Una mujer leonesa ha sido absuelta del delito de descubrimiento y revelación de secretos del que le acusaba su exmarido tras haber señalado en el proceso de divorcio del matrimonio que su expareja pertenecía a los Testigos de Jehová. La Audiencia Provincial de León ha ratificado el pasado mes de abril la absolución previa dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de León, en un proceso que se remonta al año 2022

El conflicto legal se originó cuando la mujer presentó en el juicio civil de divorcio una fotografía de una carta manuscrita de su expareja sobre su vínculo que tenía con los Testigos de Jehová, lo que derivó a continuación en una denuncia por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Lo hizo, según los hechos probados, “con la finalidad de acreditar las circunstancias personales que determinaban un concreto reparto de bienes adquiridos durante el tiempo que se desarrolló la convivencia y la necesidad de pago de la pensión compensatoria, presentándose a través de su representación procesal como prueba en el ámbito restringido de un proceso judicial matrimonial”.

El tribunal confirma la sentencia absolutoria previa tras determinar que la acusada no obtuvo el documento de forma ilícita ni tuvo la intención deliberada de difundir información privada fuera del ámbito judicial. Los magistrados concluyen que el uso de dicha prueba en un proceso de liquidación de bienes no vulneró el derecho a la intimidad, ya que no se produjo una divulgación pública ni existió dolo criminal. Por tanto, la sala ratifica la inocencia de la recurrida y desestima la petición de nulidad o condena solicitada por el apelante.

“No consta -o al menos no se ha acreditado- que la recurrida se haya apoderado de modo torticero esos documentos a los que se alude en la querella y con la única finalidad de darlos a conocer a terceros”, señala la sentencia, que explica que “En todo lo caso (...) -lo que es crucial- no existen datos que la acción fuese consciente, deliberada, en suma, dolosa o intencional para transmitir a terceros (al margen de los argüidos en el procedimiento) ese dato personal”, explican.

Recuerdan los jueces que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere que la conducta sea consciente y deliberada para vulnerar la intimidad. En este caso, el tribunal consideró que no existen datos que demuestren una acción dolosa o intencional para transmitir datos personales a terceros fuera del procedimiento judicial. Por ello confirman la absolución al considerar que la actuación de la acusada no integraba el tipo penal debido a que el uso de la carta se limitó estrictamente a la defensa de sus intereses en un pleito familiar.

La Audiencia Provincial de León juzga este lunes 1 de junio a un joven acusado de traficar con drogas en Ponferrada y de agredir a un policía municipal cuando intentó huir de los agentes. La Fiscalía solicita para él una condena de cinco años de cárcel y una multa de 2.145 euros.

Los hechos se remontan a la madrugada del 5 de abril del año pasado. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, una patrulla de la Policía Municipal se acercó a un vehículo aparcado sobre la acera en la calle General Gómez Núñez de Ponferrada, en el que se encontraba el joven en el asiento de detrás. Los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior y procedieron a identificar al acusado.

Siempre según la versión de la Fiscalía, este trató de escapar para evitar de ser registrado y empujó a uno de los policías. El agente sufrió una contusión en una mano que requirió asistencia sanitaria y tardó cuatro días en recuperarse. Por ello, el Ayuntamiento de Ponferrada le reclama 73,75 euros por los gastos médicos derivados de esa atención.

Durante el cacheo, los agentes le encontraron diez pastillas de MDMA repartidas en dos bolsas, seis envoltorios de cocaína y varias bolsitas con marihuana y resina de cannabis que, según la acusación, llevaba ocultas entre los genitales. También le intervinieron 100 euros en efectivo y dos teléfonos móviles.

La droga incautada alcanzaría un valor superior a 680 euros en el mercado ilegal. La Fiscalía considera que las sustancias estaban destinadas a la venta o distribución a terceros, por lo que le atribuye un delito contra la salud pública.

Además, el acusado ya había sido condenado en 2024 por la Audiencia Provincial de Madrid por otro delito de tráfico de drogas. Aquella sentencia le impuso una pena de cuatro años y un día de prisión cuya ejecución había sido suspendida poco antes de los hechos ahora juzgados. Por este motivo, la acusación aprecia la agravante de reincidencia.

