UPL ha conseguido este viernes el apoyo del PSOE para que las Cortes de Castilla y León impulsen la búsqueda de una fórmula que permita a los trenes de Feve llegar de nuevo a la estación de Matallana de León, después de quince años sin servicio ferroviario en el centro de la ciudad. La proposición no de ley (PNL) presentada por el partido leonesista ha salido adelante con los votos favorables de UPL y PSOE y la abstención de PP y Vox, por lo que continuará su tramitación.

La iniciativa plantea la creación de un consorcio en el que participe la Junta de Castilla y León para asumir la gestión de la infraestructura de Adif correspondiente al tramo urbano de la antigua Feve y recuperar la llegada del tren hasta Matallana. También propone incorporar el tramo entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León.

El texto finalmente aprobado incorpora además una modificación planteada por el PP para que previamente se constituya una mesa técnica que estudie cuál es la fórmula técnica y jurídica más adecuada. UPL rechazó sustituir su propuesta por la enmienda 'popular', pero aceptó incorporar este punto a la iniciativa, lo que permitió que PP y Vox optaran finalmente por la abstención en lugar de votar en contra.

El debate volvió a poner sobre la mesa los quince años de interrupción del servicio ferroviario. El procurador de UPL Luis Mariano Santos habló de un periodo de “frustración y desesperanza” y repartió responsabilidades entre los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE por una conexión que sigue sin llegar al centro de León desde 2011.

“Pueden echarse la culpa unos a otros. La culpa es repartida”, señaló Santos, que defendió que la propuesta del consorcio no nace únicamente de UPL, sino de la Plataforma en Defensa de Feve y de la sociedad civil leonesa. “Yo vengo a hablar de una posible solución”, sostuvo, reclamando a las administraciones que se sienten juntas y busquen una salida.

PP y Vox rechazan que la Junta asuma la infraestructura

El PP compartió con UPL el objetivo de recuperar el tren hasta Matallana, pero rechazó la fórmula planteada por los leonesistas. La procuradora popular María José Álvarez defendió que “el tren tiene que volver al centro” y que debe hacerlo “sin trasbordos innecesarios y sin parches de sustituir vías por autobuses” como plantea el Ministerio de Transportes, pero consideró que trasladar a la Junta la infraestructura de Adif sería “jurídicamente inviable” y un “error político”.

Los 'populares' sostuvieron que la responsabilidad corresponde al Gobierno central y plantearon en su lugar reclamar la creación de una mesa técnica con Adif y Renfe, con participación activa de la Junta, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, para estudiar las alternativas que permitan recuperar la conexión.

La posición de Vox fue similar. Su procuradora Laura Dorreis afirmó que Feve “tiene que volver a llegar a la estación de Matallana” y reconoció su importancia para la vertebración territorial y para los habitantes de los pueblos de la línea, pero rechazó que la Junta asuma una competencia estatal. “Compartir el objetivo no significa compartir la fórmula”, resumió.

El PSOE respalda el consorcio como una “oportunidad”

El PSOE votó a favor de la propuesta. Su procurador Benjamín Fernández consideró que la creación de un consorcio puede representar “una oportunidad” para desbloquear la situación y reprochó al PP que plantee soluciones cuando no tiene las competencias y, al mismo tiempo, rechace fórmulas que requieren la participación de la Junta.

Los socialistas defendieron la importancia de la vía estrecha para la movilidad de los habitantes del norte de la provincia y destacaron su utilidad para acceder a servicios como la sanidad, la Universidad y otras gestiones cotidianas. Fernández sostuvo que la recuperación de la conexión ferroviaria “mejoraría la vida de las personas”.

Santos aprovechó su última intervención para volver a reclamar a los grupos que dejen de utilizar Feve como un enfrentamiento entre administraciones. Al PSOE le reprochó que apoye la iniciativa mientras gobierna en España y le pidió que traslade la reivindicación al ministro de Transportes, Óscar Puente. Al PP le reclamó que tenga “voz propia” más allá de los titulares y a Vox le acusó de hacer “un flaco favor al bipartidismo”.

La Plataforma de Feve lleva la reivindicación a los tribunales

La votación en las Cortes se produce, además, el mismo día en que la Plataforma en Defensa de Feve ha anunciado tres acciones judiciales para reclamar la recuperación de la conexión ferroviaria hasta el centro de León.

El colectivo sostiene que el Convenio Marco firmado en 2010, que debía culminar con la integración de Feve en la ciudad, sigue pendiente de cumplimiento y ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su supuesta inactividad. También ha presentado una querella contra un cargo de la Administración estatal y otro recurso contra el Ayuntamiento de León por su falta de colaboración en el procedimiento.

La plataforma considera que la integración ferroviaria no es un proyecto pendiente de una nueva decisión política, sino un compromiso adquirido hace 16 años que debe ejecutarse. Su portavoz, César Prieto, ha defendido que el proyecto acumula ya más de 40 millones de euros de inversión y ha recordado que han pasado quince años desde que los trenes dejaron de llegar al centro de León.

La iniciativa aprobada ahora por las Cortes no supone todavía que la Junta vaya a asumir la infraestructura, pero sí abre la puerta a estudiar esa posibilidad dentro de una fórmula de colaboración entre administraciones. La cuestión queda así de nuevo sobre la mesa política y judicial mientras la antigua Feve continúa sin recuperar su llegada a Matallana.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó hoy a la Junta una “presión real y permanente” para eliminar los peajes de las autopistas León-Asturias (AP-66) y León -Astorga (AP-71), mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enrocó en las Cortes en que lleva años reclamando al Gobierno la liberalización de estas autopistas y que la Junta pondrá en marcha algunas bonificaciones para usuarios habituales de la Comunidad.

El enfrentamiento se produjo este jueves durante una sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que la portavoz y líder de UPL, Alicia Gallego, reclamó a Mañueco una actuación más contundente ante el Gobierno de España para acabar con los peajes que afectan a las conexiones de León con Asturias y con Astorga.

Gallego recordó que UPL ha defendido de forma reiterada la liberalización de la autopista del Huerna y la León-Astorga y que dos iniciativas de la formación fueron aprobadas por unanimidad en las Cortes en 2021 y 2024. A su juicio, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han mantenido una situación que perjudica económica y demográficamente a León, mientras otras autopistas del país han quedado libres de peaje.

La procuradora leonesista puso especialmente el foco en la AP-71, al considerar “un absurdo diario” que exista una autopista de peaje con poco tráfico mientras la N-120 soporta una elevada circulación de vehículos pesados. Según defendió, esta situación incrementa el riesgo de accidentes y perjudica a las comarcas situadas en el eje León-Astorga.

Respecto a la AP-66, Gallego denunció el coste que supone atravesar la Cordillera por una autopista cuyo peaje, según recordó, debería haber desaparecido en 2021 y cuya concesión prolongó el Gobierno popular de Aznar hasta octubre de 2050.

También se sumó a las críticas de las condiciones actuales de la infraestructura, después del desprendimiento ocurrido en 2024 y las posteriores obras de modernización de los túneles, que han provocado restricciones y desvíos mientras los usuarios continúan abonando íntegramente el peaje. Asturias ha puesto en marcha una multa a Aucalsa, la empresa concesionaria, algo que Castilla y León dice no descartar pero no impulsa.

UPL reclamó además que, mientras no se produzca la liberalización definitiva, la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica que cubran íntegramente el coste de los peajes para los usuarios afectados. Gallego reclamó igualmente inspecciones y, si fuera necesario, sanciones a la concesionaria para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Mañueco insistió en la necesidad de eliminar los peajes, aunque rechazó que la Junta haya permanecido inactiva. “Ha sido constante la reclamación que le hemos hecho al Gobierno de España en la supresión de los peajes”, afirmó el presidente autonómico, que aseguró haber trasladado personalmente esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos ministros.

El presidente de la Junta aseguró además que Castilla y León ha trabajado “codo con codo” con los gobiernos de Asturias y Galicia para reclamar al Ejecutivo central que atienda el dictamen de la Unión Europea sobre los peajes. “Creo que es importante la liberalización de los peajes. En eso coincidimos y no pasa nada”, señaló Mañueco en respuesta a Gallego.

