La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y la Guardia Civil han detectado diversas irregularidades laborales durante varias inspecciones realizadas en empresas de los municipios leoneses de Chozas de Abajo y Sariegos, que han dado lugar al levantamiento de actas y a la correspondiente tramitación de denuncias administrativas.

Según ha informado este martes la Comandancia de León de la Guardia Civil, los controles fueron llevados a cabo por efectivos del Puesto Principal de Armunia en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las actuaciones programadas para combatir la economía irregular y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral.

Las inspecciones se desarrollaron en distintos centros de trabajo ubicados en los términos municipales de Chozas de Abajo y Sariegos, donde los agentes y los inspectores comprobaron las condiciones laborales de los trabajadores y la situación de las empresas inspeccionadas.

Durante el dispositivo se levantaron varias actas relacionadas con situaciones laborales detectadas en diferentes trabajadores y compañías, además de formularse las denuncias administrativas correspondientes tanto en materia laboral como en otros ámbitos vinculados a la actuación inspectora.

La Guardia Civil no ha precisado el número de empresas controladas ni la naturaleza concreta de las infracciones observadas.

La actuación forma parte de las competencias que la Inspección de Trabajo desarrolla para la detección de posibles situaciones de economía irregular, una línea de actuación que persigue aflorar empleo no declarado y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y de las obligaciones empresariales.

La provincia de León cerró el segundo trimestre del año con 17.700 parados, 1.100 más (un 6,6%) que los 16.600 registrados durante el primer trimestre, según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicados este martes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). La comparativa interanual sí resulta favorable dado que a estas alturas de 2025 hasta 18.000 leoneses buscaban un empleo, lo que representa en este caso un descenso del 1,6%.

El dato provincial contrasta con la media autonómica. Y es que Castilla y León redujo un 5,5% el número de desempleados en el segundo trimestre del año, con 5.700 parados menos con respecto al trimestre anterior, lo que deja la cifra total en 96.700 desempleados, y suma 28.500 ocupados, hasta alcanzar el 1.058.700, con una tasa de paro del 8,37%, por debajo de la media nacional y la novena más baja del conjunto autonómico.

En el conjunto del país, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87 %).

Por lo que respecta a León, la tasa de paro aumentó en términos intertrimestrales al pasar del 8,46% del primero al 8,84% del segundo. La evolución volvió a invertirse en la comparativa interanual, al ser inferior al 9,18% de 2025 a estas alturas.

El número de personas ocupadas sí crece en la provincia de León: son a estas alturas del año 182.100 (179.200 en el primer trimestre y 177.800 del segundo trimestre de 2025). Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025).

Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025). Por su parte, la tasa de actividad está en un 49,89%, más que el 49,28% del trimestre anterior y que el 49,48% de hace un año.

El principal porcentaje de leoneses activos en el segundo trimestre del año se concentran en el sector servicios, concretamente un 73,1%. Le sigue industria, que acumula un 10,6% de los leoneses, mientras que el 6,1% corresponde a la construcción y un 5,4% a la agricultura.

Una nueva aplicación, ya operativa, da a los usuarios del espacio del coworking ubicado en Caboalles de Arriba una mayor agilidad para sus solicitudes de uso y acceso al servicio gratuito que el se oferta en el edificio.

Para acceder al servicio se puede hacer a través de la web municipal www.aytovillablino.com o de forma directa en el enlace villablinoreservas.ovtspain.es

Con este nuevo servicio que se completará en la próxima semana con la instalación en el centro coworking de una cerradura inteligente, para coordinar con el sistema y eliminar la apertura manual que se tenía que hacer hasta ahora, desde su apertura en el año 2022.

El Ayuntamiento de Villablino da un paso más en su compromiso con la digitalización, la modernización de los servicios públicos y el apoyo al emprendimiento con el lanzamiento de la nueva web de reservas para el centro de coworking.

“Esta nueva plataforma digital surge con el objetivo de facilitar el acceso a un espacio de trabajo moderno, equipado e ideal para trabajadores independientes, emprendedores, empresas y nómadas digitales que buscan un entorno colaborativo y funcional en el municipio”.

A través de esta herramienta, los usuarios podrán consultar la disponibilidad de espacios, conocer los servicios que ofrece la instalación y gestionar sus reservas de forma autónoma, cómoda e interactiva.

Según detallan en la nota de prensa distribuida por la institución municipal, buscan “ofrecer las máximas facilidades a los vecinos y a los profesionales que eligen nuestro municipio para desarrollar su actividad. Este espacio de coworking en Caboalles de Arriba, sumado a la gestión digital de sus reservas, nos posiciona como un entorno adaptado a las nuevas necesidades del mercado laboral y la fijación de población”.

La ampliación del polígono industrial 'El Páramo' da un paso decisivo después de años de retrasos administrativos. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la Orden AGR/667/2026, de 16 de julio, por la que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental formula el informe ambiental estratégico favorable para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa María del Páramo, concluyendo que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no necesitará someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

La resolución supone un importante avance para una actuación largamente reivindicada por el Ayuntamiento paramés y que permanecía bloqueada desde hace años por la necesidad de obtener distintos informes. El Consistorio aprobó el pasado mes de marzo el inicio del expediente de modificación urbanística para impulsar la ampliación del polígono, cuyo suelo industrial se encuentra prácticamente agotado, iniciando de forma simultánea la redacción del plan parcial y del proyecto de urbanización para tratar de acortar los plazos.

La modificación urbanística permitirá recalificar los terrenos colindantes al actual polígono, que pasarán de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria a Suelo Urbanizable de Uso Industrial con ordenación detallada. Además, se ordenará el sector industrial U.9 'El Val', se reorganizarán las conexiones con el polígono existente y se reclasificará otra parte del ámbito como Sistema General de Espacios Libres para reforzar la protección ambiental del entorno.

La ampliación contempla incorporar cerca de 187.000 metros cuadrados, unas 18,7 hectáreas, de nuevo suelo industrial, una superficie adquirida por el Ayuntamiento hace varios años con el objetivo de responder a la demanda empresarial y favorecer la implantación de nuevas empresas. El diseño prevé parcelas de gran tamaño, una nueva entrada principal desde la carretera LE-6523, mejoras en la movilidad interior, cerca de 1.800 plazas de aparcamiento, una zona específica para camiones y un carril verde y ciclista de conexión con la circunvalación.

