Un presupuesto municipal de 2026 para un cuarto de año, aproximadamente. Ese es el posible escenario que se baraja en el Ayuntamiento de León si se concretan las negociaciones que mantienen el equipo de Gobierno del PSOE que encabeza el alcalde José Antonio Diez, que gobierna en minoría, y su socio puntual y preferente de los dos últimos mandatos, Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Sin embargo, nada está escrito aún, a pesar de que los presupuestos ser vitales para cuadrar de algún modo el agujero económico que deja el varapalo judicial por el cobro de las tasas de residuos de los últimos años, una sentencia que obliga a reordenar el sistema de cobros e incluso a devolver lo ya girado a los vecinos. Se trata de varios millones de euros, cuya ausencia ahora impacta sobre las arcas municipales y paraliza no pocos proyectos de inversión anunciados.

Nada está escrito porque, por un lado, los socialistas llegan al Pleno de final de mes de junio este viernes sin haber presentado un borrador de cuentas municipales. Y por lo tanto porque todavía están en fase “muy inicial” de negociación con los leonesistas sus cuatro condiciones “de mejora de ciudad”, que UPL considera “irrenunciables”.

De esas condiciones, dos son proyectos bastante costosos y la formación que lidera Eduardo López Sendino lleva años insistiendo sobre ellos: una nueva pasarela sobre el río Bernesga entre los paseos de La Condesa y Salamanca, de 2 millones, que lleva dos intentos fallidos de adjudicación de obras; y una piscina de dimensiones olímpicas de gestión privatizada y 10,5 millones, preferentemente en la carretera de Carbajal, cerca del club Olímpico, que permita que León albergue competiciones oficiales que hoy sólo acoge Valladolid.

Las otras dos “líneas rojas”, como las denomina Sendino, no conllevan coste sino que UPL considera que reportan ingresos: la mayor “municipalización” de los autobuses urbanos, hoy en manos mayoritarias de Alsa, y cuya concesión la expiró; y también el aumento de peso municipal en la sociedad mixta Eulsa que gestiona el pago del aparcamiento regulado de la ORA en la ciudad, para recaudar para el Consistorio un mayor pellizco de sus muchas ganancias anuales. Y dejando además en sus manos la gestión de casi todos los parkings subterráneos de León, incluyendo San Marcelo o el del campo de fútbol, e incluso barajarse el nuevo que construirá en Santa Nonia la Diputación.

Si todo ello es aceptado por Diez, en una negociación que Sendino admite que “de momento va sin avances”, UPL ofrece no votar a favor de las cuentas sino abstenerse para permitir su aprobación. Algo que Sendino justifica “por responsabilidad” con la ciudad.

El veterano portavoz leonesista, que por cierto está de salida al haber anunciado que el año que viene no se presentará a la reelección, insta al equipo de Gobierno de Diez a que “muevan ficha”. Y trata de meter algo de presión, porque si bien asegura que “no hay límite temporal”, a continuación advierte de que “si pasa agosto, que es inhábil, y ya planteamos aprobar el presupuesto en septiembre, poco sentido tiene ya”.

Porque no hay que olvidar que ambos grupos hablan de los presupuestos de este año, ya consumido en su mitad, y que por Ley en condiciones normales deben aprobarse antes del fin del ejercicio anterior. Sin embargo, este año todo quedó relegado y abocado a la actual prórroga del presupuesto de 2025 (que apoyaron UPL y un concejal tránsfuga de Vox) a causa de las elecciones autonómicas de marzo, que todo lo detuvieron. De cerrarse el acuerdo, pactarse los cuatro puntos y salir finalmente adelante las tardías cuentas, se confirmaría que bajo el liderazgo de Eduardo López Sendino ya sido muy abrumador el apoyo al equipo socialista de Diez en los últimos dos mandatos, sólo roto en los años de víspera electoral municipal. Como será el próximo año 2027, para el que el leonesista sí zanja que no habrá excepción. Ni acuerdo.

El Partido Popular (PP) ha criticado que dos años después de adjudicarse las obras de adecuación de la carretera LE-6707, entre Sahagún y Renedo de Valderaduey, estas siguen sin iniciarse, una situación que es el “mejor ejemplo” de la “incapacidad de gestión” del equipo de gobierno del PSOE-UPL de la Diputación de León.

El diputado del PP y alcalde de Almanza, Javier Santiago, recordaba en un comunicado que el diputado de Infraestructuras y vicepresidente primero, el leonesista Roberto Aller, anunció hace más de un año el inicio inminente de las obras y, más recientemente, el comienzo para el pasado mes de mayo.

Recuerda que el retraso va mucho más allá. La mejora de este tramo de la LE-6707 ya estaba entre las 20 carreteras que dejó proyectadas para licitar, en 2019, el Gobierno provincial del PP en la Diputación y “todavía no se ha iniciado” en los siete años en los que PSOE y UPL ostentan el Gobierno de la institución provincial, ha censurad el diputado.

El tramo de la carretera entre Sahagún y Renedo de Valderaduey se licitó en el mes de noviembre de 2023 con un presupuesto de 1,4 millones de euros y con un plazo de ejecución previsto de 6 meses. El procedimiento administrativo concluyó con la adjudicación, tal y como se recoge en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en junio de 2024 por un importe final de 1,26 millones de euros.

Por todo ello, Santiago ha considerado “incomprensible y difícil de entender” que el arreglo de apenas cinco kilómetros de una carretera que comenzó en noviembre de 2023 todavía esté sin iniciarse. Asegura además que la excusa de que faltan permisos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no es válida, ya que se supone que se tienen que tener “cuando se licita la obra”.

Riaño atraviesa días de profundo pesar tras la muerte de José Antonio Cid García, conocido popularmente como Toño, teniente de alcalde del Ayuntamiento por la UPL y vecino muy querido en la localidad. Su fallecimiento ha causado una notable conmoción en el municipio y en toda la montaña leonesa, donde era una persona muy vinculada al día a día de la vida social, institucional y vecinal.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial como muestra de duelo y reconocimiento a su trayectoria de servicio público. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta y se ha convocado un minuto de silencio en su memoria, en un gesto con el que la corporación quiere trasladar su pésame a la familia y poner en valor la labor desarrollada por quien formó parte activa de la vida municipal durante años. La Diputación de León y sus compañeros de la Guardia Civil también han emitido mensajes de condolencia.

Cid fue además guardia civil retirado, una faceta que completaba una biografía marcada por el compromiso con el servicio público y la cercanía con sus vecinos. En las informaciones publicadas sobre su fallecimiento se le describe como una persona muy apreciada en Riaño, de trato afable y presencia constante en la vida del pueblo, lo que explica la intensidad de las muestras de duelo que se han sucedido en las últimas horas.

La noticia ha tenido también eco fuera del municipio, donde distintas instituciones y medios han trasladado sus condolencias y han subrayado la huella que deja en la comarca. En un territorio donde la figura de los cargos locales suele estar muy ligada al contacto directo con la población, la pérdida de Cid se siente no solo en el consistorio, sino también entre unos vecinos que lo reconocían como una de las caras más cercanas y comprometidas de la vida pública de Riaño. En ese contexto, el luto oficial pretende ser algo más que un trámite institucional: un reconocimiento a la persona y al servicio prestado, y también una forma de acompañar a quienes hoy lloran a Toño Cid como vecino, cargo público y amigo.

Con años de retraso acumulado, por fin el parking subterráneo de San Marcelo, también llamado Aparcamiento Santo Domingo, en pleno centro de la ciudad de León, cuenta con el proyecto aprobado para su reforma de los muchos desperfectos más urgentes y peligrosos que ha acumulado.

El proyecto definitivo “de reparación y adaptación normativa” ha sido aprobado hoy por el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, cuatro años después de que expirara su concesión original procedente de los años 70 del siglo pasado, permitiéndosele a la empresa dejarlo en un estado calamitoso, el cual urge reparar. De hace más de un año, que fue cuando el Consistorio decidió una concesión temporal nueva para la instalación, data un duro informe técnico que suspendía en las más básicas cuestiones de servicios públicos y seguridad mínima. El informe determinaba que el parking requería la inyección inmediata de 563.000 euros.

Ahora, la Junta de Gobierno detalla una cifra diferente, una inversión de 619.000 euros, para unos trabajos de reforma integral que deberían poner fin prioritario a los detalles más preocupantes, desde la falta de la práctica totalidad de sistemas básicos de extinción de incendios o evacuación en caso de emergencia a cuestiones de ventilación o videovigilancia, ausencia de señalización básica o baños públicos, amén de un lavado de cara integral que otorga al espacio una imagen deplorable.

Lo que no especifica el equipo de Gobierno municipal es cuándo darán comienzo realmente las obras, que ya habían sido anunciadas para el pasado 1 de diciembre de 2025, según ha reiterado en sus críticas la oposición del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León.

La nueva rampa, lo más llamativo

Según se indica en la nota de prensa oficial del Consistorio, entre los trabajos se sumará uno anunciado por ILEÓN, la construcción de una nueva rampa que conectará peatonalmente la planta -1 con el exterior, en la Plaza de San Marcelo. Porque en caso de evacuación obligatoria, por ejemplo por incendio, se incumple toda normativa actual.