Mañueco amplió, no obstante, la reivindicación al conjunto de las autopistas de peaje que afectan a Castilla y León. “Desde Castilla y León reclamamos la supresión de los peajes, de todos los peajes, no solo de algunos peajes”, sostuvo, y citó además de las conexiones León-Asturias y León-Astorga otras vías de pago como las conexiones con Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia.

El presidente autonómico insistió en la promesa de que “vamos a trabajar para que en los presupuestos de 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación”, afirmó. Y finalmente también reclamó a UPL su propia responsabilidad política al pactar en la Diputación de León con el PSOE, como vaticinó que ocurrirá tras las próximas elecciones municipales: “Ustedes serán el sostén indudable del Partido Socialista que es quien está sosteniendo los peajes de la provincia de León y de nuestra Comunidad autónoma”, concluyó.

El Partido Popular de León ha criticado que la Diputación convoque a las más de 1.200 juntas vecinales de la provincia para la celebración del Gran Concejo, previsto este sábado 12 de septiembre en Mansilla de las Mulas, sin que todavía se haya puesto en marcha la tramitación del plan de juntas vecinales 2026-2027, que debería tener una inversión superior a los 10 millones de euros si repite el presupuesto del último plan.

El portavoz del PP en la institución provincial y alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, ha acusado al equipo de Gobierno formado por PSOE y UPL de organizar “un acto propagandístico” y ha asegurado que este tipo de iniciativas “se les dan bien” mientras que, según sostiene, existen retrasos en la gestión de las ayudas destinadas a las entidades locales menores.

Fernández ha señalado que, a su juicio, el plan bienal de juntas vecinales “ya debería estar operativo” y ha advertido de que el retraso puede provocar dificultades para que las pedanías cumplan posteriormente los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones financiadas.

El dirigente popular ha recordado además que la inversión prevista supera los 10 millones de euros, aunque no incluye las juntas vecinales del Bierzo cuya gestión está delegada en el Consejo Comarcal. A su juicio, la demora supone “perder el primer año” de una convocatoria que debería estar ya en funcionamiento.

El PP también ha trasladado sus críticas a las dificultades que afrontan las pedanías para ejecutar las obras, tanto por las restricciones que, según Fernández, establece la Diputación a la hora de plantear proyectos como por la falta de empresas disponibles para acometer pequeñas actuaciones, lo que ralentiza su desarrollo.

Fernández ha enmarcado la convocatoria del Gran Concejo en un contexto preelectoral y ha acusado al equipo de Gobierno de buscar “mostrar cercanía con las juntas vecinales con boato” pese a que, en su opinión, durante los últimos tres años “los problemas han sido más que las soluciones”.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) quiere despejar antes de que termine el año una de las principales incógnitas de las elecciones municipales de 2027 en la capital: quién sustituirá a Eduardo López Sendino como candidato a la Alcaldía de León. La secretaria general del partido, Alicia Gallego, ha situado este miércoles “en noviembre o diciembre” el horizonte para que el nuevo cabeza de lista esté elegido y pueda comenzar a presentar públicamente su proyecto.

“El candidato a León va a ser nuevo porque Eduardo al final ha dado el paso de no seguir”, ha empezado diciendo Gallego, que ha agradecido el trabajo realizado por el actual portavoz municipal y su papel para dar visibilidad al partido durante estos años. “Va a dejar paso a un nuevo equipo”, ha añadido antes de señalar que el proceso se ajustará a los plazos que establezca el nuevo reglamento de primarias.

La dirección leonesista llevará precisamente ese reglamento al Consejo General convocado para el próximo 16 de septiembre, como adelantó ILEÓN la pasada semana. La propuesta diseñada por la dirección establece un proceso de primarias a una única vuelta, con una duración aproximada de 21 días y la obligación de que los aspirantes consigan avales de entre el 10% y el 20% de los militantes de su circunscripción.

Gallego ha despejado además cualquier duda sobre qué ocurrirá si existen varios aspirantes: “Donde haya distintos candidatos, indudablemente habrá primarias”. La dirigente leonesista sostiene que la competencia interna supone una muestra de fortaleza y no un problema para el partido, frente a los “pisotones, codazos y malas formas” que asegura observar en otras formaciones a la hora de confeccionar sus candidaturas.

La carrera por suceder a Sendino ya cuenta al menos con movimientos públicos. El concejal Enrique Valdeón ha confirmado su intención de presentarse, mientras su compañera en el grupo municipal Sheila Fernández mantiene abierta la posibilidad de concurrir cuando se convoque formalmente el proceso. El resultado determinará quién encabezará en 2027 la candidatura en el municipio que constituye la principal fuente de votos para UPL y donde el partido dispone actualmente de tres concejales.

La previsión de la dirección es que el proceso permita conocer al candidato antes de final de año, con tiempo suficiente para que gane visibilidad y comience a trasladar su proyecto a los leoneses. Antes deberá aprobarse el reglamento en el Consejo General y posteriormente la Ejecutiva tendrá que establecer las fechas concretas de las primarias.

Crecer donde todavía no hay candidaturas

El Consejo General servirá también para poner en marcha una segunda parte de la estrategia electoral de UPL, presentar candidaturas en municipios en los que actualmente no tiene representación. Gallego asegura que durante los últimos meses los comités comarcales han trabajado tanto para reforzar las listas existentes como para buscar nuevos candidatos.

La secretaria general afirma que se han producido “movimientos muy interesantes” de personas que se han acercado al partido en municipios donde UPL no tiene representantes públicos. Tras el verano, la formación quiere comenzar a formalizar esos contactos, presentar candidatos y configurar equipos con suficiente antelación a las municipales.

“No es solo llevar una marca”, ha defendido Gallego, que considera necesario que los candidatos tengan un proyecto municipal propio y puedan empezar a darlo a conocer a la sociedad. La intención es empezar ya a presentarse públicamente donde el partido quiere conseguir poder.

UPL afronta este proceso después del salto municipal conseguido en 2023, cuando obtuvo 207 concejales en la provincia de León y llegó a las alcaldías de municipios como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño, además de mantener otros bastiones tradicionales. Un total de 26 municipios llegarán a las próximas elecciones gobernados por un alcalde leonesista.

El partido cuenta actualmente con unos 700 militantes, de los que alrededor de 300 podrían participar en unas eventuales primarias en León capital. El reglamento que debatirá el Consejo General contempla también la posibilidad de celebrar procesos internos en otros municipios, aunque la atención se concentra especialmente en la capital por el relevo de Sendino y la existencia de más de un posible aspirante.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechará el regreso esta semana de la actividad parlamentaria a las Cortes de Castilla y León tras el parón veraniego para poner sobre la mesa varios de los asuntos pendientes de la Junta con la provincia. Los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71, los retrasos en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y la situación de la sanidad en la Región leonesa protagonizarán las tres preguntas orales que la formación dirigirá al Gobierno autonómico en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, se dirigirá directamente al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para preguntarle si considera que su Gobierno ha sido “suficientemente proactivo” para conseguir la eliminación de los peajes de la AP-66 y la AP-71, dos de las principales conexiones por carretera de la provincia de León.

Los leonesistas vuelven así a llevar al Parlamento autonómico una reivindicación histórica de la formación. En su iniciativa, UPL pone especialmente el foco en la autopista con Asturias y recuerda la posición de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión del peaje para cuestionar las actuaciones realizadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.

Otro de los asuntos será el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. El procurador Luis Mariano Santos preguntará a la nueva consejera de Educación, María Pardo, si considera que la Junta ha actuado “con la diligencia exigible” para sacar adelante una infraestructura que acumula numerosos retrasos.

Según recuerda UPL, las actuales previsiones sitúan su puesta en funcionamiento, como pronto, en el curso 2027/2028, lo que para la formación supondría que el nuevo edificio llegaría con “casi dos décadas de retraso” respecto a los compromisos adquiridos para sustituir las actuales instalaciones.

