La Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de grisú el 28 de octubre de 2013. La Sala desestima el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron las familias de las víctimas, que reclamaban anular la sentencia absolutoria y repetir el juicio ante un juez distinto. La resolución, dictada esta misma semana y a la que ha tenido acceso ILEÓN, confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de León y declara de oficio las costas.

La decisión llega cuando están a punto de cumplirse 13 años del accidente en el que murieron seis trabajadores y otros ocho resultaron heridos. El escape se produjo sobre las 13.24 horas en un taller de la séptima planta del ala Este del Macizo séptimo del Pozo Emilio del Valle, en Tabliza, en la zona de Santa Lucía de Gordón. La emisión brusca y masiva de metano superó el 5% de grisú y redujo inmediatamente el oxígeno hasta el 1%, provocando la muerte de los seis trabajadores que se encontraban en el taller.

La Fiscalía sostenía en su recurso que la sentencia de primera instancia había valorado de forma irracional las pruebas y había dado una credibilidad excesiva a los acusados y a los peritos de las defensas frente a los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. Señalaba, entre otras cuestiones, posibles deficiencias en la autorización de la explotación, la ventilación, el contacto con los minados superiores, la existencia de una bóveda, un supuesto error topográfico y la estructura de prevención de riesgos de la empresa. Las acusaciones defendían que esas circunstancias podían haber contribuido al accidente y reclamaban que se celebrase un nuevo juicio.

La Audiencia, sin embargo, considera que la sentencia de primera instancia sí explica de manera razonada por qué da mayor valor a unas pruebas que a otras y que las discrepancias planteadas por Fiscalía no permiten hablar de una valoración arbitraria o manifiestamente irracional. La Sala recuerda además una limitación fundamental de una segunda instancia frente a una sentencia absolutoria: el tribunal que juzgó el caso tuvo contacto directo con los testigos, acusados y peritos durante los casi dos meses de juicio, mientras que los magistrados de la apelación no tuvieron esa misma inmediación. Por ello, no basta con proponer una interpretación diferente de las declaraciones para anular la absolución.

Un fenómeno que la Audiencia considera imprevisible

Uno de los puntos centrales de la resolución es la causa del escape de grisú. La Audiencia asume la conclusión de la sentencia recurrida de que se produjo un desprendimiento instantáneo de gas procedente de la zona del postaller que fue extraordinario e imprevisible, tanto por el momento en que ocurrió como por su magnitud y sus consecuencias.

La sentencia considera que la Hullera Vasco-Leonesa había aplicado las medidas de prevención previstas para una explotación de estas características. La mina estaba catalogada como de tercera categoría por sus concentraciones de metano y, por tanto, existía riesgo de fenómenos dinámicos, pero la Sala recoge que se habían utilizado los métodos disponibles para reducir ese riesgo y que no se ha acreditado qué otra medida concreta, diferente de las que ya se aplicaban, habría evitado el accidente. Ese elemento resulta determinante para la absolución, ya que no basta con acreditar que existía un riesgo, sino que debe demostrarse una infracción de las obligaciones de seguridad y su relación causal con el resultado.

La Sala da por buena también la conclusión de que la ventilación del taller era conforme a la normativa y que los electroventiladores estaban correctamente situados. La sentencia de primera instancia había rechazado que una prolongación del funcionamiento de los ventiladores después del escape hubiese salvado a los trabajadores, ya que la cantidad de metano liberada habría sido muy superior al volumen de aire aportado. También considera acreditado que cambiar la ubicación de los ventiladores no habría evitado las consecuencias del accidente.

El contacto con los minados superiores, otro punto clave

Otro de los argumentos de la Fiscalía era que no se había producido el contacto necesario con las labores superiores para permitir la salida del gas. La Audiencia vuelve a rechazar esta interpretación. Según la resolución, existen documentos y testimonios que apuntan a que el contacto con la planta superior, concretamente con el culatón de la sexta, ya se había producido antes del accidente.

La Sala destaca que por esa zona salió también gas hacia la sexta planta y que el propio perito judicial admitió durante el juicio que se había producido contacto con la planta superior, aunque fuera pequeño. Los magistrados consideran además significativo que las concentraciones de metano hubieran descendido durante los días anteriores al accidente, algo compatible con la comunicación entre ambas plantas y la migración del gas hacia arriba.

La Audiencia tampoco aprecia el supuesto error topográfico que planteaba la acusación. La resolución considera que lo que pudo existir fue una diferencia en la representación cartográfica, pero no se acreditó que la explotación se hubiera ejecutado físicamente en un lugar incorrecto. En minería subterránea, explica la sentencia, la galería sigue la capa de carbón y la representación topográfica se va actualizando conforme avanza la explotación.

La bóveda no demuestra por sí sola una situación de riesgo

La existencia de una bóveda en la zona de explotación también había sido utilizada por Fiscalía como indicio de que la actividad debería haberse detenido. La Audiencia considera que la existencia de esa bóveda era normal en esa fase de la explotación y que no se ha acreditado que se continuase con el sutiraje vulnerando las limitaciones de seguridad.

La resolución distingue entre la bóveda del postaller, propia del sistema de explotación, y la que pudiera aparecer sobre el propio taller. Y señala que cuando se detectó una bóveda sobre el taller los días 14, 22 y 24 de octubre no se realizó sutiraje en esas zonas.

Tampoco ve acreditada una falta de prevención

La Audiencia considera igualmente que la sentencia recurrida examinó de forma suficiente la estructura preventiva de la empresa, los planes de labores, el sistema de seguridad y las evaluaciones de riesgos. La Fiscalía cuestionaba que la empresa hubiera evaluado adecuadamente el riesgo de una invasión masiva e intempestiva de metano.

Pero para la Sala el problema vuelve a ser que no se ha identificado una medida de seguridad concreta que fuera exigible y cuya aplicación hubiera evitado el accidente. La sentencia de primera instancia consideró acreditado que la empresa había empleado los métodos de prevención dirigidos a los riesgos conocidos y que no se había demostrado la existencia de otra medida capaz de impedir el siniestro.

La Audiencia también entra en las declaraciones de los trabajadores que la Fiscalía consideraba relevantes. La sentencia de primera instancia había detectado contradicciones entre algunas declaraciones realizadas inmediatamente después del accidente y las efectuadas posteriormente durante la instrucción y el juicio, así como afirmaciones que aparecieron de forma tardía. Para la Sala, esa valoración de la prueba personal corresponde especialmente al juez que presenció directamente el juicio y no puede ser sustituida en apelación simplemente porque la acusación proponga otra interpretación.

Fiscalía y las familias querían volver a empezar

La resolución supone el rechazo de la petición de Fiscalía de anular tanto la sentencia como el juicio oral y celebrar un nuevo juicio ante un magistrado distinto. El Ministerio Público había invocado la doctrina constitucional que permite anular una sentencia absolutoria cuando su motivación es arbitraria o manifiestamente irrazonable, pero la Audiencia concluye que esas circunstancias no se dan en este caso.

El tribunal considera que la sentencia de primera instancia podrá ser discutida o que pueden existir interpretaciones diferentes sobre determinadas pruebas, pero no aprecia el error manifiesto, la falta de racionalidad en la motivación ni la omisión de pruebas relevantes que permitirían anular una absolución. En palabras de la propia resolución, lo que existe es una valoración de la prueba diferente a la que propone el recurrente, pero no una valoración irracional.

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de Fiscalía, al que se habían adherido las acusaciones particulares, y confirma la absolución de los 16 acusados entre los que se encuentran tres miembros de la familia Del Valle. La resolución declara además de oficio las costas del recurso.

Aunque la vía de apelación sí ha terminado, no necesariamente el proceso judicial. La propia sentencia informa a las partes de que contra ella todavía pueden interponer recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo. Un hecho que las familias no descartan, aunque valoran que “es pronto para decir nada”.

La segunda absolución a los Del Valle que se conoce este mes

La resolución sobre el accidente minero llega además después de que este mismo mes de septiembre la Audiencia Provincial de León haya dictado otra absolución relacionada con la antigua Hullera Vasco-Leonesa, en este caso la de los empresarios Antonio y Arturo Del Valle y otros responsables de empresas vinculadas a la compañía por un presunto fraude de 2,1 millones de euros en las ayudas al carbón. En aquel procedimiento, la Sala no llegó a entrar a valorar si existió o no el fraude que sostenían Fiscalía y Abogacía del Estado porque consideró ilícitas las entradas y registros de la Agencia Tributaria que habían dado origen a buena parte de la investigación.

La Audiencia extendió esa nulidad al resto de pruebas obtenidas a partir de aquellos registros, aplicando la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', y concluyó que, una vez excluida esa documentación, no quedaban elementos suficientes para acreditar el delito fiscal ni la falsedad documental. Ficalía, en este caso, pedía 12 años de cárcel para ellos.

La Audiencia Nacional ha desestimado en una sentencia de este mes de septiembre conceder una indemnización de tres millones de euros reclamada por el detective privado leonés implicado en el caso del asesinado del boxeador Roberto Larralde, ocurrido en el año 2014. El detective reclamaba esa cantidad por los 44 días que pasó en prisión preventiva tras ser detenido en el caso. El Ministerio de Justicia fijó en 1.100 euros la indemnización prevista por la prisión preventiva tras su inocencia, que el afectado recurrió a la Audiencia Nacional.

El caso Larralde fue uno de los sucesos más mediáticos de la pasada década en la provincia de León. El boxeador fue asesinado en septiembre de 2014 de un disparo en la cabeza, siendo localizado su cuerpo cinco días después de haberse denunciado su desaparición. A los pocos días se detuvo a cinco implicados, entre ellos la esposa del muerto, el detective y el autor material de la muerte.

El detective ingresó en prisión preventiva el 21 de septiembre de 2014 y permaneció encarcelado hasta el 3 de noviembre. Fue juzgado junto al resto de acusados por un jurado popular en el año 2017 y condenado inicialmente a 15 años de cárcel como colaborador del complot para su asesinato, junto a la mujer, el amante de la esposa, el autor material y dos colaboradores. En el otoño del 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó su absolución en octubre de 2017 junto a la mujer por considerar insuficientes las pruebas para una condena, una decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2018.