El diseño de la rampa será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible y se ubicará justo en el actual lucernario que cubre la antigua entrada al parking, ahora cubierta por un cristal translúcido. Ese acceso en rampa tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete lateral del jardín exterior, de modo que en total sumará una altura de 2,30 metros.

La intervención, remarca la nota, cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta en León, que ha entendido que a pesar de esta obra hacia el exterior se mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias al “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio” de este nuevo acceso, con “continuidad estética y la mínima afección visual”.

El polémico proyecto original

La intervención actual nada que ya que ver con el proyecto original que defendió en 2022, tras expirar la concesión, el alcalde José Antonio Diez, donde se eliminaban por completo los actuales desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León y se eliminaban no sólo los dos únicos árboles de la zona, dos enormes tilos, sino todos los muros de desnivel, sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza hacia Botines. Tan sólo sobrevivía la histórica fuente. Ya se criticó tanto entonces que pronto Diez dejó de insistir en este proyecto, que aún permanece colgado entre las licitaciones de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El comunicado de hoy insiste en que el proyecto se ciñe a “reparación de deficiencias estructurales, la ejecución de una nueva escalera de evacuación, la reforma completa de los sistemas de prevención contra incendios, ajustes en la circulación interior y la renovación total de los aseos e instalaciones, todo ello garantizando los condicionantes de accesibilidad delimitados por Patrimonio”. “Asimismo, contempla la renovación del sistema eléctrico, los sistemas de ventilación y extracción de gases, pero mantiene intacta la morfología del exterior del edificio y la superficie de la plaza”, tranquiliza.

Todas estas obras, se especifica, serán acometidas dentro del nuevo contrato de concesión de hace casi un año, y correrán a cargo de la UTE adjudicataria por un período interino de dos años, formada por las empresas ParkEstacionamientos y Servicios de Movilidad SA, con un canon anual de 380.000 euros. Una concesión que se demoró tres años y mantuvo en parking de San Marcelo en un costoso limbo, que la oposición cifró en unos 1,17 millones de euros, a razón de 1.300 euros perdidos cada día.

PP y Unión del Pueblo Leonés (UPL) criticaban entonces que ese fue la cuenta por la cabezonería del alcalde de mantenerlo privatizado y municipalizar las instalaciones, como la oposición reclamaba. Al final el equipo de Gobierno, que no tiene mayoría suficiente, optó por la calle de en medio con esta concesión temporal hasta 2027 mientras se decide la futura gestión de este parking, privado, público o con una gran sociedad público-privada ya planteada.

20.000 euros para proyectos a personas mayores

La Junta de Gobierno de hoy también resolvió la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos dirigidos a personas mayores, con 20.000 euros. Se otorgarán estas ayudas a un total de 14 entidades y organizaciones del tercer sector que trabajan de manera activa en el municipio de León.

En esta edición, el acuerdo municipal contempla la concesión de una ayuda de 1.496,92 euros a trece de los colectivos beneficiarios para el desarrollo de sus respectivos programas: la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (por su proyecto ‘Espacios de Encuentro frente a la Soledad’), Teléfono de la Esperanza (‘Acompañamiento a mayores en soledad’), Sordos de León San Juan Bautista (‘Sordoactivos’), la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS (‘Sanamente contra la Depresión’), el Grupo de Mayores de Bailes Populares, Activos y Felices (‘Dueños de nuestro tiempo’), Párkinson León (‘Envejecimiento activo con párkinson’), San Juan de Dios (‘Conectando generaciones’), la Federación Provincial de Jubilados de León (‘Promoción asociacionismo 2026’), Asprona (‘Activa-t’), Alfaem Salud Mental León (‘Camino a la felicidad’), Los Tomillares (‘Cultura y cuidado para nuestros mayores’) y Cruz Roja Española (‘Años con vida cuerpo y mente en marcha’). Por su parte, la Fundación Aspaym Castilla y León recibirá una cuantía de 540,00 euros para la ejecución de su proyecto terapéutico ‘Huellas de Bienestar’.

20.000 euros para impulsar la inserción de personas con discapacidad

También se ha repartido iéntica cuantía, 20.000 euros, a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad.

En esta edición, las cuantías concedidas a las distintas asociaciones se distribuyen de la siguiente manera: Proyecto Convivo recibirá 2.411,00 euros por su programa ‘Un trabajo a mi medida’; Amidown obtendrá 2.270,00 euros para su ‘Acción formativa de auxiliar de comercio’; la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple contará con 2.128,00 euros para ‘INSERT@’; mientras que la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de León y Alfaem Salud Mental recibirán 1.986,00 euros cada una para los proyectos ‘Incluye TEA’ y ‘ACTIVATE’, respectivamente. Por su parte, Cocemfe percibirá 1.844,00 euros destinados al ‘Apoyo al servicio de integración laboral’; la Asociación de Sordos de León San Juan Bautista y Asprona recibirán una ayuda de 1.418,00 euros cada una para sus respectivos proyectos de ‘Inserción sociolaboral para personas con discapacidad auditiva’ y ‘Trotamundos Lab’; y la Asociación Leonesa con las Enferme-dades de la Sangre (ALCLES) dispondrá de 1.277,00 euros para el desarrollo de su programa ‘Todo lo que empieza cuando termina el cáncer’.

Finalmente, el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno contempla las aportaciones a la Asociación Social Diversa León con 993,00 euros por el proyecto ‘ACTIVA2’; a la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS y Síndrome Contenta con 851,00 euros cada una para sus programas de ‘Inserción social para personas con discapacidad por trastorno mental’ e ‘Impronta’, respectivamente; y a la Asociación Juvenil Puzzles con una cuantía de 567,00 euros para la iniciativa ‘ACTIVA-T’. Con la resolución de esta convocatoria, el equipo de gobierno consolida su respaldo económico a las entidades locales que trabajan diariamente para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación técnica y el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en la ciudad de León.

El Procurador del Común de Castilla y León ha llamado la atención al Ayuntamiento de León por las deficiencias detectadas en la conservación y el entorno urbano de la muralla romana y medieval de la ciudad. Lo ha hecho a través de una resolución emitida tras una queja vecinal, en la que se denunciaba la falta de medidas suficientes para proteger y poner en valor este Bien de Interés Cultural (BIC) que goza de la máxima protección por su origen romano y su traza medieval.

La reclamación ciudadana que dio origen al expediente alertaba de la presencia de señales de tráfico, contenedores y otros elementos urbanos situados junto al monumento, además del estacionamiento habitual de vehículos en sus inmediaciones, algo ya destacado hace años por ILEÓN, entre otros desmanes de tráfico en el Casco Histórico. También se advertía de problemas de limpieza y mantenimiento, con pintadas, suciedad, malos olores y restos de deposiciones de animales en distintos puntos del recinto amurallado. Las situaciones no se han corregido en su inmensa mayoría durante años.

La resolución presta una especial atención a los entornos de la calle Puerta Moneda, acceso sur al Casco Histórico y además Camino de Santiago -también protegido como Patrimonio de la Humanidad-, y de la calle Las Cercas, que van desde San Francisco al Barrio Húmedo. Los denunciantes señalaban estos puntos como algunos de los tramos donde más se evidencian las carencias de conservación, cuidado y seguridad. De hecho hace escasas semanas un tramo tuvo que cortarse al tránsito peatonal por algunos desprendimientos. El 'defensor del pueblo' de Castilla y León comparte la necesidad con ellos de que cualquier actuación municipal tenga en cuenta la protección de la imagen del monumento y evite cualquier elemento que altere su contemplación.

Por ello, recomienda al Ayuntamiento que cualquier instalación de mobiliario urbano o señalización se realice minimizando su impacto visual sobre la muralla. Asimismo, reclama reforzar la vigilancia para prevenir actos vandálicos, muy particularmente roturas de la estructura de la muralla, o pintadas que se producen desde hace varios años con impunidad, así como problemas de insalubridad. Finalmente, insta a ejercer un control más estricto sobre el tráfico y el aparcamiento en las zonas próximas al monumento, ya que ahora mismo se produce a diario y sin sanción alguna.

Recientemente, el Ayuntamiento acometió tras una serie de actos vandálicos unas obras de reforma, especialmente de iluminación, en el amplio tramo de Las Cercas. Dos contratos, de 95.000 y 100.000 respectivamente, fueron ejecutados en 2025, también el tramo de la calle Prado de los Judíos, después de quejas no sólo vecinales sino incluso de partidos en el Ayuntamiento como Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Ahora, el Procurador remarca que el Consistorio no puede escudarse en ninguna otra institución, como en alguna ocasión ha dirigido al Gobierno central, o a la Junta de Castilla y León, que es competente con carácter general en materia de patrimonio. La institución insiste en que las reclamaciones son competencias municipales plenas, materias como la limpieza, la gestión de residuos, el tráfico urbano o el alumbrado. Y que todos ellos deben orientarse también a preservar y destacar el valor patrimonial de la muralla leonesa, uno de los principales elementos históricos de la ciudad y, además, una de sus principales señas de identidad.

Tres conocerse la resolución del Procurador, a todo ello se sumó esta semana el Partido Popular (PP) en la oposición, que ampliaba el foco y sumaba a las críticas hacia el equipo de Gobierno del PSOE el estado del lienzo en el tramo de la calle Ramón y Cajal, con un “preocupante estado” por la proliferación de hierbajos y vegetación entre las piedras, amén de otros problemas de limpieza y mantenimiento básicos. La conservación de la muralla debe ser una prioridad permanente y no una actuación puntual cuando el problema ya es visible“, señalaba el portavoz popular, David Fernández.

