El Pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes el Presupuesto Municipal de 2026 por un montante de 174,5 millones de euros gracias a los votos a favor de los nueve concejales del equipo de Gobierno del PSOE y la abstención de los ediles la Unión del Pueblo Leonés (UPL), mientras que PP, Vox y el concejal no adscrito han votado en contra.

El nuevo presupuesto supone un incremento de casi 12 millones de euros sobre las anteriores cuentas, gracias al incremento de los ingresos en la Participación de Tributos del Estado en 6 millones de euros; y, por otra, en la mejora en la recaudación municipal de determinados impuestos, sobre todo el de Construcciones y la Plusvalía municipal.

El concejal del área de Hacienda y Promoción Económica, Carmelo Alonso Sutil, ha presentado a la Corporación unos presupuestos en los que ha destacado el esfuerzo inversor con el que se pretende “ dar respuesta a los proyectos ya iniciados y a las necesidades de los vecinos y de los barrios”, para lo que se destinarán más de 16 millones de euros en este capítulo.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Fernández, que recientemente anunció su candidatura a la Alcaldía de León, ha considerado que el presupuesto no “cuenta no ninguna novedad ni nuevos proyectos” de valor para la ciudad y “sí cuenta con muchas carencias”, a lo que sumo la falta de diálogo del equipo de Gobierno con la oposición a la hora de su elaboración, justificando de esta manera el voto en contra del PP.

Asimismo, el edil ha apuntado que aprobar las cuentas sería apoyar una gestión municipal que ha calificado de “negligente” por parte de un equipo de Gobierno dirigido por el socialista José Antonio Diez que considera “agotado y con falta de ideas” y que se olvida de las familias, mostrándose muy crítico en las subidas de las tasas de agua y basura, así por como se han gestionado.

Por su parte, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, ha anunciado su abstención y ha criticado que las cuentas se hayan presentado para su aprobación en el mes de julio, dirigiendo sus críticas al concejal de Hacienda por una “gestión lamentable”, sobre todo en la tramitación de la tasa de basura, que a su juicio, ha provocado que el Ayuntamiento no haya podido incrementar la partida de inversiones.

Unas criticas de las que no se ha librado el PP, ya que Sendino ha calificado su acción política como “demagógica e irresponsable” al no presentar ni una solo enmienda a los presupuestos.

Desde la bancada de Vox, su única edil Blanca María Herreros, ha remarcado que el presupuesto presentado por el equipo de Gobierno “están inflados, no son creíbles y no ofrecen soluciones a los problemas de la ciudad”.

Un debate que ha finalizado con la intervención del alcalde José Antonio Diez, quien ha valorado la abstención de UPL que ha facilitado la aprobación de las cuentas como un ejercicio de “responsabilidad” y que demuestra que antepone “el interés del ciudadano a sus intereses partidistas”, frente a la oposición por sistema de otras formaciones, a la vez que ha agradecido a los técnicos municipales su esfuerzo en la elaboración de los Presupuestos en “una situación compleja”.

Diez ha reconocido que los presupuestos se han aprobado tarde, pero permitirán que la “ciudad no se paralice, ni se aparquen inversiones, y los proyectos en marcha puedan tener continuidad” con lo que suponen de mejora para los servicios públicos que presta el Ayuntamiento.

Asimismo, a las críticas sobre la tasa de basura, ha recordado que la ordenanza fue aprobada en Pleno por la unanimidad de los grupos políticos, mientras que sobre la falta de debate para presentar enmiendas, ha trasladado al PP que el borrador de las cuentas se presentó con un mes de antelación, “nunca se ha entregado con tanta antelación”, por lo que ha habido tiempo necesario para estudiarlo y presentar enmiendas para mejorarlo.

Una torre de la Biodiversidad? ¿Qué es eso? ¿Otra ocurrencia de la UPL? Pues no, es una especie de lugar para que aniden vencejos y murciélagos de tal forma que se coman los mosquitos de la ribera del Bernesga. Una petición un tanto extraña, por el nombre, pero que ya varios municipios en España la han instalado.

La Unión del Pueblo Leonés anuncia en una nota de prensa que demandará al Ayuntamiento de León la instalación de una Torre de la Biodiversidad para combatir de forma natural las plagas de mosquitos e insectos en la ciudad. La formación sostiene que esta infraestructura, ya implantada en otras localidades como Coria del Río y Ponferrada, permitiría reforzar el control biológico en las riberas del Bernesga y mejorar la calidad ambiental urbana.

Según ha explicado la concejala de UPL en el Ayuntamiento de León, Sheila Fernández, la torre tendría 12 metros de altura, placas fotovoltaicas para ser autosuficiente, 90 nidos de vencejos y un habitáculo para murciélagos, especies que ayudan a reducir la presencia de insectos. La propuesta plantea ubicarla en la ribera del Bernesga, con el objetivo de convertir León en un referente de urbanismo verde y sostenibilidad.

La formación leonesista también defiende que la medida contribuiría a reducir el uso de plaguicidas químicos y a proteger a aves urbanas como los gorriones. UPL ha pedido al equipo de gobierno del PSOE y al resto de grupos municipales que respalden esta iniciativa por el beneficio que, asegura, tendría para la salud y el bienestar de los vecinos.

¿Qué es una torre de la Biodiversidad?

Una torre de la biodiversidad es una estructura artificial pensada para favorecer el control biológico de plagas, especialmente de mosquitos e insectos, mediante la presencia de aves insectívoras y murciélagos. Suele tener unos 12 metros de altura y se diseña con distintos espacios para que estas especies puedan anidar y refugiarse de forma segura.

En la parte superior incorpora nidos para vencejos, gorriones y estorninos, mientras que en la zona inferior se habilitan habitáculos para colonias de murciélagos. La idea es que todos ellos actúen como aliados naturales en la reducción de insectos, sin recurrir a plaguicidas químicos.

Además de su función medioambiental, este tipo de instalación suele incluir placas solares para autoabastecerse y materiales de aislamiento térmico que la hacen más resistente al calor. En su base también puede rodearse de plantas autóctonas para atraer polinizadores y reforzar la biodiversidad del entorno.

En resumen, no es una torre ornamental ni un invento extravagante, sino una infraestructura ecológica pensada para integrar fauna útil en el entorno urbano y mejorar la calidad ambiental.

El Partido Popular ha cargado contra el equipo de gobierno de la Diputación de León conformado por el PSOE y UPL por su decisión de abandonar el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL), una medida que atribuye a una “decisión política” de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), con el respaldo de los socialistas, para desvincular a la institución provincial de “todo lo que suponga Castilla y León”.

Los populares rechazan los argumentos esgrimidos por el diputado de Cultura, Emilio Martínez, para justificar la salida del organismo. En concreto, niegan que exista una duplicidad de funciones con el Instituto Leonés de Cultura (ILC) y sostienen que ambos organismos desarrollan competencias diferentes. Según el PP, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua impulsa líneas de investigación filológica, paleográfica, documental e historiográfica “altamente especializadas” que exceden las funciones del ILC.

Como ejemplo, los populares destacan proyectos como la edición crítica de la Nodicia de Kesos, considerada el testimonio más antiguo del romance leonés; la publicación de El Tumbo Viejo de San Pedro de Montes en colaboración con la Real Academia Española (RAE); el proyecto Cartas para un Catálogo Monumental o las investigaciones sobre el Becerro Gótico de Sahagún y el Tumbo Legionense, centradas en la documentación medieval leonesa y el patrimonio documental de la Catedral de León. También subrayan la organización de congresos internacionales, cursos universitarios y publicaciones científicas relacionadas con la provincia.

En el plano económico, el PP considera igualmente “falsa” la afirmación de que la pertenencia al Instituto no genera retorno para la provincia. Recuerda que la Diputación aporta 10.000 euros anuales y asegura que, desde 2023, esa contribución de 30.000 euros ha generado una inversión acreditada superior a 140.000 euros en León, lo que supone un retorno de 4,72 veces la cuantía aportada.

Para los populares, abandonar el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua supondría perder la participación de la provincia en proyectos científicos y culturales estratégicos vinculados al estudio de los orígenes del español, así como en iniciativas de investigación, conservación y difusión del patrimonio documental leonés, un ámbito en el que consideran que León ocupa una posición histórica y académica de primer nivel.

