El Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales de este municipio de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León han anunciado este martes que exigirán el cumplimiento de las sentencias por vía judicial para que el Ayuntamiento asturiano de Mieres cumpla legalidad sobre el aprovechamiento ganadero del Puerto de Pinos, ya que consideran que su actividad es tan ilegal “como plantar cocaína”.

Así lo ha sostenido el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, tras inadmitir el Tribunal Supremo (TS) el recurso de casación de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda la actividad de Mieres en el Puerto de Pinos. Una postura que ya no admite más recursos y es firme.

Con ello, defienden que el recorrido judicial ha llegado a su fin y cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres “a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ha advertido el letrado y representante de la Federación.

En rueda de prensa, Antón, acompañado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello (PSOE) y los pedáneos de dos de los cuatro pueblos (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) ha recalcado que la última sentencia es un “punto de inflexión” que supone el fin a un largo camino judicial. Y que zanja que toda la actividad que desarrolla Mieres en territorio leonés “es ilegal porque carece de competencias” fuera de su territorio, incluso aunque sea como es la propietaria de los terrenos desde hace un siglo.

El también es presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna ha valorado que la sentencia es un “triunfo” y rechazó, como el alcalde, las continuas críticas recibidas desde Asturias sobre que “rompemos la armonía y convivencia, cuando son ellos los que incumplen la legalidad y actúan de forma absolutamente tramposa”. Advierte que Mieres va a seguir utilizando “todas las estratagemas para seguir aprovechando los pastos” y volver a subir este año 1.500 cabezas de ganado hasta el puerto, lo que desde la vertiente leonesa no van a consentir.

A este respecto, ha advertido que tras el revés judicial el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que va a cambiar la naturaleza jurídica de estos terrenos a bien patrimonial, con la intención de adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos. Un proceso, dijo, que ha sido paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias y que “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias” y por lo tanto “supone otra ilegalidad más” que no van a permitir.

Una “artimaña” que vigilarán

Por eso, de producirse esta “artimaña”, acudirá a un proceso contencioso-administrativo para paralizarla: “Un bien patrimonial no se puede emplear como si fuese un dominio público adjudicándola el Ayuntamiento a quien le dé la gana”, explica.

Consideran todas las organizaciones que la pelota está ahora en manos de las administraciones públicas, la Diputación y sobre todo la Junta de Castilla y León y su Consejería de Presidencia, que es la que tiene las competencias en esta materia, porque ahora es un tema “claramente político y ya no tienen ninguna excusa para intervenir legalmente y confiamos en que lo hagan”, en referencia a una posible expropiación de los terrenos para acabar con la 'anomalía'.

Y es que creen que mientras Mieres tenga la propiedad de los pastos en la provincia de León va a “querer usarla para favorecer a sus ganaderos”, por lo que ha animado a continuar con el proceso de expropiación de estos pastos para evitar que un ayuntamiento aplique competencias en materia de régimen local en territorios de otra Comunidad autónoma, “algo que es ilegal”.

La historia

El conflicto en el Puerto de Pinos se fraguó hace un siglo, cuando en 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres adquirió a la Fundación Sierra Pambley esos terrenos en suelo leonés. Hace una veintena de años que las entidades locales de San Emiliano y sus cuatro pueblos, que conservaron derechos históricos de pasto a pesar de todo, litigan por esos derechos en el aprovechamiento de 900 hectáreas de muy ricos pastos.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que en lo esencial siempre han favorecido a las pedanías leonesas. Unas sentencias que ahora quedan fijadas con última decisión del Supremo.

El alcalde Marcello ha afirmado que tras la última sentencia “tenemos que dar carpetazo” a un asunto que “llevamos sufriendo 100 años”, recalcando que ahora es el momento de que la Administración autonómica actúe, para lo que mantendrán una reunión con responsables de la Junta la semana que viene. Eso después de que hace un año por primera vez el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostraran su apoyo directo y hablaran de una hoja de ruta para la solución del conflicto que todavía no se han materializado.

Los municipios de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Concejos de León han celebrado que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos. Algo que, de facto, convierte esa sentencia en definitiva.

“Con este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo se acaba el largo periplo judicial de múltiples procedimientos en los que de forma unánime, siempre, todos los tribunales han declarado la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento de Mieres”, ha celebrado el abogado Carlos González-Antón, además representante legal de estos municipios.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Hay que recordar que, aunque en suelo leonés, las cerca de 900 hectáreas son propiedad del Concejo de Mieres desde que hace justo un siglo adquiriera estos terrenos a la Fundación Serra Pambley, iniciándose algunas épocas de disputa junto a momentos de normal convivencia.

Esto último es en lo que el acento el Ayuntamiento de Mieres, que pide un uso razonable para el Puerto de Pinos y huir de polémicas estériles. En un comunicado, el Consistorio ha mostrado su disconformidad con la sentencia del TS de inadmitir su recurso y ha abogado por un uso “razonable y sostenible” para esos terrenos y por evitar “polémicas estériles” buscando el enfrentamiento.

Señala que los hechos que generaron este conflicto judicial ocurrieron hace décadas y forman parte del pasado e incide en que los terrenos son de su propiedad “como reconocen todas y cada una de las sentencias” y en que su objetivo es hacer uso de esos derechos “con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”. El Ayuntamiento asegura haber defendido sus derechos y avanza que seguirá haciéndolo en el futuro mientras apuesta por un uso razonable y sostenible del Puerto de Pinos, unas tierra que considera “esenciales” para cientos de ganaderos del concejo asturiano.

Además, lamenta que algunos sectores minoritarios intenten alimentar polémicas estériles “para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto” y subraya que siempre ha optado por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia, “como hacen los propios ganaderos en Mieres y León, que han demostrado que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino”.

Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos por su parte. Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

Un leonés ha logrado hacer desaparecer una deuda contraída de 57.811 euros tras acogerse judicialmente a la Ley de Segunda Oportunidad, en un caso marcado por la necesidad de financiar, entre otras cosas, un vehículo imprescindible para su día a día: llevar a su hijo al colegio y acudir después a su puesto de trabajo. La resolución judicial le permite empezar de nuevo tras años de dificultades económicas derivadas de la caída de sus ingresos después de que en su empresa le bajaran el sueldo.

El origen de su situación de insolvencia se remonta al momento en el que solicitó financiación tanto para acometer reformas necesarias en su vivienda como para adquirir ese coche del que dependía su rutina familiar y laboral. La previsión era poder hacer frente a los pagos cuando su economía mejorase, pero la realidad fue la contraria: una reducción de su salario le dejó sin capacidad suficiente para asumir las cuotas y de todo ello tenía pruebas fehacientes.

A partir de ese momento, la deuda fue creciendo hasta volverse insostenible. Con los ingresos disponibles, el afectado ya no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que le situó en un escenario de insolvencia que le impedía salir adelante por sus propios medios. El caso llegó a manos del despacho Repara tu Deuda Abogados, uno de los muchos que gestionan este tipo de insolvencias que pueden afrontarse aplicándose la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una norma no muy conocida pero de sencilla aplicación, como se ha ido viendo en varios casos en la provincia leonesa, algunos muy desesperados.

Finalmente, tras acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado competente le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), cancelando íntegramente la deuda acumulada. Esta herramienta legal, cada vez más utilizada, permite a particulares en situación de insolvencia rehacer su vida económica siempre que cumplan requisitos como actuar de buena fe o no haber sido condenados por delitos socioeconómicos.

La Fiscalía pide condenar a los suegros de una mujer con discapacidad auditiva por un presunto delito de estafa agravada, al considerar que la engañaron tras quedarse viuda para que firmara un documento con el que perdió los derechos de usufructo sobre su vivienda y varias fincas heredadas de su marido.

El juicio se celebrará el próximo 21 de abril en la Audiencia Provincial de León. El Ministerio Público solicita para los acusados seis meses de prisión, multa y la nulidad de la escritura firmada en 2011.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2005, cuando falleció el marido de la mujer. A partir de ese momento, ella pasó a tener el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

La víctima tiene reconocida una discapacidad del 57% por una hipoacusia bilateral severa, lo que le impide mantener conversaciones sin intérprete de lengua de signos, una circunstancia clave en este caso.

Tras la muerte de su esposo, la mujer mantuvo una relación de confianza con sus familiares políticos, con quienes llegó a convivir de forma intermitente. Según la Fiscalía, fue en ese contexto donde se produjo el supuesto engaño.

Siempre según la acusación, los suegros le plantearon un intercambio de usufructos que, en apariencia, le resultaba beneficioso. Sin embargo, el 2 de marzo de 2011 firmó en notaría un documento que en realidad suponía la venta de sus derechos hereditarios por algo más de 17.000 euros, una cantidad que, según sostiene el Ministerio Público, nunca llegó a cobrar.

La clave del caso está en que la mujer habría firmado convencida de que estaba haciendo una permuta, no una venta. Además, la Fiscalía subraya que en ese acto notarial no se garantizó que comprendiera el contenido del documento, ya que no contó con intérprete ni se hizo constar su discapacidad.

Durante años, la mujer siguió viviendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos. No fue hasta 2017, cuando recibió una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió lo que había ocurrido. A partir de ahí presentó una querella que llegó a paralizar la subasta del inmueble.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de estafa agravada, al afectar al derecho a la vivienda, aunque también aprecia una atenuante por dilaciones indebidas debido al largo tiempo que ha tardado el caso en llegar a juicio.

En el proceso será clave determinar si la mujer comprendió realmente lo que firmaba y si existió o no un pago efectivo por esos derechos.

Además de las penas de prisión y multa, el Ministerio Público solicita que se anule la escritura firmada en 2011 y que se restituyan los derechos de la víctima, así como mantener las medidas cautelares sobre el inmueble para garantizar una posible indemnización.

La provincia de León suma desde principios de este año un coto de caza menos. Y no es un coto cualquiera. No sólo es un amplio espacio en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna sino que llegó a mover mucho dinero por lo preciado de sus rebecos. También se sitúa en terrenos de monte público que fueron el mismo escenario de una maniobra ilegal para que se cediera por 40 años a una sociedad privada, un caso que acabó con la condena por un delito de corrupción del anterior alcalde del Partido Popular (PP) en el municipio de Sena de Luna, donde el coto se ubica.

El caso, muy enrevesado, ha tenido que llegar al más alto tribunal de la Comunidad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que confirmara íntegramente. Ahora ya de forma definitiva se produce la anulación del coto privado de caza LE-11336, desestimando los argumentos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y de la Comunidad de Propietarios de la finca rústica donde el coto, Puerto Cubil, se ubicaba.