En la actualidad, los trabajos que el Consistorio está realizando bajo el argumento de salvaguardar no tanto la muralla en Las Cercas y sus proximidades sino la mayor visibilidad de ellas consiste en la demolición de dos viejas viviendas de hechura antigua, de las pocas que quedan en pie en el barrio de Santa Ana. Y pronto habrá un derribo más, de modo que en poco tiempo habrán sido tres las casas demolidas. Las actuales sobre las que se trabaja son la situada en la calle las Cercas, número 2, haciendo esquina y colindante con el tramo de muralla, y el número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana, con un coste primero de expropiaciones de cerca de 80.000 euros cada una y después en torno a otros 20.000 en cada caso para contratar a la empresa que las eche abajo.

Las reacciones no se han hecho esperar. El partido político de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha lamentado, como “un insulto”, que el nuevo máximo responsable de los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, desprecie las labores de prevención de los fuegos durante los meses de invierno, según sus propias palabras por el alto coste que suponen. La formación leonesista reacciona así con indignación ante el argumento utilizado por el propio Sánchez durante una reciente jornada informativa celebrada hace unas semanas en el Centro para la Defensa contra el Fuego de León, y de la que se hace eco ILEÓN tras su reciente nombramiento, el primero en todo el nuevo Ejecutivo de la Junta en el reeditado pacto entre PP y Vox.

Ese “insulto” que considera UPL sus declaraciones públicas se basa sobre todo después que “sufrir las consecuencias de los graves incendios que calcinaron prácticamente 140.000 hectáreas el pasado verano en la Región Leonesa”. En una nota de prensa de reacción, defienden que “no parece de recibo excusar la dejación de funciones de la institución autonómica por el alto coste que supone para las arcas públicas las labores de mantenimiento y limpieza, de desbroce preventivo y eliminación de combustible vegetal en los montes fuera de la época estival de alto peligro”.

La formación que lidera Alicia Gallego, a su vez portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, recuerda que Sánchez es una figura ya presente en el área de Medio Ambiente “junto a la dupla” del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el director general José Ángel Arranz, que acaban de abandonar sus responsabilidades sin haber hecho absolutamente nada por mejorar la situación de un operativo que sigue sin ser público ni está presente los 365 días del año“, como prometió la Junta tras las tragedias de 2025.

Afean también que Ángel Sánchez se escude en la Ley de Montes para justificar esa falta de trabajo preventivo en época invernal, tildándolo de “mantra”, y aduzca también la necesidad de cambiar la legislación para poder proceder a la limpieza de los montes. Lo cual para UPL “no deja de ser una muestra más de la inoperancia de una Junta acomodada y poco dispuesta a trabajar por actualizar las leyes que le competen”.

Por eso, valoran que sus palabras “no son más que un ataque de sinceridad de lo que todo el mundo piensa y que no es otra cosa que no han hecho absolutamente nada” durante este año, más que “engañar con teoría y malgastar el dinero para tapar los agujeros de incendios que pudieron ser evitados”. Su frase de “a ver de dónde sacamos el dinero” suponen para la formación leonesista “la constatación de que la prevención no es una prioridad de este nuevo Gobierno autonómico, independientemente de quién encabece la consejería, porque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene la misma línea de acción”.

Por eso, UPL reclama desde ya a la nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que asuma sus competencias y sus responsabilidades y “no siga el camino de Suárez-Quiñones y Arranz porque los perjudicados serán, sin duda, los de siempre”. En este sentido, le instaron a que en materia de prevención y extinción de incendios afronte sus responsabilidades y que no hagan caer todo el peso en los ayuntamientos, como parecía argumentar el nuevo jefe máximo de la lucha contra los incendios forestales de la Comunidad.

Y es que hablando de la necesidad de que sean los municipios los que afronten esas labores preventivas de los montes, “hablan del alto coste que supondría para la Junta esas labores de prevención y limpieza, pero no sabemos de donde pretenden que saquen el dinero los Consistorios” para proceder a afrontar esos trabajos que son responsabilidad de la institución autonómica.

En cualquier caso, desde UPL ponen de manifiesto que Ángel Sánchez arranca su nueva responsabilidad “con mal pie” y le demandan que se “tome en serio una cuestión que cada verano deja en evidencia que las políticas que sigue la Junta no son las adecuadas”.

El PSOE: “El dinero se usca. La vergüenza se echa en falta”

Varios mandatarios del PSOE también han entrado a valorar, con duras críticas, el posicionamiento del nuevo mandatario forestal autonómico. Así, la vicepresidenta del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, a través de la red social X se limitó a considerar que la Junta de Castilla va en esto “de mal en peor”.

Más explícito se mostró el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, para quien “Mañueco cambia nombres, no políticas”. El líder provincial ve censurable que entre sus primeras medidas urgentes, el presidente de la Junta ponga “al frente de los incendios a quien llama ”mantra“ a la prevención en invierno y pregunta ”de dónde sacamos dinero“”. “El dinero se busca. La vergüenza se echa en falta”, concluye.

Siempre dependiendo del lado desde donde se mire, allá o acá. Un estatus posicional que para la ocasión lleva el valor adverbial de lugar, en relación al que ocupa cada ponente o dicente.

Como leonés, en este caso de acá del Manzanal, siempre he tenido mucha prevención al pronunciarme, dado que, en quien no comparte o está decidido a no querer compartir lo leonés, vaya usted a saber por qué, y su mejor razón es lo de 'León nos roba', poca comprensión se puede encontrar. Ambos dichos cuasi contemporáneos, son usados en paralelo, siempre como intento de justificación de algunos bercianos, de modo especial los ejercientes en política.

No es de hoy lo del Manzanal. Desde los primeros pasos autonómicos ya hubo quien lo usara como arma arrojadiza, al igual que otros se opusieran a que León provincia, sin ningún tipo de manzanal, esto es sin ningún accidente orográfico que cortara historia escrita en común, y la Cultura ( ésta con sus variantes), y así fuimos metidos en comunidad con la facción castellana vieja. Por cierto a éstos les iba a ir muy bien poder manejar lo leonés lo socioeconómico. Sus políticos bregaron para meternos (a empujones) en un ente autonómico que llamaban Castillaleón. ¡Y lo consiguieron!

Ya es historia que en Ponferrada surgió la primera duda autonómica –¡Nada de con Castilla!–, oficialmente un mes ante de que se aprobara el estatuto, en 1983. La preferencia era la autonomía leonesa, desde el sentimiento o desde lo sustancial socioeconómico leonés, tanto da, después de leoneses éramos españoles. Procedentes o herederos del Reino de León que se iría reduciendo a casi lo nominal regional, refugio de lo territorial desde 1833 (Javier de Burgos)

Más no voy a ir, dentro de la sencillez que la cautela me demanda, a profundis, sino ab singulis, detalle a detalle (aunque esto no es todo para hoy) conjugados en un entorno provincial, pues, tratar de destruirlo, a nada conduce más allá del debilitamiento ante el adversario –¡Que lo hay!– es la facción castellana vieja precisamente la que mangonea el ente.

Una Comunidad que, maliciosamente, por ello poco a poco, se ha ido centralizando en Valladolid, donde no es que se hayan arrogado la capitalidad, es que han concentrado todo el poder comunitario, donde el bipartidismo PSOE-PP en principio, hoy en prelación opuesta, pero que ya desde la hora de componer el Estatuto, nos han intentado confundir a los leoneses, nombrándonos a la cola de Castilla, fruto de la historia que siempre han tergiversado y nosotros permitido. Ése es el adversario común.

Los alimoneros PP-PSOE, que se empeñan en cerrarnos todas las puertas, conscientes de que usando y abusando de nosotros como colonia, y de nuestros recursos por lo tanto, les resulta más fácil 'ejercer de ente poderoso': ¡Su afán!

¿León nos roba?

'León nos roba'. Nadie les roba la singularidad, la comarcal, que está vigente tanto en lo provincial como distinguido en el ente autonómico, éste sí que es el depredador de todo lo leonés. Supongo que, el dicho entrecomillado, alude al poder provincial, el que se ejerce desde la Diputación, a la que llegan los caudales procedentes del ente autonómico. Un organismo provincial donde curiosamente tienen representación siempre, y hoy presidencial.

Al señor Álvarez Courel, el presidente citado, berciano, hablando de lo agroalimentario en León, no se le ha escuchado decir, reclamar o exigir que se cumpla la promesa del Parque Agroalimentario: Ubicarlo, desarrollarlo y dotarlo en Ponferrada. ¿Quien se lo impide? SÍ, los de más allá del Manzanal, pero el enemigo común, el comunal centralizador de todo: el ente autonómico

En otros supuestos, en el autonómico por ejemplo, habría que decir que el ente, o si lo prefieren la Comunidad no hace bien su labor de reparto presupuestario para los leoneses en general.

El Consejo Comarcal de El Bierzo, bien diseñado para la labor que todos conocemos, del divide y vencerás... ¿Qué cometido tiene además de lo generalista? Tal como control o contacto con los 38 municipios correspondientes, así como turismo, empleo y medio ambiente… para cuya atención, junto al de los puestos políticos, y otros, la dotación económica procede del poder comunitario. No lo sé. Lo veo como un gramófono de marca, está a la voz de su alternante amo de mano política.