Santa María del Páramo ha solicitado los remanentes del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025, financiado por la Diputación de León, que destinará a una primera fase de renovación y mejora del parque infantil municipal. El objetivo de está intervención pasa por ofrecer a las familias unas instalaciones modernas, accesibles y, sobre todo, seguras para el disfrute de los más pequeños, según expone el equipo de Gobierno.

La intervención contará con una inversión de 46.008,59 euros, IVA incluido, y se ejecutará durante los próximos meses. Los trabajos consistirán en la ampliación de las zonas de seguridad de distintos juegos infantiles. Además, se procederá a la renovación de varias estructuras de juego, entre ellas un columpio doble de dos plazas, un columpio doble colectivo con cesta y un columpio doble con asiento cuna.

Se trata de la primera fase de un proyecto más amplio de mejora del parque infantil. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 29 de junio solicitar que la segunda fase de renovación y modernización del parque se financie con cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, con la pretensión de continuar mejorando este espacio de ocio de forma planificada y aprovechando los distintos programas de inversión de Diputación de León.

Según expone el Ejecutivo municipal de UPL, esta intervención responde al compromiso municipal de crear espacios públicos de calidad, donde el ocio y el entretenimiento vayan siempre acompañados de las máximas garantías de seguridad.

“Para UPL es una prioridad ofrecer instalaciones seguras y de calidad que redunden en el bienestar de todos los vecinos, especialmente de los niños y niñas del municipio. Queremos que las familias dispongan de espacios modernos, atractivos y adaptados a las necesidades actuales, por lo que seguiremos trabajando para completar la renovación del parque infantil mediante las distintas líneas de financiación disponibles, ha señalado la alcaldesa, Alicia Gallego.

Los partidos de la provincia de León se van de veraneo activando en algunos casos sus maquinarias electorales, como el PP activando su comité y las candidaturas en León y Ponferrada y otros como el PSOE o UPL posponiendo para el otoño la puesta en marcha del proceso hacia las elecciones municipales del 2027.

En el caso de los leonesistas la batalla de las elecciones del último domingo de mayo se antojan más decisivas que nunca, ya que después de un buen resultado en las autonómicas aunque por debajo de las expectativas, necesitan consolidar el gran poder local logrado en 2023 y, si es posible, expandirlo. En ese año UPL pasó de ser un histórico sostén a los dos grandes partidos a ejercer un notable poder local haciéndose con alcaldías tan potentes como la de San Andrés del Rabanedo, Cistierna, Sabero, Riaño y ,mediante alternancia, la de Villaquilambre. Ese poder municipal le permitió hacerse con tres diputados provinciales, un éxito inédito que le hizo clave en la Diputación, donde pactó un gobierno con el PSOE.

En 2023 coincidieron el desgaste de los grandes partidos, la desaparición práctica de Ciudadanos y un contexto muy favorable para el leonesismo tras sus buenos resultados autonómicos de 2022 y el foco político en las mociones pro autonomía. Cuatro años después, el electorado pedirá algo más que reivindicación ya que UPL tendrá que explicar qué ha conseguido con su gestión e influencia, qué proyectos ha impulsado y en qué han mejorado los servicios públicos, las infraestructuras o las oportunidades económicas gracias a su poder local.

Hasta 26 municipios de la provincia llegarán a la cita electoral con un alcalde leonesista, pero entre ellos el tercer y cuarto más poblados y varias otras cabeceras comarcales. El caso de San Andrés del Rabanedo, con Ana Fernández Caurel como alcaldesa, es el principal dolor de cabeza de los leonesistas, por la convulsa gestión del tercer ayuntamiento en población de la provincia en este mandato, que no ha sido capaz de enderezar sus históricos problemas. En el partido se asume que puede haber un coste electoral, como ya se evidenció en las elecciones autonómicas, en un ayuntamiento que se traga liderazgos políticos a toda velocidad.

En Villaquilambre el alcalde Vicente Álvarez llega en una buena situación, con un gobierno municipal de coalición con PSOE e IU-Podemos que no ha generado polémicas y una situación financiera holgada en el consistorio. Álvarez se repartió con el concejal del PSOE Jorge Pérez la alcaldía por dos años y le toca a él gestionar la oleada inversora del final del mandato que suele premiar a los que ejercen el poder en ese momento. Su aspiración es mejorar notablemente los tres concejales de un municipio que UPL gobernó durante muchos años hasta que una crisis interna les redujo a mínimos.

En uno de sus principales focos de voto, la ciudad de León, UPL necesita renovar el cabeza de cartel tras la retirada de Eduardo López Sendino. De momentos hay dos nombres en la palestra, los actuales concejales y miembros de la dirección del partido Sheila Fernández y Enrique Valdeón. Valdeón es el heredero 'natural' de Sendino y Fernández representa una renovación generacional, aunque si el sistema de es de primarias no se descarta que otros nombres de la órbita leonesista puedan intentar encabezar el cartel de UPL. El reto del partido es enorme, mantener los cinco concejales logrados en 2023. Y en el fondo el debate de qué hacer con ellos si las cuentas vuelven a otorgar capacidad de poder, si mantenerse como apoyo externo como llevan haciendo los últimos ocho años o elevar la apuesta a la Alcaldía como hicieron en otros ayuntamientos como Villaquilambre.

Santa María del Páramo y Cistierna son los municipios que gobierna UPL con mayoría absoluta de la mano de sus dos principales dirigentes, la secretaria general y lideresa Alicia Gallego y el vicesecretario y exlíder Luis Mariano Santos. Gallego ejerce el mando en la capital paramesa y se espera que no tenga problemas en revalidarlo pese a que cualquier gestión con los años pasa alguna factura. En Cistierna habrá que esperar a conocer si Santos repite candidatura tras enderezar el ayuntamiento u opta por ir retirándose de la primera línea política como ha hecho con el liderazgo leonesista.

En el municipio con más renta por habitante de la provincia, Sariegos, UPL domina con una mayoría absoluta en manos de Roberto Aller, que confían en revalidar. Aller es ahora además el número dos de UPL, como secretario general, y en sus manos está la configuración de las listas electorales del partido. Su mayor visibilidad pública como vicepresidente primero de la Diputación le puede ayudar a mantener el poder de este municipio esencial en el alfoz y para el reparto de votos de los diputados provinciales.

En El Bierzo es donde UPL tiene más por hacer, reconocen desde el partido. Si bien en el 2023 estuvo cerca de lograr un concejal en Ponferrada, la comarca se le resiste al partido leonesista en cuanto a poder aunque ha llegado a gobernar lugares como Torre del Bierzo. Tras la crisis de la agrupación berciana antes de las autonómicar el partido confía en reconfigurar candidaturas que le permitan superar a Coalición por el Bierzo como referencia del localismo en la comarca, complicado por el predicamento en la ciudad ponferradina del regionalismo bercianista.

Otros dos agujeros de los leonesistas son Astorga y La Bañeza, donde hubo tiempos mucho mejores para el partido en votos y en representación. El buen resultado de La Bañeza de las autonómicas, donde ganaron, anima al partido a intentar presentar una lista que rompa la mayoría absoluta del PP y en Astorga, donde no se presentó en 2023, también se busca una candidatura que les permita volver a tener representación municipal. Las cabeceras comarcales serán uno de los focos del partido para ampliar su representación.

El resultado de las elecciones autonómicas de marzo de 2026 confirma que UPL tiene margen como partido, ya que obtuvo en la provincia 48.709 votos, el 20,96%, y mantuvo sus tres procuradores. Su desafío para el 2027 puede resumirse en tres verbos: conservar el poder local que tiene, ampliar su representación y gobernar siempre que se pueda, el fin último de cualquier político y partido.

La UPL ha criticado que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León ha estado podando en los últimos días de calor extremo varios árboles en la capital leonesa, incumpliendo, aseguran, el acuerdo del Pleno local del 24 de septiembre de 2021, que regulaba que estas actuaciones solo podían hacerse entre los meses de octubre y abril.

La formación leonesista afirma que los servicios de jardinería del Ayuntamiento de León han podado varios árboles durante el lunes 6 de julio en la calle Ramiro Valbuena “incumpliendo flagrantemente lo acordado en el Pleno y sometiendo a los ciudadanos a una situación en la que en esta época de canícula se encuentran con arbolado sin hojas que ya no dan la sombra que se requeriría, sin perjuicio del daño que se pueda ocasionar a unos árboles totalmente brotados”.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León exigen al Equipo de Gobierno que “finalice definitivamente las podas que se están realizando en los árboles de la ciudad”.