Hace ya casi un año de la resolución judicial final, dado que la sentencia 616/2025 data de mayo de 2025, pero fue declarada firme el pasado 12 de noviembre de ese mismo año. El auto ratifica sin tocar una coma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, el cual ya había anulado en junio de 2024 la resolución administrativa que permitió la creación del coto, santificada por la Junta, al considerar que no se ajustaba a derecho.

Incumplía el requisito del tamaño

El origen del litigio se remonta a 2021, cuando la Junta Vecinal de Robledo de Caldas recurrió la puesta en marcha de este coto privado de caza, promovido por la Comunidad de Propietarios de Puerto Cubil y que fue autorizado por Medio Ambiente. En aquella época el presidente pedáneo era al mismo tiempo el histórico alcalde, José Celestino García, a su vez también miembro del Club Deportivo de Caza El Negrón, al que se le pretendía entregar la gestión por 40 años de un coto en el mismo monte por espacio de 40 años.

Para poner en marcha este, Puerto Cubil, se declaró que disponía de una superficie declarada de 524,82 hectáreas. Pero según los tribunales no cumplía con uno de los requisitos esenciales establecidos por la Ley de Caza de Castilla y León: acreditar la titularidad de al menos 250 hectáreas.

El Juzgado primero y el TSJ después han considerado probado que la comunidad promotora no logró demostrar ni de cerca dicha superficie. La documentación aportada presentaba importantes contradicciones: mientras una escritura de 1899 situaba la extensión en unas 92 hectáreas, otros documentos posteriores hablaban de entre 113 y 200 hectáreas. No fue hasta un acta de 2019 cuando se elevó la cifra a más de 500 hectáreas, basándose únicamente en datos catastrales.

Y es aquí donde el Alto Tribunal recuerda que el Catastro tiene efectos fiscales y no sirve por sí solo para acreditar la propiedad o la superficie real de los terrenos a efectos civiles. También argumentó que no se justificó el incremento de extensión declarado.

Otro de los aspectos clave del fallo es la confirmación de la legitimación de la Junta Vecinal de Robledo de Caldas para recurrir la constitución del coto. El tribunal considera que la entidad local menor estaba directamente afectada, ya que los terrenos en disputa incidían tanto en su propio coto de caza, el LE-10715, como en el monte de utilidad pública número 155, de su titularidad.

Extinción del coto y terrenos vedados

La Junta de Castilla y León esperó todavía cerca de dos meses para ejecutar la sentencia que daba la razón a la Junta Vecinal, la cual estaba representada por el entonces procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, el abogado Ricardo Gavilanes, después elevado a portavoz popular en el Parlamento. No ha sido hasta el pasado 14 de enero de 2026 cuando el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez, dictó resolución ordenando la extinción del coto LE-11336, como la sentencia mandaba.

Como consecuencia, los terrenos han pasado a tener la consideración de vedados, lo que implica la prohibición total de la actividad cinegética en tanto no se produzca una nueva autorización. Además, el anterior titular del coto ha tenido que retirar toda la señalización existente en los plazos que marque la administración.

Un coto marcado por la polémica política y judicial

La anulación de este coto se suma a la intensa conflictividad judicial que rodea a la gestión cinegética en Robledo de Caldas, especialmente tras el caso que afectó directamente al exalcalde de Sena de Luna, José Celestino García (PP).

En mayo de 2024, el propio TSJ de Castilla y León ratificó la condena contra el regidor por un delito de prevaricación, imponiéndole nueve años de inhabilitación para cargo público. La sentencia confirmó que, en 2019, García se autoconcedió derechos de caza durante 40 años en su condición de presidente de la Junta Vecinal, beneficiando al Club Deportivo de Caza El Negrón, del que formaba parte.

Los tribunales consideraron probado que actuó “consciente y gravemente” contra la legalidad y en perjuicio de los vecinos, en una operación que el fiscal resumió como un “yo me lo guiso, yo me lo como”. Aquella decisión también fue anulada posteriormente por la vía contenciosa. Aunque el PP se resistió, finalmente la condena obligó al entonces alcalde a dimitir, cerrando una etapa de décadas al frente del Ayuntamiento, pero dejó abierto un escenario de litigios en torno a los aprovechamientos cinegéticos de la zona que ahora suma un nuevo capítulo con la desaparición definitiva del coto de Puerto Cubil.

No ha habido juicio en su contra pero sí sufrirá prisión. El autor confeso de un incendio forestal en montes del municipio de Borrenes, en la comarca de El Bierzo, en plena oleada de incendios a finales del pasado verano de 2025 ha reconocido hoy los hechos justo antes de la vista que estaba convocada en la Audiencia de modo que la misma no se ha celebrado tras alcanzarse un acuerdo previo in extremis.

Con esta decisión, el detenido entonces y acusado acepta una pena de prisión de tres años, algo menos que los cuatro años y cinco meses que le solicitaba el Ministerio Fiscal por su responsabilidad en el origen de un siniestro que se produjo en torno a las 17.56 horas del 13 de septiembre de 2025 y que , según los atestados, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego. Por eso, el Fiscal de partida solicitaba para él una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel por un delito de incendio forestal.

El pirómano, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió hasta cuatro focos distintos con un mechero en las proximidades de la localidad de San Juan de Paluezas, en un día de alto riesgo de incendios forestales. Finalmente resultaron calcinadas casi tres hectáreas, en su mayoría de montes.

El condenado permanece en prisión desde el momento de su detención, según ha publicado hoy Radio León. En la negociación previa, el Fiscal ha tenido en cuenta como atenuante que había consumido drogas. Además de los tres años de cárcel, algunos de los cuales ya se dan por cumplidos en este tiempo, el hombre tendrá que pagar a la Junta de Castilla y León los casi 8.800 euros en los que se estimaron oficialmente los gastos de extinción, así como 805 euros a los propietarios de los montes por los daños causados.

El juicio contra el histórico exalcalde de Fabero del PSOE Demetrio Alfonso Canedo ha quedado este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de León, tras una segunda sesión en la que varios testigos han ratificado que el Ayuntamiento recepcionó administrativamente una obra antes de que se ejecutara.

El proceso gira en torno a una actuación de mejora del abastecimiento de agua financiada con una subvención de 40.000 euros de la Diputación de León en 2007. Según las declaraciones escuchadas en sala, los trabajos se habrían llevado a cabo principalmente entre noviembre y diciembre de ese año, aunque la certificación y recepción oficial de la obra se firmaron en octubre para poder acceder a la ayuda económica.

Esa secuencia, que ya había sido reconocida parcialmente por el propio Demetrio Alfonso en la primera jornada del juicio —cuando admitió que se firmó la recepción de la obra sin estar ejecutada—, ha sido respaldada ahora por trabajadores de la empresa adjudicataria y por representantes de las juntas vecinales afectadas.

Según estos testimonios, la obra no estaba realizada en el momento en el que el Ayuntamiento dio por finalizados los trabajos en el expediente administrativo, lo que permitió tramitar el cobro de la subvención. De hecho, la Diputación abonó la cantidad correspondiente pese a que las actuaciones no se habían llevado a cabo en ese momento.

También ha declarado un exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Fabero, que ha explicado que el proyecto se impulsó tras una comunicación de la Diputación sobre la disponibilidad de fondos, sin que los servicios administrativos municipales plantearan objeciones al procedimiento seguido.

La Fiscalía mantiene su acusación por un delito de prevaricación administrativa y falsedad documental, por el que solicita para el exalcalde tres años y medio de prisión, además de multa e inhabilitación para cargo público. La defensa, por su parte, insiste en la absolución, al considerar que los hechos habrían prescrito y que no existen reclamaciones por parte de las administraciones implicadas.

Durante la primera sesión del juicio, Alfonso defendió su actuación alegando la urgencia derivada de la “sequía terrible” que afectaba al municipio en aquel momento y la necesidad de cumplir los plazos para no perder la subvención, aunque reconoció que la obra no estaba ejecutada cuando se firmó su recepción.

Con la práctica de la prueba concluida, el caso queda ahora en manos del tribunal, que deberá determinar si esa forma de proceder supuso un delito en la gestión de fondos públicos.

El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria número 3 de León ha ordenado la apertura de diligencias para investigar las condiciones higiénicas y sanitarias del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, tras las quejas presentadas por dos internos afectados por un brote recurrente de sarna en la prisión.

En una diligencia de ordenación fechada el pasado 6 de marzo, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal acuerda incoar un expediente de queja sanitaria y requiere al centro penitenciario que remita “a la mayor urgencia posible” un informe sobre los hechos denunciados.

En su escrito, el letrado Manuel Chao Dobarro denuncia las deficientes condiciones higiénico-sanitarias del centro penitenciario, que vienen “afectando gravemente a la salud e integridad física” de sus dos defendidos.

Según expone, desde hace meses se vienen produciendo brotes de sarna en el interior de la prisión, que habrían afectado a “buena parte de la población reclusa”.

El abogado sostiene que las medidas profilácticas adoptadas por la dirección del centro han resultado insuficientes para erradicar el ácaro causante de la enfermedad y denuncia que, en el caso concreto de sus clientes, los contagios se han repetido en un breve espacio de tiempo.

El primero de ellos se habría producido en agosto de 2025, con nuevos episodios en fechas recientes.

Además de los problemas dermatológicos asociados a la sarna, como picores intensos, irritabilidad o fiebre, el escrito pone el acento en las consecuencias derivadas de las medidas de confinamiento aplicadas para tratar de frenar el contagio.

Según la queja, los internos afectados se ven impedidos de desarrollar su actividad ordinaria dentro del establecimiento penitenciario.

En este contexto, el letrado califica la situación del centro como “grave” y alude a episodios anteriores de presunta desatención médica.

El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria ha dado traslado de la queja para su tramitación y ha requerido información al centro afectado, en el marco de un procedimiento que cuenta también con la intervención del Ministerio Fiscal. 

El histórico exalcalde de Fabero y candidato del PSOE en las últimas elecciones municipales de 2023, Demetrio Alfonso Canedo, se queda solo en la causa por prevaricación que se juzga este lunes y martes en la Audiencia Provincial de León. En la primera sesión del juicio, Demetrio ha reconocido la falsedad en documento público que se le imputa por adjudicar unas obras un día y firmar su recepción al día siguiente, pero asegurando que los trabajos sí se acometieron, aunque habría sido meses después.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando Alfonso era regidor del municipio minero. Por los mismos, se sentaron junto a él en el banquillo de los acusados el ingeniero de quien dependía la obra y el contratista. No obstante, estos terminaron declarando como testigos y no como acusados, después de que sus defensas solicitasen para ellos la absolución, sin objeción de la Fiscalía.

