La provincia leonesa, una de las que más sufre la despoblación en España, ha conseguido 3.329.530,64 euros de financiación de la última convocatoria, la de 2025, de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Gobierno.

Se trata de un total de 16 proyectos de instituciones públicas leonesas que han pasado el corte y conseguido recibir apoyo económico estatal como proyectos innovadores que buscan por diferentes caminos la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. La cifra difiere de los apenas 10 y poco más de 2 millones de euros que destacaba una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Pero casi tan llamativo como el dinamismo de muchos ayuntamientos leoneses por obtener dinero para sus diferentes planes de freno y recuperación poblacional ha resultado el hecho de que la Diputación de León, que cogobierna el PSOE junto a Unión del Pueblo Leonés (UPL) decidió no concurrir a la convocatoria y por lo tanto no presentó en plazo ninguna iniciativa a esta línea de ayudas. Esa dejadez es el único motivo por el cual la institución provincial leonesa no aparece en el listado dado hoy a conocer por Miteco como los agraciados.

La situación es más sorprendente aún si se comprueba que al menos 18 diputaciones provinciales o forales sí presentaron proyectos que aparecen con propuesta favorable. En la lista están los de Cuenca, Ourense, Sevilla, Albacete, Cáceres, Valencia, Castellón, Ciudad Real, Huesca, Álava, Huelva, Toledo, Pontevedra, Córdoba y cuatro de la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León, como Valladolid, Burgos y las provincias de la Región leonesa Zamora y Salamanca.

Llama aún más la atención la inclusión de Valladollid, con un proyecto que obtiene 241.497 euros llamado genéricamente 'Transformación territorial y demográfica en la provincia de Valladolid'. Solo tres diputaciones peticionarias, y por diferentes motivos, se quedaron sin dinero estatal: Teruel, Segovia y Almería.

Y para rizar aún más el rizo, hasta la Comunidad de Madrid se alzó con dinero estatal, 267.478,19 euros, para la implantación del transporte a la demanda en el entorno rural de la Sierra Oeste. Comparando, se puede destacar también que la Junta de Castilla y León no planteó proyectos pero en realidad tiene una explicación: la convocatoria sólo permitía solicitudes de autonomías uniprovinciales.

El listado completo en León

El definitivo reparto leonés, que detallamos en el documento adjunto al final de esta información, incluye 198.152,58 euros para 'Convive Gordoncillo'; 200.000 para 'La Casa del Lúpulo del Órbigo', en Carrizo; 299.168,30 para el proyecto conjunto de Fabero y Peranzanes 'Bosques de bienestar y calidad de vida'; y 178.616,25 para la Plataforma Comarcal Piloto de Gestión Inteligente de Residuos y Economía Circular en Entornos Rurales de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Esla.

También reciben financiación el municipio berciano de Oencia, con 193.200,01 euros para la recuperación del castañar y la reactivación económica tras los incendios de 2025; Molinaseca, con 200.000 euros para 'Molina-Activa'; Rioseco de Tapia, con 196.000 euros para su centro de formación e interpretación micológica; y Villagatón, en la comarca de la Cepeda, con 180.000 euros para 'Hilando Futuro'.

El listado se completa con los 180.000 euros concedidos a Riaño para su Centro de Día para Personas Mayores; 170.543,50 para la planta de clasificación y valorización de la castaña de Sobrado; 297.000 para el proyecto de microreservas y servicios ecosistémicos de Puebla de Lillo y Reyero; 199.950 para 'Veceira Corullón'; 180.000 para 'El Camino, una salida', de Igüeña; 198.000 para la Base de Investigación y Operaciones de Cabrillanes, en Babia; y 189.000 euros para 'Porta Ancares', el proyecto de camping sostenible y señalización e interpretación territorial del Valle de Ancares.

Incluso una institución supramunicipal, como es el Consejo Comarcal del Bierzo, al contrario que la Diputación, sí presentó proyecto, llamado 'Terra Renata', y consiguió un total de 269.900 euros para financiarlo.

Otros en el tintero

Hay que resaltar que también hubo algunos proyectos leoneses que superaron la valoración pero al final se quedaron sin subvención por falta de presupuesto suficiente del Miteco. Fueron cinco iniciativas que quedan en lista de reserva y suman 609.652,56 euros de ayuda solicitada: Murias de Paredes, con 195.539,13 euros para servicios de proximidad y empleo; la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, con 39.052,80 para 'Biosferia'; Castrillo de Cabrera, con 108.000 para un anillo verde y la rehabilitación de su albergue; Benavides de Órbigo, con 195.060,63 para 'Biblioteca en ruta'; y la Junta Vecinal de Salce, del municipio omañés de Riello, con 72.000 euros para recuperar antiguas veceras, un sistema casi perdido de turnos de ganado.

Por último, hay otra lista final que suma once proyectos leoneses que han resultado desestimados o excluidos por diferentes motivos, que suman otros 2,18 millones de euros de ayudas solicitadas que no llegarán. Así son los casos de los presentados por los municipios de Castrocontrigo, Llamas de la Ribera, Almanza, Laguna de Negrillos, Sahagún, Villaquejida y Matallana de Torío.

Pero sobre todo muchos de la comarca de El Bierzo: Camponaraya, Noceda del Bierzo, Páramo del Sil, Vega de Espinareda, San Facundo (Torre del Bierzo), Villafranca del Bierzo, Balboa y Bembibre, en el que precisamente es concejal el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel. Ninguna de ellas alcanzaron, según el Ministerio, las puntuaciones mínimas exigidas o bien incurrieron en incidencias que impidieron su selección.

40 millones para 189 proyectos en España

En general, la convocatoria del Miteco movilizó 40 millones de euros para 189 proyectos en toda España, después de recibir más de 1.200 solicitudes. Castilla y León, con 37 proyectos seleccionados, ha sido la segunda comunidad con mayor número de iniciativas financiadas. La propia nota oficial señala que las ayudas pretenden generar nuevas oportunidades económicas y sociales, diversificar las economías locales y contribuir a fijar y atraer población, que eran los fines de las iniciativas.

Aquí dejamos los listados oficiales completos de las subvenciones a proyectos innovadores promovidos por entidades locales para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación en la provincia de León, Miteco 2025.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha aplaudido la aprobación en las Cortes de Castilla y León de su iniciativa para instar al Gobierno central a reclasificar a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la categoría C1, con el objetivo de poner fin a la “discriminación profesional” que sufre el colectivo.

La formación leonesista ha valorado este jueves en un comunicado que la Comisión de Sanidad y Bienestar Social haya dado luz verde a tres de los cuatro puntos de su proposición no de ley (PNL). Mediante esta resolución, el Parlamento autonómico también reclamará al Ejecutivo central que reconozca a las TCAE como profesión sanitaria y actualice sus funciones, ancladas en una normativa de 1973. El punto relativo a la subida a la categoría C1 ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, que se ha abstenido.

En su defensa de la iniciativa, la procuradora de UPL, Rosa Quintanilla, ha recordado que a estas profesionales se les exige el título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional, titulación que el Estatuto Básico del Empleado Público equipara al subgrupo C1. Sin embargo, ha denunciado que formalmente continúan encuadradas en el grupo C2, lo que les supone una pérdida retributiva continuada.

Desde UPL han incidido en que mantener esta clasificación por debajo de la titulación exigida contribuye a “perpetuar la brecha salarial de género”, al tratarse de una profesión mayoritariamente femenina.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado este viernes al Ayuntamiento de Santas Martas y a las juntas vecinales de esa zona de la provincia de León que actúen de forma conjunta contra el proyecto de ampliación de una explotación avícola en Malillos de los Oteros por sus posibles efectos sobre los recursos hídricos, los humedales y la biodiversidad de la zona.

La petición la ha realizado este viernes, a través de un comunicado, la pedánea de UPL en Malillos de los Oteros, Luisa Fabián, quien ha considerado necesario que las administraciones locales defiendan conjuntamente los intereses de los vecinos ante dicha ampliación.