Tal vez no esté en lo cierto, pero no he oído que soliciten la ampliación de competencias. No sé si estatutariamente la comunidad puede otorgar poderes, porque desde el movimiento político berciano, no están en condiciones de reclamar, exigir, ante el parlamento autonómico. No tienen representación, más allá de UPL. Y lo del Consejo citado se les va en artificios.

Al procurador berciano, por UPL, tampoco le prestaban atención. En el cómputo autonómico, ahora nos corresponden a la provincia 13 escaños. UPL 3, los otros 10 en manos de PP-PSOE, 4 y 4 bien alimonados contra lo leonés; y Vox que no cree en las autonomías y acaba de colocar a Pollán de vice, y se dice de León, pero no está con, ni por León, le mueven desde el foro.

Y así divididos nos quieren conservar o destruir. En tanto no seamos capaces, a golpe de voto, de construir las necesarias tijeras para cortar el nudo , creciente, multiple, con el que nos van dotando, llegarán a estrangularnos...

¡A todos los leoneses!

Tengamos visión economicista, respetando la común historia.

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha un centro de respaldo para el Servicio de Emergencias 1-1-2 para mantener la atención ciudadana si la sede principal quedase fuera de servicio por una incidencia grave. El Gobierno autonómico no ha concretado dónde se ubicará esta nueva infraestructura y el partido leonesista UPL ya reclama que se instale en alguna de las provincias de la Región Leonesa: León, Zamora o Salamanca.

El anuncio lo realizó este miércoles el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno. Según explicó, la experiencia del gran apagón eléctrico ha llevado al Ejecutivo autonómico a plantearse un refuerzo del sistema de emergencias para garantizar su funcionamiento incluso en situaciones excepcionales.

Carriedo defendió que el actual centro de Emergencias respondió adecuadamente durante aquella crisis, pero consideró necesario disponer de una instalación alternativa desde la que poder seguir gestionando las emergencias si la sede principal quedase inutilizada por un apagón, una inundación, un terremoto o cualquier otro incidente de gran magnitud.

La Junta prevé que esta segunda instalación pueda asumir toda la operativa del 1-1-2 en caso de necesidad, permitiendo incluso el traslado del personal para mantener el servicio sin interrupciones. Eso sí, el portavoz autonómico dejó claro que todavía no existe una ubicación decidida para este nuevo centro y que será el próximo Gobierno autonómico, una vez constituido tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, quien adopte la decisión definitiva. Según Carriedo, la elección deberá realizarse atendiendo a criterios técnicos y de operatividad y no a razones políticas.

La falta de concreción ha provocado ya la reacción de Unión del Pueblo Leonés. La formación leonesista ha registrado una iniciativa en las Cortes para pedir explicaciones sobre el futuro emplazamiento de la infraestructura y reclamar que se ubique en alguna de las tres provincias de la Región Leonesa.

UPL considera que el nuevo centro del 1-1-2 representa una oportunidad para avanzar en una mayor descentralización de los organismos autonómicos y corregir el desequilibrio institucional que, a su juicio, existe dentro de la Comunidad. Los leonesistas recuerdan que Valladolid concentra la práctica totalidad de las Consejerías de la Junta, además de las Cortes autonómicas y buena parte de los organismos dependientes de la administración autonómica. Por ello, muestran su preocupación ante la posibilidad de que la nueva infraestructura termine instalándose nuevamente en la ciudad vallisoletana.

“Cuando las autoridades de esta comunidad no dicen dónde se va a ubicar una sede autonómica, generalmente acaba situándose siempre en la misma ciudad”, señalan desde la formación. Por este motivo, UPL reclama que el futuro centro de respaldo se instale en León, Zamora o Salamanca, una decisión que, a su juicio, contribuiría a repartir mejor las infraestructuras públicas autonómicas y reforzar el peso institucional de la Región Leonesa.

La creación de la nueva sede de Emergencias y su centro de respaldo figura además en el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox para la nueva legislatura. El documento recoge el compromiso de construir una nueva sede de Emergencias Castilla y León y 1-1-2 dotada de las últimas tecnologías para mejorar la gestión integral de las emergencias en toda la Comunidad.

Por el momento, la Junta mantiene que el proyecto está definido en cuanto a su finalidad, pero no respecto a su ubicación. Una cuestión que previsiblemente abrirá un nuevo debate territorial en cuanto el futuro Gobierno autonómico tenga que decidir dónde se instalará una de las infraestructuras estratégicas más sensibles de la Comunidad.

Alicia Gallego, la nueva portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, integrados en el Grupo Mixto en esta nueva legislatura, ha esbozado una contundente crítica contra el nuevo Gobierno de PP y Vox liderado una vez más por Alfonso Fernández Mañueco. La dirigente leonesista ha calificado como “papel mojado” el pacto de legislatura entre PP y Vox y ha reprochado al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que parece actuar por miedo. Llegó a considerar el pacto un mero reparto de “unas sillas y poco más”.

“Lo que se deduce de este pacto es una cuestión gris, una cuestión de miedo y sobre todo poco ilusionante”, ha criticado la portavoz parlamentaria de UPL, Alicia Gallego, en el hemiciclo de las Cortes autonómicas, donde ha criticado que las 324 medidas presentadas por Mañueco en el discurso de este martes son “difusas y poco concretas”.

En su intervención, Gallego ha cuestionado a Mañueco que haya vuelto al punto de partida de 2022, con un socio de gobierno que no cree en las autonomías y al que ha criticado durante la campaña y se ha abierto a llegar a acuerdos con todas las formaciones, pero siempre en beneficio de la ciudadanía.

La procuradora leonesista ha criticado que las ayudas no se hagan en función de la renta y que se planteen hasta municipios de más de 20.000 habitantes -que en la práctica son el área metropolitana de las ciudades- y no del medio rural.

Asimismo, ha lamentado las carencias en materias como sanidad, telecomunicaciones o infraestructuras, entre ellas, el Corredor Atlántico, que afectan a las tres provincias, antes de recordar que no votarán a favor de Mañueco en la investidura.

La procuradora leonesista ha repartido críticas entre PP y PSOE ya que “actúan como sucursales” de sus formaciones nacionales y ha acusado a ambas formaciones de perjudicar a la Región Leonesa -conformada por las provincias de León, Zamora y Salamanca- y de no haber sido capaz de vertebrarla con otras autonomías limítrofes como Asturias, Extremadura o la vecina Portugal.

También ha lamentado que terminara la anterior legislatura sin una Ley de Juventud, de Vivienda, de Agentes Medioambientales y, sobre todo, de unos Presupuestos Generales de la Comunidad, que no se aprueban desde 2024.

Respecto a los incendios del pasado verano, que dejaron una “situación catastrófica” con más de 140.000 hectáreas quemadas que ha atribuido a una falta de previsión, Gallego ha criticado que la Junta ahora dé “un patada al lado” y responsabilice a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales pese a que la competencia sea autonómica. 

Durante su réplica Mañueco ha defendido que su objetivo es alcanzar consensos en beneficio de Castilla y León, pero ha rechazado los planteamientos que, a su juicio, presentan agravios territoriales dentro de la Comunidad.

“Les ofrezco mi mano tendida, pero no comparto las políticas del victimismo”, ha afirmado el candidato popular, quien ha reivindicado que Castilla y León está integrada por nueve provincias “valiosas, importantes y merecedoras” del mismo respeto institucional.

Mañueco también ha recordado a los representantes del Grupo Mixto que no ostentan la representación exclusiva de sus respectivos territorios y ha subrayado que la mayoría de los ciudadanos de León, Soria y Ávila respaldaron en las urnas a otras fuerzas políticas.

“Nadie, por mucho que lleve en sus siglas el nombre de una provincia, puede arrogarse su representación en exclusiva”, ha señalado.

El candidato popular ha aprovechado su intervención para defender la coalición alcanzada con Vox y ha reprochado al Grupo Mixto sus críticas al nuevo Ejecutivo. “Si hoy estamos aquí es porque los ciudadanos de las nueve provincias decidieron con su voto la forma de articular una mayoría”, ha argumentado.

Durante su respuesta a la portavoz leonesista, Alicia Gallego, Mañueco ha cargado contra las reivindicaciones territoriales de UPL y ha considerado que las “ensoñaciones territoriales” resultan “estériles”. “Juntos podemos ir más lejos. Pretender trocear Castilla y León a estas alturas es creer en el bálsamo de Fierabrás”, ha afirmado, antes de defender la unidad de la Comunidad como vía para corregir desequilibrios territoriales y generar nuevas oportunidades.

Por ello, ha reiterado su disposición al diálogo con los representantes del Grupo Mixto y les ha pedido una “contribución activa” para alcanzar consensos en todo aquello que no perjudique al interés general de Castilla y León.

Pollán

El futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, fue el encargado de pronunciar el discurso del grupo de extrema derecha, donde defendió el acuerdo alcanzado con el Partido Popular desgranando parte de los acuerdos que ha impuesto Vox en el texto del futuro gobierno. Lo hizo en un discurso marcado por las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, el rechazo a la inmigración irregular, la defensa del sector primario y las promesas de rebajas fiscales, pero en el que no hubo ninguna referencia concreta a las reivindicaciones políticas de la Región Leonesa.