La defensa de Alfonso también pidió en las cuestiones previas al juicio la nulidad del procedimiento, la prescripción de los hechos y la absolución del exregidor, pero en su caso Fiscalía desmontó los argumentos jurídicos de su abogado y continuó con la acusación. El Ministerio Fiscal adujo que “no concurre ninguna causa ni para la nulidad ni para la prescripción” como defendía el representante legal de Demetrio “de manera sesgada”.

Demetrio Alfonso llegó a la Audiencia Provincial de León acompañado por su hijo y accedió a atender a los medios antes de comparecer en sala. A preguntas de los medios manifestó su intención de “decir la verdad”, a pesar de sus mentiras acerca del momento de su imputación.

Alfonso, que fue regidor de Fabero por el PSOE durante 24 años, de 1987 a 2011, dejó la primera línea política después de una sentencia en primera instancia por prevaricación por la autorización al 'rey del carbón' Victorino Alonso de la famosa, polémica y nunca realizada fábrica de ruedas, si bien la Audiencia Provincial de León lo terminó absolviendo. Lo sustituyó en las listas una edil que ya en 2007 iba en sus listas municipales, Mari Paz Martínez, que recuperó la Alcaldía para el PSOE en el municipio minero en 2015, después de un breve Gobierno del PP, IU y el MASS, durante el que se denunciaron los hechos ahora enjuiciados.

Una vez absuelto por la fábrica de ruedas, Demetrio Alfonso quiso volver como número uno de las listas del PSOE en Fabero, pero había un problema, seguía Mari Paz. El partido tomó entonces una controvertida decisión, apartar a Martínez esgrimiendo el argumento de que esta estaba imputada por prevaricación en una causa que arrastraba desde hacía tantos años que ya estaba abierta cuando se presentó como número uno en los comicios municipales del 2015 en los que cogió el testigo de Demetrio. En ese momento Alfonso también estaba imputado, algo que él ha negado, falsamente, a las puertas de la Audiencia Provincial de León este lunes.

Falsedad documental por unas obras que, ¿se hicieron o no?

El histórico alcalde socialista del municipio minero prestó declaración como único acusado, después de que el ingeniero y el contratista quedaran fuera del procedimiento. El Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León de 2007. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad.

A preguntas de Fiscalía, Demetrio Alfonso reconoció el delito de falsedad documental, asegurando que, como efectivamente lo acusa el Ministerio Público, la memoria para las obras se hizo en un día, se adjudicaron los trabajos y al día siguiente se certificó la recepción de los mismos, sin que estuvieran hechos: “Digamos que no es lo más ético o lo más legal, pero es como se hizo”, dijo.

Por si había alguna duda, aseveró la misma idea en repetidas ocasiones: “Cuando se firmó el final de la obra, la obra no estaba ejecutada”, “cuando se firma la recepción de la obra, la obra no está ejecutada”, y “soy consciente de recibir una obra que no estaba ejecutada”, declaró. Incluso, a la pregunta de su abogado sobre si: “¿estas actuaciones irregulares se han hecho varias veces mientras fue alcalde?; Demetrio contestó que: ”sí, por desgracia muchas veces“.

No obstante, en su defensa sostuvo que lo hizo porque era bueno “para los vecinos y para el municipio” y que la obra sí que se hizo, aunque meses después. En caso de haber algún culpable en el procedimiento, la culpa sería de la Diputación de León por tener que hacer “con tanta premura” el trámite administrativo para que le concediesen la subvención para pagar los trabajos.

Un fleco que quedó en el aire es que el contratista, que declaró como testigo y ya no como acusado, aseguró que hay una factura de pago de los trabajos, firmada por el Ayuntamiento, por el ingeniero y por él mismo como “pagada”, “pero no estaba pagada ni se pagó nunca”.

En añadidura, el ingeniero, que también declaró como testigo y no como acusado, reconoció que redactó la memoria para hacer las obras en apenas 24 horas, por orden del concejal de Fabero, Francisco Robles, y por importe de 40.000 euros que era el dinero de la subvención de la Diputación, sin haber visto qué obras había que hacer. “Si ya estaba hablado con la Diputación, yo era la persona que estaba entre dos administraciones para gastar ese dinero”, declaró.

Entre otros testigos, el que fuera alcalde pedáneo de Fontoria, uno de los pueblos en los que se habrían hecho las obras, y el responsable de aguas del Ayuntamiento en el momento de los hechos, negaron en su comparecencia por videoconferencia desde el Consistorio de Fabero que se hubieran hecho tales trabajos: “No se hizo la obra”, “Ninguna obra”.

El Ministerio Fiscal pide para Demetrio Alfonso tres años y medio de cárcel, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

El histórico exalcalde socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, vuelve a sentarse este lunes y martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por una causa de presunta prevaricación administrativa que se remonta a 2007, pero que conecta directamente con una de las etapas más convulsas de la política reciente del municipio minero.

El caso no solo afecta a la gestión de fondos públicos durante sus más de dos décadas al frente del Ayuntamiento, sino que forma parte del ciclo político que acabó con su salida del poder en 2011, tras un inédito pacto entre PP, IU y MASS para desalojarlo de la Alcaldía. Fue precisamente durante ese mandato 'atípico' en lo ideológico cuando se denunció este expediente por el supuesto pago de una obra que nunca se ejecutó , dando inicio a una investigación que ha tardado más de una década en llegar a juicio.

La figura de Demetrio Alfonso lleva marcando la vida política de Fabero desde hace casi cuarenta años. El que fuera regidor del municipio minero desde 1987 a 2011, fue condenado e inhabilitado en 2020 en primera instancia por otro procedimiento por prevaricación, la famosa y nunca puesta en marcha fábrica de ruedas del 'rey del carbón' Victorino Alonso. Un asunto por el que posteriormente, en 2021, fue absuelto por la Audiencia.

No obstante, esto lo mantuvo fuera de la primera línea. Tras los cuatro años del PP con IU y el MASS, el PSOE decidió poner al frente a su concejala de confianza, Mari Paz Martínez, que recuperó en el 2015 el gobierno para los socialistas faberenses y que continúa como regidora, aunque desde 2023 como independiente.

Una controvertida maniobra del PSOE provincial apartó en 2023 del número uno de la candidatura a la entonces alcaldesa Mari Paz Martínez para devolverle el liderazgo a Demetrio, tío del secretario, Javier Alfonso Cendón. La decisión no solo fracturó el socialismo local en dos bloques enfrentados, una división que aún perdura, sino que además llevó a Martínez a ganar las elecciones con una lista independiente, volviendo a dejar al PSOE fuera del Gobierno cuatro años más.

El argumento que esgrimió el PSOE para justificar la expulsión de Mari Paz Martínez fue que tenía que sentarse en el banquillo de los acusados por una presunta prevaricación administrativa que arrastraba desde hace años, por la contratación de varios trabajadores municipales. Lo que nunca se ha explicado públicamente es por qué no se tuvo en cuenta la imputación de la socialista para relevar en el poder a su tío y mantenerle caliente el asiento hasta su vuelta, ni quiénes son los trabajadores municipales cuestionados y si alguno de ellos tiene una relación familiar con Demetrio Alfonso y el propio Javier Alfonso Cendón, como llegó a denunciar públicamente el que fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fabero y posteriormente edil del PP en el Consistorio minero Andrés Pérez Marote, quien, por cierto, después de dos comicios consecutivos presentándose como candidato ha desaparecido de las listas electorales.

Pero por rizar un poco más el rizo, en ese momento, Demetrio Alfonso también estaba imputado por presunta prevaricación administrativa en la causa que llega ahora a la Audiencia Provincial de León.

La causa

Según el escrito de acusación de la Fiscalía que lleva al banquillo de nuevo al líder del PSOE en Fabero, los hechos se remontan a octubre de 2007, cuando el Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad, con un proyecto redactado por un ingeniero también acusado y adjudicado a una empresa cuyo responsable figura igualmente como investigado.

El Ministerio Público sostiene que todo el expediente se construyó sobre una base irregular. Así, se firmaron actas de replanteo que, según la acusación, no se correspondían con actuaciones reales, con el objetivo de dotar de apariencia de legalidad a una obra que no se había iniciado. El mismo día de la adjudicación, el entonces alcalde, el ingeniero y el empresario habrían suscrito el acta de comprobación de replanteo “a sabiendas de su falsedad”.

El punto clave del caso se sitúa el 31 de octubre de 2007, cuando en un plazo que la Fiscalía considera “materialmente imposible” se firmaron tanto la certificación final como el acta de recepción de la obra, dando por ejecutados unos trabajos que, según la acusación, nunca se realizaron. Pese a ello, Demetrio Alfonso aprobó por decreto la certificación y la factura, lo que permitió tramitar el expediente ante la Diputación y obtener el cobro de la subvención.

La Fiscalía considera que los tres acusados actuaron de forma coordinada para generar documentación que no reflejaba la realidad, con el objetivo de justificar el gasto público. Incluso meses después se habría incorporado a la factura la indicación de “pagada”, sin constar el abono efectivo.

El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada en 2012 por el entonces alcalde del PP, José Ramón Cerezales, tras detectar posibles irregularidades en subvenciones municipales. Informes posteriores apuntaron a la inexistencia de las obras, lo que motivó la intervención de la Fiscalía y la apertura de una causa que, tras años de instrucción, llega ahora a juicio con la atenuante de dilaciones indebidas.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el exalcalde tres años y seis meses de prisión, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años. Para el ingeniero y el empresario, pide siete meses de prisión y multa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anula íntegramente la sentencia que absolvió a un acusado de falsedad documental y apropiación indebida en León, ordenando repetir el juicio oral con un tribunal distinto. El caso afectaba a un conocido abogado de León que fue administrador de la sociedad Biovegamasa SL, una empresa de producción de pellets ubicada en Vegaquemada y vinculada a una de las millonarias familias mexicanas de ascendencia leonesa que fundaron la cervecera Grupo Modelo, dueño de la popular Corona (antes Coronita).

La resolución es firme y no admite recurso, por lo que el caso contra el administrador de la empresa Biovegamasa tendrá que volver de manera obligatoria a la Audiencia Provincial de León. La Sala considera que la sentencia previa adolece de una “falta de motivación” y de una valoración insuficiente de pruebas relevantes, lo que impide sostener la absolución y obliga a retrotraer el procedimiento y repetir el juicio oral.