El proyecto, actualmente sometido a tramitación ambiental, contempla una extracción máxima de 42.400 metros cúbicos de agua al año de la masa de agua subterránea del Terciario Detrítico del Esla-Cea.

En las alegaciones presentadas por la UPL se advierte de los posibles efectos que esta extracción y la actividad ganadera intensiva pueden tener sobre los recursos hídricos, los humedales y la biodiversidad de la zona.

Según ha explicado Fabián, la ampliación hasta las 450.272 plazas supone un incremento de 148.272 gallinas respecto a la capacidad existente, según la documentación aportada.

Entre las principales preocupaciones planteadas figuran la posible afección a humedales como la Laguna del Valle, Laguna Icebre, Laguna de Villagaza y Laguna Alonso, así como a los arroyos de Santa Olaja y Valdearcos.

Las alegaciones señalan también el riesgo de contaminación de las aguas por la gestión de la gallinaza y el impacto que el incremento de la actividad podría tener sobre los ecosistemas y las especies que dependen de estos espacios. 

La Montaña Oriental leonesa y la Tierra de la Reina se han desperado con la mala noticia del fallecimiento de uno de sus alcaldes más veteranos, Tomás de la Sierra, que ha fallecido a los 84 años de edad después de sufrir los problemas de salud que le hicieron abandonar voluntariamente el bastón de mando del municipio de Boca de Huérgano a principios del año 2024.

El veterano político, que llegó a gobernar un total de 24 años el Consistorio de Boca, de manera indistinta bajo las siglas de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Partido Popular (PP), llevaba este tiempo con su familia en Barcelona, tras haber cumplido el último pacto municipal tras las elecciones de 2023 y dar el relevo de la Alcaldía a su sucesor, el leonesista Óscar Fernández.

De la Sierra se había convertido, durante tantos años de protagonismo político, en una de las caras y nombres más conocidos de la política local de la Montaña Oriental leonesa, ayudado por el hecho de que, además de alcalde, llegó ostentar la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de Riaño y del Grupo de Acción Local (GAL) Montaña de Riaño, adquiriendo así una amplia influencia. También es muy recordado por ser uno de los más firmes defensores de la puesta en marcha del proyecto de una estación de esquí de San Glorio, proyecto que durante años se reivindicó y diseñó y finalmente decayó por imposiciones de carácter medioambiental de la Junta de Castilla y León, además de algunas decisiones judiciales d ealtas instancias.

Precisamente la falta de apoyo para esta y otras reivindicaciones de De la Serra hizo que en su periplo municipal cambiara dos veces de siglas a la hora de encabezar las listas electorales. Y es que cuando consiguió ascender a la Alcaldía por primera vez lo hizo en 1999 bajo las siglas leonesistas para, después, presentarse y vencer bajo las del PP a lo largo de seis legislaturas, antes de retornar a UPL de nuevo en las elecciones de 2019, que volvió a ganar.

Condolencias del PP

El PP lenés ha emitido una nota de prensa de condolencias por el fallecimiento de De la Sierra. Resaltan “su trabajo incansable por el desarrollo de la zona oriental de la provincia”, que a su juicio “debe servir de ejemplo para todos los alcaldes, sobre todo de los municipios más pequeños, cuya implicación es esencial para garantizar que el medio rural de la provincia no decaiga”. “Desde el Partido Popular reconocemos en Tomás de la Sierra esa labor abnegada, infatigable de los alcaldes y concejales del medio rural de la provincia”, concluyen.

La UPL se suma a la denuncia de los sindicatos por el cierre y traslado a Valladolid del actual centro de formación de Adif en León por no realizar obras de mantenimiento, asegurando en una nota de prensa que “en una nueva vuelta de tuerca el ministro Puente no escatima esfuerzos para ningunear a León en cuanto la ocasión se le plantea”.

Para la formación política leonesista “el que Adif se plantee la construcción de un nuevo centro de formación para el año 2030 pero el previo cierre en el año 2026 del centro de formación existente, no supone más que un brindis al sol y todos sabemos que las infraestructuras que se prometen a largo plazo, al final se incumplen sin solución de continuidad y ejemplos tenemos como la estación provisional de Renfe, o la segunda fase de San Marcos, y cabe preguntarse qué sucede con la formación en el periodo de 2027 a 2030, porque es evidente que en algún lado tendrá que dar Adif la formación que realizaba en León si se procede al cierre del centro de León, y mucho nos tememos que la idea sea el traslado de estas instalaciones a Valladolid y nunca más vuelvan a León”.

Por todo ello, apoyan a los sindicatos asegurando que “lo que procede es mantener y acondicionar las actuales instalaciones acometiendo las reparaciones necesarias en el actual edificio o buscar una ubicación provisional dentro del término de León e iniciar las obras de un nuevo centro inmediatamente y no esperar al año 2030, y si ese es el horizonte que se plantea Adif, insistimos, la solución es buscar un centro provisional o, la ejecución de obras de mantenimiento de las actuales instalaciones”.

Así, desde el Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León exigen “al ministro Puente que aclare qué es lo que pretende hacer con el centro de formación de Adif de León y no utilice la vía de su mano dictatorial para arrimar el ascua a Valladolid”.

Consultado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) al respecto de la noticia que publicó ayer ILEÓn por esta denuncia, este periódico digital no ha recibido ninguna contestación al respecto.

El papel jugado por la Junta de Castilla y León en la disputa por dónde se sitúa el límite autonómico con Asturias, entre los municipios de Cabrillanes en León y Somiedo en Asturias, ha enfrentado este martes al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y al procurador de la UPL, Luis Mariano Santos.

El leonesista ha formulado una pregunta ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para demandar al Gobierno autonómico que no actúe como una “madrastra” que mira mal a la provincia de León y no interviene para ayudar a la localidad leonesa de Cabrillanes en un contencioso judicial con Somiedo, municipio al que sí ve respaldado por el Principado de Asturias.

En su primera respuesta, el consejero ha afirmado que la Junta “ha defendido, defiende y seguirá defendiendo a su territorio y a los municipios de Castilla y León”.

Ante esta contestación, Luis Mariano Santos ha alertado de que este contencioso que dura ya 26 años afecta a los límites autonómicos de Castilla y León y Asturias: “¿Dónde están los patriotas que hablan de límites territoriales?”, se ha preguntado el procurador de la UPL, quien ha pedido aclarar qué ha hecho la Junta en este litigio para recuperar un monte público desde 1992.

En su dúplica, González Gago ha afirmado que el Gobierno autonómico ha apoyado “intensamente a Cabrillanes”, ya que existe un “interés conjunto en defender” ese límite autonómico, municipal y provincial.

En este sentido, el consejero ha recordado que los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el contencioso planteado por Asturias y Somiedo ante la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León y que implican que más de 600 hectáreas han pasado a pertenecer al Ayuntamiento de Cabrillanes. González Gago ha añadido que “lógicamente” la otra parte interesada ha recurrido y será el Tribunal Supremo el que resuelva esta cuestión.

El consejero ha criticado que UPL pida la ayuda de la Junta pero no se refiera al papel jugado por la Diputación de León, al considerar que del mismo modo que está en juego el límite municipal de Cabrillanes y el autonómico de Castilla y León, también lo está el de la provincial de León. “Se ha equivocado de destinatario, los únicos que no han ayudado es la Diputación de León”, ha zanjado González Gago, quien ha incidido en que el alcalde de Cabrillanes además es diputado provincial y “no se le ha visto el pelo”.

El PSOE ha visto rechazada en las Cortes de Castilla y León su iniciativa para impulsar la protección y conservación de las sebes tradicionales de la provincia de León, un patrimonio natural, cultural y paisajístico en riesgo de desaparición. El bloque en el Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox impuso sus diez votos en contra frente a los siete que sumaron el Grupo Socialista y el Grupo Mixto en una Comisión de Medio Ambiente que preside el leonés y alcalde popular de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza.

