A falta de prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, Unión del Pueblo Leonés (UPL) se encuentra ya en plena carrera para elegir a su próximo cabeza de lista en el Ayuntamiento de León. Un melón que ya se abrió el pasado mes de abril después de que anunciara su intención de no repetir Eduardo López Sendino, el candidato y líder del grupo municipal desde el año 2015.

Por los primeros movimientos, todo indica que habrá primarias internas en el seno de la formación leonesista, que desde hace un año lidera Alicia Gallego, para que sean los afiliados con sus votos los que tomen la decisión de quién será la persona que aparezca en el próximo cartel electoral leonesista en la capital. Y es que, a día de hoy, ya hay al menos dos nombres encima de la mesa, ambos actuales concejales en el equipo municipal y los dos miembros de la recién estrenada dirección general de Gallego. Se trata de Enrique Valdeón y de Seila Fernández.

La espita la ha abierto el primero, Valdeón, que no dejó lugar a dudas (“sí, me postulo”) cuando ayer fue preguntado abiertamente en la tertulia política de Radio León-Ser sobre su intención de cara a las elecciones al Ayuntamiento en 2027. “Mi intención es esa pero depende de los órganos del partido y de los militantes”, dijo, en referencia a someterse a primarias si no fuera el único interesado en sustituir a López Sendino, “porque hay una serie de requisitos que cumplir y todo se verá”.

Más continuidad

El actual edil lleva siéndolo bajo las siglas de UPL desde 2019, aunque su primera aparición en una lista electoral en el Ayuntamiento leonés data de 2015, pero entonces todavía bajo la escisión del PAL-UL, sin obtener el acta. Orgánicamente, también ostenta actualmente la Secretaría de Empleo, Comercio e Industria de UPL.

Preguntado por su planteamiento de cara a ser el candidato, Valdeón, que profesionalmente es procurador de los tribunales, aboga por una línea que suena mucho a continuidad a lo hecho por Eduardo Sendino. Defiende que “lo primero es ver qué no se ha hecho y se tenía que haber hecho en estos ocho años” de alcaldía socialista de José Antonio Diez, “los proyectos que no se han cumplido y exigirlos a quien esté”, buscando en resumen “soluciones para León, en el tema económico, comercial, aeropuerto... hay muchos frentes abiertos y hay que cerrarlos bien, no dejarlos en el aire”.

Defiende además la decisión adoptada por Sendino en su día de no pactar con el PSOE y formar parte del equipo de Gobierno municipal -como sí se hizo por ejemplo en la Diputación-, y asegura Valdeón que eso significa que han apoyado a veces al equipo de Diez y otras han votado con el PP, siempre bajo la premisa de “qué era bueno para León”. “No nos fiamos de ninguno de los dos, de hecho los dos nos han defraudado siempre a nivel local, provincial y regional, incluso”. Por eso, su planteamiento es que “seguiremos tirando únicamente por León, sin mirar para los lados”.

Educación y servicios públicos

El otro nombre en liza es el de Seila Fernández Domínguez, obtuvo su primera acta de concejala en 2023 gracias al éxito electoral que hizo que UPL obtuviera cinco puesto en el plenario municipal. ILEÓN ha contactado con ella, así como con otros dos nombres que llevan meses sonando entre la militancia leonesista como posibles aspirantes a la sucesión de Sendino en el liderazgo municipal de la capital. Y ella deja abierta la puerta a aspirar a defender su propia candidatura en unas primarias: “Todavía no sé lo que voy a hacer, cuando se abra ese proceso decidiré”. Y es que señala que “como siempre me pongo a disposición del partido para lo que necesite, como he hecho estos años como concejala y secretaria de Educación” en la UPL a nivel orgánico. Pero de lo que no duda es que “UPL tiene que tener una lista ganadora para el Ayuntamiento de León”.

Fernández, maestra y directora de colegio público, durante los últimos años ha sido la voz leonesista en materia de Educación, con una férrea defensa de la educación pública, tanto bajo la dirección de Luis Mariano Santos como de ahora Alicia Gallego. Su última acción ha sido denunciar que el contrato de fruta y verdura a los colegios de la Junta de Castilla y León obvia los productos locales primando el precio aunque vengan de otras zonas lejanas del país.

El otro nombre que circulaba de forma insistente en la militancia leonesista es el del abogado Bernardo García Angulo, que ha señalado a este medio que presentarse a las primarias para la Alcaldía de León “no se me ha pasado por la cabeza”. El abogado es también miembro de la actual dirección leonesista como secretario de Estudios Autonómicos.

Un proceso interno sin fecha y un objetivo claro

El proceso de selección de candidaturas de UPL todavía no está abierto, con un partido con un fuerte componente asambleario. Será el Consejo General del partido, principal órgano entre congresos, quien decida cómo y cuándo se abre el proceso de selección de sus candidatos, con el puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de León como plaza más disputada. Sobre todo porque la expectativa en apariencia más razonable es que nuevamente UPL pueda ser la clave de la gobernabilidad en el primer ayuntamiento de la provincia. Actualmente cuenta con cinco concejales, dos de ellos los que primero se han situado en la línea de salida, frente a nueve del PP y once del PSOE, cerrando la lista los dos que se presentaron por Vox pero que pronto se 'rompieron' con un tránsfuga.

La Diputación de León iniciará los trámites para abandonar el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL). Así se ha aprobado hoy en el Pleno de la institución al aprobarse una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por sus socios de gobierno en la institución provincial, el PSOE. La propuesta sólo contó con el apoyo de ambos grupos, ya que el Partido Popular optó por la abstención y el único diputado de Vox votó en contra, ambos criticando la decisión.

El acuerdo supone que la institución provincial dejará de formar parte de la fundación autonómica creada en 2002 para la promoción y difusión de la lengua española, sobre todo por considerar que su función al final resultaba una duplicidad respecto a la labor del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la propia Diputación. La aportación leonesa desde su incorporación ascendía a 10.000 euros anuales. Hay que recordar que el ILCyL estuvo largo tiempo presidido por el actual consejero de Cultura en funciones de la Junta, Gonzalo Santonja, no sin sonoros escándalos con hasta triple sueldo. Santonja fue elegido en su día por Vox para este puerto cuando cogobernó con el PP en la Junta la mitad del pasado mandato, y que sigue en el Gobierno a pesar de romper el pacto la formación de Abascal, por lo que ha sido acusado de ser un traidor.

El diputado de Cultura y portavoz de la iniciativa, el leonesista Emilio Martínez, justificó la salida del patronato por la mencionada “duplicidad de funciones”. Defendió que el ILC ya desarrolla desde hace décadas labores de promoción literaria, publicaciones, actividades bibliotecarias y apoyo cultural en toda la provincia, tanto en español como en leonés, por lo que consideró injustificado seguir manteniendo la aportación económica al organismo autonómico.

Durante su intervención, el diputado leonesista recordó que la adhesión de la Diputación al proyecto fundacional se aprobó en 1999 con el respaldo de PSOE y UPL y con el debate ya abierto sobre la ubicación de la sede, finalmente instalada en Burgos pese a que entonces varios grupos defendían que estuviese en León. También rememoró que los leonesistas ya plantearon abandonar el patronato hace dos décadas, aunque aquella propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

Otro de los argumentos centrales de la moción fue la “escasa actividad” desarrollada por el ILCYL en la provincia leonesa. UPL expuso datos comparativos de programación cultural desde 2018 para sostener que León ha quedado muy por detrás de Burgos o Valladolid en número de congresos, conferencias, exposiciones o encuentros organizados por la fundación. Según los datos expuestos en el Pleno, en 2019 el instituto desarrolló únicamente dos actividades en León frente a las 35 celebradas en Burgos y las 13 de Valladolid. La situación solo comenzó a cambiar parcialmente en 2024, cuando el número de actos aumentó hasta 17.

“Nula atención” al leonés y al gallego en El Bierzo

La formación leonesista también reprochó al instituto la “nula atención” prestada al leonés y al gallego del Bierzo, lenguas protegidas por el Estatuto de Autonomía, y defendió que es el Instituto Leonés de Cultura el que sí mantiene líneas específicas de apoyo a ambas realidades lingüísticas mediante premios y publicaciones.

El debate derivó además en un cruce político sobre el papel del organismo y la defensa del español. El portavoz del PP, David Fernández, cuestionó que una decisión de este alcance se llevase al Pleno mediante moción y no tras un estudio previo en Comisión. Sin embargo, su grupo no votó en contra sino que terminó absteniéndose al considerar “honesta” la aportación económica anual de la Diputación. Fernández acusó a UPL de “no querer defender la lengua española” y reivindicó además la importancia económica que el español tiene en territorios de la Región Leonesa como Salamanca y Zamora, por ejemplo a través de la Universidad salmantina, pionera en Europa.

Más contundente se mostró Vox, cuyo diputado Fernando Prieto Olite votó en contra de la propuesta al considerar que abandonar el patronato supone renunciar a influir dentro del organismo. A su juicio, el Instituto Leonés de Cultura y el ILCYL son “complementarios” y no entidades que compitan. “La solución no es marcharse de los sitios sino influir” estando dentro, sostuvo, aunque admitió que la actividad desarrollada por el instituto en León es “mejorable”.

La moción aprobada recoge también que otros ayuntamientos, entre ellos León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo o Miranda de Ebro, ya abandonaron anteriormente el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por considerar insuficiente el retorno cultural de su participación.

La situación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo suma un nuevo episodio de tensión. La plantilla municipal, formada por unas 300 personas, todavía no ha cobrado este miércoles 27 de mayo la nómina correspondiente al mes de abril, un retraso que ha provocado una sonora protesta de los trabajadores a las puertas del Consistorio.

Funcionarios y personal laboral se concentraron durante la mañana con pancartas, silbatos y gritos de protesta para exigir el pago inmediato de sus salarios después de casi un mes de demora. La movilización obligó incluso a representantes del equipo de Gobierno en minoría de UPL, entre ellos la alcaldesa Ana María Fernádez Caurel, a bajar a la calle para dar explicaciones a los trabajadores.