Junto al delito de tráfico de drogas, la Fiscalía lo acusa también de atentado contra agente de la autoridad y de un delito leve de lesiones. En total solicita cinco años de cárcel, una multa económica y el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Durante el juicio declararán el acusado, varios policías municipales que participaron en la intervención y los peritos que analizaron las sustancias intervenidas. También se visionarán las grabaciones incorporadas a la causa.

Las Facultades de Derecho de toda España han reivindicado en la Universidad de León una aplicación ética y humanista de la inteligencia artificial en la formación jurídica y en la futura Administración de Justicia, durante la celebración de la XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho, que reúne en la capital leonesa a representantes de más de 70 universidades públicas y privadas.

El acto inaugural contó con la participación del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, quien defendió la incorporación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al ámbito jurídico “con plenas garantías de seguridad jurídica” y desde una visión “humanista”, centrada en la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

Olmedo vinculó además varios de los debates de la Conferencia con las líneas estratégicas impulsadas por el Ministerio, como el avance hacia un lenguaje jurídico claro y comprensible para la ciudadanía, la modernización tecnológica de la Justicia y el fortalecimiento de las clínicas jurídicas como espacios de formación práctica y apoyo a colectivos vulnerables.

Durante las jornadas se insistió en que la IA puede agilizar tareas técnicas y procesales en cuestión de segundos, pero que sigue siendo imprescindible que los futuros juristas desarrollen capacidades como el pensamiento crítico, la ponderación de principios constitucionales o la resolución de dilemas éticos complejos.

En esa línea se expresó el presidente de la Conferencia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, quien defendió que las facultades deben centrarse en enseñar aquello que la inteligencia artificial “no domina”: “pensar, dudar y decidir”.

La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE, María José Vieira Aller, destacó por su parte la necesidad de reforzar la cooperación entre universidades para afrontar los retos tecnológicos, sociales y normativos que afectan a la enseñanza del Derecho.

La conferencia también aborda el papel de las clínicas jurídicas universitarias, concebidas como espacios de asesoramiento gratuito a colectivos vulnerables y como herramientas docentes frente al impacto de la inteligencia artificial. Los coordinadores del grupo de trabajo sobre esta materia defendieron que estos espacios favorecen “la reflexión, la inmediatez en la comunicación entre alumnado y docentes, el trabajo honesto y la responsabilidad”.

Otro de los ejes centrales del encuentro es la apuesta por un lenguaje jurídico “claro y preciso”. El grupo de trabajo encargado de esta materia considera que la claridad del lenguaje jurídico es un elemento esencial del Estado de Derecho, por su relación directa con la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el acceso real de la ciudadanía a la comprensión del Derecho.

Además, la Conferencia analizará el estado actual de los estudios jurídicos dos décadas después del proceso de Bolonia. Entre las conclusiones preliminares figura la heterogeneidad de los planes de estudio, la escasa presencia de materias humanísticas y la necesidad de reforzar la formación en deontología jurídica y actualización tecnológica.

El acto inaugural estuvo presidido por la decana de la Facultad de Derecho de la ULE, Susana Rodríguez Escanciano, y contó también con la presencia del alcalde de León, José Antonio Díez; el Procurador del Común, Tomás Quintana; y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, entre otros.

Ocho años después de una primera denuncia judicial, la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, y desde hace un año líder de Unión del Pueblo Leonés (UPL), queda totalmente liberada de una causa judicial que la perseguía desde entonces, a cuenta de su postura en contra de poner en marcha el cuerpo de Policía Local en el municipio leonés, como reclamaban los denunciantes.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha confirmado íntegramente el sobreseimiento provisional y archivo de la causa seguida contra Gallego, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental. Ocurre así al desestimar ya en última instancia el recurso presentado por la Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León (AVIMUCYL) y concluye “que no existen elementos suficientes para mantener la acusación penal”, remarca hoy esta formación política en una nota de prensa.

La asociación había presentado un recurso de apelación frente al auto de sobreseimiento dictado por la Sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza-León ya en enero de 2025 y cuyo origen se sitúa en la denuncia presentada en noviembre de 2018 por los tres vigilantes municipales de Santa María del Páramo ante la Fiscalía de León, que la remitió al Juzgado de La Bañeza.

La Audiencia Provincial concluye ahora con claridad que, tras la práctica de numerosas diligencias de investigación, no concurren elementos suficientes para sostener la existencia de delito, ni de prevaricación, ni de falsedad documental.

