El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

Los ganaderos del concejo asturiano de Mieres se conjuraron en una reciente manifestación en tierras leonesas: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”. Se referían al aprovechamiento de los riquísimos del puerto de Pinos, que desde hace un siglo es propiedad del Ayuntamiento astur, pero en el que mantienen derechos históricos de uso y aprovechamiento los pueblos del municipio de San Emiliano donde se enmarcan, en plena comarca leonesa de Babia.

Pero de momento aquella conjura no se cumple a fecha de hoy. Ni será fácil que ocurra. Y es que la Junta de Castilla y León insiste en denegar las guías a los profesionales del ganado mierense y sin ellas ningún animal puede pastar allí. Lo hace aduciendo la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de determinar ya de manera definitiva, sin posibilidad de recurso, que cualquier actividad de Mieres en suelo leonés es irregular, por ser otra autonomía sobre la que no tiene competencias.

Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar que las vacas de Babia sí están aprovechando ya a día de hoy aquellos valorados pastos. Y lo hacen porque tienen todos los parabienes ganaderos. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León ha confirmado a este medio que hasta la fecha han sido dos las explotaciones de pueblos de San Emiliano las que han solicitado, tramitado y finalmente obtenido las guías para aprovechamiento legal de las praderas de Pinos. Aquellas reses, pues, disponen hoy en exclusiva de todo el pasto de la zona.

La fecha de subida tradicional del ganado de los profesionales de Mieres a Pinos ha sido siempre primeros de junio. Y aunque queda poco menos de un mes, si alguna cabeza hace acto de presencia, la Junta considera que será de manera irregular.

Ya pasó lo mismo el año pasado, y eso sin que el más alto tribunal, el TS, se hubiera pronunciado: bastó con solo una dura sentencia previa del TSJ de Asturias que ya iba contra los intereses mierenses, que sigue aduciendo que las 900 hectáreas de Pinos son de su propiedad, adquiridas en 1926, lo cual es cierto.

Las mismas fuentes autonómicas recuerdan que cuando el pasado año aparecieron decenas, puede que cientos, de cabezas de ganado asturiano en Pinos -cuando en realidad habían alquilado el cercano puerto de Los Hidalgos-, se pusieron en marcha algunas sanciones por aquellos hechos. Y aseguran que volverá a ocurrir si este año se repite la escena. Todo ello ante la desesperación e indignación creciente de los profesionales del campo del otro lado de Peña Ubiña. Un episodio más en la tensión que genera lo que a todas luces es el conflicto territorial más potente y dilatado en el tiempo entre Asturias y León.

21 multas con sanción económica... que podrían agravarse

En la leonesa Delegación de la Junta, se tramitaron en el verano de 2025 un total de 21 expedientes sancionadores, que fue el número de crotales que la Guardia Civil llegó a identificar de reses de Mieres en el puerto de Pinos, donde no podían administrativamente estar. Algunas de las sanciones económicas propuestas ya por la Junta de Castilla y León han sido recurridas pero siguen su curso hasta culminar, casi con seguridad, en una multa. Y los propios profesionales asturianos son conscientes de que si este año se repite algún caso con reincidencia, los pocos miles de euros se pueden multiplicar exponencialmente.

Así lo lamentaban hace dos semanas un grupo de ganaderos mierenses en Villablino (León), donde acudieron a ejercer presión y pedir explicaciones a la sede de la Unidad Veterinaria de la comarca de Laciana. Y no sirvió de mucho: la Junta insistió en el 'no' rotundo a autorizarles las guías oficiales que son obligatorias.

La situación tiene desolados a los ganaderos, los cerca de 110 afectados, con en torno a 1.500 cabezas en total, según cifró recientemente su portavoz, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representante sindical agrario en el Principado, David Pérez, quien lamentaba que la situación puede abocar al cierre de explotaciones y el sustento de numerosas familias.

Por eso, además de en Villablino, hace escasos días también protestaron ante la propia sede del Ayuntamiento de Mieres para exigir que acelere una solución que les permita aprovechar los pastos de terrenos que, aunque leoneses, son propiedad del concejo. La salida aireada públicamente buscaría bordear la prohibitiva sentencia del Supremo, cambiándole el uso al terreno de Pinos, pasándolo a otra naturaleza jurídica como bien patrimonial, y después adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos.

La “treta” ya tiene dos bloqueos anunciados: el de San Emiliano y la Federación de Entidades Locales Menores de León, que llevan años litigando y denunciando “excesos” de Mieres en suelo leonés. Porque lo consideran abiertamente  “una prevaricación pura y dura”. Ya han llevado esta intención ante el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aseguran que les ha dado la razón y parado los pies a Mieres. El segundo bloqueo es institucional y oficial, ya que la Junta repite argumento, se aferra a la sentencia y dice que vigilará la situación de cerca.

Está por ver si este desigual bloqueo y la actual contundencia institucional del Gobierno autonómico, hoy del Partido Popular (PP) y pronto nuevamente en pacto con Vox, volverán a generar escenas de tensión en Pinos en el tramo final de la primavera, como ya se han vivido en muchos años posteriores.

La Audiencia Provincial de León ha absuelto al exalcalde de Fabero (León), el socialista Demetrio Alfonso Canedo, de los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por firmar la adjudicación y la finalización de obras en el municipio antes de que se hubiera construido para poder recibir una subvención de 40.000 euros de la Diputación de León.

Según la sentencia, el magistrado considera que los hechos imputados, por los que la Fiscalía pedía tres años de prisión para el exregidor, una multa de 2.400 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, no son constitutivos de infracción penal.

El auto deja claro que “no concurren en la actuación del acusado los elementos del delito de prevaricación administrativa y falsedad documental, en particular el elemento subjetivo”, considerando que no hubo perjuicio al Ayuntamiento, por lo que “no puede concluirse que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal alguna”.

Eso sí, los magistrados añaden un reproche directo a la actuación de Alfonso Canedo fuera del ámbito penal, porque su absolución en este ámbito “no supone, en modo alguno, una especie de aval a la forma de actuar del acusado en este caso concreto”. Mencionan, de hecho, cuestiones relativas a posibles incorrecciones o ilegalidades jurídico administrativas de las actuaciones desarrolladas, que en ciertos trámites realizados parecen resultar evidentes, pero que no tienen alcance de rango delictivo“ penal.

Y es que durante el juicio, celebrado los pasados 6 y 7 de abril, el propio acusado, tío del secretario provincial del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, reconoció haber tomado estas decisiones, que justificó en la “sequía terrible” que sufrió el municipio en aquel año y en que ni los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario advirtieron de la ilegalidad de los trámites realizados.

En la vista oral también se iba a juzgar al ingeniero jefe de la obra y al contratista, sin embargo quedaron fuera de la causa tras prescribir los hechos imputados, aunque sí acudieron a la Audiencia como testigos. Aún así constan en el fallo como igualmente absueltos.

El exalcalde denuncia un “juicio político”

Por su parte, Canedo, actual portavoz del PSOE en la oposición en Fabero, ha señalado tras conocer la absolución que el único interés que había tenido al ejecutar la obra era en beneficio de los vecinos de la localidad que entonces gobernaba y ha calificado este proceso como “un juicio político”. “Se ve claramente que esto ha sido un juicio político, porque fue una denuncia de las muchas que el gobierno del PP, IU y MASS de 2011 a 2015 impulsó para acabar conmigo y mostrar su revanchismo, odio y venganza”, ha asegurado Alfonso Canedo, valora a Efe.