La Unión del Pueblo Leonés denuncia que los niños leoneses vuelven a casa sin comer por el nuevo decreto de comedores escolares. La formación leonesista exigió en una rueda de prensa a la Junta una mayor fiscalización del contrato con la concesionaria de la línea fría de alimentación de los menús de los centros escolares y una aplicación más flexible de la normativa aprobada por el Gobierno autonómico que pretendía rebajar la cantidad de proteína animal de los platos que se le dan a los alumnos que usan este servicio.

La intención de dar más fruta y verdura a los niños choca, precisamente, con que los infantes detestan la verdura. Con lo cual, no comen lo suficiente. La UPL ha salido hoy en rueda de prensa al paso de la polémica generada por ese nuevo modelo de comedores escolares en Castilla y León, denunciando que la aplicación del Real Decreto de Alimentación Escolar del pasado 15 de abril, que obliga a introducir proteína vegetal en los menús, “provocando que muchos alumnos regresen a casa sin haber comido”.

La procuradora en las Cortes de Valladolid, Rosa María Quintanilla, y la secretaria de educación del partido, Sheila Fernández, han señalado que llevan recibiendo desde hace semanas protestas de las familias “trasladando su malestar ante una situación que afecta directamente a la conciliación laboral y familiar, ya que el comedor escolar es para muchos hogares un servicio imprescindible”.

Menús sin carne ni pescado, poco adaptados y combinaciones cuestionadas

Según la UPL, la empresa adjudicataria del servicio, Serunión, está ejecutando el contrato priorizando el ahorro frente a la calidad, con combinaciones de platos que generan rechazo entre los escolares. La formación pone como ejemplo “menús que incluyen arroz de primer plato seguido de lentejas de segundo, o mezclas como garbanzos con maíz, lo que está derivando en un notable incremento del desperdicio alimentario”. Muchos menús, denuncian, “terminan directamente en la basura, contradiciendo el espíritu de la propia norma”.

Los niños de 0 a 3 años, con los mismos menús que los mayores

Desde la UPL señalan que la responsabilidad es compartida entre el Ministerio de Derechos Sociales, por haber aprobado una norma “excesivamente rígida y alejada de la realidad”; la Junta de Castilla y León, por no supervisar adecuadamente el servicio pese a las quejas reiteradas; y la propia Serunión, por la forma en que está ejecutando el contrato.

La situación “se agrava en el caso de los niños de entre 0 y 3 años recientemente incorporados a los colegios públicos, que están recibiendo los mismos menús que los alumnos mayores”, ignorando las recomendaciones pediátricas sobre la introducción progresiva de alimentos en los primeros años de vida.

La formación leonesista reclama la apertura inmediata de un proceso de escucha a familias y AMPAs, la realización de inspecciones y auditorías sobre la calidad real del servicio, y estudiar la rescisión del contrato si la empresa no es capaz de ofrecer menús adecuados. Además, piden una aplicación más flexible del decreto, adaptando los menús de forma progresiva y apostando por productos de proximidad, especialmente los de la provincia de León.

Una bandera leonesa hecha jirones es el símbolo de la dejadez del Equipo de Gobierno municipal de la UPL en el Colegio Trepalio, afirma el PSOE de San Andrés del Rabanedo, que denuncia no sólo eso sino el terrible estado de las instalaciones del centro educativo.

El Grupo Municipal Socialista de San Andrés del Rabanedo ha denunciado el estado de deterioro que presenta el CEIP Trepalio y ha instado al equipo de gobierno, liderado por la UPL, a aprovechar los meses de verano, con el curso escolar ya finalizado, para acometer las actuaciones necesarias en los centros educativos del municipio.

Según el PSOE, el colegio arrastra un estado de deterioro que “resulta impropio de un centro educativo y que afecta tanto al alumnado como al personal docente, que lleva tiempo trasladando al Ayuntamiento las numerosas deficiencias existentes sin obtener –aseguran–, una respuesta acorde a sus necesidades”.

Humedades, goteras y una caldera de 1972 que “a veces va y a veces no”

El listado de problemas detallado por los socialistas incluye humedades en paredes y techos, con desconchones provocados por inundaciones y sin previsión de arreglo; filtraciones por las ventanas cuando llueve, baños deteriorados, agujeros en falsos techos y problemas de aislamiento, climatización y accesibilidad.

A ello se suma la falta de zonas de sombra en el patio principal, la ausencia de la conexión prevista entre el aula de 0 a 2 años y la de 3 años, y el deficiente estado de la caldera original del edificio, construido en 1972, que según relatan los propios docentes “a veces va y a veces no”.

El gimnasio tampoco se libra de las críticas: el PSOE denuncia suelos con humedad y tablas saltadas, además de “apaños” con parches de metacrilato y cinta adhesiva en las cristaleras rotas.

Goteras y pintura sin renovar desde la pandemia en el edificio 60

La situación del edificio 60, según el PSOE, no es mejor: goteras, humedades que generan malos olores en las aulas, pintura sin renovar desde la pandemia, rodapiés desprendidos, radiadores con fugas, baños deteriorados y deficiencias de seguridad y accesibilidad son, afirman, el día a día de alumnos y docentes en este centro de Educación Infantil.

“Voluntad, seguimiento y mantenimiento constante”

Desde el PSOE reconocen que algunas necesidades exceden las competencias y recursos municipales, pero sostienen que muchas de las deficiencias detectadas no requieren grandes inversiones, sino, según señalan, “voluntad, seguimiento y un mantenimiento constante” que evite que pequeños problemas se conviertan en grandes deterioros.

Los socialistas afirman que algunas incidencias terminan resolviéndose únicamente tras solicitarlo al servicio municipal 010, o gracias a la iniciativa y los recursos del propio colegio, ante lo que describen como “la pasividad de un equipo de gobierno que –critican–rara vez, o nunca, se deja ver por las instalaciones”.

Una bandera “hecha jirones” como símbolo del abandono

El PSOE pone como ejemplo de esa desidia la bandera leonesa que ondea en la fachada del edificio 72. “Mientras el resto de estandartes han sido sustituidos por el organismo competente cuando ha sido necesario, esta, de titularidad municipal, continúa –según los socialistas– hecha jirones”.

“Puede parecer un detalle menor, pero simboliza una realidad mucho más profunda: cuando ni siquiera se atienden los pequeños signos de abandono, difícilmente puede transmitirse que existe una verdadera preocupación por el estado de nuestros colegios”, sostienen.

Piden actuar en verano y exigir inversión a la Junta

El Grupo Socialista reclama que se aprovechen los meses estivales para ejecutar todas las actuaciones que sean competencia municipal y que, al mismo tiempo, se exijan a la Junta de Castilla y León las inversiones que le correspondan. Pero, sobre todo, piden que el equipo de gobierno escuche y atienda las demandas de los profesionales, visite las instalaciones para evaluar su estado in situ y demuestre “compromiso e interés” ante la comunidad educativa y los vecinos de San Andrés del Rabanedo.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de Valdefresno ha denunciado el grave deterioro medioambiental en la localidad de Corbillos de la Sobarriba, donde un colector de aguas residuales vierte aguas fecales directamente al campo tras reventar uno de sus registros, al parecer por la presión acumulada en la red.

La formación leonesista ha informado, a través de un comunicado, que el vertido, que se produce en plena época estival, supone un evidente riesgo para la salubridad y el medio ambiente y pone de manifiesto las graves deficiencias que arrastra el sistema de saneamiento del municipio.

UPL ha recordado que este “no es un hecho aislado”, ya que en distintos puntos del municipio se siguen produciendo episodios de vertidos y filtraciones de aguas residuales al terreno, lo que evidencia la necesidad de una revisión urgente y profunda de la red de saneamiento.

Para UPL resulta “inadmisible” que, después de dos décadas, siga sin existir una solución definitiva a un problema que afecta tanto al medio ambiente como a la calidad de vida de los vecinos.

Consideran especialmente preocupante que esta situación coincida con el importante crecimiento urbanístico que está experimentando el entorno de Las Lomas-Corbillos, donde se han reactivado diversas promociones de viviendas.

Por todo ello, UPL ha exigido al equipo de gobierno PP-PSOE de Valdefresno que actúe de manera inmediata para reparar el colector averiado, adopte medidas que eviten nuevos vertidos y planifique de forma urgente las mejoras necesarias para la red de saneamiento para evitar que esa situación vuelva a repetirse.