Un caso ligado a la gestión de una empresa vinculada a una fundación

El procedimiento tiene su origen en la gestión de la mercantil Biovegamasa, vinculada a una fundación benéfica en Vegaquemada. El acusado, abogado de confianza de la familia que actuaba como administrador solidario y director de facto, asumió la gestión completa de la empresa desde su creación en 2014. Fue despedido en el año 2018 y a posteriori se inició el procedimiento contra su persona.

Según los hechos probados en primera instancia, fue el propio acusado quien dirigió la actividad empresarial, firmó contratos, gestionó cuentas y asumió decisiones clave en la operativa diaria de la sociedad.

Biovegamasa fue uno de los grandes proyectos de inversión de las familias González Díez en su provincia de origen. La inicial fue la construcción de una Residencia de Mayores de Vegaquemada, gestionada a través de una fundación que a su vez es la accionista única de Biovegamasa. La familia se salió del Grupo Modelo en el año 2013 y han concentrado sus inversiones en el ladrillo y el sector de 'fast food', además de mantener una notable actividad filantrópica en León.

La denuncia: un contrato clave y más de 200.000 euros en juego

La acusación particular sostuvo que el abogado acusado se autocontrató como director gerente mediante un documento en el que habría incorporado la firma del otro administrador sin su consentimiento. Ese contrato fijaba un salario de 75.000 euros netos anuales y una indemnización de hasta 350.000 euros en caso de despido improcedente.

En virtud de ese acuerdo, el acusado percibió entre 2015 y julio de 2018 un total de 142.664,78 euros netos. Además, las declaraciones fiscales reflejan ingresos de 52.348,80 euros (2015), 55.948,80 euros (2016), 55.948,80 euros (2017) y 39.049,40 euros (2018).

A estas cantidades se suman los pagos a su propia gestoría, Ociser Asociados CB, que facturó al menos 76.956 euros, aunque la acusación eleva esa cifra hasta 145.915,26 euros por distintos servicios. Según la denuncia, todo ello se realizó sin autorización de la junta ni del patronato de la fundación.

La Audiencia Provincial de León absolvió al acusado al considerar que no existían pruebas suficientes de falsedad documental ni de apropiación indebida. El tribunal entendió que la relación laboral era conocida en la empresa y que no se había producido una alteración penalmente relevante de la realidad. La resolución fue recurrida por los denunciantes.

El TSJ recuerda que no puede condenar directamente a un acusado absuelto, pero sí puede anular la sentencia si detecta falta de motivación, valoración irracional de la prueba u omisión de elementos relevantes. En este caso, aprecia precisamente esas deficiencias, lo que justifica la nulidad de la resolución.

La Sala subraya que las sentencias absolutorias también deben explicar por qué se descartan las pruebas de cargo, conforme al derecho a la tutela judicial efectiva. No basta con absolver: es necesario razonar por qué los indicios no son suficientes para condenar.

Reproche del Tribunal

El recurso denunciaba que la Audiencia omitió valorar testimonios clave, informes periciales y documentos que apuntaban a la falta de autorización del contrato y de los pagos.

También señalaba irregularidades como el uso de cheques, cuentas no reflejadas en la contabilidad o la inexistencia de acuerdo societario para fijar retribuciones. Para el TSJ, estos elementos no fueron analizados con la profundidad exigible.

La Sala considera especialmente relevante el contrato laboral, ya que transformó la posición del acusado: de administrador con cargo gratuito a directivo con sueldo elevado y blindaje económico. Además, cuestiona la falta de análisis sobre la posible falsificación de la firma y la ausencia de autorización societaria.

El TSJ acuerda anular tanto la sentencia como el juicio oral y ordena repetirlo desde el inicio. Además, exige que el nuevo tribunal esté compuesto por magistrados distintos para garantizar la imparcialidad. La resolución no impone costas y es firme, por lo que el procedimiento regresa a la Audiencia Provincial de León.

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel para un hombre acusado de provocar un incendio forestal en el municipio de Borrenes el 13 de septiembre de 2025, en un suceso que, según el Ministerio Público, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego.

De acuerdo con el escrito de acusación, el acusado, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió fuego de manera intencionada a la vegetación utilizando un mechero en cuatro puntos distintos situados a ambos de una carretera, en torno a las 17.56 horas de ese día.

El incendio fue observado directamente por un testigo, que alertó a la Guardia Civil. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar y procedieron a la detención del sospechoso. El hombre permaneció privado de libertad los días 13 y 14 de septiembre y se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de ese mismo mes, situación que la Fiscalía interesa mantener hasta la celebración del juicio oral.

El fuego no quedó extinguido hasta la mañana del 14 de septiembre, aunque fue controlado la tarde anterior. La superficie afectada ascendió a 2,96 hectáreas, de las cuales 2,60 correspondían a monte particular y 0,36 a terreno de cultivo.

El Ministerio Público subraya además que el incendio se produjo en una zona clasificada como Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZAR), donde en ese momento estaba activado el nivel alto de alerta, lo que incrementaba el potencial peligro del fuego. Asimismo, destaca que las llamas se originaron a escasa distancia de edificaciones, generando riesgo para la población.

Los daños derivados del incendio ascienden a un total de 9.520,58 euros. De esa cantidad, 8.715,45 euros corresponden a los costes directos de extinción asumidos por la Junta de Castilla y León, mientras que 805,13 euros se atribuyen al impacto ambiental causado en los terrenos afectados.

Los hechos han sido calificados por la Fiscalía como un delito de incendio forestal cualificado, del que considera al acusado autor directo. No obstante, aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante, al entender que el procesado actuó con su capacidad volitiva parcialmente afectada por la ingesta previa de sustancias psicoactivas, aunque sin merma de sus facultades cognitivas.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita la imposición de una multa de veinte meses y veinte días, con una cuota diaria de seis euros, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación reclama que el acusado indemnice a la Junta de Castilla y León con 8.715,45 euros por los gastos de extinción, así como a los propietarios de los montes afectados con 805,13 euros por los daños ambientales, cuya identificación concreta se realizará en fase de ejecución de sentencia.

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de León y propone como prueba la declaración del acusado, testigos presenciales, agentes de la Guardia Civil, peritos medioambientales y forestales, así como la reproducción de documentación y material audiovisual recabado durante la investigación.

El Juzgado de lo Social número 1 del Tribunal de Instancia de León ha confirmado la sanción de 50.005 euros impuesta a una empresa portuguesa por emplear a cinco trabajadores extracomunitarios sin autorización de residencia y trabajo en España. La sentencia desestima íntegramente la demanda de la compañía y considera ajustada a derecho la resolución administrativa, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El caso tiene su origen en una inspección realizada el 4 de junio de 2024 en una nave del polígono industrial de La Llanada, en Ponferrada, donde los inspectores detectaron a cinco trabajadores de nacionalidad brasileña prestando servicios en tareas de estructuras metálicas. La actuación se llevó a cabo de forma coordinada con autoridades portuguesas tras varias comunicaciones sobre posibles desplazamientos transnacionales de trabajadores.

A raíz de esa visita, la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción por considerar que los empleados carecían de la autorización necesaria para trabajar en España. La Subdelegación del Gobierno en León impuso una sanción en su grado mínimo por infracción muy grave, al tratarse de cinco trabajadores, fijando la cuantía en 50.005 euros.

Durante el procedimiento judicial, la empresa sancionada impugnó la resolución alegando defectos formales en la tramitación y defendiendo que los trabajadores se encontraban en situación de desplazamiento internacional, por lo que, a su juicio, debía aplicarse la normativa europea y portuguesa. También cuestionó la proporcionalidad de la sanción y planteó la posible responsabilidad de la empresa contratista principal.

Sin embargo, el magistrado rechaza estos argumentos y subraya que los hechos constatados por la Inspección gozan de presunción de veracidad. La sentencia destaca que no se aportó ningún certificado A1 en vigor, un documento clave para acreditar la cobertura por la legislación de otro país de la UE, sino únicamente solicitudes del mismo, lo que no equivale a su concesión.

Desde el punto de vista jurídico, el fallo aplica la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que tipifica como infracción muy grave la contratación de trabajadores extranjeros sin autorización previa. El juez concluye que, al no acreditarse un desplazamiento válido conforme a la normativa europea, resultaba plenamente aplicable la legislación española.

Asimismo, la resolución descarta que exista responsabilidad solidaria de la empresa principal al no haberse probado que conociera la situación irregular de los trabajadores. También rechaza que se haya producido indefensión o falta de respuesta a las alegaciones planteadas en vía administrativa.

En consecuencia, el juzgado confirma íntegramente la sanción impuesta por la Administración y avala tanto la calificación de la infracción como la cuantía de la multa. La sentencia no es firme y podrá ser recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo legal establecido.

Fiscalía recurre la absolución de los acusados por la muerte de los seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de gas grisú el 28 de octubre de 2013, en el que resultaron heridos de distinta consideración otros ocho trabajadores. El ministerio fiscal habría presentado recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de León, que tardó en resolver dos años y medio, según ha adelantado este lunes la Cadena Ser.

El ministerio público ha solicitado a la Audiencia Provincial de León que anule la sentencia absolutoria y que el procedimiento vuelva a celebrarse con un nuevo juicio, al considerar que la resolución judicial contiene una valoración incorrecta de las pruebas practicadas durante la vista.

En el escrito remitido al tribunal sostiene que la sentencia realiza una valoración “irracional” de los informes y testimonios presentados durante el juicio, al entender que no analiza de forma objetiva la totalidad de las pruebas técnicas y periciales aportadas por las acusaciones.

En su recurso, la Fiscalía reprocha que la resolución judicial otorgue mayor credibilidad a los informes y declaraciones vinculados a las defensas, mientras cuestiona los elaborados por los técnicos de la autoridad minera y por el perito judicial. A su juicio, esta interpretación habría llevado al tribunal a concluir de forma errónea que no existían pruebas suficientes para atribuir responsabilidades penales a los acusados.

El ministerio predaúblico insiste además en que el procedimiento no se centra en determinar la causa inmediata del accidente, sino en analizar si este podría haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. En este sentido, apunta a posibles deficiencias en aspectos como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación o la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa por la presencia de grisú.

Asimismo, la Fiscalía cuestiona que la empresa iniciara determinados trabajos sin contar con todas las autorizaciones exigidas por la autoridad minera y recuerda que los responsables de la explotación tenían la obligación legal de garantizar la seguridad de los trabajadores.

Por todo ello, el Ministerio Público solicita a la Audiencia Provincial de León la anulación de la sentencia y también del juicio celebrado, con el objetivo de que el caso vuelva a juzgarse y se realice una nueva valoración de la prueba practicada.