El exalcalde ha recordado que esas tres formaciones se unieron para desbancar a su partido, pese a que el PSOE fue el más votado en las elecciones de 2011, y que durante esos cuatro denunciaron a Canedo en varias ocasiones, aunque todas fueron archivadas. “Tal y como sucedió con esta, que fue archivada en dos ocasiones y de manera sorpresiva reabierta este mismo año, pero que ha finalizado con mi absolución”, ha apostillado.

Se refiere a que esta última causa permanecía viva en 2023, y por lo tanto le mantenía como imputado, cuando ese año se elaboraron las listas municipales del PSOE en Fabero. Y a pesar de que los estatutos socialistas lo impedían, se le situó como cabeza de lista socialista, apartando a la alcaldesa bajo idéntico argumento de imputación, que acabó presentándose como independiente, ganando las elecciones y relegando a la oposición a su expartido.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha desestimado el recurso de apelación de la defensa para rebajar la pena del hombre condenado a veinticinco años y un día de prisión por matar a su padre, de 76 años, tras propinarle una paliza en diciembre de 2023 en el pueblo de La Sota de Valderrueda.

La sentencia, hecha pública este lunes, desestima el recurso de apelación formulado por la defensa del acusado contra la sentencia del 8 de enero de 2026 dictada por el magistrado de la Audiencia Provincial de León, basada en la decisión del jurado popular.

Los hechos se remontan al 29 de diciembre de 2023, cuando el condenado, junto a uno de sus hermanos, pasó la tarde bebiendo en diversos establecimientos de la comarca leonesa de Valderrueda.

Tras desplazarse al domicilio del padre, comenzó una fuerte discusión en la que el procesado, que en el momento de los hechos tenía 38 años, propinó numerosos golpes, puñetazos y patadas a su padre de 76 años, que padecía diversas dolencias, necesitaba la asistencia de un respirador y se ayudaba de una muleta para poder caminar.

Uno de los hermanos que intentó parar la agresión sufrió diversas heridas, entre ellas la fractura del tabique nasal, y varios vecinos acudieron a la casa de la víctima para intentar frenar la pelea hasta que llegó la Guardia Civil, que detuvo al agresor el 1 de enero de 2024. El padre falleció el 2 de enero en el Hospital de León a consecuencia de las heridas que afectaron a órganos vitales.

Unanimidad del jurado

Por su parte, el jurado popular consideró por unanimidad que el encausado era culpable de un crimen de asesinato tras propinarle una brutal paliza y, por ocho votos frente a uno, aceptó la alevosía con agravante de parentesco.

Sin embargo, sí reconoció como un atenuante que actuó bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que, tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por los cuatro hermanos del acusado, rebajasen la pena inicial solicitada de la prisión permanente revisable a una petición de 28 y 29 años de cárcel, respectivamente.

El jurado también le consideró responsable de un delito de lesiones contra su hermano, por el cual también estaba acusado. Finalmente, fue condenado a veinticinco años y un día de cárcel por un delito consumado de asesinato con alevosía y ensañamiento. Contra la sentencia conocida este lunes cabe recurso de casación en un plazo de cinco días.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirma la condena de tres años y ocho meses de prisión a un hombre por estafar de forma continuada a un hombre vulnerable con un importante deterioro cognitivo. La sentencia mantiene la pena impuesta por la Audiencia Provincial de León prácticamente en todos sus puntos y solo introduce un cambio: reduce la indemnización tras detectar un error en el cálculo inicial.

La cantidad que deberá devolver el condenado pasa de más de 14.000 euros a 9.375,73 euros. También se mantiene la condena por un delito leve de maltrato.

Los hechos se remontan al momento en el que la víctima, una persona mayor, dependiente y sin capacidad para gestionar su dinero o realizar operaciones básicas, pasó de vivir con su hermano y su cuñada a vivir con el hermano de su cuñada y su pareja. Fue a partir de entonces cuando se produjeron los hechos por los que lo condena la Justicia.

Según recoge la sentencia, el condenado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima para acceder a su dinero. Junto a su pareja, realizó retiradas de efectivo de sus cuentas bancarias y llegó a gestionar la contratación de un préstamo a su nombre.

El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por el hermano de la víctima, pocos días después de que fuera trasladada de su domicilio habitual. El proceso judicial se ha prolongado durante casi cinco años.

La defensa sostuvo que se trataba de un conflicto civil derivado de la convivencia, pero el tribunal rechaza este argumento. Considera probado que hubo engaño y un perjuicio económico claro, lo que encaja en un delito de estafa, especialmente al tratarse de una persona vulnerable.

El acusado recurrió la sentencia alegando falta de pruebas y vulneración de la presunción de inocencia, pero el TSJ respalda el fallo inicial. Da por acreditada su participación en las operaciones económicas y también mantiene la condena por maltrato leve, tras considerar creíble el testimonio del hermano de la víctima, que denunció haber sido empujado durante el traslado.

El único cambio afecta a la indemnización. El tribunal detecta que en la sentencia inicial se habían sumado de forma incorrecta cantidades duplicadas, por lo que ajusta la cifra final a los 9.375,73 euros, incluyendo el dinero retirado y los costes del préstamo.

Con esta resolución, el TSJ confirma la condena penal en lo esencial y deja abierta la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.

El tasa de basuras que la Diputación de León cobra en nombre de casi todos los pueblos de la provincia es ilegal. Así lo zanja una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que, aunque la institución se niega a dar a conocer literalmente, ante la petición de ILEÓN, admite que va en contra de sus intereses y les fue notificada ayer mismo.

Literalmente, el auto sentencia que queda anulada la tasa de basuras que la Diputación gestiona de manera directa una vez disuelto el polémico consorcio provincial Gersul, tras años de escándalos y un rosario de condenas millonarias. De este modo, además, deja en el aire si tienen validez los recibos emitidos e incluso cobrados en lo que va de año 2026, así como de ejercicios precedentes.

El conocimiento de este varapalo judicial tuvo lugar por sorpresa en el Pleno celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes, tras preguntar por este caso el portavoz del Grupo Popular, David Fernández, y admitir el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, que el equipo de Gobierno de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) acababa de tener hacía pocas horas la sentencia que supone la anulación de la ordenanza reguladora fiscal de la tasa por la gestión y tratamiento de residuos domésticos que fue aprobada a finales de 2023 y entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Un particular presentó ante el TSJ un recurso contra esa aprobación, denunciando un rosario de irregularidades, defectos de forma e incumplimientos, en una amplia demanda de casi 1.000 páginas, denunciando la “negligencia” del equipo de Gobierno. A pesar de negar el acceso a la condena, y del poco tiempo transcurrido desde su notificación, el portavoz del equipo de Gobierno, Santiago Dorado, sí la valoró en la sesión plenaria para admitir que el Alto Tribunal no ve “suficientemente justificada” la decisión de la Diputación de optar por el actual modelo de gestión.

