Investigadores de la Universidad de León (ULE) han alertado de la escasez de estudios centrados en mejorar la salud y la calidad de vida de las personas desempleadas y han reclamado más investigación sobre intervenciones que ayuden a reducir el impacto físico y psicológico asociado a la pérdida del trabajo.

La advertencia parte de una revisión científica internacional publicada este mes en la revista 'Healthcare', liderada por investigadores vinculados al grupo SALBIS de la institución académica leonesa, que analiza la evidencia existente sobre programas de mindfulness y otras prácticas relacionadas con el bienestar emocional en personas en situación de desempleo o inactividad laboral.

El trabajo, firmado por David Bermejo, Rubén García, Bibiana Trevissón, Natalia Calvo y Enedina Quiroga, así como por Elena Merlo, de la Fundación Jiménez Díaz y la Universidad Autónoma de Madrid, revisó catorce investigaciones internacionales para determinar si estas intervenciones logran mejorar la calidad de vida de quienes han perdido su empleo.

Los autores recuerdan que el desempleo se asocia habitualmente con problemas de ansiedad, depresión, estrés y un deterioro general del bienestar, factores que pueden repercutir tanto en la salud mental como en la física. Sin embargo, concluyen que la evidencia científica disponible sigue siendo limitada y heterogénea.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la mayoría de los trabajos no analizan directamente la calidad de vida de las personas desempleadas, sino variables indirectas como el malestar psicológico, la ansiedad o los síntomas depresivos. Además, las investigaciones utilizan metodologías muy distintas, lo que dificulta extraer conclusiones sólidas.

Los investigadores encontraron algunos resultados prometedores. Entre ellos figuran estudios que observaron reducciones del estrés psicológico o mejoras en el bienestar emocional tras programas de mindfulness, entrenamiento en gestión del estrés o aplicaciones digitales de apoyo psicológico dirigidas a personas afectadas por el desempleo.

No obstante, consideran que estas evidencias todavía son insuficientes para afirmar que estas intervenciones mejoran de forma clara la calidad de vida de este colectivo.

El “sentido de coherencia” ante la incertidumbre

El trabajo también analiza el denominado “sentido de coherencia”, un concepto relacionado con la capacidad de las personas para comprender, manejar y dar significado a situaciones adversas.

Aunque diversas investigaciones en otros grupos de población apuntan a que las prácticas de atención plena podrían reforzar este factor protector, los autores destacan que apenas existen datos específicos sobre personas desempleadas.

A juicio de los investigadores, esta carencia resulta especialmente relevante porque la mayor parte de las políticas e intervenciones dirigidas a personas sin empleo se centran en mejorar la empleabilidad o facilitar la reinserción laboral, mientras que son mucho menos frecuentes los programas orientados específicamente a proteger la salud y el bienestar durante los periodos de paro.

La revisión señala además que muchos estudios desarrollados durante la pandemia recurrieron a herramientas digitales y aplicaciones móviles, una fórmula que puede facilitar el acceso al apoyo psicológico, aunque todavía se desconoce cuáles son los formatos más eficaces y qué efectos mantienen a medio y largo plazo.

Por ello, los autores reclaman nuevas investigaciones centradas específicamente en personas desempleadas, con grupos de comparación adecuados, un seguimiento prolongado y variables relacionadas con la calidad de vida, la salud física y mental y la duración del desempleo.

El sector de conservas vegetales afronta este viernes su primera jornada de huelga estatal, una movilización que tiene especial incidencia en León, una de las principales zonas de actividad de esta industria en España. El paro ha sido convocado ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo estatal y afecta a empresas de distintos puntos de la provincia, entre ellas las situadas en la Vega del Esla, Vidanes, la zona del Órbigo y La Bañeza.

La huelga reclama un convenio que permita mejorar las condiciones laborales del sector. Entre las reivindicaciones figuran un incremento salarial, una nueva clasificación profesional con salarios adecuados, un complemento económico durante las situaciones de incapacidad temporal, la reducción de jornada, el aumento y creación de pluses y mejoras en los permisos.

Los trabajadores reclaman también medidas que garanticen empleo estable y de calidad, así como el desarrollo efectivo de medidas sociales y de igualdad.

En León, la primera jornada está transcurriendo inicialmente con presencia de piquetes informativos y seguimiento desigual, aunque desde UGT señalan que los trabajadores “se están animando a secundar la huelga” conforme avanza la jornada. El sindicato destaca la presencia de empresas afectadas en diferentes áreas de la provincia, lo que convierte a León en uno de los territorios relevantes para el seguimiento del paro.

La convocatoria establece tres jornadas de huelga de 24 horas en caso de que la mediación no permita alcanzar un acuerdo: 25 de septiembre, 7 y 8 de octubre. Los paros comienzan a las 00.00 horas y terminan a las 24.00 horas, con una adaptación para los centros que trabajan a turnos: en estos casos, el turno de noche inicia la huelga a la hora habitual de comienzo de su jornada.

La movilización se desarrolla bajo el lema 'Ni un paso atrás, todos y todas unidos por un convenio digno', mientras sindicatos y trabajadores mantienen la presión para desbloquear la negociación y alcanzar un acuerdo para el conjunto del sector.

La empresa Naturgeis abre las inscripciones para un nuevo Curso Práctico de Poda, Desbroce y Cuidados de Frutales para la Prevención de Incendios y el Desarrollo Rural. Se trata de una formación gratuita y presencial de 30 horas que se impartirá este otoño en Carrizo de la Ribera.

El curso está pensado para que los alumnos puedan aprender técnicas con una aplicación muy directa en los pueblos: mantener las fincas limpias, controlar la vegetación, cuidar correctamente los árboles frutales y reducir la acumulación de material vegetal que puede favorecer la propagación de un incendio. La formación combinará contenidos teóricos con prácticas en fincas y espacios del municipio.

Carrizo de la Ribera es un lugar especialmente apropiado para una formación de estas características. La agricultura de regadío ha tenido tradicionalmente un importante peso en la economía del municipio, favorecida por su ubicación en la ribera del Órbigo.

En un territorio donde conviven fincas agrícolas, vegetación de ribera, caminos y núcleos habitados, el mantenimiento de los terrenos no es únicamente una cuestión productiva. Desbrozar, podar y gestionar correctamente la vegetación contribuye también al cuidado del paisaje rural y a reducir situaciones de riesgo frente a los incendios.

El curso tendrá un enfoque eminentemente práctico, con el objetivo de que los participantes aprendan a mantener fincas y terrenos rurales de una forma segura y adecuada, combinando el cuidado del espacio con la prevención de incendios.

La formación partirá de situaciones habituales en el medio rural: terrenos en los que se acumula vegetación, parcelas que necesitan labores periódicas de mantenimiento o árboles frutales que requieren una poda correcta para conservarse en buenas condiciones. Sobre el terreno se aprenderá a valorar qué trabajos necesita cada espacio, cómo realizarlos y qué herramientas utilizar, prestando especial atención al manejo seguro de maquinaria como desbrozadoras y motosierras.

La prevención de incendios será uno de los hilos conductores del curso. Los participantes podrán entender cómo determinadas condiciones de una finca pueden facilitar la propagación del fuego y cómo actuaciones relativamente habituales —desbrozar, retirar o gestionar restos vegetales y mantener adecuadamente los terrenos— pueden contribuir a reducir ese riesgo.

La formación se completará con el cuidado y poda de árboles frutales, aprendiendo a reconocer cuándo y cómo intervenir para favorecer su desarrollo, mantenerlos sanos y mejorar su producción. De esta forma, poda, desbroce y prevención se trabajarán de manera conjunta, como labores que forman parte del mantenimiento cotidiano y sostenible de las fincas y del paisaje rural.

Posibilidades de empleo y autoempleo

El programa incorpora también contenidos relacionados con las posibilidades profesionales de los trabajos de poda y desbroce al incluir cuestiones vinculadas al empleo y al autoempleo.

De esta forma, el curso no se limita al mantenimiento de una finca particular. Busca que conocimientos relacionados con la poda, el desbroce y el cuidado de terrenos puedan convertirse también en competencias útiles para desarrollar pequeños servicios profesionales en el medio rural, donde este tipo de trabajos son necesarios tanto en explotaciones como en fincas particulares y espacios públicos.