El afectado reclamaba tres millones de euros, divididos en un millón por lucro cesante y dos millones por daños morales. Alegaba que su entrada en prisión y la repercusión mediática del procedimiento habían supuesto la pérdida de su actividad profesional como detective, de sus clientes y de su prestigio, además de consecuencias personales y familiares. La sentencia recoge también que aportó un informe psicológico que vinculaba el deterioro sufrido con los cuatro años de procedimiento penal y señalaba, entre otras consecuencias, el deterioro de su relación matrimonial y la pérdida de relaciones sociales y profesionales.

La Sala establece, sin embargo, que la compensación prevista legalmente alcanza los daños causados específicamente por la prisión preventiva, pero no los perjuicios derivados de haber sido investigado y sometido a un proceso penal que terminó en absolución. La Audiencia Nacional considera que esos daños no pueden reclamarse por esta vía salvo que exista, por ejemplo, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o dilaciones indebidas. En este caso tampoco aprecia que la difusión mediática del procedimiento pueda atribuirse a una actuación irregular de la Administración, por lo que rechaza cualquier indemnización.

Sin lucro cesante

El detective privado alegó ante la Audiencia Nacional que como consecuencia de su entrada en prisión no pudo desarrollar su actividad profesional de detective privado. Por ello reclamaba que los ingresos obtenidos por su empresa fueran la base para calcular la indemnización. Pero la Audiencia Nacional reprocha que convirtió los 105.000 euros de negocio de 2013 y los 185.000 de 2014 en la base para reclamar un millón de euros cuando esas cifras en realidad eran facturación empresarial, y no ingresos personales, por lo que el resultado sería inferior y no se acreditó que los 44 días de prisión causaran el perjuicio económico reclamado. Además, recuerda que una eventual pérdida de beneficios de la sociedad correspondería a la propia persona jurídica y no directamente al administrador su reclamación. La sentencia condena en costas al demandante y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

La sentencia del Tribunal Supremo dejó el caso Larralde con tres condenados: el amante de la mujer, con 18 años de prisión por asesinato y dos colaboradores del crimen a un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. El autor material, condenado inicialmente a 21 años de cárcel, falleció un mes después de su condena en la prisión de Mansilla de las Mulas. El detective y la mujer del boxeador asesinado fueron absueltos por falta de pruebas.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que absolvió al promotor y organizador de un espectáculo infantil denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín' de los delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores.

La superestrella infantil, 'alter ego' de la artista hispanoargentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, interpuso en el año 2023 una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. La pasada primavera la Audiencia Provincial de León absolvió al promotor del homenaje.

La Sala del TSJ que ha visto el recurso ha señalado que la Audiencia de León realizó una valoración razonada de las pruebas testimoniales y documentales. Además, señalan que la discrepancia de la acusación y del Ministerio Fiscal con sus conclusiones, que también pedía una condena, no permite anular una sentencia absolutoria. La acusación pedía hasta 11 años de prisión y multa por todos los delitos y la Fiscalía dos años de cárcel y multa por dos de ellos.

La Sala de lo Civil y Penal desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial leonesa al considerar que la absolución está suficientemente razonada y que no existen motivos para anularla y repetir el juicio. Los jueces leoneses consideraron probado que no hubo permiso de la artista ni de la sociedad Luli Pampin SL propietaria de los derechos pero al mismo tiempo señalaron que no quedó acreditado que durante la representación se utilizaran obras musicales, personajes, guiones, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos vinculados a Luli Pampín.

La acusación particular de la estrella infantil recurrió la sentencia absolutaria solicitando principalmente la anulación de la misma y la celebración de un nuevo juicio. La Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso al entender que se había otorgado un peso excesivo a una grabación policial de los primeros minutos del espectáculo y se habían valorado insuficientemente otros testimonios.

Pero el TSJ considera que en el juicio se examinó de forma adecucuada las declaraciones de la denunciante, los integrantes del espectáculo, los agentes y el acusado, además de la documentación aportada. Los vídeos presentados por la acusación no correspondían a la función celebrada en León y los miembros del elenco ofrecieron versiones contradictorias sobre su contenido. Para la Sala, la absolución no se basó en exigir una grabación íntegra del espectáculo, sino en la insuficiencia del conjunto de las pruebas para acreditar la utilización de creaciones protegidas.

Respecto a la falta de autorizaciones de un personaje registrado la Audiencia de León consideró que no se había demostrado que el promotor conociera el registro de las marcas antes de difundir la publicidad y el TSJ de Castilla y León respalda la racionalidad de esa conclusión y recuerda que no constaba un requerimiento previo, una comunicación acreditada u otro elemento objetivo que permitiera deducir inequívocamente ese conocimiento.

El TSJCyL ha recordado también que el tribunal de apelación no puede sustituir la valoración de la prueba efectuada en primera instancia por otra distinta cuando aquella no es arbitraria, ilógica o manifiestamente insuficiente.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, la Sala ha considerado razonable la conclusión de que no había prueba suficiente de que el acusado conociera el registro de las marcas. Asimismo, en relación con el delito contra el mercado y los consumidores, ha entendido que tampoco quedó acreditado un perjuicio de la gravedad exigida por el Código Penal. La sentencia subraya que una discrepancia sobre la interpretación de las pruebas no basta para anular una absolución.

La sentencia del TSJ, firme, declara de oficio las costas y la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La contratación cultural puede ser un dolor de cabeza para representantes de la administración pública, sometidos en ocasiones a procesos judiciales por el controvertido uso de contratos menores. Y también puede ocasionar trastornos a promotores y representantes de artistas, que a veces incluso renuncian a actuaciones si les exigen el pago previo de fianzas. El marco jurídico general, los derechos de autor y el análisis de fórmulas de financiación como los patrocinios y el mecenazgo estarán, entre otras cuestiones, bajo la lupa de un congreso que nace en la capital leonesa con una primera edición que se celebrará el lunes 5 y el martes 6 de octubre en el Auditorio Ciudad de León.

¿La programación de unas fiestas patronales debe someterse a un único contrato o puede parcelarse en varios? “La ley tiene ahí un hilo muy fino”, señaló este lunes en la presentación de esta cita la presidenta de Cosital (Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local), Pilar Ortega. “Y si abusas, puedes acabar en un juzgado”, añade la responsable de la entidad que organiza, junto a la Agencia Nacional de Cultura Sostenible, este primer Congreso Nacional de Contratación Cultural.

La utilización sucesiva de contratos menores está detrás de casos como el de una denuncia cursada en agosto en la capital de la isla de Lanzarote, mientras que el exalcalde de Valverde, capital de El Hierro, Daniel Morales fue condenado a 13 años de inhabilitación por no someter al procedimiento reglado y levantar reparos de Intervención y Secretaría en expedientes de contrataciones entre 2015 y 2019 para la celebración de actos de la Bajada de la Virgen de los Reyes de 2017 y los Carnavales. Cuando el volumen excede la posibilidad de usar contratos menores, la segunda fórmula de contratación directa es la del negociado sin publicidad, otra fuente recurrente de controversias legales.

El sector de la promoción y representación artística también se enfrenta a problemas derivados de la contratación cultural. “Nos encontramos con problemáticas y distintos criterios y distintas aplicaciones de norma en distintos ayuntamientos, lo cual a veces nos dificulta mucho la contratación”, expuso el promotor y secretario de Arte (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), Jesús Marcos, para quien debería haber “otro tipo de sensibilidad” con la cultura para no extrapolar premisas típicas en contrataciones de obras públicas o de suministros.

“Muchas veces nos piden cosas imposibles”, señaló Marcos al poner el ejemplo de contrataciones culturales que exigen el pago previo de una fianza en concepto de garantía previa de la celebración de una actuación. “Y hay muchos artistas que se niegan a ello”, añadió antes de darle la vuelta al caso y preguntarse en voz alta por qué empresas de construcción pueden cobrar un adelanto por la ejecución de una plaza y las artísticas no facturen hasta que termina el evento tras haber movilizado personal, vehículos y equipamientos.

El Congreso Nacional de Contratación Cultural nace en León con la vocación de convertirse en un “punto de encuentro”. “Lo último que puede pasar es perder la fiesta del pueblo”, apuntó el director del Observatorio de Contratación Pública de Cosital, José Manuel Martínez, secretario de ayuntamiento y promotor de la cita también como presidente de la Asociación León Propone. Martínez también advirtió de que este ámbito está en “constante evolución” para remarcar la importancia de una cita en la que, asimismo, el coordinador de Comunicación Pública y Red Territorial de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), Javier Ribó, dará respuestas a “las preguntas más frecuentes sobre los derechos de autor en las corporaciones locales”.

Además, el congreso abordará el papel de herramientas de financiación cultural como patrocinios y mecenazgos, presentará una aplicación que permitirá localizar espectáculos por toda España y aportará modelos de contratos reutilizables, una fórmula que podría resultar de mucho interés para compensar las carencias de personal y de recursos de las juntas vecinales. La cita, con inscripción al precio de 160 euros, reunirá en la capital leonesa a 300 profesionales de entidades locales y representantes de los sectores de las artes escénicas.

Han sido necesarios dos meses de investigaciones y pruebas, de la Guardia Civil de León con apoyo de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, para poner ante el juez a dos presuntos autores de un grave incendio forestal ocurrido en montes de La Baña, en la comarca de la Cabrera, el pasado mes de julio.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Ssprona) de la Comandancia de León, ha informado ahora de la reciente identificación de dos trabajadores, de 51 y 40 años, como presuntos responsables del origen del siniestro. Este se originó el pasado 22 de julio, a las 14.30 horas, en el paraje conocido como Matacouta, una zona escabrosa de los montes de La Baña, propiedad de la Junta Vecinal de la localidad, en el municipio de Encinedo.

El fuego tardó dos días en poderse extinguir, el 24 de julio, a última hora de la tarde, después de haber arrasado aproximadamente 68 hectáreas de monte bajo, matorral y algunos robles, sin que se registraran víctimas ni daños económicos, matiza la Guardia Civil, importante a la hora de determinar la posible responsabilidad penal de los presuntos autores.

La investigación realizada por los especialistas del Seprona permitió determinar que el incendio pudo originarse durante la realización de unos trabajos de desmonte y explanación de una pista forestal en la zona, realizados con una máquina excavadora.