Según su explicación, el TSJ pone en duda los motivos, por los cuales se decidió que esa gestión siguiera quedando en manos de una empresa privada, la UTE Legio VII -formada por FCC Medio Ambiente y Urbaser- sin valorar otras alternativas como una gestión pública. Cabe recordar que el contrato privatizado con Legio VII expirada precisamente casi a finales de 2024, si bien ha agotado la última prórroga y aún continuará vigente varios meses más.

Dorado también incidió en que el resto de los argumentos, que ascendían a más de una docena, habían sido rechazados finalmente por el Tribunal Superior, tales como que la tasa se había “aprobado antes de tiempo” o que la Diputación carecía de competencias en base a la Ley de Economía Circular, recayendo sólo en los pequeños municipios. Como todos esos demás argumentos de la demanda han sido rechazados, la valoración final del diputado portavoz fue que ya se ha decidido, en tiempo récord, la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, última instancia posible.

Por último, aseguró que los abogados del Palacio creen que “tiene muchas posibilidades de que prospere” y le dé la vuelta al varapalo actual. De momento, lo cierto es que le concederá a la institución un breve plazo de tiempo de algunos meses, hasta que el TS decida si admite o no la casación, y todo ello mientras se pone en marcha un nuevo concurso público para la gestión, transporte y reciclaje de las basuras de 208 de los 211 municipios de la provincia en el centro de tratamiento de residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega.

El presidente Álvarez Courel no hizo tampoco autocrítica de la condena y se sumó a la petición pública de “tranquilidad”, afirmando a pesar de la sentencia que “se hizo bien y adecuadamente, con los informes técnicos” y tratando de expandir la posible responsabilidad de aquella decisión que ahora se tumba al remarcar que “honestamente, se aprobó por unanimidad”. “En los juicios a veces se gana y a veces se pierde”, concluyó.

Un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas ha ingresado en prisión después de que la Guardia Civil lo interceptara en un control de carretera con dos kilos de cocaína con destino a su venta en León capital.

Según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado, el hombre fue detenido por la Guardia Civil el pasado domingo, 26 de abril. Resultó finalmente acusado de un delito contra la seguridad colectiva, en su modalidad de tráfico de drogas, por sustancia que causa grave daño a la salud.

Los hechos se produjeron durante un dispositivo operativo rutinario establecido en una vía de acceso a la ciudad de León. En el transcurso de los controles preventivos, relata el comunicado, se procedió a la identificación de varios vehículos y uno de ellos fue inspeccionado de forma minuciosa con el apoyo de un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

Durante la actuación, los agentes localizaron en un habitáculo oculto dos paquetes sospechosos que, una vez sometidos a las correspondientes pruebas de detección, arrojaron resultado positivo en cocaína.

El peso total de la sustancia intervenida supera los dos kilogramos, cantidad considerada de notoria importancia, que podría haberse incrementado sustancialmente tras su posible mezcla con productos de corte habituales para su distribución ilícita.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de León, que decretó su inmediato ingreso en el centro penitenciario provincial de Villahierro, en Mansilla de las Mulas.

La operación aún no se da por concluida: de la investigación se ha hecho cargo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, que mantiene abiertas varias líneas de trabajo para determinar la posible implicación de otras personas en los hechos, explican en la nota de prensa.

La Medalla Reina Urraca de León para la primera presidenta del Tribunal Superior de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser López. La Universidad de León hará aprobado en Consejo de Gobierno la concesión de la Medalla Reina Urraca de León a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser López, en reconocimiento a su trayectoria profesional e institucional y a su contribución al fortalecimiento del sistema judicial y al desarrollo social de la provincia de León.

Con esta distinción, que se entregará en el acto académico de San Isidoro, previsto para este lunes 27 de abril en el Aula Magna, la Universidad quiere reconocer una trayectoria marcada por la excelencia profesional, el compromiso con el servicio público y el liderazgo femenino en el ámbito jurídico.

Asimismo, la Universidad hará entrega de su Medalla de Oro a título póstumo a José Gerrado Villa Vicente, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y a la huella que ha dejado en la vida universitaria y en la formación de generaciones de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Un acto en el que tendrá lugar la imposición de insignias a los nuevos doctores del curso 2024-2025, la entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado, los Diplomas-Mención de la Alianza EURECA-PRO, así como los premios correspondientes al pasado curso concedidos por distintas entidades.

Asimismo, se hará entrega de las distinciones honoríficas por 25 años de servicio y por jubilación al personal docente e investigador y al personal técnico de gestión y de administración y servicios, con el nombramiento de los nuevos doctores como broche final.

Liderazgo y modernización

Del Ser ha sido la primera mujer en ocupar la presidencia de la Audiencia Provincial de León y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desarrollando a lo largo de su carrera una labor continuada en el ámbito jurisdiccional, con un impacto significativo en la modernización y mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en la provincia.

Asimismo, ha formado parte de órganos de gobierno judicial y de redes de cooperación jurídica a nivel nacional y europeo, contribuyendo a la proyección institucional del sistema judicial de Castilla y León y al posicionamiento del territorio en el contexto nacional e internacional.

La Medalla Reina Urraca de León se incorpora por primera vez al protocolo de distinciones de la Universidad de León con el objetivo de reconocer a personas y entidades cuyo impacto resulta especialmente significativo en el entorno social, cultural y económico. Su creación se enmarca en el 900.º aniversario de la muerte de la Reina Urraca de León, figura histórica asociada a valores como el liderazgo, la autonomía y la capacidad de transformación del entorno.

El Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales de este municipio de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León han anunciado este martes que exigirán el cumplimiento de las sentencias por vía judicial para que el Ayuntamiento asturiano de Mieres cumpla legalidad sobre el aprovechamiento ganadero del Puerto de Pinos, ya que consideran que su actividad es tan ilegal “como plantar cocaína”.

Así lo ha sostenido el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, tras inadmitir el Tribunal Supremo (TS) el recurso de casación de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda la actividad de Mieres en el Puerto de Pinos. Una postura que ya no admite más recursos y es firme.

Con ello, defienden que el recorrido judicial ha llegado a su fin y cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres “a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ha advertido el letrado y representante de la Federación.

En rueda de prensa, Antón, acompañado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello (PSOE) y los pedáneos de dos de los cuatro pueblos (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) ha recalcado que la última sentencia es un “punto de inflexión” que supone el fin a un largo camino judicial. Y que zanja que toda la actividad que desarrolla Mieres en territorio leonés “es ilegal porque carece de competencias” fuera de su territorio, incluso aunque sea como es la propietaria de los terrenos desde hace un siglo.

El también es presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna ha valorado que la sentencia es un “triunfo” y rechazó, como el alcalde, las continuas críticas recibidas desde Asturias sobre que “rompemos la armonía y convivencia, cuando son ellos los que incumplen la legalidad y actúan de forma absolutamente tramposa”. Advierte que Mieres va a seguir utilizando “todas las estratagemas para seguir aprovechando los pastos” y volver a subir este año 1.500 cabezas de ganado hasta el puerto, lo que desde la vertiente leonesa no van a consentir.

A este respecto, ha advertido que tras el revés judicial el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que va a cambiar la naturaleza jurídica de estos terrenos a bien patrimonial, con la intención de adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos. Un proceso, dijo, que ha sido paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias y que “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias” y por lo tanto “supone otra ilegalidad más” que no van a permitir.