El curso tendrá una duración total de 30 horas y se desarrollará presencialmente en la Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera, situada en la calle Doctor González Álvarez, 21. Las prácticas se realizarán en fincas y espacios del municipio.

Las clases se impartirán los martes y jueves, de 16.00 a 21.00 horas, y está prevista la participación de entre 20 y 30 alumnos. Al finalizar, quienes cumplan los requisitos de asistencia recibirán el correspondiente certificado acreditativo; la ficha establece una asistencia mínima del 85% de las 30 horas.

La participación es gratuita y las inscripciones permanecerán abiertas hasta dos días antes del comienzo de la formación. Los interesados en contar con más información la pueden obtener en este enlace.

La Región Leonesa presenta una menor protección frente al desempleo que el conjunto de las provincias castellanas. La tasa de cobertura recogida en los estudios nacionales del desempleo referentes a 2025 se sitúa en el 75,9% en León, Salamanca y Zamora, frente al 85,2% del conjunto de las seis provincias de lo que queda de Castilla La Vieja en esta comunidad autónoma.

Así lo muestran los datos datos recogidos en los últimos Informes del Mercado de Trabajo publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) referentes al año 2025 y correspondientes de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, confrontados con el Informe Nacional y los del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2025 , que remiten a la Encuesta de Población Activa (EPA). Separado por las dos regiones que conforman la actual comunidad autónoma, sitúan la tasa de paro de la Región Leonesa en el 9,6%, frente al 7,7% del conjunto formado por Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. La diferencia aparente parece escasa, de tan sólo de 1,9 puntos, pero que realmente significa una distancia de prácticamente un 25% entre los dos territorios confrontados los dos datos.

Esto significa que una brecha de 9,3 puntos porcentuales entre los parados que cobran estas cantidades de protección social en Castilla más que en la Región Leonesa, ya que las tres provincias leonesas quedan por debajo de la media autonómica del 78,7% de parados con prestaciones contributivas (lo que se conoce como el paro popularmente dicho) y los subsidios (cuando se acaba o no se tiene derecho a cobrar por no haber trabajado el tiempo suficiente), que son en esencia ayudas asistenciales. Salamanca registra la cobertura más baja de las tres, con un 74,4%, seguida de León, con un 76,2%, y Zamora, con un 77,1%. En el otro extremo aparecen las provincias castellanas de Soria, con un 99,8%, y Segovia, con un 93,6%, y Burgos, al 89,4% según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Cuatro puntos por debajo en el paro

Tener una tasa de empleo baja depende de cuántas personas trabajan, cuántas buscan ser contratadas y cuántas permanecen fuera de ambas situaciones, y en este caso la separación alcanza los 4,2 puntos: un 47,1% del País Leonés frente a un 51,3% de las provincias castellanas. Esa distinción resulta fundamental para entender las diferencias entre la Región Leonesa y las seis provincias castellanas con las que comparte comunidad autónoma.

La comparativa de datos de 2025 dibuja una desventaja para León, Salamanca y Zamora que va más allá del desempleo: una participación laboral inferior, una menor proporción de población ocupada y debilidades productivas que condicionan sus oportunidades.

Ambas regiones aparecen por debajo de la tasa de paro española del 10,5% que recogen los informes, pero esa posición aparentemente favorable convive con una participación en el mercado de trabajo bastante inferior a la estatal en el territorio leonés.

Menor tasa de actividad en el País Leonés

Las tres provincias de la Región Leonesa se sitúan por debajo de la media española en participación en el mercado laboral, con León en la posición más desfavorable. Su tasa de actividad es del 50%: solo la mitad de la población de 16 o más años trabaja o busca empleo, frente al 58,94% del conjunto de España. Zamora, con un 52,2%, queda 6,74 puntos por debajo del promedio nacional, mientras Salamanca alcanza el 54,1%, todavía a 4,84 puntos de esa referencia.

León presenta la mayor distancia con el conjunto del país, de 8,94 puntos porcentuales. El dato refleja una reducida participación laboral, aunque no permite identificar automáticamente a la población inactiva con personas desempleadas: también incluye a jubilados, estudiantes y personas dedicadas a cuidados que no trabajan ni buscan empleo activamente. La tasa de actividad de la provincia se sitúa en el 50%. Es decir, aproximadamente la mitad de su población de 16 y más años está ocupada o buscando trabajo. Valladolid alcanza el 58,4%; Soria, el 58,3%, y Segovia, el 57,5%. Salamanca, con un 54,1%, y Zamora, con un 52,2%, también superan el registro leonés, aunque permanecen lejos del promedio nacional.

La distancia se acentúa al comparar León con Valladolid, cuya tasa de actividad apenas está medio punto por debajo del promedio nacional. Entre ambas provincias hay una brecha de 8,4 puntos. Burgos, con un 56,4%, también supera a las tres provincias leonesas, mientras Palencia, con un 52,2%, iguala el registro de Zamora y se sitúa prácticamente al nivel del conjunto de la Región Leonesa.

En conjunto, la Región Leonesa registra una tasa de actividad del 52,1%, según la comparativa aportada, lo que la deja a 6,84 puntos de la media española (58,94%) y a 2,33 de la autonómica, situada en el 54,43%. Salamanca obtiene el mejor resultado de las tres provincias leonesas, pero tampoco alcanza ninguna de esas dos referencias.

La otra mitad de la población leonesa no puede identificarse automáticamente con personas que han renunciado a encontrar trabajo. La inactividad incluye situaciones distintas, como la jubilación, los estudios o la dedicación a cuidados. Además, al ser un territorio envejecido con más de una tercera parte de su población jubilada, implica que la baja tasa de actividad es endémica.

Tasa de empleo por debajo del 50% en León y por encima en Castilla

La tasa de empleo ayuda a completar el retrato. En León se sitúa en el 44,9%, frente al 46,6% de Zamora y el 49,8% de Salamanca. En el bloque castellano, Segovia alcanza el 54,1%; Soria, el 53,8%, y Valladolid, el 53,2%. Entre León y Segovia hay una distancia de 9,2 puntos: una diferencia considerable en la proporción de población adulta que tiene trabajo.

El desempleo también presenta contrastes provinciales. Zamora registra una tasa del 10,7% y León, del 10,2%, las más elevadas entre las cifras provinciales recogidas en el documento. Salamanca baja al 8%. Al otro lado, Segovia se sitúa en el 5,9%; Burgos y Palencia, en el 7,6%; Soria, en el 7,7%, y Valladolid, en el 8,8%. La diferencia entre Zamora y Segovia llega a 4,8 puntos porcentuales.

El caso salmantino es especial, al ser la única provincia leonesa que tiene buenos datos incluso respecto a Valladolid. Los informes nacionales atribuyen a 2025 una reducción del número de desempleados EPA del 30,7%. Zamora también registra una caída importante, del 18,8%, aunque mantiene una tasa elevada. Una mejora anual y una posición desfavorable pueden coexistir: reducir el paro no equivale necesariamente a haber cerrado la distancia con otros territorios.

En términos absolutos, la EPA del cuarto trimestre de 2025 recogida en el documento contabiliza 40.200 personas desempleadas en la Región Leonesa: 19.400 en León, 12.600 en Salamanca y 8.200 en Zamora. Las seis provincias castellanas suman 55.900. El territorio leonés reúne, por tanto, el 41,83% de las 96.100 personas paradas del conjunto autonómico.

Los datos en bruto de los demandantes de empleo contabilizan 20.689 personas buscando trabajo en León; 16.159 en Salamanca, y 8.211 en Zamora. En total el registro de las oficinas de empleo ofrece un dato bastante notorio: 45.059 personas inscritas en León, Salamanca y Zamora a 31 de diciembre de 2025, frente a 56.946 en las provincias castellanas; el 44,2% de los 102.005 en el total autonómico. Visto de otra forma, que no ayuda a considerar que las políticas de empleo dictadas desde Valladolid estén ayudando a los leoneses, hay casi tantas personas solicitando empleo en sus tres provincias como en las seis castellanas. Los leoneses que demandan un puesto de trabajo serían el cerca del 80% de todos los castellanos. El drama estaría en la provincia del norte de la región, la de León, ya que sus veinte mil personas apuntadas las oficinas de empleo serían la tercera parte de todos los que buscan ser contratados en las seis provincias de la región vecina.