El malestar en la plantilla es importante porque la situación afecta a la totalidad de los servicios municipales del tercer municipio con más población de la provincia de León. Además, muchos empleados denuncian que el retraso llega en un contexto de creciente desorganización interna y problemas administrativos acumulados desde hace meses.

UPL responsabiliza a Intervención y Tesorería

Tras la protesta, el equipo de Gobierno emitió una nota de prensa en la que pide disculpas por el retraso, aunque al mismo tiempo atribuye la situación a “circunstancias administrativas” relacionadas con el relevo en la Intervención municipal, la habilitación de firmas, un reparo técnico y la necesidad de volver a activar permisos de Tesorería.

El Ayuntamiento sostiene que el decreto y los pagos ya han sido firmados en el banco para completar la tramitación, aunque reconoce que la situación “no es justificable” y lamenta los perjuicios ocasionados a los trabajadores.

Sin embargo, el comunicado municipal ha generado todavía más malestar entre parte de la plantilla y representantes sindicales al considerar que el equipo de Gobierno trata de desplazar la responsabilidad política hacia altos funcionarios municipales, especialmente hacia los departamentos de Intervención y Tesorería.

La situación resulta especialmente delicada porque el mes de mayo está prácticamente finalizado y sigue sin concretarse cuándo se abonará finalmente la nómina pendiente de abril. Tampoco existe por el momento una fecha clara para el pago de la nómina correspondiente a mayo, que debería cobrarse en apenas unos días.

El proyecto 'estrella' del equipo de Gobierno de la Diputación de León, la gran novedad de su segundo mandato bajo pacto entre socialistas y leonesistas, el de poner en marcha una Oficina de Expropiaciones que acelere disponer de terrenos para desbloquear numerosos proyectos de arreglos de carreteras, finalmente será un proyecto 'estrella' privatizado.

Además, la excusa oficial ofrecida no es otra que sólo en manos de empresas privadas conseguirá agilizar esas expropiaciones para poner a disposición de administraciones públicas -ayuntamientos y la propia institución provincial- el suelo que se necesita para acometer los proyectos de reformas de viales que presentan años, incluso décadas, de desidia y falta de inversión.

Así se ha dado a conocer en el Pleno provincial celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes. A preguntas de la oposición del Partido Popular (PP), tanto el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, como el vicepresidente de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Roberto Aller, admitieron que se pondrá en marcha una licitación pública con la cuantía reservada en el actual presupuesto, 800.000 euros, para repartir ese dinero entre empresas privadas que se encarguen de realizar todos los trámites expropiatorios y poner los terrenos en bandeja a la Diputación y a los municipios afectados.

Aller llegó a expresar, incluso, que esta fórmula hará que sea “más ágil que desde el servicio (de Carreteras) sacarlos adelante”, dejando entrever que si de esas expropiaciones se encargaran los funcionarios públicos de la Diputación los plazos se dispararían. Idea que apuntaló el propio presidente del PSOE, al confirmar que “se va a subcontratar precisamente para que haya más agilidad”.

Aller, que desde el equipo de Gobierno insistía el año pasado en que la Oficina de Expropiaciones se crearía y funcionaría antes de final del pasado año, lo cual también se retrasó varios meses, detalló ahora la fórmula privatizadora que se empleará porque “esto lleva mucho trabajo”: ultimar unos pliegos y licitar un total de siete carreteras que se consideran las más acuciantes porque acumulan años de espera, y de desesperación de los municipios afectados.

Las siete carreteras, al detalle

Cada una de las siete tendrán sus condiciones, de manera que podrán adjudicarse a empresas distintas para realizar todo el trámite expropiatorio previo necesario a las obras de reforma, desde la farragosa localización de los propietarios a toda la burocracia posterior. O dicho por boca del vicepresidente y también diputado provincial de Infraestructuras: la intención es “que cada empresa trabaje en cada carretera necesaria”.

Los siete viales concretos son: la carretera de Santovenia de la Valdoncina a Chozas -con años de críticas y exigencias-; la de Santa María del Monte Cea; Trabadelo en El Bierzo; otra carretera en el municipio de Valdefresno, en la Sobarriba; la que en la comarca de la Cepeda va desde Villaobispo de Otero a Magaz; otra más en Oseja de Sajambre, en Picos de Europa; y finalmente en La Ercina.

En todas ellas, los proyectos de ejecución hace tiempo que están terminados por parte de la Diputación y las inversiones para su arreglo integral reservadas desde el punto de vista económico, vía presupuestos. Pero la falta de disposición de los terrenos sigue bloqueando el inicio de las obras, mientras se siguen acumulando desperfectos y peligros en todas ellas.

Este enfoque de privatizar para agilizar los procesos de la Oficina de Expropiaciones hizo que en el Pleno de hoy volviera a sobrevolar el debate general sobre los retrasos y dilaciones en las ejecuciones de todo tipo de proyectos, planes de obras o reparto de subvenciones por parte de la Diputación leonesa. Un problema endémico que el actual presidente, Álvarez Courel, ha resumido muchas veces con la expresión de que “las cosas de Palacio (de los Gumzanes) van despacio”. Gobierne quien gobierne.

Ante otros ruegos del portavoz del Grupo Popular, David Fernández, de desbloquear y acelerar desde las expropiaciones a numerosos planes vitales para los pueblos, como por ejemplo el de Pequeñas obras de Juntas Vecinales, el propio Courel lanzó una original frase, a medio camino entre lamento e ironía: “Me duele no tener una varita mágica, tipo Harry Potter, para tener todas las obras terminadas” dentro de plazos más razonables y rápidos.

La asociación Naturzamora y el partido UPL han denunciado el deterioro ambiental de la Salina Grande de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, en la que han proliferado las algas, lo que puede suponer un riesgo para las aves de la zona.

Debido a la situación, la UPL ha registrado una serie de preguntas en las Cortes de Castilla y León y ha presentado un escrito de denuncia ante el Ayuntamiento de Villafáfila en el que alerta de la situación, según ha informado la formación leonesista en un comunicado.

La proliferación masiva de algas en la que es la principal laguna de la reserva de Villafáfila se ha detectado en los dos últimos años junto a un incremento de nutrientes en el agua, lo que podría afectar negativamente a distintas especies de aves protegidas y a su reproducción.

Naturzamora y UPL han apuntado a que la posible causa de esa proliferación pueda estar en el funcionamiento deficiente de la estación depuradora de aguas residuales de Villafáfila.

Han alertado de que ese hecho, junto al progresivo proceso de colmatación por sedimentos en distintas zonas del humedal, podría recudir la capacidad hidráulica de las lagunas y afectar al equilibrio ecológico en la Salina Grande.

Ante la posible relación entre estas circunstancias y el deterioro medioambiental de ese espacio natural, UPL ha reclamado en su denuncia que se realice una evaluación técnica de la situación y que, en el caso de confirmarse las deficiencias, se adopten las medidas correctoras necesarias de forma urgente.

Por otra parte, en la batería de preguntas en las Cortes autonómicas, UPL ha preguntado también por ese deterioro ambiental y ha pedido conocer si la Junta de Castilla y León es conocedora de ello y si ha realizado un análisis oficial para determinar el origen de los nitratos.

Del mismo modo, ha querido saber el estado de la depuradora de aguas residuales de Villafáfila, las inspecciones técnicas que ha realizado en ella Somacyl o la Junta de Castilla y León y si se ha producido algún vertido.

También ha preguntado por si existe algún plan de restauración de las islas construidas hace treinta años en las lagunas de Villafáfila o algún plan para mitigar la colmatación por sedimentos, además de interrogar sobre las inversiones públicas en la reserva natural de las lagunas de Villafáfila.

Los ayuntamientos de Truchas y Castrillo de Cabrera han unido sus voces para reproducir el “clamor unánime” de sus vecinos al mostrar su “profunda preocupación, malestar e indignación” ante “el intolerable estado de abandono y deterioro que presentan las carreteras de la red provincial” en sendos municipios, por lo que apremian a tomar medidas al respecto a la Diputación de León.

Remarcando que en este caso la titularidad y el mantenimiento de los viales corresponde en exclusiva a la Diputación Provincial, Truchas y Castrillo asegura que “la falta de conservación”de las carreteras “ha alcanzado un límite insostenible”. Y advierte de una triple consecuencia de esta situación al considerar que “compromete gravemente la seguridad vial diaria”, al tiempo que “dificulta de forma extrema el acceso a servicios públicos esenciales” como los sanitarios y “ahoga el desarrollo socioeconómico” de la Cabrera, comarca muy afectada por el vaciamiento demográfico.

Y es que ambos ayuntamientos recriminan que el estado de los viales relega a sus habitantes a padecer unas comunicaciones que tachan de “tercermundistas” al referirse tanto a la carretera que une Truchas con Ponferrada a través del Morredero como la que va a Puebla de Sanabria (Zamora) desde Truchas o la que enlaza con Puente de Domingo Flórez pasando por el municipio de Castrillo de Cabrera.

Tanto el alcalde de Truchas, Francisco Simón (PSOE), como su homólogo en Castrillo de Cabrera, Roberto Liñán (PP), se dirigen al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), y al diputado de Fomento e Infraestructuras, Roberto Aller (UPL), para instarlos a adjudicar y comenzar las obras correspondientes a los proyectos técnicos ya aprobados; ejecutar un plan de actuación urgente y extraordinario de reasfaltado, acondicionamiento, limpieza de cunetas y mejora de la señalización de carreteras de la red provincial en Castrillo; y convocar una reunión formal sobre el terreno con los regidores para establecer un calendario de intervenciones “claro, vinculante y transparente”.

Simón se ha pronunciado en estos términos: “Es incomprensible y doloroso que, en el caso de Truchas, contemos con un proyecto técnico de arreglo aprobado desde hace años y que la Diputación siga sin adjudicar las obras. Desde este ayuntamiento hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, agilizando trámites y exigiendo soluciones. No es un problema de falta de fondos, ya que la Diputación presume constantemente de remanentes millonarios de dinero; es una falta absoluta de voluntad política y de gestión que condena a nuestro pueblo”.