A lo largo de las dieciocho páginas de intervención, Pollán llegó a reivindicar actuar “por Castilla, por León y por España” pero sin mayores menciones de carácter provincial. El dirigente de Vox centró buena parte de su discurso en asuntos de ámbito estatal, con duras críticas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios.

Presumió de que el futuro Ejecutivo autonómico se opondrá al reparto de menores migrantes, prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios públicos, eliminará subvenciones a organizaciones vinculadas a la inmigración irregular y defenderá el principio de 'prioridad nacional' en ayudas sociales y acceso a la vivienda.

En el plano económico, Pollán defendió un amplio paquete de medidas para el medio rural, entre ellas ayudas para mantener abiertos comercios, bares y farmacias en pequeños municipios, incentivos fiscales para la transmisión de viviendas y negocios, apoyo a autónomos y una reducción de tasas e impuestos. También anunció medidas de respaldo al sector agrario y ganadero, el rechazo al acuerdo comercial con Mercosur y la oposición a cualquier recorte de la Política Agraria Común (PAC).

La intervención concluyó con un llamamiento a desarrollar el acuerdo firmado con el Partido Popular y con la promesa de cumplir las medidas pactadas durante la legislatura, insistiendo en que el nuevo Gobierno trabajará “por Castilla, por León y por España”.

Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.

PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.

La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.

El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.

La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.

El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.

Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.

Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.

El Partido Popular reclama a la Diputación de León que “aclare” la denuncia que habrían presentado en los juzgados las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras por no haberle actualizado los precios desde 2017 hasta la firma del actual contrato, suscrito en 2023.

Según el PP, esta discrepancia supondría que la institución provincial tenga que abonar la diferencia por el aumento de los precios desde 2017 acentuado por la Guerra de Ucrania así como los intereses de demora en caso de que la Justicia dé la razón a las empresas adjudicatarias.

Las compañías, afirman los populares, ya habían reclamado a la institución provincial esa adecuación de los precios al momento amparándose en el pliego aprobado en 2015 que contempla, a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, una revisión de precios “en la parte de obra” y del decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el Gobierno en el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras a raíz de la Guerra de Ucrania.

Sin embargo, la reclamación fue rechazada por la Diputación, asegura el PP, con el argumento de que el contrato original no contemplaba la revisión de precios. Los populares precisan que en el momento de reclamación estaba prorrogado hasta la licitación y adjudicación de un nuevo acuerdo para la conservación de la red provincial de carreteras.

La Diputación adjudicó en el año 2015, gobernada la institución por el PP, un contrato de mantenimiento de las carreteras de la red provincial en dos lotes, correspondientes a la zona occidental y oriental, por un importe de 1,5 millones de euros anuales en cada sector. Este contrato tenía una vigencia de dos años con prórroga máxima de dos años hasta 2019.

Ahora desde la oposición, el Partido Popular señala que el anterior equipo de Gobierno del PSOE y UPL prorrogó sucesivamente el contrato “sin soporte contractual” durante casi todo el mandato con pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito y no licitó el nuevo contrato hasta 2021, aunque este primer intento se paralizó porque Ineco, la consultora pública dependiente del MInisterio de Transportes, no asumió la valoración de las ofertas y tuvo que volver a convocarse el concurso.

El nuevo contrato, concluyen los populares, se adjudicó tras varios meses de procedimiento administrativo en el año 2023, que es el actualmente vigente, con un incremento de la dotación de 3 millones de euros anuales para cada uno de los dos sectores.

El actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL ha anunciado recientemente que privatizará la Oficina de Expropiaciones llamada a desbloquear proyectos de arreglos de viales.

Decíamos con motivo de las elecciones que se había votado con perspectiva nacional, en lugar de una posición territorial o autonómica.

Las consecuencias las tuvimos de inmediato, por parte de la administración nacional, es decir el PSOE, la directora de Aena vino a reírse de los leoneses. Por otro lado desempolvan sin motivo, de un cajón, lo de la ronda norte de León... ¡Sin fecha!

En la cuanto la Feve, San Marcos, Ruta de la Plata, Incibe, Puerto de Manzanal, Ruta de la plata, comunicaciones del Bierzo con Galicia, Asturias y Portugal, entre otros, no aportan solución, no ya a corto plazo, ni tan siquiera a medio plazo… y mira que son vitales y urgentes esos temas

Por otra parte, la administración autonómica, el PP, los problemas de los bomberos forestales siguen igual o peor, hasta el punto que las empresas que se dedican a ello, se niegan a trabajar con la Junta castellana, ¿Dónde quedó aquello de plantilla profesional sin intermediarios?

Intenta en estos momentos minimizar el reconocimiento de la Cuna del Parlamentarismo en León, inventando y potenciando otro acontecimiento anterior en San Esteban de Gormaz (Soria).

A estos problemas hay que sumarle que algunos ayuntamientos se empiezan a quejar de falta de energía para poder ampliar sus expectativas en los polígonos industriales, o las quejas de los empresarios que, en León, hay más inspecciones de las distintas administraciones que en otras provincias.

A lo que voy, a los leoneses, lo de ¡Autonomía leonesa! le dice a la mayoría de los ciudadanos lo mismo que: ¡Ganaderos! ¡Agricultores! ¡O ciudadanos de la comarca de…! Nada en particular, más allá de un grito electoral, sin ningún trasfondo

Los leoneses necesitamos saber... ¿A dónde vamos? Es decir que tipo de autonomía queremos, o nos proponen. Es decir que tipo de parlamento autonómico queremos.

Un parlamento directo por votos globales provinciales, o por representación comarcal, y/o mixto. Aclarar qué número de parlamentarios. ¿Serían menos que los actuales? ¿Más? Explicar cómo quedaría la Diputación y el Consejo Comarcal. ¿Seguirían? ¿Desaparecerían?  ¿Se nombraría una capital autonómica? 

De esto, algún grupo han hecho un buen trabajo, detallado y amplio, pero no ha llegado a la población en general, solo a pequeños grupos ciudadanos. Este el problema, el desconocimiento de la población de las ventajas de una autonomía, junto con la perdida economía actual al ser otros los administradores de esta situación de colonia 

¿Por dónde vamos? Necesitamos un grupo de abogados, que nos indiquen los caminos a seguir jurídicamente. Otro grupo de personas que constituyan un 'consejo de ministros leoneses' que planifiquen el autogobierno, indicando planes y caminos. Planifiquen un futuro sanitario, educacional y social. Así cómo, de comunicaciones, en investigación y desarrollo industrial, agroalimentario, ganadero, agrícola… más o menos un gobierno en la sombra.

Sería interesante, por ejemplo, elegir el Día de la Comunidad Autónoma Leonesa, y en él, los leoneses como pueblo poder realizar unos actos constitucionales referentes a nuestra historia y a nuestros hombres y mujeres honorables

En ese día u otro, todos de acuerdo, los ayuntamientos que han votado a favor de la autonomía, retirar la bandera castellana, lo que nos vendría a decir si las votaciones han sido verdaderas o por orden de los partidos gobernantes para quedar bien delante de los vecinos votantes.

Forma a grupos de personas, equipos, que en esos ayuntamientos se dediquen a explicar nuestro estatuto autonómico, aclarando las dudas de los vecinos, explicando cuánto dinero se recibe del Estado como el resto de autonomías, cuánto se queda actualmente en el camino, qué dinero podía venir de Europa, y que en la actualidad se queda antes en Castilla.

Podríamos empezar por reclamar a la Diputación unas elecciones directas, por comarcas, mientras obtenemos la autonomía. Y no a través de los partidos como resultado de las elecciones locales. Con unas elecciones directas los diputados provinciales, se dedicarían de pleno a su puesto, y no sumado a a otras responsabilidades de alcaldes o concejales locales. De esta manera los diputados responderían directamente a sus votantes y no a los partidos políticos que los han colocado

Dejarse de quejas de las competencias impropias. Ojalá hubiera más, reclamando el dinero necesario para su desarrollo, a la administración que se abstraen de sus competencias.

¿Para cúando todo esto?  ¡YA!

El problema reside en que hay demasiados francotiradores, unos algo organizados, otros menos.

Necesitamos un ejército organizado con generales profesionales, cuyo orgullo sea cumplir con su cargo y no salir en las fotos y asistir a reuniones donde se supone que se debate y se exigen las necesidades leonesas, y salen en muchas ocasiones sin soluciones prácticas. 

Demasiados orgullos personales, y poco profesional, demasiados preocupados solo de mañana, y no de un futuro a corto y medio plazo.

Demasiadas protestas, con razón, de los problemas diarios, de los escamoteos, malversaciones, olvidos, falsas promesas diarias de las administraciones con las tierras leonesas, pero sin una planificación de ningún tipo a corto o medio plazo.

Echando de menos una exposición de unas necesidades completas en cada campo. Unas charlas sobre el sector Agroalimentario, explicando de una manera clara la dependencia a la que nos estamos viendo obligados con el símbolo de “Tierra de pavor”, o como se llevan el agua y la energía de nuestra tierra a cambio de nada. Sin programas a donde ir, por dónde y cuándo, más allá de lamentos y quejas puntuales, de los desprecios de las administraciones hacia los problemas de las Tierras Leonesas, con continuas promesas.