La resolución recuerda expresamente que la causa ha permanecido abierta durante cerca de seis años, la anterior denuncia archivada de la misma asociación se remonta a ocho años atrás. Resalta, según el comunicado, que durante ese tiempo se practicaron “abundantes diligencias de investigación”, incluyendo documentación administrativa, informes oficiales y numerosas declaraciones testificales.

El texto recoge que a la luz de dichas diligencias cabe “excluir la existencia de hechos susceptibles de calificación penal, ni menos aún, de atribuir implicación alguna en los mismos de la denunciada, pues debe insistirse, que nos encontraríamos ante un conflicto profesional, o incluso personal, entre los entonces denunciantes, integrados en la asociación que ejerce la acusación popular; resultando suficientes, a juicio del instructor, las diligencias de investigación practicadas, las cuales permiten excluir la relevancia jurídico penal de los hechos”. Y abunda el auto en que podrían tratarse alguno de los hechos de meras facultades dentro del uso de las tareas propias del ejercicio de las labores del gobierno municipal.

Conflicto previo y “enemistad”

La resolución judicial recoge la existencia de un contexto de conflicto previo entre las partes, al señalar que en las declaraciones testificales se apreciaban “ciertos motivos de enemistad” y una “mala relación” vinculadas al conflicto abierto por la creación de un cuerpo de Policía Local y otras discrepancias en el funcionamiento municipal. Por eso, la sala concluye que el asunto responde más bien a un conflicto profesional, e incluso personal, que a un relato penalmente consistente.

Además, el propio Tribunal recoge que la pretensión de creación de un cuerpo de Policía Local, en un contexto en el que solo existían vigilantes municipales, fue sometida a la Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, resuelta en sentido desfavorable, de modo que dicha posibilidad quedó judicialmente descartada y no fue un capricho de la alcaldesa.

UPL valora que esta decisión “no solo archiva definitivamente una causa prolongada e infructuosa, sino que avala la actuación de Alicia Gallego frente a unas acusaciones que no han resistido el contraste judicial”. “En un contexto político donde durante años se ha intentado convertir una discrepancia administrativa y laboral en una imputación penal, el Auto pone fin a una estrategia y devuelve el debate al terreno que realmente le corresponde: el de la política municipal y la gestión pública”, concluyen.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado este miércoles un auto de ejecución forzosa de sentencia mediante el que se impide la subida del ganado asturiano, de Mieres, al Puerto de Pinos, en la provincia de León. Se trata de una decisión que han celebrado las juntas vecinales leonesas afectadas de la comarca de Babia, con derechos históricos de pasto, ante la inminencia de la fecha para que las reses mierenses subieran habitualmente otros años.

De todos modos, la medida llega cuando, sobre el papel, el ganado de Mieres no dispone de las obligatorias guías que debe otorgar la Junta de Castilla y León, que este año, como el pasado, decidió denegarlas tras la última sentencia de altos tribunales que zanjaba que a pesar de que Pinos es propiedad del Concejo hace un siglo, no puede ejercer competencia alguna en otra provincia y autonomía, como es León. Sin embargo, la Junta sí da el parabién al ganado babiano, de las cuatro juntas vecinales del Ayuntamiento de San Emiliano, que llevan tiempo pastando allí.

Según ha dado a conocer en un comunicado el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, el juzgado ovetense ha dictado auto sobre sentencia firme, estimando íntegramente la solicitud de ejecución urgente presentada el lunes por las juntas vecinales de Babia. Y ha advertido al Ayuntamiento de Mieres de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir por acción u omisión al desobedecer el mandato judicial. Las pedanías de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán presentaron ese escrito porque está prevista para esta semana la subida de animales de Mieres a los terrenos de Pinos, situado en el término municipal de San Emiliano, en Babia, pese a las últimas resoluciones judiciales.

Las juntas vecinales, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el Ayuntamiento de San Emiliano y la Asociación Montaña de Babia y Luna, por medio de su representante legal, han calificado este auto de ejecución forzosa de sentencia como “el espaldarazo definitivo a las reclamaciones históricas” planteadas por estas entidades.

Esta exigencia del cumplimiento de la sentencia, según recoge el auto, se hace extensible a la Guardia Civil a través de requerimientos expresos cursados por el juez a las Subdelegaciones del Gobierno de Asturias y de León, así como a las Unidades Veterinarias de Pola de Lena y de Villablino. Ya el año pasado, no disponiendo los ganaderos de las guías de Castilla y león, recibieron denuncias de la Guardia Civil, que la administración autonómica todavía tramita con las correspondientes sanciones.