“Vivir en el medio rural”, apostilla desde Castrillo Liñán, “no puede significar tener derechos de segunda categoría. Las condiciones en las que se encuentran nuestras comunicaciones suponen un castigo añadido a la despoblación. Si las administraciones superiores hablan de fijar población, deben empezar por ejecutar los presupuestos donde más se necesita y garantizar carreteras dignas y seguras de forma inmediata”.

La falta de “consenso” político entre todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León y el “error nuestro” de haber ofrecido en un principio un día con “bodas programadas hace tiempo” en el salón de plenos. Esos son los principales motivos por los que se ha denegado finalmente un acto institucional de recuerdo, con entrega a sus descendientes de restos recién exhumados, de leoneses 'paseados' por pistoleros falangistas tras el golpe de Estado de 1936. Uno de ellos, Miguel Carro, ejecutado precisamente por haber sido concejal del PSOE en el propio Consistorio leonés.

Este doble argumento ha sido la explicación pública ofrecida hoy por el actual alcalde socialista, José Antonio Diez, tras las críticas públicas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El colectivo censuró que el acto de entrega de los restos que aparecieron hace meses en una fosa en Mansilla de las Mulas se autorizara primero para el próximo 5 de junio, para después cambiar de postura y plantearse varias excusas para vetar finalmente su celebración.

Para empezar, el regidor aseguró que le “sorprende” la petición del uso del salón de plenos para hacer esa entrega “desde un punto de vista institucional”, a pesar de admitir que sí se otorgó permiso en un primer momento. Y ya entonces, se cometió “el error nuestro”, admitió Diez, de ofrecer la fecha de un viernes, un día en el que “había bodas y evidentemente, no se pueden cambiar porque había mucho tiempo programadas”: “Parece que eso ya no les gustó absolutamente nada”.

Pero el motivo definitivo esgrimido por el regidor fue que “no hubo consenso -político- para ese tipo de acto”. “La institución la representamos muchas formaciones políticas y no había un acuerdo claro para realizar este acto en el salón de plenos municipal, y por lo tanto, yo les he dado otras opciones que ninguna les ha parecido adecuada”, aseguró.

La posición de todos los partidos

Preguntado por los periodistas, detalló que en realidad ningún partido vio con buenos ojos el acto, a pesar de que Alcaldía lo había admitido en un primer momento: “La UPL en principio no entendía muy bien lo de que (se homenajeara a) otras personas que no habían sido concejales del Ayuntamiento, incluso algunos que no eran ni del municipio, pero siempre dijo que aquello que decidiéramos lo iban a respaldar. El Partido Popular no lo veía tampoco y al máximo consenso que se pudo llegar fue al tema del concejal Miguel Carro. Y Vox, por supuesto, dijo que no les habláramos de estos temas”.

Sin embargo, el propio Diez transmitió algunas dudas al respecto del planteamiento al que, en principio, se había dado el visto bueno, argumentando la ARMH se enrrocó: “Yo les he propuesto poder hacerlo en otro lugar, como también presidente que fue del partido (por Carro), en la Agrupación Socialista de León, hacer el acto en el partido… pero parece ser que ellos no querían tampoco que el alcalde tuviera mucha visibilidad en el acto”, justificó, de modo que al final se ha denegado definitivamente.

Una denegación final duramente criticada por la asociación, que ahora intenta pedir que se pueda realizar un acto de memoria y desagravio en el Hostal de San Marcos, actual Parador Nacional. El motivo es que fue allí, entonces campo de concentración del régimen golpista de Francisco Franco, y de donde fueron objeto de una 'saca' los cuatro republicanos 'paseados' a manos de pistoleros falangistas el 18 de diciembre de 1936, entre otros muchos.

'Ataques' desde las propias filas

El caso, además, ha servido de caldo de cultivo para la actual lucha interna del PSOE, de buena parte de la Ejecutiva provincial, que lidera Javier Alfonso Cendón, contra el alcalde de León, José Antonio Diez, y viceversa. Por eso, destacados dirigentes del partido han censurado la postura del regidor leonés desde sus perfiles de redes sociales, entre ellos la leonesa número dos del PSOE de Castilla y León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

“Personalmente me siento profundamente avergonzada. Hace tiempo que no entiendo algunas políticas que van totalmente en contra de los valores y principios que defendemos como partido”, manifestaba Rubio.

Mientras Courel incluso añadía las críticas de Diez al recién imputado expresidente del Gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevar su ataque: “Se niega un acto de la ARMH, no se quitan los nombres franquistas de las calles de León, y se ”condena sin juicio“ al único leonés que ha sido presidente del Gobierno de España. ¿Seguro que el alcalde de León es socialista?”, espetó.

Todo el mismo día en que Diez se volvía a reivindicar como candidato a repetir en la lista del PSOE a la Alcaldía de la capital, argumentando que la grave imputación judicial de Zapatero por presunta corrupción ponga freno a las maniobras para intentar evitar esa repetición.

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo está sumida en el caos. En un par de meses se cumplirá un año de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León que anuló la convocatoria de la plaza de Subinspector del 2022, el jefe del cuerpo, pero esta todavía está ejecutada solo a medias.

El cuerpo policial permanece descabezado desde el mes de septiembre del año pasado, pero el equipo de Gobierno en minoría de UPL todavía no ha iniciado los trámites para volver a sacar la plaza a concurso. Mientras tanto, crece el descontento. Los agentes, como el resto de funcionarios del tercer Consistorio en número de habitantes de la provincia de León, todavía no han cobrado la nómina del mes de abril, no perciben las horas extra desde noviembre, denuncian falta de medios, tienen una pistola 'desaparecida' desde hace meses y, recientemente, les han robado las cuatro ruedas y el interior de un vehículo del depósito municipal. Pero tampoco se ha aplicado, por el momento, medida de seguridad alguna.

La sentencia del mes de julio del tribunal leonés, que es firme porque no fue recurrida por ninguna de las partes, obligó a cesar al subinspector unos meses después. En paralelo, también exigía al Ayuntamiento de San Andrés a negociar unas nuevas bases para convocar otra vez la plaza y conformar un tribunal evaluador de los aspirantes, pero esta parte sigue sin llevarse a cabo.

Sin subinspector, la normativa obliga al policía de mayor rango a asumir las funciones de jefe de Policía. De los 38 agentes locales de San Andrés, tan solo uno tiene categoría de oficial, pero se ha negado por escrito a desempeñar esas funciones. La solución que ha adoptado la alcaldesa leonesista, Ana María Fernández Caurel, fue designar “temporalmente” a uno de los 37 agentes 'rasos', a pesar de un informe en contra de Secretaría.

Estas dos circunstancias, la demora en ejecutar una sentencia firme que está retrasando cubrir la plaza de subinspector bajo el principio de igualdad y parchear esta falta de mando con la elección 'libre' de un jefe “temporal” con vínculos con UPL que ya lleva ocho meses en el puesto, ponen sobre la mesa un posible recurso ante la Justicia.

Fuentes consultadas por este medio denuncian, además, el retraso reiterado del cobro de las nóminas, por ejemplo a la redacción de esta información todavía no han percibido la nómina del mes de abril, suman ya medio año sin cobrar las horas extra, y, lo que a su juicio es aún peor, una seria falta de medios.

La situación del cuerpo policial de San Andrés tiene además otros elementos que ponen en cuestión su funcionamiento normal. El fin de semana tan solo hay una patrulla de dos agentes para cubrir todo el municipio, y el cuerpo no tiene vehículos con mampara para el traslado de detenidos. Ello ha obligado a que hasta en dos intervenciones, graves, señalan fuentes del cuerpo, tuvieron que recurrir a la Policía Local de León porque estuvieron veinte días sin etilómetro. Además ,desde el año pasado no se están cumpliendo las obligatorias pruebas de tiro, hay problemas con la tramitación de las multas y con el funcionamiento del servicio de grúa, prácticamente inexistente.

Una pistola sustraída

El pasado mes de febrero ocurría un suceso que ha dejado huella en el cuerpo, la 'desaparición' de una pistola de la Policía Local, un hecho grave denunciado y que investigan la Policía Nacional. A fecha actual la pistola no ha aparecido, pese a la investigación en curso con sospechas sobre un miembro del propio cuerpo que habría sustraído el arma del armero municipal, sin que se haya resuelto qué ha hecho con ella.

A los robos de material defensivo se suma otros sucesos como la sustracción de las cuatro ruedas y el interior de un vehículo que permanecía bajo custodia en el depósito municipal. Fuentes consultadas denuncian que pese a todos estos sucesos no se han puesto las medidas preventivas necesarias para evitar que vuelvan a suceder.

ILEÓN preguntó al equipo de Gobierno de UPL de San Andrés del Rabanedo el miércoles sobre todas estas cuestiones, aunque no ha respondido, y solo a algunas de ellas, hasta después de la publicación de la información, este viernes a media mañana.

En primera instancia, reconocen que los funcionarios no han cobrado todavía la nómina de abril, si bien el argumento es que es “debido a cuestiones administrativas y técnicas, no por falta de voluntad política ni por problemas económicos”. Sin entrar a cuáles son esas cuestiones 'administrativas y técnicas', añaden que “desde el equipo de Gobierno se han mantenido distintas reuniones con los representantes sindicales, el comité de empresa y con los técnicos municipales para abordar la situación y avanzar en el pago de las nóminas”, a punto de terminar mayo.

En cuanto a la situación del cuerpo de Policía Local, aseguran que “el equipo de Gobierno ya ha convocado una mesa de negociación y actualmente se están negociando las nuevas bases para proceder a la convocatoria” y, así, dar cumplimiento a una sentencia judicial de hace casi un año. No obstante, y según varios grupos de la oposición, la mesa de negociación está convocada para el día 1 de junio y actualmente no se está negociando nada, porque no se ha elevado todavía propuesta alguna.