¡¡¡Así no podemos seguir!!! Es urgente, que los leoneses conozcan las posibilidades y las mejoras administrativas, económica; y como consecuencia de éstas, las posibles mejoras en sanidad, educación, comunicación, ganaderas, agrícolas, que se podrían obtener desde una autonomía propia, desde las Tierras Leonesas para leoneses, y no desde la situación actual de colonia administrada desde intereses ajenos y contrarios a los leoneses

Estamos como la rana, a la que le han ido calentado el agua, no saliendo a tiempo, llegando a una situación de somnolencia y ostracismo, que la impide saltar. Mientras que, si estuviera fuera, al meter el primer pie, lo sacaría de inmediato.

El anuncio del pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Junta de Castilla y León ha provocado una oleada de críticas entre la oposición en la provincia de León que, en general, muestra su preocupación por este acuerdo entre la derecha y la extrema derecha que se hizo público el miércoles 3 de junio, más de dos meses después de las elecciones autonómicas.

Varios miembros del PSOE han expresado públicamente sus impresiones negativas sobre este pacto. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha dejado claro que no le gustan “algunas de las cuestiones que se plantean en ese pacto, especialmente la de la 'prioridad nacional'”, ha declarado este jueves durante una rueda de prensa.

Aunque el alcalde leonés ha celebrado que haya acuerdo ha reconocido que hubiese preferido un gobierno “que no se vaya hacia los extremos”.

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, usó su cuenta de X para publicar un escueto, pero rotundo mensaje contra las medidas racistas y xenófobas que incluye el acuerdo: “Ningún ser humano es ilegal. FIN”, fue su publicación.

Por su parte, el secretario general del PSOE de León y diputado, Javier Alfonso Cendón, también usó X para lanzar un extenso mensaje que calificaba de “indecente” el pacto entre ambas fuerzas: “Lo más grave es que quienes prometieron estabilidad han elegido la división”. Cendón critica que no existen soluciones para los problemas reales de la Comunidad y finaliza asegurando: “Frente al pacto de los sillones, defenderemos la sanidad pública, los derechos, la igualdad, la convivencia y el futuro de Castilla y León”.

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha tildado el acuerdo como un “pacto gris y del miedo” que recordó que “está impulsado desde Madrid” y que Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán “no dejan de ser más que títeres de sus líderes nacionales”.

La líder leonesista evidenció que dentro de las 324 medidas alcanzadas su máxima “es una prioridad nacional que ni siquiera ellos son capaces de explicar”. Todo ello, le lleva a poner de manifiesto que “no se habla de inversiones ni concreciones tan necesarias para nuestra tierra y que se basan en muchos casos en los acuerdos alcanzados en otros territorios cuando no se tiene en cuenta a la Región Leonesa con sus peculiaridades y necesidades”.

A falta de prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, Unión del Pueblo Leonés (UPL) se encuentra ya en plena carrera para elegir a su próximo cabeza de lista en el Ayuntamiento de León. Un melón que ya se abrió el pasado mes de abril después de que anunciara su intención de no repetir Eduardo López Sendino, el candidato y líder del grupo municipal desde el año 2015.

Por los primeros movimientos, todo indica que habrá primarias internas en el seno de la formación leonesista, que desde hace un año lidera Alicia Gallego, para que sean los afiliados con sus votos los que tomen la decisión de quién será la persona que aparezca en el próximo cartel electoral leonesista en la capital. Y es que, a día de hoy, ya hay al menos dos nombres encima de la mesa, ambos actuales concejales en el equipo municipal y los dos miembros de la recién estrenada dirección general de Gallego. Se trata de Enrique Valdeón y de Seila Fernández.

La espita la ha abierto el primero, Valdeón, que no dejó lugar a dudas (“sí, me postulo”) cuando ayer fue preguntado abiertamente en la tertulia política de Radio León-Ser sobre su intención de cara a las elecciones al Ayuntamiento en 2027. “Mi intención es esa pero depende de los órganos del partido y de los militantes”, dijo, en referencia a someterse a primarias si no fuera el único interesado en sustituir a López Sendino, “porque hay una serie de requisitos que cumplir y todo se verá”.

Más continuidad

El actual edil lleva siéndolo bajo las siglas de UPL desde 2019, aunque su primera aparición en una lista electoral en el Ayuntamiento leonés data de 2015, pero entonces todavía bajo la escisión del PAL-UL, sin obtener el acta. Orgánicamente, también ostenta actualmente la Secretaría de Empleo, Comercio e Industria de UPL.

Preguntado por su planteamiento de cara a ser el candidato, Valdeón, que profesionalmente es procurador de los tribunales, aboga por una línea que suena mucho a continuidad a lo hecho por Eduardo Sendino. Defiende que “lo primero es ver qué no se ha hecho y se tenía que haber hecho en estos ocho años” de alcaldía socialista de José Antonio Diez, “los proyectos que no se han cumplido y exigirlos a quien esté”, buscando en resumen “soluciones para León, en el tema económico, comercial, aeropuerto... hay muchos frentes abiertos y hay que cerrarlos bien, no dejarlos en el aire”.

Defiende además la decisión adoptada por Sendino en su día de no pactar con el PSOE y formar parte del equipo de Gobierno municipal -como sí se hizo por ejemplo en la Diputación-, y asegura Valdeón que eso significa que han apoyado a veces al equipo de Diez y otras han votado con el PP, siempre bajo la premisa de “qué era bueno para León”. “No nos fiamos de ninguno de los dos, de hecho los dos nos han defraudado siempre a nivel local, provincial y regional, incluso”. Por eso, su planteamiento es que “seguiremos tirando únicamente por León, sin mirar para los lados”.

Educación y servicios públicos

El otro nombre en liza es el de Seila Fernández Domínguez, obtuvo su primera acta de concejala en 2023 gracias al éxito electoral que hizo que UPL obtuviera cinco puesto en el plenario municipal. ILEÓN ha contactado con ella, así como con otros dos nombres que llevan meses sonando entre la militancia leonesista como posibles aspirantes a la sucesión de Sendino en el liderazgo municipal de la capital. Y ella deja abierta la puerta a aspirar a defender su propia candidatura en unas primarias: “Todavía no sé lo que voy a hacer, cuando se abra ese proceso decidiré”. Y es que señala que “como siempre me pongo a disposición del partido para lo que necesite, como he hecho estos años como concejala y secretaria de Educación” en la UPL a nivel orgánico. Pero de lo que no duda es que “UPL tiene que tener una lista ganadora para el Ayuntamiento de León”.

Fernández, maestra y directora de colegio público, durante los últimos años ha sido la voz leonesista en materia de Educación, con una férrea defensa de la educación pública, tanto bajo la dirección de Luis Mariano Santos como de ahora Alicia Gallego. Su última acción ha sido denunciar que el contrato de fruta y verdura a los colegios de la Junta de Castilla y León obvia los productos locales primando el precio aunque vengan de otras zonas lejanas del país.

El otro nombre que circulaba de forma insistente en la militancia leonesista es el del abogado Bernardo García Angulo, que ha señalado a este medio que presentarse a las primarias para la Alcaldía de León “no se me ha pasado por la cabeza”. El abogado es también miembro de la actual dirección leonesista como secretario de Estudios Autonómicos.

Un proceso interno sin fecha y un objetivo claro

El proceso de selección de candidaturas de UPL todavía no está abierto, con un partido con un fuerte componente asambleario. Será el Consejo General del partido, principal órgano entre congresos, quien decida cómo y cuándo se abre el proceso de selección de sus candidatos, con el puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de León como plaza más disputada. Sobre todo porque la expectativa en apariencia más razonable es que nuevamente UPL pueda ser la clave de la gobernabilidad en el primer ayuntamiento de la provincia. Actualmente cuenta con cinco concejales, dos de ellos los que primero se han situado en la línea de salida, frente a nueve del PP y once del PSOE, cerrando la lista los dos que se presentaron por Vox pero que pronto se 'rompieron' con un tránsfuga.

La Diputación de León iniciará los trámites para abandonar el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL). Así se ha aprobado hoy en el Pleno de la institución al aprobarse una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por sus socios de gobierno en la institución provincial, el PSOE. La propuesta sólo contó con el apoyo de ambos grupos, ya que el Partido Popular optó por la abstención y el único diputado de Vox votó en contra, ambos criticando la decisión.

El acuerdo supone que la institución provincial dejará de formar parte de la fundación autonómica creada en 2002 para la promoción y difusión de la lengua española, sobre todo por considerar que su función al final resultaba una duplicidad respecto a la labor del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la propia Diputación. La aportación leonesa desde su incorporación ascendía a 10.000 euros anuales. Hay que recordar que el ILCyL estuvo largo tiempo presidido por el actual consejero de Cultura en funciones de la Junta, Gonzalo Santonja, no sin sonoros escándalos con hasta triple sueldo. Santonja fue elegido en su día por Vox para este puerto cuando cogobernó con el PP en la Junta la mitad del pasado mandato, y que sigue en el Gobierno a pesar de romper el pacto la formación de Abascal, por lo que ha sido acusado de ser un traidor.