La tercera pregunta tendrá como protagonista a la sanidad pública en la Región Leonesa. Rosa Quintanilla, nueva procuradora de UPL en las Cortes, interpelará al consejero de Sanidad para conocer la valoración que hace el Gobierno autonómico de su gestión sanitaria durante los últimos meses en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Los leonesistas consideran que los problemas sanitarios en estos territorios persisten pese a haber sido planteados reiteradamente ante la Junta.

Feve vuelve también a las Cortes

El regreso parlamentario tendrá además Feve como otro de los asuntos leoneses destacados. UPL utilizará la única Proposición No de Ley (PNL) de la que dispondrá el Grupo Mixto en este periodo de sesiones para plantear una solución que permita recuperar la integración ferroviaria en la capital leonesa.

La propuesta pide a la Junta que impulse la creación de un consorcio que permita a la Administración autonómica asumir la infraestructura de Adif correspondiente al tramo tranviario de la antigua Feve y posibilitar así la integración de la línea ferroviaria-tranviaria dentro de León hasta la estación de Matallana.

La iniciativa plantea además incorporar el recorrido entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León. UPL tiene previsto explicar este miércoles con mayor detalle su propuesta antes de defenderla el viernes en las Cortes.

El nuevo curso político comienza en la provincia de León con las elecciones municipales de 2027 cada vez más presentes en la agenda de los principales partidos. Aunque todavía quedan meses para llegar a las urnas los principales partidos de la provincia -PP, PSOE y UPL- se ponen en marcha mediante la elección de candidaturas mientras la actualidad nacional como la crisis de Ceuta condiciona el panorama político local con manifestaciones con miles de personas.

En 2023 el PP logró convertir las elecciones autonómicas y municipales en un primer plebiscito a Pedro Sánchez, logrando un indudadable éxito electoral pero que no pudo ratificar en las posteriores Generales. A cambio logró una cuota de poder municipal y autonómica muy grande. En la provincia la resistencia del alcalde José Antonio Diez, el bastión socialista de El Bierzo y los pactos del PSOE con UPL hicieron que la Diputación de León no se tiñiera de azul, aunque los populares lograron recuperar Ponferrada.

El PP es quien más pronto ha empezado a despejar la incógnita de sus candidaturas. Desde julio está decidido que David Fernández será el candidato a alcalde de León, mientras que el actual regidor de Ponferrada, Marco Morala, optará a la reelección. Fernández, actual portavoz municipal y número dos de Margarita Torres en 2023, tendrá como objetivo recuperar para los populares una Alcaldía que ocupa el socialista José Antonio Diez desde 2019. Morala afrontará una situación diferente: defender el gobierno que consiguió en 2023 aunque no logró ser la fuerza más votada y alcanzara la Alcaldía mediante su acuerdo con Coalición por El Bierzo y el apoyo de Vox en la investidura.

Uno de los objetivos del PP es volver a gobernar la Diputación de León tras ocho años de gobiernos socialistas. Para ello es fundamental volver a recuperar poder municipal mediano. Para ello debe mantener lugares como Astorga, Valencia de Don Juan o La Bañeza y recuperar el poder en sitios como Benavides, donde ya ha lanzado tempranamente a su candidato.

Pero lo más llamativo del Partido Popular es que afronta el curso político y con toda probabilidad el electoral con una dirección interina encabezada por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el delegado de la Junta Eduardo Diego. Esta dirección llegó en julio del 2025 cuando Ester Muñoz dimitió de presidenta provincial para dedicarse por completo a sus tareas de portavoz en el Congreso de los Diputados y su situación lo más probable es que se alargue hasta después de las elecciones municipales e incluso generales.

Serán ellos, por tanto, los responsables de la elección de candidaturas después de que las del 2023 ya estuvieran elaboradas cuando estalló la crisis por la dimitió Javier Almanza como presidente del PP. Los populares buscarán evitar la crisis que tuvo cuando en la elección de diputados provinciales los afines a Almanza se impusieron de forma notoria a los señalados por la dirección provincial. Algo que puede abrir notables brechas en la elección de las candidaturas.

El PSOE presume de tener más del 70% de las candidaturas

El futuro judicial de Zapatero, con la declaración esta semana de dos exdirectivos de Plus Ultra que le implicaron y la todavía no justificación de las joyas, son un asunto que inquieta al PSOE de su tierra natal, sobre todo por la vinculación directa de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, con el expresidente. El juez José Luis Calama ha rechazado ahora el incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no se vulneraron sus derechos durante la investigación, por lo que la causa continúa adelante; el auto no admite recurso.

El PSOE de León ha aprovechado la tradicional Fiesta de la Rosa celebrada este sábado en Boñar para escenificar también el comienzo de su curso electoral. Cendón asegura que el partido tiene ya más del 70% de las candidaturas municipales cerradas y anuncia que volverá a presentar listas en los 211 ayuntamientos de la provincia, además de reforzar su presencia en las juntas vecinales.

El PSOE de León ha optado por noviembre para activar las primarias con las que elegirá sus candidatos en los tres municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia: León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. La dirección provincial escogió así la tercera de las ventanas habilitadas por el Comité Federal, después de julio y septiembre. En Ponferrada se espera que vuelva a presentarse el exalcalde y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, mientras que en San Andrés los socialistas deberán buscar un candidato con el objetivo de recuperar un histórico feudo que actualmente gobierna UPL.

La situación más particular es la de León ciudad donde el actual alcalde, José Antonio Diez, ha manifestado su intención de optar a una cuarta candidatura consecutiva tras las de 2015, 2019 y 2023. Al ser alcalde, Diez sería automáticamente candidato si expresa su voluntad de continuar y únicamente habría primarias si las solicita la mitad más uno de los más de 800 militantes de la agrupación local y, además, el Comité Federal de Listas autoriza el proceso.

Este escenario cobra especial interés por el enfrentamiento político mantenido durante los últimos meses entre Diez y el secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón y que no ha bajado de intensidad con el comienzo de curso. La presencia de José Antonio Diez en la multitudinaria manifestación de apoyo a Ceuta, que el PSOE boicoteó por considerarla partidista, ha vuelto a elevar la tensión interna con un Cendón considerando en un tuit en X que “El verdadero bochorno es que representantes públicos de nuestra ciudad acudan a legitimar el aquelarre con su presencia. Quien asiste a la cacería deja de ser neutral: se convierte en cómplice”, en velada referencia a su compañero de filas.

UPL y las primarias

El calendario es diferente en Unión del Pueblo Leonés, que afronta posiblemente las municipales más importantes de su historia reciente después del salto conseguido en 2023 donde logró el gobierno de algunos de los municipios más importantes de la provincia como San Andrés o Villaquilambre. El partido ha convocado para el 16 de septiembre su Consejo General, máximo órgano entre congresos, con la intención de aprobar el reglamento que regulará sus primarias y poner oficialmente en marcha la selección de candidatos.

La propuesta de la dirección de Alicia Gallego contempla primarias para los municipios de más de 20.000 habitantes a una única vuelta, con votación presencial, personal y secreta. Los aspirantes necesitarían avales de entre el 10% y el 20% de la militancia de cada circunscripción y tanto candidatos como votantes deberían acreditar al menos un año de militancia activa. El procedimiento estaría diseñado para completarse en apenas 21 días desde su apertura hasta la proclamación del ganador.

La principal atención estará puesta en León ciudad, donde UPL debe encontrar sustituto a Eduardo López Sendino después de los cinco concejales obtenidos en 2023. Por ahora aparecen dos nombres entre los posibles aspirantes: el concejal Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de concurrir, y su compañera Sheila Fernández, que ha dejado abierta esa posibilidad, aunque no se descartan que surjan otros nombres del leonesismo que hasta ahora no hayan tenido cargos públicos. Aproximadamente 300 militantes podrían participar en unas primarias en la capital que tendrán una importancia especial para el futuro municipal del partido.

UPL llegará a 2027 con 26 alcaldes en la provincia y después de haber conseguido 207 concejales leoneses en 2023. Gobierna municipios relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño y conserva bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. Mantener ese poder será fundamental también para conservar su actual peso en la Diputación Provincial y poder influir en quién la gobierna el próximo mandato.