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha vuelto a poner el foco en la “negligente gestión económica” del equipo de Gobierno del PSOE. Semanas después de advertir de un “agujero” que suponía la realización de ajustes por valor de 33 millones de euros, este martes cifra en 6,5 millones la cuantía de los proyectos ya “aplazados o suspendidos”. Y avisa de que todavía no es posible determinar desde la oposición el “verdadero tamaño” del impacto de los recortes.

El portavoz popular, David Fernández, ve al alcalde, el socialista José Antonio Diez, “más preocupado por ocultar la realidad que por ofrecer una gestión transparente”. “La millonaria pérdida económica que han supuesto al Ayuntamiento de León las sucesivas sentencias anulatorias de las tasas de basuras, la pérdida de subvenciones y el incremento desmesurado del coste de algunos servicios a causa de la mala gestión de los socialistas han provocado un importante desequilibrio económico en las cuentas del Ayuntamiento de León”, abunda Fernández.

Así, tras la denuncia pública el pasado 19 de mayo del “agujero” de 33 millones de euros, el PP preguntó al respecto en el Pleno del Ayuntamiento celebrado apenas diez días después. Concretamente, se dirigió al Ejecutivo municipal para saber si había tomado alguna medida correctora para cumplir con el Plan Económico Financiero 2025-2026 y, así, garantizar el cumplimiento de los objetivos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Grupo Socialista respondió que no haría falta realizar ajustes puesto que la liquidación “ratifica que no hay ningún incumplimiento”.

“La realidad ha puesto en evidencia la falsedad de esta respuesta”, replica ahora el PP al relatar cómo apenas unos días después, el 15 de junio, la Junta de Gobierno Local aprobó la suspensión temporal de la ejecución de los contratos administrativos previstos para obras de iluminación pasos peatones ciudad de León (450.000 euros); obras de arreglo aledaños estadio de fútbol Reino de León (419.695 euros); obras de accesibilidad en el Auditorio Ciudad de León (149.998 euros) y obras de mejora de la mediana del Paseo Sáenz de Miera (500.000 euros). El montante supera el 1,5 millones.

Los populares suman estas suspensiones a las ya anunciadas de las obras de rehabilitación del antiguo Consistorio de la Plaza Mayor por valor de 1.246.120 euros (con un 70% de fondos de la Unión Europea), la planta de pretratamiento de basura por 1,6 millones (con más de 1 millón de fondos de la UE), y la pasarela del Bernesga, por valor de 1.998.861 euros, cuyo concurso quedó desierto hace meses y que el PP municipal prevé que el equipo de Gobierno evitará impulsar para seguir realizando ajustes.

“Hablamos ya de proyectos suspendidos o desistidos por valor de casi 6,5 millones de euros. Proyectos en los que se incluyen también algunos de los pactados por Diez con la Unión del Pueblo Leonés para la aprobación de los presupuestos de 2024 y 2025, y ante los que UPL permanece en silencio”, advierte el PP. “Estos datos”, añade, “y todas las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de Gobierno municipal en materia económica y de inversiones han venido a demostrar que el portavoz de Diez mintió al Pleno y mintió a los leoneses. La pésima gestión económica de Diez y su equipo está suponiendo al Ayuntamiento de León un agujero de dimensiones millonarias y del que aún no conocemos su verdadero tamaño”.

Así, el PP ahonda en la crítica política: “Se ha demostrado que no sólo era necesario realizar ajustes para garantizar el cumplimiento de los objetivos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino que el alcalde ha decido realizarlos de tapadillo y sin dar explicaciones para evitar que los leoneses conozcan las consecuencias de su mala gestión”.

A juicio del PP, el desajuste económico “encuentra más combustible en la incapacidad del equipo de Gobierno de aprobar en tiempo y forma el presupuesto municipal de este año”. Pasada ya la mitad de 2026, Diez “sigue sin ni siquiera presentar el proyecto de presupuestos para 2026, algo que debería haber hecho antes de acabar 2025”. Fernández remacha asegurando que “Diez tiene un discurso hipócrita, pidiendo a los demás madurez democrática para llegar a acuerdos entre los grandes partidos y él no ha sido capaz de sentarse a hablar con el PP ningún presupuesto ni ninguna de las ordenanzas relevantes”.

El Grupo de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León reclama al equipo de Gobierno del PSOE la retirada del nombre de la calle Padre Llorente tras las "graves informaciones" publicadas por ILEÓN sobre este sacerdote ya fallecido, Segundo Llorente, incluido en una lista de abusadores sexuales por la Diócesis de Fairbanks y la propia Compañía de Jesús en Estados Unidos tras ejercer durante cuatro décadas como misionero en Alaska.

La concejala leonesista Sheila Fernández apremia al Ejecutivo municipal a plantear la retirada de este nombre del callejero, en este caso de un vial ubicado en el barrio de Eras de Renueva, justo al lado del Musac. El Consistorio bautizó con el nombre de Padre Llorente esta calle en 1996, siete años después del fallecimiento del sacerdote y casi una década antes de que se conociera ninguna denuncia de abusos.

“Consideramos del todo inaceptable que el callejero de nuestra ciudad siga rindiendo homenaje público a una figura que ha sido incluida oficialmente en la lista de abusadores reconocidos por la Diócesis de Fairbanks y la propia Compañía de Jesús en Estados Unidos. Ambas instituciones han otorgado credibilidad y veracidad a las denuncias por abusos sexuales que pesan sobre él, lo que nos obliga moralmente a actuar en consecuencia como representantes públicos”, ha incidido Fernández.

Tras sostener que la nomenclatura de espacios públicos de León debe ser “un reflejo de los valores éticos” de la sociedad, UPL cree que mantener la denominación de Padre Llorente “supone un agravio, un dolor innecesario y una inmensa falta de respeto hacia las víctimas de estos terribles actos” que no podemos ni debemos tolerar.

Es por ello por lo que ruega al Gobierno municipal que intervenga “con la sensibilidad, empatía y celeridad que este asunto requiere, iniciando cuanto antes los trámites burocráticos oportunos para la retirada de dicha placa del nomenclátor leonés”.

La UPL dice confiar en que su propuesta “sea acogida con la celeridad y el consenso de todos los grupos políticos” apenas unos días después de que el Ayuntamiento de León aprobara en sesión plenaria (con los votos a favor socialistas y leonesistas y la oposición de PP y Vox) una serie de cambios de nombre de calles dedicadas a personas vinculadas al franquismo en la ciudad y la pedanía de Armunia. Preguntado por ILEÓN, el Ayuntamiento de León se ha limitado hasta ahora a señalar que “analizará la información” publicada en torno a la condición de abusador sexual de este sacerdote nacido en en Mansilla Mayor en 1906 y fallecido en 1989.

Además, los leonesistas hacen un llamamiento al Obispado de León, que todavía “mantiene el nombre de este sacerdote en el Centro Diocesano”, hasta instarlo a “iniciar una reflexión profunda para que sigan el mismo camino en solidaridad, reparación y respeto a las víctimas”. El Obispado todavía no se ha pronunciado al respecto.

La Diputación de León aprobó este martes por unanimidad en el Pleno una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para reclamar al Ministerio del Interior que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) previsto para Castilla y León, anunciado hace meses, tenga su sede en la provincia leonesa. La unidad estaría integrada por 50 agentes especializados, conocidos como antidisturbios, de la Policía Nacional.

El portavoz de UPL y vicepresidente de la institución provincial, Valentín Martínez, defendió la iniciativa como una cuestión de equilibrio territorial en la distribución de los efectivos policiales. Martínez subrayó que León cuenta con infraestructuras, ubicación estratégica y tradición policial suficientes para acoger esta dotación, y advirtió del desequilibrio que supondría concentrar nuevos recursos en Valladolid, donde ya operan dos grupos y un subgrupo de mando y apoyo, recordó.

“Es de justicia para esta tierra y, sobre todo, de mucho sentido común”, afirmó el representante leonesista durante el debate plenario, que tuvo que incluirse fuera del orden del día por un error de la Secretaría. Se producía tras conocerse en marzo que las intenciones del Ministerio eran no disgregar territorialmente las nuevas unidades anunciadas, lo que en principio hacía pensar que León no sería una opción, generando críticas a un nuevo caso que muchos partidos tildaron nuevamente como “centralismo”.