Según las pesquisas y pruebas obtenidas en este tiempo, las labores que ejecutaban los dos identificados se habrían realizado sin la correspondiente autorización y además sin disponer de medios de extinción, algo obligatorio. Y se recuerda además que el incendio ocurrió un periodo de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarado oficialmente en Castilla y León, durante los días 19, 20, 21 y 22 de julio.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la investigación de los dos varones como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias instruidas por el Equipo Seprona de la Comandancia de León, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León que estaba de guardia.

La nota de prensa de la Subdelegación de León remarca que para la extinción del incendio fue necesaria la intervención de cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas con 23 componentes, una autobomba y hasta cuatro helicópteros. Y resalta que la investigación ha contado además con la colaboración de los agentes medioambientales que realizan la investigación de las causas de incendios forestales de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil aprovecha para recordar la importancia de extremar las precauciones durante la realización de trabajos en el medio rural, especialmente en situaciones de elevado riesgo de incendios forestales, y de cumplir las medidas y autorizaciones establecidas para evitar conductas que puedan poner en peligro el entorno natural.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado íntegramente la condena de cuatro años y siete meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de León a un hombre por abusar sexualmente y de manera continuada de una niña, hija de su pareja. Los hechos ocurrieron en la provincia de León, cuando la menor tenía entre 10 y 12 años. El condenado convivía con ella y con su madre, con quien mantenía una relación sentimental, y había asumido durante ese tiempo funciones propias de un padre.

Según los hechos que la Audiencia Provincial declaró probados y que ahora mantiene el TSJCyL, el hombre realizó varios actos de carácter sexual con la menor aprovechando la convivencia familiar. La situación provocó en la menor miedo, angustia y desasosiego, además de problemas de sueño y dificultades en sus estudios.

El 10 de abril de 2023 la niña contó lo que estaba ocurriendo a su tutora del colegio, lo que activó el protocolo de protección. Posteriormente presentó una denuncia acompañada por su padre biológico. Cuatro días después se acordó el cambio de custodia y se prohibió al acusado acercarse o comunicarse con la menor.

La defensa recurrió la condena y pidió la absolución al considerar que no había pruebas suficientes y cuestionar la credibilidad del relato de la menor. El TSJCyL rechaza estos argumentos y considera que la Audiencia Provincial hizo una valoración “razonable, lógica y plenamente compatible con las reglas de la experiencia” de las pruebas practicadas.

La Sala destaca que la condena no se sustenta únicamente en el testimonio de la menor. Su relato estuvo acompañado por las declaraciones de sus padres, su hermano y su profesora, además de los informes de las psicólogas y de los peritos médico-forenses. El tribunal también señala que la niña contó uno de los primeros episodios a su madre, a su padre y a su hermano antes de presentar la denuncia formal.

El TSJCyL descarta además que la denuncia respondiera al supuesto deseo de la menor de irse a vivir con su padre biológico, como sostenía la defensa. La Sala considera que esa hipótesis no tiene respaldo en las pruebas y recuerda que el primer episodio ya había sido contado a familiares años antes de la denuncia, por lo que no aprecia una finalidad instrumental relacionada con el conflicto familiar.

La sentencia también subraya que la menor mantuvo sustancialmente el mismo relato durante todo el procedimiento. Las imprecisiones sobre las fechas concretas no se consideran relevantes, ya que los hechos se produjeron a lo largo de varios años, cuando tenía entre 10 y 12 años. Para el tribunal, lo relevante es que mantuvo de forma constante el relato sobre los tres episodios principales atribuidos al acusado.

La Justicia condena al hombre como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. La sentencia considera que se trata de varios episodios integrados en una misma conducta continuada y que uno de ellos quedó en grado de tentativa. Además, aplica el agravante de haber abusado de la niña aprovechando la relación de convivencia y confianza. La pena impuesta es de cuatro años y siete meses de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante el mismo periodo. También tendrá que cumplir dos años de libertad vigilada y tiene prohibido, durante cuatro años, ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores. El condenado deberá además indemnizar a la víctima con 5.000 euros.

La resolución del TSJCyL todavía no es firme. Contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de León juzgará el próximo lunes y martes, 28 y 29 de septiembre, a cuatro personas acusadas por la Fiscalía de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación de la prostitución ajena, favorecimiento de la inmigración irregular, tenencia ilícita de armas y abuso sexual. El procedimiento tiene como víctima a una mujer que figura como testigo protegido y cuya identidad permanece reservada.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a 2019, cuando la mujer, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica y personal, contactó a través de Facebook con una de las personas procesadas. La Fiscalía sostiene que fue captada con la promesa de obtener ingresos elevados e inmediatos en España a través de la prostitución y poder enviar dinero a su país, donde su madre, enferma, estaba siguiendo un tratamiento médico para el que no contaba con suficientes recursos.

La acusación sostiene que los investigados organizaron su viaje y le proporcionaron documentación y dinero para que pudiera entrar en España como turista. Una vez aquí, siempre según el relato de Fiscalía, la mujer quedó en una situación de especial vulnerabilidad al encontrarse lejos de su entorno, sin apoyo familiar y en situación irregular. La acusación mantiene que fue trasladada posteriormente a un club, de la comarca de La Bañeza, donde empezó a ser prostituida para devolver el dinero que, según el escrito, había adelantado para facilitar su llegada.

El Ministerio Fiscal sostiene además que, antes de llegar al club, uno de los acusados la obligó a mantener relaciones sexuales con él pese a que ella manifestó que no se encontraba bien y pidió aplazar el encuentro. El escrito califica estos hechos como un delito de abuso sexual con acceso carnal, conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos.

Tres meses de explotación sexual para saldar una deuda

La Fiscalía describe un sistema en el que la mujer habría estado sometida a unas condiciones económicas y laborales fijadas por una de las acusadas. Según el escrito, por cada 'pase' se cobraban 50 euros, de los que 40 quedaban para el establecimiento en concepto de alojamiento y manutención y otros 10 para el preservativo. Además, el club se quedaba con cinco euros por cada copa y la mujer debía pagar 100 euros si quería salir del establecimiento. El horario, señalado por la acusación, era de 18.00 a 04.00 horas.

La mujer permaneció en este régimen de explotación aproximadamente tres meses, según el relato de la Fiscalía, sin percibir ingresos más allá de lo necesario para sus necesidades mientras saldaba la deuda contraída. Uno de los acusados, además, la habría presionado para devolver el dinero utilizado para facilitar su llegada a España y habría utilizado su situación irregular como elemento de presión.

El caso se conoce además en una semana marcada por el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Prostitución y la Trata de Mujeres y Menores, que se conmemora el 23 de septiembre. En León, la Plataforma Feminista Abolicionista se concentró en la plaza de Botines para denunciar la explotación sexual y la trata y reclamar la abolición de la prostitución. Las organizaciones convocantes vinculan estas prácticas con situaciones de desigualdad, pobreza, exclusión y violencia sexual.

El Ministerio Fiscal atribuye a los cuatro acusados distintos grados de participación en la captación y explotación de la mujer. Según el escrito, uno de ellos ejercía funciones de dirección y control del establecimiento, incluida la decisión sobre qué mujeres eran explotadas allí y los precios de los 'servicios'; otra de las acusadas se encargaba del local y de la captación de mujeres de su misma nacionalidad, así como del control de los pagos y de la actividad de prostitución.

Seis años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con otro de explotación de la prostitución ajena, además de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, otro de tenencia ilícita de armas y el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Para una de las personas acusadas solicita seis años de prisión por trata y explotación de la prostitución. Para otra reclama un año y medio por tenencia ilícita de armas y otros seis años por trata y explotación de la prostitución. Para las otras dos personas procesadas solicita también seis años de prisión para cada una por trata y explotación de la prostitución.

La vista se celebrará ante la Audiencia Provincial de León los días 28 y 29 de septiembre, a partir de las 9.45 horas.

Hace casi 12 años ya desde aquel lunes 27 de octubre de 2014 que lo cambio todo en la política provincial y en el Partido Popular (PP) leonés. Ocurrió cuando la UCO de la Guardia Civil, por orden del juez Eloy Velasco, desplegó una redada de varias horas en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, y sacó directo a la cárcel a su presidente, Marcos Martínez Barazón. Había nacido el 'Caso Púnica', con medio centenar de políticos, concejales, funcionarios y empresarios en media España investigados por delitos de corrupción.

Al igual que en muchas otras causas, como las emanadas en Madrid o Murcia, la pieza leonesa de Púnica se centró en la relación durante al menos dos años de sus mandatarios con las empresas Dadiva e Eico del fulgurante consultor e informático Alejandro de Pedro, compañías que fueron contratadas ya en 2012 por la entonces poderosa presidenta del PP provincial y de la Diputación, Isabel Carrasco. Cuando la UCO entró en el caso y en el despacho de Presidencia hacía justo medio año que Carrasco había sido literalmente ejecutada a plena luz del día, con cuatro tiros por la espalda, por dos mujeres vinculadas al PP, una hija que buscaba perpetuarse en la institución y su madre, y que fueron condenadas junto a una policía local.

Heredero de sus políticas, de sus contratos y gestión, su eterna mano derecha, Martínez Barazón, también alcalde de largo recorrido del creciente municipio de Cuadros, tomó el poder en el Palacio. Y vio en la relación con las empresas de De Pedro las mismas dos ventajas que también sacó su mentora: mejorar su imagen personal en Internet y contrarrestar las críticas políticas con apoyo de una red de periódicos online zombies del empresario. Y en su caso, una ambición más: aprovechar las influencias del conseguidor para obtener los favores de la cúpula del PP y heredar también el liderazgo provincial. Estuvo a apenas un mes de conseguirlo.

En lugar de eso, la Operación Púnica le llevó directamente a la prisión madrileña de Soto del Real, donde permaneció 43 días hasta depositar una fianza de 30.000 euros. Pocas horas después, regresó a su pueblo reconvertido en un mártir ante una masa de fieles vecinos que le vitoreaban.