Los procuradores del PSOE de León han reclamado, sin éxito, a la Junta de Castilla y León medidas para inventariarlas, protegerlas e incorporar su conservación a las políticas autonómicas de biodiversidad, infraestructura verde y lucha contra el cambio climático. Pero se han topado con la total negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

La vicesecretaria general del PSOECyL y procuradora por León, Nuria Rubio, ha lamentado el rechazo de la proposición no de ley (PNL) y ha advertido de que “las sebes son parte de la identidad de nuestros pueblos”, defendiendo que su conservación debe formar parte de las políticas públicas de protección del territorio. “Hoy pedimos algo tan sencillo y tan importante como que dejemos de mirar hacia otro lado mientras desaparecen”, señaló Rubio, quien ha recordado que las sebes están presentes en numerosas comarcas leonesas y representan una forma tradicional de entender y cuidar la tierra.

La dirigente socialista ha subrayado que las sebes no solo tienen un valor cultural y paisajístico, sino también una importante función ambiental. Sirven de refugio para numerosas especies, actúan como corredores ecológicos, protegen los suelos frente a la erosión, conservan la humedad, reducen los efectos del viento y favorecen la presencia de insectos polinizadores.

Rubio ha criticado que, pese a la importancia de estos elementos, “la Junta subvenciona actuaciones ambientales, pero no cuenta con una línea específica y reconocible para proteger este patrimonio leonés”. “Después de casi cuatro décadas gobernando esta comunidad, ya no puede alegar desconocimiento. Existe bibliografía, existen personas expertas y existe una preocupación creciente en el territorio”, ha matizado.

En este sentido, la propuesta socialista ha planteado elaborar un inventario de las sebes existentes en colaboración con ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones, investigadores y colectivos sociales.

Además, el PSOE ha considerado imprescindible que las futuras concentraciones parcelarias y actuaciones de transformación agraria incorporen criterios de conservación del paisaje tradicional. “No estamos diciendo que no se puedan transformar o mejorar las explotaciones. Estamos diciendo que no se puede entrar en un territorio como si antes no hubiera allí nada valioso”, ha explicado Rubio.

“Modernizar no puede significar destruir. Progreso no es borrar la memoria de una tierra. Progreso es conseguir que el campo tenga futuro sin renunciar a su identidad”, ha defendido.

La procuradora ha reclamado también campañas de divulgación y sensibilización, especialmente en los centros educativos y en el medio rural, para transmitir a las nuevas generaciones el valor de este patrimonio y el conocimiento tradicional asociado a su conservación. “Estoy convencida de que no se protege aquello que no se conoce y tampoco se ama aquello que nunca nos han enseñado a mirar”, ha afirmado Rubio.

Por último, la política lacianiega ha lamentado que la desaparición de las sebes es otra consecuencia del abandono del medio rural y ha reclamado a la Junta que actúe antes de que sea demasiado tarde. “No dejemos que se arranquen por indiferencia, por desconocimiento o por falta de voluntad política. Tenemos la oportunidad y la obligación de protegerlas”, ha concluido.

En parecidos términos se manifestó en que fue esta vez representante el Grupo Mixto, no por Unión del Pueblo Leonés (UPL) sino por Soria Ya!, José Ángel Ceña, cuyo apoyo no sirvió para que la iniciativa saliera adelante.

La nueva Facultad de Medicina de León que echa a andar este curso, y que hoy se ha inaugurado de manera oficial con desembarco institucional, parte de 80 alumnos que fijaba la memoria que fue aprobada por la Junta de Castilla y León. Tal y como ya anunció la semana pasada la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, como mucho ascenderá a una cifra final de 88 estudiantes de este pionero primer curso porque entraría dentro del 10% que como tope se permite superar.

Sin embargo, cuando la semana pasada se produjo la inauguración del también esperado arranque del primer curso de Medicina en la Universidad de Burgos, con presencia del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y del de Sanidad, el burgalés Alejandro Vázquez, se anunció que partiendo de una cifra de 72 plazas en su memoria oficial, el Campus burgalés ya duplicaba la cifra final de matriculados en el Grado de Medicina, ascendiendo finalmente a 159. En este caso, el tope del 10% permitido a mayores quedaba pulverizado: se trata de un 120% más.

Ante esta situación, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha criticado la desigual permisividad del Gobierno autonómico, formado por Partido Popular (PP) y Vox, cuando la Universidad de León sí cumple “escrupulosamente” con las plazas fijadas inicialmente para esos mismos estudios que en ambos campus se estrenan por primera vez. Por eso, en un comunicado se anuncia el registro de una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para depurar responsabilidades y conocer las causas de ese desigual incremento.

El Grupo Mixto parlamentario que lidera UPL espera que la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que dirige el leonés Suárez-Quiñones, explique por qué la UBU “se ha saltado la memoria de implantación aprobada para el Grado de Medicina”, creando a su juicio “un doble rasero” respecto al caso de León. Y de paso, reclaman del consejero “que detalle si su área va a actuar ante esta situación de perjuicio para la Universidad de León y, en caso afirmativo, qué medidas y acciones plantean tomar”.

Si no cambian las cosas, la desigualdad de alumnos entre ambas universidades será manifiesta. Pero no tan abultada. Fuentes oficiales de la UBU han detallado a ILEÓN que a fecha de hoy la cifra de alumnos matriculados no es de los 159 que se mencionó en el arranque del curso la semana pasada sino de 134, con una tendencia “a la baja”. Para que sea posible lo que sí tildan de “alta demanda” recibida, añaden, “se han duplicado grupos y prácticas”.

Matizan además que la cuantía final de alumnos del Grado de Medicina en la ciudad castellana no se conocerá como definitiva “hasta mediados de octubre”, cuando se cierre el plazo último para matriculaciones. Y desisten de entrar en polémica alguna, no detallando cuál es el motivo de haber superado con creces el límite del 10% permitido, un porcentaje que se se tiene en cuenta los 134 estudiantes ya matriculados hoy sería exactamente de más del 86%.

Una autopista leonesa sí pero la otra no. El Parlamento de Castilla y León ha aprobado hoy una iniciativa, a propuesta del Partido Popular (PP) en la que exige al Gobierno central el fin del peaje en la autopista León-Asturias, AP-66, pero no que se acabe el peaje en la otra que atenaza a la provincia leonesa, la León-Astorga (AP-71).

El texto aprobado, con el apoyo de sus socios de Vox en la Junta de Castilla y León, así como varios del Grupo Mixto como UPL, pero el rechazo del mayoritario en la oposición, el Grupo Socialista, también reclama que se ponga fin al pago de otra autopista que nada tiene que ver con la Comunidad, la AP-9; en Galicia. UPL planteó una enmienda que pedía incluir también entre los pagos a suprimir por completo la autopista León-Astorga, algo a lo que el Grupo Popular se negó, motivo por el que finalmente no se incluyó.

En otra parte de la proposición no de ley (PNL) que se alzó con 51 votos a favor, 29 en contra y una abstención en las Cortes de Castilla y León consiste en reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha bonificaciones a ese peaje en las restantes cuatro autopistas de la Comunidad en las condiciones que las que hace años beneficiar a los usuarios recurrentes de la León-Asturias, es decir, en la AP-51, la AP-6 con Madrid, la AP-61 y la AP-71 León-Astorga.

Por último, se recoge que de no hacerlo el Gobierno, la propia Junta de Castilla y León ponga en marcha “los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios necesarios” para ser ella la que ponga los fondos para aplicar una bonificación “mínima del 60%”, reza el acuerdo. Las condiciones para percibir esa rebaja, cuando se ponga en marcha, sería que hay que ser un conductor habitual, recurrente, con un número mínimo de viajes al mes, así como estar empadronado en algún municipio de la Comunidad.

Precisamente fue ese criterio, aparte del oportunismo electoralista, el que achacó el PSOE para defender su postura en contra de la iniciativa del PP. Un electoralismo que denota el hecho de que ese descuento del 60% ya ha sido prometido por el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco con antelación. Muy parecida postura y crítica lanzó la líder y portavoz en el Parlamento de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. Se sumó a las críticas, pero como UPL al voto favorable, el representante de Por Ávila, mientras el de Soria ya! se mostró ajeno al debate, por no haber ni siquiera una autopista en su provincia.