Durante la tramitación ambiental se solicitaron informes a organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General de Carreteras, la Agencia de Protección Civil, los servicios territoriales de Medio Ambiente, Agricultura y Movilidad, la Diputación de León o Ecologistas en Acción. La Confederación concluye que el ámbito no afecta a cauces públicos ni presenta riesgo de inundación, aunque condiciona el desarrollo a ejecutar actuaciones pendientes en la red de saneamiento y al cumplimiento de los requisitos sobre vertidos. Por su parte, el Servicio Territorial de Movilidad plantea estudiar la mejora de la intersección entre la CL-622 y la LE-6523 ante el incremento de tráfico previsto, mientras que Medio Ambiente determina que la actuación no afecta a espacios de la Red Natura 2000, aunque fija condiciones para proteger las vías pecuarias existentes.

Tras analizar todos los informes, la Junta concluye que la modificación urbanística no provocará afecciones ambientales relevantes, no compromete espacios protegidos y sus efectos serán limitados y reversibles. Por ello, el informe ambiental estratégico determina que basta con la evaluación simplificada realizada y que no es preciso continuar con una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se incorporen las condiciones fijadas por los organismos consultados.

La publicación de esta orden supone un cambio de escenario respecto a la situación que denunciaba el Ayuntamiento en los últimos años. En 2023, el Consistorio llegó a criticar el bloqueo de la recalificación de estos terrenos agrícolas, adquiridos en 2019, mientras otros proyectos sobre suelo de similares características, como instalaciones fotovoltaicas, avanzaban con mayor rapidez. Ahora, con el visto bueno ambiental publicado en el Bocyl, la ampliación del polígono supera uno de los trámites más relevantes para hacer realidad un proyecto considerado estratégico para la generación de empleo y el desarrollo económico de Santa María del Páramo y su comarca.

La Fundación Santa Bárbara, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ofertará más de 1.600 plazas de Formación Profesional para el empleo en industrias extractivas durante la presente legislatura, con el objetivo de consolidarse como centro de referencia nacional en este ámbito.

El anuncio lo ha realizado este martes el director general de Energía y Minas, Alberto Castro, durante una visita a las instalaciones de la fundación en la comarca del Bierzo, donde destacó que entre 2020 y 2025 más de 1.100 alumnos participaron en las acciones formativas desarrolladas por la entidad y que más de 850 consiguieron acceder al mercado laboral.

La Junta pretende reforzar la especialización del centro mediante una oferta adaptada a las necesidades actuales del sector extractivo y energético.

Durante la visita, Castro ha conocido además varios proyectos de innovación que desarrolla la fundación, entre ellos La Mina en Vivo, que transformará la antigua escuela mina de Caboalles de Arriba (Villablino) en un centro de turismo industrial financiado por el Fondo de Transición Justa, y GENMIN, que estudia el uso de antiguas explotaciones mineras para almacenar energía mediante aire comprimido, hidrógeno verde o biogás y prevé desarrollar una planta piloto en 2027.

Actualmente la Fundación Santa Bárbara dispone de instalaciones en Folgoso de la Ribera y Torre del Bierzo donde oferta alrededor de 500 plazas de formación al año y desarrolla actividades de investigación, ensayos tecnológicos y formación especializada para industrias extractivas, obra civil y servicios de emergencias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la externalización de puestos de trabajo de servicio en diversos centros educativos de León, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que la Dirección Provincial de Educación está realizando “con la complicidad y beneplácito” del departamento del Gobierno autonómico, según denuncia el sindicato al hilo del último caso que ha detectado, en este caso en el IESO (Instituto de Educación Secundaria Obligatoria) Puente de Domingo Flórez.

Según relata CSIF, la plaza de personal laboral de servicio de este centro berciano ha sido trasladada a otro de Ponferrada (también privatizada previamente), sin que el trabajador afectado que la ocupa en Puente de Domingo Flórez fuera informado con antelación de la decisión. Al mismo tiempo, la administración educativa ha contratado a una empresa para realizar las mismas funciones y tareas. CSIF tacha la situación de “incomprensible e injustificable”. “Carece de toda lógica desplazar una plaza pública existente en la RPT para, posteriormente, recurrir a una empresa privada para cubrir exactamente las mismas necesidades”, señala.

El sindicato independiente avisa de que no se trata de un hecho aislado. Y es que asegura que la contratación de empresas privadas para atender las funciones propias del personal de servicio ya se ha implantado en otros centros educativos de la provincia, entre los que cita a los IES Virgen de la Encina y Gil y Carrasco, Escuela de Adultos Ramón Carnicer y Centro Integrado de Formación Profesional, todos en Ponferrada; el IES Álvaro Yáñez de Bembibre; o el Centro Tecnológico Ciudad de León, el Conservatorio Santos Ovejero o Escuela de Adultos Faustina Álvarez, estos tres últimos en la capital leonesa.

CSIF considera que esta sucesión de casos evidencia “una estrategia de externalización planificada” que “supone un perjuicio para el empleo público, favorece la precarización laboral y debilita la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León”. Además, recuerda que las plazas incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo “deben ser desempeñadas por personal laboral de la Administración y no sustituidas por contratos con empresas privadas”.

Así las cosas, CSIF exige a la Consejería de Educación la inmediata cobertura de la plaza de servicio del IESO de Puente Domingo de Flórez con personal laboral de la Junta, dejando sin efecto cualquier medida que implique su sustitución por una empresa privada. Asimismo, exige la recuperación de los otros puestos de esa categoría que se han externalizado con por empleados públicos. El sindicato reclama que se termine con la política de externalización de funciones propias del personal laboral, así como un compromiso firme de la Junta “con la defensa del empleo público, el respeto a sus plantillas y la garantía de un servicio público de calidad para toda la comunidad educativa”.

De la soledad reflexiva de mi anterior buhardilla salió una crítica hacia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, por la descalificación insultante hacia el padre de un adversario, convertido, por la violencia dialéctica del hemiciclo, en enemigo a abatir. Ya dije lo que tenía que decir. Me hubiera gustado cambiar el paso en los comentarios respecto al personaje que salen de esta nueva buhardilla de mi ático pensante.

Pero ha vuelto a la carga. Ahora, con la ofensa a la razón que es inherente a las políticas de protección a los más desfavorecidos. Marca indeleble de su partido y de sus nuevas/viejas amistades peligrosas es que el desafortunado lo es porque quiere serlo. Para ellos, el azar es cuestión de voluntarismo. Cómo se nota que él y sus conmilitones viven con el riñón bien resguardado en buena parte por el dinero del contribuyente. Recordemos que las pensiones y demás bicocas recolectadas tras su actividad no son fruslerías, por cierto, sufragadas por la hucha colectiva.