Nuevos partidos

La carrera por el poder municipal también puede estar condicionada por la fecha de las elecciones generales. Pedro Sánchez ha reiterado que no habrá un 'superdomingo electoral' con las municipales dejando abierta la posibilidad de un 'adelanto técnico' antes de mayo. “O no”, matizó crípticamente el presidente del Gobierno y líder socialista.

De momento en el resto de partidos y municipios también empieza a haber movimiento. Falta por conocer las estrategias de clásicos como Coalición por El Bierzo, con Ponferrada como principal bastión, y cuál será la configuración a la izquierda del PSOE con IU en la provincia con dirección renovada y Podemos siempre latente.

Ya conocemos a estas alturas, eso sí, el nacimiento de dos nuevos partidos que han puesto su foco en las elecciones municipales. Sariegos suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos (Vipcs), un partido independiente y municipalista impulsado por Domingo García García, veterano de la política local que anteriormente pasó por las candidaturas del PSOE, Sariegos Despierta y Ciudadanos. En El Bierzo se suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Despierta Bierzo Despierta (DBD), un partido berciano y regionalista que aspira a presentar candidaturas en todos los municipios de la comarca y que cuenta con el respaldo de la organización estatal Despierta. Al frente se sitúa José Manuel Barrios, veterano de la política que ha pasado por UPL, Tercera Edad en Acción y Nueve Castilla y León.

El creciente municipio de Sariegos, uno de los más importantes del entorno urbano de la capital leonesa, se sube otra vez al carro de la efervescencia de las aventuras políticas independientes. Lo hará con la vista puesta en el nuevo reparto del 'poder' local que depararán las elecciones autonómicas que han de convocarse y celebrarse en la primavera del año 2027, cuando concluya el actual mandato.

Se trata del nacimiento de un nuevo partido político de siglas que ya dejan clara, tras su propio nombre, parte de su ideología: Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos. Una formación de nuevo cuño que ILEÓN ha comprobado que se acaba de registrar este mismo verano, a comienzos del mes de julio, y que tiene su sede y su principal espectro electoral en la localidad de Carbajal de la Legua.

El nombre y la aventura electoral son nuevos. Pero no lo son tanto algunos de sus inspiradores, integrantes e impulsores. Ocurre especialmente con la persona que ha inscrito a esta formación, con las iglas Vipcs, que no es otra que Domingo García García. Se trata de un curtido político de ya dilatada trayectoria dentro del municipio de Sariegos, que ha formado parte pero sobre todo encabezado ya diferentes aventuras casi durante las dos últimas décadas, y que a pesar de su edad, rozando los 70 años, seguirá intentando obtener un acta de concejal. Un acta que ya ostentó tiempo atrás, cuando formó parte de la candidatura del PSOE, y que incluso en una ocasión le llevó a formar parte del equipo de Gobierno con Sariegos Despierta.

De entonces hasta ahora, García ha formado parte también de alguna de las fases electorales de los independientes Sariegos Despierta. Por último, apareció en listas, y de hecho como cabeza de cartel, cuando se presentó en 2019 la candidatura de Ciudadanos.

Básica web y programa

A falta de que oficialmente se registre la futura lista municipal del partido de nuevo cuño, el veterano político -detrás también de la Asociación Vecinal Los Perucos- intentará obtener un papel preponderante en las elecciones locales de 2027, algo que el propio Domingo García ha confirmado a este medio, con unos trámites que “no son fáciles pero ahí andamos”. Su nombre aparece el primero en la rudimentaria web oficial ya impulsada, junto a otros nombres como Elsa Martínez Suárez o Jesús Santos Santamarta.

En su ideario, resaltan ser un nuevo proyecto político de carácter independiente y municipalista, surgido “desde los propios vecinos” y muy centrado en las necesidades del pueblo de Carbajal, donde la población se ha multiplicado debido, entre otras cosas, a las muchas urbanizaciones construidas en los últimos tiempos. García remarca que la localidad suma “diez sectores (urbanísticos) con plan parcial” que suman “tres millones de metros cuadrados urbanizables”, es decir, construibles y “que pagan el IBI”, lo cual “da para 3.000 viviendas posibles”, cuantifica. Eso, de impulsarse a este nivel, generaría un problema con el abastecimiento de agua, cuya garantía forma parte importante de su incipiente programa.

Como siempre ocurre en las formaciones independientes, su filosofía remarca también una política alejada de intereses partidistas, reforzar los servicios públicos, mejorar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible del entorno. También el refuerzo de la seguridad vecinal, mediante medidas de prevención, coordinación con las fuerzas de seguridad y una mejora de la iluminación y mantenimiento de los espacios públicos, así como la mejora de las infraestructuras y las calles.

La gran victoria de UPL y lo que depara 2027

Así, Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos aspira a hacerse un hueco en una Corporación municipal que en la presente legislatura ha conseguido atomizarse como casi nunca, con representación sólo de cuatro formaciones y con un mandato claro y abrumador a favor de Unión del Pueblo Leonés, después de muchos años de cambios constantes en la Alcaldía y todo tipo de pactos.

No en vano, UPL en el presente mandato consiguió ocho de las 13 actas de concejal, que otorgaron una muy holgada mayoría absoluta al actual alcalde, Roberto Aller, que había empuñado el bastón de mando en 2017 como cuarto regidor de aquel convulso período. Pero el tiempo, la gestión y las siguientes elecciones le han afianzando con mucha fuerza. Frente a los ocho ediles leonesistas, dos concejales son hoy del Partido Popular (PP), otros dos del PSOE y uno más de Vox.

La duda es si el nuevo partido independiente recién creado pero con un viejo conocido al frente primero obtendrá suficiente respaldo en la suma del municipio, formado por cuatro pueblos, para conseguir entrar en la Corporación. Y segundo, si los votos que coseche serían a costa de hipotéticos apoyos leonesistas o bien podrían debilitar precisamente a las demás formaciones políticas y dividir más que sumar.

La Unión del Pueblo Leonés ha dado “plena libertad” a sus alcaldes y cargos públicos para secundar las concentraciones por la crisis migratoria en Ceuta convocadas este miércoles por colectivos de la sociedad civil y por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). La UPL gobierna con el PSOE en el Ayuntamiento de Villaquilambre, que no se ha unido a la convocatoria de la FEMP, marcada por la polémica política al desmarcarse los socialistas por entender que la movilización va dirigida contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Sí la respalda el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, liderado por la formación leonesista, que demanda “altura de miras” a los partidos nacionales para buscar una salida al problema.

A apenas unas horas de las concentraciones, la UPL se ha pronunciado públicamente al respecto de la crisis desatada por la entrada en Ceuta de decenas de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio, así como de la polémica surgida por el respaldo a las convocatorias con casos como el del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que ha anunciado su presencia pese a que el PSOE las ha desacreditado. La plaza de San Marcelo será en la capital leonesa el escenario de la movilización, convocada para las 20.00 horas.

La UPL comienza mostrando su apoyo al pueblo ceutí ante un “hartazgo” que la formación considera “más que lógico y comprensible” ante la situación de “inoperancia y olvido” que achaca al Gobierno de la nación. “La inacción está poniendo en peligro la economía y servicios públicos”, señalan los leonesistas, que alertan de que la actual situación amenaza las prestaciones del Estado del bienestar “al colapsarse los servicios sanitarios, los de seguridad o los educativos, lo que impedirá que pueda iniciarse el curso escolar con plena normalidad y garantías de seguridad para los menores ceutíes”.

No obstante, la Unión del Pueblo Leonés sostiene que “no debe hacerse un uso partidista”, por lo que reclama a los partidos nacionales una respuesta “inmediata, consensuada y efectiva” a la crisis, para lo que les recomienda “altura de miras y alejarse del ruido electoral”.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) activa su maquinaria electoral de cara al ciclo que incluye elecciones municipales y generales. Para ello ha convocado su máximo órgano de gobierno entre congresos, el Consejo General, a una reunión que se celebrará el próximo 16 de septiembre y que pondrá en marcha sus procesos internos de elección de candidaturas.