Defendiendo la iniciativa, la procuradora del PP por Segovia, Elena Rincón, aseguró que la Junta de Castilla y León vienen “defendiendo de forma incansable en beneficio de miles de castellanos y leoneses” su postura. Porque “esta iniciativa no habla solo de peajes: habla de cuánto cuesta vivir, trabajar y desplazarse en una Comunidad como la nuestra, donde las distancias marcan el día a día. No pedimos un trato de favor, sino igualdad, porque la equidad territorial no puede depender del código postal”, subrayó.

Recordó además que la petición de eliminación de los peajes de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66, del Huerna, se sustenta en un dictamen motivado que la Comisión Europea emitió el 17 de julio de 2025, que aprecia que las prórrogas de las concesiones vulneran el Derecho de la Unión. Obvió, eso sí, y se lo afearon los grupos de oposición, que fue precisamente el Gobierno del PP de José María Aznar quien alargó la concesión asturleonesa, de 2021 en que tenía que haber terminado hasta 2050.

UPL ha conseguido este viernes el apoyo del PSOE para que las Cortes de Castilla y León impulsen la búsqueda de una fórmula que permita a los trenes de Feve llegar de nuevo a la estación de Matallana de León, después de quince años sin servicio ferroviario en el centro de la ciudad. La proposición no de ley (PNL) presentada por el partido leonesista ha salido adelante con los votos favorables de UPL y PSOE y la abstención de PP y Vox, por lo que continuará su tramitación.

La iniciativa plantea la creación de un consorcio en el que participe la Junta de Castilla y León para asumir la gestión de la infraestructura de Adif correspondiente al tramo urbano de la antigua Feve y recuperar la llegada del tren hasta Matallana. También propone incorporar el tramo entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León.

El texto finalmente aprobado incorpora además una modificación planteada por el PP para que previamente se constituya una mesa técnica que estudie cuál es la fórmula técnica y jurídica más adecuada. UPL rechazó sustituir su propuesta por la enmienda 'popular', pero aceptó incorporar este punto a la iniciativa, lo que permitió que PP y Vox optaran finalmente por la abstención en lugar de votar en contra.

El debate volvió a poner sobre la mesa los quince años de interrupción del servicio ferroviario. El procurador de UPL Luis Mariano Santos habló de un periodo de “frustración y desesperanza” y repartió responsabilidades entre los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE por una conexión que sigue sin llegar al centro de León desde 2011.

“Pueden echarse la culpa unos a otros. La culpa es repartida”, señaló Santos, que defendió que la propuesta del consorcio no nace únicamente de UPL, sino de la Plataforma en Defensa de Feve y de la sociedad civil leonesa. “Yo vengo a hablar de una posible solución”, sostuvo, reclamando a las administraciones que se sienten juntas y busquen una salida.

PP y Vox rechazan que la Junta asuma la infraestructura

El PP compartió con UPL el objetivo de recuperar el tren hasta Matallana, pero rechazó la fórmula planteada por los leonesistas. La procuradora popular María José Álvarez defendió que “el tren tiene que volver al centro” y que debe hacerlo “sin trasbordos innecesarios y sin parches de sustituir vías por autobuses” como plantea el Ministerio de Transportes, pero consideró que trasladar a la Junta la infraestructura de Adif sería “jurídicamente inviable” y un “error político”.

Los 'populares' sostuvieron que la responsabilidad corresponde al Gobierno central y plantearon en su lugar reclamar la creación de una mesa técnica con Adif y Renfe, con participación activa de la Junta, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, para estudiar las alternativas que permitan recuperar la conexión.

La posición de Vox fue similar. Su procuradora Laura Dorreis afirmó que Feve “tiene que volver a llegar a la estación de Matallana” y reconoció su importancia para la vertebración territorial y para los habitantes de los pueblos de la línea, pero rechazó que la Junta asuma una competencia estatal. “Compartir el objetivo no significa compartir la fórmula”, resumió.

El PSOE respalda el consorcio como una “oportunidad”

El PSOE votó a favor de la propuesta. Su procurador Benjamín Fernández consideró que la creación de un consorcio puede representar “una oportunidad” para desbloquear la situación y reprochó al PP que plantee soluciones cuando no tiene las competencias y, al mismo tiempo, rechace fórmulas que requieren la participación de la Junta.

Los socialistas defendieron la importancia de la vía estrecha para la movilidad de los habitantes del norte de la provincia y destacaron su utilidad para acceder a servicios como la sanidad, la Universidad y otras gestiones cotidianas. Fernández sostuvo que la recuperación de la conexión ferroviaria “mejoraría la vida de las personas”.

Santos aprovechó su última intervención para volver a reclamar a los grupos que dejen de utilizar Feve como un enfrentamiento entre administraciones. Al PSOE le reprochó que apoye la iniciativa mientras gobierna en España y le pidió que traslade la reivindicación al ministro de Transportes, Óscar Puente. Al PP le reclamó que tenga “voz propia” más allá de los titulares y a Vox le acusó de hacer “un flaco favor al bipartidismo”.

La Plataforma de Feve lleva la reivindicación a los tribunales

La votación en las Cortes se produce, además, el mismo día en que la Plataforma en Defensa de Feve ha anunciado tres acciones judiciales para reclamar la recuperación de la conexión ferroviaria hasta el centro de León.

El colectivo sostiene que el Convenio Marco firmado en 2010, que debía culminar con la integración de Feve en la ciudad, sigue pendiente de cumplimiento y ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su supuesta inactividad. También ha presentado una querella contra un cargo de la Administración estatal y otro recurso contra el Ayuntamiento de León por su falta de colaboración en el procedimiento.

La plataforma considera que la integración ferroviaria no es un proyecto pendiente de una nueva decisión política, sino un compromiso adquirido hace 16 años que debe ejecutarse. Su portavoz, César Prieto, ha defendido que el proyecto acumula ya más de 40 millones de euros de inversión y ha recordado que han pasado quince años desde que los trenes dejaron de llegar al centro de León.

La iniciativa aprobada ahora por las Cortes no supone todavía que la Junta vaya a asumir la infraestructura, pero sí abre la puerta a estudiar esa posibilidad dentro de una fórmula de colaboración entre administraciones. La cuestión queda así de nuevo sobre la mesa política y judicial mientras la antigua Feve continúa sin recuperar su llegada a Matallana.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó hoy a la Junta una “presión real y permanente” para eliminar los peajes de las autopistas León-Asturias (AP-66) y León -Astorga (AP-71), mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enrocó en las Cortes en que lleva años reclamando al Gobierno la liberalización de estas autopistas y que la Junta pondrá en marcha algunas bonificaciones para usuarios habituales de la Comunidad.

El enfrentamiento se produjo este jueves durante una sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que la portavoz y líder de UPL, Alicia Gallego, reclamó a Mañueco una actuación más contundente ante el Gobierno de España para acabar con los peajes que afectan a las conexiones de León con Asturias y con Astorga.

Gallego recordó que UPL ha defendido de forma reiterada la liberalización de la autopista del Huerna y la León-Astorga y que dos iniciativas de la formación fueron aprobadas por unanimidad en las Cortes en 2021 y 2024. A su juicio, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han mantenido una situación que perjudica económica y demográficamente a León, mientras otras autopistas del país han quedado libres de peaje.

La procuradora leonesista puso especialmente el foco en la AP-71, al considerar “un absurdo diario” que exista una autopista de peaje con poco tráfico mientras la N-120 soporta una elevada circulación de vehículos pesados. Según defendió, esta situación incrementa el riesgo de accidentes y perjudica a las comarcas situadas en el eje León-Astorga.

Respecto a la AP-66, Gallego denunció el coste que supone atravesar la Cordillera por una autopista cuyo peaje, según recordó, debería haber desaparecido en 2021 y cuya concesión prolongó el Gobierno popular de Aznar hasta octubre de 2050.

También se sumó a las críticas de las condiciones actuales de la infraestructura, después del desprendimiento ocurrido en 2024 y las posteriores obras de modernización de los túneles, que han provocado restricciones y desvíos mientras los usuarios continúan abonando íntegramente el peaje. Asturias ha puesto en marcha una multa a Aucalsa, la empresa concesionaria, algo que Castilla y León dice no descartar pero no impulsa.