Una “artimaña” que vigilarán

Por eso, de producirse esta “artimaña”, acudirá a un proceso contencioso-administrativo para paralizarla: “Un bien patrimonial no se puede emplear como si fuese un dominio público adjudicándola el Ayuntamiento a quien le dé la gana”, explica.

Consideran todas las organizaciones que la pelota está ahora en manos de las administraciones públicas, la Diputación y sobre todo la Junta de Castilla y León y su Consejería de Presidencia, que es la que tiene las competencias en esta materia, porque ahora es un tema “claramente político y ya no tienen ninguna excusa para intervenir legalmente y confiamos en que lo hagan”, en referencia a una posible expropiación de los terrenos para acabar con la 'anomalía'.

Y es que creen que mientras Mieres tenga la propiedad de los pastos en la provincia de León va a “querer usarla para favorecer a sus ganaderos”, por lo que ha animado a continuar con el proceso de expropiación de estos pastos para evitar que un ayuntamiento aplique competencias en materia de régimen local en territorios de otra Comunidad autónoma, “algo que es ilegal”.

La historia

El conflicto en el Puerto de Pinos se fraguó hace un siglo, cuando en 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres adquirió a la Fundación Sierra Pambley esos terrenos en suelo leonés. Hace una veintena de años que las entidades locales de San Emiliano y sus cuatro pueblos, que conservaron derechos históricos de pasto a pesar de todo, litigan por esos derechos en el aprovechamiento de 900 hectáreas de muy ricos pastos.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que en lo esencial siempre han favorecido a las pedanías leonesas. Unas sentencias que ahora quedan fijadas con última decisión del Supremo.

El alcalde Marcello ha afirmado que tras la última sentencia “tenemos que dar carpetazo” a un asunto que “llevamos sufriendo 100 años”, recalcando que ahora es el momento de que la Administración autonómica actúe, para lo que mantendrán una reunión con responsables de la Junta la semana que viene. Eso después de que hace un año por primera vez el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostraran su apoyo directo y hablaran de una hoja de ruta para la solución del conflicto que todavía no se han materializado.

Los municipios de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Concejos de León han celebrado que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos. Algo que, de facto, convierte esa sentencia en definitiva.

“Con este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo se acaba el largo periplo judicial de múltiples procedimientos en los que de forma unánime, siempre, todos los tribunales han declarado la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento de Mieres”, ha celebrado el abogado Carlos González-Antón, además representante legal de estos municipios.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Hay que recordar que, aunque en suelo leonés, las cerca de 900 hectáreas son propiedad del Concejo de Mieres desde que hace justo un siglo adquiriera estos terrenos a la Fundación Serra Pambley, iniciándose algunas épocas de disputa junto a momentos de normal convivencia.

Esto último es en lo que el acento el Ayuntamiento de Mieres, que pide un uso razonable para el Puerto de Pinos y huir de polémicas estériles. En un comunicado, el Consistorio ha mostrado su disconformidad con la sentencia del TS de inadmitir su recurso y ha abogado por un uso “razonable y sostenible” para esos terrenos y por evitar “polémicas estériles” buscando el enfrentamiento.

Señala que los hechos que generaron este conflicto judicial ocurrieron hace décadas y forman parte del pasado e incide en que los terrenos son de su propiedad “como reconocen todas y cada una de las sentencias” y en que su objetivo es hacer uso de esos derechos “con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”. El Ayuntamiento asegura haber defendido sus derechos y avanza que seguirá haciéndolo en el futuro mientras apuesta por un uso razonable y sostenible del Puerto de Pinos, unas tierra que considera “esenciales” para cientos de ganaderos del concejo asturiano.

Además, lamenta que algunos sectores minoritarios intenten alimentar polémicas estériles “para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto” y subraya que siempre ha optado por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia, “como hacen los propios ganaderos en Mieres y León, que han demostrado que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino”.

Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos por su parte. Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

Un leonés ha logrado hacer desaparecer una deuda contraída de 57.811 euros tras acogerse judicialmente a la Ley de Segunda Oportunidad, en un caso marcado por la necesidad de financiar, entre otras cosas, un vehículo imprescindible para su día a día: llevar a su hijo al colegio y acudir después a su puesto de trabajo. La resolución judicial le permite empezar de nuevo tras años de dificultades económicas derivadas de la caída de sus ingresos después de que en su empresa le bajaran el sueldo.

El origen de su situación de insolvencia se remonta al momento en el que solicitó financiación tanto para acometer reformas necesarias en su vivienda como para adquirir ese coche del que dependía su rutina familiar y laboral. La previsión era poder hacer frente a los pagos cuando su economía mejorase, pero la realidad fue la contraria: una reducción de su salario le dejó sin capacidad suficiente para asumir las cuotas y de todo ello tenía pruebas fehacientes.

A partir de ese momento, la deuda fue creciendo hasta volverse insostenible. Con los ingresos disponibles, el afectado ya no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que le situó en un escenario de insolvencia que le impedía salir adelante por sus propios medios. El caso llegó a manos del despacho Repara tu Deuda Abogados, uno de los muchos que gestionan este tipo de insolvencias que pueden afrontarse aplicándose la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una norma no muy conocida pero de sencilla aplicación, como se ha ido viendo en varios casos en la provincia leonesa, algunos muy desesperados.

Finalmente, tras acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado competente le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), cancelando íntegramente la deuda acumulada. Esta herramienta legal, cada vez más utilizada, permite a particulares en situación de insolvencia rehacer su vida económica siempre que cumplan requisitos como actuar de buena fe o no haber sido condenados por delitos socioeconómicos.

La Fiscalía pide condenar a los suegros de una mujer con discapacidad auditiva por un presunto delito de estafa agravada, al considerar que la engañaron tras quedarse viuda para que firmara un documento con el que perdió los derechos de usufructo sobre su vivienda y varias fincas heredadas de su marido.

El juicio se celebrará el próximo 21 de abril en la Audiencia Provincial de León. El Ministerio Público solicita para los acusados seis meses de prisión, multa y la nulidad de la escritura firmada en 2011.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2005, cuando falleció el marido de la mujer. A partir de ese momento, ella pasó a tener el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

La víctima tiene reconocida una discapacidad del 57% por una hipoacusia bilateral severa, lo que le impide mantener conversaciones sin intérprete de lengua de signos, una circunstancia clave en este caso.

Tras la muerte de su esposo, la mujer mantuvo una relación de confianza con sus familiares políticos, con quienes llegó a convivir de forma intermitente. Según la Fiscalía, fue en ese contexto donde se produjo el supuesto engaño.

Siempre según la acusación, los suegros le plantearon un intercambio de usufructos que, en apariencia, le resultaba beneficioso. Sin embargo, el 2 de marzo de 2011 firmó en notaría un documento que en realidad suponía la venta de sus derechos hereditarios por algo más de 17.000 euros, una cantidad que, según sostiene el Ministerio Público, nunca llegó a cobrar.

La clave del caso está en que la mujer habría firmado convencida de que estaba haciendo una permuta, no una venta. Además, la Fiscalía subraya que en ese acto notarial no se garantizó que comprendiera el contenido del documento, ya que no contó con intérprete ni se hizo constar su discapacidad.