Uno de los puntos del Consejo General será la aprobación del reglamento de primarias del partido para la elección de sus candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes que determine el órgano del partido -en la provincia la ciudad de León, Ponferrada y San Andrés-, así como en todos aquellos municipios de menos donde también se considere conveniente su realización para elegir candidatos y candidatas.

En la propuesta que ha elevado la dirección de Alicia Gallego, susceptible de debate y modificación, se señala que tanto los votantes como los aspirantes en las primarias deben tener un año de militancia activa y estar al corriente de sus pagos y obligaciones con el partido. El documento al que ha tenido acceso ILEÓN diseña un formato de elecciones con una Comisión de Organización de primarias con una votación que será presencial, personal y secreta en su sede central (u otra si se acuerda).

Los aspirantes a las primarias deberán contar con un mínimo del avales, el 10% de los militantes de la circunscripción, y un máximo, hasta del 20%, lo que limita en todo caso el número posible de candidatos. Cada militante solo podrá avalar a un candidato o candidata y los avales duplicados se anularán.

Las primarias se celebrarán a única vuelta aunque haya varios candidatos, proclamando candidato o candidata a quien se imponga en la votación. En caso de producirse un empate en votos entre candidaturas, la resolución corresponde al Consejo General de UPL, que es el órgano encargado de dirimir y decidir el resultado.

El proceso diseñado contempla un calendario para que en 21 días el partido abra y cierre el proceso, incluyendo presentación de candidaturas, recogida y verificación de avales, campaña interna, votación y las revisiones correspondientes.

El Consejo General de UPL es el órgano encargado de dar el visto bueno al proceso de primarias aunque las fechas concretas del mismo será aprobado por la Ejecutiva del partido leonesista.

El reto de mantener el poder municipal y León ciudad

UPL inicia así así el reto la preparación de las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de consolidar el importante salto de poder municipal logrado en 2023. En la cita de hace casi cuatro años logró 207 concejales en la provincia de León (234 sumando los de Zamora y Salamanca). El partido se hizo con el poder en ayuntamientos relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño, además de mantener bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. 26 municipios llegarán a las elecciones con un alcalde leonesista.

Las primarias de UPL afectan a los grandes municipios. En León ciudad deberá sustituir a Eduardo López Sendino como número uno de la candidatura, con los nombres de los concejales Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de presentarse, y Sheila Fernández, que deja abierta la posibilidad de concurrir cuando se convoque el proceso, como principales aspirantes sin descartar que puedan surgir otros nombres. Valdeón representa continuidad de la trayectoria de Sendino y Fernández un perfil propio que sería la primera mujer candidata leonesista al Ayuntamiento de León.

En el caso del tercer municipio de la provincia, San Andrés del Rabanedo, el nuevo reglamento no descarta primarias pese a que UPL gobierna de la mano de la alcaldesa Ana Fernández Caurel. En un Consistorio donde la gestión ha sido conflictiva durante todo el mandato quedará en manos del Consejo General si hay primarias o no.

UPL cuenta en la actualidad con unos 700 militantes de los que tres centenares aproximadamente podrían votar en las primarias de la ciudad de León, las que más interés despiertan, por ser la principal fuente de votos del partido.

La crisis migratoria de Ceuta tendrá su eco en la provincia de León este miércoles, 2 de septiembre, fecha en la que están convocados actos en apoyo de la ciudad autónoma tras la llegada el pasado 31 de julio de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. La participación en las concentraciones, lanzadas bajo el paraguas de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) no sin polémica y de diversos colectivos, deja lecturas políticas como el hecho de que el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, haya anunciado su presencia en una cita desacreditada por su partido. No habrá movilización frente al Ayuntamiento de Villaquilambre, donde el PSOE gobierna junto a la Unión del Pueblo Leonés, que en San Andrés del Rabanedo sí arropa esta convocatoria, que tendrá lugar en la explanada frente al Consistorio.

No ha pasado desapercibido el apoyo de José Antonio Diez, que dice responder a la convocatoria realizada “desde la propia sociedad civil” (en la capital leonesa la Asociación Cultural Héroes de Cavite organiza una concentración en la plaza de San Marcelo, junto a Botines, a las 20.00 horas, mismo horario elegido por la FEMP para sus convocatorias frente a los ayuntamientos). Enfrentado sonoramente a la dirección provincial del PSOE y con escasa sintonía con estructuras superiores del partido, Diez dio este lunes tres argumentos para participar en un acto contestado desde Ferraz.

“Creo que no hago nada extraño con estar presente y apoyar evidentemente al pueblo ceutí”, expuso en primer lugar el alcalde de la capital leonesa. “Creo que también es importante (el acto) porque es una defensa de nuestra soberanía nacional, de la importancia que tienen nuestras fronteras”, añadió para citar una tercera razón al referirse a “todo lo que tiene que ver con el tema humanitario tan duro y tan difícil que se está viviendo ahora mismo en Ceuta”.

Diez aludió a Naciones Unidas para avalar los derechos que amparan a los migrantes llegados a Ceuta. “Hay que alejarse”, contrapuso, “del partidismo que refrendan o que hacen algunos partidos políticos, y lo que hay que demostrar es una altura de Estado. Estas son cuestiones de Estado y, por lo tanto, los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos de Estado en esta materia y no buscar ventajismo político”. El PP en el Ayutamiento de León ha animado a participar en la concentración convocada por la FEMP, que tendrá lugar en la plaza de San Marcelo.

Villaquilambre, cuarto ayuntamiento en población de la provincia de León, se desmarca de la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera y senadora del PP, María José García-Pelayo Jurado, mientras que el PSOE ha tachado las movilizaciones de “concentraciones contra (Pedro) Sánchez”. Fuentes municipales de Villaquilambre confirman que no habrá acto frente a la Casa Consistorial. PSOE y UPL pactaron en 2023 repartirse el mandato: hasta mitad de 2025 fue alcalde el socialista Jorge Pérez y hasta 2027 lo será el leonesista Vicente Álvarez.

Precisamente una leonesista, Ana María Caurel, es la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, que sí se suma a las concentraciones convocadas por la FEMP, según ratifican fuentes del tercer municipio de la provincia. El segundo, Ponferrada, gobernado por el Partido Popular y Coalición por El Bierzo, mostrará su apoyo a Ceuta. Astorga y La Bañeza, también con alcaldes del PP, respaldan la convocatoria.

La contestación política a estas concentraciones va más allá del PSOE. Y es que Podemos Castilla y León ve “racismo subyacente” en la convocatoria, al tiempo que pide que “la solidaridad con el pueblo de Ceuta se aborde desde la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas migrantes”. Izquierda Unida en El Bierzo también se ha mostrado en contra por tachar las movilizaciones de “una instrumentalización insolidaria” del PP. Para la coalición, las soluciones a la crisis actual deben estar “basadas en la fraternidad internacionalista y los derechos humanos”.

La convocatoria coincide con la celebración, el 2 de septiembre, del Día de Ceuta, además de llegar en vísperas de la comparecencia extraordinaria para hablar sobre este asunto en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya ha dicho no tener “ninguna información” que responsabilice a Marruecos de la crisis fronteriza.

La Junta Vecinal de Otero de Curueño, perteneciente al municipio de Valdepiélago en León, ha aprobado el pasado 21 de agosto la moción por la autonomía de la Región Leonesa. La iniciativa fue presentada por el representante de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y presidente de la Junta Vecinal de Otero de Curueño, José Luis Álvarez-Acevedo.

El representante leonesista en la Junta Vecinal defendió la necesaria constitución de la Región Leonesa como solución a los problemas socioeconómicos que presenta “nuestra tierra y nuestro territorio”. Al concejo en el que se procedió a la votación de esta moción por la autonomía de la Región Leonesa acudieron 25 personas, de los cuales 19 votaron a favor de la misma y apenas 6 se abstuvieron de la misma.