UPL reclamó además que, mientras no se produzca la liberalización definitiva, la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica que cubran íntegramente el coste de los peajes para los usuarios afectados. Gallego reclamó igualmente inspecciones y, si fuera necesario, sanciones a la concesionaria para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Mañueco insistió en la necesidad de eliminar los peajes, aunque rechazó que la Junta haya permanecido inactiva. “Ha sido constante la reclamación que le hemos hecho al Gobierno de España en la supresión de los peajes”, afirmó el presidente autonómico, que aseguró haber trasladado personalmente esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos ministros.

El presidente de la Junta aseguró además que Castilla y León ha trabajado “codo con codo” con los gobiernos de Asturias y Galicia para reclamar al Ejecutivo central que atienda el dictamen de la Unión Europea sobre los peajes. “Creo que es importante la liberalización de los peajes. En eso coincidimos y no pasa nada”, señaló Mañueco en respuesta a Gallego.

Mañueco amplió, no obstante, la reivindicación al conjunto de las autopistas de peaje que afectan a Castilla y León. “Desde Castilla y León reclamamos la supresión de los peajes, de todos los peajes, no solo de algunos peajes”, sostuvo, y citó además de las conexiones León-Asturias y León-Astorga otras vías de pago como las conexiones con Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia.

El presidente autonómico insistió en la promesa de que “vamos a trabajar para que en los presupuestos de 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación”, afirmó. Y finalmente también reclamó a UPL su propia responsabilidad política al pactar en la Diputación de León con el PSOE, como vaticinó que ocurrirá tras las próximas elecciones municipales: “Ustedes serán el sostén indudable del Partido Socialista que es quien está sosteniendo los peajes de la provincia de León y de nuestra Comunidad autónoma”, concluyó.

El Partido Popular de León ha criticado que la Diputación convoque a las más de 1.200 juntas vecinales de la provincia para la celebración del Gran Concejo, previsto este sábado 12 de septiembre en Mansilla de las Mulas, sin que todavía se haya puesto en marcha la tramitación del plan de juntas vecinales 2026-2027, que debería tener una inversión superior a los 10 millones de euros si repite el presupuesto del último plan.

El portavoz del PP en la institución provincial y alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, ha acusado al equipo de Gobierno formado por PSOE y UPL de organizar “un acto propagandístico” y ha asegurado que este tipo de iniciativas “se les dan bien” mientras que, según sostiene, existen retrasos en la gestión de las ayudas destinadas a las entidades locales menores.

Fernández ha señalado que, a su juicio, el plan bienal de juntas vecinales “ya debería estar operativo” y ha advertido de que el retraso puede provocar dificultades para que las pedanías cumplan posteriormente los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones financiadas.

El dirigente popular ha recordado además que la inversión prevista supera los 10 millones de euros, aunque no incluye las juntas vecinales del Bierzo cuya gestión está delegada en el Consejo Comarcal. A su juicio, la demora supone “perder el primer año” de una convocatoria que debería estar ya en funcionamiento.

El PP también ha trasladado sus críticas a las dificultades que afrontan las pedanías para ejecutar las obras, tanto por las restricciones que, según Fernández, establece la Diputación a la hora de plantear proyectos como por la falta de empresas disponibles para acometer pequeñas actuaciones, lo que ralentiza su desarrollo.

Fernández ha enmarcado la convocatoria del Gran Concejo en un contexto preelectoral y ha acusado al equipo de Gobierno de buscar “mostrar cercanía con las juntas vecinales con boato” pese a que, en su opinión, durante los últimos tres años “los problemas han sido más que las soluciones”.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) quiere despejar antes de que termine el año una de las principales incógnitas de las elecciones municipales de 2027 en la capital: quién sustituirá a Eduardo López Sendino como candidato a la Alcaldía de León. La secretaria general del partido, Alicia Gallego, ha situado este miércoles “en noviembre o diciembre” el horizonte para que el nuevo cabeza de lista esté elegido y pueda comenzar a presentar públicamente su proyecto.

“El candidato a León va a ser nuevo porque Eduardo al final ha dado el paso de no seguir”, ha empezado diciendo Gallego, que ha agradecido el trabajo realizado por el actual portavoz municipal y su papel para dar visibilidad al partido durante estos años. “Va a dejar paso a un nuevo equipo”, ha añadido antes de señalar que el proceso se ajustará a los plazos que establezca el nuevo reglamento de primarias.

La dirección leonesista llevará precisamente ese reglamento al Consejo General convocado para el próximo 16 de septiembre, como adelantó ILEÓN la pasada semana. La propuesta diseñada por la dirección establece un proceso de primarias a una única vuelta, con una duración aproximada de 21 días y la obligación de que los aspirantes consigan avales de entre el 10% y el 20% de los militantes de su circunscripción.

Gallego ha despejado además cualquier duda sobre qué ocurrirá si existen varios aspirantes: “Donde haya distintos candidatos, indudablemente habrá primarias”. La dirigente leonesista sostiene que la competencia interna supone una muestra de fortaleza y no un problema para el partido, frente a los “pisotones, codazos y malas formas” que asegura observar en otras formaciones a la hora de confeccionar sus candidaturas.

La carrera por suceder a Sendino ya cuenta al menos con movimientos públicos. El concejal Enrique Valdeón ha confirmado su intención de presentarse, mientras su compañera en el grupo municipal Sheila Fernández mantiene abierta la posibilidad de concurrir cuando se convoque formalmente el proceso. El resultado determinará quién encabezará en 2027 la candidatura en el municipio que constituye la principal fuente de votos para UPL y donde el partido dispone actualmente de tres concejales.

La previsión de la dirección es que el proceso permita conocer al candidato antes de final de año, con tiempo suficiente para que gane visibilidad y comience a trasladar su proyecto a los leoneses. Antes deberá aprobarse el reglamento en el Consejo General y posteriormente la Ejecutiva tendrá que establecer las fechas concretas de las primarias.

Crecer donde todavía no hay candidaturas

El Consejo General servirá también para poner en marcha una segunda parte de la estrategia electoral de UPL, presentar candidaturas en municipios en los que actualmente no tiene representación. Gallego asegura que durante los últimos meses los comités comarcales han trabajado tanto para reforzar las listas existentes como para buscar nuevos candidatos.

La secretaria general afirma que se han producido “movimientos muy interesantes” de personas que se han acercado al partido en municipios donde UPL no tiene representantes públicos. Tras el verano, la formación quiere comenzar a formalizar esos contactos, presentar candidatos y configurar equipos con suficiente antelación a las municipales.

“No es solo llevar una marca”, ha defendido Gallego, que considera necesario que los candidatos tengan un proyecto municipal propio y puedan empezar a darlo a conocer a la sociedad. La intención es empezar ya a presentarse públicamente donde el partido quiere conseguir poder.

UPL afronta este proceso después del salto municipal conseguido en 2023, cuando obtuvo 207 concejales en la provincia de León y llegó a las alcaldías de municipios como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño, además de mantener otros bastiones tradicionales. Un total de 26 municipios llegarán a las próximas elecciones gobernados por un alcalde leonesista.

El partido cuenta actualmente con unos 700 militantes, de los que alrededor de 300 podrían participar en unas eventuales primarias en León capital. El reglamento que debatirá el Consejo General contempla también la posibilidad de celebrar procesos internos en otros municipios, aunque la atención se concentra especialmente en la capital por el relevo de Sendino y la existencia de más de un posible aspirante.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechará el regreso esta semana de la actividad parlamentaria a las Cortes de Castilla y León tras el parón veraniego para poner sobre la mesa varios de los asuntos pendientes de la Junta con la provincia. Los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71, los retrasos en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y la situación de la sanidad en la Región leonesa protagonizarán las tres preguntas orales que la formación dirigirá al Gobierno autonómico en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, se dirigirá directamente al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para preguntarle si considera que su Gobierno ha sido “suficientemente proactivo” para conseguir la eliminación de los peajes de la AP-66 y la AP-71, dos de las principales conexiones por carretera de la provincia de León.