Lágrimas y penas compartidas

Él también lloró. Le quedaba por delante un lento suplicio policial y judicial hasta la fecha de ayer, en la que el caso ha sido por fin cerrado con una condena ratificada por el Tribunal Supremo. No era el único. En la maraña de Púnica habían caído también dos hombres fuertes en la Diputación leonesa: el alto cargo a dedo, anterior diputado provincial de Turismo e histórico alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y el no menos poderoso entonces interventor del Palacio, Jesús 'Suso' López.

Los dos han acabado recibiendo, primero en la Audiencia Nacional y ahora tras su recurso en el Supremo, la misma pena por prevaricación que Martínez Barazón: ocho años y medios de inhabilitación. Y los tres libraron de prisión, en parte por aplicárseles dilaciones indebidas en una instrucción judicial que tardó nueve años, y porque no se vieron pruebas de fraude a la administración, falsificación de documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho. Era la larga lista que les atribuían la Fiscalía y la acusación, la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade).

El modus operandi

La condena, que ahora está llamada a sentar jurisprudencia en el resto de causas de Púnica por juzgarse o revisarse por altos tribunales, sí vino a dar por delictivo el modus operandi de los políticos que habían contratado los servicios de Alejandro de Pedro, condenado aquí en León por su parte a cuatro años y tres meses de inhabilitación. Pero la maraña de las investigaciones policial y judicial, materializada en las acusaciones, hablaba de mucho más que trabajos de reputación personal con dinero público, que en el caso de León rondó los 107.000 euros.

La Fiscalía se aferró a conversaciones y gestiones que apuntaban a un supuesto intercambio de favores: De Pedro y su socio en Madiva e Eico, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena, habrían utilizado sus altos contactos para ayudar a Martínez a ser el presidente provincial del PP, a cambio de que las compañías de la trama obtuvieran a dedo contratos públicos de la Diputación.

En esa segunda parte de la investigación aparecieron también los contratos relacionados con la estación de esquí de San Isidro, enmarcada en el municipio en el que Sánchez era alcalde. En las conversaciones intervenidas se planteaba, entre otras operaciones, la contratación de servicios para la estación invernal y la adjudicación de cafeterías o planes de desarrollo. La Fiscalía cifró además en 74.200 euros los trabajos realizados o comprometidos para mejorar la imagen de Martínez a través de la Diputación y Gersul. También se investigó un proyecto de gestión de San Isidro cuyo coste se había fijado en 171.000 euros, con pagos mensuales de 24.428 euros.

Como demostró ILEÓN en varias publicaciones exclusivas de investigación, se negoció que al concurso se presentaran tres empresas del entorno del conseguidor, para garantizar quedarse con él (“Sois los mejores y os lo voy a dar”, se escuchó a un testigo en el juicio). Y algo aún más tosco: los pliegos fueron corregidos a la carta con peticiones de las compañías, y el propio presidente los envió, marcados los cambios, a través su correo oficial de Presidencia. Pese a todo, al final libraron porque los planes no fraguaron, debido a que se precipitó la mediática intervención policial en octubre de 2014.

Contra esa no materialización de los presuntos delitos se estrelló la Fiscalía Anticorrupción, que defendía una acusación mucho más amplia que la que finalmente quedó acreditada. Por eso, ante una condena sin cárcel el propio Ministerio Fiscal pidió incluso la repetición del juicio en la Audiencia Nacional, algo que quedó desestimado, igual que su recurso.

Lo demostrado, según Audiencia y Supremo

Así las cosas, lo que sí quedó probado y llevó a las condenas finales ahora ratificadas fue la forma en la que la Diputación tramitó aquellos contratos de publicidad institucional. La Audiencia consideró acreditado que De Pedro y Marcos Martínez, durante los meses en los que este último estuvo al frente de la institución en 2014, igual que antes Isabel Carrasco, participaron en un procedimiento administrativo irregular para garantizar el pago de las facturas. Eran facturas mensuales, de importes similares y, en todo caso, inferiores a 6.000 euros cada una, tramitadas por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, según el tribunal, no existía una razón que lo justificara. Además, se utilizaba de manera incorrecta la figura del enriquecimiento injusto para proceder al pago, que Pedro Vicente Sánchez ordenaba y el interventor López sancionaba.

El efecto de ese sistema era evitar que una relación contractual que tenía carácter continuado se sometiera al procedimiento de contratación, con la correspondiente licitación y por lo tanto la posibilidad de que otras empresas o medios de comunicación pudieran concurrir. Es decir, blindar a las empresas del conseguidor. La Audiencia consideró que de esta manera se eludían también controles que debían realizar tanto el Servicio de Contratación como la Intervención General de la Diputación. Las facturas terminaban incorporándose a la relación mensual de pagos y se abonaban muy rápido.

Tras la irrupción de la UCO aquel 2014, el PP leonés y la institución vivieron un tsunami. Martínez Barazón, vicepresidente con Carrasco, asesinada en mayo, la había sucedido en una votación antes del verano. Pero al ser fulminantemente detenido se abrió una situación insólita en la institución provincial que forzó a acelerar otro nombramiento en Presidencia. Recayó en el joven diputado Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros, que había 'heredado' la Alcaldía de su propio padre. Él se convirtió por unos meses en el tercer presidente de la Diputación en apenas medio año y eso costaría muy caro en inoperancia y en un anquilosamiento de proyectos y presupuestario que hoy todavía se arrastra desde aquella época de convulsiones.

Dos exalcaldes que los fueron presionados

La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos, afectados así doblemente por la inhabilitación de la condena, aunque en todos estos años no se haya aplicado.

Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida, sin embargo, tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP, pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con abrumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.

Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.

El Supremo ha dictado la suprema sentencia final al año 2014, en que el PP y León fueron demasiadas veces la peor forma de portada nacional. Ya había pasado un poco a la historia la tragedia del asesinato de Isabel Carrasco -aunque nunca la investigación se cerrara por completo y siga dando pie a material de true crime- Y ahora comienza a hacerlo el Caso Púnica con la bajada definitiva del telón judicial.

Un pedido de tabaco por WhatsApp que nunca llegó ha acabado en los tribunales en León. La compradora pagó 43 euros en dos Bizum, esperó a que llegara el supuesto repartidor y, cuando comprobó que no había tabaco ni respuesta al otro lado del teléfono, denunció los hechos. La Audiencia Provincial de León ha confirmado ahora la condena del vendedor por un delito leve de estafa, que tendrá que devolver los 43 euros y pagar 300 euros de multa.

La historia comenzó el 3 de marzo de 2025, cuando la mujer contactó por WhatsApp con el condenado para comprar tabaco. No era la primera vez que hacía una operación de este tipo con ese número y, según declaró durante el juicio, las compras anteriores habían funcionado correctamente. Esta vez, sin embargo, el pedido se torció desde el principio.

El vendedor le pidió primero 20 euros mediante Bizum y después otros 23 euros, con el argumento de que necesitaba completar el pago para que un repartidor pudiera llevarle el tabaco. La mujer hizo ambos pagos. El repartidor, sin embargo, nunca apareció y el tabaco tampoco. Cuando intentó ponerse de nuevo en contacto con el vendedor, tampoco obtuvo respuesta.

La investigación permitió comprobar que el número de teléfono al que se hicieron los pagos y la cuenta bancaria que recibió el dinero estaban a nombre del acusado. El hombre negó haber participado directamente en la estafa y sostuvo que desconocía lo que estaba ocurriendo. También llegó a explicar que el dinero podía estar relacionado con una operación de compra de bitcoins.

El tribunal no da por buena esta explicación. La sentencia señala que no existía ningún contrato entre el acusado y la mujer para realizar una operación con criptomonedas y considera probado que recibió el dinero en su cuenta y que posteriormente dispuso de él. Para la Audiencia, aunque el condenado no hubiera sido quien contactó directamente con la víctima, prestó su teléfono y su cuenta bancaria para recibir los fondos y participó en el engaño.

De 900 a 300 euros de multa

La primera sentencia, dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de León, había impuesto al condenado tres meses de multa a razón de 10 euros diarios, lo que suponía 900 euros, además de la devolución de los 43 euros a la víctima. El condenado recurrió y pidió su absolución o, de forma subsidiaria, una reducción de la pena.

La Audiencia Provincial mantiene la condena por estafa, pero sí le da la razón en parte respecto a la multa. Considera que la jueza de primera instancia no explicó suficientemente por qué había impuesto la pena máxima prevista para este delito leve y, por ello, la reduce de tres meses a un mes de multa, manteniendo los 10 euros diarios.

La cuenta final de aquella venta de tabaco que nunca llegó se salda con la devolución de los 43 euros estafados a la víctima y 300 euros de multa. La resolución de la Audiencia Provincial de León, dictada este verano, es firme y contra ella ya no cabe recurso.

Las familias de los seis mineros que murieron en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa siguen pendientes de una respuesta judicial. La Audiencia Provincial de León tiene ya sobre la mesa los recursos contra la sentencia que absolvió a los 16 acusados por el accidente, entre ellos tres miembros de la familia Del Valle, y debe decidir ahora si confirma el fallo o estima las peticiones de las acusaciones. La Fiscalía fue la primera en exigir que se repitiera el juicio y las acusaciones particulares se han adherido a su recurso, según ha podido conocer este medio. El trámite de apelación ya ha concluido y los autos están en manos de los magistrados de la Audiencia.

Han pasado casi 13 años desde el 28 de octubre de 2013, cuando un escape de grisú en el Grupo Tabliza de Llombera, en La Pola de Gordón, acabó con la vida de Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, José Luis Arias, Roberto Álvarez y Orlando González y dejó heridos a otros ocho trabajadores de distinta gravedad. Desde entonces, sus familias no han hecho otra cosa que esperar. Primero la investigación, después a un juicio que se celebró a la segunda, a una sentencia que llegó más de una década después de la tragedia y dos años y medio después de que se terminase el juicio, absolviendo a todos los acusados, y ahora un recurso.

La causa vuelve a estar pendiente de los tribunales. La Fiscalía considera que la sentencia hizo una valoración incorrecta de las pruebas y pidió a la Audiencia Provincial que la anule, también el juicio, y que el caso vuelva a juzgarse otra vez de nuevo. Las acusaciones se han adherido a ese recurso y exigen que se depuren las responsabilidades por un accidente que siguen pensando que se podía haber evitado.