Una nueva Junta Vecinal, que se suma a los 78 los municipios de la provincia de León que han aprobado mociones en favor de la autonomía leonesa, siendo los últimos el pasado mes de marzo en los casos consecutivos de La Ercina y Benavides de Órbigo y en abril en Mansilla Mayor. La cifra asciende a 83 si se tienen en cuenta además los acuerdos adoptados plenarios en ayuntamientos de Zamora y Salamanca.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido que el proyecto de Estatuto de Autonomía de la Región Leonesa y Asturias elaborado durante la Guerra Civil sea trasladado desde el Archivo General Militar de Ávila al Archivo General de la Guerra Civil Española, ubicado en Salamanca. La formación leonesista plantea esta alternativa después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamase que el documento, descubierto recientemente por el historiador asturiano Pablo Martínez Corral, fuese trasladado a Asturias.

UPL ha registrado para ello una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León con la que insta al Gobierno de España a llevar el documento a Salamanca. Los leonesistas justifican su petición en que “es un documento de tipo civil y fue elaborado durante la Guerra Civil española”, por lo que consideran que “tiene más sentido que se custodie en el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca, en vez de en un archivo militar en Ávila”. Añaden además que Salamanca era una de las cuatro provincias incluidas en aquel proyecto autonómico, junto a Zamora, León y Oviedo, la actual Asturias.

La formación considera que el proyecto constituye “un documento histórico relevante tanto para la Región Leonesa como para Asturias” y sostiene que su contenido “pone en evidencia una vez más la existencia de la regionalidad leonesa integrada por Salamanca, Zamora y León, que hoy algunos sectores pretenden diluir bajo un mantra castellanista intentando absorber nuestra personalidad histórica como región”. UPL reivindica igualmente que “en León, Zamora y Salamanca ni somos castellanos, ni somos asturianos, somos leoneses”, al tiempo que defiende la colaboración con Asturias, Castilla, Galicia, Extremadura y Portugal.

El documento fue localizado hace unas semanas entre los fondos del Archivo General Militar de Ávila y habría sido elaborado entre 1936 y 1937. Consta de 18 artículos y varias disposiciones transitorias y planteaba la creación de un territorio autónomo formado por Asturias, León, Zamora y Salamanca, gobernado por el Consejo Regional de Asturias y León. El proyecto contemplaba unas Cortes propias, capacidad legislativa y competencias en ámbitos como sanidad, obras públicas, enseñanza, seguros sociales o minería, además de una hacienda regional nutrida principalmente mediante impuestos cedidos por el Estado. También preveía la figura de un presidente encargado de representar al territorio ante las instituciones de la República.

El proyecto, que nunca llegó a aprobarse tras la derrota republicana en la Ofensiva del Norte de octubre de 1937, habría sido elaborado presumiblemente por las autoridades del Consejo de Asturias y León y planteaba una organización autonómica permanente para el escenario posterior a una eventual victoria republicana, no únicamente para gestionar el territorio controlado durante la contienda. Frente a la petición asturiana de trasladarlo al Principado, UPL defiende así Salamanca como destino por albergar el Archivo General de la Guerra Civil y por formar parte también del territorio incluido en aquel proyecto estatutario.

La Diputación de León busca, “dentro de la legalidad”, una fórmula jurídica para evitar que decenas de ayuntamientos de la provincia tengan de devolver a partir de diciembre parte del dinero recibido del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025 por haber ejecutado o justificado a tiempo el uso de los fondos. Una situación que fuentes provinciales señalan que podría afectar alrededor del 25% de los municipios de forma total o parcial.

El plazo de justificación del dinero de ese plan, el primero que se aprobaba de forma bianual para facilitar su gestión a los municipios, ha pillado a alrededor de medio centenar de los 208 ayuntamientos que pueden acceder sin haber finiquitado sus obligaciones, tanto de ejecución de obras como de justificación.

El plan aprobado en marzo de 2024 obtuvo el voto favorable tanto del equipo de gobierno de PSOE-UPL como de la oposición de PP y Vox. Las principales novedades fueron su bianualidad, y que se permitía no solo hacer obras sino incluso pagar la compra de inmuebles para que pasen a ser de titularidad municipal o algunos gastos corrientes bajo determinadas condiciones como mantenimiento o alquiler de un inmueble o de materiales, entre otras.

También se prometió menos burocracia para canalizar las obras y las justificaciones, ya que los ayuntamientos podían presentar hasta cuatro proyectos de obras para ejecutar, que tienen que ser aprobados por un pleno provincial, lo que siempre.

Los plazos del plan eran finalizar las obras como máximo en octubre del 2025 y la justificación de las mismas hasta el 1 de diciembre de ese año. Pero el bajo cumplimiento de los ayuntamientos hizo que estas fechas se ampliaran un año más, como viene siendo habitual, con fecha límite para ejecutar del 31 de octubre del 2026 y de justificación del 1 de diciembre de 2026. Pese a que esa ampliación se aprobó en un pleno provincial de julio del año pasado, buena parte de los consistorios no han ejecutado los fondos por diversos motivos.

Un alcalde con todavía una pequeña parte de los fondos pendientes explica a ILEÓN que los ayuntamientos tienen problemas de contratación y burocracia, especialmente los más pequeños con escasas dotaciones de personal, lo que puede motivar muchos de los incumplimientos. Aunque reconoce que puede haber casos de “dejadez” considera que la mayor parte de los ayuntamientos se encuentran limitados por la falta de oferentes en los contratos y lo largo del proceso para acabar llevando una ejecución con los medios propios, si se tienen, del consistorio.

Según ha podido conocer este periódico, desde Intervención de la Diputación se ha emitido un informe que descarta una prórroga al plan de obras 2024-2025 por no permitir la ley más que una ampliación del 50% de la duración del plan, exactamente la que se ha aplicado del 2025 al 2026. Pero desde el equipo de gobierno de PSOE y UPL se insiste a ILEÓN que siendo conscientes del problema que se puede generar se trabaja en lograr una solución, recalcando que esta tendrá que estar amparada en la legalidad en todo caso.

El reparto del viejo plan primaba a los municipios más pequeños por población ya que los de menos de 250 habitantes recibían 200.000 euros y los de menos de 500, 231.000 euros. El ayuntamiento más grande, Villaquilambre, recibió 572.000 euros. La devolución total o parcial de los ayuntamientos más pequeños, los más afectados por el incumplimiento, les pueden dejar en una dificil situación económica. Que haya ajustes y devoluciones de los planes de obras por no ajustarse a lo solicitado u otras cuestiones se ha dado siempre, pero nunca en la cuantía a la que se puede enfrentar este año la Diputación.

Nuevo plan bianual con un año más

El pasado mes de junio, coincidiendo con el fin del anterior plan, la Diputación Provincial aprobaba las bases de un nuevo plan bianual de obras (2026-2027) para los 208 municipios bajo su ámbito, todos los de menos de 20.000 habitantes. La cantidad es similar al anterior plan, algo menos de 60 millones de euros en un nuevo reparto por población: desde 200.000 euros para municipios de hasta 250 habitantes hasta 572.000 euros para los de entre 5.001 y 20.000.

El dinero podrá destinarse nuevamente a las redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado, pavimentación y accesos, edificios públicos, instalaciones deportivas y culturales, parques, eliminación de amianto, colegios, consultorios médicos, actuaciones turísticas o mobiliario, entre otras inversiones, pero quedan excluidos los gastos corrientes y las obras de mero mantenimiento salvo algunas excepciones. Los municipios con la recaudación delegada en la Diputación recibirán automáticamente un anticipo del 90% de la subvención, mientras que el resto podrá solicitar un adelanto del 70%.

Los plazos en este caso son de un año más. El nuevo plan de obras señala que “el plazo para la realización de las inversiones subvencionadas finaliza el 31 de octubre de 2028”, y tres meses más para justificar. Además se podría ampliar incluso un año y medio más ya que los plazos se han alargado, también para la justificación de en lo que se ha gastado el dinero.