Núñez Feijoó ha anunciado que en su futuro gobierno, que las encuestas y él dan por hecho, los trabajadores con baja por enfermedad no cobrarán su sueldo mensual completo. Tiene la varita mágica contra el absentismo y la enarbola con orgullo confundido en soberbia ¿Quién o qué le ha inducido a identificar vagancia y picaresca con pérdida de salud? Solo alguien con inusitado desconcierto por chirridos de motosierras lejanas puede sacar de su magín propuestas como esta. ¿Alguien puede creer que un trabajador aquejado de enfermedad con peligro evidente de muerte o incapacidad permanente, se sienta feliz por no ir a trabajar? Este líder tiene las papeletas para ser el árbitro de derechos y obligaciones ciudadanas. Tiritona produce.

No hay un mínimo de piedad hacia personas que se han dejado en el camino profesional el bien más preciado de la existencia: la salud. A la angustia de perderla, con intervención, siempre, de los caprichos del destino, nunca por la especulación del escaqueo, Feijoó, por arte de su incontinente estado de sospecha hacia lo que escape al control de la matemática lucrativa empresarial, añade el sadismo del sufrimiento de pérdida de poder adquisitivo a enfermos, que, salvo disfunciones psíquicas que escapan a la lógica, quieren serlo para no ir a la oficina.

De un plumazo, el líder de la oposición, empalagado en la justicia y legitimidad providencial e inapelable de su casta por ocupar los palacios y sillones presidenciales, ha cuestionado los mecanismos de los sistemas de control de la salud laboral de la Seguridad Social y de las mutualidades profesionales, gestionados por profesionales competentes que tienen la atribución, se supone, como el valor en la mili, de visar las bajas de actividad con criterios objetivos. Lo hace con el aspersor de la desconfianza a todo y por todo, que entiende como inagotable captación de votos.

Los trabajadores de la política

Y esto sale de boca de un trabajador, sí, porque un político es un trabajador, incluso con la aureola institucional que otorga el liderazgo de la oposición que, en la prestación de ese trabajo en su foro, el Parlamento y el escaño, el ciudadano lo ve batiendo el cobre de higos a brevas. ¿Cuánto se van a descontar de su sueldo parlamentario, él y otras señorías, por sus ausencias? Ese no estar en el puesto, bajo su parámetro, es también ¿absentismo?

He sido testigo de la vida parlamentaria, de plenos vacíos que se llenaban a la hora de votar. Nadie asoció esa mecánica a absentismos. Aquellos debates eran cosa de unos pocos expertos en las distintas materias legislativas, mientras la masa de los grupos parlamentarios operaba en sus despachos en diferentes comisiones o trabajos. ¿Si es exigible la comprensión para esa operatividad, por qué el señor Feijoó la pone en entredicho en la cotidianidad de los españoles?

He aquí un apóstol del ver para creer. Si no vas a trabajar es porque eres un vago, en única clave de silogismo. Flotando queda la cortedad de miras de un razonamiento en estado de permanente sospecha para todo lo que implique un atisbo de justicia social. Si no sabe expresarse desde la prédica, pavor da cuando toque oírlo desde las dádivas del trigo con esta y otras tarjetas de presentación.

Alberto Núñez Feijoó derrapa con frecuencia en su dialéctica. Ello obedece a un discurso obsesionado con el monotema de doble vía entre la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria anticipada de elecciones. Empezó la legislatura con un sublime error de concepto, con una mentira de autoconsuelo por una victoria sin los laureles del poder. Pedro Sánchez era un usurpador. Olvidó, o no quiso saber, que las elecciones generales en España son al poder Legislativo y no al Ejecutivo, y es aquél el que designa al cabeza de gobierno. A su Leviatán le salieron las cuentas; a él, no. Ha sido incapaz de asimilarlo.

No ha dejado de ser, desde entonces, un político atenazado por una trola que ha transformado en axioma. Solo un verbo: dimitir. Así, tres años. Cuando cambia el paso, aparece la cortedad argumental. Falta de entrenamiento en el debate imaginativo y la consecuencia inmediata: agujetas mentales.

El Consejo Comarcal del Bierzo, CCOO, UGT y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) han firmado este lunes el primer acuerdo del Diálogo Social de la institución berciana, un documento con el que las cuatro partes se comprometen a reforzar las políticas de empleo, formación y atención a la ciudadanía mediante una estrategia conjunta que se desarrollará hasta 2029.

El acuerdo contempla una aportación mínima anual de 650.000 euros por parte del Consejo Comarcal para mantener y potenciar los servicios vinculados al empleo y la inclusión laboral. Entre ellos figuran la Agencia de Colocación, el Programa Alba, el servicio de homologación de títulos y distintos programas sociales.

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, destacó que el documento es fruto de meses de trabajo entre las administraciones, los sindicatos y la patronal y aseguró que nace con la vocación de “favorecer a los bercianos y generar empleo”.

Por su parte, la consejera comarcal de Formación y Empleo, Laura Fernández, explicó que el objetivo pasa por “mantener y reforzar servicios” y mejorar la coordinación entre las distintas entidades para facilitar el acceso de los ciudadanos a todos los recursos disponibles.

Desde CCOO, su secretario general en el Bierzo, Roberto Echegaray, definió el acuerdo como “una especie de gestión circular” que permitirá compartir recursos para mejorar la formación y favorecer la inserción laboral de los bercianos.

En la misma línea, el responsable de UGT en la comarca, Omar Rodríguez, defendió el papel de sindicatos y empresarios para detectar las necesidades del mercado laboral y sostuvo que el diálogo social contribuirá a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del Bierzo. “Todos estamos preocupados porque esta comarca crezca y se desarrolle. Somos los que mejor sabemos lo que hace falta”, afirmó.

El presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, aseguró por su parte que “la comarca debe avanzar” y confió en que este acuerdo contribuya a impulsar ese objetivo.

Las partes volverán a reunirse el próximo mes de octubre para analizar las necesidades del mercado laboral berciano y definir nuevas actuaciones en el marco del Diálogo Social.

Comisiones Obreras ha mostrado este jueves su rechazo frontal al Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional presentado por la Universidad de León, una herramienta que, según denuncia el sindicato, “incluye empeoramiento de condiciones laborales y salariales, además del riesgo de cierre y fusión de grados”.

CCOO sostiene que este documento no propiciará una estrategia de modernización de la ULE sino que se convertirá en “un plan de recortes encubierto” derivado “fundamentalmente” de “la asfixia económica y la infrafinanciación crónica de la Junta de Castilla y León a la universidad pública”.

Así las cosas, el sindicato considera “de especial gravedad” medidas incluidas en el plan y que suponen, según denuncia, “un empeoramiento de las condiciones laborales, incluyendo la congelación del pago de algunos complementos salariales” a determinado tipo de personal. “Se llega incluso a considerar”, añade, “un problema económico la ejecución de sentencias judiciales por incumplimiento de derechos laborales”. Y apunta que se sugiera una modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) hasta apurar “al máximo” los plazos de contratación, con “amortización de plazas” y con “categorías profesionales cada vez más flexibles y multitarea sometidas a movilidad interna”.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza en León y su Sección Sindical en la ULE también denuncian que el plan asume la posibilidad de eliminación y fusión de títulos de grado“, algo que atribuyen a ”criterios economicistas“ al ampararse en el volumen de matriculación, y advierten de que se abra la puerta a ”estudios propios autofinanciables·“ de participación privada o con tasas de matrícula ”elitistas“.