Los leonesistas vuelven así a llevar al Parlamento autonómico una reivindicación histórica de la formación. En su iniciativa, UPL pone especialmente el foco en la autopista con Asturias y recuerda la posición de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión del peaje para cuestionar las actuaciones realizadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.

Otro de los asuntos será el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. El procurador Luis Mariano Santos preguntará a la nueva consejera de Educación, María Pardo, si considera que la Junta ha actuado “con la diligencia exigible” para sacar adelante una infraestructura que acumula numerosos retrasos.

Según recuerda UPL, las actuales previsiones sitúan su puesta en funcionamiento, como pronto, en el curso 2027/2028, lo que para la formación supondría que el nuevo edificio llegaría con “casi dos décadas de retraso” respecto a los compromisos adquiridos para sustituir las actuales instalaciones.

La tercera pregunta tendrá como protagonista a la sanidad pública en la Región Leonesa. Rosa Quintanilla, nueva procuradora de UPL en las Cortes, interpelará al consejero de Sanidad para conocer la valoración que hace el Gobierno autonómico de su gestión sanitaria durante los últimos meses en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Los leonesistas consideran que los problemas sanitarios en estos territorios persisten pese a haber sido planteados reiteradamente ante la Junta.

Feve vuelve también a las Cortes

El regreso parlamentario tendrá además Feve como otro de los asuntos leoneses destacados. UPL utilizará la única Proposición No de Ley (PNL) de la que dispondrá el Grupo Mixto en este periodo de sesiones para plantear una solución que permita recuperar la integración ferroviaria en la capital leonesa.

La propuesta pide a la Junta que impulse la creación de un consorcio que permita a la Administración autonómica asumir la infraestructura de Adif correspondiente al tramo tranviario de la antigua Feve y posibilitar así la integración de la línea ferroviaria-tranviaria dentro de León hasta la estación de Matallana.

La iniciativa plantea además incorporar el recorrido entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León. UPL tiene previsto explicar este miércoles con mayor detalle su propuesta antes de defenderla el viernes en las Cortes.

El nuevo curso político comienza en la provincia de León con las elecciones municipales de 2027 cada vez más presentes en la agenda de los principales partidos. Aunque todavía quedan meses para llegar a las urnas los principales partidos de la provincia -PP, PSOE y UPL- se ponen en marcha mediante la elección de candidaturas mientras la actualidad nacional como la crisis de Ceuta condiciona el panorama político local con manifestaciones con miles de personas.

En 2023 el PP logró convertir las elecciones autonómicas y municipales en un primer plebiscito a Pedro Sánchez, logrando un indudadable éxito electoral pero que no pudo ratificar en las posteriores Generales. A cambio logró una cuota de poder municipal y autonómica muy grande. En la provincia la resistencia del alcalde José Antonio Diez, el bastión socialista de El Bierzo y los pactos del PSOE con UPL hicieron que la Diputación de León no se tiñiera de azul, aunque los populares lograron recuperar Ponferrada.

El PP es quien más pronto ha empezado a despejar la incógnita de sus candidaturas. Desde julio está decidido que David Fernández será el candidato a alcalde de León, mientras que el actual regidor de Ponferrada, Marco Morala, optará a la reelección. Fernández, actual portavoz municipal y número dos de Margarita Torres en 2023, tendrá como objetivo recuperar para los populares una Alcaldía que ocupa el socialista José Antonio Diez desde 2019. Morala afrontará una situación diferente: defender el gobierno que consiguió en 2023 aunque no logró ser la fuerza más votada y alcanzara la Alcaldía mediante su acuerdo con Coalición por El Bierzo y el apoyo de Vox en la investidura.

Uno de los objetivos del PP es volver a gobernar la Diputación de León tras ocho años de gobiernos socialistas. Para ello es fundamental volver a recuperar poder municipal mediano. Para ello debe mantener lugares como Astorga, Valencia de Don Juan o La Bañeza y recuperar el poder en sitios como Benavides, donde ya ha lanzado tempranamente a su candidato.

Pero lo más llamativo del Partido Popular es que afronta el curso político y con toda probabilidad el electoral con una dirección interina encabezada por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el delegado de la Junta Eduardo Diego. Esta dirección llegó en julio del 2025 cuando Ester Muñoz dimitió de presidenta provincial para dedicarse por completo a sus tareas de portavoz en el Congreso de los Diputados y su situación lo más probable es que se alargue hasta después de las elecciones municipales e incluso generales.

Serán ellos, por tanto, los responsables de la elección de candidaturas después de que las del 2023 ya estuvieran elaboradas cuando estalló la crisis por la dimitió Javier Almanza como presidente del PP. Los populares buscarán evitar la crisis que tuvo cuando en la elección de diputados provinciales los afines a Almanza se impusieron de forma notoria a los señalados por la dirección provincial. Algo que puede abrir notables brechas en la elección de las candidaturas.

El PSOE presume de tener más del 70% de las candidaturas

El futuro judicial de Zapatero, con la declaración esta semana de dos exdirectivos de Plus Ultra que le implicaron y la todavía no justificación de las joyas, son un asunto que inquieta al PSOE de su tierra natal, sobre todo por la vinculación directa de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, con el expresidente. El juez José Luis Calama ha rechazado ahora el incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no se vulneraron sus derechos durante la investigación, por lo que la causa continúa adelante; el auto no admite recurso.

El PSOE de León ha aprovechado la tradicional Fiesta de la Rosa celebrada este sábado en Boñar para escenificar también el comienzo de su curso electoral. Cendón asegura que el partido tiene ya más del 70% de las candidaturas municipales cerradas y anuncia que volverá a presentar listas en los 211 ayuntamientos de la provincia, además de reforzar su presencia en las juntas vecinales.

El PSOE de León ha optado por noviembre para activar las primarias con las que elegirá sus candidatos en los tres municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia: León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. La dirección provincial escogió así la tercera de las ventanas habilitadas por el Comité Federal, después de julio y septiembre. En Ponferrada se espera que vuelva a presentarse el exalcalde y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, mientras que en San Andrés los socialistas deberán buscar un candidato con el objetivo de recuperar un histórico feudo que actualmente gobierna UPL.

La situación más particular es la de León ciudad donde el actual alcalde, José Antonio Diez, ha manifestado su intención de optar a una cuarta candidatura consecutiva tras las de 2015, 2019 y 2023. Al ser alcalde, Diez sería automáticamente candidato si expresa su voluntad de continuar y únicamente habría primarias si las solicita la mitad más uno de los más de 800 militantes de la agrupación local y, además, el Comité Federal de Listas autoriza el proceso.

Este escenario cobra especial interés por el enfrentamiento político mantenido durante los últimos meses entre Diez y el secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón y que no ha bajado de intensidad con el comienzo de curso. La presencia de José Antonio Diez en la multitudinaria manifestación de apoyo a Ceuta, que el PSOE boicoteó por considerarla partidista, ha vuelto a elevar la tensión interna con un Cendón considerando en un tuit en X que “El verdadero bochorno es que representantes públicos de nuestra ciudad acudan a legitimar el aquelarre con su presencia. Quien asiste a la cacería deja de ser neutral: se convierte en cómplice”, en velada referencia a su compañero de filas.

UPL y las primarias

El calendario es diferente en Unión del Pueblo Leonés, que afronta posiblemente las municipales más importantes de su historia reciente después del salto conseguido en 2023 donde logró el gobierno de algunos de los municipios más importantes de la provincia como San Andrés o Villaquilambre. El partido ha convocado para el 16 de septiembre su Consejo General, máximo órgano entre congresos, con la intención de aprobar el reglamento que regulará sus primarias y poner oficialmente en marcha la selección de candidatos.

La propuesta de la dirección de Alicia Gallego contempla primarias para los municipios de más de 20.000 habitantes a una única vuelta, con votación presencial, personal y secreta. Los aspirantes necesitarían avales de entre el 10% y el 20% de la militancia de cada circunscripción y tanto candidatos como votantes deberían acreditar al menos un año de militancia activa. El procedimiento estaría diseñado para completarse en apenas 21 días desde su apertura hasta la proclamación del ganador.