Entre las obligaciones de los municipios beneficiarios del nuevo plan deberán cumplir criterios de difusión, como la colocación de carteles informativos durante las obras y placas permanentes durante al menos cinco años en edificios rehabilitados o adquiridos. El incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones de hasta el 8% de la ayuda. Y la Diputación de León ya ha ejecutado retirada de fondos por no difundir gracias a quién se paga la obra, como en las subvenciones a las ferias de la provincia.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para pedir explicaciones a la Junta de Castilla y León por la instalación de un dispositivo de monitorización en uno de los ábsides románicos de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado de León, una actuación que requirió perforar sillares del templo, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1973.

La polémica dio un giro después de que, en un primer momento, la propia Junta requiriese al Obispado de León la retirada del aparato instalado en el exterior del templo de la Plaza del Grano. Pocas horas más tarde, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte terminó admitiendo que la intervención había partido de la propia Administración autonómica, responsable precisamente de velar por la conservación del patrimonio.

La Diócesis de León aseguró además que desconocía la actuación y que ni la parroquia ni el Obispado habían promovido o participado en la instalación. En un comunicado precisó que tampoco había tenido “conocimiento detallado del proyecto”, al tiempo que reivindicó su colaboración histórica con las administraciones encargadas de la protección del patrimonio diocesano. Y eso a pesar del largo listado de daños causados en este templo y nunca comunicados a las autoridades, aunque siempre sin sanción alguna de la Junta.

UPL considera especialmente grave que la intervención se ejecutase, según la información conocida hasta ahora, sin comunicación previa ni al propietario del inmueble ni al propio Servicio Territorial de Cultura de León, que se ha visto primero abocado a rectificar y después desdicho por el propio consejero, José Ramón Sola, elegido por Vox. La instalación habría sido impulsada directamente por la Consejería dentro del programa KHN (Knowledge Heritage Network).

Las preguntas

Los leonesistas quieren saber por qué la Junta consideró adecuado colocar el dispositivo precisamente sobre un ábside románico de un inmueble protegido, cuando para fijarlo era necesario perforar la piedra. También preguntan por el daño causado al monumento y por el impacto visual de la instalación.

La formación reclama igualmente una valoración de la Consejería sobre la falta de comunicación previa con la Diócesis de León y con el Servicio Territorial de Cultura. Este último llegó inicialmente a anunciar el envío de un técnico para “evaluar qué pasa, hacer fotos y valorar los hechos”, antes de trascender que la instalación procedía de la propia estructura de la Junta.

Tras la controversia, la Consejería de Cultura anunció que retiraría el dispositivo y buscaría otra ubicación para el sistema de medición. UPL cuestiona ahora que la Administración autonómica haya realizado una actuación de este tipo sobre un bien cuya conservación y protección se encuentran precisamente entre sus competencias.

La iglesia de Nuestra Señora del Mercado, en la querida y tradicional Plaza del Grano, es uno de los principales templos históricos de la ciudad y cuenta con una doble protección patrimonial: además de su declaración como Bien de Interés Cultural, se encuentra vinculada al Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El episodio se suma, además, a anteriores polémicas por intervenciones poco cuidadosas en este templo románico de la Plaza del Grano, donde en otras ocasiones se han instalado diferentes elementos directamente sobre sus fábricas históricas. En esta ocasión, sin embargo, la responsabilidad reconocida de la actuación corresponde a la propia Administración encargada de protegerlas.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido este sábado a la Junta que cumpla con el mandato de las Cortes de Castilla y León y cree unidades de Reproducción Asistida completas en los hospitales de León y Salamanca, ha informado la formación leonesista en un comunicado.

Los leonesistas registraron recientemente en las Cortes una batería de preguntas para conocer las acciones que está realizando o tiene previsto de desarrollar la Junta para que estas unidades sean una realidad, y reclaman plazos y calendario para la puesta en marcha de ambos servicios.

La formación ha recordado que en marzo de 2025 el pleno de las Cortes aprobó, dentro del debate de política general de la comunidad, una propuesta de resolución presentada por UPL, que instaba a la Junta a Impulsar la creación de Unidades de Reproducción Asistida completas en los Complejos Hospitalarios de Salamanca y León.

En este aspecto, en el caso concreto de León, se solicitaba la creación de esta Unidad para evitar con ello que las mujeres de la provincia tuvieran que seguir trasladándose a Valladolid a recibir este tratamiento al poseer dos unidades de reproducción asistida (una en el Hospital Clínico y otra en el Río Hortega).

Lo mismo para Salamanca, donde se estima que son unas doscientas las mujeres que se derivan cada año a Valladolid para poder continuar con su tratamiento de fecundación in vitro, dado que el Complejo Hospitalario de Salamanca carece de una Unidad de Reproducción Asistida completa con laboratorio de fecundación un vitro.

A juicio de UPL, son numerosos los traslados que podrían ahorrarse leonesas y salmantinas, y “no exigiría de grandes inversiones”.

La formación se ha lamentado que a pesar de la aprobación de la medida hace ya año y medio, la Junta todavía no ha planteado un calendario para ejecutar un compromiso que también beneficiaría a las mujeres del norte de la provincia de Zamora, que reducirían la distancia a recorrer y tiempos de viaje para los tratamientos, al tener más cerca León que Valladolid.

Unión del Pueblo Leonés de La Bañeza ha hecho público su balance de las Fiestas Patronales 2026, en el que reclama al equipo de gobierno de PP y Vox el desglose completo del coste de los festejos y anuncia que solicitará formalmente el certificado técnico de las pasarelas peatonales instaladas con motivo del Gran Premio de Velocidad y el coste de las mismas.

La formación reconoce la afluencia registrada durante los once días de fiestas y atribuye el ambiente al trabajo de las peñas, los hosteleros, los vecinos y las asociaciones implicadas en los festejos, entre ellas el Moto Club Bañezano y la organización del Art Aero Rap.

No obstante, UPL sostiene que “la gestión municipal ha acumulado fallos atribuibles a la falta de planificación y a un desgobierno claro por parte del PP y Vox. Un ejemplo fue la distribución del programa oficial impreso en formato revista, que no llegó hasta el sexto día de unas fiestas de once, un asunto que la formación ya denunció públicamente durante los festejos. A ello se suma el solapamiento de actividades, con actos compitiendo por el mismo público en la misma franja horaria”.

En materia de seguridad, UPL ha detectado “deficiencias en las pasarelas peatonales instaladas por el Ayuntamiento para el Gran Premio de Velocidad y anuncia que solicitará por registro el certificado técnico de esas instalaciones y su coste”. La formación cuestiona igualmente que la Plaza permaneciera abierta al tráfico durante determinados actos de gran concentración de público.

El balance recoge además “la falta de innovación en la programación, con especial incidencia en las actividades infantiles y familiares, la no puesta en funcionamiento del parking de camiones durante los festejos, y una comunicación institucional en redes sociales que la formación describe como desordenada y poco profesional”.

En materia de transparencia económica, UPL reclama el coste total de orquestas, actuaciones, actividades, montajes, seguridad e infraestructuras, “así como el del concierto de Fangoria, que la formación recuerda que no forma parte de las fiestas patronales de la ciudad, aunque se financie con fondos públicos”.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha denunciado que la gestión en materia turística y cultural del equipo de Gobierno de PP y UPL pone de manifiesto la “ausencia total de rumbo y la falta de proyecto de municipio” que padece el municipio. Los socialistas afean que el equipo de Gobierno proclame que apuesta por el turismo mientras mantienen “clausurada, en la práctica, de manera continuada durante más de dos años”, la Oficina de Información Turística.

El PSOE afirma que el Ejecutivo municipal no realiza contrataciones temporales del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para reforzar esta área y reactivar la Oficina de Información Turística y sus potencialidades. “Esta negligencia de mantener la oficina cerrada implicaría no poder optar a las subvenciones específicas de la Diputación de León destinadas a financiar la apertura de estos puntos informativos, de las que no consta solicitud ni anuncio alguno en la sede electrónica del Ayuntamiento”, añade.