En nombre del PSOE en equipo de Gobierno que forman con UPL, el portavoz, Santiago Dorado, justificó el respaldo de su grupo “por coherencia con la política de descentralización del Gobierno de España, por eficiencia operativa y también seguridad jurídica”. Y defendió que la petición “no es un antojo político”, sino un criterio avalado por técnicos y además sindicatos policiales, como también recogía el texto de la moción, la cual también incidía en la pérdida de capacidad de respuesta inmediata que supuso para la provincia de León la disolución de la antigua Compañía General de Reserva, integrada por 110 agentes y con sede en la ciudad.

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Los portavoces de la oposición, del Partido Popular (PP), David Fernández, y de Vox, Fernando Prieto Olite, también se sumaron al apoyo del texto pero ambos coincidieron en aprovechar para atacar políticamente a UPL por su oportunismo, recordándole que cogobiernan con el PSOE en la institución provincial, el mismo partido que gobierna en España y que puede adoptar esta decisión. Fernández en este sentido pidió a los socialistas de León que “saquen músculo” y reivindiquen este tipo de decisiones en beneficio de la provincia, en este caso para conseguir la nueva dotación policial, con la que estaban de acuerdo. Desde las filas leonesistas y socialistas respondieron reclamando a populares y Vox la misma firmeza ante el nuevo gobierno autonómico del pacto de derecha y extrema derecha en la Junta de Castilla y león.

Un presupuesto municipal de 2026 para un cuarto de año, aproximadamente. Ese es el posible escenario que se baraja en el Ayuntamiento de León si se concretan las negociaciones que mantienen el equipo de Gobierno del PSOE que encabeza el alcalde José Antonio Diez, que gobierna en minoría, y su socio puntual y preferente de los dos últimos mandatos, Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Sin embargo, nada está escrito aún, a pesar de que los presupuestos ser vitales para cuadrar de algún modo el agujero económico que deja el varapalo judicial por el cobro de las tasas de residuos de los últimos años, una sentencia que obliga a reordenar el sistema de cobros e incluso a devolver lo ya girado a los vecinos. Se trata de varios millones de euros, cuya ausencia ahora impacta sobre las arcas municipales y paraliza no pocos proyectos de inversión anunciados.

Nada está escrito porque, por un lado, los socialistas llegan al Pleno de final de mes de junio este viernes sin haber presentado un borrador de cuentas municipales. Y por lo tanto porque todavía están en fase “muy inicial” de negociación con los leonesistas sus cuatro condiciones “de mejora de ciudad”, que UPL considera “irrenunciables”.

De esas condiciones, dos son proyectos bastante costosos y la formación que lidera Eduardo López Sendino lleva años insistiendo sobre ellos: una nueva pasarela sobre el río Bernesga entre los paseos de La Condesa y Salamanca, de 2 millones, que lleva dos intentos fallidos de adjudicación de obras; y una piscina de dimensiones olímpicas de gestión privatizada y 10,5 millones, preferentemente en la carretera de Carbajal, cerca del club Olímpico, que permita que León albergue competiciones oficiales que hoy sólo acoge Valladolid.

Las otras dos “líneas rojas”, como las denomina Sendino, no conllevan coste sino que UPL considera que reportan ingresos: la mayor “municipalización” de los autobuses urbanos, hoy en manos mayoritarias de Alsa, y cuya concesión la expiró; y también el aumento de peso municipal en la sociedad mixta Eulsa que gestiona el pago del aparcamiento regulado de la ORA en la ciudad, para recaudar para el Consistorio un mayor pellizco de sus muchas ganancias anuales. Y dejando además en sus manos la gestión de casi todos los parkings subterráneos de León, incluyendo San Marcelo o el del campo de fútbol, e incluso barajarse el nuevo que construirá en Santa Nonia la Diputación.

Si todo ello es aceptado por Diez, en una negociación que Sendino admite que “de momento va sin avances”, UPL ofrece no votar a favor de las cuentas sino abstenerse para permitir su aprobación. Algo que Sendino justifica “por responsabilidad” con la ciudad.

El veterano portavoz leonesista, que por cierto está de salida al haber anunciado que el año que viene no se presentará a la reelección, insta al equipo de Gobierno de Diez a que “muevan ficha”. Y trata de meter algo de presión, porque si bien asegura que “no hay límite temporal”, a continuación advierte de que “si pasa agosto, que es inhábil, y ya planteamos aprobar el presupuesto en septiembre, poco sentido tiene ya”.

Porque no hay que olvidar que ambos grupos hablan de los presupuestos de este año, ya consumido en su mitad, y que por Ley en condiciones normales deben aprobarse antes del fin del ejercicio anterior. Sin embargo, este año todo quedó relegado y abocado a la actual prórroga del presupuesto de 2025 (que apoyaron UPL y un concejal tránsfuga de Vox) a causa de las elecciones autonómicas de marzo, que todo lo detuvieron. De cerrarse el acuerdo, pactarse los cuatro puntos y salir finalmente adelante las tardías cuentas, se confirmaría que bajo el liderazgo de Eduardo López Sendino ya sido muy abrumador el apoyo al equipo socialista de Diez en los últimos dos mandatos, sólo roto en los años de víspera electoral municipal. Como será el próximo año 2027, para el que el leonesista sí zanja que no habrá excepción. Ni acuerdo.

El Partido Popular (PP) ha criticado que dos años después de adjudicarse las obras de adecuación de la carretera LE-6707, entre Sahagún y Renedo de Valderaduey, estas siguen sin iniciarse, una situación que es el “mejor ejemplo” de la “incapacidad de gestión” del equipo de gobierno del PSOE-UPL de la Diputación de León.

El diputado del PP y alcalde de Almanza, Javier Santiago, recordaba en un comunicado que el diputado de Infraestructuras y vicepresidente primero, el leonesista Roberto Aller, anunció hace más de un año el inicio inminente de las obras y, más recientemente, el comienzo para el pasado mes de mayo.

Recuerda que el retraso va mucho más allá. La mejora de este tramo de la LE-6707 ya estaba entre las 20 carreteras que dejó proyectadas para licitar, en 2019, el Gobierno provincial del PP en la Diputación y “todavía no se ha iniciado” en los siete años en los que PSOE y UPL ostentan el Gobierno de la institución provincial, ha censurad el diputado.

El tramo de la carretera entre Sahagún y Renedo de Valderaduey se licitó en el mes de noviembre de 2023 con un presupuesto de 1,4 millones de euros y con un plazo de ejecución previsto de 6 meses. El procedimiento administrativo concluyó con la adjudicación, tal y como se recoge en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en junio de 2024 por un importe final de 1,26 millones de euros.

Por todo ello, Santiago ha considerado “incomprensible y difícil de entender” que el arreglo de apenas cinco kilómetros de una carretera que comenzó en noviembre de 2023 todavía esté sin iniciarse. Asegura además que la excusa de que faltan permisos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no es válida, ya que se supone que se tienen que tener “cuando se licita la obra”.

Riaño atraviesa días de profundo pesar tras la muerte de José Antonio Cid García, conocido popularmente como Toño, teniente de alcalde del Ayuntamiento por la UPL y vecino muy querido en la localidad. Su fallecimiento ha causado una notable conmoción en el municipio y en toda la montaña leonesa, donde era una persona muy vinculada al día a día de la vida social, institucional y vecinal.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial como muestra de duelo y reconocimiento a su trayectoria de servicio público. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta y se ha convocado un minuto de silencio en su memoria, en un gesto con el que la corporación quiere trasladar su pésame a la familia y poner en valor la labor desarrollada por quien formó parte activa de la vida municipal durante años. La Diputación de León y sus compañeros de la Guardia Civil también han emitido mensajes de condolencia.

Cid fue además guardia civil retirado, una faceta que completaba una biografía marcada por el compromiso con el servicio público y la cercanía con sus vecinos. En las informaciones publicadas sobre su fallecimiento se le describe como una persona muy apreciada en Riaño, de trato afable y presencia constante en la vida del pueblo, lo que explica la intensidad de las muestras de duelo que se han sucedido en las últimas horas.

La noticia ha tenido también eco fuera del municipio, donde distintas instituciones y medios han trasladado sus condolencias y han subrayado la huella que deja en la comarca. En un territorio donde la figura de los cargos locales suele estar muy ligada al contacto directo con la población, la pérdida de Cid se siente no solo en el consistorio, sino también entre unos vecinos que lo reconocían como una de las caras más cercanas y comprometidas de la vida pública de Riaño. En ese contexto, el luto oficial pretende ser algo más que un trámite institucional: un reconocimiento a la persona y al servicio prestado, y también una forma de acompañar a quienes hoy lloran a Toño Cid como vecino, cargo público y amigo.