El Ministerio Público sostiene que la sentencia llevó a cabo una valoración “irracional” de los informes técnicos y los testimonios a lo largo de los casi dos meses de maratonianas sesiones judiciales, y cuestiona que se diera mayor credibilidad a las pruebas aportadas por las defensas que a los informes de los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. La Fiscalía entiende que el procedimiento no debía limitarse a determinar la causa inmediata del escape de gas, sino también a establecer si la tragedia podía haberse evitado con unas medidas de seguridad más adecuadas.

En su recurso, el Ministerio Público puso el foco en cuestiones como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa por la presencia de grisú. También cuestionó que determinados trabajos se hubieran iniciado sin contar, según su interpretación, con todas las autorizaciones exigidas por la autoridad minera y recordó la obligación de los responsables de la explotación de garantizar la seguridad de los trabajadores.

La Audiencia Provincial tendrá ahora que decidir si mantiene la absolución o estima los recursos. No existe un plazo concreto para resolver, por lo que las familias tendrán que seguir esperando sin saber cuándo llegará la decisión. Según ha explicado a ILEÓN uno de los abogados de las acusaciones, ya se han presentado las adhesiones de las acusaciones y las impugnaciones de las defensas y el procedimiento está pendiente de la resolución de la Audiencia.

Los Del Valle acaban de ser absueltos también de un fraude fiscal de 2,1 millones de euros relacionado con las ayudas al carbón de la Hullera Vasco-Leonesa. La Audiencia Provincial de León anuló las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlos ilícitos y extendió esa nulidad a todas las pruebas obtenidas en esas actuaciones, al aplicar la doctrina del 'fruto del árbol envenenado'. La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para Antonio y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Vasco, al considerar probado que, junto a otros directivos y responsables de empresas subcontratadas, habían hecho pasar carbón de cielo abierto por carbón de interior para acceder a unas ayudas cinco veces superiores. El tribunal concluyó que, una vez excluidas esas pruebas, no quedaban elementos suficientes para acreditar el fraude ni para desvirtuar la presunción de inocencia.

Una causa que acumula más de una década

La espera judicial en este caso está siendo especialmente larga. El accidente ocurrió en 2013 y el juicio no comenzó hasta febrero de 2023, después de que algunos de los acusados se acordaran el primer día del juicio, la primera vez que se señaló en 2021, de que tenían seguros de responsabilidad civil que podían responder por ellos en caso de condena. El caso juzgó a 16 acusados y, durante dos meses de sesiones, escuchó a 80 testigos y peritos.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de León tardó en llegar más de dos años y medio después de la finalización del juicio. La resolución fue dictada por la magistrada María Argentina Álvarez Rodríguez, titular de ese juzgado, que había permanecido de baja durante buena parte de la espera y se reincorporó en octubre de 2025 con un refuerzo acordado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León para ayudar a sacar adelante las sentencias pendientes.

Entre los acusados figuraban tres miembros de la familia Del Valle, antigua propietaria de la Hullera Vasco-Leonesa, además de responsables de la compañía, ingenieros, mandos intermedios y vigilantes. Las defensas sostuvieron durante el juicio que el accidente había sido fortuito, imprevisible y no evitable y reclamaron la libre absolución de sus representados.

Seis nombres detrás de una causa que sigue abierta

Mientras la Audiencia decide, las familias continúan esperando casi 13 años después de perder a sus seres queridos. Carlos Pérez, de Las Ventas de Albares, estaba casado y tenía dos hijos. Manuel Moure, de Ciñera de Gordón, tenía 39 años y acababa de ser padre de una niña pocas semanas antes de morir.

Antonio Blanco, de Robles de la Valcueva, tenía 42 años, estaba casado y tenía una hija y esperaba poder prejubilarse. Roberto Álvarez, de Fontanos, era el más joven de los seis, con 35 años, y dejó dos hijos pequeños.

Orlando González, vecino de La Pola de Gordón y natural de Paradilla, llevaba más de una década trabajando en la minería. José Luis Arias, natural de Pola de Lena (Asturias), estaba casado y tenía dos hijos y era el único de los seis fallecidos que no era leonés. El próximo 28 de octubre se cumplirán 13 años del accidente en el que perdieron la vida en el tajo.

Finalmente no se celebrará juicio contra quien fuera el alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación hace 20 años de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por el empresario minero Victorino Alonso. Las partes han llegado a un acuerdo económico que evita la posible pena de prisión para Benéitez, quien ha devuelto íntegramente el dinero atribuído al delito de malversación.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación.

El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.

Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo por Izquierda Unida tras un acuerdo multilateral entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.

Este lunes 21 de septiembre estaba fechada en la Audiencia Provincial de León la primera sesión del juicio contra el exalcalde de Cabrillanes ante un Tribunal del Jurado, las siguientes se celebrarían el martes 22 y jueves 24 de septiembre. Sin embargo, ni siquiera se ha llegado a celebrar esta primera sesión tras un acuerdo con Fiscalía que solicitaba para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta. Finalmente, el acuerdo consta de una inhabilitación y una multa, aunque se desconocen los detalles concretos de la cantidad y duración de las mismas.

Como atenuante, la Fiscalía puede haber tenido en cuenta dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial acumula una duración de dos décadas. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio.

La Justicia absuelve otra vez a los empresarios mineros Del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa y a los directivos de las empresas del Grupo Peal, acusados de un fraude millonario por ayudas al carbón. La Audiencia Provincial de León anula las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlas ilícitas y, por ende, todas las demás pruebas que derivaban de esas actuaciones, por lo que concluye que no queda evidencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. La sentencia, dictada el pasado 2 de julio y a la que ha tenido acceso ahora ILEÓN, absuelve a todos los acusados y a las sociedades implicadas de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El procedimiento juzgaba una presunta trama desarrollada entre 2011 y 2013 para hacer pasar carbón de explotaciones a cielo abierto por carbón de interior, que tenía una subvención pública cinco veces mayor. Fiscalía sostuvo durante el juicio que existía un sistema organizado y pactado entre la Hullera Vasco-Leonesa y Transportes Peal y Restauraciones Mineras para alterar las cifras de producción, sobrefacturar determinados trabajos e infravalorar el carbón con el objetivo de reducir las cuotas de IVA. La acusación pública cifró el supuesto fraude en 2.114.376,26 euros: 734.981,28 euros en 2011, 510.463,37 en 2012 y 868.931,61 en 2013. Para los dos empresarios de la familia Del Valle, Antonio y Arturo, y el que fuera director general de la Hullera, Mario Calvo Herce, la Fiscalía llegó a solicitar 12 años de prisión para cada uno, mientras que para los responsables de Transportes Peal reclamó siete años y medio. La Abogacía del Estado formuló peticiones incluso superiores en algunos de los delitos.

La sentencia, sin embargo, no entra siquiera a determinar si existió o no el fraude descrito por las acusaciones porque considera que la forma en que se obtuvo una parte esencial de la prueba estuvo fuera de la ley. La Audiencia recuerda que el Tribunal Supremo ya había declarado nulo el auto de 30 de mayo de 2016 que autorizó la entrada y registro en distintas instalaciones de la Hullera Vasco-Leonesa. Aquella resolución judicial no había realizado, según el tribunal leonés, un verdadero juicio de necesidad y proporcionalidad, sino que había asumido los argumentos de la Administración. La consecuencia fue la nulidad de las actuaciones por vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la tutela judicial efectiva.

Pero la Audiencia va más allá de aquella primera nulidad. También revisa el registro efectuado en las instalaciones de Transportes Peal y concluye que tampoco en este caso quedó justificado de manera suficiente que la entrada fuese necesaria y proporcionada. A ello añade un problema específico con el Centro de Proceso de Datos de La Robla: las instalaciones no pertenecían a la Hullera Vasco-Leonesa sino a una filial, CITSA, y el representante de la administración concursal que permitió la entrada no tenía capacidad para prestar un consentimiento válido en nombre de la sociedad titular.

La resolución aplica así la doctrina conocida como 'fruto del árbol envenenado'. La exclusión no se limita a los documentos que fueron directamente incautados durante los registros, sino que se extiende también al resto de pruebas que depende de esos registros. Los propios inspectores de Hacienda reconocieron durante el juicio que sus informes sobre la supuesta mecánica defraudatoria y los cálculos de las cuotas tributarias se elaboraron esencialmente a partir de la documentación obtenida en aquellos registros. Uno de los inspectores manifestó que, sin la documentación intervenida en Transportes Peal y en el centro de datos de La Robla, no podía mantener sus conclusiones sobre el fraude.

Con todas esas pruebas fuera del procedimiento, la Audiencia analiza qué queda para sostener la acusación y concluye que no es suficiente. Los técnicos y peritos que declararon en el juicio no acreditaron la existencia de una estructura fraudulenta destinada a falsear la producción o generar facturación ficticia. Además, varios expertos vinculados al ámbito minero señalaron que el método técnicamente fiable para determinar los movimientos de estéril y la producción era la medición topográfica, frente al simple recuento de camiones utilizado como referencia en parte de los cálculos acusatorios. La sentencia también recoge informes periciales que cuestionaron la metodología utilizada por Hacienda para calcular las cuotas supuestamente defraudadas y otro que no apreciaba una sobrefacturación significativa.

El tribunal concluye que, una vez eliminadas las pruebas, no existe una base válida que permita determinar la deuda tributaria ni acreditar que se superase el umbral necesario para que existiera delito fiscal. Tampoco considera probado que la Hullera Vasco-Leonesa y las empresas contratistas mantuvieran una doble contabilidad, que alterasen conscientemente la producción real, que se facturasen servicios inexistentes o que hubiese una infravaloración sistemática del carbón de cielo abierto acompañada de una sobrefacturación del estéril.

La sentencia termina absolviendo a Antonio y Arturo Del Valle, Mario Calvo Herce, José Manuel Alonso y Francisco Javier Luengo, así como a Hullera Vasco-Leonesa, Transportes Peal y Restauraciones Mineras, y declara las costas de oficio. Uno de los acusados, cuya capacidad procesal había quedado afectada, ya había sido apartado del procedimiento por fallecimiento.