Marcadas diferencias en la estructura productiva entre León y Castilla

La estructura productiva entre las dos regiones de la autonomía aporta una clara explicación a por qué una política de empleo común no funciona en León. Los análisis del SEPE y el CESCyL destacan la potencia industrial de Burgos, Valladolid, Palencia y Soria, con la automoción como una de las especializaciones de Valladolid. En Burgos, las empresas industriales representan el 11,7% del tejido empresarial considerado; en Soria, el 11,6%. Para León, mucho más centrado en la producción agroalimentaria, el dato disponible es distinto: la industria concentra el 12,02% de los contratos, frente al 21,38% autonómico. La mitad.

El dato que marca la distancia leonesa en contratación industrial es de 9,36 puntos respecto a la Comunidad. Según los informes del mercado de trabajo de la agencia estatal, las tres provincias cuentan con especializaciones propias. El SEPE señala como mayor potencial los proyectos de energías renovables e hidrógeno verde en León; la Universidad y los servicios sanitarios y administrativos en Salamanca, y la actividad agraria de Zamora, donde las empresas agrícolas representan el 12,2%, frente al 8,1% autonómico. Son bases más endebles sobre las que desarrollar actividad económica que la industrial.

Paro femenino

El reparto por sexo introduce un matiz adicional en la que sí parece ganar la Región Leonesa: las mujeres representan el 51,49% del paro en la Encuesta de Población Activa (EPA=: 20.700 desempleadas frente a 19.500 hombres. En las provincias castellanas, el porcentaje femenino asciende al 57,78%, con 32.300 mujeres y 23.600 hombres. Valladolid contabiliza 14.300 desempleadas frente a 8.600 desempleados; Burgos, 8.500 frente a 3.400.

Una distribución más equilibrada entre hombres y mujeres no acredita, por sí misma, una mayor igualdad laboral. León mantiene una tasa de paro femenino del 11,3% y Zamora, del 10,7%. En Zamora, hay casi empate los hombres desempleados eran 4.200 a finales de año y las mujeres —4.000.

Paro juvenil

El relevo generacional constituye otra preocupación. El documento cifra en aproximadamente 3.491 los jóvenes de entre 16 y 24 años inscritos como parados en las provincias leonesas, frente a 5.520 en las castellanas. León reúne 1.456; Salamanca, 1.422, y Zamora, unos 613. Los datos son otra vez persistentes cuando se comparan que surge uno de tres provincias y otro de seis (y con el 50% más de habitantes que la Región Leonesa): de los nueve mil jóvenes que buscan empleo, el 38,7% son leoneses.

La lectura política de estos informes económicos y sociales que intentan explicar las causas del desempleo a finales de 2025, fácilmente se va a la conclusión de que las diferencias son notorias entre las dos regiones, casi indefectiblemente a favor de las seis provincias castellanas. Esto remite al debate sobre las prioridades económicas de la comunidad si una de las dos regiones está más industrializada y sobre todo en un sector, la automoción, que no existe en el País Leonés.

Así, no es de extrañar que el leonesismo, reclame una Autonomía de la Región Leonesa ante las dudas de que Valladolid (donde está situada la central de Renault) diseñe un plan determinado para León, Salamanca y Zamora en vez de potenciar las especificidades del sector automotriz castellano. Y de esta forma las provincias leonesas, que se ven sin para decidir sobre su futuro desarrollo, continúan a la cola de la comunidad y de España en cuestión de dinamismo laboral y económico.

Nota: investigación de datos apoyada con la herramienta de IA Notebook Gemini

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.

El paro subió en agosto por segundo mes consecutivo en León. Lo hizo en 115 personas, un aumento del 0,59% con respecto a julio (la subida fue del 1,92% en la media nacional) para situar la estadística en 19.468 demandantes de un puesto de trabajo. La comparativa interanual sí es positiva al suponer 359 inscritos menos que en agosto de 2025, un descenso del 1,81%, según datos publicados este miércoles por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). Los datos reflejan también que son otra vez las mujeres las que acaparan la mayor parte del ascenso intermensual, apenas paliado por la incorporación de mano de obra a la agricultura.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la agricultura (-43, de 689 a 646). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (163, de 13.583 a 13.746) y más moderados en la industria (30, de 1.589 a 1.619) y en la construcción (18, de 1.227 a 1.245).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.623 mujeres desempleadas (106 más que el mes pasado) frente a 7.845 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (687 hombres frente a 642 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (673 hombres por 802 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.952 por 3.115) y a partir de los 45 años (4.533 por 7.064).

Castilla y León

Castilla y León sumó en agosto 2.010 parados, lo que deja en 98.323 los desempleados en esa comunidad, un 2,09% más que en julio, frente al 1,92% de aumento a nivel nacional, a la vez que el número de cotizantes a la Seguridad Social ha bajado en 3.102, lo que supone una pérdida del 0,30%, hasta dejarlos en 1.019.088 afiliados.

Los datos publicados este miércoles recogen que la Comunidad tiene 144 parados más que en el mismo mes del 2025, el 0,15% más, mientras que a nivel nacional se observa una bajada interanual del 2,91% (70.593 parados menos).

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró agosto con 18.946 cotizantes más que hace un año, el 1,89% más, por debajo del 3,13% registrado a nivel nacional.

El paro registrado en agosto subió respecto a julio en todas las autonomías, excepto en la ciudad autónoma de Ceuta, donde bajó el 1,76% (148 personas), con los peores datos en Cataluña (4,63% de subida), Baleares (3,31%) y Murcia (2,71%), con Castilla y León con el noveno incremento.

La pérdida de afiliados a la Seguridad Social sería mayor en caso de no haber contabilizado en agosto las nuevas afiliaciones procedentes del proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros, que ha aportado en Castilla y León hasta el momento 14.452 nuevas altas, que representan el 4,3% de total realizado en España (337.917).

En este registro, Castilla y León es la sexta autonomía con un más elevado número de trabajadores extranjeros regularizados, superada únicamente por la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.

Sube en todas las provincias

El paro subió en agosto en todas las provincias respecto a julio, aunque lo hizo más en Burgos, con un incremento del 4,16%, seguido de Segovia (3,36%), Valladolid (2,46%), Zamora (2,40%), Palencia (2,30%) y Ávila (2,27%), todas ellas por encima de la media autonómica.

Por debajo del 2,09% de subida en Castilla y León se situaron los alzas del paro en Soria (1,47%), Salamanca (1,18%) y León (0,59%).

Y respecto a agosto de 2025, el desempleo aumentó más en Soria, hasta el 9,08%, seguida de Valladolid (2,32%), Palencia (1,74%) y Burgos (1,14%); mientras que descendió el dato interanual en Salamanca (2,16%), León (1,81%), Ávila (0,80%), Segovia (0,58%) y Zamora (0,42%).

El desempleo aumentó en todos los sectores, excepto en Agricultura, que presentó una ligera bajada de 6 trabajadores; mientras que en el resto de sectores se registraron subidas del paro, en especial en el de Servicios, que anotó 1.469 parados más que en julio, con 225 más en Industria, 128 en Construcción y 194 en el colectivo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró agosto con 2.071 mujeres más en las listas del paro y 939 hombres, con un aumento de 481 parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la Comunidad cierra agosto con 39.274 hombres desempleados y 59.049 mujeres; y 7.782 menores de 25 años sin empleo.

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en agosto 54.098 contratos, que suponen 17.589 y un 24,54% menos que en julio, cuando se producen la mayoría de las contrataciones vinculadas al verano.

En cambio, a nivel interanual, el dato de Castilla y León mejora los resultados del pasado año, con hasta 2.018 contratos más, lo que representa un incremento del 3,87%.

Del total de contratos, 16.799 fueron indefinidos, 6.056 menos que el mes anterior, mientras que otros 39 fueron firmados con personas con discapacidad, 1.564 fueron conversiones de contratos y los restantes 37.299 fueron temporales.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de julio, fueron 73.165, 6.225 más que en el mes anterior, de las cuales 40.225 fueron prestaciones contributivas, 32.920 subsidios y 20 rentas activas de inserción.