Durante años, la mujer siguió viviendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos. No fue hasta 2017, cuando recibió una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió lo que había ocurrido. A partir de ahí presentó una querella que llegó a paralizar la subasta del inmueble.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de estafa agravada, al afectar al derecho a la vivienda, aunque también aprecia una atenuante por dilaciones indebidas debido al largo tiempo que ha tardado el caso en llegar a juicio.

En el proceso será clave determinar si la mujer comprendió realmente lo que firmaba y si existió o no un pago efectivo por esos derechos.

Además de las penas de prisión y multa, el Ministerio Público solicita que se anule la escritura firmada en 2011 y que se restituyan los derechos de la víctima, así como mantener las medidas cautelares sobre el inmueble para garantizar una posible indemnización.

La provincia de León suma desde principios de este año un coto de caza menos. Y no es un coto cualquiera. No sólo es un amplio espacio en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna sino que llegó a mover mucho dinero por lo preciado de sus rebecos. También se sitúa en terrenos de monte público que fueron el mismo escenario de una maniobra ilegal para que se cediera por 40 años a una sociedad privada, un caso que acabó con la condena por un delito de corrupción del anterior alcalde del Partido Popular (PP) en el municipio de Sena de Luna, donde el coto se ubica.

El caso, muy enrevesado, ha tenido que llegar al más alto tribunal de la Comunidad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que confirmara íntegramente. Ahora ya de forma definitiva se produce la anulación del coto privado de caza LE-11336, desestimando los argumentos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y de la Comunidad de Propietarios de la finca rústica donde el coto, Puerto Cubil, se ubicaba.

Hace ya casi un año de la resolución judicial final, dado que la sentencia 616/2025 data de mayo de 2025, pero fue declarada firme el pasado 12 de noviembre de ese mismo año. El auto ratifica sin tocar una coma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, el cual ya había anulado en junio de 2024 la resolución administrativa que permitió la creación del coto, santificada por la Junta, al considerar que no se ajustaba a derecho.

Incumplía el requisito del tamaño

El origen del litigio se remonta a 2021, cuando la Junta Vecinal de Robledo de Caldas recurrió la puesta en marcha de este coto privado de caza, promovido por la Comunidad de Propietarios de Puerto Cubil y que fue autorizado por Medio Ambiente. En aquella época el presidente pedáneo era al mismo tiempo el histórico alcalde, José Celestino García, a su vez también miembro del Club Deportivo de Caza El Negrón, al que se le pretendía entregar la gestión por 40 años de un coto en el mismo monte por espacio de 40 años.

Para poner en marcha este, Puerto Cubil, se declaró que disponía de una superficie declarada de 524,82 hectáreas. Pero según los tribunales no cumplía con uno de los requisitos esenciales establecidos por la Ley de Caza de Castilla y León: acreditar la titularidad de al menos 250 hectáreas.

El Juzgado primero y el TSJ después han considerado probado que la comunidad promotora no logró demostrar ni de cerca dicha superficie. La documentación aportada presentaba importantes contradicciones: mientras una escritura de 1899 situaba la extensión en unas 92 hectáreas, otros documentos posteriores hablaban de entre 113 y 200 hectáreas. No fue hasta un acta de 2019 cuando se elevó la cifra a más de 500 hectáreas, basándose únicamente en datos catastrales.

Y es aquí donde el Alto Tribunal recuerda que el Catastro tiene efectos fiscales y no sirve por sí solo para acreditar la propiedad o la superficie real de los terrenos a efectos civiles. También argumentó que no se justificó el incremento de extensión declarado.

Otro de los aspectos clave del fallo es la confirmación de la legitimación de la Junta Vecinal de Robledo de Caldas para recurrir la constitución del coto. El tribunal considera que la entidad local menor estaba directamente afectada, ya que los terrenos en disputa incidían tanto en su propio coto de caza, el LE-10715, como en el monte de utilidad pública número 155, de su titularidad.

Extinción del coto y terrenos vedados

La Junta de Castilla y León esperó todavía cerca de dos meses para ejecutar la sentencia que daba la razón a la Junta Vecinal, la cual estaba representada por el entonces procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, el abogado Ricardo Gavilanes, después elevado a portavoz popular en el Parlamento. No ha sido hasta el pasado 14 de enero de 2026 cuando el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez, dictó resolución ordenando la extinción del coto LE-11336, como la sentencia mandaba.

Como consecuencia, los terrenos han pasado a tener la consideración de vedados, lo que implica la prohibición total de la actividad cinegética en tanto no se produzca una nueva autorización. Además, el anterior titular del coto ha tenido que retirar toda la señalización existente en los plazos que marque la administración.

Un coto marcado por la polémica política y judicial

La anulación de este coto se suma a la intensa conflictividad judicial que rodea a la gestión cinegética en Robledo de Caldas, especialmente tras el caso que afectó directamente al exalcalde de Sena de Luna, José Celestino García (PP).

En mayo de 2024, el propio TSJ de Castilla y León ratificó la condena contra el regidor por un delito de prevaricación, imponiéndole nueve años de inhabilitación para cargo público. La sentencia confirmó que, en 2019, García se autoconcedió derechos de caza durante 40 años en su condición de presidente de la Junta Vecinal, beneficiando al Club Deportivo de Caza El Negrón, del que formaba parte.

Los tribunales consideraron probado que actuó “consciente y gravemente” contra la legalidad y en perjuicio de los vecinos, en una operación que el fiscal resumió como un “yo me lo guiso, yo me lo como”. Aquella decisión también fue anulada posteriormente por la vía contenciosa. Aunque el PP se resistió, finalmente la condena obligó al entonces alcalde a dimitir, cerrando una etapa de décadas al frente del Ayuntamiento, pero dejó abierto un escenario de litigios en torno a los aprovechamientos cinegéticos de la zona que ahora suma un nuevo capítulo con la desaparición definitiva del coto de Puerto Cubil.

No ha habido juicio en su contra pero sí sufrirá prisión. El autor confeso de un incendio forestal en montes del municipio de Borrenes, en la comarca de El Bierzo, en plena oleada de incendios a finales del pasado verano de 2025 ha reconocido hoy los hechos justo antes de la vista que estaba convocada en la Audiencia de modo que la misma no se ha celebrado tras alcanzarse un acuerdo previo in extremis.

Con esta decisión, el detenido entonces y acusado acepta una pena de prisión de tres años, algo menos que los cuatro años y cinco meses que le solicitaba el Ministerio Fiscal por su responsabilidad en el origen de un siniestro que se produjo en torno a las 17.56 horas del 13 de septiembre de 2025 y que , según los atestados, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego. Por eso, el Fiscal de partida solicitaba para él una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel por un delito de incendio forestal.

El pirómano, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió hasta cuatro focos distintos con un mechero en las proximidades de la localidad de San Juan de Paluezas, en un día de alto riesgo de incendios forestales. Finalmente resultaron calcinadas casi tres hectáreas, en su mayoría de montes.

El condenado permanece en prisión desde el momento de su detención, según ha publicado hoy Radio León. En la negociación previa, el Fiscal ha tenido en cuenta como atenuante que había consumido drogas. Además de los tres años de cárcel, algunos de los cuales ya se dan por cumplidos en este tiempo, el hombre tendrá que pagar a la Junta de Castilla y León los casi 8.800 euros en los que se estimaron oficialmente los gastos de extinción, así como 805 euros a los propietarios de los montes por los daños causados.