La absolución se conoce ahora, varios meses después de un juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de León en mayo con muchas trabas a los periodistas, negando incluso al principio la Fiscal Jefe de León, Isabel Morán González, que llevaba el caso de forma personal, que se pudieran conocer la solicitud de cárcel hasta la finalización del mismo y tras quejas de los profesionales de la información. Este medio solicitó desde hace meses la sentencia a la Fiscalía y TSJ, la última la semana pasada, sin que haya sido remitida como es habitual pese a haber sido notificada en el mes de julio.

Fiscalía y Abogacía del Estado mantuvieron hasta el final que existió una operación concertada para hacer pasar carbón de exterior por carbón de interior y reclamaron penas de prisión de hasta 12 años para los principales responsables. Los acusados, por su parte, negaron la trama y sus defensas sostuvieron desde el inicio que las pruebas habían sido obtenidas ilícitamente.

Y esta resolución adquiere especial relevancia por el otro procedimiento que sigue abierto contra la familia Del Valle, la absolución por el fraude de carbón se produce mientras continúa pendiente el recurso de Fiscalía contra la sentencia que absolvió a los acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en octubre de 2013. Son dos procedimientos distintos, pero ambos coinciden en absolver a los empresarios de su gestión empresarial.

La Guardia Civil investiga a un hombre de 44 años por un presunto delito contra la flora y la fauna después de localizarlo realizando actividades relacionadas con la caza en la Reserva Regional de Caza de Los Ancares Leoneses, en concreto en la localidad de Bárcena de la Abadía, en el municipio de Fabero.

La actuación se produjo durante un dispositivo nocturno desplegado por agentes del Seprona de Fabero después de recibir varios avisos sobre vehículos que circulaban a altas horas de la noche por la zona para localizar animales silvestres mediante el uso de linternas. La vigilancia se intensificó ante la sospecha de que pudieran estar produciéndose actividades relacionadas con la caza furtiva.

Los agentes localizaron finalmente al hombre cuando se encontraba realizando actividades de caza y portaba un rifle equipado con mira telescópica y una linterna de largo alcance. La Guardia Civil intervino tanto el arma como los efectos utilizados durante la actuación.

Según explica la Guardia Civil, este tipo de prácticas se detectan especialmente durante los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con la época de celo de los ciervos, conocida como la berrea. Durante este periodo, los animales son más fáciles de localizar, lo que puede favorecer la aparición de actividades de caza furtiva.

El hombre está siendo investigado como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna, previsto en el artículo 335 del Código Penal, por cazar sin autorización del titular en terrenos sometidos a un régimen cinegético especial.

El primer juicio de la temporada en la Audiencia Provincial de León tratará de resolver una historia de hace veinte años y en la que aparece uno de los nombres más conocidos de la minería leonesa: Victorino Alonso, el ‘rey del carbón’. Pero no será el empresario minero quien se siente en el banquillo, sino quien fuera alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por Alonso.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación. El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.

La Fiscalía considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y acusa a Benéitez en calidad de autor. En su escrito, presentado en 2017, solicita para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, aunque aprecia como circunstancia atenuante las dilaciones indebidas acumuladas durante la tramitación del procedimiento que suman ya dos décadas.

El juicio está señalado para el lunes 21 y martes 22 y jueves 24 de septiembre, ante un Tribunal del Jurado, después de una investigación judicial que se ha prolongado sobremanera. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio. El exalcalde siempre ha defendido que los 36.000 euros tuvieron un destino municipal y los vinculó a unas obras, pero su versión no ha evitado que finalmente responda por ello en la sala de justicia.

Un pago de la empresa de Victorino Alonso

El dinero que está en el centro del procedimiento salía de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la compañía quebrada que compró y explotó hasta su extinción el empresario minero Victorino Alonso. El pago estaba relacionado con Nueva Julia, una explotación a cielo abierto que acabaría convirtiéndose en uno de los principales episodios judiciales de la trayectoria empresarial del conocido como ‘rey del carbón'.

Alonso fue condenado por la explotación ilegal de Nueva Julia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El Tribunal Supremo confirmó una pena de cuatro años de prisión para él y una responsabilidad civil superior a 24 millones de euros por los daños ocasionados, una condena que terminó llevando al empresario a prisión en 2023. Posteriormente obtuvo el tercer grado y, este 2026, la libertad condicional por su edad.

La causa por la que ahora se juzga al que fuera alcalde de Cabrillanes es, por tanto, distinta de la condena medioambiental de Alonso, aunque ambas tienen como escenario la misma explotación minera y parten de acontecimientos ocurridos en aquellos años de actividad de Nueva Julia.

Una historia que empezó hace 20 años

El caso llega al juicio casi veinte años después de los hechos investigados. Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo tras un acuerdo entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.

La defensa del exregidor sostuvo durante la instrucción que el dinero se había destinado a unas obras de construcción de muros de escollera y hormigón en el municipio. Sin embargo, las resoluciones judiciales que permitieron continuar con el procedimiento cuestionaron la existencia de documentación municipal que acreditase tanto el encargo como la fiscalización de aquellas obras y señalaron que las cantidades facturadas no permitían justificar el destino del dinero.

Ahora será el Tribunal del Jurado el que tendrá que determinar qué ocurrió con aquellos 36.000 euros. Fiscalía ve malversación y pide para el acusado 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, con el atenuante de dilaciones indebidas de dos décadas.

Un agente de la Policía Nacional destinado en la comisaría de Ponferrada se sentará en el banquillo de los acusados por haber accedido sin justificación profesional a información reservada de un particular almacenada en bases de datos policiales, imprimirla y dársela posteriormente “a una vecina, que se la entregó a su sobrina” después de las elecciones municipales de mayo del 2023. El Tribunal de Instancia de Ponferrada ha acordado la apertura de juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos cometido por funcionario público. El caso será juzgado por el Juzgado de lo Penal de Ponferrada.

El procedimiento supera la fase de instrucción y avanza hacia el juicio, después de que la Audiencia Provincial de León haya apreciado “indicios racionales de criminalidad” suficientes para ser juzgados.

Según el relato recogido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el agente trabajaba en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Ponferrada cuando, el 29 de abril de 2021 a las 15.23 horas, un usuario policial vinculado al investigado accedió de forma voluntaria a información sobre el perjudicado contenida en las bases de datos policiales. La Audiencia sostiene, de acuerdo con los indicios obtenidos durante la investigación, que esos datos fueron consultados sin justificación laboral, impresos y entregados a una vecina.

La documentación judicial añade un elemento temporal relevante: la mujer vecina del policía habría entregado posteriormente esa información a una sobrina después de las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023. Por tanto, el auto sitúa el acceso a los datos dos años antes de las elecciones, pero su difusión después de los comicios, por lo que se intuye un fin político sobre el que este medio ha preguntado a diversas fuentes sin obtener respuesta.

La defensa del policía intentó frenar el avance del procedimiento mediante un recurso de apelación. Su principal argumento era que los hechos investigados, en caso de acreditarse, deberían tener consecuencias en el ámbito disciplinario y no en el penal. Tanto el Ministerio Fiscal como la representación del perjudicado pidieron que se rechazase el recurso y que continuase la causa. La Audiencia Provincial de León terminó desestimando la apelación el pasado 25 de marzo y confirmó la decisión de seguir adelante por los trámites del procedimiento abreviado.

La Audiencia considera que la investigación ha permitido concretar suficientemente tanto el supuesto acceso a las bases policiales como la impresión de la información y su entrega fuera del ámbito profesional. Tras esa decisión, el Tribunal de Instancia de Ponferrada dictó el 5 de mayo de 2026 el auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía acusa al policía de un delito de revelación de secretos de un particular cometido por funcionario público. Según recoge literalmente la resolución, solicita tres años de prisión, 15 meses de multa con una cuota de 12 euros diarios, dos años de suspensión de empleo o cargo público, las correspondientes penas accesorias y el pago de las costas. Reclama además 800 euros para el perjudicado por daños morales.

La acusación particular va más allá. Atribuye al agente delitos de los artículos 415 y 417 del Código Penal, sobre la custoria de secretos y documentos, y solicita, por el primero, diez meses de multa a razón de diez euros diarios y dos años de inhabilitación para empleo o cargo público. Por el segundo reclama tres años de prisión, 16 meses de multa a diez euros diarios y tres años de suspensión de empleo o cargo público. En materia de responsabilidad civil eleva su reclamación hasta los 30.000 euros por el perjuicio moral que asegura haber sufrido el afectado.

Entre las pruebas propuestas para el juicio figuran el interrogatorio del acusado, la declaración del perjudicado y de varias personas relacionadas con los hechos, además de diversos agentes de la Policía Nacional.

El juez ha acordado que el acusado preste fianza para garantizar las responsabilidades civiles que se le reclaman y ha señalado expresamente al Juzgado de lo Penal de Ponferrada como órgano competente para celebrar el juicio y dictar sentencia. El auto de apertura de juicio oral ya no puede recurrirse, salvo en aquellos aspectos que afecten a la situación personal del acusado.

Por el momento no ha trascendido oficialmente la fecha en la que se celebrará la vista. Pese a la relevancia de una causa que afecta a un funcionario policial acusado de utilizar información obtenida por razón de su cargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha facilitado a este medio más información sobre el procedimiento. La abogada de la acusación particular tampoco ha querido precisar cuándo se celebrará el juicio y, al ser preguntada al respecto, se ha amparado en su secreto profesional.

La Audiencia Provincial de León acogerá el próximo 9 de diciembre el juicio repetido por la agresión sufrida por el exalcalde de Ponferrada y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Olegario Ramón, a las puertas de la sede del PSOE en Ponferrada el 11 de abril de 2024 durante una protesta de la extrema derecha.

La repetición fue ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) el pasado mes de julio tras anular parcialmente la resolución dictada en primera instancia, que no consideró acreditado el delito de atentado a la autoridad y limitó los hechos a un delito de lesiones. Esa primera condena, por tales motivos, a solo ocho meses de multa para uno de los acusados y la absolución de otro.

La nueva vista tendrá que celebrarse ante una composición distinta del tribunal y deberá pronunciarse nuevamente sobre los delitos atribuidos al principal acusado. Ramón ya ha manifestado su confianza de que, ahora sí, se aprecie atentado a la autoridad, como pedía su acusación desde el primer momento.