Con años de retraso acumulado, por fin el parking subterráneo de San Marcelo, también llamado Aparcamiento Santo Domingo, en pleno centro de la ciudad de León, cuenta con el proyecto aprobado para su reforma de los muchos desperfectos más urgentes y peligrosos que ha acumulado.

El proyecto definitivo “de reparación y adaptación normativa” ha sido aprobado hoy por el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, cuatro años después de que expirara su concesión original procedente de los años 70 del siglo pasado, permitiéndosele a la empresa dejarlo en un estado calamitoso, el cual urge reparar. De hace más de un año, que fue cuando el Consistorio decidió una concesión temporal nueva para la instalación, data un duro informe técnico que suspendía en las más básicas cuestiones de servicios públicos y seguridad mínima. El informe determinaba que el parking requería la inyección inmediata de 563.000 euros.

Ahora, la Junta de Gobierno detalla una cifra diferente, una inversión de 619.000 euros, para unos trabajos de reforma integral que deberían poner fin prioritario a los detalles más preocupantes, desde la falta de la práctica totalidad de sistemas básicos de extinción de incendios o evacuación en caso de emergencia a cuestiones de ventilación o videovigilancia, ausencia de señalización básica o baños públicos, amén de un lavado de cara integral que otorga al espacio una imagen deplorable.

Lo que no especifica el equipo de Gobierno municipal es cuándo darán comienzo realmente las obras, que ya habían sido anunciadas para el pasado 1 de diciembre de 2025, según ha reiterado en sus críticas la oposición del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León.

La nueva rampa, lo más llamativo

Según se indica en la nota de prensa oficial del Consistorio, entre los trabajos se sumará uno anunciado por ILEÓN, la construcción de una nueva rampa que conectará peatonalmente la planta -1 con el exterior, en la Plaza de San Marcelo. Porque en caso de evacuación obligatoria, por ejemplo por incendio, se incumple toda normativa actual.

El diseño de la rampa será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible y se ubicará justo en el actual lucernario que cubre la antigua entrada al parking, ahora cubierta por un cristal translúcido. Ese acceso en rampa tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete lateral del jardín exterior, de modo que en total sumará una altura de 2,30 metros.

La intervención, remarca la nota, cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta en León, que ha entendido que a pesar de esta obra hacia el exterior se mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias al “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio” de este nuevo acceso, con “continuidad estética y la mínima afección visual”.

El polémico proyecto original

La intervención actual nada que ya que ver con el proyecto original que defendió en 2022, tras expirar la concesión, el alcalde José Antonio Diez, donde se eliminaban por completo los actuales desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León y se eliminaban no sólo los dos únicos árboles de la zona, dos enormes tilos, sino todos los muros de desnivel, sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza hacia Botines. Tan sólo sobrevivía la histórica fuente. Ya se criticó tanto entonces que pronto Diez dejó de insistir en este proyecto, que aún permanece colgado entre las licitaciones de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El comunicado de hoy insiste en que el proyecto se ciñe a “reparación de deficiencias estructurales, la ejecución de una nueva escalera de evacuación, la reforma completa de los sistemas de prevención contra incendios, ajustes en la circulación interior y la renovación total de los aseos e instalaciones, todo ello garantizando los condicionantes de accesibilidad delimitados por Patrimonio”. “Asimismo, contempla la renovación del sistema eléctrico, los sistemas de ventilación y extracción de gases, pero mantiene intacta la morfología del exterior del edificio y la superficie de la plaza”, tranquiliza.

Todas estas obras, se especifica, serán acometidas dentro del nuevo contrato de concesión de hace casi un año, y correrán a cargo de la UTE adjudicataria por un período interino de dos años, formada por las empresas ParkEstacionamientos y Servicios de Movilidad SA, con un canon anual de 380.000 euros. Una concesión que se demoró tres años y mantuvo en parking de San Marcelo en un costoso limbo, que la oposición cifró en unos 1,17 millones de euros, a razón de 1.300 euros perdidos cada día.

PP y Unión del Pueblo Leonés (UPL) criticaban entonces que ese fue la cuenta por la cabezonería del alcalde de mantenerlo privatizado y municipalizar las instalaciones, como la oposición reclamaba. Al final el equipo de Gobierno, que no tiene mayoría suficiente, optó por la calle de en medio con esta concesión temporal hasta 2027 mientras se decide la futura gestión de este parking, privado, público o con una gran sociedad público-privada ya planteada.

20.000 euros para proyectos a personas mayores

La Junta de Gobierno de hoy también resolvió la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos dirigidos a personas mayores, con 20.000 euros. Se otorgarán estas ayudas a un total de 14 entidades y organizaciones del tercer sector que trabajan de manera activa en el municipio de León.

En esta edición, el acuerdo municipal contempla la concesión de una ayuda de 1.496,92 euros a trece de los colectivos beneficiarios para el desarrollo de sus respectivos programas: la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (por su proyecto ‘Espacios de Encuentro frente a la Soledad’), Teléfono de la Esperanza (‘Acompañamiento a mayores en soledad’), Sordos de León San Juan Bautista (‘Sordoactivos’), la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS (‘Sanamente contra la Depresión’), el Grupo de Mayores de Bailes Populares, Activos y Felices (‘Dueños de nuestro tiempo’), Párkinson León (‘Envejecimiento activo con párkinson’), San Juan de Dios (‘Conectando generaciones’), la Federación Provincial de Jubilados de León (‘Promoción asociacionismo 2026’), Asprona (‘Activa-t’), Alfaem Salud Mental León (‘Camino a la felicidad’), Los Tomillares (‘Cultura y cuidado para nuestros mayores’) y Cruz Roja Española (‘Años con vida cuerpo y mente en marcha’). Por su parte, la Fundación Aspaym Castilla y León recibirá una cuantía de 540,00 euros para la ejecución de su proyecto terapéutico ‘Huellas de Bienestar’.

20.000 euros para impulsar la inserción de personas con discapacidad

También se ha repartido iéntica cuantía, 20.000 euros, a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad.

En esta edición, las cuantías concedidas a las distintas asociaciones se distribuyen de la siguiente manera: Proyecto Convivo recibirá 2.411,00 euros por su programa ‘Un trabajo a mi medida’; Amidown obtendrá 2.270,00 euros para su ‘Acción formativa de auxiliar de comercio’; la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple contará con 2.128,00 euros para ‘INSERT@’; mientras que la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de León y Alfaem Salud Mental recibirán 1.986,00 euros cada una para los proyectos ‘Incluye TEA’ y ‘ACTIVATE’, respectivamente. Por su parte, Cocemfe percibirá 1.844,00 euros destinados al ‘Apoyo al servicio de integración laboral’; la Asociación de Sordos de León San Juan Bautista y Asprona recibirán una ayuda de 1.418,00 euros cada una para sus respectivos proyectos de ‘Inserción sociolaboral para personas con discapacidad auditiva’ y ‘Trotamundos Lab’; y la Asociación Leonesa con las Enferme-dades de la Sangre (ALCLES) dispondrá de 1.277,00 euros para el desarrollo de su programa ‘Todo lo que empieza cuando termina el cáncer’.

Finalmente, el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno contempla las aportaciones a la Asociación Social Diversa León con 993,00 euros por el proyecto ‘ACTIVA2’; a la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS y Síndrome Contenta con 851,00 euros cada una para sus programas de ‘Inserción social para personas con discapacidad por trastorno mental’ e ‘Impronta’, respectivamente; y a la Asociación Juvenil Puzzles con una cuantía de 567,00 euros para la iniciativa ‘ACTIVA-T’. Con la resolución de esta convocatoria, el equipo de gobierno consolida su respaldo económico a las entidades locales que trabajan diariamente para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación técnica y el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en la ciudad de León.

El Procurador del Común de Castilla y León ha llamado la atención al Ayuntamiento de León por las deficiencias detectadas en la conservación y el entorno urbano de la muralla romana y medieval de la ciudad. Lo ha hecho a través de una resolución emitida tras una queja vecinal, en la que se denunciaba la falta de medidas suficientes para proteger y poner en valor este Bien de Interés Cultural (BIC) que goza de la máxima protección por su origen romano y su traza medieval.