El juicio contra el histórico exalcalde de Fabero del PSOE Demetrio Alfonso Canedo ha quedado este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de León, tras una segunda sesión en la que varios testigos han ratificado que el Ayuntamiento recepcionó administrativamente una obra antes de que se ejecutara.

El proceso gira en torno a una actuación de mejora del abastecimiento de agua financiada con una subvención de 40.000 euros de la Diputación de León en 2007. Según las declaraciones escuchadas en sala, los trabajos se habrían llevado a cabo principalmente entre noviembre y diciembre de ese año, aunque la certificación y recepción oficial de la obra se firmaron en octubre para poder acceder a la ayuda económica.

Esa secuencia, que ya había sido reconocida parcialmente por el propio Demetrio Alfonso en la primera jornada del juicio —cuando admitió que se firmó la recepción de la obra sin estar ejecutada—, ha sido respaldada ahora por trabajadores de la empresa adjudicataria y por representantes de las juntas vecinales afectadas.

Según estos testimonios, la obra no estaba realizada en el momento en el que el Ayuntamiento dio por finalizados los trabajos en el expediente administrativo, lo que permitió tramitar el cobro de la subvención. De hecho, la Diputación abonó la cantidad correspondiente pese a que las actuaciones no se habían llevado a cabo en ese momento.

También ha declarado un exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Fabero, que ha explicado que el proyecto se impulsó tras una comunicación de la Diputación sobre la disponibilidad de fondos, sin que los servicios administrativos municipales plantearan objeciones al procedimiento seguido.

La Fiscalía mantiene su acusación por un delito de prevaricación administrativa y falsedad documental, por el que solicita para el exalcalde tres años y medio de prisión, además de multa e inhabilitación para cargo público. La defensa, por su parte, insiste en la absolución, al considerar que los hechos habrían prescrito y que no existen reclamaciones por parte de las administraciones implicadas.

Durante la primera sesión del juicio, Alfonso defendió su actuación alegando la urgencia derivada de la “sequía terrible” que afectaba al municipio en aquel momento y la necesidad de cumplir los plazos para no perder la subvención, aunque reconoció que la obra no estaba ejecutada cuando se firmó su recepción.

Con la práctica de la prueba concluida, el caso queda ahora en manos del tribunal, que deberá determinar si esa forma de proceder supuso un delito en la gestión de fondos públicos.

El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria número 3 de León ha ordenado la apertura de diligencias para investigar las condiciones higiénicas y sanitarias del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, tras las quejas presentadas por dos internos afectados por un brote recurrente de sarna en la prisión.

En una diligencia de ordenación fechada el pasado 6 de marzo, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal acuerda incoar un expediente de queja sanitaria y requiere al centro penitenciario que remita “a la mayor urgencia posible” un informe sobre los hechos denunciados.

En su escrito, el letrado Manuel Chao Dobarro denuncia las deficientes condiciones higiénico-sanitarias del centro penitenciario, que vienen “afectando gravemente a la salud e integridad física” de sus dos defendidos.

Según expone, desde hace meses se vienen produciendo brotes de sarna en el interior de la prisión, que habrían afectado a “buena parte de la población reclusa”.

El abogado sostiene que las medidas profilácticas adoptadas por la dirección del centro han resultado insuficientes para erradicar el ácaro causante de la enfermedad y denuncia que, en el caso concreto de sus clientes, los contagios se han repetido en un breve espacio de tiempo.

El primero de ellos se habría producido en agosto de 2025, con nuevos episodios en fechas recientes.

Además de los problemas dermatológicos asociados a la sarna, como picores intensos, irritabilidad o fiebre, el escrito pone el acento en las consecuencias derivadas de las medidas de confinamiento aplicadas para tratar de frenar el contagio.

Según la queja, los internos afectados se ven impedidos de desarrollar su actividad ordinaria dentro del establecimiento penitenciario.

En este contexto, el letrado califica la situación del centro como “grave” y alude a episodios anteriores de presunta desatención médica.

El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria ha dado traslado de la queja para su tramitación y ha requerido información al centro afectado, en el marco de un procedimiento que cuenta también con la intervención del Ministerio Fiscal. 

El histórico exalcalde de Fabero y candidato del PSOE en las últimas elecciones municipales de 2023, Demetrio Alfonso Canedo, se queda solo en la causa por prevaricación que se juzga este lunes y martes en la Audiencia Provincial de León. En la primera sesión del juicio, Demetrio ha reconocido la falsedad en documento público que se le imputa por adjudicar unas obras un día y firmar su recepción al día siguiente, pero asegurando que los trabajos sí se acometieron, aunque habría sido meses después.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando Alfonso era regidor del municipio minero. Por los mismos, se sentaron junto a él en el banquillo de los acusados el ingeniero de quien dependía la obra y el contratista. No obstante, estos terminaron declarando como testigos y no como acusados, después de que sus defensas solicitasen para ellos la absolución, sin objeción de la Fiscalía.

La defensa de Alfonso también pidió en las cuestiones previas al juicio la nulidad del procedimiento, la prescripción de los hechos y la absolución del exregidor, pero en su caso Fiscalía desmontó los argumentos jurídicos de su abogado y continuó con la acusación. El Ministerio Fiscal adujo que “no concurre ninguna causa ni para la nulidad ni para la prescripción” como defendía el representante legal de Demetrio “de manera sesgada”.

Demetrio Alfonso llegó a la Audiencia Provincial de León acompañado por su hijo y accedió a atender a los medios antes de comparecer en sala. A preguntas de los medios manifestó su intención de “decir la verdad”, a pesar de sus mentiras acerca del momento de su imputación.

Alfonso, que fue regidor de Fabero por el PSOE durante 24 años, de 1987 a 2011, dejó la primera línea política después de una sentencia en primera instancia por prevaricación por la autorización al 'rey del carbón' Victorino Alonso de la famosa, polémica y nunca realizada fábrica de ruedas, si bien la Audiencia Provincial de León lo terminó absolviendo. Lo sustituyó en las listas una edil que ya en 2007 iba en sus listas municipales, Mari Paz Martínez, que recuperó la Alcaldía para el PSOE en el municipio minero en 2015, después de un breve Gobierno del PP, IU y el MASS, durante el que se denunciaron los hechos ahora enjuiciados.

Una vez absuelto por la fábrica de ruedas, Demetrio Alfonso quiso volver como número uno de las listas del PSOE en Fabero, pero había un problema, seguía Mari Paz. El partido tomó entonces una controvertida decisión, apartar a Martínez esgrimiendo el argumento de que esta estaba imputada por prevaricación en una causa que arrastraba desde hacía tantos años que ya estaba abierta cuando se presentó como número uno en los comicios municipales del 2015 en los que cogió el testigo de Demetrio. En ese momento Alfonso también estaba imputado, algo que él ha negado, falsamente, a las puertas de la Audiencia Provincial de León este lunes.

Falsedad documental por unas obras que, ¿se hicieron o no?

El histórico alcalde socialista del municipio minero prestó declaración como único acusado, después de que el ingeniero y el contratista quedaran fuera del procedimiento. El Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León de 2007. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad.