Una de las empresas pioneras de la biotecnología leonesa cambiará de manos después de casi tres décadas de actividad y una crisis económica que terminó arrastrándola al concurso de acreedores. Instituto Biomar, fundada en León en 1996 y asentada desde hace años en el Parque Tecnológico, quedará bajo el control del grupo inversor murciano Nostrum Simul si acepta la oferta que presentó en el proceso concursal, después de quedar descartada otra de una segunda empresa. La compañía leonesa no logró superar el desplome de su facturación y las dificultades financieras que acumulaba desde 2023 y ultima la negociación de su venta.

La adquisición se está articulando a través de NS Biomar SLU, una sociedad constituida expresamente en Murcia en abril de este año para hacerse con la unidad productiva de Instituto Biomar y participada al 100% por Nostrum Simul. Detrás del grupo está el empresario murciano Jesús Juárez Molina, cofundador de Symborg, compañía de biotecnología agrícola vendida en 2023 a la multinacional estadounidense Corteva.

La operación tiene un valor total de 2.850.029,80 euros, aunque la concursal solo cobraría 750.000 euros. Los otros 2,1 millones corresponden a la asunción de deudas y obligaciones de pago que tenía la empresa leonesa, tales como préstamos hipotecarios, obligaciones laborales de la plantilla que permanece y suministros pendientes que superan, en total, los 9 millones y medio.

El cambio de propietario permitirá mantener en funcionamiento parte de la empresa, pero con una dimensión muy inferior a la que llegó a alcanzar Biomar al comprar solo la unidad productiva y no la totalidad de la compañía leonesa. La nueva sociedad se quedaría inicialmente con seis trabajadores ya que la oferta que valora el juzgado mercantil de León excluye expresamente la subrogación de los contratos y las obligaciones laborales del resto de la plantilla.

Este sería el desenlace, al menos empresarial, de una crisis que durante los últimos años fue reduciendo drásticamente una compañía que llegó a rondar los 40 profesionales cualificados. En septiembre de 2025 todavía mantenía 21 trabajadores después de haber prescindido aproximadamente de la mitad de su plantilla mediante un expediente de regulación de empleo y de haber pasado previamente por dos ERTE.

Instituto Biomar había solicitado el concurso voluntario de acreedores en 2025 con la intención inicial de reorganizar sus cuentas y continuar funcionando. El Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León declaró formalmente el concurso el 29 de julio de 2025. Sin embargo, los intentos de reconducir la situación no fueron suficientes y el 12 de marzo de este año el procedimiento entró ya en fase de liquidación, con las facultades de administración de la empresa en manos de la concursal. Dos meses después apareció la oferta del grupo inversor murciano. En el proceso una segunda oferta ha quedado descartada, según ha podido conocer este medio, por lo que solo quedaría por formalizar la adquisición de la unidad productiva por los primeros interesados.

La crisis del Instituto Biomar se inició en el 2023, cuando sufrió una fuerte caída que se agudizó en 2024 y 2025, ya que perdió los ingresos de alquileres de parte de sus instalaciones en el Parque Teconlógico y sufrió el fracaso de un importante proyecto de investigación al que Biomar había destinado recursos económicos y humanos y que finalmente no obtuvo la financiación prevista por un defecto formal en la documentación técnica presentada.

Cuando la empresa acudió al concurso voluntario de acreedores, la dirección seguía defendiendo que su objetivo era mantener la actividad y encontrar nuevas líneas de negocio pero el proyecto ha acabado en manos de nuevos inversores.

750.000 euros en efectivo y más de dos millones por deuda

El importe total de la compra ascendería a 2,85 millones de euros, pero de los que Nostrum Simul solo realizaría un pago de 750.000 euros y otros 2.100.029,80 euros corresponden a deudas y obligaciones que asumiría el nuevo propietario, entre ellas hipotecas asociadas a su sede en el Parque Tecnológico de León.

El inventario incorporado a la propuesta de venta cifra en 1,64 millones de euros tres préstamos hipotecarios, además de algo más de 7.300 euros correspondientes a IBI y otros tributos municipales. A ello se añaden determinadas cantidades pendientes relacionadas con los seis empleados que continúan y con los suministros necesarios para mantener operativas las instalaciones.

La compra incluiría el edificio del Parque Tecnológico de León, una finca en Vega de Infanzones, maquinaria, laboratorios, fermentadores y otros equipos de producción, existencias y, especialmente, el conocimiento y los desarrollos tecnológicos acumulados por Biomar durante sus casi treinta años de existencia. También entrarían en la operación sus licencias y autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad.

Entre los intangibles figuran proyectos de investigación relacionados con biopesticidas, antifúngicos, nematicidas o microbioma, además del conocimiento técnico acumulado, aplicaciones informáticas y desarrollos históricos de la empresa. Es precisamente esa combinación de instalaciones, equipamiento, microorganismos y experiencia investigadora la que convierte a Biomar en algo más que unos inmuebles adquiridos dentro de un concurso.

De casi 40 trabajadores a seis

Instituto Biomar llegó a contar con alrededor de 40 trabajadores y todavía tenía 21 en septiembre de 2025 cuando presentó el concurso de acreedores, después de un ERE que había reducido prácticamente a la mitad la plantilla. La oferta presentada por Nostrum Simul contempla únicamente la continuidad de seis contratos laborales. Para esos trabajadores, el comprador se compromete a mantener las condiciones reconocidas en sus contratos y en el convenio correspondiente y a hacerse cargo de los salarios y cotizaciones pendientes en los términos recogidos en la operación. Para los demás empleados y exempleados, la propuesta excluye cualquier obligación laboral derivada de la sucesión de empresa.

El plan financiero de Nostrum Simul presentado ante la administración concursal diseña una nueva Biomar orientada fundamentalmente a bioinsumos para agricultura, como bioestimulantes o productos de control biológico, y a aprovechar la planta de León para fabricar productos para otras compañías. Nostrum Simul proyecta crear empleo en León hasta alcanzar 19 puestos técnicos durante el primer año, a los que añade cuatro responsables funcionales y un director general. También calcula una inversión acumulada de cuatro millones de euros en instalaciones y equipos durante cinco años.

El grupo compromete hasta ocho millones de euros de capital para desarrollar el proyecto, incluyendo el desembolso inicial de la compra y financiación para cubrir las necesidades de tesorería. Sus previsiones contemplan unos ingresos de 750.000 euros durante el primer ejercicio, 2,37 millones en el segundo y 5,18 millones en el tercero. El negocio seguiría perdiendo dinero inicialmente y, según el escenario elaborado por el propio comprador, alcanzaría un resultado operativo positivo durante ese tercer año.

En la compra Nostrum Simul se compromete además a mantener la actividad de la unidad productiva durante un mínimo de tres años.

Una pionera nacida de PharmaMar

El cambio de manos tiene especial significado por la trayectoria de Instituto Biomar, la primera compañía biofarmaceútica leonesa salida del perímetro de las históricas Laboratorios Abelló-Antibióticos, Syva o Laboratorios Ovejero. La compañía nació en 1996 a partir de la investigación de José Luis Fernández en el Departamento de Microbiología de PharmaMar, filial del grupo Zeltia. Sus primeros pasos fueron modestos, en un chalé convertido en laboratorio, antes de instalarse en el Centro Europeo de Empresas e Innovación y, finalmente, dar el salto al Parque Tecnológico de León con un edificio propio.

Durante casi tres décadas, Biomar se especializó en la búsqueda y explotación de microorganismos marinos y los compuestos naturales que producen. Su actividad se movió entre la investigación farmacéutica, la agricultura, la alimentación y la cosmética, con proyectos que iban desde la búsqueda de moléculas con potencial contra el cáncer hasta biopesticidas, bioestimulantes o ingredientes de origen natural.

La propia empresa se define como especializada en microbiología marina y química de productos naturales, con una colección de microorganismos que constituye uno de los activos principales de su actividad investigadora. Durante años desarrolló proyectos por contrato para otras compañías y buscó convertir sus propios hallazgos científicos en productos industriales.

Biomar llegó incluso a formar parte del denominado entorno premercado de BME Growth, creado para preparar a empresas con aspiraciones de acceder al mercado bursátil. PharmaMar mantenía además una participación minoritaria en la compañía.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la ampliación de su capacidad industrial en León mediante una inversión de unos tres millones de euros en una planta de fermentación de alrededor de 750 metros cuadrados, equipada con tanques de hasta 3.000 litros. Aquellas instalaciones, pensadas para dar un salto en la fabricación biotecnológica, forman ahora parte de los activos que recibiría el nuevo propietario.