“No vamos a avalar ningún recorte laboral, ninguna pérdida de derechos, ningún empeoramiento de las condiciones laborales ni ninguna eliminación de grados”, señala CCOO, que acusa a la rectora, Nuria González, de estar “actuando como paragolpes de la Junta” hasta descargar “el problema económico sobre los trabajadores y las trabajadoras”. Y es que considera que se trata de “una complicidad que se recoge en el propio Plan, donde no existe ninguna estrategia ni medidas concretas para exigir a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones, limitándose únicamente a ”solicitar, pedir o abrir cauces de diálogo“ con absoluta tibieza”, lo que “contrasta con la dureza y contundencia de algunas de las medidas impuestas” al personal.

En este escenario, el sindicato emplaza a la rectora a convocar de urgencia el Consejo de Universidades de Castilla y León y liderar la exigencia a la Junta del “cumplimiento de sus obligaciones financieras” sin descartar la vía judicial. Pero “el equipo rectoral prefiere recortar los derechos de sus trabajadores y su propia calidad académica antes que generar fricciones con el Gobierno autonómico”, entiende Comisiones al citar singularmente la creación de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, encabezada por el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y recibida con buenas palabras por Nuria González.

El Ayuntamiento de Villablino necesita cubrir dos plazas: una de coordinador y otra de monitor de jardinería para un periodo de seis meses, con el fin de gestionar en taller de formación y empleo denominado Mantenimiento de zonas verdes, Facendera 2025.

Para ello, ha presentado una oferta genérica de aspirantes idóneos al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Sepe) con la finalidad que le remita todos los demandantes de empleo inscritos en el municipio que reúnan los perfiles requeridos. Y en el caso de que no haya candidatos inscritos en esta oficina, solicita ampliar la zona de búsqueda.

El objetivo es cubrir con esos recursos un programa de formación y empleo, que se ejecuta con una subvención del Sepe de 85.934,52 euros y una duración de seis meses. La ayuda fue confirmada por el presidente del organismo estatal a finales del pasado mes de junio al resolver favorablemente un recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento contra la resolución de 26 de diciembre último de la gerencia provincial del SEPE, que había denegado inicialmente la solicitud municipal de Villablino.

La ayuda mediante la cual se va a poder poner en marcha el taller de formación y empleo, abierto para seis desempleados del municipio, está financiada dentro del programa público mixto de empleo y formación en Castilla y León 2025–2026.

León ahonda en la reducción del paro. Si la bajada fue en 372 personas en mayo hasta caer por debajo de la barrera de los 20.000 por primera vez en ese mes desde la crisis de 2008, el descenso fue todavía mayor en junio, en 568 inscritos (un -2,86%, superior al -1,24% del total de España) hasta dejar la estadística en 19.259. Son 438 menos (un -2,22%) que a la misma altura de 2025, según datos publicados este jueves por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El sector servicios volvió a ser el catalizador de este buen dato.

Por sectores, el desempleo bajó de forma casi generalizada. Lo hizo especialmente en los servicios (-618, de 14.123 a 13.505) y, de forma más moderada, en la industria (-43, de 1.680 a 1.637) y la construcción (-14, de 1.234 a 1.220). Por el contrario, subió, aunque de forma anecdótica, en la agricultura (3, de 667 a 670), y en la estadística del colectivo sin empleo anterior (104, de 2.123 a 2.227).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.423 mujeres desempleadas frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (745 hombres frente a 642 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (624 hombres por 750 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.908 por 2.977) y a partir de los 45 años (4.559 por 7.054).

Castilla y León

Castilla y León restó en junio 2.895 parados, el tercer mayor recorte autonómico, que deja en 94.260 los desempleados en esa comunidad, un 2,98% menos que en mayo, frente al -1,24% nacional; y sumó 9.641 cotizantes a la Seguridad Social y sigue por encima del millón de afiliados con 1.016.019.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este jueves los datos de paro y afiliación de junio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 2.577 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -2,66%, ligeramente por debajo del -4,74% nacional.

En comparativa anual, Castilla y León cerró junio con 17.279 cotizantes más que hace un año, el 1,73% más, por debajo del 2,77 nacional.

En España marcó en junio un nuevo récord de empleo, tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo ha señalado este jueves que el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Se) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

El paro registrado en junio bajó en 11 Comunidades Autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-11.597 personas), Galicia (-3.587 personas) y Castilla y León (-2.895).

Y subió en las otras seis, encabezadas por Región de Murcia (739), País Vasco (479) e Illes Balears (100).      

En términos mensuales, el paro descendió en junio en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-4,40%), Burgos (-1,67%), León (-2,86%), Palencia (-3,34%), Salamanca (-3,25%), Segovia (-4,34%), Soria (-7,37%), Valladolid (-1,11%) y Zamora (-5,71%).

Respecto a junio del 2025, el número de parados disminuyó en Ávila (-2,79%), Burgos (-2,29%), León (-2,22%), Palencia (-2,24%), Salamanca (-4,76%), Segovia (-3,84%), Valladolid (-2,13%) y Zamora (-2,82%) y aumentó en Soria (2,91%).

El desempleo bajó respecto a mayo en todos los sectores menos el de sin empleo anterior, que sumó 696 parados más.

Y fue el sector Servicios el que capitalizó el descenso del paro en la comunidad el pasado mes, con 3.176 parados menos que en mayo; con 126 desempleados menos en Agricultura, 262 en la Industria y 27 menos en la Construcción.

De esos 2.895 parados menos en la comunidad, 871 fueron hombres y 2.024 mujeres, el 2,26 y 3,45% de recorte respecto al mes anterior, que deja en 37.616 los desempleados en la comunidad y en 56.644 las desempleadas.

Y, los parados de menos de 25 años eran al final de junio 7.303 en Castilla y León, 21 menos que el mes anterior y 181 menos que hace un año.

En cuanto a la contratación, Castilla y León registró 71.904 contratos en junio, 18.445 y un 34,5% más que en mayo; con 1.109 contratos más que hace un año y un repunte del 1,57%.

El dato mensual es mejor que el 24,60 de media nacional, mientras que el anual es inferior al 10,20 de mejora del conjunto autonómico.