Mientras tanto, y según UPL, la Policía Local sigue capitaneada por un jefe “temporal” que, dicen, se eligió por méritos de entre “varios candidatos”, sin tener en cuenta “la adscripción política de nadie”. No aclaran si el elegido tiene o no vinculación directa con el partido leonesista y si la decisión se tomó o no en contra de un informe de Secretaría.

En todo caso, subrayan que el cuerpo “continúa tramitando, atendiendo incidencias y prestando servicio con los recursos disponibles”, eludiendo responder a la falta de recursos que denuncian. “Las carencias materiales o de personal que pueda arrastrar el servicio no son una situación nueva ni exclusiva, sino una problemática estructural que viene de años atrás y que afecta a numerosos cuerpos policiales. Pese a ello, los agentes continúan desarrollando una labor imprescindible para el municipio”, agregan.

Por último, respecto al arma que lleva meses desaparecida, se han limitado a manifestar que “se trata de una cuestión judicializada sobre la que no harán valoraciones”.

El puente de Ventosilla de la Tercia, un lugar de paso estratégico ubicado en esta localidad del municipio de Villamanín, se somete en estos días a un tratamiento de choque. Su progresivo deterioro, agravado por las nevadas del último invierno, lo había convertido en un elemento de riesgo. Todavía a la espera por la construcción de una nueva infraestructura que lo sustituya por parte de la Diputación de León, la institución provincial ya acomete desde el pasado lunes trabajos que al menos sirvan para evitar males mayores. El alcalde de Villamanín, Álvaro Barreales (Partido Popular), apremia a acelerar los trámites administrativos para poder ejecutar otro paso sobre el Bernesga.

Barreales reconoce su preocupación por el estado del actual puente, motivo de temor también entre los vecinos de Ventosilla. “Se va a caer cualquier día”, advierte el regidor para señalar cómo aumentaron los desperfectos tras las nevadas del pasado invierno en la Montaña Central Leonesa. Fue todavía en febrero cuando el vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras de la Diputación Provincial, Roberto Aller (Unión del Pueblo Leonés), visitó el municipio y se comprometió a acelerar la construcción de un nuevo puente.

Consciente de que la ejecución del nuevo puente obligará a cerrar el actual y habilitar uno supletorio durante las obras, el alcalde de Villamanín apremia a la Diputación a tramitar el expediente. A las puertas ya del verano, Barreales apela al incremento de población en la época estival, lo que aumenta el uso incluso peatonal de este paso. Y subraya la importancia geoestratégica de este punto, desde el que se accede a siete localidades del municipio y supone la conexión de la zona con la Collada de Aralla.

“El proyecto (del nuevo puente) ya está hecho. Ahora habría que licitarlo de urgencia”, reclama el alcalde de Villamanín, también quejoso por el estado de la carretera Nacional 630, que atraviesa el municipio para conectarlo por un lado con La Robla y por otro con el puerto de Pajares, en un entorno privilegiado desde el punto de vista natural y paisajístico, en plena Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

Los trabajos que se acometen en estos días servirán para fijar la barandilla y arreglar los baches de un paso cuyo deterioro alarma a los vecinos. “Hay que dar una respuesta para evitar posibles desgracias”, apunta el alcalde para apostar por la construcción de una nueva estructura que resuelva este problema.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de León ha denunciado este martes la existencia en las arcas municipales de un desajuste presupuestario que cifra en al menos 33 millones de euros. El portavoz del PP, David Fernández, hizo público este dato inmediatamente después de una reunión entre su homólogo en el PSOE, Vicente Canuria, y el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, con los partidos en la oposición. Y lo aprovechó para calificar la gestión económica del equipo de Gobierno del socialista José Antonio Diez como “la peor” desde la del Ejecutivo de Francisco Fernández, de la que el propio Diez formaba parte.

“Las chapuzas de José Antonio Diez y su Gobierno tienen importantes consecuencias para los leoneses hasta el punto de comprometer la capacidad económica del Ayuntamiento para ejecutar proyectos por valor de más de 33 millones de euros”, sentenció Fernández como conclusión del informe de seguimiento y actualización del Plan Económico y Financiero al que está sometido el Consistorio leonés, emitido por la Intervención municipal para dar cumplimiento a lo exigido por el órgano tutelante (la Junta de Castilla y León, por delegación del Ministerio de Hacienda).

El PP, según detalló Fernández, solicitó ya ese informe sobre la situación económica y financiera de la institución municipal el pasado 4 de mayo. Lo hizo después de que en el Pleno extraordinario del pasado mes de marzo los gobernantes municipales aprobaron un gasto de casi 9,4 millones de euros, “para los que no tenían ni 100.000 euros disponibles”. “En aquel Pleno ya le dijimos al señor Diez que eso era una huida hacia adelante con corto recorrido”, señaló el popular, que compromete la labor de su formación para PP para “sacar del cajón todos los documentos que dejan al aire las vergüenzas de la gestión económica de José Antonio Diez”.

Tras acusar al Gobienrno de Diez de “falta de transparencia” por demorarse en la entrega de la información relativa a la actualidad del Plan Económico y Financiero, David Fernández entró al detalle para referir una primera pérdida de ingresos por valor de 16 millones de euros, resultado las dos sentencias judiciales que anulan la tasa de tratamiento de basuras de 2024 y la tasa de recogida y tratamiento de basuras de 2025. “Hay que recordar que, en este segundo caso, se han llegado a cobrar a los contribuyentes más de 3,7 millones de euros que aún no han sido efectivamente devueltos, además del gasto de medio millón de euros en las notificaciones de una tasa que, cuando se realizaron, el Gobierno socialista ya sabía que había un alto riesgo de anulación judicial”, añadió.

Además, el PP acusa al equipo de Gobierno de registrar “unos ingresos que son ficticios” por valor de 6 millones de euros, vinculados al convenio marco de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, unas anotaciones que “se realizaron a espaldas de la Intervención y bajo presiones del concejal de Hacienda a las dos funcionarias jefas del negociado de contabilidad” con el objetivo de “poder gastar más dinero del que realmente tienen”.

El desajuste se completa por otras tres vías: 1 millón de euros que la Intervención ve necesario incrementar para financiar el convenio con la Diputación de León para la coordinación del tratatamiento de residuos después de haber sido “incapaz de poner en marcha la instalación del contenedor marrón”; la citada modificación de créditos por valor de casi 9,4 millones; y un intento de cobro de la tasa de basuras de 2025 y 2026 que la Intervención considera como “no ajustado a derecho”.

¿Cuáles serán las consecuencias? “El equipo de gobierno ha estado anunciando y aprobando partidas para proyectos para los que no hay ingresos suficiente”, dijo Fernández antes de citar iniciativas que, a su juicio, quedarían en el aire como el plan de mantenimiento de calles y asfaltado, obras en colegios, instalaciones deportivas y edificios municipales, entre ellos el arreglo del consistorio, fachadas y soportales de la Plaza Mayor, las obras de la calle Demetrio Monteserín y Velasquita o parte del arreglo de los aledaños del estadio Reino de León. La repercusión, añadió el popular, también se dejará notar en ajustes en los ingresos y en la dotación de partidas.

“El alcalde conoce esta situación desde hace meses. Y le ha dado igual. No sólo no ha hecho los ajustes necesarios, sino que incluso ha seguido sumando gastos, como en el pleno extraordinario del mes de marzo; y ha seguido adjudicando contratos millonarios. Todo ello en una huida hacia delante que, como ya le dijimos, tiene corto recorrido. José Antonio Diez quiere hacer obras y anuncios en el año antes de las elecciones para solventar los problemas que no ha querido ni ha sabido solventar en los siete años que lleva como alcalde, gastando sin un criterio de proyecto global de ciudad y sin una consciencia clara de las necesidades de la ciudad”, señaló Fernández.

Y es que el PP compara la situación actual con la que se produjo durante la etapa del también socialista Francisco Fernández, que “dejó en las arcas municipales una deuda superior a los 400 millones de euros, con facturas en los cajones por valor de varios millones de euros, y que sumió al Ayuntamiento en una profunda crisis económica de la que aún hoy el consistorio no ha salido”.

“Auténtico fiasco económico”, según los leonesistas

Tras la misma reunión con los partidos de la oposición, el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Hacienda al conocerse “el contundente informe de Intervención que evidencia el fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras impulsada por el equipo de Gobierno socialista”, señaló su portavoz, Eduardo López Sendino.

“Se trata de una situación de auténtico fiasco económico y administrativo, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal”, añadió al referirse a los efectos vinculados a la tasa de basuras.

UPL añade que el informe de Intervención advierte de una “necesidad de financiación” de más de 9,2 millones de euros y de un grave incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Y el documento recoge la existencia de más de 6 millones de euros en “derechos ficticios” que nunca llegarán a cobrarse y que deberán ser anulados, “agravando todavía más la situación financiera del Ayuntamiento”, reprochan los leonesistas.

“La gravedad de los hechos exige responsabilidades políticas, en cualquier empresa privada una gestión que provoca un agujero de más de 15 millones de euros habría supuesto el cese fulminante del responsable. No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de Hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión”, apunta Sendino.

Los leonesistas recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las ordenanzas de la tasa de residuos de 2025 y 2025 por defectos de tramitación y falta de motivación técnica suficiente. Y recalcan cómo el propio interventor en su informe alude a la posibilidad de extender los efectos de resolución judicial a la totalidad de los vecinos de la ciudad. “Es lo justo y adecuado”, valora la UPL, “y no solamente en beneficio de quien obtuvo la sentencia favorable, porque la anulación es absoluta y debe de favorecer a todos y no solo al recurrente lo que supondrá, según el interventor, una salida de fondos por importe de más de 3.700.000 euros, y una anulación de derechos, en definitiva, posibilidad de cobro, por un importe de más de 1.400.000 euros”.

“Si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizar jurídicamente adecuada la ordenanza y se hubiera evitado el fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios de las cuentas de este ayuntamiento”, agrega el portavoz leonesista.