A las dificultades propias de Biomar se sumó otro revés. Parte de sus instalaciones había sido ocupada desde 2016 por Bacthera, compañía especializada en fabricación por contrato de productos biofarmacéuticos vivos que llegó a obtener certificaciones de la Agencia Española de Medicamentos. El proyecto provocó inversiones y permitió sostener actividad y empleo cualificado en León, pero sus multinacionales propietarias acabaron decidiendo cerrar los laboratorios de Bacthera a escala internacional en el año 2024, incluido el leonés. Biomar presentó una alternativa para mantener la actividad y una plantilla cercana al medio centenar de trabajadores, pero la propuesta no prosperó.

La compañía perdió así otra fuente de actividad justo cuando comenzaba a sufrir una caída de facturación que terminaría desembocando en el concurso.

¿Quién está detrás del posible comprador?

El posible comprador forma parte del conglomerado empresarial de Jesús Juárez Molina, empresario murciano con más de dos décadas de experiencia y uno de los fundadores de Symborg, especializada en tecnología aplicada a la agricultura. Tras vender esa compañía en 2023, Juárez reforzó Nostrum Simul como vehículo para ordenar y desarrollar nuevas inversiones.

La documentación presentada para comprar Biomar define Nostrum Simul como la sociedad cabecera de un grupo empresarial familiar que emplea a más de 60 personas y participa en compañías dedicadas, entre otras actividades, a fertilizantes y bioestimulantes, adhesivos industriales, inversiones inmobiliarias y capital riesgo. El grupo declara un patrimonio neto de aproximadamente 244 millones de euros a cierre de 2024.

Nostrum Biosul declara tener intereses muy próximos a algunos de los mercados hacia los que pretende orientar la nueva Biomar. Entre sus sociedades figura Nawter Tech, dedicada en Murcia a fabricar y comercializar bioestimulantes y fertilizantes de alto valor, además de Noxun, centrada en adhesivos de origen natural. La presentación corporativa aportada al concurso incorpora ya a NS Biomar dentro de la estructura de Nostrum Simul como su compañía de “investigación biotecnológica”.

ILEÓN se ha puesto en contacto con Nostrum Simul para conocer sus planes concretos para la compañía y el futuro de sus instalaciones en León, pero han declinado responder hasta que la operación esté cerrada. La decisión la tomará el juez de lo Mercantil de León.

Es verdad que los jóvenes en España viven con sus padres por más años que los jóvenes americanos. Hay muchas razones y muchas son aspectos culturales.

Aquí, en España, se pone mucho énfasis en la familia; las personas cenan juntas, caminan juntas y se apoyan juntas. Este estilo de vida está reforzado gracias a ciudades caminables y comunidades cercanas. Los edificios son más populares, especialmente cuando hay dificultad para obtener hogares.

En los Estados Unidos en general, los jóvenes son más independientes porque lo necesitan. Los lugares y los vecindarios no están hechos para caminar, sino que es necesario tener un coche para ir de un lado a otro. Las personas tienen casas independientes con césped y vallas, a veces, para separar la propiedad. La cultura de trabajar siempre y tener una identidad única significa que las personas necesitan valerse por sí mismas para ir a los lugares y hacer cosas. Sí, para tener independencia, pero también porque es la única manera de hacer todas las cosas del día de manera eficiente.

La vida de los jóvenes

Otra diferencia cultural es el camino de los jóvenes en la escuela. Es común que los estudiantes terminen la escuela secundaria, vayan a la universidad, y después empiecen sus trabajos. Pero en los Estados Unidos, hay un otro aspecto de la experiencia que es muy importante: los jóvenes universitarios no viven en casa.

La mayoría de los jóvenes en los Estados Unidos no viven en casa durante los años de universidad, aunque los estudiantes vivan en el mismo Estado que sus padres. De esta manera, la universidad funciona como una prueba gratuita para ser independiente. Como resultado, las personas pueden regresar después de la universidad, pero con cuatro o más años de independencia es más cómodo para los jóvenes si tienen su propio hogar. Entonces, el desarrollo de la independencia no es una fuerza específica; es la norma.

La culpa... ¿De quién?

En verdad, de nadie. Los padres no necesitan sentirse mal por cuidar a sus hijos. Cada buen padre quiere hacer lo mismo. Los jóvenes no deben tener la responsabilidad tampoco porque no hay normas obligatorias que digan que las personas deben salir de los hogares de sus padres, y en España hay menos recursos para ayudar con la transición. Bastante independencia aquí parecería para una americana como yo, a veces un poco maleducada para su familia. Los padres aquí esperan que no tengan que estar tantos años cuidando a sus vástagos, pero muchos hijos adultos en los Estados Unidos dicen que preferirían tener más tiempo con sus padres y familias. Simplemente, no es la culpa de una persona; son las estructuras de las diferentes culturas.

Las habilidades de independencia personal son capacidades que cada persona siempre necesita mejorar. Es una lucha por toda nuestra vida. Mientras no haya una solución concreta, podemos no empezar con la frase “mi hijo/hija no quiere tener independencia” y en lugar de eso preguntar: “¿Cómo puedo cambiar las normas de mi cultura para ayudar a que los jóvenes sean más independientes?”.

Estamos asistiendo a una especie de competición para ver quién se lleva parte de la pujante industria armamentística. Casi todos los medios de comunicación y la mayoría de nuestros grupos políticos lo apoyan, bueno algunos tienen que buscar eufemismos; desarrollo, innovación, reto tecnológico, etcétera...

La prensa y nuestros representantes nos lo pintan con la palabra 'oportunidad' y ven la carrera impuesta del rearme como una salvación reindustrializadora, sobre todo para antiguas zonas minerosiderúrgicas. Vemos a Indra posicionada en As Pontes y en el tallerón de Gijón, la parte de munición merodeadora en el área de Villadangos y una disputa territorial para la fábrica de vehículos blindados a la que optaba El Bierzo, entre otras.

¿Pero es realmente una oportunidad? Yo pienso, o quiero pensar, que en realidad todo el mundo en su cabeza siente que el rearme es quemar el último cartucho, clausurar el futuro y olvidarnos de la moral. El rearme es la opción impuesta por los grandes grupos de poder. El modelo de sociedad que está generando es nefasto y, por tocar suelo, la corrupción que generará va a ser inevitable debido a la propia dinámica de la industria de guerra.

¿No hay nadie dentro del espectro político y mediático que abiertamente se sincere y sea valiente para, por lo menos, cuestionar la opción del rearme a la que nos están empujando?

La Asociación Berciana de Agricultores (ABA) mantiene abierta la bolsa de empleo para cubrir alrededor de 1.500 puestos de trabajo destinados a la campaña de recogida de fruta y vendimia, una edición marcada por el adelanto de las cosechas y un incremento del interés de trabajadores extranjeros.

El director técnico de la ABA, Pablo Linares, ha explicado que la respuesta está siendo incluso mejor que en campañas anteriores y que una parte importante de la mano de obra necesaria ya se ha inscrito.

Ha incidido en un cambio de tendencia respecto a otros años, ya que están “viendo más personas extranjeras interesadas en trabajar en la campaña que trabajadores nacionales”.

Linares ha recordado que hasta ahora era más habitual contar con un mayor peso de mano de obra española.

La campaña comenzará el próximo 17 de agosto con la recogida de la pera conferencia, aunque la vendimia, muy adelantada este año, ya ha comenzado.

La Diputación de León ha cerrado el reparto definitivo del quinto año de reparto de las ayudas económicas que permiten a los pequeños ayuntamientos de la provincia leonesa la contratación puntual de personal para mantener abiertas durante el verano casi un centenar de piscinas y playas fluviales repartidas por toda la provincia leonesa.

Se trata del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para piscinas municipales y para playas fluviales autorizadas oficialmente para el baño. En total, la institución provincial moviliza este año los 669.750 euros previstos para ayudar a contratar personal durante la temporada estival en 94 instalaciones de la provincia.

El acuerdo, adoptado por el Pleno de la Corporación el pasado 29 de julio, permitirá sufragar la contratación vinculada a la apertura y funcionamiento de estos espacios de baño. La cuenta final deja 634.125 euros para 81 ayuntamientos y 35.625 euros para cinco juntas vecinales de otros tantos pueblos.