De esos contratos, 24.094 fueron indefinidos, 4.540 y un 23,22% más que en mayo (19,54% nacional), y 943 y un 4,07% más que hace un año (16,36%). Y de esos contratos, 19.823 fueron a extranjeros, 3.970 mas que el mes anterior y 3.146 más que hace un año.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de mayo, fueron 69.216 en Castilla y León, de ellas 34.868 prestaciones contributivas, con 34.320 subsidios y 28 rentas activas de inserción.

Palacios del Sil reinaugura su remozado camping municipal con nueva adjudicataria, en esta ocasión es de nuevo una mujer joven quien asume la gestión de la instalación turística que ya ha recibido reconocimientos por su calidad.

Después de la finalización de la gestión de la anterior adjudicataria, Helena González, una joven mujer de Villablino, ahora es Beatriz Valcarcel, otra joven mujer, rural y emprendedora, residente en el propio municipio, quien asume esta nueva aventura empresarial: “Con muchas ganas e ilusión”.

Esta es su primera incursión en este mundo del turismo activo y la hostelería, sin embargo, Beatriz tiene confianza “en poder sacar adelante la empresa”. Y su apuesta por esta nueva faceta empresarial confirma que la percibe “con riesgo y no como una temeridad”. De momento arrancan cuatro trabajadores fijos para la atención de la instalación.

El Ayuntamiento ha implementado el complejo con un sistema de calefacción y unos baños nuevos para el edificio del bar y comedor, que les permita solicitar y obtener licencia de restaurante. La gestión empresarial tiene además el propósito de ir introduciendo nuevas inversiones y mejoras en el complejo. 

Otra de las novedades es el cambio de nombre, que pasa a llamarse Camping Las Molineras, recuperando el nombre de un paraje muy próximo y presente, ya que cualquier mirada desde el camping dirigida hacia el sur va a disfrutar del paraje de Las Molineras, al otro lado de cauce y la playa fluvial del río Sil.

Para esta reapertura de las instalaciones en Palacios del Sil programaron una tarde de puertas abiertas invitando a vecinos y forasteros a disfrutar de un coctel de bienvenida, acompañados de buena música, para sentir las sensaciones agradables de un bonito atardecer en la naturaleza.

Una excelente ocasión para acercarse hasta la localidad palaciega y conocer de cerca todo lo que el pueblo y su entorno ofrece a los lugareños y visitantes.  

Una tarde serena y apacible en el exterior de las instalaciones como se puede comprobar en el breve video que han colgado en su Instagram de esa jornada de reapertura. Unas instalaciones que cuentan con áreas de acampada, camper y merenderos, además de 5 cabañas dotadas con todos los servicios, café- restaurante y una amplia terraza. Una nueva oferta turística para esta pequeña localidad del alto Sil.

Laciana volvió a movilizarse este miércoles en una de las protestas más amplias y unitarias de los últimos años. La comarca ha llevado a cabo un paro general de tres horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas, para denunciar lo que considera décadas de abandono institucional y reclamar medidas urgentes que permitan garantizar su futuro.

La movilización estuvo impulsada por el denominado Frente Común de Laciana, una plataforma que agrupa a los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Villablino, junto a los sindicatos UGT, CCOO y USO, y que en los últimos meses ha ido sumando el respaldo de colectivos sociales, empresarios, asociaciones y representantes del ámbito educativo.

La concentración arrancó a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Villablino y recorrió varias calles de la capital lacianiega antes de regresar al Consistorio, donde estudiantes de los centros de educación secundaria de la comarca leyeron un manifiesto en nombre de los participantes.

Los convocantes consideran que Laciana atraviesa un momento “decisivo” y sostienen que la situación actual es consecuencia de años de promesas incumplidas, planes de reactivación fallidos y falta de compromiso por parte de las administraciones públicas. En el manifiesto que se leyó al término de la marcha denunciaron que, tras el cierre de la minería, las alternativas prometidas nunca llegaron a generar el empleo ni la actividad económica necesarios para sustituir el peso que tuvo históricamente este sector.

La plataforma asegura que la comarca sufre una pérdida constante de población, servicios y oportunidades laborales, una situación que atribuye tanto al fracaso de los sucesivos planes de reactivación como a la falta de inversiones efectivas. “Laciana no puede seguir siendo una tierra olvidada”, sostienen los convocantes, que reclaman una respuesta coordinada de todas las administraciones.

Entre las principales reivindicaciones figuran la puesta en marcha de un plan específico para Laciana, la llegada de nuevos proyectos industriales compatibles con el entorno, mejores infraestructuras, comunicaciones modernas, incentivos para empresas y autónomos, vivienda, empleo y servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia o la formación profesional.

Los impulsores de la movilización también reclaman medidas concretas contra la despoblación y el envejecimiento de la comarca, advirtiendo de que la falta de oportunidades continúa obligando a marcharse a buena parte de la población joven. “Sin oportunidades, los jóvenes nos vamos, y sin juventud no hay relevo generacional”, recoge el manifiesto.

El Frente Común considera que las administraciones mantienen una “deuda histórica” con Laciana y advierte de que la protesta de este miércoles será solo el inicio de nuevas acciones si no llegan respuestas. “No vamos a aceptar más engaños, más abandono, más silencios ni más excusas”, señalan.

La movilización pretende convertirse en un nuevo hito reivindicativo para una comarca marcada durante décadas por las luchas vinculadas a la minería y que ahora busca abrir una nueva etapa centrada en la reactivación económica y la fijación de población. “Laciana sigue viva”, zanjaron.

El paro registrado volvió a bajar en mayo en la provincia de León y dejó una de las cifras más significativas de los últimos años: 19.827 personas inscritas en las oficinas de empleo. Es la primera vez desde antes de la crisis económica de 2008 que la provincia se sitúa por debajo de los 20.000 desempleados en un mes de mayo, según ha destacado la Subdelegación del Gobierno.

En comparación con abril, el paro descendió en 372 personas, un 1,84% menos. La evolución también fue positiva en términos interanuales, con 1.011 desempleados menos que en mayo del año pasado, lo que supone una caída del 4,85%.

Por sectores, el mayor descenso se produjo en los servicios, con 374 parados menos, coincidiendo con el inicio de la temporada turística y el aumento de la actividad vinculada a la hostelería y el comercio. También bajó el desempleo en la industria (-21), la construcción (-7) y la agricultura (-5). El único aumento se registró en el colectivo sin empleo anterior, con 35 personas más.

Pese a la bajada general, los servicios siguen concentrando la mayor parte del paro en la provincia, con 14.123 desempleados. Le siguen el colectivo sin empleo anterior, con 2.123; la industria, con 1.680; la construcción, con 1.234; y la agricultura, con 667.