Juicio complejo y con retraso

El fallo tardó dos años y medio en llegar, tras un juicio especialmente complejo, con 16 acusados y la declaración de 80 testigos, que se celebró a la segunda, y buscaba determinar si el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad de la explotación minera influyeron de manera decisiva en el suceso. Entre los procesados se encontraban ingenieros, mandos intermedios, responsables de seguridad y varios miembros de la familia Del Valle, antiguos propietarios de la empresa hasta la quiebra de la compañía y una familia vinculada históricamente al franquismo.

Durante el proceso, la Fiscalía modificó su postura inicial y, en su informe final, solicitó la absolución para cinco de los acusados, en referencia a los vigilantes de primera de interior o plantillas y los vigilantes de seguridad. Para los otros once acusados, el ministerio público sí mantuvo la petición de condena por homicidio y lesiones imprudentes.

Por su parte, las acusaciones particulares y populares mantuvieron hasta el final la petición de condena para todos los acusados, a los que consideran responsables directos o indirectos de la tragedia. Argumentaron que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos, negligencias y deficiencias estructurales en materia de seguridad laboral.

Las defensas, en cambio, insistieron en la libre absolución, asegurando que el accidente fue “fortuito”, “imprevisible” y “no evitable”, y denunciaron que no existían pruebas suficientes para sostener una responsabilidad penal.

La escena se repite una y otra vez. Una reunión institucional, una foto entre responsables políticos de León y Asturias, declaraciones sobre cooperación, el recuerdo del enorme potencial de las estaciones de esquí leonesas y asturianas y una promesa que vuelve a sonar como novedad pese a llevar casi un cuarto de siglo sobre la mesa: la gestión conjunta.

Esta semana ha ocurrido otra vez. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, han vuelto a prometer que estudiarán la fórmula jurídica para unir la gestión de San Isidro, Leitariegos, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. Y, otra vez, la realidad es que el proyecto sigue sin concretarse.

No se trata de una idea improvisada ni reciente. La cooperación entre las estaciones de la cordillera cantábrica se viene anunciando desde comienzos de siglo, concretamente desde 2002, cuando Asturias ni siquiera había inaugurado aún Fuentes de Invierno, que abrió en 2007. Entonces ya se hablaba de un modelo compartido para aprovechar mejor unos complejos que, sumados, alcanzan alrededor de 81 kilómetros esquiables, una dimensión más que suficiente para competir como marca común en el noroeste peninsular y atraer mercado gallego, portugués y también del centro de España.

Pero esa necesidad de repensar su futuro es hoy todavía mayor que hace veinte años. No solo por la competencia turística o por la despoblación de los valles de montaña, sino también por el impacto cada vez más evidente del cambio climático sobre unas estaciones situadas a cotas relativamente bajas. Las temporadas de 2022-2023 y 2023-2024 fueron las peores de los últimos años para San Isidro y Leitariegos, que apenas lograron mantenerse abiertas algo más de la mitad del calendario previsto. Los expertos apuntan a una combinación clara: aumento de temperaturas, subida de la cota de nieve y una altitud límite que hace que pequeñas variaciones térmicas dejen la nieve fuera de las pistas. En ese escenario, la gestión conjunta ya no se plantea solo como una oportunidad, sino también como una necesidad para diversificar usos y darles vida más allá del invierno.

Pero entre el deseo político y la realidad se han ido acumulando los años, los cambios de gobierno en León y en Asturias, los estudios, los anuncios, los convenios frustrados, los intereses cruzados y hasta los escándalos de corrupción. El resultado, 25 años después, es que la gestión conjunta sigue siendo una promesa heredada de mandato en mandato.

Cuatro estaciones, un potencial evidente

Sobre el papel, el proyecto tiene lógica. La estación leonesa de San Isidro, inaugurada en 1974, dispone de 34 kilómetros esquiables, 35 pistas y 15 remontes, con cotas entre 1.500 y 2.100 metros. Leitariegos, abierta en 1975, suma 7,44 kilómetros, 15 pistas y 7 remontes, entre los 1.513 y los 1.800 metros. En Asturias, Valgrande-Pajares, inaugurada en 1954, cuenta con 30,9 kilómetros, 38 pistas y 7 remontes, entre 1.375 y 1.890 metros. Fuentes de Invierno, la más reciente, abrió en 2007 con 8,7 kilómetros, 15 pistas y 5 remontes, entre 1.487 y 1.950 metros.

La fotografía del mapa también empuja hacia esa colaboración. San Isidro y Fuentes de Invierno están literalmente una al lado de la otra. Valgrande-Pajares se encuentra a solo cinco minutos en coche de Arbas del Puerto, en León, y a 55 minutos de la capital leonesa, menos tiempo del que se tarda en llegar desde León ciudad a San Isidro y bastante menos que a Leitariegos. Esta última, además, es la estación más occidental de las cuatro y la más próxima para esquiadores del Bierzo, de Galicia y del norte de Portugal.

La suma de las cuatro permitiría presentar una oferta unificada de montaña y nieve en la cordillera cantábrica, con más variedad de pistas, más capacidad de atracción y más posibilidades de especialización. Pero además, el cambio climático obliga a mirar más allá del esquí puro. Las estaciones leonesas llevan años viendo cómo se acortan sus temporadas y ya no llegan a abril como ocurría no hace tanto. Meteorólogos y expertos señalan que su altitud, mucho más baja que la de grandes complejos como Sierra Nevada, las sitúa en una posición especialmente vulnerable: cuando suben las temperaturas, la nieve se queda por encima de sus cotas. De ahí que la gestión conjunta y la inversión no puedan pensarse solo en clave invernal. El Movimiento Ciudadano por Leitariegos y colectivos asturianos insisten en ello: las estaciones deben funcionar también en verano, como complejos de montaña capaces de generar actividad, empleo y fijación de población en valles muy castigados por la despoblación.

El origen: cuando Asturias quiso hablar de unión antes incluso de abrir Fuentes de Invierno

La historia arranca a comienzos de los 2000. Cuando el Principado empezó a diseñar Fuentes de Invierno, ya planteó la conveniencia de coordinar su futuro con las estaciones leonesas. Aquello no sentó bien en León. El entonces presidente de la Diputación, José Antonio Díez, del PP, no recibió de buen grado que Asturias tratase de imponer una gestión de servicios común antes incluso de que la estación asturiana fuera una realidad.

A partir de ahí, lo que parecía una discrepancia inicial se convirtió en una constante histórica: Asturias y León compartiendo el diagnóstico, pero sin llegar a rematar el acuerdo. Desde Javier García Prieto hasta Gerardo Álvarez Courel, pasando por Isabel Carrasco, Marcos Martínez Barazón, Emilio Orejas, Juan Martínez Majo y Eduardo Morán, todos los presidentes de la institución provincial leonesa, de PP y PSOE, han defendido en algún momento una fórmula conjunta. Ninguno la ha culminado.

Javier García Prieto: primeros años de una idea recurrente

Con Javier García Prieto al frente de la Diputación entre 2003 y 2007, la idea de la colaboración seguía latente mientras Asturias daba forma a Fuentes de Invierno. No llegó a materializarse un gran paso definitivo, pero sí quedó asentado el marco discursivo que después repetirían todos: que las estaciones no debían verse como competencia entre sí, sino como una oportunidad conjunta para el turismo de nieve y para la economía de montaña.

La teoría parecía clara ya entonces. Lo que faltaba era concretarla en infraestructuras compartidas, modelo de explotación, estrategia comercial y voluntad real de asumir costes y beneficios entre ambas administraciones.

Isabel Carrasco: del gran anuncio al convenio que nunca fue

La etapa de Isabel Carrasco es probablemente la más simbólica de todas porque fue la del gran titular. En 2012, la presidenta de la Diputación y la consejera asturiana Ana González anunciaron que trabajarían para la “unión total” de Fuentes de Invierno y San Isidro a medio plazo. Se habló de estudios técnicos, de gestión única, de forfait conjunto y de crear uno de los grandes complejos de esquí del país. También se colocó en el centro la línea eléctrica de San Isidro, construida por la Diputación leonesa con un coste que se disparó desde unos cinco millones iniciales hasta cerca de doce y finalmente alrededor de catorce millones.

Aquel acuerdo, presentado como el comienzo de la fusión, escondía sin embargo un problema de fondo: Asturias nunca aceptó las condiciones económicas que León daba por hechas. Mientras desde la Diputación se habló de una aportación asturiana de entre cuatro y cinco millones de euros por el enganche eléctrico, el Principado sostenía que la necesidad real de Fuentes de Invierno era de menos de 1,5 millones. Aquella diferencia abismal acabaría siendo descrita desde Asturias como “la cuenta de la vieja”.

Es decir, mientras en público se hablaba de entendimiento y cooperación, en privado el acuerdo económico estaba lejos de cerrarse. El convenio se presentó como un avance decisivo, pero en realidad no quedó rematado en términos asumibles para ambas partes.

Marcos Martínez Barazón: promesas, San Isidro y la sombra de la corrupción

Tras el asesinato de Isabel Carrasco en 2014, Marcos Martínez Barazón asumió la Presidencia de la Diputación durante apenas unos meses. También él mantuvo viva la promesa de unión de las estaciones con Asturias, pero aquella etapa terminó abruptamente con su detención por el caso Púnica, por el que terminó condenado.

La caída de Barazón contaminó por completo cualquier posible avance relacionado con San Isidro. No solo porque su interlocución con Asturias quedó rota, sino porque la propia estación leonesa aparecía en conversaciones, correos y contratos presuntamente amañados vinculados a cafeterías, planes de dinamización y adjudicaciones. En 2023, la Audiencia Nacional lo condenó por un delito continuado de prevaricación, junto a otros responsables, en la pieza leonesa de Púnica.

El Gobierno asturiano, que ya rechazaba pagar cinco millones por la conexión eléctrica, dejó claro entonces que no era que hubiera paralizado el acuerdo, sino que nunca había llegado a concretarse de verdad. Con el presidente leonés detenido y luego encarcelado provisionalmente, el proyecto de unión tuvo que volver, otra vez, a la casilla de salida.

Emilio Orejas y Juan Martínez Majo: la “Gran Estación del Norte”

Después de Barazón, Emilio Orejas ocupó la Presidencia de forma transitoria hasta las elecciones de 2015. Y en aquella transición, el PP leonés volvió a abrazar la gran promesa blanca. Orejas y quien sería después presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, defendieron junto al PP asturiano la fusión de Fuentes de Invierno y San Isidro bajo la idea de “La Gran Estación del Norte”.