Cien años de lucha por los pastos

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia por la titularidad y el aprovechamiento de 900 hectáreas de pastos situados en territorio leonés.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que siempre han favorecido a las pedanías leonesas.

La última decisión fue la del Tribunal Supremo que el pasado abril inadmitió el recurso de casación ante el Supremo del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

Cien por cien con Zapatero. El secretario provincial del PSOE de León y diputado nacional por la provincia, Javier Alfonso Cendón, ha vuelto a salir casi una semana después su imputación judicial por un presunto caso de corrupción en defensa del expresidente del Gobierno leonés José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo ha hecho cargando contra lo que considera que son “juicios mediáticos”, “sentencias mediáticas” y “condenas mediáticas”, por lo que reclama un respeto a la presunción de inocencia.

Durante su intervención en la tertulia política de Radio León-Cadena Ser, el dirigente socialista reiteró “todo el apoyo” al expresidente leonés, del que ha sido valido político constante, y cuestionó el tratamiento político y mediático que está recibiendo el caso desde que trascendió la sorprendente decisión judicial de la Audiencia Nacional.

“Lo primero trasladar públicamente de nuevo todo el apoyo al presidente Zapatero, una persona a la que conozco tanto en lo personal como en lo político y creo que es una persona sin tacha de ningún tipo”, afirmó Cendón, quien añadió una “crítica clara a las personas y a los medios de comunicación que han intentado hacer juicios mediáticos en un momento en el cual él todavía no ha tenido la oportunidad ni de defenderse”.

El secretario provincial del PSOE insistió en que otorga “total credibilidad” a las explicaciones ofrecidas por el expresidente y sostuvo que se está produciendo una condena pública anticipada. “No ha podido defenderse, pero ya es tarde”, lamentó, antes de reivindicar que conoce “de manera notable” tanto la trayectoria pública como la vida privada de Zapatero. “Conozco cómo ha vivido, cómo vive y creo evidentemente que se merece un respeto”, añadió.

“En democracia está un poco feo”

Cendón aseguró además que el expresidente mantiene una actitud de “colaboración absoluta con la justicia” y reclamó al resto de fuerzas políticas y a determinados medios de comunicación prudencia mientras avanza el procedimiento judicial. “Eso de hacer condenas mediáticas y sentencias mediáticas en una democracia está un poco feo”, afirmó.

El dirigente leonés también aseguró percibir un respaldo interno unánime dentro del PSOE hacia el expresidente del Gobierno. “Yo sinceramente veo al partido desde el presidente del Gobierno y secretario general hasta los militantes y gente en la calle que me para y me lo dice claramente dando un apoyo claro al presidente Zapatero”, señaló.

En ese contexto, volvió a insistir en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y vinculó la situación con experiencias personales vividas durante su propia trayectoria política. “Veo palabras fuera de lugar, condenas mediáticas y yo creo que hay que respetar la justicia, hay que respetar a las personas, que se expliquen, la presunción de inocencia”, sostuvo. “En mi mismo caso el otro día hablamos. Yo tuve la mala suerte de tener algunas personas que me intentaron difamar, que dijeron de todo y que al final la justicia me dio la razón”, añadió.

Por ello, reiteró que “los juicios mediáticos no se deben tolerar ni consentir” y advirtió de que “con el Partido Socialista no cuenten para ello”. Y sacó a colación su reciente caso personal, en el que tuvo que denunciar, y finalmente ganó en los Tribunales, tras las críticas públicas de dos youtubers de extrema derecha a él mismo, relacionándole con el llamado 'Caso Tito Berni'.

Durante su intervención radiofónica, Cendón contrapuso además la actuación del PSOE con la de otras formaciones políticas en materia judicial y de corrupción. “A diferencia de otras organizaciones, de otras personas, el Partido Socialista y los dirigentes de mi partido siempre hemos colaborado y estamos colaborando con la justicia”, afirmó.

El secretario provincial socialista pidió además “prudencia” antes de “señalar a ninguna persona y a ningún partido”, especialmente, dijo, cuando las críticas proceden del Partido Popular. “Quiero recordar que es el único partido condenado en este país por corrupción”, concluyó.