La Junta de Gobierno Local con fecha 30 de abril de 2026 aprobó un gasto de 218.042 euros para encargar a una consultoría externa la elaboración de una nueva ordenanza. “No dudamos”, señala Sendino, “que esa empresa externa se va a encontrar con los mismos problemas que han motivado las sentencias judiciales, y todo ello porque el concejal de Hacienda no ha hecho su trabajo y sus deberes en los años anteriores para la correcta aplicación de la tasa conforme a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL exige la dimisión del concejal de Hacienda y reclama al equipo de Gobierno socialista que “asuma de una vez sus responsabilidades políticas ante uno de los mayores desastres económicos de los últimos años en el Ayuntamiento de León”.

La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

Supongamos que se trata de hablar de las próximas elecciones Generales. Pero no solo de ellas, sino del más cualificado conductor leonés o por el movimiento leonesista, cuando las autonómicas ya se consumaron y volvimos al aberrante derrame de votos, al PP en especial, con el olvido en la mano de todo lo mal hecho. ¿Cabe mayor error?

Mas “ya está UPL en el club de los grandes”, casi afirma Javier Callado, y así lo comenta después de hacernos ver que todos los pequeños (Soria YA, Por Ávila, Sumar, Podemos) bajan en su cosecha de votos, siendo el mejor indicador que apunta hacia la consolidación como grande de la formación.

Lo que dice no es una entelequia, como siempre lo refleja con los datos de un buen analista, observador y crítico. Esto suena o así lo entiendo, cual voz de aliento para el movimiento político-social que arropa con su voto a UPL. Sin olvidar a los simpatizantes ocasionales de las dos manos, que acuden en ayuda de la formación regionalista con la mejor de las intenciones, gesto que se asemeja a un intento de 'en defensa propia', por encima de toda ideología.

Con todos ellos, más los bien predispuestos para la ocasión, tendrán que contar cuando, el llamado a ello (o los llamados) se dispongan a emprender acciones jurídico-sociales, en el supremo esfuerzo de intentar salir del ente autonómico que nos amarra y esquilma. ¡Todo en un YA, que debe ser un hoy!

Julio Rodríguez Lago, Javier Callado y Maite Fernández… en un sencillo tanto monta, se han esforzado largo tiempo, incrementado últimamente, en desarrollar una labor didáctica leonesa, de lo leonés y para los leoneses, o de lo leonesista (es opcional elegir término y consideración) en busca de que nos concienciemos de quiénes somos, y, liberados, hacia dónde debemos ir a tenor de los caminos que la Constitución contempla.

Hace falta un 'maquinista'...

Nos hace falta un maquinista que, con el ingenio de Buster Keaton, conduzca el tren que nos lleve a la necesaria liberación del ente autonómico.

Una cosa debemos tener clara el PSOE, con Cendón, un socialista que, ni antes en plenitud, ni ahora, pues circula a medio gas partidista por deméritos, está dispuesto a ayudarnos a nada a los leoneses; preconiza que sigamos de mandados y obedientes. Una clara excepción socialista, el alcalde legionense, José Antonio Díez… Sabe lo que nos gusta, lo comparte y tiene criterio para defenderlo…

Luego nos encontramos con el PP provincial, nada de defensa en el ente autonómico, donde Quiñones ejerce de todo, menos de leonés, porque de esto, sabe tanto como de apagar fuegos; pero acumula calorías desde entonces y ahora está empeñado en una red de calor para Legio, partiendo de la biomasa. ¡A ver que cae desde el ente! Cuidado no vaya a quedar colgada su ardorosa carrera política, con el puente colgante de Anciles. Se decía que los pavorosos incendios pasados, le habían purificado el alma: ¡ya ‘manda calorías’ el asunto!

No se puede pasar por alto que leoneses más o menos afectados, y algunos mucho, por las llamas, no escatimaran el voto autonómico al PP. Una cesura de palabra, de lógica iracundia momentánea, cual gaseosa circunstancial, y más ante el tapabocas de ayuda económica, que junto al ilógico partidismo, apareció cual tapón. Tal ayuda era necesaria, sin duda alguna y de razón, lo que sorprende, por inhabitual, es la rápida llegada. No es que sea malo en sí, es que encerraba malicia. ¡En tiempo electoral se puede con todo! ¡Ardamos pues!

Ni los conservadores de León, en el Senado de la nación donde tienen mayoría, hacen otra cosa que manejar el dedo pecador, el de la ciega obediencia.

A ambos partidos, PP y PSOE, hay que ponerlos ante las narices una y otra vez al Grupo IAL, donde entre otras cosas se demuestra que una autonomía de León no es gravosa, ni trastoca ningún presupuesto del gobierno central. Aunque sí induce a mirar con detenimiento hacia dónde se han estado yendo los dineros que nos correspondían, lo que escuece y mucho, y saber en qué otros estamentos del ente autonómico se usufructúan.

La consolidación de UPL es buena y conducente a la comprensión de que el movimiento político leonesista, es cercano y bueno en sí mismo, en estos momentos donde lo perentorio es salir del ente autonómico.

Se pensaba en la obtención de cinco procuradores, esto es Grupo político, con mejores posibilidades de maniobra en cortes. Ahora creo que toca pensar en las Generales, en el parlamento nacional donde nunca tuvimos voz. Más mudos que Pamplinas, en sus películas.

Y siguiendo con el simil, de ahí el título de arranque, estimo que se debe pensar ya, en preparar el tren hacia las urnas de las elecciones Generales. Y sobre todo en el maquinista. Un cabeza de lista cuya preparación y disposición pueda hacerse notar en el parlamento nacional desde el primer día…

He partido del recuerdo de un artículo de Javier Callado para la composición de este escrito: En el 'día después'. Citaré también a Benigno Angulo, cuando, entiendo que lo que toca es el planteamiento en firme de los tramites de salida. Y él también tiene las ideas claras para cómo salir del ente autonómico.

Para candidato tengo mi preferencia, por supuesto, pero no pretendo molestar a nadie, tal vez la prelación me delate.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este domingo el “progresivo deterioro” al que la Junta de Castilla y León está sometiendo al sistema sanitario público de la provincia de León.

A través de una nota de prensa, esta formación ha denunciado la falta de planificación, la insuficiencia de recursos humanos, el envejecimiento de las plantillas y la ausencia de políticas eficaces de cobertura y fidelización profesional como principales causas.

UPL ha informado de que esta situación quedó patente tras mantener esta semana una reunión con miembros de la Unión Sindical Obrera (USO). Desde la formación se ha alertado que ya llegan los complicados meses del periodo estival que en muchos años pasados han mostrado un momento de caos motivado por las vacaciones de los profesionales sanitarios y la falta de contratación para cubrir éstas.

León, y especialmente las zonas rurales de difícil cobertura, “ven enquistarse el problema” de la cobertura sanitaria con la continua pérdida de profesionales, el aumento de la carga asistencial de los que quedan y el retraso en infraestructuras sanitarias fundamentales que “están comprometiendo la calidad asistencial, así como las condiciones laborales del sistema sanitario público”, ha remarcado Rosa Quintanilla, procuradora en Cortes y secretaria de Sanidad de UPL.

UPL se ha comprometido a trasladar a la Junta la necesidad de impulsar medidas urgentes en materia sanitaria para la provincia de León, en aras de lograr una Atención Primaria “fuerte, cercana, accesible y humanizada” que garantice la igualdad sanitaria a todos los ciudadanos vivan donde vivan, comprometiendo que velará “para que la Región Leonesa no tenga ciudadanos de primera y segunda”.

El Partido Popular (PP) exige a la Diputación que abone las ayudas de importante repercusión turística que mantiene congeladas a pesar de corresponder al año 2025, en concreto para la contratación de personal para el mantenimiento del Camino de Santiago y la apertura de las oficinas de turismo en los pueblos de la provincia.

Una situación que el portavoz popular, David Fernández, achaca “una vez más a la incapacidad de gestión del equipo de gobierno del PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación”. Y es que remarcha que “hay fondos, están resueltas las convocatorias y sólo falta abonarlas”.

La convocatoria formulada por la Diputación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) durante el mes de julio de 2025 con un plazo de ejecución, tanto la contratación para el mantenimiento como para atender a las oficinas de turismo, y expiró por tanto el pasado 31 de diciembre. El importe conjunto fue de 303.000 euros para la anualidad de 2025.

El portavoz del Grupo Popular incide que “esta situación, que se está repitiendo cada año, provoca que los ayuntamientos tengan que adelantar el dinero de los salarios de estos trabajadores, lo que provoca, en algunos, que tengan problemas de tesorería porque supone una cantidad significativa cuando la Diputación cuenta con más de 213 millones de euros de remanente”.

Como ejemplo, remarca que uno de los ayuntamientos por lo que atraviesa el Camino de Santiago ‘ha adelantado’ más de 30.000 euros en el pago de los salarios de los trabajadores correspondientes al año 2025 “sin que la Diputación, todavía, le haya abonado nada”.

Otro problema estriba en que “se puede repetir” este año 2026 ya que la convocatoria de las ayudas tanto para la contratación de personal para el mantenimiento como para la apertura de oficinas de turismo “no se ha realizado” .

David Fernández incide que “no es posible que teniendo fondos y siendo unas ayudas recurrentes sigamos, a estas alturas del año, sin cobrar 2025 y sin convocarse las de este año” ya que, prosigue, “los peregrinos ya están creciendo y no podemos llegar a la temporada alta sin estas contrataciones realizadas”.

El portavoz por último insiste que “la Diputación no puede ser un problema para que los ayuntamientos pongamos en valor nuestro patrimonio como es en este caso el Camino de Santiago” por lo que exige, una vez más, “eficiencia y gestión” al equipo de gobierno socialista y leonesista.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) dice basta. La formación política defiende que se planifique y se ponga fecha de fin la solución del trasvase, que nació como “temporal”, hace ya más de 25 años, un cuarto de siglo, para que el agua del pantano de Riaño en León acabe llegando en buena parte a campos, pueblos y polígonos de Palencia y Valladolid, a través del canal Cea-Carrión.