A preguntas de Fiscalía, Demetrio Alfonso reconoció el delito de falsedad documental, asegurando que, como efectivamente lo acusa el Ministerio Público, la memoria para las obras se hizo en un día, se adjudicaron los trabajos y al día siguiente se certificó la recepción de los mismos, sin que estuvieran hechos: “Digamos que no es lo más ético o lo más legal, pero es como se hizo”, dijo.

Por si había alguna duda, aseveró la misma idea en repetidas ocasiones: “Cuando se firmó el final de la obra, la obra no estaba ejecutada”, “cuando se firma la recepción de la obra, la obra no está ejecutada”, y “soy consciente de recibir una obra que no estaba ejecutada”, declaró. Incluso, a la pregunta de su abogado sobre si: “¿estas actuaciones irregulares se han hecho varias veces mientras fue alcalde?; Demetrio contestó que: ”sí, por desgracia muchas veces“.

No obstante, en su defensa sostuvo que lo hizo porque era bueno “para los vecinos y para el municipio” y que la obra sí que se hizo, aunque meses después. En caso de haber algún culpable en el procedimiento, la culpa sería de la Diputación de León por tener que hacer “con tanta premura” el trámite administrativo para que le concediesen la subvención para pagar los trabajos.

Un fleco que quedó en el aire es que el contratista, que declaró como testigo y ya no como acusado, aseguró que hay una factura de pago de los trabajos, firmada por el Ayuntamiento, por el ingeniero y por él mismo como “pagada”, “pero no estaba pagada ni se pagó nunca”.

En añadidura, el ingeniero, que también declaró como testigo y no como acusado, reconoció que redactó la memoria para hacer las obras en apenas 24 horas, por orden del concejal de Fabero, Francisco Robles, y por importe de 40.000 euros que era el dinero de la subvención de la Diputación, sin haber visto qué obras había que hacer. “Si ya estaba hablado con la Diputación, yo era la persona que estaba entre dos administraciones para gastar ese dinero”, declaró.

Entre otros testigos, el que fuera alcalde pedáneo de Fontoria, uno de los pueblos en los que se habrían hecho las obras, y el responsable de aguas del Ayuntamiento en el momento de los hechos, negaron en su comparecencia por videoconferencia desde el Consistorio de Fabero que se hubieran hecho tales trabajos: “No se hizo la obra”, “Ninguna obra”.

El Ministerio Fiscal pide para Demetrio Alfonso tres años y medio de cárcel, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

El histórico exalcalde socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, vuelve a sentarse este lunes y martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por una causa de presunta prevaricación administrativa que se remonta a 2007, pero que conecta directamente con una de las etapas más convulsas de la política reciente del municipio minero.

El caso no solo afecta a la gestión de fondos públicos durante sus más de dos décadas al frente del Ayuntamiento, sino que forma parte del ciclo político que acabó con su salida del poder en 2011, tras un inédito pacto entre PP, IU y MASS para desalojarlo de la Alcaldía. Fue precisamente durante ese mandato 'atípico' en lo ideológico cuando se denunció este expediente por el supuesto pago de una obra que nunca se ejecutó , dando inicio a una investigación que ha tardado más de una década en llegar a juicio.

La figura de Demetrio Alfonso lleva marcando la vida política de Fabero desde hace casi cuarenta años. El que fuera regidor del municipio minero desde 1987 a 2011, fue condenado e inhabilitado en 2020 en primera instancia por otro procedimiento por prevaricación, la famosa y nunca puesta en marcha fábrica de ruedas del 'rey del carbón' Victorino Alonso. Un asunto por el que posteriormente, en 2021, fue absuelto por la Audiencia.

No obstante, esto lo mantuvo fuera de la primera línea. Tras los cuatro años del PP con IU y el MASS, el PSOE decidió poner al frente a su concejala de confianza, Mari Paz Martínez, que recuperó en el 2015 el gobierno para los socialistas faberenses y que continúa como regidora, aunque desde 2023 como independiente.

Una controvertida maniobra del PSOE provincial apartó en 2023 del número uno de la candidatura a la entonces alcaldesa Mari Paz Martínez para devolverle el liderazgo a Demetrio, tío del secretario, Javier Alfonso Cendón. La decisión no solo fracturó el socialismo local en dos bloques enfrentados, una división que aún perdura, sino que además llevó a Martínez a ganar las elecciones con una lista independiente, volviendo a dejar al PSOE fuera del Gobierno cuatro años más.

El argumento que esgrimió el PSOE para justificar la expulsión de Mari Paz Martínez fue que tenía que sentarse en el banquillo de los acusados por una presunta prevaricación administrativa que arrastraba desde hace años, por la contratación de varios trabajadores municipales. Lo que nunca se ha explicado públicamente es por qué no se tuvo en cuenta la imputación de la socialista para relevar en el poder a su tío y mantenerle caliente el asiento hasta su vuelta, ni quiénes son los trabajadores municipales cuestionados y si alguno de ellos tiene una relación familiar con Demetrio Alfonso y el propio Javier Alfonso Cendón, como llegó a denunciar públicamente el que fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fabero y posteriormente edil del PP en el Consistorio minero Andrés Pérez Marote, quien, por cierto, después de dos comicios consecutivos presentándose como candidato ha desaparecido de las listas electorales.

Pero por rizar un poco más el rizo, en ese momento, Demetrio Alfonso también estaba imputado por presunta prevaricación administrativa en la causa que llega ahora a la Audiencia Provincial de León.

La causa

Según el escrito de acusación de la Fiscalía que lleva al banquillo de nuevo al líder del PSOE en Fabero, los hechos se remontan a octubre de 2007, cuando el Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad, con un proyecto redactado por un ingeniero también acusado y adjudicado a una empresa cuyo responsable figura igualmente como investigado.

El Ministerio Público sostiene que todo el expediente se construyó sobre una base irregular. Así, se firmaron actas de replanteo que, según la acusación, no se correspondían con actuaciones reales, con el objetivo de dotar de apariencia de legalidad a una obra que no se había iniciado. El mismo día de la adjudicación, el entonces alcalde, el ingeniero y el empresario habrían suscrito el acta de comprobación de replanteo “a sabiendas de su falsedad”.

El punto clave del caso se sitúa el 31 de octubre de 2007, cuando en un plazo que la Fiscalía considera “materialmente imposible” se firmaron tanto la certificación final como el acta de recepción de la obra, dando por ejecutados unos trabajos que, según la acusación, nunca se realizaron. Pese a ello, Demetrio Alfonso aprobó por decreto la certificación y la factura, lo que permitió tramitar el expediente ante la Diputación y obtener el cobro de la subvención.

La Fiscalía considera que los tres acusados actuaron de forma coordinada para generar documentación que no reflejaba la realidad, con el objetivo de justificar el gasto público. Incluso meses después se habría incorporado a la factura la indicación de “pagada”, sin constar el abono efectivo.