La primera sentencia de la Audiencia Provincial condenó al acusado únicamente por un delito de lesiones, con una pena de ocho meses de multa a razón de siete euros diarios, además del pago de 1.504 euros de indemnización a Olegario Ramón. El TSJCyL acordó posteriormente la nulidad parcial de esa sentencia, tanto en lo relativo al atentado como al delito de lesiones.

La resolución del tribunal superior cuestionó, entre otros aspectos, la forma en la que se habían descartado determinadas pruebas que podían resultar relevantes para determinar si el acusado conocía o podía conocer razonablemente que Ramón tenía la condición de autoridad. El tribunal también consideró necesario revisar la valoración realizada sobre el contexto en el que tuvo lugar la agresión, después de que durante un periodo prolongado se hubieran producido protestas ante la sede del PSOE.

En este sentido, el TSJCyL señaló la relevancia de circunstancias como el carácter de cargo público de Olegario Ramón y las referencias que se habían producido durante los incidentes y que podían identificarle con el PSOE, lo que deberá volver a ser examinado en el nuevo juicio. La celebración de la nueva vista responde así a la decisión del tribunal superior de retrotraer parcialmente el procedimiento y permitir una nueva valoración de los hechos y de las pruebas, esta vez ante un órgano de enjuiciamiento diferente.

El Tribunal Supremo zanja definitivamente el caso del coto de caza de Fonfría, el pequeño pueblo de cinco habitantes del municipio de Torre del Bierzo, y confirma la condena al que fuera presidente de la Junta Vecinal desde 2003 a mayo de 2012 por gestionar el aprovechamiento cinegético y utilizar los ingresos que generaba sin autorización de los vecinos, aunque le rebaja la pena.

La Sala de lo Penal ha decidido mantener la condena por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, pero reduce ligeramente la pena impuesta por la Audiencia Provincial de León y ordena recalcular el dinero que deberá devolver. El alto tribunal confirma así que el que fuera presidente de la Junta Vecinal se excedió en sus competencias y gestionó un bien comunal como si fuera suyo.

El conflicto empezó en 2009. La Junta Vecinal de Fonfría había acordado adjudicar el aprovechamiento del coto de caza de la localidad a un tercero por 8.395 euros. Sin embargo, según consideran probado los tribunales, apenas un día después el presidente decidió revocar esa adjudicación por su cuenta, sin contar con el resto de vecinos.

A partir de ese momento, el condenado pasó a controlar personalmente la explotación del coto. La sentencia recoge que gestionó el aprovechamiento cinegético al margen de la Junta Vecinal y que recibió en cuentas bancarias a su disposición los pagos realizados por cazadores durante las temporadas 2010/2011 y 2011/2012. Parte de esas cantidades no se destinaron a la entidad propietaria del coto, según concluyeron los tribunales.

La defensa sostuvo durante el procedimiento que no había actuado ilegalmente, sino que se había producido una renuncia a gestionar el coto y, entonces, lo hacía él. El argumento no convenció al Supremo, que considera que el problema no fue solo la decisión de revocar la adjudicación, sino que el presidente asumió funciones que correspondían a la Junta Vecinal y gestionó el coto como si fuera suyo, a pesar de que es un bien que pertenece a la entidad pública local.

La Audiencia Provincial de León había fijado inicialmente en 15.259 euros el perjuicio económico de su gestión. Esa cantidad incluía distintos conceptos relacionados con la explotación del coto, como los ingresos que habría obtenido por su adjudicación, los gastos asociados y las cantidades percibidas durante las temporadas de caza.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera ahora, según reclamó el condenado, que esa cantidad incluía conceptos que no podían sumarse porque supondría contabilizar dos veces parte del mismo perjuicio. Es por eso que ha ordenado volver a calcular la indemnización definitiva.

El alto tribunal acepta parcialmente también otro recurso de la defensa. El condenado ya ingresó 3.470 euros en la cuenta del juzgado antes del juicio, que la justicia considera como una reparación parcial del daño y le aplica el atenuante de “reconocimiento de culpa, aflicción o arrepentimiento”.

La pena queda finalmente fijada en un año y siete meses de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos locales y otros cargos electivos. La condena inicial de la Audiencia Provincial era de un año y once meses de cárcel y una inhabilitación superior. Fiscalía pedía para él cinco años de cárcel, 13 de inhabilitación y devolver casi 39.000 euros de los 42.000 que se calcula que dejó de percibir la Junta Vecinal por su gestión.

Un segundo acusado queda absuelto

El procedimiento también incluía en un inicio a otra persona relacionada con la adjudicación del coto, pero tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo consideran que no existen pruebas suficientes para atribuirle los delitos por los que fue acusada. Por ello, queda absuelta.

La sentencia concluye que el antiguo presidente de la Junta Vecinal actuó atribuyéndose competencias que no le correspondían, sin autorización de la Junta Vecinal y sin respetar los trámites administrativos necesarios. El Supremo mantiene así su responsabilidad penal, aunque le rebaja unos meses la duración de la pena y pide que se vuelva a calcular la indemnización económica que deberá pagar por ello.

La Mancomunidad de Municipios Bierzo Suroeste, integrada por los municipios de Carucedo, Oencia y Sobrado, ha convocado una subasta pública de cuatro lotes de maquinaria agrícola y de obras para obtener recursos con los que hacer frente a una deuda judicializada heredada, que se remonta al año 2008.

El origen de la deuda se encuentra en facturas pendientes con la empresa encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2008, ha informado la entidad.

El impago derivó en un procedimiento ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, que fijó inicialmente la deuda en 121.258,30 euros de principal.

Desde la llegada del actual equipo directivo en 2019, la Mancomunidad ha abonado 32.400 euros mediante pagos directos. Ahora, dentro del proceso judicial de ejecución, ha acordado enajenar bienes muebles patrimoniales que, según la entidad, no resultan esenciales para el funcionamiento diario.

Lo que se subasta

La subasta se divide en cuatro lotes independientes y las pujas serán al alza sobre los tipos mínimos de licitación, a los que se aplicará posteriormente el IVA correspondiente. El Lote 1 corresponde a un tractor New Holland 60-66S, con un precio de salida de 3.161,25 euros, mientras que el Lote 2, el de mayor valor, incluye un tractor New Holland TL100, tasado en 24.245,38 euros.

El Lote 3 está compuesto por un remolque agrícola con cisterna Galagri GRC-550, con un tipo mínimo de 3.700 euros, y el Lote 4 corresponde a una pala retroexcavadora Case 580 Super K SN-4, con un precio de salida de 13.088,70 euros.

La maquinaria puede ser examinada previamente en la sede de la Mancomunidad, en Sobrado, salvo el tractor New Holland TL100, que se encuentra custodiado en las dependencias del Ayuntamiento de Carucedo.

Las ofertas deberán presentarse hasta el 22 de septiembre en la sede de la Mancomunidad. La apertura de los sobres y la adjudicación de los lotes a las ofertas más altas se celebrará el 23 de septiembre a las 9.00 horas en el Ayuntamiento de Sobrado.

El Tribunal Supremo cierra definitivamente una de las mayores causas por fraude de IVA vinculadas al negocio de los hidrocarburos en la que Ponferrada ocupó un lugar relevante. Tres de las cuatro empresas consideradas “trucha” dentro del entramado estaban vinculadas a la capital berciana y por sus cuentas circularon decenas de millones de euros dentro de un complejo sistema creado para reducir artificialmente el IVA que las compañías dedicadas a la venta de carburantes tenían que ingresar a Hacienda.

El fraude del IVA en los hidrocarburos sigue siendo, de hecho, uno de los grandes focos de actuación de la Agencia Tributaria. Hacienda mantiene abiertas actualmente 35 investigaciones por posibles irregularidades en el sector, después de detectar un auge de estas prácticas, mientras que las empresas relacionadas con este tipo de fraude incluidas en su lista de morosos acumulan una deuda cercana a los 1.500 millones de euros. El mecanismo suele apoyarse en sociedades instrumentales que compran y venden carburante, cobran el IVA y desaparecen o se vacían antes de ingresar el impuesto, aunque la trama ahora sentenciada utilizó un sistema mucho más elaborado para conseguir el mismo objetivo.

La Sala de lo Penal ha rechazado todos los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional y confirma las condenas por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. La causa terminó con 20 personas físicas y dos empresas condenadas, aunque los acusados fueron absueltos del delito de pertenencia a organización criminal después de que la Fiscalía retirase esa acusación.

El origen de todo estaba en un negocio real: la compra y venta de gasolina y gasóleo. Las empresas valenciana y catalana Ital Refining, y posteriormente Meridium Petroleum, adquirían carburante dentro de depósitos fiscales. Cuando el combustible salía de estos recintos y era vendido se generaban importantes cantidades de IVA que las empresas tenían que declarar e ingresar a Hacienda.

Para reducir esa factura fiscal, según los hechos considerados probados, los responsables montaron un segundo negocio ficticio. Una extensa cadena de empresas españolas y portuguesas simulaba compraventas de metales preciosos por decenas de millones de euros. Esas facturas permitían a las compañías de hidrocarburos aparentar que habían pagado enormes cantidades de IVA en otras operaciones y utilizarlas para compensar el impuesto generado por la venta de carburantes.

Las empresas “trucha” de Ponferrada

Una pieza fundamental del mecanismo eran las denominadas empresas “trucha”, sociedades que compraban supuestamente los metales a Portugal sin IVA por tratarse de operaciones intracomunitarias. Después los revendían a otras empresas españolas cobrando IVA, pero ese impuesto que recibían nunca terminaba en Hacienda.

Tres de las cuatro sociedades identificadas en la sentencia con esa función estaban domiciliadas en Ponferrada: Maxitrade SL, Solaris Technik SL y Cation Spain SL. La cuarta era Metales Preciosos Escarlen, en Ourense. Después aparecían diferentes empresas “pantalla”, que iban facturándose entre sí los supuestos metales hasta que la mercancía volvía a Ital Refining.

El círculo quedaba así cerrado. Las empresas “truchas” bercianas acumulaban la obligación de ingresar el IVA que habían cobrado, mientras el dinero era retirado rápidamente de sus cuentas y enviado de nuevo hacia Portugal. Al mismo tiempo, Ital Refining podía descontarse como IVA soportado el que figuraba en las facturas de compra de los falsos metales y reducir de esta manera la enorme cantidad que debía pagar por sus ventas de combustible.