La reclamación ciudadana que dio origen al expediente alertaba de la presencia de señales de tráfico, contenedores y otros elementos urbanos situados junto al monumento, además del estacionamiento habitual de vehículos en sus inmediaciones, algo ya destacado hace años por ILEÓN, entre otros desmanes de tráfico en el Casco Histórico. También se advertía de problemas de limpieza y mantenimiento, con pintadas, suciedad, malos olores y restos de deposiciones de animales en distintos puntos del recinto amurallado. Las situaciones no se han corregido en su inmensa mayoría durante años.

La resolución presta una especial atención a los entornos de la calle Puerta Moneda, acceso sur al Casco Histórico y además Camino de Santiago -también protegido como Patrimonio de la Humanidad-, y de la calle Las Cercas, que van desde San Francisco al Barrio Húmedo. Los denunciantes señalaban estos puntos como algunos de los tramos donde más se evidencian las carencias de conservación, cuidado y seguridad. De hecho hace escasas semanas un tramo tuvo que cortarse al tránsito peatonal por algunos desprendimientos. El 'defensor del pueblo' de Castilla y León comparte la necesidad con ellos de que cualquier actuación municipal tenga en cuenta la protección de la imagen del monumento y evite cualquier elemento que altere su contemplación.

Por ello, recomienda al Ayuntamiento que cualquier instalación de mobiliario urbano o señalización se realice minimizando su impacto visual sobre la muralla. Asimismo, reclama reforzar la vigilancia para prevenir actos vandálicos, muy particularmente roturas de la estructura de la muralla, o pintadas que se producen desde hace varios años con impunidad, así como problemas de insalubridad. Finalmente, insta a ejercer un control más estricto sobre el tráfico y el aparcamiento en las zonas próximas al monumento, ya que ahora mismo se produce a diario y sin sanción alguna.

Recientemente, el Ayuntamiento acometió tras una serie de actos vandálicos unas obras de reforma, especialmente de iluminación, en el amplio tramo de Las Cercas. Dos contratos, de 95.000 y 100.000 respectivamente, fueron ejecutados en 2025, también el tramo de la calle Prado de los Judíos, después de quejas no sólo vecinales sino incluso de partidos en el Ayuntamiento como Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Ahora, el Procurador remarca que el Consistorio no puede escudarse en ninguna otra institución, como en alguna ocasión ha dirigido al Gobierno central, o a la Junta de Castilla y León, que es competente con carácter general en materia de patrimonio. La institución insiste en que las reclamaciones son competencias municipales plenas, materias como la limpieza, la gestión de residuos, el tráfico urbano o el alumbrado. Y que todos ellos deben orientarse también a preservar y destacar el valor patrimonial de la muralla leonesa, uno de los principales elementos históricos de la ciudad y, además, una de sus principales señas de identidad.

Tres conocerse la resolución del Procurador, a todo ello se sumó esta semana el Partido Popular (PP) en la oposición, que ampliaba el foco y sumaba a las críticas hacia el equipo de Gobierno del PSOE el estado del lienzo en el tramo de la calle Ramón y Cajal, con un “preocupante estado” por la proliferación de hierbajos y vegetación entre las piedras, amén de otros problemas de limpieza y mantenimiento básicos. La conservación de la muralla debe ser una prioridad permanente y no una actuación puntual cuando el problema ya es visible“, señalaba el portavoz popular, David Fernández.

En la actualidad, los trabajos que el Consistorio está realizando bajo el argumento de salvaguardar no tanto la muralla en Las Cercas y sus proximidades sino la mayor visibilidad de ellas consiste en la demolición de dos viejas viviendas de hechura antigua, de las pocas que quedan en pie en el barrio de Santa Ana. Y pronto habrá un derribo más, de modo que en poco tiempo habrán sido tres las casas demolidas. Las actuales sobre las que se trabaja son la situada en la calle las Cercas, número 2, haciendo esquina y colindante con el tramo de muralla, y el número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana, con un coste primero de expropiaciones de cerca de 80.000 euros cada una y después en torno a otros 20.000 en cada caso para contratar a la empresa que las eche abajo.

Las reacciones no se han hecho esperar. El partido político de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha lamentado, como “un insulto”, que el nuevo máximo responsable de los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, desprecie las labores de prevención de los fuegos durante los meses de invierno, según sus propias palabras por el alto coste que suponen. La formación leonesista reacciona así con indignación ante el argumento utilizado por el propio Sánchez durante una reciente jornada informativa celebrada hace unas semanas en el Centro para la Defensa contra el Fuego de León, y de la que se hace eco ILEÓN tras su reciente nombramiento, el primero en todo el nuevo Ejecutivo de la Junta en el reeditado pacto entre PP y Vox.

Ese “insulto” que considera UPL sus declaraciones públicas se basa sobre todo después que “sufrir las consecuencias de los graves incendios que calcinaron prácticamente 140.000 hectáreas el pasado verano en la Región Leonesa”. En una nota de prensa de reacción, defienden que “no parece de recibo excusar la dejación de funciones de la institución autonómica por el alto coste que supone para las arcas públicas las labores de mantenimiento y limpieza, de desbroce preventivo y eliminación de combustible vegetal en los montes fuera de la época estival de alto peligro”.

La formación que lidera Alicia Gallego, a su vez portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, recuerda que Sánchez es una figura ya presente en el área de Medio Ambiente “junto a la dupla” del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el director general José Ángel Arranz, que acaban de abandonar sus responsabilidades sin haber hecho absolutamente nada por mejorar la situación de un operativo que sigue sin ser público ni está presente los 365 días del año“, como prometió la Junta tras las tragedias de 2025.

Afean también que Ángel Sánchez se escude en la Ley de Montes para justificar esa falta de trabajo preventivo en época invernal, tildándolo de “mantra”, y aduzca también la necesidad de cambiar la legislación para poder proceder a la limpieza de los montes. Lo cual para UPL “no deja de ser una muestra más de la inoperancia de una Junta acomodada y poco dispuesta a trabajar por actualizar las leyes que le competen”.

Por eso, valoran que sus palabras “no son más que un ataque de sinceridad de lo que todo el mundo piensa y que no es otra cosa que no han hecho absolutamente nada” durante este año, más que “engañar con teoría y malgastar el dinero para tapar los agujeros de incendios que pudieron ser evitados”. Su frase de “a ver de dónde sacamos el dinero” suponen para la formación leonesista “la constatación de que la prevención no es una prioridad de este nuevo Gobierno autonómico, independientemente de quién encabece la consejería, porque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene la misma línea de acción”.

Por eso, UPL reclama desde ya a la nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que asuma sus competencias y sus responsabilidades y “no siga el camino de Suárez-Quiñones y Arranz porque los perjudicados serán, sin duda, los de siempre”. En este sentido, le instaron a que en materia de prevención y extinción de incendios afronte sus responsabilidades y que no hagan caer todo el peso en los ayuntamientos, como parecía argumentar el nuevo jefe máximo de la lucha contra los incendios forestales de la Comunidad.

Y es que hablando de la necesidad de que sean los municipios los que afronten esas labores preventivas de los montes, “hablan del alto coste que supondría para la Junta esas labores de prevención y limpieza, pero no sabemos de donde pretenden que saquen el dinero los Consistorios” para proceder a afrontar esos trabajos que son responsabilidad de la institución autonómica.

En cualquier caso, desde UPL ponen de manifiesto que Ángel Sánchez arranca su nueva responsabilidad “con mal pie” y le demandan que se “tome en serio una cuestión que cada verano deja en evidencia que las políticas que sigue la Junta no son las adecuadas”.

El PSOE: “El dinero se usca. La vergüenza se echa en falta”

Varios mandatarios del PSOE también han entrado a valorar, con duras críticas, el posicionamiento del nuevo mandatario forestal autonómico. Así, la vicepresidenta del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, a través de la red social X se limitó a considerar que la Junta de Castilla va en esto “de mal en peor”.

Más explícito se mostró el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, para quien “Mañueco cambia nombres, no políticas”. El líder provincial ve censurable que entre sus primeras medidas urgentes, el presidente de la Junta ponga “al frente de los incendios a quien llama ”mantra“ a la prevención en invierno y pregunta ”de dónde sacamos dinero“”. “El dinero se busca. La vergüenza se echa en falta”, concluye.

Siempre dependiendo del lado desde donde se mire, allá o acá. Un estatus posicional que para la ocasión lleva el valor adverbial de lugar, en relación al que ocupa cada ponente o dicente.