El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada en 2012 por el entonces alcalde del PP, José Ramón Cerezales, tras detectar posibles irregularidades en subvenciones municipales. Informes posteriores apuntaron a la inexistencia de las obras, lo que motivó la intervención de la Fiscalía y la apertura de una causa que, tras años de instrucción, llega ahora a juicio con la atenuante de dilaciones indebidas.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el exalcalde tres años y seis meses de prisión, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años. Para el ingeniero y el empresario, pide siete meses de prisión y multa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anula íntegramente la sentencia que absolvió a un acusado de falsedad documental y apropiación indebida en León, ordenando repetir el juicio oral con un tribunal distinto. El caso afectaba a un conocido abogado de León que fue administrador de la sociedad Biovegamasa SL, una empresa de producción de pellets ubicada en Vegaquemada y vinculada a una de las millonarias familias mexicanas de ascendencia leonesa que fundaron la cervecera Grupo Modelo, dueño de la popular Corona (antes Coronita).

La resolución es firme y no admite recurso, por lo que el caso contra el administrador de la empresa Biovegamasa tendrá que volver de manera obligatoria a la Audiencia Provincial de León. La Sala considera que la sentencia previa adolece de una “falta de motivación” y de una valoración insuficiente de pruebas relevantes, lo que impide sostener la absolución y obliga a retrotraer el procedimiento y repetir el juicio oral.

Un caso ligado a la gestión de una empresa vinculada a una fundación

El procedimiento tiene su origen en la gestión de la mercantil Biovegamasa, vinculada a una fundación benéfica en Vegaquemada. El acusado, abogado de confianza de la familia que actuaba como administrador solidario y director de facto, asumió la gestión completa de la empresa desde su creación en 2014. Fue despedido en el año 2018 y a posteriori se inició el procedimiento contra su persona.

Según los hechos probados en primera instancia, fue el propio acusado quien dirigió la actividad empresarial, firmó contratos, gestionó cuentas y asumió decisiones clave en la operativa diaria de la sociedad.

Biovegamasa fue uno de los grandes proyectos de inversión de las familias González Díez en su provincia de origen. La inicial fue la construcción de una Residencia de Mayores de Vegaquemada, gestionada a través de una fundación que a su vez es la accionista única de Biovegamasa. La familia se salió del Grupo Modelo en el año 2013 y han concentrado sus inversiones en el ladrillo y el sector de 'fast food', además de mantener una notable actividad filantrópica en León.

La denuncia: un contrato clave y más de 200.000 euros en juego

La acusación particular sostuvo que el abogado acusado se autocontrató como director gerente mediante un documento en el que habría incorporado la firma del otro administrador sin su consentimiento. Ese contrato fijaba un salario de 75.000 euros netos anuales y una indemnización de hasta 350.000 euros en caso de despido improcedente.

En virtud de ese acuerdo, el acusado percibió entre 2015 y julio de 2018 un total de 142.664,78 euros netos. Además, las declaraciones fiscales reflejan ingresos de 52.348,80 euros (2015), 55.948,80 euros (2016), 55.948,80 euros (2017) y 39.049,40 euros (2018).

A estas cantidades se suman los pagos a su propia gestoría, Ociser Asociados CB, que facturó al menos 76.956 euros, aunque la acusación eleva esa cifra hasta 145.915,26 euros por distintos servicios. Según la denuncia, todo ello se realizó sin autorización de la junta ni del patronato de la fundación.

La Audiencia Provincial de León absolvió al acusado al considerar que no existían pruebas suficientes de falsedad documental ni de apropiación indebida. El tribunal entendió que la relación laboral era conocida en la empresa y que no se había producido una alteración penalmente relevante de la realidad. La resolución fue recurrida por los denunciantes.

El TSJ recuerda que no puede condenar directamente a un acusado absuelto, pero sí puede anular la sentencia si detecta falta de motivación, valoración irracional de la prueba u omisión de elementos relevantes. En este caso, aprecia precisamente esas deficiencias, lo que justifica la nulidad de la resolución.

La Sala subraya que las sentencias absolutorias también deben explicar por qué se descartan las pruebas de cargo, conforme al derecho a la tutela judicial efectiva. No basta con absolver: es necesario razonar por qué los indicios no son suficientes para condenar.

Reproche del Tribunal

El recurso denunciaba que la Audiencia omitió valorar testimonios clave, informes periciales y documentos que apuntaban a la falta de autorización del contrato y de los pagos.

También señalaba irregularidades como el uso de cheques, cuentas no reflejadas en la contabilidad o la inexistencia de acuerdo societario para fijar retribuciones. Para el TSJ, estos elementos no fueron analizados con la profundidad exigible.

La Sala considera especialmente relevante el contrato laboral, ya que transformó la posición del acusado: de administrador con cargo gratuito a directivo con sueldo elevado y blindaje económico. Además, cuestiona la falta de análisis sobre la posible falsificación de la firma y la ausencia de autorización societaria.

El TSJ acuerda anular tanto la sentencia como el juicio oral y ordena repetirlo desde el inicio. Además, exige que el nuevo tribunal esté compuesto por magistrados distintos para garantizar la imparcialidad. La resolución no impone costas y es firme, por lo que el procedimiento regresa a la Audiencia Provincial de León.

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel para un hombre acusado de provocar un incendio forestal en el municipio de Borrenes el 13 de septiembre de 2025, en un suceso que, según el Ministerio Público, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego.

De acuerdo con el escrito de acusación, el acusado, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió fuego de manera intencionada a la vegetación utilizando un mechero en cuatro puntos distintos situados a ambos de una carretera, en torno a las 17.56 horas de ese día.

El incendio fue observado directamente por un testigo, que alertó a la Guardia Civil. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar y procedieron a la detención del sospechoso. El hombre permaneció privado de libertad los días 13 y 14 de septiembre y se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de ese mismo mes, situación que la Fiscalía interesa mantener hasta la celebración del juicio oral.

El fuego no quedó extinguido hasta la mañana del 14 de septiembre, aunque fue controlado la tarde anterior. La superficie afectada ascendió a 2,96 hectáreas, de las cuales 2,60 correspondían a monte particular y 0,36 a terreno de cultivo.

El Ministerio Público subraya además que el incendio se produjo en una zona clasificada como Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZAR), donde en ese momento estaba activado el nivel alto de alerta, lo que incrementaba el potencial peligro del fuego. Asimismo, destaca que las llamas se originaron a escasa distancia de edificaciones, generando riesgo para la población.

Los daños derivados del incendio ascienden a un total de 9.520,58 euros. De esa cantidad, 8.715,45 euros corresponden a los costes directos de extinción asumidos por la Junta de Castilla y León, mientras que 805,13 euros se atribuyen al impacto ambiental causado en los terrenos afectados.

Los hechos han sido calificados por la Fiscalía como un delito de incendio forestal cualificado, del que considera al acusado autor directo. No obstante, aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante, al entender que el procesado actuó con su capacidad volitiva parcialmente afectada por la ingesta previa de sustancias psicoactivas, aunque sin merma de sus facultades cognitivas.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita la imposición de una multa de veinte meses y veinte días, con una cuota diaria de seis euros, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación reclama que el acusado indemnice a la Junta de Castilla y León con 8.715,45 euros por los gastos de extinción, así como a los propietarios de los montes afectados con 805,13 euros por los daños ambientales, cuya identificación concreta se realizará en fase de ejecución de sentencia.

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de León y propone como prueba la declaración del acusado, testigos presenciales, agentes de la Guardia Civil, peritos medioambientales y forestales, así como la reproducción de documentación y material audiovisual recabado durante la investigación.