La principal atención estará puesta en León ciudad, donde UPL debe encontrar sustituto a Eduardo López Sendino después de los cinco concejales obtenidos en 2023. Por ahora aparecen dos nombres entre los posibles aspirantes: el concejal Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de concurrir, y su compañera Sheila Fernández, que ha dejado abierta esa posibilidad, aunque no se descartan que surjan otros nombres del leonesismo que hasta ahora no hayan tenido cargos públicos. Aproximadamente 300 militantes podrían participar en unas primarias en la capital que tendrán una importancia especial para el futuro municipal del partido.

UPL llegará a 2027 con 26 alcaldes en la provincia y después de haber conseguido 207 concejales leoneses en 2023. Gobierna municipios relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño y conserva bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. Mantener ese poder será fundamental también para conservar su actual peso en la Diputación Provincial y poder influir en quién la gobierna el próximo mandato.

Nuevos partidos

La carrera por el poder municipal también puede estar condicionada por la fecha de las elecciones generales. Pedro Sánchez ha reiterado que no habrá un 'superdomingo electoral' con las municipales dejando abierta la posibilidad de un 'adelanto técnico' antes de mayo. “O no”, matizó crípticamente el presidente del Gobierno y líder socialista.

De momento en el resto de partidos y municipios también empieza a haber movimiento. Falta por conocer las estrategias de clásicos como Coalición por El Bierzo, con Ponferrada como principal bastión, y cuál será la configuración a la izquierda del PSOE con IU en la provincia con dirección renovada y Podemos siempre latente.

Ya conocemos a estas alturas, eso sí, el nacimiento de dos nuevos partidos que han puesto su foco en las elecciones municipales. Sariegos suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos (Vipcs), un partido independiente y municipalista impulsado por Domingo García García, veterano de la política local que anteriormente pasó por las candidaturas del PSOE, Sariegos Despierta y Ciudadanos. En El Bierzo se suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Despierta Bierzo Despierta (DBD), un partido berciano y regionalista que aspira a presentar candidaturas en todos los municipios de la comarca y que cuenta con el respaldo de la organización estatal Despierta. Al frente se sitúa José Manuel Barrios, veterano de la política que ha pasado por UPL, Tercera Edad en Acción y Nueve Castilla y León.

El creciente municipio de Sariegos, uno de los más importantes del entorno urbano de la capital leonesa, se sube otra vez al carro de la efervescencia de las aventuras políticas independientes. Lo hará con la vista puesta en el nuevo reparto del 'poder' local que depararán las elecciones autonómicas que han de convocarse y celebrarse en la primavera del año 2027, cuando concluya el actual mandato.

Se trata del nacimiento de un nuevo partido político de siglas que ya dejan clara, tras su propio nombre, parte de su ideología: Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos. Una formación de nuevo cuño que ILEÓN ha comprobado que se acaba de registrar este mismo verano, a comienzos del mes de julio, y que tiene su sede y su principal espectro electoral en la localidad de Carbajal de la Legua.

El nombre y la aventura electoral son nuevos. Pero no lo son tanto algunos de sus inspiradores, integrantes e impulsores. Ocurre especialmente con la persona que ha inscrito a esta formación, con las iglas Vipcs, que no es otra que Domingo García García. Se trata de un curtido político de ya dilatada trayectoria dentro del municipio de Sariegos, que ha formado parte pero sobre todo encabezado ya diferentes aventuras casi durante las dos últimas décadas, y que a pesar de su edad, rozando los 70 años, seguirá intentando obtener un acta de concejal. Un acta que ya ostentó tiempo atrás, cuando formó parte de la candidatura del PSOE, y que incluso en una ocasión le llevó a formar parte del equipo de Gobierno con Sariegos Despierta.

De entonces hasta ahora, García ha formado parte también de alguna de las fases electorales de los independientes Sariegos Despierta. Por último, apareció en listas, y de hecho como cabeza de cartel, cuando se presentó en 2019 la candidatura de Ciudadanos.

Básica web y programa

A falta de que oficialmente se registre la futura lista municipal del partido de nuevo cuño, el veterano político -detrás también de la Asociación Vecinal Los Perucos- intentará obtener un papel preponderante en las elecciones locales de 2027, algo que el propio Domingo García ha confirmado a este medio, con unos trámites que “no son fáciles pero ahí andamos”. Su nombre aparece el primero en la rudimentaria web oficial ya impulsada, junto a otros nombres como Elsa Martínez Suárez o Jesús Santos Santamarta.

En su ideario, resaltan ser un nuevo proyecto político de carácter independiente y municipalista, surgido “desde los propios vecinos” y muy centrado en las necesidades del pueblo de Carbajal, donde la población se ha multiplicado debido, entre otras cosas, a las muchas urbanizaciones construidas en los últimos tiempos. García remarca que la localidad suma “diez sectores (urbanísticos) con plan parcial” que suman “tres millones de metros cuadrados urbanizables”, es decir, construibles y “que pagan el IBI”, lo cual “da para 3.000 viviendas posibles”, cuantifica. Eso, de impulsarse a este nivel, generaría un problema con el abastecimiento de agua, cuya garantía forma parte importante de su incipiente programa.

Como siempre ocurre en las formaciones independientes, su filosofía remarca también una política alejada de intereses partidistas, reforzar los servicios públicos, mejorar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible del entorno. También el refuerzo de la seguridad vecinal, mediante medidas de prevención, coordinación con las fuerzas de seguridad y una mejora de la iluminación y mantenimiento de los espacios públicos, así como la mejora de las infraestructuras y las calles.

La gran victoria de UPL y lo que depara 2027

Así, Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos aspira a hacerse un hueco en una Corporación municipal que en la presente legislatura ha conseguido atomizarse como casi nunca, con representación sólo de cuatro formaciones y con un mandato claro y abrumador a favor de Unión del Pueblo Leonés, después de muchos años de cambios constantes en la Alcaldía y todo tipo de pactos.

No en vano, UPL en el presente mandato consiguió ocho de las 13 actas de concejal, que otorgaron una muy holgada mayoría absoluta al actual alcalde, Roberto Aller, que había empuñado el bastón de mando en 2017 como cuarto regidor de aquel convulso período. Pero el tiempo, la gestión y las siguientes elecciones le han afianzando con mucha fuerza. Frente a los ocho ediles leonesistas, dos concejales son hoy del Partido Popular (PP), otros dos del PSOE y uno más de Vox.

La duda es si el nuevo partido independiente recién creado pero con un viejo conocido al frente primero obtendrá suficiente respaldo en la suma del municipio, formado por cuatro pueblos, para conseguir entrar en la Corporación. Y segundo, si los votos que coseche serían a costa de hipotéticos apoyos leonesistas o bien podrían debilitar precisamente a las demás formaciones políticas y dividir más que sumar.

La Unión del Pueblo Leonés ha dado “plena libertad” a sus alcaldes y cargos públicos para secundar las concentraciones por la crisis migratoria en Ceuta convocadas este miércoles por colectivos de la sociedad civil y por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). La UPL gobierna con el PSOE en el Ayuntamiento de Villaquilambre, que no se ha unido a la convocatoria de la FEMP, marcada por la polémica política al desmarcarse los socialistas por entender que la movilización va dirigida contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Sí la respalda el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, liderado por la formación leonesista, que demanda “altura de miras” a los partidos nacionales para buscar una salida al problema.

A apenas unas horas de las concentraciones, la UPL se ha pronunciado públicamente al respecto de la crisis desatada por la entrada en Ceuta de decenas de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio, así como de la polémica surgida por el respaldo a las convocatorias con casos como el del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que ha anunciado su presencia pese a que el PSOE las ha desacreditado. La plaza de San Marcelo será en la capital leonesa el escenario de la movilización, convocada para las 20.00 horas.