Cada piscina o playa fluvial subvencionada recibe, con carácter general, la cuantía de 7.125 euros. Así, los ayuntamientos concentran 89 de las 94 instalaciones financiadas, mientras que las juntas vecinales de Losada, Moreda, Rodanillo, Tremor de Arriba y Villacalbiel reciben ayuda para una piscina municipal cada una.

Las excepciones de más cuantía

Se da la circunstancia de que el municipio que más cuantía percibe este año, así como en anteriores ediciones, es Cimanes del Tejar, que suma un total de 21.375 euros. Y es que en su caso mantiene tres espacios de baño diferentes: una playa fluvial y dos piscinas. También duplican ayuda, es decir, perciben 14.250 euros, los casos de Llamas de la Ribera, La Pola de Gordón, Puente de Domingo Flórez, Toreno, Torre del Bierzo y Vega de Espinareda, todos ellos por disponer de dos instalaciones subvencionadas.

Respecto al reparto inicialmente previsto, la Diputación ha gastado finalmente la totalidad de los 669.750 euros disponibles, sin dejar ni un euro en la hucha. Eso sí, cambia ligeramente la distribución: el Plan reservaba 627.000 euros para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y 42.750 para juntas vecinales y el reparto definitivo traslada 7.125 euros del segundo bloque al primero. En la práctica, un espacio más financiado en los ayuntamientos y uno menos entre las juntas vecinales.

Con este reparto, el Plan busca que piscinas y playas fluviales puedan abrir con el personal necesario en pleno verano, cuando chapuzones, toallas y sombra dejan de ser un lujo para convertirse en asunto casi de primera necesidad entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son los que entran dentro de la competencia de la Diputación. En el caso de las playas fluviales, existe la condición de que no se puede presentar cualquiera sino sólo aquellas que disponen de autorización oficial y expresa de la Junta de Castilla y León. Se trata de una más de las condiciones que impuso este plan desde su reciente nacimiento, en el año 2022, por lo que se resuelve así la quinta convocatoria consecutiva.

Aquí dejamos el listado completo de todo el reparto oficial de la Diputación en este verano de 2026:

También este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la distribución de ayudas económicas de la Diputación dentro del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral, que distribuye 8,14 millones de euros entre ayuntamientos leoneses para la contratación de trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Las mayores subvenciones recaen en municipios de mayor población como Astorga, La Bañeza, Bembibre, Sariegos, Valencia de Don Juan, Valverde de la Virgen, Villablino o Villaquilambre, que recibirán 60.107 euros cada uno, mientras que numerosas localidades rurales obtendrán ayudas de entre 30.054 y 54.847 euros para reforzar plantillas municipales y servicios básicos.

León rompió en julio la tendencia de los últimos meses y vio crecer el paro en 94 personas, un aumento del 0,49% con respecto a junio (la subida fue del 0,85% en la media nacional). La provincia se queda en 19.353 demandantes de un puesto de trabajo, 492 menos que a la misma altura de 2025, lo que representa un descenso interanual del 2,48%, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La industria fue el único sector económico que representó un contrapeso positivo en la estadística, cuyo aumento acapararon las mujeres al repetirse el número de hombres inscritos del mes pasado.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la industria (-48, de 1.637 a 1.589). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (78, de 13.505 a 13.583) y más moderados en la agricultura (19, de 670 a 689) y en la construcción (7, de 1.220 a 1.227). La estadística del colectivo sin empleo anterior también creció (38, de 2.227 a 2.265).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.517 mujeres desempleadas (que asumen íntegramente los 94 demandantes más) frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (732 hombres frente a 596 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (644 hombres por 803 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.905 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.555 por 7.015).

Castilla y León

Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional, y los cotizantes a la Seguridad Social aumentaron en 6.170 ese mes, hasta los 1.022.190 afiliados, datos en los que se nota el reciente proceso de regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Castilla y León anotó la menor bajada del paro para un mes de julio en dato interanual con datos desde el 2021, y el mayor aumento intermensual en ese mismo periodo.

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró julio con 17.830 cotizantes más que hace un año, el 1,78% más, por debajo del 2,94 nacional.

El paro registrado en julio de 2026 bajó en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250), con subidas en el resto de comunidades encabezadas por Cataluña (7.705), Comunidad Valenciana (7.021), Comunidad de Madrid (3.822) y Castilla y León (2.053).

El paro sólo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y respecto a julio del 2025, el desempleo disminuyó en Ávila (-2,39%), Burgos (-0,53%), León (-2,48%), Salamanca (-2,56%), Segovia (-2,51%), Valladolid (-0,45%) y Zamora (-0,46%), se mantuvo constante en Palencia (0,00%) y aumentó en Soria (7,33%).

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

Respecto a julio del 2025, el paró bajó en 1.490 personas en el sector servicios, con 259 menos en construcción, 147 menos en industria y 94 menos en agricultura, y un repunte de 781 en el grupo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró julio con 1.334 mujeres más en las listas del paro y 719 hombres, con un recorte de dos parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la comunidad cierra julio con 38.335 hombres desempleados y 57.978 mujeres; y 7.301 menores de 25 años.

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que arrancó en abril, ha sumado a un total de 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026, según datos de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que sumó más afiliados en este proceso, el 19,8 % del total, seguida por Cataluña (17,8%), Andalucía (12,7%), Comunidad Valenciana (12,1%) y Castilla y León (4,4%).

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en julio 71.687 contratos, que suponen 217 y un 0,30% menos que en junio, frente al retroceso nacional del 3,77%.

El dato también es peor que el de julio del 2025, con 3.764 contratos menos en la comunidad que hace un año y una caída del 4,99%, frente al -0,12 nacional.

Del total de contratos, 22.855 fueron indefinidos, 1.239 menos que el mes anterior, con un recorte del 5,14% (-9,74 nacional); y 752 menos que hace un año, el -3,19% (+1,19).

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de junio, fueron 66.940 en Castilla y León, de ellas 33.753 prestaciones contributivas, 33.163 subsidios y 34 rentas activas de inserción.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y la Guardia Civil han detectado diversas irregularidades laborales durante varias inspecciones realizadas en empresas de los municipios leoneses de Chozas de Abajo y Sariegos, que han dado lugar al levantamiento de actas y a la correspondiente tramitación de denuncias administrativas.

Según ha informado este martes la Comandancia de León de la Guardia Civil, los controles fueron llevados a cabo por efectivos del Puesto Principal de Armunia en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las actuaciones programadas para combatir la economía irregular y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral.

Las inspecciones se desarrollaron en distintos centros de trabajo ubicados en los términos municipales de Chozas de Abajo y Sariegos, donde los agentes y los inspectores comprobaron las condiciones laborales de los trabajadores y la situación de las empresas inspeccionadas.

Durante el dispositivo se levantaron varias actas relacionadas con situaciones laborales detectadas en diferentes trabajadores y compañías, además de formularse las denuncias administrativas correspondientes tanto en materia laboral como en otros ámbitos vinculados a la actuación inspectora.

La Guardia Civil no ha precisado el número de empresas controladas ni la naturaleza concreta de las infracciones observadas.

La actuación forma parte de las competencias que la Inspección de Trabajo desarrolla para la detección de posibles situaciones de economía irregular, una línea de actuación que persigue aflorar empleo no declarado y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y de las obligaciones empresariales.

La provincia de León cerró el segundo trimestre del año con 17.700 parados, 1.100 más (un 6,6%) que los 16.600 registrados durante el primer trimestre, según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicados este martes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). La comparativa interanual sí resulta favorable dado que a estas alturas de 2025 hasta 18.000 leoneses buscaban un empleo, lo que representa en este caso un descenso del 1,6%.

El dato provincial contrasta con la media autonómica. Y es que Castilla y León redujo un 5,5% el número de desempleados en el segundo trimestre del año, con 5.700 parados menos con respecto al trimestre anterior, lo que deja la cifra total en 96.700 desempleados, y suma 28.500 ocupados, hasta alcanzar el 1.058.700, con una tasa de paro del 8,37%, por debajo de la media nacional y la novena más baja del conjunto autonómico.

En el conjunto del país, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87 %).

Por lo que respecta a León, la tasa de paro aumentó en términos intertrimestrales al pasar del 8,46% del primero al 8,84% del segundo. La evolución volvió a invertirse en la comparativa interanual, al ser inferior al 9,18% de 2025 a estas alturas.