La Audiencia Provincial de León ha dictado una resolución que aboca a tres profesores de la Escuela de Minas de la Universidad de León a un juicio con jurado por un presunto delito de malversación al rechazar la pretensión de los acusados de cierre de la causa, originada en una denuncia de la propia institución académica en el año 2023.

El tribunal rechaza el intento de anular la decisión judicial previa de llevar a un juicio con jurado a los tres profesores por el delito de malversación de caudales públicos, el principal que se les imputaba cuando se comenzó a investigar el caso. La Audiencia Provincial entiende ajustado a derecho que sea un jurado quién les juzgue, una circunstancia que se dio tras ser reclamada por la Universidad de León, que ejerce también la acusación particular. El Juzgado de Instrucción nº 5 de León había dictado el auto de procedimiento abreviado para llevarlos a un juicio oral normal, pero la institución académica recurrió que fuera por un jurado, que fue rectificado y aceptado por el propio Juzgado de Instrucción nº 5 de León. Los acusados habían solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa, que fue rechazado.

El caso se remonta al año 2023, cuando una auditoría encargada por la Universidad de León sobre la gestión de los llamados cursos de adaptación al grado en la Escuela de Minas desvelaron hechos presuntamente delictivos que fueron llevados a los tribunales. Estos cursos de adaptación al grado surgieron tras la extinción de los antiguos títulos españoles de diplomaturas y licenciaturas para adaptarse a los del Espacio Europeo de Educación Superior, en el conocido como ‘Proceso de Bolonia’. Mediante estos cursos, antiguos diplomados e ingenieros técnicos podían acceder a un título de grado mediante ‘cursos puente’ que en algunos casos aumentaban sus competencias profesionales.

La Escuela de Ingenieros de Minas de León se realizó la adaptación a los grados nuevos de las antiguas titulaciones de Minas y Topografía entre el 2012 y 2016 por los que pasaron casi 1.800 alumnos, seis veces más que los que convalidó la vecina Universidad de Oviedo, lo que supondría un manejo de fondos de más de tres millones de euros según la denuncia original.

Minas firmó un convenio con los colegios profesionales de Minas y de Topografía para la realización de los cursos, fijándose que la mitad de los ingresos obtenidos serían para la Universidad de León y el resto se lo quedaba el colegio para pagar gastos de los cursos y material para la Escuela, al no poder tener beneficios como colegio profesional. El convenio con Topografía era ligeramente distinto pero el método, exactamente el mismo. El proceso suponía abrir una cuenta corriente con firma mancomunada del colegio y de los responsables académicos, de cuya salida de fondos se origina la denuncia de malversación por varios miles de euros. Los acusados han negado en todo momento irregularidades y señalaron que el sistema fue idéntico al usado por otras universidades y otras titulaciones.

La Universidad de León consideró que los acusados “de forma aparentemente intencionada eligieron indebidamente un instrumento jurídico que les permitió utilizar sin control fondos públicos para aprovechar la 'oportunidad' que representaba la solución legal ofrecida a los ingenieros técnicos de cara a la obtención del Grado, adoptando a tal fin y de forma recurrente decisiones arbitrarias con el fin de favorecer la captación de alumnos, y por lo tanto la captación de fondos públicos con los que se lucraron, tanto ellos personalmente como su Departamento y Grupo de Investigación, así como terceras personas a través de familiares y entidades vinculadas”.

El procedimiento de la Universidad de León se dirigió inicialmente contra cuatro profesores que además ocupaban cargos de gestión de la Escuela de Minas, entre ellos su exdirector y exsecretario. En el procecimiento judicial se ha decretado el sobreseimiento provisional para uno de ellos.

La resolución de la Audiencia Provincial de León rechaza que el cambio de juicio oral normal a un procedimiento con jurado suponga un argumento para anular el proceso, sino que procede que el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, llamado Sección 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, siga el procedimiento adecuado previsto en la Ley del Tribunal del Jurado, llamando a las partes para que se pronuncien sobre este hecho. Posteriormente se decretaría el procedimiento, también susceptible de recurso, lo que puede alargar el procedimiento judicial.