La propuesta hablaba de ampliar en 18 kilómetros el dominio esquiable y alcanzar un complejo de unos 50 kilómetros potenciales, con capacidad para cuatro mil usuarios por jornada. Se insistió entonces en las bondades económicas del proyecto: atraer mercado de Galicia y Portugal, abrirse a Cantabria y Madrid, dinamizar hostelería y comercio y frenar la despoblación de la montaña.

También se llegó a perfilar un esquema económico para el enganche eléctrico asturiano a la línea de San Isidro. Pero, una vez más, aquello quedó en proyecto político y promesa electoral. Ni 'la gran estación' llegó ni la gestión conjunta se implantó. El problema seguía siendo el mismo: había titulares y declaraciones, pero no un acuerdo estable, ejecutable y blindado entre administraciones.

Eduardo Morán: fondos europeos y otro “paso más”

Tras el regreso del PSOE a la Diputación en 2019, Eduardo Morán recuperó el discurso de la colaboración con Asturias. En 2021 se reunió con Adrián Barbón y se habló de concurrir juntos a fondos europeos con un proyecto compartido para San Isidro y Fuentes de Invierno. Se presentó como uno de los encuentros más importantes de los últimos años y como un paso concreto hacia esa conexión tantas veces aplazada.

Pero la historia volvió a repetirse. El proyecto siguió vivo en el plano político y declarativo, pero sin una concreción final. Ni la gestión unificada llegó ni se dio el salto a un verdadero modelo común de explotación, promoción y servicios. Otra vez, un “paso más” que no fue a ninguna parte.

Gerardo Álvarez Courel: misma promesa, esta vez con cable

El actual presidente, Gerardo Álvarez Courel, ha vuelto a poner la cuestión sobre la mesa. Esta semana se ha escenificado un avance real, aunque muy limitado respecto al viejo sueño conjunto: Fuentes de Invierno ya está conectada eléctricamente a la línea de alta tensión de San Isidro y ha apagado por fin sus generadores de gasoil.

El acuerdo definitivo llega después de años de retraso y en condiciones económicas muy distintas a las defendidas por la vieja dirección 'popular' de la Diputación. Asturias pagará cerca de 1,8 millones en diez años, muy lejos de los alrededor de cinco millones que se pretendieron en tiempos de Carrasco y Barazón. Es, sin duda, un paso tangible. Pero no es la gestión conjunta prometida desde hace un cuarto de siglo.

En la reunión entre Courel y Barbón se volvió a hablar de estudiar el encaje jurídico adecuado para la gestión compartida de las cuatro estaciones, no solo San Isidro y Fuentes, sino también Leitariegos y Valgrande-Pajares. El lenguaje es el de siempre: aspectos técnicos, jurídicos y económicos; voluntad clara; seguir trabajando; ir de la mano. Todo suena razonable. También suena conocido.

Desde el propio territorio, sin embargo, la reacción mezcla esperanza con cautela. Jonatan Gutiérrez, empresario del valle y uno de los portavoces del Movimiento Ciudadano por Leitariegos, considera que el anuncio es “esperanzador”, pero recuerda que llega en pleno contexto electoral. “Credibilidad puede haber, pero ahora hay que demostrar que esta vez va en serio. Eso se verá cuando empiecen a aparecer publicaciones en el BOP y en el BOPA”, señala.

Gutiérrez recuerda además que algunos avances han tardado décadas en materializarse. “Se ha tardado 19 años en dar luz eléctrica a Fuentes de Invierno. Cuando algo llega después de tanto tiempo tampoco hay mucho que celebrar”, resume.

Lo único que sí existe ya: el forfait compartido

En estos años, lo que sí se ha logrado es una fórmula conjunta para la compra de forfaits. Es un avance, pero menor comparado con lo prometido durante tanto tiempo. Porque la gestión conjunta de verdad implicaría mucho más: una marca única, una promoción coordinada, planificación de inversiones, estrategia turística común, posible agencia de viajes, servicios compartidos, especialización de estaciones y una visión conjunta del territorio.

Eso es precisamente lo que reclaman ahora los movimientos sociales y empresariales de ambos lados de la cordillera cantábrica. No solo un abono compartido, sino una estructura de gestión y promoción unificada.

Las estaciones, una a una: fortalezas y carencias

El propio Movimiento Ciudadano por Leitariegos y colectivos asturianos han señalado las necesidades de cada estación. Y ese listado explica también por qué la gestión conjunta no puede ser solo una consigna política.

Valgrande-Pajares precisa completar la segunda fase de sus mejoras, con sendas, miradores y telebike; actuaciones en pistas; reparación y actualización de edificios públicos; modernización de la nieve artificial y trabajos de urbanización, saneamiento, alumbrado y asfaltado.

Fuentes de Invierno necesita un edificio de servicios en la zona media, un hangar en la zona baja, completar la electrificación, mejorar la nieve artificial y ampliar el dominio esquiable.

San Isidro reclama actualizar el sistema de nieve artificial e innivar al menos una pista por sector; actuar en pistas, drenajes y zonas debutantes; potenciar Salencias para maximizar días de apertura; y renovar remontes, muchos de ellos con una vida útil media cercana a 40 años. También se plantea licitar fórmulas para una unión física con Fuentes de Invierno.

Leitariegos, por su parte, necesita una nueva máquina pisapistas, poner plenamente operativo su sistema de nieve artificial y relanzar el viejo proyecto del telesilla cuatriplaza que sustituya al vetusto telesilla La Laguna.

En el caso de Leitariegos, además, el malestar social por la falta de inversiones y por la gestión diaria ya ha salido este mismo invierno de los despachos y de los comunicados para trasladarse a la propia estación. En febrero, más de doscientas personas protagonizaron una protesta inédita en el complejo lacianiego para reclamar a la Diputación mejoras urgentes, denunciar colas y problemas de funcionamiento pese a haber nieve, y exigir que se ejecuten de una vez los compromisos arrastrados desde el plan inversor aprobado en 2018. La movilización dejó claro hasta qué punto la estación se percibe en Laciana no como un equipamiento accesorio, sino como un motor económico fundamental para el valle y una infraestructura cuyo deterioro o mala gestión tiene consecuencias directas sobre el empleo, la hostelería y la actividad de toda la comarca.

Desde el movimiento ciudadano insisten en que el debate no se limita a mejorar instalaciones, sino también a repensar el modelo de gestión. “Con estaciones públicas al cien por cien todo se vuelve mucho más lento: contrataciones, licitaciones, inversiones o presupuestos”, apunta Gutiérrez. A su juicio, una posible vía sería un sistema mixto de gestión privada con participación pública, similar al de otros complejos españoles, aunque reconoce que un cambio de este tipo “difícilmente podría materializarse antes de diez años, incluso aunque ahora exista voluntad política”.

No se trata, por tanto, de cuatro estaciones que solo necesiten una buena campaña publicitaria. Necesitan inversiones, modelo, continuidad y una apuesta real. Y ese es precisamente otro de los grandes déficits del último cuarto de siglo: la promesa de unión no ha ido acompañada de una hoja de ruta estable de modernización.

El factor económico: una oportunidad que todos repiten

Todos los presidentes, todos los partidos y todos los colectivos coinciden en la misma idea: las estaciones son motores económicos para valles muy castigados por la despoblación. Ahí tampoco hay discusión. Lo que cambia es el grado de compromiso real para convertir esa afirmación en una política sostenida.

Los datos que manejan los defensores de una marca común son contundentes. Según el estudio encargado en su día por la Cámara de Comercio de Oviedo para Valgrande-Pajares, y actualizado por los colectivos sociales al año 2026, Pajares podría superar los 100.000 usuarios, San Isidro rondar o rebasar los 125.000 y Leitariegos y Fuentes de Invierno alcanzar unas 75.000 cada una. En conjunto, las cuatro podrían superar los 375.000 usuarios solo en invierno, generar un valor añadido bruto superior a 56 millones de euros y crear más de mil puestos de trabajo.

Más allá de si esas cifras se cumplen o no en su integridad, lo relevante es que la oportunidad económica lleva años siendo conocida. Las estaciones no solo son pistas y remontes: son alojamiento, hostelería, comercio, empleo directo e indirecto, fijación de población y actividad para territorios periféricos. Y también, una puerta natural para atraer esquiadores de Galicia y del norte de Portugal, muy próximos geográficamente a estos complejos.

Ahora bien, incluso ese potencial económico obliga a revisar el modelo. Si la nieve natural cada vez dura menos días y las temporadas se acortan por efecto del calentamiento y de la subida de la cota, el futuro de estas instalaciones no puede descansar únicamente en el esquí. La rentabilidad y la supervivencia de los valles pasan también por convertirlas en destinos de montaña durante todo el año, con usos complementarios, actividades de verano y una oferta turística más amplia. Es decir, la gestión conjunta no solo permitiría sumar kilómetros esquiables y promoción, sino también replantear un modelo que el cambio climático está empujando a transformarse.

Aramón, una gestión compartida de cuatro estaciones en Aragón

Cuando se habla de que la gestión conjunta es posible, no se hace en abstracto. Ya existe un ejemplo en España. En Aragón, Aramón puso en marcha en 2002 una gestión compartida de varias estaciones: Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Las cuatro estaciones conforman “el dominio esquiable más grande de España”, según su página web, sumando 294 kilómetros esquiables, 250 pistas y 78 remontes.

La comparación no es exacta, porque ni el volumen ni el contexto territorial son los mismos, pero sí demuestra una cosa: que una marca única y una explotación coordinada son viables si existe voluntad política, acuerdo institucional y planificación. Si en Aragón pudo construirse una estructura conjunta hace más de veinte años, la pregunta inevitable en León y Asturias es por qué aquí se sigue hablando de lo mismo como si siempre fuera algo insólito.

Para los colectivos de la montaña, el ejemplo aragonés demuestra que la clave no es solo unir estaciones, sino dotarlas de una estrategia común. “Aramón ha creado una marca reconocible que da unidad a todas sus estaciones y las convierte en referencia nacional”, señala Gutiérrez. En su opinión, en León y Asturias sigue pesando una visión distinta: “Allí las estaciones se ven como una inversión y aquí todavía muchas veces se presentan como un gasto, cuando en realidad generan turismo, empleo, actividad económica en los valles y fijan población”.

Un cuarto de siglo de promesas sin cumplir

La gestión conjunta de las estaciones de esquí de León y Asturias no ha fracasado por falta de diagnóstico. Tampoco por falta de promesas. La han prometido, con matices distintos, todos los presidentes de la Diputación desde 2003 hasta hoy. La han defendido gobiernos del PP y del PSOE. Ha aparecido en convenios, campañas electorales, reuniones bilaterales, proyectos a fondos europeos y actos institucionales. Se ha presentado como clave contra la despoblación, como oportunidad turística, como motor económico y como evidencia de sentido común.