El número de personas ocupadas sí crece en la provincia de León: son a estas alturas del año 182.100 (179.200 en el primer trimestre y 177.800 del segundo trimestre de 2025). Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025).

Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025). Por su parte, la tasa de actividad está en un 49,89%, más que el 49,28% del trimestre anterior y que el 49,48% de hace un año.

El principal porcentaje de leoneses activos en el segundo trimestre del año se concentran en el sector servicios, concretamente un 73,1%. Le sigue industria, que acumula un 10,6% de los leoneses, mientras que el 6,1% corresponde a la construcción y un 5,4% a la agricultura.

Una nueva aplicación, ya operativa, da a los usuarios del espacio del coworking ubicado en Caboalles de Arriba una mayor agilidad para sus solicitudes de uso y acceso al servicio gratuito que el se oferta en el edificio.

Para acceder al servicio se puede hacer a través de la web municipal www.aytovillablino.com o de forma directa en el enlace villablinoreservas.ovtspain.es

Con este nuevo servicio que se completará en la próxima semana con la instalación en el centro coworking de una cerradura inteligente, para coordinar con el sistema y eliminar la apertura manual que se tenía que hacer hasta ahora, desde su apertura en el año 2022.

El Ayuntamiento de Villablino da un paso más en su compromiso con la digitalización, la modernización de los servicios públicos y el apoyo al emprendimiento con el lanzamiento de la nueva web de reservas para el centro de coworking.

“Esta nueva plataforma digital surge con el objetivo de facilitar el acceso a un espacio de trabajo moderno, equipado e ideal para trabajadores independientes, emprendedores, empresas y nómadas digitales que buscan un entorno colaborativo y funcional en el municipio”.

A través de esta herramienta, los usuarios podrán consultar la disponibilidad de espacios, conocer los servicios que ofrece la instalación y gestionar sus reservas de forma autónoma, cómoda e interactiva.

Según detallan en la nota de prensa distribuida por la institución municipal, buscan “ofrecer las máximas facilidades a los vecinos y a los profesionales que eligen nuestro municipio para desarrollar su actividad. Este espacio de coworking en Caboalles de Arriba, sumado a la gestión digital de sus reservas, nos posiciona como un entorno adaptado a las nuevas necesidades del mercado laboral y la fijación de población”.

La ampliación del polígono industrial 'El Páramo' da un paso decisivo después de años de retrasos administrativos. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la Orden AGR/667/2026, de 16 de julio, por la que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental formula el informe ambiental estratégico favorable para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa María del Páramo, concluyendo que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no necesitará someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

La resolución supone un importante avance para una actuación largamente reivindicada por el Ayuntamiento paramés y que permanecía bloqueada desde hace años por la necesidad de obtener distintos informes. El Consistorio aprobó el pasado mes de marzo el inicio del expediente de modificación urbanística para impulsar la ampliación del polígono, cuyo suelo industrial se encuentra prácticamente agotado, iniciando de forma simultánea la redacción del plan parcial y del proyecto de urbanización para tratar de acortar los plazos.

La modificación urbanística permitirá recalificar los terrenos colindantes al actual polígono, que pasarán de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria a Suelo Urbanizable de Uso Industrial con ordenación detallada. Además, se ordenará el sector industrial U.9 'El Val', se reorganizarán las conexiones con el polígono existente y se reclasificará otra parte del ámbito como Sistema General de Espacios Libres para reforzar la protección ambiental del entorno.

La ampliación contempla incorporar cerca de 187.000 metros cuadrados, unas 18,7 hectáreas, de nuevo suelo industrial, una superficie adquirida por el Ayuntamiento hace varios años con el objetivo de responder a la demanda empresarial y favorecer la implantación de nuevas empresas. El diseño prevé parcelas de gran tamaño, una nueva entrada principal desde la carretera LE-6523, mejoras en la movilidad interior, cerca de 1.800 plazas de aparcamiento, una zona específica para camiones y un carril verde y ciclista de conexión con la circunvalación.

Durante la tramitación ambiental se solicitaron informes a organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General de Carreteras, la Agencia de Protección Civil, los servicios territoriales de Medio Ambiente, Agricultura y Movilidad, la Diputación de León o Ecologistas en Acción. La Confederación concluye que el ámbito no afecta a cauces públicos ni presenta riesgo de inundación, aunque condiciona el desarrollo a ejecutar actuaciones pendientes en la red de saneamiento y al cumplimiento de los requisitos sobre vertidos. Por su parte, el Servicio Territorial de Movilidad plantea estudiar la mejora de la intersección entre la CL-622 y la LE-6523 ante el incremento de tráfico previsto, mientras que Medio Ambiente determina que la actuación no afecta a espacios de la Red Natura 2000, aunque fija condiciones para proteger las vías pecuarias existentes.

Tras analizar todos los informes, la Junta concluye que la modificación urbanística no provocará afecciones ambientales relevantes, no compromete espacios protegidos y sus efectos serán limitados y reversibles. Por ello, el informe ambiental estratégico determina que basta con la evaluación simplificada realizada y que no es preciso continuar con una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se incorporen las condiciones fijadas por los organismos consultados.

La publicación de esta orden supone un cambio de escenario respecto a la situación que denunciaba el Ayuntamiento en los últimos años. En 2023, el Consistorio llegó a criticar el bloqueo de la recalificación de estos terrenos agrícolas, adquiridos en 2019, mientras otros proyectos sobre suelo de similares características, como instalaciones fotovoltaicas, avanzaban con mayor rapidez. Ahora, con el visto bueno ambiental publicado en el Bocyl, la ampliación del polígono supera uno de los trámites más relevantes para hacer realidad un proyecto considerado estratégico para la generación de empleo y el desarrollo económico de Santa María del Páramo y su comarca.

La Fundación Santa Bárbara, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ofertará más de 1.600 plazas de Formación Profesional para el empleo en industrias extractivas durante la presente legislatura, con el objetivo de consolidarse como centro de referencia nacional en este ámbito.

El anuncio lo ha realizado este martes el director general de Energía y Minas, Alberto Castro, durante una visita a las instalaciones de la fundación en la comarca del Bierzo, donde destacó que entre 2020 y 2025 más de 1.100 alumnos participaron en las acciones formativas desarrolladas por la entidad y que más de 850 consiguieron acceder al mercado laboral.

La Junta pretende reforzar la especialización del centro mediante una oferta adaptada a las necesidades actuales del sector extractivo y energético.

Durante la visita, Castro ha conocido además varios proyectos de innovación que desarrolla la fundación, entre ellos La Mina en Vivo, que transformará la antigua escuela mina de Caboalles de Arriba (Villablino) en un centro de turismo industrial financiado por el Fondo de Transición Justa, y GENMIN, que estudia el uso de antiguas explotaciones mineras para almacenar energía mediante aire comprimido, hidrógeno verde o biogás y prevé desarrollar una planta piloto en 2027.

Actualmente la Fundación Santa Bárbara dispone de instalaciones en Folgoso de la Ribera y Torre del Bierzo donde oferta alrededor de 500 plazas de formación al año y desarrolla actividades de investigación, ensayos tecnológicos y formación especializada para industrias extractivas, obra civil y servicios de emergencias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la externalización de puestos de trabajo de servicio en diversos centros educativos de León, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que la Dirección Provincial de Educación está realizando “con la complicidad y beneplácito” del departamento del Gobierno autonómico, según denuncia el sindicato al hilo del último caso que ha detectado, en este caso en el IESO (Instituto de Educación Secundaria Obligatoria) Puente de Domingo Flórez.

Según relata CSIF, la plaza de personal laboral de servicio de este centro berciano ha sido trasladada a otro de Ponferrada (también privatizada previamente), sin que el trabajador afectado que la ocupa en Puente de Domingo Flórez fuera informado con antelación de la decisión. Al mismo tiempo, la administración educativa ha contratado a una empresa para realizar las mismas funciones y tareas. CSIF tacha la situación de “incomprensible e injustificable”. “Carece de toda lógica desplazar una plaza pública existente en la RPT para, posteriormente, recurrir a una empresa privada para cubrir exactamente las mismas necesidades”, señala.