El diputado de Cultura y portavoz de la iniciativa, el leonesista Emilio Martínez, justificó la salida del patronato por la mencionada “duplicidad de funciones”. Defendió que el ILC ya desarrolla desde hace décadas labores de promoción literaria, publicaciones, actividades bibliotecarias y apoyo cultural en toda la provincia, tanto en español como en leonés, por lo que consideró injustificado seguir manteniendo la aportación económica al organismo autonómico.

Durante su intervención, el diputado leonesista recordó que la adhesión de la Diputación al proyecto fundacional se aprobó en 1999 con el respaldo de PSOE y UPL y con el debate ya abierto sobre la ubicación de la sede, finalmente instalada en Burgos pese a que entonces varios grupos defendían que estuviese en León. También rememoró que los leonesistas ya plantearon abandonar el patronato hace dos décadas, aunque aquella propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

Otro de los argumentos centrales de la moción fue la “escasa actividad” desarrollada por el ILCYL en la provincia leonesa. UPL expuso datos comparativos de programación cultural desde 2018 para sostener que León ha quedado muy por detrás de Burgos o Valladolid en número de congresos, conferencias, exposiciones o encuentros organizados por la fundación. Según los datos expuestos en el Pleno, en 2019 el instituto desarrolló únicamente dos actividades en León frente a las 35 celebradas en Burgos y las 13 de Valladolid. La situación solo comenzó a cambiar parcialmente en 2024, cuando el número de actos aumentó hasta 17.

“Nula atención” al leonés y al gallego en El Bierzo

La formación leonesista también reprochó al instituto la “nula atención” prestada al leonés y al gallego del Bierzo, lenguas protegidas por el Estatuto de Autonomía, y defendió que es el Instituto Leonés de Cultura el que sí mantiene líneas específicas de apoyo a ambas realidades lingüísticas mediante premios y publicaciones.

El debate derivó además en un cruce político sobre el papel del organismo y la defensa del español. El portavoz del PP, David Fernández, cuestionó que una decisión de este alcance se llevase al Pleno mediante moción y no tras un estudio previo en Comisión. Sin embargo, su grupo no votó en contra sino que terminó absteniéndose al considerar “honesta” la aportación económica anual de la Diputación. Fernández acusó a UPL de “no querer defender la lengua española” y reivindicó además la importancia económica que el español tiene en territorios de la Región Leonesa como Salamanca y Zamora, por ejemplo a través de la Universidad salmantina, pionera en Europa.

Más contundente se mostró Vox, cuyo diputado Fernando Prieto Olite votó en contra de la propuesta al considerar que abandonar el patronato supone renunciar a influir dentro del organismo. A su juicio, el Instituto Leonés de Cultura y el ILCYL son “complementarios” y no entidades que compitan. “La solución no es marcharse de los sitios sino influir” estando dentro, sostuvo, aunque admitió que la actividad desarrollada por el instituto en León es “mejorable”.

La moción aprobada recoge también que otros ayuntamientos, entre ellos León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo o Miranda de Ebro, ya abandonaron anteriormente el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por considerar insuficiente el retorno cultural de su participación.

La situación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo suma un nuevo episodio de tensión. La plantilla municipal, formada por unas 300 personas, todavía no ha cobrado este miércoles 27 de mayo la nómina correspondiente al mes de abril, un retraso que ha provocado una sonora protesta de los trabajadores a las puertas del Consistorio.

Funcionarios y personal laboral se concentraron durante la mañana con pancartas, silbatos y gritos de protesta para exigir el pago inmediato de sus salarios después de casi un mes de demora. La movilización obligó incluso a representantes del equipo de Gobierno en minoría de UPL, entre ellos la alcaldesa Ana María Fernádez Caurel, a bajar a la calle para dar explicaciones a los trabajadores.

El malestar en la plantilla es importante porque la situación afecta a la totalidad de los servicios municipales del tercer municipio con más población de la provincia de León. Además, muchos empleados denuncian que el retraso llega en un contexto de creciente desorganización interna y problemas administrativos acumulados desde hace meses.

UPL responsabiliza a Intervención y Tesorería

Tras la protesta, el equipo de Gobierno emitió una nota de prensa en la que pide disculpas por el retraso, aunque al mismo tiempo atribuye la situación a “circunstancias administrativas” relacionadas con el relevo en la Intervención municipal, la habilitación de firmas, un reparo técnico y la necesidad de volver a activar permisos de Tesorería.

El Ayuntamiento sostiene que el decreto y los pagos ya han sido firmados en el banco para completar la tramitación, aunque reconoce que la situación “no es justificable” y lamenta los perjuicios ocasionados a los trabajadores.

Sin embargo, el comunicado municipal ha generado todavía más malestar entre parte de la plantilla y representantes sindicales al considerar que el equipo de Gobierno trata de desplazar la responsabilidad política hacia altos funcionarios municipales, especialmente hacia los departamentos de Intervención y Tesorería.

La situación resulta especialmente delicada porque el mes de mayo está prácticamente finalizado y sigue sin concretarse cuándo se abonará finalmente la nómina pendiente de abril. Tampoco existe por el momento una fecha clara para el pago de la nómina correspondiente a mayo, que debería cobrarse en apenas unos días.

El proyecto 'estrella' del equipo de Gobierno de la Diputación de León, la gran novedad de su segundo mandato bajo pacto entre socialistas y leonesistas, el de poner en marcha una Oficina de Expropiaciones que acelere disponer de terrenos para desbloquear numerosos proyectos de arreglos de carreteras, finalmente será un proyecto 'estrella' privatizado.

Además, la excusa oficial ofrecida no es otra que sólo en manos de empresas privadas conseguirá agilizar esas expropiaciones para poner a disposición de administraciones públicas -ayuntamientos y la propia institución provincial- el suelo que se necesita para acometer los proyectos de reformas de viales que presentan años, incluso décadas, de desidia y falta de inversión.

Así se ha dado a conocer en el Pleno provincial celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes. A preguntas de la oposición del Partido Popular (PP), tanto el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, como el vicepresidente de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Roberto Aller, admitieron que se pondrá en marcha una licitación pública con la cuantía reservada en el actual presupuesto, 800.000 euros, para repartir ese dinero entre empresas privadas que se encarguen de realizar todos los trámites expropiatorios y poner los terrenos en bandeja a la Diputación y a los municipios afectados.

Aller llegó a expresar, incluso, que esta fórmula hará que sea “más ágil que desde el servicio (de Carreteras) sacarlos adelante”, dejando entrever que si de esas expropiaciones se encargaran los funcionarios públicos de la Diputación los plazos se dispararían. Idea que apuntaló el propio presidente del PSOE, al confirmar que “se va a subcontratar precisamente para que haya más agilidad”.

Aller, que desde el equipo de Gobierno insistía el año pasado en que la Oficina de Expropiaciones se crearía y funcionaría antes de final del pasado año, lo cual también se retrasó varios meses, detalló ahora la fórmula privatizadora que se empleará porque “esto lleva mucho trabajo”: ultimar unos pliegos y licitar un total de siete carreteras que se consideran las más acuciantes porque acumulan años de espera, y de desesperación de los municipios afectados.

Las siete carreteras, al detalle

Cada una de las siete tendrán sus condiciones, de manera que podrán adjudicarse a empresas distintas para realizar todo el trámite expropiatorio previo necesario a las obras de reforma, desde la farragosa localización de los propietarios a toda la burocracia posterior. O dicho por boca del vicepresidente y también diputado provincial de Infraestructuras: la intención es “que cada empresa trabaje en cada carretera necesaria”.

Los siete viales concretos son: la carretera de Santovenia de la Valdoncina a Chozas -con años de críticas y exigencias-; la de Santa María del Monte Cea; Trabadelo en El Bierzo; otra carretera en el municipio de Valdefresno, en la Sobarriba; la que en la comarca de la Cepeda va desde Villaobispo de Otero a Magaz; otra más en Oseja de Sajambre, en Picos de Europa; y finalmente en La Ercina.

En todas ellas, los proyectos de ejecución hace tiempo que están terminados por parte de la Diputación y las inversiones para su arreglo integral reservadas desde el punto de vista económico, vía presupuestos. Pero la falta de disposición de los terrenos sigue bloqueando el inicio de las obras, mientras se siguen acumulando desperfectos y peligros en todas ellas.

Este enfoque de privatizar para agilizar los procesos de la Oficina de Expropiaciones hizo que en el Pleno de hoy volviera a sobrevolar el debate general sobre los retrasos y dilaciones en las ejecuciones de todo tipo de proyectos, planes de obras o reparto de subvenciones por parte de la Diputación leonesa. Un problema endémico que el actual presidente, Álvarez Courel, ha resumido muchas veces con la expresión de que “las cosas de Palacio (de los Gumzanes) van despacio”. Gobierne quien gobierne.

Ante otros ruegos del portavoz del Grupo Popular, David Fernández, de desbloquear y acelerar desde las expropiaciones a numerosos planes vitales para los pueblos, como por ejemplo el de Pequeñas obras de Juntas Vecinales, el propio Courel lanzó una original frase, a medio camino entre lamento e ironía: “Me duele no tener una varita mágica, tipo Harry Potter, para tener todas las obras terminadas” dentro de plazos más razonables y rápidos.

La asociación Naturzamora y el partido UPL han denunciado el deterioro ambiental de la Salina Grande de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, en la que han proliferado las algas, lo que puede suponer un riesgo para las aves de la zona.