Y, sin embargo, sigue sin llevarse a cabo. Lo único concreto que puede exhibirse hoy, 25 años después de que Asturias empezara a pensar Fuentes de Invierno y de que se hablara ya de cooperación, es un forfait compartido y una conexión eléctrica que ha tardado más de una década y media en resolverse. Todo lo demás sigue en el terreno del estudio, de la intención, del “encaje jurídico”, del “modelo adecuado”, del “paso más”.

La misma pregunta, otra vez

Los promotores sociales de la nieve y la montaña lo han expresado esta semana con claridad: el camino no puede ser otro que la inversión y la apuesta decidida, pero no con promesas que no se cumplen como hasta ahora. Porque a estas alturas el problema ya no es imaginar el potencial. El potencial es evidente. El problema es que el proyecto lleva un cuarto de siglo enterrado bajo anuncios, retrasos y oportunidades perdidas.

León y Asturias vuelven a prometer que estudiarán la gestión conjunta de sus estaciones. Otra vez. Como hace cinco años. Como hace diez. Como hace quince. Como hace veinte. Como casi desde el arranque del siglo. El sueño blanco sigue ahí, pero continúa sin hacerse realidad.

Aun así, en los valles de la cordillera la sensación no es de resignación, sino de vigilancia. “Estamos esperanzados, pero a la expectativa”, resume Gutiérrez. Para él, el futuro pasa por construir una imagen común de las estaciones, especializar cada una en distintas actividades y aprovecharlas durante todo el año. “Cuando hay nieve pedimos que todo funcione bien, y cuando no la hay necesitamos alternativas: bikepark, senderismo, turismo familiar o actividades de montaña. Si conseguimos atraer gente todo el año, habrá empleo, actividad en los pueblos y más posibilidades de fijar población”.

Izquierda Unida (IU) ha pedido este lunes la dimisión del alcalde de Valdelugueros y diputado provincial del PP, Emilio Orejas, tras la sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar y depurar su padrón municipal por empadronamientos irregulares. La formación considera que el fallo judicial deja en una situación “políticamente insostenible” al regidor, que lleva más de 25 años al frente del Consistorio.

La petición llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León estimara íntegramente el recurso presentado por tres concejales del PSOE y anulara la negativa del Ayuntamiento a revisar el padrón. La sentencia ordena iniciar expedientes de baja de oficio respecto de las personas identificadas que no residen habitualmente en el municipio y condena al Consistorio a pagar las costas.

Más de 500 empadronados y 178 tarjetas sanitarias

El procedimiento judicial partía de la denuncia presentada en 2021 por tres ediles socialistas, que alertaban de un padrón “inflado” en un municipio golpeado por la despoblación. Entre los datos analizados por el juez figura un contraste significativo: más de 500 personas empadronadas frente a solo 178 tarjetas sanitarias activas, en una población mayoritariamente envejecida.

El magistrado consideró este desfase un “indicio vehemente” de residencia ficticia y subrayó que el padrón no puede utilizarse con fines instrumentales, sino que debe reflejar la residencia habitual real. Durante el juicio, al menos dos personas reconocieron que su empadronamiento respondía a la necesidad de cumplir requisitos administrativos para obtener licencias de caza en el coto local, y no a una estancia efectiva en el municipio.

La sentencia también declara nula la negativa del Ayuntamiento a facilitar acceso telemático a la documentación solicitada por los concejales denunciantes, al entender que vulneró su derecho fundamental de participación política.

IU: “Un daño a la limpieza democrática”

En su comunicado, Izquierda Unida sostiene que la resolución judicial confirma “una gestión opaca y contraria a la legalidad” y subraya que la depuración del padrón afecta directamente a la limpieza del proceso democrático en el municipio. La formación recuerda además que no es la primera vez que Orejas se enfrenta a un fallo de este tipo: en 2011 ya fue obligado judicialmente a dar de baja a 136 empadronados irregulares, cerca del 30% de la población total en aquel momento.

IU considera que el hecho de que el Ayuntamiento no recurriera la sentencia refuerza la gravedad de los hechos y reclama “asumir responsabilidades políticas inmediatas”. A su juicio, mantener al alcalde en el cargo tras este pronunciamiento judicial “erosiona la confianza ciudadana en las instituciones”.

Un alcalde con larga trayectoria provincial

Emilio Orejas gobierna Valdelugueros desde 1999 y es uno de los alcaldes con mayor trayectoria de la provincia. En 2014 asumió la Presidencia de la Diputación de León tras la detención de Marcos Martínez Barazón en el marco de la trama Púnica, y ejerció el cargo hasta junio de 2015. En la actualidad continúa como diputado provincial del Partido Popular.

La sentencia no acuerda directamente las bajas padronales para evitar indefensión, pero obliga al Ayuntamiento a abrir los correspondientes expedientes con audiencia a los interesados y a ajustar el padrón a la realidad residencial. El proceso administrativo deberá iniciarse ahora bajo la supervisión de lo ordenado por el juzgado.

Mientras tanto, el debate político en la Montaña Central se reabre con la exigencia de responsabilidades y con un padrón cuya depuración efectiva sigue pendiente.

La Justicia declara ilegal la negativa del Ayuntamiento de Valdelugueros a revisar su padrón municipal y obliga al Consistorio a depurar de inmediato los empadronamientos irregulares detectados. La sentencia, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso este medio, estima por completo el recurso presentado por tres concejales del PSOE y condena al Consistorio que dirige Emilio Orejas (PP) a iniciar expedientes de baja de oficio y a pagar las costas.

El fallo, dictado el 11 de diciembre de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, anula la resolución de la Alcaldía de 6 de octubre de 2021 y el acuerdo plenario de marzo de 2022 que aprobó la revisión del padrón sin atender antes las denuncias. Para el juez que ha llevado el caso, el padrón no reflejaba la “realidad residencial” del municipio y el Ayuntamiento actuó de forma contraria a Derecho al inadmitir las solicitudes de revisión.

Más de 500 empadronados y solo 178 tarjetas sanitarias

El procedimiento parte de la denuncia presentada en 2021 por tres concejales socialistas. Sostenían que el padrón estaba inflado desde hacía años y que no se correspondía con la realidad de un municipio golpeado por la despoblación.

Entre los datos más llamativos figuraba un desfase difícil de explicar: más de 500 personas empadronadas frente a únicamente 178 tarjetas sanitarias activas en una población envejecida. El juez considera este contraste un “indicio vehemente” de residencia ficticia, contrario a la lógica en un entorno rural donde la mayoría de vecinos son personas mayores que precisan atención sanitaria.

Empadronados para poder cazar

La prueba testifical resultó clave. Dos de las personas señaladas reconocieron ante el juez que su empadronamiento no respondía a una residencia habitual, sino a la necesidad de cumplir un requisito administrativo para obtener licencias de caza en el coto local. Admitieron que no solían dormir en el municipio y que vivían realmente en otras localidades.

La sentencia subraya que el padrón no es un trámite voluntario que pueda usarse con fines instrumentales, sino la constatación administrativa de un hecho: residir habitualmente en el municipio. Estas declaraciones, a juicio del magistrado, desvirtúan la presunción de legalidad de la actuación municipal.

Dudas sobre otros empadronamientos

El juez también analiza el caso de otra persona empadronada en una vivienda vinculada al entorno familiar del alcalde 'popular' y expresidente y actual diputado provincial de la Diputación de León entre el mes de noviembre del 2014 y el mes de junio de 2015. Aunque defendió que pasaba varios días a la semana en el municipio, la sentencia aprecia dudas razonables sobre la residencia efectiva, dada la distancia con su lugar de trabajo en otra comunidad autónoma y los errores detectados en la dirección inscrita.

Para el magistrado, estos indicios eran suficientes para que el Ayuntamiento hubiese abierto un expediente de comprobación en lugar de rechazar de plano la revisión solicitada por la oposición.

Vulneración del derecho de los concejales

El fallo no se limita al padrón. También declara nula la resolución de 29 de octubre de 2021 por la que el Ayuntamiento denegó a los concejales el acceso telemático a la documentación solicitada, alegando carencias técnicas.

El juez entiende que esa negativa vulneró el derecho fundamental de participación política del artículo 23 de la Constitución, al obstaculizar la labor de control de la oposición, y recuerda que la Administración está obligada a facilitar la información en formato electrónico cuando es técnicamente posible.

Un precedente en 2011 y las alertas del INE

No es la primera vez que el alcalde y expresidente provincial 'popular' Emilio Orejas se enfrenta a una sentencia por el padrón. En 2011 ya fue obligado judicialmente a dar de baja a 136 empadronados irregulares, cerca del 30% de la población total, en vísperas de las elecciones municipales.

Además, en febrero de 2023 el Instituto Nacional de Estadística incluyó a Valdelugueros en el listado de municipios leoneses con incrementos “significativos y no justificados” en el censo electoral, lo que permitió abrir la vía de impugnación ante la Junta Electoral.

Qué ordena ahora el juzgado

La sentencia estima íntegramente el recurso de los ediles socialistas, anula las resoluciones impugnadas y condena al Ayuntamiento a iniciar de forma inmediata expedientes de revisión de oficio y baja padronal respecto de las personas identificadas y de aquellas que reconocieron no residir habitualmente en el municipio.

El juez no acuerda directamente las bajas para evitar indefensión, pero obliga al Consistorio a tramitar los expedientes con audiencia a los interesados y a ajustar el padrón a la realidad.

La valoración del despacho Cordal

El abogado Víctor Álvarez Bayón, del despacho Cordal, que ha dirigido el procedimiento, lamenta que hayan sido necesarios casi cinco años de litigio para alcanzar esta resolución y que el municipio afronte procesos electorales con el padrón todavía pendiente de depuración efectiva.

Destaca además que el Ayuntamiento no ha recurrido la sentencia y que durante años se impidió a los concejales acceder al padrón con excusas como la supuesta inexistencia de medios técnicos, pese a que, según sostiene, sí existían. A su juicio, “merece la pena pelear estos asuntos” porque afectan directamente a la limpieza del proceso democrático y a la transparencia institucional.

Un alcalde por 'herencia' y con peso provincial

Emilio Orejas 'heredó' la Alcaldía de Valdelugueros de su padre, Miguel Orejas, en un relevo familiar que consolidó una continuidad política en el municipio de la Montaña Central. Desde 1999 sostiene el bastón de mando del Ayuntamiento, lo que le convierte en uno de los regidores con mayor trayectoria de la provincia.