Por sexos, las mujeres continúan siendo mayoría entre las personas desempleadas. De los 19.827 parados registrados en León, 11.812 son mujeres y 8.015 hombres. La brecha se aprecia especialmente entre los mayores de 45 años, con 7.294 mujeres desempleadas frente a 4.717 hombres.

La contratación también creció durante mayo. En la provincia se firmaron 8.234 contratos, 504 más que en abril, lo que supone un aumento mensual del 6,52%. De ellos, 3.218 fueron indefinidos, el 39,1% del total.

En materia de protección social, 14.060 personas percibieron prestaciones por desempleo en la provincia, con un gasto total de 15,95 millones de euros. La cuantía media de la prestación contributiva se situó en 985,4 euros mensuales.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha valorado los datos como “una muestra de la fortaleza del mercado laboral leonés” y ha subrayado que bajar de los 20.000 desempleados en mayo es “un dato especialmente significativo” que refleja una evolución positiva y sostenida.

Castilla y León

En Castilla y León, el paro también bajó en mayo. La Comunidad cerró el mes con 97.155 desempleados, 2.609 menos que en abril, lo que representa un descenso mensual del 2,62%.

En comparación con mayo de 2025, Castilla y León contabiliza 4.522 parados menos, una caída interanual del 4,45%. El desempleo descendió en las nueve provincias.

León continúa siendo la segunda provincia de la Comunidad con más parados registrados, solo por detrás de Valladolid, que suma 20.720. Tras ellas se sitúan Salamanca, con 15.309 desempleados, y Burgos, con 12.372.

España

En el conjunto del país, el paro registrado bajó en mayo en 36.323 personas, un 1,54% menos que en abril, hasta situarse en 2.320.721 desempleados.

Respecto al mismo mes del año anterior, España registra 134.162 parados menos, lo que supone un descenso interanual del 5,47%. El sector servicios volvió a concentrar el mayor volumen de desempleo, con 1.688.001 personas inscritas.

El sindicato CCOO ha denunciado este sábado que las mujeres de Castilla y León son las terceras con salarios más bajos del conjunto del país, por detrás de Murcia y Extremadura, y ha señalado que la brecha salarial en la Comunidad ha crecido hasta el 17,3 por ciento, frente al 16 por ciento de la media estatal.

A través de un comunicado, la organización sindical ha explicado que estos datos son el resultado de comparar la Encuesta de Estructura Salarial de los años 2023 y 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que esta diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres responde a que los salarios de los hombres en Castilla y León han crecido de forma mucho más acusada que los de las mujeres.

En concreto, el salario medio masculino ha aumentado en 1.685,06 euros frente a los 542,40 euros de incremento registrados en el caso de las mujeres y, en este momento, los hombres cobran anualmente de media casi 5.000 euros más que las mujeres.

Si se atiende a la nacionalidad, la brecha salarial entre hombres y mujeres españolas es todavía más elevada que la media, al situarse en el 18,4% (2,5 puntos más que en 2023) y que se debe a que “prácticamente todo el incremento salarial masculino se ha producido entre trabajadores nacionales”.

Según CCOO, las mujeres extranjeras han visto crecer su salario medio respecto a los hombres extranjeros en casi 10 puntos porcentuales y en 5 puntos porcentuales respecto a los hombres españoles.

Asimismo, ha recordado que una parte fundamental de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres se explica por la diferente distribución laboral y la composición del empleo, ya que “las mujeres continúan soportando una inserción laboral en peores condiciones, lo que se traduce en salarios más bajos”.

También ha incidido en que, desde 2022, las mujeres presentan mejores salarios con contratos temporales que con contratos indefinidos que ha atribuido a que la Reforma Laboral incorporó los contratos fijo-discontinuos dentro de la contratación indefinida.

Como consecuencia, tanto a nivel nacional como regional, la brecha salarial en estos contratos se invierte y se sitúa en 6,3 puntos porcentuales negativos.

Sin embargo, en los contratos indefinidos la brecha salarial en Castilla y León ha aumentado hasta el 20,2%, ya que los salarios masculinos han crecido en mayor medida durante el último año.

Por sectores, CCOO ha indicado que las brechas salariales son muy similares en todos los sectores, en torno al 14,5%, aunque ligeramente por encima en el sector servicios.

El sindicato ha advertido de que la brecha continúa ensanchándose porque los salarios medios de los hombres siguen creciendo en mayor proporción que los de las mujeres.

Por tramos de edad, por primera vez la mayor brecha se produce entre las personas menores de 25 años desde que existen registros de estructura salarial, ya que, aunque en esta franja los salarios son los más bajos, el crecimiento del salario de los hombres ha sido muy elevado.

La organización sindical también ha alertado de cómo la brecha salarial en el tramo de 55 y más años crece año tras año, lo que provocará que las futuras pensiones de las mujeres sean más bajas y crezca otra brecha, en este caso, la de las pensiones. 

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves Proyecto Industrial Prioritario (PIP) la nueva planta de fabricación de vidrio que el grupo Tvitec prevé construir en Cubillos del Sil, una iniciativa que contempla una inversión cercana a los 190 millones de euros (el Gobierno de la nación desbloqueó en marzo un préstamo por valor de 120 millones de euros) y la creación de entre 250 y 300 empleos directos.

El portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en una rueda de prensa del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que permitirá agilizar la tramitación administrativa del proyecto al reducir a la mitad los plazos legales de los procedimientos autonómicos.

La nueva planta, impulsada por la empresa Tvitec Float Glass, se ubicará en el Polígono de El Bayo de Cubillos del Sil, en la comarca de El Bierzo, dentro de una Zona de Transición Justa marcada por el cierre de la minería y el desmantelamiento de la central térmica de Compostilla II.

Según la Junta, el proyecto supondrá un “revulsivo económico” para la comarca y para Castilla y León, ya que a los empleos directos se sumarán cerca de un millar de puestos de trabajo indirectos e inducidos vinculados a sectores como la logística, el mantenimiento o la extracción de materias primas.

La planta aspira además a convertirse en la instalación de producción de vidrio “más eficiente del sur de Europa” mediante la incorporación de un horno de fusión híbrido pionero en el continente, capaz de operar con una matriz energética mixta basada en gas natural, oxígeno e hidrógeno verde.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que el uso intensivo de vidrio reciclado permitirá reducir la huella de carbono de la instalación y anticiparse a las futuras exigencias europeas en materia de emisiones para 2030.

La nueva factoría permitirá además al Grupo Tvitec completar toda la cadena de valor de producción del vidrio, desde la arena de sílice hasta el producto final, eliminando dependencia de terceros y reforzando su capacidad exportadora, ya que la compañía comercializa actualmente sus productos en más de 50 países.

La declaración como Proyecto Industrial Prioritario implica además que la Junta pondrá en marcha mecanismos de coordinación para agilizar aquellos trámites que dependan de otras administraciones públicas.