Así lo ha defendido este sábado la líder del partido, y portavoz leonesista en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, incluso aunque eso suponga la construcción en el sur de León, junto a un pequeño pueblo del municipio de Sahagún, de un nuevo pantano en la provincia, llamado Las Cuezas.

Gallego reclama que el cuarto ciclo de Planificación Hidrológica 2028-2033 no consolide el trasvase actual del Cea-Carrión y cesen las aportaciones de aguas del embalse de Riaño al canal . Y es que, como hace años recogía ILEÓN que defendían los regantes leoneses de la zona de Payuelos, que continuar con el reparto de líquido hacia el sur podría “podría suponer su colapso”.

En este sentido, desde la formación leonesista se ha informado, a través de un comunicado, que esta petición se suma a las alegaciones ya realizadas por la Comunidad de Regantes de Los Payuelos a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTI) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, del cuarto ciclo de Planificación Hidrológica 2028-2033. Unas alegaciones que “evidencian que quieren perpetuar en el tiempo la solución provisional de aportar agua del Esla al canal Cea-Carrión y que inicialmente se preveía descender en los próximos Planes Hidrológicos y que ahora corren, quizá, el riesgo de crecer”, ha señalado UPL.

La formación reconoce que la situación que se vive en 2026 podría no ser excesivamente perjudicial para los regadíos modernizados de esta zona por la cantidad de agua de la que disponen, si bien, en épocas de profunda escasez puede “generar un grave problema”. Es por ello que desde UPL se ha abogado por evitar que esta situación provisional se consolide, más teniendo en cuenta las previsiones de que con el cambio climático las condiciones meteorológicas cambien y las lluvias sean más irregulares.

Así, los leonesistas apuestan porque el trasvase de agua se haga en función de la cantidad disponible y se asegure siempre a las hectáreas que ya tienen consolidada la modernización de su regadío, “mientras otras muchas zonas quieren beneficiarse sin ni siquiera llevar a cabo esta inversión tan necesaria y de ahorro de agua para regar”. En esta línea, UPL ha advertido que la provincia de León “no puede ser siempre la que pague el coste social” de contar con estos embalses y no obtenga beneficios por ello.

Las Cuezas

Las planificaciones previas del Ministerio y CHD era tener concluidas las balsas, pantanos de nueva construcción, de las Cuezas 1 y 2 para el año 2021. La fecha se se pospuso para 2027 pero a día de hoy siguen sin haberse desarrollado. Una cuestión ya advertida desde la pedanía de San Martín de la Cueza, que se quejaba en su día por este pantano. UPL defiende que Las Cuezas son las masas de agua que deberían sustituir al trasvase a Palencia y Valladolid, pero reclaman que “los regantes de la zona puedan recibir una contraprestación por acoger estos nuevos embalses y se puedan beneficiar de esa agua al establecerse como una zona regable”.

Admiten que supondría “nuevamente un coste social de ponerse en marcha en la provincia de León”, pero al menos “estas infraestructuras podrían dar solución y paliarían de forma importante el cese de las aportaciones del Esla al canal Cea-Carrión”.

A veces el destino se complace en agrupar en escaso lapso de tiempo imágenes, acontecimientos y declaraciones que mueven a la especulación y al hallazgo de respuestas cuando menos curiosas. Así se nos han agolpado las elecciones autonómicas, Semana Santa y finalmente la celebración del día de Castilla y León. Cada una de estas solemnidades cuenta con sus particulares componentes y su particular relato.

Elecciones autonómicas: el Partido Popular que ostenta la gobernanza de Castilla y León desde tiempos inmemoriales, parece inmune al paso del tiempo y no sólo sufre el desgaste del gobierno sino que, contra toda lógica, ha incrementado en dos el número de escaños en las cortes pucelanas, lo que es tanto como decir en las cortes castellanoleonesas. El PSOE logra subir otros dos y Vox tan sólo uno. Dos partidos de ámbito estatal acabaron por extinguirse, era la crónica de una muerte anunciada (Podemos y Ciudadanos). Soria YA, pierde el 66% de su representación merced a la condición soriana del candidato socialista. Por Ávila conserva su único representante y UPL mantiene sus tres parlamentarios, quizá su techo electoral.

En León, los cuatro partidos con representación parlamentaria se quedan como estaban. PSOE crece en 1.400 votos, PP algo más de 8.000 votos, Vox aumenta cerca de 4.000 papeletas y UPL se queda clavado con un incremento de unos 600 votantes más (consigue aumentar 100 más en Zamora y 1.000 más en Salamanca, en total 53.805). Todas las expectativas creadas eran infundadas. UPL es incapaz de motivar a un electorado que aspira a ver acciones de peso, no solamente pasos de ballet (cambiar el orden de la lista electoral del primero por la segunda y la segunda por el primero) sin renovación alguna. UPL continúa con su pecado original de acaparar puestos en unas pocas manos. En muchos pueblos de la geografía leonesa, sus candidatos son unos perfectos desconocidos y nunca han sido vistos por sus calles. 

El conservadurismo del que hace gala UPL, tampoco despierta pasiones. Circunscribirse principalmente al ámbito municipal o de la diputación es cegar toda posibilidad de crecer. UPL no pasa de ser un partido municipalista por más que hayan tenido un gesto que les honra al jurar su cargo aludiendo a la autonomía leonesa. Sus trifulcas en el Bierzo tampoco ayudan. Sin un cambio radical de orientación y acción, este partido está condenado a la irrelevancia. El PSOE tampoco ha sido ajeno a las trifulcas porque dos gallos como Cendón y Diez no caben en el mismo gallinero. El uno declaradamente estatalista, el otro aparentemente estatalista y autonomista, es decir un sincretismo que tiende asintóticamente a la cuadratura del círculo.

Semana Santa: una foto vale más que mil palabras. El periódico El Debate ha publicado una que habla por sí sola para quien preste oído a las imágenes. El alcalde de León (PSOE) aparece en primer plano con su banda de moaré, seguido de un obispo castellano. Tras ellos un encapuchado, con estética propia de verdugo medieval. Detrás, un uniformado, otra persona y Quiñones (PP), el consejero de los incendios y fotos con enfermos de ELA. Le sucede otro encapuchado y Pollán (Vox) con mirada aviesa. Diversas sensibilidades bajo un mismo paso: el del Santo Entierro de León, toda una alegoría. Huelgan más comentarios.

Día de Castilla y León: la Junta de Castilla y León, inasequible al desaliento y con su pertinaz alquimia pretende hacer aleaciones de metal con madera, sueña con la homogeneidad castellana en toda Castilla y lo que es peor, con la Región Leonesa. Con tal motivo derrocha más de un millón de euros en conciertos por las principales ciudades de la comunidad. En la provincia de León por partida doble, en un desesperado intento de congraciarse con la ciudadanía para que deponga de una vez por todas la aversión que sigue percibiendo en ella.

La Junta sabe que en León conviven dos realidades divergentes. Una es su clase política, a la que no es preciso conquistar porque ya está voluntariamente entregada a los designios y ucases castellanos en perjuicio de sus votantes, por los que no siente respeto alguno. La otra es la ciudadanía leonesa, disociada de sus políticos, de quienes sabe que no representan sus intereses, y que recibe el festejo de Villalar con la mayor de las lejanías, de hecho, los leoneses sin empleo en empresas o negocios que han de guardar día de asueto, siguen con sus quehaceres cotidianos. Esta festividad no les sugiere absolutamente nada.

Es día que algunos leonesistas aprovechan para contraprogramar estos fastos. En esta edición, el ínclito alcalde de León, que no tenía ningún acto religioso en su agenda –curioso el laicismo de este socialista– ha asistido con notable aparato. Se ha celebrado, como viene siendo habitual, una manifestación por las calles de León, al término de la cual, los representantes políticos y las fuerzas vivas asistentes se han despachado a gusto cuando les han puesto el micrófono delante. Al día siguiente, en una tertulia radiofónica, un periodista leonés con notable ironía, se mofaba de la decreciente asistencia a dicha manifestación. La misma Policía Local habló de unos 1.200 participantes. Magro seguimiento parece.

Sin ánimo de silenciar las declaraciones de sindicatos y organizadores, hay que resaltar las declaraciones del vicesecretario de UPL y del alcalde de León. El primero afirma que “…hay que decirle a los ciudadanos que de una vez por todas hay que unirse para salir de esta comunidad autónoma”. ¡Aleluya! Brillante diagnóstico, sólo falta saber quién va a aplicar el tratamiento porque no hay antecedentes de que alguien quiera hacerlo. El alcalde por su parte ha declarado. “Yo no sé si leonesista o no, yo soy evidente leonés, pero sobre todo soy constitucionalista, porque lo que estamos reclamando y reivindicando ante todo es una constitución legal y constitucional”. Abstrusas palabras dignas del diván de un psicoanalista. 

Y ahora con estos mimbres vamos a por el cesto. ¿El leonés que se siente autonomista se ve representado en el conclave de dignidades que desfila bajo las parihuelas de una figura religiosa? La doctrina de Cristo dejó sentado: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” ¿No le dice nada el brusco frenazo, derrape incluido, de las pasadas elecciones autonómicas de las tesis teóricamente más próximas? ¿Quién es el ungido que nos llevará a la tierra prometida desde nuestro éxodo particular, o acaso no ha nacido aún? ¿Alguien cree que con las declaraciones de UPL o del alcalde de León, ya tenemos todo resuelto? 

Me da que si todo se queda en gestos y declaraciones de nuestros portavoces, actos folklóricos, protestas en redes sociales, bienintencionadas manifestaciones de la mano de los sindicatos, incineración de castillos de cartón o ejercicios de halterofilia alzando leones de peluche al cielo, esto no prospera. Táchenme de derrotista, pero si no iniciamos pronto algún intento serio y oficial para desconectarnos de Castilla, francamente, creo que la Región Leonesa lo tiene de color hormiga. Van siete años desde el inicio de las mociones por nuestra autonomía y no se mueve nada. Por eso quiero amiga que me diga ¿Son de alguna utilidad? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

El Ayuntamiento de León concederá la Medalla de Oro de la ciudad a la Diócesis de León, argumentando que el Obispado es una referencia en la atención a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, o por su contribución a la conservación de su patrimonio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León, es decir, el equipo de Gobierno que preside en minoría el alcalde socialista, José Antonio Diez, ha aprobado en su sesión de este viernes iniciar los trámites para concederle un reconocimiento que es el más elevado a nivel municipal. Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta se centra en “su incesante tarea para atender a los servicios pastorales y litúrgicos de 756 parroquias, pero sin olvidar en ningún momento la actividad asistencial a la ciudadanía”.