Su carrera dio el salto al primer plano institucional en 2014. Tras el asesinato de la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y la posterior detención de su sucesor, Marcos Martínez Barazón, en el marco de la trama Púnica —por la que fue condenado y encarcelado—, Orejas asumió la Presidencia de la Diputación. Ocupó el cargo entre noviembre de 2014 y junio de 2015, en uno de los periodos más convulsos de la política provincial reciente.

Aunque su paso por la Presidencia fue breve, mantuvo su peso orgánico e institucional dentro del Partido Popular. En la actualidad continúa siendo diputado provincial en la Diputación de León por el PP, al tiempo que sigue al frente de la Alcaldía de Valdelugueros, cargo que desempeña desde hace más de un cuarto de siglo.

El caso judicial contra el expresidente de Ambi y Cocemfe León, José Antonio Fierro, vuelve al punto de partida. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la sentencia que lo absolvió del delito contra los derechos de los trabajadores por exigir la devolución de parte del salario a empleados de las asociaciones y ordena repetir el juicio desde cero, con un tribunal distinto al que ya lo juzgó. La resolución es firme y no admite recurso .

Se trata del mismo procedimiento que ya había pasado anteriormente por el TSJ, que en 2024 anuló una primera absolución por falta de motivación. Ahora, tras una nueva sentencia absolutoria dictada en junio de 2025 por la Audiencia Provincial de León, el alto tribunal vuelve a apreciar defectos en la valoración de la prueba y acuerda repetir el juicio oral completo.

El origen del caso: las devoluciones de parte del sueldo

El procedimiento se remonta a hechos ocurridos entre 2008 y 2018, cuando José Antonio Fierro presidía tanto Ambi (Asociación de Personas con Discapacidad Física del Bierzo) como Cocemfe León. Según los hechos recogidos en la causa, era él quien decidía las contrataciones de trabajadores vinculados a programas subvencionados con fondos públicos.

La práctica denunciada consistía en exigir a algunos empleados que devolvieran parte de su salario bajo el argumento de que era necesario para garantizar la viabilidad económica de las asociaciones. Hasta 2013, se les abonaba directamente menos cantidad de la que figuraba en nómina. Después, cuando las subvenciones obligaron a ingresar el sueldo íntegro por banco, los trabajadores retiraban el dinero al día siguiente y lo entregaban en un sobre en metálico.

Las cantidades variaban, pero en muchos casos se trataba de todo lo que superaba los 600 euros en contratos a media jornada y los 1.200 en jornada completa. La sentencia recoge que esta práctica afectó a al menos catorce trabajadores, aunque solo una de ellos ejerció finalmente la acusación particular .

La denuncia: abuso de necesidad

La acusación, tanto del Ministerio Fiscal como de la trabajadora que mantuvo el procedimiento, sostenía que estas devoluciones no eran voluntarias, sino impuestas aprovechando la situación de necesidad de los empleados, que temían no ser renovados si se negaban.

El Código Penal castiga a quien, mediante engaño o abuso de una situación de necesidad, impone condiciones laborales que perjudiquen los derechos reconocidos a los trabajadores. En este caso, el engaño quedó descartado desde el principio. La clave jurídica estaba en determinar si hubo abuso de necesidad.

En particular, la causa se centró en la situación de una de las víctimas, cuyo despido ya fue declarado nulo en la jurisdicción social. En su caso, constaban circunstancias personales delicadas: divorcio reciente, dos hijas menores a su cargo y riesgo de desahucio. El debate jurídico giraba en torno a si esa situación era conocida por el acusado y si se aprovechó de ella para imponer la devolución de parte del sueldo.

La jurisprudencia: cuándo hay delito laboral

El TSJ recuerda en su sentencia que el delito contra los derechos de los trabajadores no exige coacciones explícitas. Basta con que el trabajador no tenga una alternativa real y razonable distinta a aceptar las condiciones impuestas.

Además, subraya que los derechos laborales son irrenunciables: aunque el empleado firme o acepte, eso no elimina la posible responsabilidad penal si la imposición se produjo abusando de una situación de vulnerabilidad.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, citada en la resolución, exige dos elementos: una vulneración clara de derechos laborales y que el empresario conozca, al menos de forma genérica, la situación de necesidad del trabajador y se aproveche de ella.

El error que aprecia el TSJ

La Audiencia Provincial volvió a absolver a Fierro al considerar que no había quedado acreditado que existiera una situación de necesidad relevante o que, de existir, fuera conocida por él.

Sin embargo, el TSJ considera que la Audiencia cometió un “déficit de motivación”. Por un lado, porque solo analizó la situación de la trabajadora que ejerció la acusación y no la del resto de empleados afectados. Por otro, porque examinó su situación únicamente al inicio de la relación laboral y no durante todo el tiempo que duró el vínculo profesional.

El alto tribunal destaca que existen mensajes y otros documentos que apuntan a una relación de confianza entre el acusado y la víctima que podrían indicar que conocía su situación personal y económica, sin que la sentencia anulada valorara adecuadamente ese material probatorio.

Las alegaciones de las partes

El Ministerio Fiscal solicitó la nulidad de la sentencia y la repetición del juicio al entender que la valoración de la prueba había sido incompleta. La acusación particular se sumó a esta petición.

La defensa, por su parte, sostenía que no existió abuso alguno y que las aportaciones respondían a una necesidad económica de las asociaciones, negando que se impusieran de forma ilícita o aprovechando situaciones personales de vulnerabilidad.

La decisión final: juicio nuevo y tribunal distinto

Finalmente, el TSJ ha estimado íntegramente los recursos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, anulando la sentencia absolutoria de junio de 2025 y ordenando repetir el juicio oral.

Además, establece que el nuevo juicio deberá celebrarse ante un tribunal compuesto por magistrados distintos a los que dictaron la sentencia anulada, para garantizar la imparcialidad.

La resolución no impone costas y es firme. El proceso, que se arrastra desde hace años y que ya obligó a repetir una primera sentencia, seguirá así su recorrido judicial. La cuestión de fondo, si las devoluciones de parte del sueldo fueron una práctica delictiva o no, tendrá que decidirse de nuevo en la Audiencia Provincial de León.

La Audiencia Provincial de León ha comenzado a embargar los bienes y la pensión de jubilación de Pedro Muñoz, el exconcejal de Ponferrada condenado a casi 17 años de cárcel por intentar matar a su esposa, Raquel Díaz, el 27 de mayo de 2020, a quien arrojó por la terraza de su casa y le causó gravísimas lesiones que la dejaron tetrapléjica.

La medida busca que la víctima pueda percibir al menos una parte de la indemnización de 1,5 millones que le fue reconocida en sentencia firme.

El embargo se limita por ahora a la vivienda de Muñoz en Santo Tomás de las Ollas, en Ponferrada, mientras que la finca de Toreno, conocida por los vecinos como “la casa de los horrores”, donde ocurrió la agresión, no ha sido incluida.

Esa propiedad había sido donada por Muñoz a sus hijos para evitar el pago de la indemnización, una maniobra que luego fue declarada nula, aunque los cambios todavía no se han reflejado en el catastro.

Raquel Díaz quedó tetrapléjica con secuelas físicas y neurológicas permanentes, y la sentencia, confirmada por el TSJCyL y el Supremo, impuso a Muñoz casi 17 años de prisión y la indemnización a la víctima, aunque cinco años y medio después todavía no ha recibido el dinero que le corresponde.

Además, se ha iniciado el embargo parcial de la pensión de jubilación de Muñoz, que supera los 2.200 euros al mes.

Actualmente, Raquel Díaz, de 49 años, vive en un centro sociosanitario y no puede volver a ejercer su profesión de abogada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha rechazado paralizar la actividad de la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa de Ponferrada. La decisión corrige la adoptada por la misma instancia en sentido contrario el pasado mes de noviembre como consecuencia de una solicitud (entonces atendida) de la plataforma Bierzo Aire Limpio y el Ayuntamiento de Ponferrada.

La resolución judicial, que ahora acepta los argumentos en contra de la paralización de Ponferrada y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, dependiente de la Junta), considera que detener la instalación supondría un grave perjuicio para el interés general, especialmente en pleno periodo invernal.

Según recoge la resolución e informa el Consistorio, la paralización de la central dejaría sin suministro térmico a numerosos servicios públicos esenciales, entre ellos residencias de mayores, centros educativos o la estación de autobuses Egeria, lo que generaría una situación de desprotección para usuarios especialmente vulnerables.

El juzgado subraya que este riesgo debe prevalecer frente a la solicitud de suspensión de la actividad. Añade que no se cumplen los requisitos legales para acordar la ejecución provisional, ya que la obra de la central está completamente finalizada y no es posible su paralización material.

A ello se suma que los informes técnicos aportados al procedimiento descartan la existencia de alternativas inmediatas y viables de calefacción, lo que podría comprometer la salud de los usuarios de las instalaciones afectadas.

El Ayuntamiento de Ponferrada considera positiva la decisión judicial, al entender que refuerza la protección del interés general y garantiza la continuidad de los servicios básicos.

El consistorio insiste en su respeto a las resoluciones judiciales y en su compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental y la seguridad ciudadana.

El procedimiento judicial, no obstante, continúa abierto, ya que contra esta decisión cabe la interposición de un recurso de apelación en el plazo de quince días.

“Sigue siendo ilegal”, dicen las demandantes

Las entidades denunciantes dicen respetar este pronunciamiento judicial, pero matizan que no entra al fondo del asunto. “Debemos decirlo con toda contundencia: a día de hoy la central de calor sigue siendo ilegal”. A la espera de la deliberación sobre el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Ponferrada y Somacyl, la plataforma y el colectivo vecinal ponen el foco en la parte de este último auto en el que se advierte a la administración de que “una eventual confirmación de la sentencia firme recae sobre su esfera patrimonial”, al tiempo que se le insta a “iniciar los trámites para su regularización”.

“En lugar de sentarse a subsanar las carencias y arreglar las cosas, el Ayuntamiento sigue con su huida hacia adelante optando por recurrir las resoluciones profundizando en los errores cometidos anteriores”, señalan los demandantes.

Frente al argumento del peligro a dejar a usuarios sin calefacción en determinadas instalaciones, Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla afirman que un informe acredita que “todos los edificios (implicados) menos la estación de bus tienen sistemas de calefacción alternativos”.

Las organizaciones demandantes han criticado la decisión del Ayuntamiento de proseguir con la explotación de la red en lugar de corregir las deficiencias detectadas, recurriendo las resoluciones judiciales y profundizando en los problemas ya señalados.