El sindicato independiente avisa de que no se trata de un hecho aislado. Y es que asegura que la contratación de empresas privadas para atender las funciones propias del personal de servicio ya se ha implantado en otros centros educativos de la provincia, entre los que cita a los IES Virgen de la Encina y Gil y Carrasco, Escuela de Adultos Ramón Carnicer y Centro Integrado de Formación Profesional, todos en Ponferrada; el IES Álvaro Yáñez de Bembibre; o el Centro Tecnológico Ciudad de León, el Conservatorio Santos Ovejero o Escuela de Adultos Faustina Álvarez, estos tres últimos en la capital leonesa.

CSIF considera que esta sucesión de casos evidencia “una estrategia de externalización planificada” que “supone un perjuicio para el empleo público, favorece la precarización laboral y debilita la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León”. Además, recuerda que las plazas incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo “deben ser desempeñadas por personal laboral de la Administración y no sustituidas por contratos con empresas privadas”.

Así las cosas, CSIF exige a la Consejería de Educación la inmediata cobertura de la plaza de servicio del IESO de Puente Domingo de Flórez con personal laboral de la Junta, dejando sin efecto cualquier medida que implique su sustitución por una empresa privada. Asimismo, exige la recuperación de los otros puestos de esa categoría que se han externalizado con por empleados públicos. El sindicato reclama que se termine con la política de externalización de funciones propias del personal laboral, así como un compromiso firme de la Junta “con la defensa del empleo público, el respeto a sus plantillas y la garantía de un servicio público de calidad para toda la comunidad educativa”.

De la soledad reflexiva de mi anterior buhardilla salió una crítica hacia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, por la descalificación insultante hacia el padre de un adversario, convertido, por la violencia dialéctica del hemiciclo, en enemigo a abatir. Ya dije lo que tenía que decir. Me hubiera gustado cambiar el paso en los comentarios respecto al personaje que salen de esta nueva buhardilla de mi ático pensante.

Pero ha vuelto a la carga. Ahora, con la ofensa a la razón que es inherente a las políticas de protección a los más desfavorecidos. Marca indeleble de su partido y de sus nuevas/viejas amistades peligrosas es que el desafortunado lo es porque quiere serlo. Para ellos, el azar es cuestión de voluntarismo. Cómo se nota que él y sus conmilitones viven con el riñón bien resguardado en buena parte por el dinero del contribuyente. Recordemos que las pensiones y demás bicocas recolectadas tras su actividad no son fruslerías, por cierto, sufragadas por la hucha colectiva.

Núñez Feijoó ha anunciado que en su futuro gobierno, que las encuestas y él dan por hecho, los trabajadores con baja por enfermedad no cobrarán su sueldo mensual completo. Tiene la varita mágica contra el absentismo y la enarbola con orgullo confundido en soberbia ¿Quién o qué le ha inducido a identificar vagancia y picaresca con pérdida de salud? Solo alguien con inusitado desconcierto por chirridos de motosierras lejanas puede sacar de su magín propuestas como esta. ¿Alguien puede creer que un trabajador aquejado de enfermedad con peligro evidente de muerte o incapacidad permanente, se sienta feliz por no ir a trabajar? Este líder tiene las papeletas para ser el árbitro de derechos y obligaciones ciudadanas. Tiritona produce.

No hay un mínimo de piedad hacia personas que se han dejado en el camino profesional el bien más preciado de la existencia: la salud. A la angustia de perderla, con intervención, siempre, de los caprichos del destino, nunca por la especulación del escaqueo, Feijoó, por arte de su incontinente estado de sospecha hacia lo que escape al control de la matemática lucrativa empresarial, añade el sadismo del sufrimiento de pérdida de poder adquisitivo a enfermos, que, salvo disfunciones psíquicas que escapan a la lógica, quieren serlo para no ir a la oficina.

De un plumazo, el líder de la oposición, empalagado en la justicia y legitimidad providencial e inapelable de su casta por ocupar los palacios y sillones presidenciales, ha cuestionado los mecanismos de los sistemas de control de la salud laboral de la Seguridad Social y de las mutualidades profesionales, gestionados por profesionales competentes que tienen la atribución, se supone, como el valor en la mili, de visar las bajas de actividad con criterios objetivos. Lo hace con el aspersor de la desconfianza a todo y por todo, que entiende como inagotable captación de votos.

Los trabajadores de la política

Y esto sale de boca de un trabajador, sí, porque un político es un trabajador, incluso con la aureola institucional que otorga el liderazgo de la oposición que, en la prestación de ese trabajo en su foro, el Parlamento y el escaño, el ciudadano lo ve batiendo el cobre de higos a brevas. ¿Cuánto se van a descontar de su sueldo parlamentario, él y otras señorías, por sus ausencias? Ese no estar en el puesto, bajo su parámetro, es también ¿absentismo?

He sido testigo de la vida parlamentaria, de plenos vacíos que se llenaban a la hora de votar. Nadie asoció esa mecánica a absentismos. Aquellos debates eran cosa de unos pocos expertos en las distintas materias legislativas, mientras la masa de los grupos parlamentarios operaba en sus despachos en diferentes comisiones o trabajos. ¿Si es exigible la comprensión para esa operatividad, por qué el señor Feijoó la pone en entredicho en la cotidianidad de los españoles?

He aquí un apóstol del ver para creer. Si no vas a trabajar es porque eres un vago, en única clave de silogismo. Flotando queda la cortedad de miras de un razonamiento en estado de permanente sospecha para todo lo que implique un atisbo de justicia social. Si no sabe expresarse desde la prédica, pavor da cuando toque oírlo desde las dádivas del trigo con esta y otras tarjetas de presentación.

Alberto Núñez Feijoó derrapa con frecuencia en su dialéctica. Ello obedece a un discurso obsesionado con el monotema de doble vía entre la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria anticipada de elecciones. Empezó la legislatura con un sublime error de concepto, con una mentira de autoconsuelo por una victoria sin los laureles del poder. Pedro Sánchez era un usurpador. Olvidó, o no quiso saber, que las elecciones generales en España son al poder Legislativo y no al Ejecutivo, y es aquél el que designa al cabeza de gobierno. A su Leviatán le salieron las cuentas; a él, no. Ha sido incapaz de asimilarlo.

No ha dejado de ser, desde entonces, un político atenazado por una trola que ha transformado en axioma. Solo un verbo: dimitir. Así, tres años. Cuando cambia el paso, aparece la cortedad argumental. Falta de entrenamiento en el debate imaginativo y la consecuencia inmediata: agujetas mentales.

El Consejo Comarcal del Bierzo, CCOO, UGT y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) han firmado este lunes el primer acuerdo del Diálogo Social de la institución berciana, un documento con el que las cuatro partes se comprometen a reforzar las políticas de empleo, formación y atención a la ciudadanía mediante una estrategia conjunta que se desarrollará hasta 2029.

El acuerdo contempla una aportación mínima anual de 650.000 euros por parte del Consejo Comarcal para mantener y potenciar los servicios vinculados al empleo y la inclusión laboral. Entre ellos figuran la Agencia de Colocación, el Programa Alba, el servicio de homologación de títulos y distintos programas sociales.

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, destacó que el documento es fruto de meses de trabajo entre las administraciones, los sindicatos y la patronal y aseguró que nace con la vocación de “favorecer a los bercianos y generar empleo”.

Por su parte, la consejera comarcal de Formación y Empleo, Laura Fernández, explicó que el objetivo pasa por “mantener y reforzar servicios” y mejorar la coordinación entre las distintas entidades para facilitar el acceso de los ciudadanos a todos los recursos disponibles.

Desde CCOO, su secretario general en el Bierzo, Roberto Echegaray, definió el acuerdo como “una especie de gestión circular” que permitirá compartir recursos para mejorar la formación y favorecer la inserción laboral de los bercianos.

En la misma línea, el responsable de UGT en la comarca, Omar Rodríguez, defendió el papel de sindicatos y empresarios para detectar las necesidades del mercado laboral y sostuvo que el diálogo social contribuirá a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del Bierzo. “Todos estamos preocupados porque esta comarca crezca y se desarrolle. Somos los que mejor sabemos lo que hace falta”, afirmó.

El presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, aseguró por su parte que “la comarca debe avanzar” y confió en que este acuerdo contribuya a impulsar ese objetivo.

Las partes volverán a reunirse el próximo mes de octubre para analizar las necesidades del mercado laboral berciano y definir nuevas actuaciones en el marco del Diálogo Social.