“Una labor que, con el obispo Luis Ángel de las Heras, se ha incrementado abriendo de una forma global la labor de la Diócesis y de las parroquias a la atención a la población”, considera el Consistorio. La decisión deberá pasar por comisiones previas y finalmente por el Pleno municipal, donde además del PSOE hay representación de Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Leonés (UPL), Vox y un edil tránsfuga de este último. Todo indica que la medida será aprobada casi seguro por unanimidad.

En la argumentación, se expone también “el esfuerzo por mantener en condiciones de conservación templos, ermitas y edificios parroquiales y eclesiásticos, que suman más de un millar en el territorio diocesano, con el patrimonio histórico, artístico, bibliográfico y documental que en ellos se guarda y que constituye un elemento esencial para entender la identidad y la historia de León”.

Según se recoge en la documentación que justifica esta distinción, también históricamente ha habido “una unión estrecha entre el Reino de León y la Diócesis, que participa en las decisiones del monarca y en la promulgación de los Fueros y otras normas de convivencia dictadas, así como corrientes culturales que se trasladarán por todo el territorio a través de escuelas y escritorios episcopales y monásticos”.

Un polémico antecedente

Este tipo de decisiones de apoyo eclesiástico cristiano del Ayuntamiento no son nuevos. Ya se produjo una considerable polémica cuando el equipo de Diez propuso en 2023 la misma distinción, la Medalla de Oro, para la Virgen del Mercado, la centenaria talla y parroquia junto a la Plaza del Grano del Casco Histórico. Se trataba de un honor que en numerosos sitios de España levantó ampollas y que incluso finalmente se comprobó que el reglamento leonés ni siquiera permitía. Por eso, finalmente ya en 2024 se le dio pero con la triquiñuela de concedérsela no a la Virgen sino a la parroquia de Nuestra Señora del Mercado.

Indignación monumental en la sociedad leonesa al conocerse que la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León financia con 230.000 euros la promoción de la Curia de Gormaz de 1187 como la 'Cuna del Parlamentarismo' por delante históricamente de las Cortes de León de 1188.

“Este hecho convirtió a San Esteban de Gormaz en uno de los principales antecedentes de las instituciones parlamentarias modernas y situó a Castilla como territorio pionero en el desarrollo político e institucional de Europa”, exponen en la propia web del Ayuntamiento soriano, asegurado que “en esta reunión participaron nobles, obispos, representantes de más de 50 villas y ciudades, y una embajada del Sacro Imperio Romano Germánico. Ello supuso la primera vez en Europa que los concejos urbanos tuvieron representación política, transformando la Curia en las primeras Cortes de Castilla y del Occidente europeo”, por lo que creará un Centro de Interpretación de la 'Cuna del Parlamentarismo' denominado 'Puerta de las Cortes: Castilla 1187'.

Los primeros en saltar a la palestra han sido la Unión del Pueblo Leonés, que denuncia que “la Junta tergiversa la historia para intentar arrebatar la ‘Cuna del Parlamentarismo’ a León y entregársela a Castilla”. La formación leonesista critica que la Junta financie actividades y proyectos en San Esteban de Gormaz (Soria), “en que se afirma que el parlamentarismo europeo nació en Castilla en 1187, cuando a nivel mundial se reconoce que nació en León en 1188”. A estas críticas se ha sumado también el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial.

“Y todo ello, tras dotar la Junta con cerca de 200.000 euros a un proyecto en que según ha señalado el alcalde de la localidad castellana de San Esteban de Gormaz, se recoge en dicho municipio soriano 'la creación de un Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo', afirmando asimismo desde la web del consistorio que 'San Esteban de Gormaz revive el nacimiento del parlamentarismo europeo con la recreación de las Cortes de 1187', a la par que señalan que dichas Cortes situó a Castilla como territorio pionero en el desarrollo político e institucional de Europa”, afirma la UPL que recuerda que esos representantes ciudadanos “no tuvieron derecho a voto”.

Unas afirmaciones que desde Unión del Pueblo Leonés consideran “un despropósito sin base documentada en cuanto al derecho a voto de los representantes ciudadanos, y una contradicción de lo que está reconocido a nivel mundial por historiadores y expertos en la materia”.

De este modo, consideran que el hecho de que desde Castilla se aluda a San Esteban de Gormaz como ‘Cuna del Parlamentarismo’ y que la Junta financie un proyecto en dicha localidad pretendiendo encumbrarla como tal, “es un insulto al Reino de León y a la historia de ciudades como León, Salamanca, Zamora, Astorga, Benavente, Toro o Ciudad Rodrigo, que tuvieron derecho a voto en las Cortes leonesas de 1188, y por ello, forman parte del reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo por parte de la Unesco”.

Por ello, desde UPL consideran que la Junta “está financiando y fomentando la manipulación y la tergiversación de la historia para intentar arrebatar la ‘Cuna del Parlamentarismo’ que corresponde y está reconocida al Reino de León, para intentar entregársela a Castilla sin respaldo documental que corrobore la contradicción que supone respecto a lo reconocido mundialmente por la Unesco”.

Muchas más Curias en León anteriores a Gormaz con ciudadanos

Por otro lado, los leonesistas recuerdan que “si se trata de ensalzar Cortes donde los representantes ciudadanos no tenían derecho a voto, las Cortes castellanas de San Esteban de Gormaz de 1187 no fueron las primeras, pues de forma previa podríamos hablar de las Cortes del Reino de León reunidas en Salamanca en 1178, las reunidas en Zamora en 1065, las reunidas en Benavente en 1176, o las reunidas en León en 1017 o 1035, entre otras, habiendo llegado a haber representantes de ciudades y villas en ellas pero sin derecho a voto, algo que no se da hasta las Cortes del Reino de León de 1188”.

Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés exigen a la Junta que no financie ni promueva actividades que pongan en duda el reconocimiento mundial de las Cortes leonesas de 1188 como Cuna del Parlamentarismo, considerando que “hacerlo supone un insulto al Reino de León y a nuestra historia, buscando arrebatarnos a los leoneses algo que se nos reconoce mundialmente”.

Del mismo modo, los leonesistas reprochan a la Junta de Castilla y León su “nula implicación” para promover un mayor conocimiento de las Cortes del Reino de León de 1188 y su reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo mundial, y recuerdan el rechazo a iniciativas planteadas por UPL en las Cortes para su puesta en valor y promoción.

Por último, recuerdan al gobierno autonómico que hace apenas una semana, el 6 de mayo, UPL registraba una batería de preguntas en las Cortes en las que preguntaban a la Junta “por qué sigue sin cumplir con el compromiso de poner en marcha la Ruta ‘Cuna del Parlamentarismo’ en León, Zamora y Salamanca”, a la par que le reclamaban “acciones para poner en valor, en las localidades de León, Zamora y Salamanca que participaron en las Cortes del Reino de León de 1188, el reconocimiento de dichas Cortes como ‘Cuna del Parlamentarismo’ a nivel mundial por la Unesco” y reconocidas por las Cortes Generales Españolas (Congreso y Senado) e incluso las mismas cortes autonómicas con esta figura, lo cual supone una notoria contradicción flagrante entre el legislativo en Valladolid y el Gobierno de la Junta, “repleto de hipocresía”.

El ILC denuncia el “fraude historiográfico” de la Junta

Por su parte, el Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha acusado a la Junta de Castilla y León de promover el “borrado histórico” del Reino de León y construir un “fraude historiográfico financiando la usurpación castellana de la Cuna del Parlamentarismo que ostentan las Cortes de León de 1188”.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio y vicepresidente del ILC, Emilio Martínez, ha manifestado su más profunda indignación ante lo que considera un ataque directo al patrimonio histórico, a la cultura y a la identidad del pueblo leonés por parte del Gobierno autonómico.

La polémica surge a raíz del respaldo económico de la Junta, dotado con cerca de 200.000 euros, al proyecto 'Puerta de las Cortes: Castilla, 1187' en San Esteban de Gormaz (Soria). Según ha señalado el alcalde de esta localidad, el proyecto incluye la creación de un “Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo”.

Para Emilio Martínez, “estamos ante un caso flagrante de borrado histórico impulsado y sufragado con el dinero de todos”. Para el responsable cultural es “inaceptable” que una administración pública destine fondos públicos iniciativas con “arbitrariedad administrativa” para sustraer a León “un hito que le pertenece por derecho y evidencia documental, con el único fin de construir un relato pseudohistórico que beneficie a Castilla”.

La institución ha recordado que el valor universal de los Decreta de 1188 reside en la acreditación documental de la participación ciudadana con voz y voto, un hecho diferencial que no se da en la asamblea castellana de 1187, donde la presencia de representantes de las ciudades carece de soporte jurídico que demuestre su capacidad de decisión.

Este hecho es precisamente el que motivó que la UnescoO reconociera en el año 2013 a las Cortes leonesas de 1188 como 'Cuna del Parlamentarismo' a nivel mundial. Como argumentaba la propia organización internacional, “refleja un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades”.

“Alentar este tipo de proyectos es una falta de respeto gravísima hacia la UNESCO y hacia el programa Memoria del Mundo. La Junta está pisoteando el consenso de los historiadores internacionales para imponer un revisionismo político inaceptable”, ha subrayado Martínez.

Asambleas con ciudadanos sin derecho a voto en León desde mucho antes

El organismo autónomo de la Diputación de León ha recordado que en lo que se refiere a asambleas sin derecho a voto, las de San Esteban de Gormaz de 1187 tampoco serían las primeras. Martínez ha señalado que el hito de 1188 no fue un hecho aislado, sino “la culminación de una vanguardia política” iniciada en el Reino de León ya en el año 1017, y que tuvo sus precedentes en asambleas celebradas en sedes como Zamora, Benavente o Salamanca.

Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Leonés de Cultura exige a la Junta de Castilla y León la paralización inmediata de cualquier financiación o promoción de actividades que pongan en duda el reconocimiento de las Cortes leonesas de 1188. El ILC considera que la administración autonómica actúa con deslealtad institucional al tratar de arrebatar a los leoneses un reconocimiento mundial.

Emilio Martínez ha lamentado la “nula implicación” del gobierno autonómico para promover el verdadero hito democrático de 1188, “mientras dilapidan recursos en falsificar la historia en Soria, la Junta sigue dando la espalda a la puesta en valor de los Decreta de León”. El dirigente leonesista ha concluido exigiendo el “abandono inmediato de la confrontación y el negacionismo histórico a la par que ha reivindicado al Ejecutivo autonómico un trabajo ”con rigor para proteger y difundir el verdadero patrimonio de la Región Leonesa y de todos los españoles“.

Hasta Vox critica la improcedencia de las ayudas de la Junta

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, el leonés Carlos Pollán (anterior presidente de las Cortes autonómicas que financiaron la Cátedra de Parlamentarismo de la Universidad de León), ha criticado la decisión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de destinar 200.000 euros al proyecto turístico ‘Puerta de las Cortes: Castilla, 1187’, impulsado en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz.

El lider de Vox en Castilla y León calificó contundentemente la iniciativa de “innecesaria” y “desacertada” y aprovechó una publicación en la red social TwiXter para reivindicar el papel de León como origen del parlamentarismo medieval: “León es la cuna del parlamentarismo, un hecho más que contrastado a todos los niveles”.

Pollán recordó además que durante su etapa como presidente de las Cortes de Castilla y León, entre 2022 y 2026, impulsó y participó en “múltiples actividades” destinadas a “visibilizar y ensalzar” a León como 'Cuna del parlamentarismo'.

El consejero de Cultura niega la mayor, pese a la evidencia

Por su parte, el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (que fue nombrado como miembro de Vox pero que traicionó a este partido quedándose con el Gobierno del PP de Alfonso Fernández Mañueco cuando se produjo la crisis de Gobierno con la salida de Juan García-Gallardo y todo su equipo menos él), ha criticado “la manipulación” de los leonesistas y Vox con este asunto.

“León es la Cuna del Parlamentarismo y, quien diga lo contrario está muy confundido y ha malinterpretado e intentado hacer daño”, aseguró sobre la Polémica. Para a continuación asegurar que no se ha dicho nunca tal cosa de que Gormaz sean 'las primeras Cortes de Europa': “Para nada tiene que ver con lo que denuncian” –aseguró–. Es un proyecto turístico que se llama 'Puerta de la Historia' y está centrado en la promoción del legado medieval“. Además, quiso zanjar el debate explicando que ”si alguien ha dicho que San Esteban de Gormaz es Cuna del Parlamentarismo está muy equivocado, ya que es León y eso es algo que no es ni cuestionable“, agregando que ”las criticas que ha recibido son malinterpretaciones o simples acusaciones falsas y sin fundamento alguno“.

Santonja obvia que la noticia fue una exclusiva de ILEÓN publicada este jueves pasado en la que se cita literalmente al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz asegurando que aquella curia de 1187 fueron “las primeras Cortes de la Europa occidental”, “recuperando para la memoria colectiva un acontecimiento de extraordinaria trascendencia: la celebración en 1187 de las primeras Cortes de Castilla y del Occidente europeo, convocadas por Alfonso VIII” y que el centro de interpretación que su Consejería acordó financiar con casi 200.000 euros en noviembre del año pasado sería “para mostrar históricamente que la 'Cuna del Parlamentarismo' nació en San Esteban de Gormaz”.

El alcalde de San Esteban de Gormaz rechaza cualquier confrontación con León

Ante la polémica, el alcalde del PP del municipio soriano (que este sábado 16 celebra una recreación histórica de la Curia de Gormaz de 1187 financiada con 30.000 euros de la Consejería dirigida por Santonja), que también es presidente de la Diputación Provincial de la provincia, quiso rebajar la tensión provocada defendiendo el proyecto subvencionado por la Junta 'Puerta de las Cortes, Castilla 1187' con casi 200.000 euros más y aseguró que rechazan cualquier confrontación con León en torno al origen del parlamentarismo. “No buscamos disputar absolutamente nada, sino poner en valor un episodio histórico ocurrido en nuestro municipio”, aseguró.

El político soriano explicó que la iniciativa contempla la puesta en marcha de un centro de interpretación dedicado a divulgar la historia de la curia celebrada en la localidad soriana en 1187 y subrayó que el proyecto apuesta por la colaboración con León. “Entre los objetivos figura expresamente la creación de sinergias con León”, afirmó.

García Martínez destacó además que Castilla y León “cuenta con un patrimonio histórico único al poder reivindicar tanto las Cortes del Reino de León de 1188 como las celebradas en San Esteban de Gormaz un año antes”. “Es un orgullo que en nuestra comunidad autónoma, tengamos la suerte de que muy probablemente seamos la Cuna del Parlamentarismo europeo, con las Cortes del Reino de León y las del Reino de Castilla en San Esteban de Gormaz con unos meses de diferencia entre 1187 y 1188. En nuestro caso hay documentación como el tratado de Selingestadt que lo atesoran”, terminó.

Primero se quedó sin médico titular, ahora sufre las consecuencias de una baja y la semana que viene las de una huelga. El municipio de Cabrillanes, en la comarca leonesa de Babia, sumará previsiblemente dos semanas sin la atención sanitaria de un facultativo (sí las habrá de enfermería). Y su alcalde, Emilio Martínez (Unión del Pueblo Leonés), ha alzado la voz a través de las redes sociales para denunciar la situación.

Martínez se remonta a dos años atrás, cuando se jubiló el médico titular del consultorio de Cabrillanes. En previsión de dificultades, el regidor asegura incluso que el ayuntamiento se dirigió a la Gerencia de Atención Primaria de León para sugerir la fórmula adecuada para cubrir esa plaza que quedaba vacante.

Cabrillanes planteó entonces una “interinidad con contrato de equipo” y “con condiciones especiales” habida cuenta de que se trataba de una zona de difícil cobertura para tratar de “asegurar una atención sanitaria continuada y estable”. “No nos han hecho caso, de ahí vienen ahora estos problemas”, dice Martínez para determinar el origen del problema actual.

A Cabrillanes acudía el médico de Sena de Luna hasta que hace mes y medio quedó de baja, misma situación en la que ahora se encuentra el único médico titular del centro de salud de San Emiliano, también en la comarca de Babia, según expone Emilio Martínez al relatar esta sucesión de acontecimientos que no ha hecho más que agravar los problemas.

“El jueves previsiblemente tampoco tendremos médico”, señala el regidor para añadir que la semana que viene es la fijada en el calendario de la huelga de ámbito nacional convocada por los facultativos.

“Cabrillanes no puede estar dos semanas sin médico. Hemos sido suficientemente flexibles y hemos aguantado mucho. Pedimos a la Junta de Castilla y León que dote la plaza titular de Cabrillanes con nuestra propuesta a la mayor brevedad posible”, concluye su alcalde.

El PSOE de San Andrés del Rabanedo denuncia que, tres años después de haber comprometido su apertura, el vial que conecta el municipio leonés con el Hospital San Juan de Dios, sigue cerrado al tráfico y considera “imperiosa” la apertura de esta conexión.

“No se puede responsabilizar al equipo de Gobierno anterior, ya que dejó el trabajo muy avanzado con el plan de cuatro carriles, y tampoco a la oposición porque no se ha presentado ninguna propuesta a los grupos desde que comenzó el mandato”, aseguran los socialistas del municipio (que gobernaron el municipio leonés durante el mandato anterior) que afirman que ahora la “culpa” recae en de Adif y Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

El PSOE denuncia que en un pleno del 30 de abril de este año, el grupo socialista realizó una serie de preguntas al equipo de Gobierno actual de UPL sobre la situación de este vial. “A la pregunta de en qué fecha dio la CHD el visto bueno al proyecto que el equipo de gobierno socialista había remitido el 10 de junio de 2022, proyecto de ampliación en la zona de mármoles Aldeiturriaga, Ana Fernández Caurel dijo que estuvo un año y medio esperando por ello, aunque también dijo no recordar la fecha, pese a que estas preguntas se remiten con anterioridad a la sesión plenaria y el equipo de gobierno tiene la obligación de responder”, afirma.

Ahora, el PSOE asegura que CHD firmó el informe en el que se autorizan las obras el pasado 27 de enero de 2025: “Hace más de un año de aquello, y el equipo de gobierno sigue tirando de relato, pero sin dar soluciones. Tanto es así que, tal y como la alcaldesa aseguró en el seguimiento y control del pasado pleno, tendrán que pedir una prórroga para la ejecución de las obras, al haber vencido el plazo de un año que la CHD había concedido en enero de 2025”.

Además, el PSOE afirma que Adif dio por concluidas las obras el pasado 9 de junio de 2022. Los socialistas aseguran que era necesario un convenio de colaboración que se remitió para su firma al Ayuntamiento el 30 de mayo de 2023: “Si bien afirmó tener problemas para encontrar dicho convenio, ella misma manifestó que lo tenían desde septiembre de 2023, en una entrevista que dio a un medio de comunicación el 17 de ese mes del mismo año”.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de San Andrés asegura que a día de hoy “no se ha enviado propuesta formal alguna a Adif para la subsanación de deficiencias en el vial, y nos reconoció que así era, como también reconoció que el punto clave, que es el paso sobre la presa del Bernesga, está fuera de la zona de actuación de Adif”.

El PSOE recuerda que la alcaldesa se comprometió en un medio de comunicación el pasado 16 de diciembre a abrir el vial en seis meses: “La realidad cambia, la excusa, no”, zanjan los socialistas.