De “especialmente sangrante y paradójica” califica el PSOE la actitud de la Unión del Pueblo Leonés en el Gobierno municipal al ser “copartícipe” de que el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa “vaya a pasar prácticamente todo el mandato con la persiana echada y sin la menor previsión de reapertura y sin buscar ninguna ubicación alternativa a una colección de referencia”.

“En el mandato anterior demostramos que se podían mantener los museos abiertos durante todo el año para desestacionalizar las visitas y romper con el turismo estacional bajo el lema Valencia de Don Juan, siempre abierta. Hoy hemos pasado a una política en claro declive donde solo resiste el Museo del Castillo y donde herramientas clave como las redes de @turismocoyanza se han desvirtuado por completo utilizándose como tablón de avisos municipales”, denuncian los socialistas.

Además, el PSOE carga contra el hecho de que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan haya “despachado” la gestión del eclipse solar de este miércoles con “una simple apertura del Patio de Armas del Castillo” cuando el municipio tiene “una posición privilegiada de oscuridad total”: “Resulta incomprensible que la única comunicación e iniciativa oficial del Ayuntamiento para un evento histórico haya sido publicar un cartel anunciando el cobro de la tarifa habitual de entrada al museo para acceder al recinto, imponiendo además un límite de aforo y sin incluir ni una sola recomendación o aviso sobre los graves riesgos que implica observar el eclipse sin las debidas medidas de seguridad ocular”. Los socialistas censuran que “no se hayan habilitado ubicaciones alternativas ni preparado eventos específicos, tanto culturales como de ocio.

Cuatro años perdidos

La “falta de coherencia” entre PP y UPL “la están sufriendo directamente los coyantinos así como los sectores del comercio y la hostelería coyantina, que ven cómo se pierden oportunidades continuamente por la falta de apoyo municipal” recrimina el PSOE

“Las coyantinas y los coyantinos están resumiendo este mandato con una idea generalizada y tristemente cierta: todo mal. La falta de liderazgo de José Jiménez, la ausencia de un proyecto global y la inacción de un gobierno dividido están convirtiendo el periodo 2023-2027 en el peor de la historia democrática del municipio, haciendo que Valencia de Don Juan pierda cuatro años fundamentales para su desarrollo socioeconómico”, explican desde el Grupo Socialista.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) preguntará a la Junta de Castilla y León si va a imponer sanciones a la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista AP-66 León-Asturias, tal y como ya ha anunciado que va a hacer el Principado de Asturias, por cobrar la tarifa íntegra a los usuarios de esta autopista que une León y Asturias a pesar de que gran parte de su trazado se encuentra en obras.

La formación leonesista ha informado, a través de un comunicado, que así lo ha hecho a través de una batería de preguntas registrada en las Cortes, tras anunciar Asturias las sanciones, al considerar que los usuarios pagan todo el peaje a pesar del cierre de carriles y desvíos que implican una importante reducción de velocidad en diversos tramos y un notable incremento de los tiempos de recorrido. De este modo, se tendrán que pronunciar en un debate parlamentario las dos partes del Gobierno de Castilla y León, por un lado el PP y por otro Vox. De momento, la Junta se ha limitado a ver “razonable” una rebaja del peaje en el transcurso de las obras, pero sin ir más allá en sus decisiones.

Una situación que, a juicio de UPL, está generando un claro perjuicio a la Región Leonesa, más cuando en pleno verano son muchos los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca que se dirigen a Asturias a pasar sus vacaciones estivales, a los que habría que añadir los que lo hacen por cuestiones laborales.

Los leonesistas han recordado que la tarifa normal en esta autopista para turismos es de 16'20 euros, un precio que consideran abusivo para una autopista de 78 kilómetros de longitud que actualmente se ve reducida, además, a una vía de un sólo carril por sentido en un número importante de kilómetros debido a las obras.

Por otra parte, UPL ha recordado que a finales de 2025 registró un escrito ante la Fiscalía de León para pedir el cese del peaje en la autopista AP-66 mientras permaneciesen unas obras que impiden una circulación cómoda y segura, por lo que cobrar el peaje supone algo abusivo y su cobro podría estar vulnerando los artículos 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Además, UPL ha subrayado en su iniciativa parlamentaria la ilegalidad de la prórroga de la última concesión de la autopista -que el PP de José Marcía Aznar en el Gobierno alargó de 2021 a 2050-, ilegalidad comunicada por la propia Comisión Europea. A raíz de aquella resolución, las Cortes aprobaron en 2024 una proposición no de ley, también a iniciativa de los leonesitas, para instar al Gobierno de España a que se elimine dicho peaje de manera inmediata.

El posible retorno a Béjar de los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868 para la defensa de Béjar será debatido en las Cortes autonómicas, donde Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del parlamento autonómico. En la iniciativa, los leonesistas reclaman que se ceda a la ciudad de Béjar por parte del Ministerio de Defensa los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868, que actualmente se conservan almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos.

Y es que los cañones de Víctor Gorzo fueron de los principales protagonistas de la ‘Revolución Gloriosa’ de 1868 en la ciudad de Béjar, un episodio histórico destacado en la historia contemporánea bejarana, cuando, en defensa de las libertades, los bejaranos resistieron a las tropas gubernamentales empleando, entre otros medios, cuatro cañones fundidos artesanalmente por Víctor Gorzo, que se convirtió así en símbolo del ingenio y la determinación popular de aquella gesta, dando lugar el éxito de ‘La Gloriosa’ a la primera experiencia democrática contemporánea de España, el conocido como ‘Sexenio Democrático’.

Sin embargo, tal y como apuntan desde UPL en su iniciativa parlamentaria, pese al simbolismo que tuvieron aquellos cañones para la defensa de Béjar, actualmente se conservan lejos de la ciudad bejarana, formando parte de los fondos del Museo del Ejército, en Toledo, donde hoy se conservan como piezas históricas pero almacenados, sin estar siquiera expuestos.

No obstante, para Unión del Pueblo Leonés “su origen inequívocamente bejarano y el significado que tienen para la identidad, la memoria y el patrimonio histórico de la ciudad de Béjar justifican plenamente que estos cañones puedan retornar a Béjar”, planteando que pudiesen trasladarse ya fuese en forma de cesión o en depósito permanente, para su exposición pública “en un espacio museístico o conmemorativo adecuado en Béjar, en que se garanticen las condiciones de seguridad, conservación y divulgación adecuadas para estos cañones”.

En este aspecto, los regionalistas leoneses recuerdan que la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 10/2015 para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, amparan la protección y difusión de los bienes que integran la memoria colectiva de los pueblos, así como la cooperación entre administraciones públicas para garantizar su conservación y puesta en valor, por lo que consideran que “es evidente que los cañones fundidos por Víctor Gorzo para la defensa de Béjar en 1868 suponen un elemento de gran valor para la memoria colectiva del pueblo bejarano, además de constituir elementos de enorme trascendencia para la historia de Béjar”.

Por ello, desde UPL reclaman en las Cortes que se solicite formalmente al Ministerio de Defensa la cesión a la ciudad de Béjar de los mencionados cañones fundidos por Víctor Gorzo en Béjar en 1868 en el contexto de la revolución ‘Gloriosa’, cuyo éxito dio a España su primera experiencia democrática contemporánea, el conocido como ‘Sexenio Democrático’, estando estos cañones actualmente almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos.

Por otro lado, los leonesistas instan en dicha proposición no de ley a que la Junta realice un análisis, junto al Ayuntamiento de Béjar, de los posibles emplazamientos óptimos para la exposición permanente en la ciudad bejarana de los cañones realizados por Víctor Gorzo para la defensa de Béjar en 1868, de cara a plantear emplazamientos concretos al Ministerio al reclamar su cesión en los que se garanticen las condiciones de seguridad, conservación y divulgación adecuadas para estos cañones en la ciudad de Béjar.

Por último, de forma complementaria a dichas peticiones, aunque de manera independientemente al resultado que pudiese tener la petición de devolución de los cañones de Víctor Gorzo a Béjar, desde UPL reclaman al gobierno autonómico que impulse actividades de divulgación sobre el papel que tuvo la ciudad de Béjar en la Revolución de 1868 y los episodios vividos en esta localidad durante la misma.