Las cifras reflejan la dimensión del montaje. Desde las empresas pantalla se transfirieron, según la sentencia, 64,65 millones de euros a las cuatro sociedades “trucha”. De ellos, 11,75 millones pasaron por la calle Antolín López Peláez a través de Maxitrade; 20,57 millones por la avenida Porgular por Solaris Technik y 15,53 millones por avenida España de la mano de Cation Spain. Es decir, casi 48 millones de euros pasaron por las tres sociedades vinculadas a Ponferrada. Desde el conjunto de las cuentas de las cuatro “truchas” salieron después cerca de 90 millones hacia tres empresas portuguesas.

Solaris Technik ejemplifica el funcionamiento. Una de sus cuentas se abrió en diciembre de 2015 con apenas 2.000 euros y, cuando comenzaron a llegar millones procedentes de las empresas pantalla, prácticamente todo el dinero era enviado a Portugal el mismo día. En determinadas operaciones, las “truchas” retenían alrededor de un 10% antes de que el resto del dinero continuase su recorrido.

Sal, especias o hierro por metales preciosos

Para sostener el engaño no solo crearon facturas y movieron dinero. También se esforazaron en aparentar que existía un movimiento de mercancía detrás de las operaciones millonarias. Por eso enviaban cajas entre Valencia, Portugal, Galicia y Ponferrada que supuestamente contenían metales preciosos.

Los investigadores siguieron los paquetes, los sometieron a rayos X y algunos fueron abiertos judicialmente, pero en vez de los metales preciosos que aparecían en las facturas encontraron sal, cúrcuma, manganeso, hierro, cromo, níquel, cobre o zinc.

Las mismas cajas se utilizaban además repetidamente. Los paquetes llegaban desde Portugal a las empresas de Ponferrada, donde se sustituían las etiquetas para volver a enviarlos hacia Valencia y comenzar de nuevo el circuito. Dos trabajadoras declararon durante la investigación que realizaban esos cambios de etiquetas siguiendo instrucciones.

La investigación acreditó también operaciones con oro auténtico. Las cuentas de las cuatro empresas “trucha” fueron utilizadas para transferir al menos 3,5 millones de euros a una sociedad italiana para comprar oro. Entre abril y agosto de 2016 se documentaron 15 envíos desde Milán con 18 paquetes que sumaban 87,4 kilos.

Más de 22 millones de IVA sin pagar

La Agencia Tributaria calculó que Ital Refining dejó de ingresar 2,45 millones de euros de IVA en 2015 y otros 19,54 millones durante los diez meses de 2016 investigados. A estas cantidades se añaden otros 718.711 euros correspondientes al fraude atribuido a Meridium Petroleum.

El mecanismo de facturas ficticias permitía transformar unas compraventas de metales aparentemente ruinosas en un negocio rentable gracias al ahorro fiscal. La sentencia cifra en unos 18 millones de euros el beneficio tributario generado por la operativa y señala que el resultado positivo del montaje podía superar los diez millones.

La Audiencia Nacional condenó finalmente a 20 personas físicas y a dos empresas, Ital Refining y Meridium Petroleum. Las penas varían en función de la participación de cada acusado y alcanzan, para algunos de los principales responsables, cerca de cuatro años de prisión y multas que superan conjuntamente los 24 millones de euros. Varios de ellos reconocieron los hechos, circunstancia por la que el tribunal les aplicó una atenuante muy cualificada y redujo las penas que les correspondían. Otros participantes fueron condenados como cooperadores necesarios de los delitos fiscales y, en determinados casos, también por blanqueo.

Las sociedades recibieron igualmente fuertes sanciones. Ital Refining fue multada con 2,5 millones por el fraude de 2015 y 25 millones por el de 2016, además de la sanción de cinco años sin recibir ayudas o beneficios fiscales y con su actividad suspendida.

A las condenas se añade la obligación de indemnizar solidariamente a Hacienda por las cantidades defraudadas: 2.457.835 euros correspondientes a 2015 y 19.548.781 euros por 2016 en el caso de Ital Refining, además de 718.711 euros por Meridium Petroleum. También se mantiene el decomiso de dinero, cuentas bancarias y otros bienes intervenidos, entre ellos una gasolinera situada en Castellón de la Plana.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado las condenas de la Audiencia Nacional y ha rechazado todos los recursos y considera que la Audiencia Nacional contó con suficientes pruebas personales, documentales y periciales para considerar acreditado el mecanismo. El Supremo avala también que se pueda levantar el denominado “velo” de las sociedades instrumentales. Es decir, que una empresa creada únicamente como fachada para esconder a los verdaderos responsables o sus ganancias no puede utilizarse como protección para evitar el decomiso del dinero y los bienes procedentes del delito.

Fue un fulgurante juez antes de centrarse en una no menos meteórica carrera política. Pero el actual, y reciente, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene una posición laboral 'en excedencia' que sigue creciendo. Y aunque hace muchos años que no ejerce con la toga sino que ocupa altos cargos en el Partido Popular (PP), el leonés acaba de consolidar un nuevo puesto nada menos que en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones ha obtenido formalmente una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un destino que se convertirá en su plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial si en el futuro decide poner fin a su actividad política y regresar al ejercicio de la judicatura. Este nuevo puesto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 8 de septiembre. Se publica el resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial, resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 21 de julio y formalizado posteriormente mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio.

La resolución establece expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial por el desempeño de su cargo político, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque “continuando en la misma situación administrativa”. Es decir, que su plaza se mantiene latente, en espera, mientras sigue con su alta actividad política.

La obtención de la plaza no supone, por tanto, su salida inmediata del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco ni tampoco su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional. Mientras continúe desempeñando responsabilidades políticas y permanezca en servicios especiales, algo que ocurre desde 2012, seguirá sin ejercer funciones judiciales.

Nacido en León en 1961, Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Su vinculación profesional con León se consolidó en 1991, cuando llegó a la capital para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Muy rápido, en 2002, fue elegido juez decano, reelegido nuevamente en 2007. Entre 2004 y 2009 también formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El salto al PP que arrancó en 2012

Fue precisamente durante su etapa como juez decano cuando comenzó a adquirir una notable presencia pública y mediática, una exposición que anticipaba para muchos su posterior salto a la política. Este se produjo en enero de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno en León, en un momento especialmente conflictivo por las movilizaciones y protestas vinculadas a la crisis de la minería.

Su ascenso político fue rápido. Tras apenas unos años como subdelegado, fue ascendido a delegado del Gobierno en Castilla y León. Y finalmente en 2015 se incorporó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido entonces por Juan Vicente Herrera, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredando las dos grandes áreas que hasta entonces había dirigido el también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición, incluso en el núcleo duro' del Gobierno autonómico, de modo que sigue siendo una de las figuras de mayor continuidad institucional del Ejecutivo del PP, junto al veteranísimo consejero palentino Carlos Fernández Carriedo. Por entonces, y sólo por entonces, se había afiliado al PP.

A lo largo de más de una década en el Ejecutivo ha acumulado competencias de enorme peso, extensión y presupuesto, relacionadas con el medio ambiente, el mundo rural, las carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, la vivienda o la Protección Civil.

También ganó peso orgánico dentro del PP, hasta el punto de ser designado presidente provincial 'interino' en julio de 2015 cuando su antecesora, Ester Muñoz, fue 'fichada por Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso en julio de 2015. Quiñones sigue todavía en l cúspide provincial popular ya que no se ha producido Congreso alguno.

Los incendios y el cuestionamiento de la política forestal

Buena parte de estas materias le han situado recurrentemente en el centro del debate político y de numerosas controversias. Uno de los principales focos de crítica fue la gestión forestal y de los incendios. La crisis provocada por los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, en los que fallecieron cuatro personas, volvió a repetirse tres años después, durante el verano de 2025, el peor de la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios. En esos incendios también fallecieron otras cuatro personas y sólo en la provincia de León ardieron 135.400 hectáreas, una superficie próxima al 10% de toda la extensión forestal provincial.

Durante aquella crisis de 2025, algunas de sus declaraciones públicas contribuyeron también a aumentar la polémica. Entre ellas, la frase “tenemos la mala costumbre de comer”, con la que respondió a las críticas por encontrarse en un evento en Gijón mientras se declaraban algunos de los peores incendios de aquel mes de agosto. Su aparente desgaste político, tras no comparecer durante meses, no se tradujo en cambio alguno: Mañueco le mantuvo hasta el final del mandato y después le ha incorporado de nuevo a su Gobierno, aunque ya con otra cartera.

El lobo, la caza y los reveses en los tribunales

La política cinegética y la gestión del lobo ibérico fueron también uno de los principales focos de confrontación durante su etapa al frente de Medio Ambiente. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza del lobo incumplía la legislación comunitaria. Su defensa de la actividad cinegética y de una menor protección para la especie le enfrentó en numerosas ocasiones con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Su departamento sufrió además otros reveses judiciales, como la anulación definitiva por el Tribunal Supremo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por vulnerar los procedimientos de participación pública.

“Yo soy la Administración” y el caso Enredadera

Su nombre apareció también vinculado políticamente a la denominada trama Enredadera. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, en un caso que murió de inanición judicial, la difusión de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación generó una importante polémica política y peticiones de dimisión desde la oposición. Especial repercusión tuvo una conversación intervenida por la UDEF en la que pronunció la frase “yo soy la Administración” mientras hablaba con un conocido empresario leonés sobre una obra. El empresario fue posteriormente condenado por corrupción.

Tampoco otras situaciones como el hecho de que siendo consejero autorizara un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo era directivo, y que al mismo empresario de ese grupo le legalizara en el parque natural de Babia-Luna una vivienda, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra. Todo fue archivado por la Fiscalía y finalmente zanjado por la Comisión de Ética de Castilla y León que estudió los casos y archivó la queja abierta.

Suárez-Quiñones afronta ahora su responsabilidad política, en principio hasta el mandato que concluiría en el año 2030, al frente de la múltiple cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León. Lo hace con la seguridad y tranquilidad de que si algún día abandona su carrera política, la judicial permanece disponible, ahora con su nuevo ascenso hacia la Audiencia Nacional.