La situación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo suma un nuevo episodio de tensión. La plantilla municipal, formada por unas 300 personas, todavía no ha cobrado este miércoles 27 de mayo la nómina correspondiente al mes de abril, un retraso que ha provocado una sonora protesta de los trabajadores a las puertas del Consistorio.

Funcionarios y personal laboral se concentraron durante la mañana con pancartas, silbatos y gritos de protesta para exigir el pago inmediato de sus salarios después de casi un mes de demora. La movilización obligó incluso a representantes del equipo de Gobierno en minoría de UPL, entre ellos la alcaldesa Ana María Fernádez Caurel, a bajar a la calle para dar explicaciones a los trabajadores.

El malestar en la plantilla es importante porque la situación afecta a la totalidad de los servicios municipales del tercer municipio con más población de la provincia de León. Además, muchos empleados denuncian que el retraso llega en un contexto de creciente desorganización interna y problemas administrativos acumulados desde hace meses.

UPL responsabiliza a Intervención y Tesorería

Tras la protesta, el equipo de Gobierno emitió una nota de prensa en la que pide disculpas por el retraso, aunque al mismo tiempo atribuye la situación a “circunstancias administrativas” relacionadas con el relevo en la Intervención municipal, la habilitación de firmas, un reparo técnico y la necesidad de volver a activar permisos de Tesorería.

El Ayuntamiento sostiene que el decreto y los pagos ya han sido firmados en el banco para completar la tramitación, aunque reconoce que la situación “no es justificable” y lamenta los perjuicios ocasionados a los trabajadores.

Sin embargo, el comunicado municipal ha generado todavía más malestar entre parte de la plantilla y representantes sindicales al considerar que el equipo de Gobierno trata de desplazar la responsabilidad política hacia altos funcionarios municipales, especialmente hacia los departamentos de Intervención y Tesorería.

La situación resulta especialmente delicada porque el mes de mayo está prácticamente finalizado y sigue sin concretarse cuándo se abonará finalmente la nómina pendiente de abril. Tampoco existe por el momento una fecha clara para el pago de la nómina correspondiente a mayo, que debería cobrarse en apenas unos días.

Elsa Arnaiz es de una juventud que espanta y de una inteligencia fuera de lo común. Recuerdo que cuando la conocí, hace ya algunos años, recuperé la esperanza en la humanidad. Ella tal vez no lo sabe, pero yo sí: hacía poco que había vuelto a España y todo me parecía, aún, bastante conservador, anclado en bolas de naftalina y laca en el pelo de mujeres que aún iban a misa los domingos con el abrigo de piel en mi zona. Y ella, que viene de una zona similar, yo de León, ella de Burgos, era, sin embargo, la promesa encarnada de todo lo que podía llegar a ser España si personas como ella llegasen a los lugares donde se toman las decisiones políticas que vertebran nuestra vida cotidiana. Estuvimos cerca de lograrlo, pero no sucedió. Elsa Arnaiz siguió siendo tan brillante como lo era cuando la conocí, o incluso más, porque a su desarrollo profesional e intelectual se le unió otro esencial: fue madre, dos veces. Y por eso, tal vez, un libro como este que ha escrito, ‘Suturar la democracia. Un alegato por lo común’ , tiene tanto sentido: lo escribe para entender, para diagnosticar qué ocurre y proponer salidas posibles y viables. ¿Qué mundo dejamos a los que vienen detrás? O más duro aún, ¿habrá mundo? Ella dice que sí, pero además, dice cómo.

En este libro, que solo puede salir de una cabeza como la de Elsa Arnaiz, donde se procesan datos a la velocidad de la luz y se convierten en pensamientos que atan causa consecuencia con una certeza pasmosa, se arma en tres ejes: el primero es el análisis del estado de la situación, el segundo, el diagnóstico y el tercero, la posibilidad de una cura que tiene una urgencia bestial. Leer este libro es certificar la sospecha que una ya tenía sobre tantas cosas: el hecho de que comunicarnos en red implica un tráfico de datos que cambia diametralmente el tejido político y social en el que hemos vivido hasta ahora, por ejemplo. Que la tristeza, la ansiedad e incluso la apatía no son patrimonio de una loca como yo o tú misma sola en su casa dándole vueltas a la cabecita, sino un malestar social que se disfraza de culpa individualista. Que la precariedad estructural vinculada a los salarios, al tiempo de vida y de trabajo y a las posibilidades de una vivienda digna no son fruto del azar, sino de una economía financiera que nos destruye. Y todo eso, claro, si se observa desde el análisis y el diagnóstico nítido pasa de ser terror a convertirse en esperanza. ¿Por qué? Porque sin identificar el problema nunca hay solución. Es desde el señalamiento preciso que ella hace aquí que podemos atisbar una salida. Y, además, la propone, por cada cuestión, por cada daño: una reparación con ejemplos que va a buscar a la otra punta del mundo si hace falta, como una madre que quiere salvar a sus hijos contra todo pronóstico.

Hay ensayos que se escriben para reflexionar sobre cuestiones abstractas que el ser humano necesita, por supuesto, pero aquí hay algo más: aquí hay una mente pragmática que no llega a los 30 años y nos esta gritando a la cara que debemos golpear el timón y nos dice, además, cómo hacerlo.

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo está sumida en el caos. En un par de meses se cumplirá un año de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León que anuló la convocatoria de la plaza de Subinspector del 2022, el jefe del cuerpo, pero esta todavía está ejecutada solo a medias.

El cuerpo policial permanece descabezado desde el mes de septiembre del año pasado, pero el equipo de Gobierno en minoría de UPL todavía no ha iniciado los trámites para volver a sacar la plaza a concurso. Mientras tanto, crece el descontento. Los agentes, como el resto de funcionarios del tercer Consistorio en número de habitantes de la provincia de León, todavía no han cobrado la nómina del mes de abril, no perciben las horas extra desde noviembre, denuncian falta de medios, tienen una pistola 'desaparecida' desde hace meses y, recientemente, les han robado las cuatro ruedas y el interior de un vehículo del depósito municipal. Pero tampoco se ha aplicado, por el momento, medida de seguridad alguna.

La sentencia del mes de julio del tribunal leonés, que es firme porque no fue recurrida por ninguna de las partes, obligó a cesar al subinspector unos meses después. En paralelo, también exigía al Ayuntamiento de San Andrés a negociar unas nuevas bases para convocar otra vez la plaza y conformar un tribunal evaluador de los aspirantes, pero esta parte sigue sin llevarse a cabo.