Debido a la situación, la UPL ha registrado una serie de preguntas en las Cortes de Castilla y León y ha presentado un escrito de denuncia ante el Ayuntamiento de Villafáfila en el que alerta de la situación, según ha informado la formación leonesista en un comunicado.

La proliferación masiva de algas en la que es la principal laguna de la reserva de Villafáfila se ha detectado en los dos últimos años junto a un incremento de nutrientes en el agua, lo que podría afectar negativamente a distintas especies de aves protegidas y a su reproducción.

Naturzamora y UPL han apuntado a que la posible causa de esa proliferación pueda estar en el funcionamiento deficiente de la estación depuradora de aguas residuales de Villafáfila.

Han alertado de que ese hecho, junto al progresivo proceso de colmatación por sedimentos en distintas zonas del humedal, podría recudir la capacidad hidráulica de las lagunas y afectar al equilibrio ecológico en la Salina Grande.

Ante la posible relación entre estas circunstancias y el deterioro medioambiental de ese espacio natural, UPL ha reclamado en su denuncia que se realice una evaluación técnica de la situación y que, en el caso de confirmarse las deficiencias, se adopten las medidas correctoras necesarias de forma urgente.

Por otra parte, en la batería de preguntas en las Cortes autonómicas, UPL ha preguntado también por ese deterioro ambiental y ha pedido conocer si la Junta de Castilla y León es conocedora de ello y si ha realizado un análisis oficial para determinar el origen de los nitratos.

Del mismo modo, ha querido saber el estado de la depuradora de aguas residuales de Villafáfila, las inspecciones técnicas que ha realizado en ella Somacyl o la Junta de Castilla y León y si se ha producido algún vertido.

También ha preguntado por si existe algún plan de restauración de las islas construidas hace treinta años en las lagunas de Villafáfila o algún plan para mitigar la colmatación por sedimentos, además de interrogar sobre las inversiones públicas en la reserva natural de las lagunas de Villafáfila.

Los ayuntamientos de Truchas y Castrillo de Cabrera han unido sus voces para reproducir el “clamor unánime” de sus vecinos al mostrar su “profunda preocupación, malestar e indignación” ante “el intolerable estado de abandono y deterioro que presentan las carreteras de la red provincial” en sendos municipios, por lo que apremian a tomar medidas al respecto a la Diputación de León.

Remarcando que en este caso la titularidad y el mantenimiento de los viales corresponde en exclusiva a la Diputación Provincial, Truchas y Castrillo asegura que “la falta de conservación”de las carreteras “ha alcanzado un límite insostenible”. Y advierte de una triple consecuencia de esta situación al considerar que “compromete gravemente la seguridad vial diaria”, al tiempo que “dificulta de forma extrema el acceso a servicios públicos esenciales” como los sanitarios y “ahoga el desarrollo socioeconómico” de la Cabrera, comarca muy afectada por el vaciamiento demográfico.

Y es que ambos ayuntamientos recriminan que el estado de los viales relega a sus habitantes a padecer unas comunicaciones que tachan de “tercermundistas” al referirse tanto a la carretera que une Truchas con Ponferrada a través del Morredero como la que va a Puebla de Sanabria (Zamora) desde Truchas o la que enlaza con Puente de Domingo Flórez pasando por el municipio de Castrillo de Cabrera.

Tanto el alcalde de Truchas, Francisco Simón (PSOE), como su homólogo en Castrillo de Cabrera, Roberto Liñán (PP), se dirigen al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), y al diputado de Fomento e Infraestructuras, Roberto Aller (UPL), para instarlos a adjudicar y comenzar las obras correspondientes a los proyectos técnicos ya aprobados; ejecutar un plan de actuación urgente y extraordinario de reasfaltado, acondicionamiento, limpieza de cunetas y mejora de la señalización de carreteras de la red provincial en Castrillo; y convocar una reunión formal sobre el terreno con los regidores para establecer un calendario de intervenciones “claro, vinculante y transparente”.

Simón se ha pronunciado en estos términos: “Es incomprensible y doloroso que, en el caso de Truchas, contemos con un proyecto técnico de arreglo aprobado desde hace años y que la Diputación siga sin adjudicar las obras. Desde este ayuntamiento hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, agilizando trámites y exigiendo soluciones. No es un problema de falta de fondos, ya que la Diputación presume constantemente de remanentes millonarios de dinero; es una falta absoluta de voluntad política y de gestión que condena a nuestro pueblo”.

“Vivir en el medio rural”, apostilla desde Castrillo Liñán, “no puede significar tener derechos de segunda categoría. Las condiciones en las que se encuentran nuestras comunicaciones suponen un castigo añadido a la despoblación. Si las administraciones superiores hablan de fijar población, deben empezar por ejecutar los presupuestos donde más se necesita y garantizar carreteras dignas y seguras de forma inmediata”.

La falta de “consenso” político entre todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León y el “error nuestro” de haber ofrecido en un principio un día con “bodas programadas hace tiempo” en el salón de plenos. Esos son los principales motivos por los que se ha denegado finalmente un acto institucional de recuerdo, con entrega a sus descendientes de restos recién exhumados, de leoneses 'paseados' por pistoleros falangistas tras el golpe de Estado de 1936. Uno de ellos, Miguel Carro, ejecutado precisamente por haber sido concejal del PSOE en el propio Consistorio leonés.

Este doble argumento ha sido la explicación pública ofrecida hoy por el actual alcalde socialista, José Antonio Diez, tras las críticas públicas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El colectivo censuró que el acto de entrega de los restos que aparecieron hace meses en una fosa en Mansilla de las Mulas se autorizara primero para el próximo 5 de junio, para después cambiar de postura y plantearse varias excusas para vetar finalmente su celebración.

Para empezar, el regidor aseguró que le “sorprende” la petición del uso del salón de plenos para hacer esa entrega “desde un punto de vista institucional”, a pesar de admitir que sí se otorgó permiso en un primer momento. Y ya entonces, se cometió “el error nuestro”, admitió Diez, de ofrecer la fecha de un viernes, un día en el que “había bodas y evidentemente, no se pueden cambiar porque había mucho tiempo programadas”: “Parece que eso ya no les gustó absolutamente nada”.

Pero el motivo definitivo esgrimido por el regidor fue que “no hubo consenso -político- para ese tipo de acto”. “La institución la representamos muchas formaciones políticas y no había un acuerdo claro para realizar este acto en el salón de plenos municipal, y por lo tanto, yo les he dado otras opciones que ninguna les ha parecido adecuada”, aseguró.

La posición de todos los partidos

Preguntado por los periodistas, detalló que en realidad ningún partido vio con buenos ojos el acto, a pesar de que Alcaldía lo había admitido en un primer momento: “La UPL en principio no entendía muy bien lo de que (se homenajeara a) otras personas que no habían sido concejales del Ayuntamiento, incluso algunos que no eran ni del municipio, pero siempre dijo que aquello que decidiéramos lo iban a respaldar. El Partido Popular no lo veía tampoco y al máximo consenso que se pudo llegar fue al tema del concejal Miguel Carro. Y Vox, por supuesto, dijo que no les habláramos de estos temas”.

Sin embargo, el propio Diez transmitió algunas dudas al respecto del planteamiento al que, en principio, se había dado el visto bueno, argumentando la ARMH se enrrocó: “Yo les he propuesto poder hacerlo en otro lugar, como también presidente que fue del partido (por Carro), en la Agrupación Socialista de León, hacer el acto en el partido… pero parece ser que ellos no querían tampoco que el alcalde tuviera mucha visibilidad en el acto”, justificó, de modo que al final se ha denegado definitivamente.

Una denegación final duramente criticada por la asociación, que ahora intenta pedir que se pueda realizar un acto de memoria y desagravio en el Hostal de San Marcos, actual Parador Nacional. El motivo es que fue allí, entonces campo de concentración del régimen golpista de Francisco Franco, y de donde fueron objeto de una 'saca' los cuatro republicanos 'paseados' a manos de pistoleros falangistas el 18 de diciembre de 1936, entre otros muchos.

'Ataques' desde las propias filas

El caso, además, ha servido de caldo de cultivo para la actual lucha interna del PSOE, de buena parte de la Ejecutiva provincial, que lidera Javier Alfonso Cendón, contra el alcalde de León, José Antonio Diez, y viceversa. Por eso, destacados dirigentes del partido han censurado la postura del regidor leonés desde sus perfiles de redes sociales, entre ellos la leonesa número dos del PSOE de Castilla y León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

“Personalmente me siento profundamente avergonzada. Hace tiempo que no entiendo algunas políticas que van totalmente en contra de los valores y principios que defendemos como partido”, manifestaba Rubio.

Mientras Courel incluso añadía las críticas de Diez al recién imputado expresidente del Gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevar su ataque: “Se niega un acto de la ARMH, no se quitan los nombres franquistas de las calles de León, y se ”condena sin juicio“ al único leonés que ha sido presidente del Gobierno de España. ¿Seguro que el alcalde de León es socialista?”, espetó.

Todo el mismo día en que Diez se volvía a reivindicar como candidato a repetir en la lista del PSOE a la Alcaldía de la capital, argumentando que la grave imputación judicial de Zapatero por presunta corrupción ponga freno a las maniobras para intentar evitar esa repetición.