Como leonés, en este caso de acá del Manzanal, siempre he tenido mucha prevención al pronunciarme, dado que, en quien no comparte o está decidido a no querer compartir lo leonés, vaya usted a saber por qué, y su mejor razón es lo de 'León nos roba', poca comprensión se puede encontrar. Ambos dichos cuasi contemporáneos, son usados en paralelo, siempre como intento de justificación de algunos bercianos, de modo especial los ejercientes en política.

No es de hoy lo del Manzanal. Desde los primeros pasos autonómicos ya hubo quien lo usara como arma arrojadiza, al igual que otros se opusieran a que León provincia, sin ningún tipo de manzanal, esto es sin ningún accidente orográfico que cortara historia escrita en común, y la Cultura ( ésta con sus variantes), y así fuimos metidos en comunidad con la facción castellana vieja. Por cierto a éstos les iba a ir muy bien poder manejar lo leonés lo socioeconómico. Sus políticos bregaron para meternos (a empujones) en un ente autonómico que llamaban Castillaleón. ¡Y lo consiguieron!

Ya es historia que en Ponferrada surgió la primera duda autonómica –¡Nada de con Castilla!–, oficialmente un mes ante de que se aprobara el estatuto, en 1983. La preferencia era la autonomía leonesa, desde el sentimiento o desde lo sustancial socioeconómico leonés, tanto da, después de leoneses éramos españoles. Procedentes o herederos del Reino de León que se iría reduciendo a casi lo nominal regional, refugio de lo territorial desde 1833 (Javier de Burgos)

Más no voy a ir, dentro de la sencillez que la cautela me demanda, a profundis, sino ab singulis, detalle a detalle (aunque esto no es todo para hoy) conjugados en un entorno provincial, pues, tratar de destruirlo, a nada conduce más allá del debilitamiento ante el adversario –¡Que lo hay!– es la facción castellana vieja precisamente la que mangonea el ente.

Una Comunidad que, maliciosamente, por ello poco a poco, se ha ido centralizando en Valladolid, donde no es que se hayan arrogado la capitalidad, es que han concentrado todo el poder comunitario, donde el bipartidismo PSOE-PP en principio, hoy en prelación opuesta, pero que ya desde la hora de componer el Estatuto, nos han intentado confundir a los leoneses, nombrándonos a la cola de Castilla, fruto de la historia que siempre han tergiversado y nosotros permitido. Ése es el adversario común.

Los alimoneros PP-PSOE, que se empeñan en cerrarnos todas las puertas, conscientes de que usando y abusando de nosotros como colonia, y de nuestros recursos por lo tanto, les resulta más fácil 'ejercer de ente poderoso': ¡Su afán!

¿León nos roba?

'León nos roba'. Nadie les roba la singularidad, la comarcal, que está vigente tanto en lo provincial como distinguido en el ente autonómico, éste sí que es el depredador de todo lo leonés. Supongo que, el dicho entrecomillado, alude al poder provincial, el que se ejerce desde la Diputación, a la que llegan los caudales procedentes del ente autonómico. Un organismo provincial donde curiosamente tienen representación siempre, y hoy presidencial.

Al señor Álvarez Courel, el presidente citado, berciano, hablando de lo agroalimentario en León, no se le ha escuchado decir, reclamar o exigir que se cumpla la promesa del Parque Agroalimentario: Ubicarlo, desarrollarlo y dotarlo en Ponferrada. ¿Quien se lo impide? SÍ, los de más allá del Manzanal, pero el enemigo común, el comunal centralizador de todo: el ente autonómico

En otros supuestos, en el autonómico por ejemplo, habría que decir que el ente, o si lo prefieren la Comunidad no hace bien su labor de reparto presupuestario para los leoneses en general.

El Consejo Comarcal de El Bierzo, bien diseñado para la labor que todos conocemos, del divide y vencerás... ¿Qué cometido tiene además de lo generalista? Tal como control o contacto con los 38 municipios correspondientes, así como turismo, empleo y medio ambiente… para cuya atención, junto al de los puestos políticos, y otros, la dotación económica procede del poder comunitario. No lo sé. Lo veo como un gramófono de marca, está a la voz de su alternante amo de mano política.

Tal vez no esté en lo cierto, pero no he oído que soliciten la ampliación de competencias. No sé si estatutariamente la comunidad puede otorgar poderes, porque desde el movimiento político berciano, no están en condiciones de reclamar, exigir, ante el parlamento autonómico. No tienen representación, más allá de UPL. Y lo del Consejo citado se les va en artificios.

Al procurador berciano, por UPL, tampoco le prestaban atención. En el cómputo autonómico, ahora nos corresponden a la provincia 13 escaños. UPL 3, los otros 10 en manos de PP-PSOE, 4 y 4 bien alimonados contra lo leonés; y Vox que no cree en las autonomías y acaba de colocar a Pollán de vice, y se dice de León, pero no está con, ni por León, le mueven desde el foro.

Y así divididos nos quieren conservar o destruir. En tanto no seamos capaces, a golpe de voto, de construir las necesarias tijeras para cortar el nudo , creciente, multiple, con el que nos van dotando, llegarán a estrangularnos...

¡A todos los leoneses!

Tengamos visión economicista, respetando la común historia.

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha un centro de respaldo para el Servicio de Emergencias 1-1-2 para mantener la atención ciudadana si la sede principal quedase fuera de servicio por una incidencia grave. El Gobierno autonómico no ha concretado dónde se ubicará esta nueva infraestructura y el partido leonesista UPL ya reclama que se instale en alguna de las provincias de la Región Leonesa: León, Zamora o Salamanca.

El anuncio lo realizó este miércoles el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno. Según explicó, la experiencia del gran apagón eléctrico ha llevado al Ejecutivo autonómico a plantearse un refuerzo del sistema de emergencias para garantizar su funcionamiento incluso en situaciones excepcionales.

Carriedo defendió que el actual centro de Emergencias respondió adecuadamente durante aquella crisis, pero consideró necesario disponer de una instalación alternativa desde la que poder seguir gestionando las emergencias si la sede principal quedase inutilizada por un apagón, una inundación, un terremoto o cualquier otro incidente de gran magnitud.

La Junta prevé que esta segunda instalación pueda asumir toda la operativa del 1-1-2 en caso de necesidad, permitiendo incluso el traslado del personal para mantener el servicio sin interrupciones. Eso sí, el portavoz autonómico dejó claro que todavía no existe una ubicación decidida para este nuevo centro y que será el próximo Gobierno autonómico, una vez constituido tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, quien adopte la decisión definitiva. Según Carriedo, la elección deberá realizarse atendiendo a criterios técnicos y de operatividad y no a razones políticas.

La falta de concreción ha provocado ya la reacción de Unión del Pueblo Leonés. La formación leonesista ha registrado una iniciativa en las Cortes para pedir explicaciones sobre el futuro emplazamiento de la infraestructura y reclamar que se ubique en alguna de las tres provincias de la Región Leonesa.

UPL considera que el nuevo centro del 1-1-2 representa una oportunidad para avanzar en una mayor descentralización de los organismos autonómicos y corregir el desequilibrio institucional que, a su juicio, existe dentro de la Comunidad. Los leonesistas recuerdan que Valladolid concentra la práctica totalidad de las Consejerías de la Junta, además de las Cortes autonómicas y buena parte de los organismos dependientes de la administración autonómica. Por ello, muestran su preocupación ante la posibilidad de que la nueva infraestructura termine instalándose nuevamente en la ciudad vallisoletana.

“Cuando las autoridades de esta comunidad no dicen dónde se va a ubicar una sede autonómica, generalmente acaba situándose siempre en la misma ciudad”, señalan desde la formación. Por este motivo, UPL reclama que el futuro centro de respaldo se instale en León, Zamora o Salamanca, una decisión que, a su juicio, contribuiría a repartir mejor las infraestructuras públicas autonómicas y reforzar el peso institucional de la Región Leonesa.

La creación de la nueva sede de Emergencias y su centro de respaldo figura además en el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox para la nueva legislatura. El documento recoge el compromiso de construir una nueva sede de Emergencias Castilla y León y 1-1-2 dotada de las últimas tecnologías para mejorar la gestión integral de las emergencias en toda la Comunidad.

Por el momento, la Junta mantiene que el proyecto está definido en cuanto a su finalidad, pero no respecto a su ubicación. Una cuestión que previsiblemente abrirá un nuevo debate territorial en cuanto el futuro Gobierno autonómico tenga que decidir dónde se instalará una de las infraestructuras estratégicas más sensibles de la Comunidad.