Sin subinspector, la normativa obliga al policía de mayor rango a asumir las funciones de jefe de Policía. De los 38 agentes locales de San Andrés, tan solo uno tiene categoría de oficial, pero se ha negado por escrito a desempeñar esas funciones. La solución que ha adoptado la alcaldesa leonesista, Ana María Fernández Caurel, fue designar “temporalmente” a uno de los 37 agentes 'rasos', a pesar de un informe en contra de Secretaría.

Estas dos circunstancias, la demora en ejecutar una sentencia firme que está retrasando cubrir la plaza de subinspector bajo el principio de igualdad y parchear esta falta de mando con la elección 'libre' de un jefe “temporal” con vínculos con UPL que ya lleva ocho meses en el puesto, ponen sobre la mesa un posible recurso ante la Justicia.

Fuentes consultadas por este medio denuncian, además, el retraso reiterado del cobro de las nóminas, por ejemplo a la redacción de esta información todavía no han percibido la nómina del mes de abril, suman ya medio año sin cobrar las horas extra, y, lo que a su juicio es aún peor, una seria falta de medios.

La situación del cuerpo policial de San Andrés tiene además otros elementos que ponen en cuestión su funcionamiento normal. El fin de semana tan solo hay una patrulla de dos agentes para cubrir todo el municipio, y el cuerpo no tiene vehículos con mampara para el traslado de detenidos. Ello ha obligado a que hasta en dos intervenciones, graves, señalan fuentes del cuerpo, tuvieron que recurrir a la Policía Local de León porque estuvieron veinte días sin etilómetro. Además ,desde el año pasado no se están cumpliendo las obligatorias pruebas de tiro, hay problemas con la tramitación de las multas y con el funcionamiento del servicio de grúa, prácticamente inexistente.

Una pistola sustraída

El pasado mes de febrero ocurría un suceso que ha dejado huella en el cuerpo, la 'desaparición' de una pistola de la Policía Local, un hecho grave denunciado y que investigan la Policía Nacional. A fecha actual la pistola no ha aparecido, pese a la investigación en curso con sospechas sobre un miembro del propio cuerpo que habría sustraído el arma del armero municipal, sin que se haya resuelto qué ha hecho con ella.

A los robos de material defensivo se suma otros sucesos como la sustracción de las cuatro ruedas y el interior de un vehículo que permanecía bajo custodia en el depósito municipal. Fuentes consultadas denuncian que pese a todos estos sucesos no se han puesto las medidas preventivas necesarias para evitar que vuelvan a suceder.

ILEÓN preguntó al equipo de Gobierno de UPL de San Andrés del Rabanedo el miércoles sobre todas estas cuestiones, aunque no ha respondido, y solo a algunas de ellas, hasta después de la publicación de la información, este viernes a media mañana.

En primera instancia, reconocen que los funcionarios no han cobrado todavía la nómina de abril, si bien el argumento es que es “debido a cuestiones administrativas y técnicas, no por falta de voluntad política ni por problemas económicos”. Sin entrar a cuáles son esas cuestiones 'administrativas y técnicas', añaden que “desde el equipo de Gobierno se han mantenido distintas reuniones con los representantes sindicales, el comité de empresa y con los técnicos municipales para abordar la situación y avanzar en el pago de las nóminas”, a punto de terminar mayo.

En cuanto a la situación del cuerpo de Policía Local, aseguran que “el equipo de Gobierno ya ha convocado una mesa de negociación y actualmente se están negociando las nuevas bases para proceder a la convocatoria” y, así, dar cumplimiento a una sentencia judicial de hace casi un año. No obstante, y según varios grupos de la oposición, la mesa de negociación está convocada para el día 1 de junio y actualmente no se está negociando nada, porque no se ha elevado todavía propuesta alguna.

Mientras tanto, y según UPL, la Policía Local sigue capitaneada por un jefe “temporal” que, dicen, se eligió por méritos de entre “varios candidatos”, sin tener en cuenta “la adscripción política de nadie”. No aclaran si el elegido tiene o no vinculación directa con el partido leonesista y si la decisión se tomó o no en contra de un informe de Secretaría.

En todo caso, subrayan que el cuerpo “continúa tramitando, atendiendo incidencias y prestando servicio con los recursos disponibles”, eludiendo responder a la falta de recursos que denuncian. “Las carencias materiales o de personal que pueda arrastrar el servicio no son una situación nueva ni exclusiva, sino una problemática estructural que viene de años atrás y que afecta a numerosos cuerpos policiales. Pese a ello, los agentes continúan desarrollando una labor imprescindible para el municipio”, agregan.

Por último, respecto al arma que lleva meses desaparecida, se han limitado a manifestar que “se trata de una cuestión judicializada sobre la que no harán valoraciones”.

La Audiencia Nacional ha fijado que los festivos que coincidan con el descanso semanal en sábado tienen que ser compensados y dan derecho a disfrutar de un día adicional de descanso, en una sentencia que responde al conflicto colectivo planteado contra el convenio del sector de los centros de atención al cliente (“contact center”).

Los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO en las diferentes demandas interpuestas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), a las que se adhirieron los sindicatos CIG, CSIF y STC, han conseguido que se les dé la razón.

La sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, fechada el 19 de mayo, declara no ajustada a derecho la práctica generalizada de las empresas del sector de “contact center” de no compensar los días festivos laborales -estatales, autonómicos y/o locales- “cuando la prestación de servicios efectiva se produce de lunes a viernes o de lunes a sábado y el festivo coincide con sábado, estando ahí fijado su descanso semanal”.

Asimismo declara el derecho de los trabajadores a que los días festivos laborales “no sean absorbidos ni neutralizados por el descanso semanal, reconociéndose la obligación empresarial de conceder un día adicional de descanso efectivo cuando se produzca la coincidencia o solapamiento entre ambos”.

USO ha señalado en un comunicado que la resolución, que entiende extensible a todos los sectores, “consolida de forma generalizada la doctrina judicial que impide que las empresas hagan desaparecer festivos mediante los cuadrantes de trabajo”.

“Los catorce festivos anuales deben disfrutarse plenamente por todas las personas trabajadoras, independiente de su jornada habitual”, ha afirmado la secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO, Sara García.

“Ahora sí, tras la confusión de sentencias anteriores, será un derecho extendido a todas las personas trabajadoras, sin solapamientos ni recortes”, ha añadido.

El Tribunal Supremo ya estableció en sentencia del 30 de abril de 2025 los criterios sobre el solapamiento del descanso semanal con un festivo, pero sin especificar nada respecto a los sábados.

Dicha sentencia del Supremo declaraba que los trabajadores con jornada de lunes a domingo, con el descanso semanal establecido en día fijo entre el lunes y el viernes, tienen derecho a que cuando el descaso coincide con un festivo laboral, les sea compensado y puedan disfrutar de otro día de descanso por ese día de fiesta.