobierno y han recordado el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas por realizar una acción sindical en Asturias.

Blasco ha lamentado “el rearme de la extrema derecha que se está dando en el ámbito europeo, en el ámbito nacional, en el ámbito de esta comunidad autónoma, y por consiguiente, también en esta provincia, en el que es un gobierno de retrocesos, de abandono de todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora y que limitan y mucho de una manera catastrófica el poder desarrollar políticas sociales y políticas públicas”.

Reguero ha recordado que “estamos viendo que estamos siendo como León seguimos siendo de las peores provincias de España en casi todos los indicadores socioeconómicos”. Por ello ha exigido a la Junta de Castilla y León que convoque la reuniónd de un mesa para León prometida hace un año “para empezar a desbloquear un convenio de inversiones y de futuro para nuestra tierra”. “Están más pendientes de quién van a ocupar los sillones en ahora mismo en las Cortes de Castilla y León”, reprochó para “animar a la ciudadanía leonesa a luchar a salir a las calles y a reivindicar un futuro para nuestra tierra que yo creo que tiene que tiene que ir en esa línea”.

La celebración del Día del Trabajo en la capital leonesa ha congregado a un buen número de políticos como el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la número 2 del PSOE autonómico, Nuria Rubio; el alcalde de León, José Antonio Diez o la lideresa de UPL, Alicia Gallego, entre otros.

El contexto económico y político ha centrado buena parte de los discursos de la jornada, en los que se ha apelado a la movilización social como vía para frenar desigualdades y consolidar avances, más ante el previsible pacto de gobierno de Castilla y León entre PP y Vox que se espera para después de las elecciones andaluzar. CCOO y UGT han reivindicado, una vez más, el papel del movimiento sindical en la defensa del Estado del bienestar y han llamado a mantener la presión social.

La huelga de médicos en Castilla y León ha finalizado este 30 de abril con un alto seguimiento en León, la provincia de la Comunidad donde más se ha secundado este paro laboral contra el estatuto marco. Durante esta última jornada de huelga, iniciada el pasado 27 de abril, el 31% de los profesionales sanitarios de la provincia leonesa han participado en la huelga.

El paro convocado hoy, jueves 30, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos (en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo estatuto marco) ha tenido un seguimiento medio del 21,59 % en Castilla y León, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. 

Además, durante este jueves en la provincia de León se han suspendido un total de 2.243 consultas de medicina familiar y pedriatría del turno de mañana: 1.732 en el área de salud de León y 511 en la de El Bierzo.

De la misma manera, en toda Castilla y León se han cancelado un total de 236 intervenciones quirúrgicas, 585 pruebas diagnósticas y 4.205 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad (ver pdf adjunto con datos provincializados). 

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado una nueva manifestación en la ciudad de León con motivo del Día del Trabajo, el próximo viernes 1 de mayo. Este año, los sindicatos quieren poner el foco de sus reivindicaciones en los salarios, el acceso a la vivienda y la protección de la democracia. Como novedad, la manifestación este año finalizará en la plaza de San Marcelo.

La manifestación, que este año modifica su recorrido, partirá a las 12 horas del viernes 1 de enero de Gran Vía de San Marcos, continuará por la Plaza de la Inmaculada, Avenida Roma, Plaza de Guzmá, avenida Ordoño II hasta Santo Domingo y, una vez allí, recorrerá la avenida Independencia, la calle Arco de Ánimas y finalizará en la Plaza de San Marcelo.

“Este primero de mayo es clave porque está en juego la propia democracia”, ha asegurado la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco, quien ha alertado de que el clima bélico de la actualidad internacional está generando un debate sobre los derechos funcamentales. “No es una cuestión de una deriva política sino de un conjunto de actuaciones destinadas a crear que los individuos entre en conflicto unos con otros”, advierte Blasco.

CCOO ha recordado que para que una democracia sea real es necesario que los ciudadanos sean capaces de “generar un proyecto de vida real”. Blasco ha recordado que en la provincia el salario medio es un 8% más bajo que la media nacional y que la vivienda “desgraciadamente, se ha convertido en un artículo de lujo”.

Por su parte, el secretario general de UGT de León, Enrique Reguero ha recordado que este 1 de mayo las reivindicaciones tienen que estar protagonizadas por una reivindicación de la paz y una defensa de los derechos sociales conquistados hasta ahora: “Lo colectivo tiene que ganar a lo individual y tenemos que defender lo conquistado hasta ahora”, ha reclamado.

En alerta ante un pacto de Gobierno autonómico entre la derecha y la extrema derecha

Ambas fuerzas sindicales han resaltado la importancia de salvaguardar los derechos de los colectivos más vulnerables, como son los migrantes, que en la actualidad está en riesgo tras las propuestas y los pactos de Gobierno que citan el concepto de 'prioridad nacional' en Aragón y Extremadura.

Sobre el posible pacto en la Junta de Castilla y León entre PP y Vox, que ya sería el segundo entre ambas siglas políticas. Ante esta opción, Blasco advierte: “No los consideramos una opción de gobierno viable para la clase trabajadora”, al considerarlos gobiernos que “dinamitan los derechos laborales y sociales, que dificultan las políticas públicas, que niegan la violencia de género, que pretenden seguir explotando al diferente y que sin lugar a dudas atacan a las organizaciones sindicales, quieren llevarlas directamente a la clandestinidad”, aludiendo a la ruptura del diálogo social que tuvo lugar durante la anterior legislatura entre PP y Vox.

Ante la incertidumbre, CCOO ha asegurado que es consciente de que el diálogo social está en riesgo, así como la regularización de migrantes: “No olvidemos que necesitamos a la población extranjera y que tenga reconocidos sus derechos y, por tanto, sus obligaciones económicas”, argumenta Blasco.

“Pienso que quieren ir más allá de lo pactado en Extremadura y Aragón”, ha advertido Reguero. “Somos organizaciones suficientemente estructuradas para resistir y seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora con o sin recortes”.

Ambos secretarios generales han asegurado que se encuentran trabajando en laúltima regularización de migrantes en León, “frente al odio que promueve la extrema derecha a todos los colectivos vulnerables”, ha apostillado Reguero.