La UPL comienza mostrando su apoyo al pueblo ceutí ante un “hartazgo” que la formación considera “más que lógico y comprensible” ante la situación de “inoperancia y olvido” que achaca al Gobierno de la nación. “La inacción está poniendo en peligro la economía y servicios públicos”, señalan los leonesistas, que alertan de que la actual situación amenaza las prestaciones del Estado del bienestar “al colapsarse los servicios sanitarios, los de seguridad o los educativos, lo que impedirá que pueda iniciarse el curso escolar con plena normalidad y garantías de seguridad para los menores ceutíes”.

No obstante, la Unión del Pueblo Leonés sostiene que “no debe hacerse un uso partidista”, por lo que reclama a los partidos nacionales una respuesta “inmediata, consensuada y efectiva” a la crisis, para lo que les recomienda “altura de miras y alejarse del ruido electoral”.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) activa su maquinaria electoral de cara al ciclo que incluye elecciones municipales y generales. Para ello ha convocado su máximo órgano de gobierno entre congresos, el Consejo General, a una reunión que se celebrará el próximo 16 de septiembre y que pondrá en marcha sus procesos internos de elección de candidaturas.

Uno de los puntos del Consejo General será la aprobación del reglamento de primarias del partido para la elección de sus candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes que determine el órgano del partido -en la provincia la ciudad de León, Ponferrada y San Andrés-, así como en todos aquellos municipios de menos donde también se considere conveniente su realización para elegir candidatos y candidatas.

En la propuesta que ha elevado la dirección de Alicia Gallego, susceptible de debate y modificación, se señala que tanto los votantes como los aspirantes en las primarias deben tener un año de militancia activa y estar al corriente de sus pagos y obligaciones con el partido. El documento al que ha tenido acceso ILEÓN diseña un formato de elecciones con una Comisión de Organización de primarias con una votación que será presencial, personal y secreta en su sede central (u otra si se acuerda).

Los aspirantes a las primarias deberán contar con un mínimo del avales, el 10% de los militantes de la circunscripción, y un máximo, hasta del 20%, lo que limita en todo caso el número posible de candidatos. Cada militante solo podrá avalar a un candidato o candidata y los avales duplicados se anularán.

Las primarias se celebrarán a única vuelta aunque haya varios candidatos, proclamando candidato o candidata a quien se imponga en la votación. En caso de producirse un empate en votos entre candidaturas, la resolución corresponde al Consejo General de UPL, que es el órgano encargado de dirimir y decidir el resultado.

El proceso diseñado contempla un calendario para que en 21 días el partido abra y cierre el proceso, incluyendo presentación de candidaturas, recogida y verificación de avales, campaña interna, votación y las revisiones correspondientes.

El Consejo General de UPL es el órgano encargado de dar el visto bueno al proceso de primarias aunque las fechas concretas del mismo será aprobado por la Ejecutiva del partido leonesista.

El reto de mantener el poder municipal y León ciudad

UPL inicia así así el reto la preparación de las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de consolidar el importante salto de poder municipal logrado en 2023. En la cita de hace casi cuatro años logró 207 concejales en la provincia de León (234 sumando los de Zamora y Salamanca). El partido se hizo con el poder en ayuntamientos relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño, además de mantener bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. 26 municipios llegarán a las elecciones con un alcalde leonesista.

Las primarias de UPL afectan a los grandes municipios. En León ciudad deberá sustituir a Eduardo López Sendino como número uno de la candidatura, con los nombres de los concejales Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de presentarse, y Sheila Fernández, que deja abierta la posibilidad de concurrir cuando se convoque el proceso, como principales aspirantes sin descartar que puedan surgir otros nombres. Valdeón representa continuidad de la trayectoria de Sendino y Fernández un perfil propio que sería la primera mujer candidata leonesista al Ayuntamiento de León.

En el caso del tercer municipio de la provincia, San Andrés del Rabanedo, el nuevo reglamento no descarta primarias pese a que UPL gobierna de la mano de la alcaldesa Ana Fernández Caurel. En un Consistorio donde la gestión ha sido conflictiva durante todo el mandato quedará en manos del Consejo General si hay primarias o no.

UPL cuenta en la actualidad con unos 700 militantes de los que tres centenares aproximadamente podrían votar en las primarias de la ciudad de León, las que más interés despiertan, por ser la principal fuente de votos del partido.

La crisis migratoria de Ceuta tendrá su eco en la provincia de León este miércoles, 2 de septiembre, fecha en la que están convocados actos en apoyo de la ciudad autónoma tras la llegada el pasado 31 de julio de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. La participación en las concentraciones, lanzadas bajo el paraguas de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) no sin polémica y de diversos colectivos, deja lecturas políticas como el hecho de que el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, haya anunciado su presencia en una cita desacreditada por su partido. No habrá movilización frente al Ayuntamiento de Villaquilambre, donde el PSOE gobierna junto a la Unión del Pueblo Leonés, que en San Andrés del Rabanedo sí arropa esta convocatoria, que tendrá lugar en la explanada frente al Consistorio.

No ha pasado desapercibido el apoyo de José Antonio Diez, que dice responder a la convocatoria realizada “desde la propia sociedad civil” (en la capital leonesa la Asociación Cultural Héroes de Cavite organiza una concentración en la plaza de San Marcelo, junto a Botines, a las 20.00 horas, mismo horario elegido por la FEMP para sus convocatorias frente a los ayuntamientos). Enfrentado sonoramente a la dirección provincial del PSOE y con escasa sintonía con estructuras superiores del partido, Diez dio este lunes tres argumentos para participar en un acto contestado desde Ferraz.

“Creo que no hago nada extraño con estar presente y apoyar evidentemente al pueblo ceutí”, expuso en primer lugar el alcalde de la capital leonesa. “Creo que también es importante (el acto) porque es una defensa de nuestra soberanía nacional, de la importancia que tienen nuestras fronteras”, añadió para citar una tercera razón al referirse a “todo lo que tiene que ver con el tema humanitario tan duro y tan difícil que se está viviendo ahora mismo en Ceuta”.

Diez aludió a Naciones Unidas para avalar los derechos que amparan a los migrantes llegados a Ceuta. “Hay que alejarse”, contrapuso, “del partidismo que refrendan o que hacen algunos partidos políticos, y lo que hay que demostrar es una altura de Estado. Estas son cuestiones de Estado y, por lo tanto, los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos de Estado en esta materia y no buscar ventajismo político”. El PP en el Ayutamiento de León ha animado a participar en la concentración convocada por la FEMP, que tendrá lugar en la plaza de San Marcelo.

Villaquilambre, cuarto ayuntamiento en población de la provincia de León, se desmarca de la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera y senadora del PP, María José García-Pelayo Jurado, mientras que el PSOE ha tachado las movilizaciones de “concentraciones contra (Pedro) Sánchez”. Fuentes municipales de Villaquilambre confirman que no habrá acto frente a la Casa Consistorial. PSOE y UPL pactaron en 2023 repartirse el mandato: hasta mitad de 2025 fue alcalde el socialista Jorge Pérez y hasta 2027 lo será el leonesista Vicente Álvarez.

Precisamente una leonesista, Ana María Caurel, es la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, que sí se suma a las concentraciones convocadas por la FEMP, según ratifican fuentes del tercer municipio de la provincia. El segundo, Ponferrada, gobernado por el Partido Popular y Coalición por El Bierzo, mostrará su apoyo a Ceuta. Astorga y La Bañeza, también con alcaldes del PP, respaldan la convocatoria.

La contestación política a estas concentraciones va más allá del PSOE. Y es que Podemos Castilla y León ve “racismo subyacente” en la convocatoria, al tiempo que pide que “la solidaridad con el pueblo de Ceuta se aborde desde la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas migrantes”. Izquierda Unida en El Bierzo también se ha mostrado en contra por tachar las movilizaciones de “una instrumentalización insolidaria” del PP. Para la coalición, las soluciones a la crisis actual deben estar “basadas en la fraternidad internacionalista y los derechos humanos”.

La convocatoria coincide con la celebración, el 2 de septiembre, del Día de Ceuta, además de llegar en vísperas de la comparecencia extraordinaria para hablar sobre este asunto en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya ha dicho no tener “ninguna información” que responsabilice a Marruecos de la crisis fronteriza.