La Audiencia Provincial de León juzgará este noviembre, durante ocho sesiones, uno de los mayores presuntos fraudes alimentarios y vinícolas destapados en España en los últimos años. La Fiscalía solicita penas de hasta 21 años de cárcel para los principales integrantes de una trama empresarial asentada entre Ourense y El Bierzo, acusada de adulterar vino de baja calidad, falsificar etiquetas y venderlo como si perteneciera a denominaciones de origen protegidas como Bierzo, La Mancha o Vino de la Tierra de Castilla y León.

La investigación arrancó en 2018 gracias a una denuncia presentada por responsables de la Denominación de Origen Bierzo tras detectar irregularidades en una bodega de Cabañas Raras. Aquella alerta llevó al Seprona de la Guardia Civil a descubrir una estructura empresarial mucho más amplia que, según el Ministerio Público, llevaba años operando de forma fraudulenta desde instalaciones en las provincias de León y Ourense.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este medio, la trama estaba encabezada por un matrimonio ourensano y su hijo de la familia de los Caride, considerados por la Fiscalía los máximos responsables de varias sociedades vinícolas como Compañía Europea Exportadora de Vinos SL, Compañía Vinícola del Sur de Europa SL, Bodegas Luis Caride SL o Ana Lamas SL. Para poder operar bajo el sello Bierzo y la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León habrían creado además la sociedad Compañía Exportadora Vinícola del Bierzo SL, instalada en Cabañas Raras, utilizada presuntamente como “puerta de entrada” al mercado berciano.

La Fiscalía sostiene que desde esas instalaciones se compraron masivamente vinos procedentes de Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y La Rioja para después embotellarlos y comercializarlos con etiquetados falsos o utilizando contraetiquetas oficiales de forma fraudulenta. Solo entre 2014 y 2019, el escrito cifra en más de 1,6 millones las botellas presuntamente comercializadas de manera irregular.

La Fiscalía sostiene que no era vino, sino un “sucedáneo”

La acusación describe hasta siete grandes modalidades de fraude: vinos embotellados por encima de las cantidades autorizadas, marcas que nunca tuvieron permiso para usar denominaciones protegidas, utilización ilegítima de tirillas oficiales en botellas distintas, uso indebido de la marca Tierra de Sabor y comercialización de vinos con falsas referencias a la DO La Mancha. Entre las marcas investigadas aparecen nombres como Cruz de Hierro, Viña Castelao, Bacelo, Castillo del Rey o Tuco y Nala.

Pero la parte más grave de la acusación no se limita al fraude comercial. El Ministerio Público sostiene que el producto final ni siquiera podía considerarse legalmente vino, sino un “sucedáneo”, tras ser manipulado mediante mezclas y añadidos prohibidos. Dos enólogos procesados habrían participado, según el escrito, en la transformación del producto utilizando agua, colorantes, aromas, azúcares no vínicos, alcoholes ajenos al vino y otros compuestos destinados a modificar artificialmente sabor, color o graduación.

Durante los registros realizados en mayo de 2019 se encontraron, según la investigación, edulcorantes, colorantes, ácidos y más de un kilo de natamicina, un antibiótico antifúngico cuyo uso está permitido únicamente en determinados quesos y embutidos, pero prohibido en vino. La Fiscalía considera especialmente grave la utilización de esta sustancia porque, aunque no provocaría intoxicaciones agudas inmediatas, sí podría generar resistencias a antibióticos en consumidores habituales.

Los investigadores advierten además del enorme daño reputacional que un caso así podría provocar en el sector vitivinícola español, especialmente en mercados internacionales. Parte del vino se exportaba al extranjero y las pesquisas detectaron una compleja red de etiquetado y distribución que daba apariencia de legalidad y trazabilidad a productos que, según la acusación, incumplían completamente las normas de origen y calidad.

La causa también señala a un impresor de Ourense, administrador de Gráficas Galegas SL, acusado de fabricar etiquetas, contraetiquetas y tirillas presuntamente falsas para las distintas marcas investigadas. Junto a él figura además un empresario lucense vinculado a Prior de Pantón SL, acusado de colaborar en la comercialización irregular de varias marcas de vino utilizando registros embotelladores y autorizaciones que no le correspondían.

La Junta de Castilla y León llegó incluso a ordenar el cierre y clausura de la actividad en las instalaciones de Cabañas Raras en 2017 por irregularidades sanitarias y de seguridad alimentaria, aunque, según la Fiscalía, la actividad continuó pese a la resolución administrativa.

En total, el Ministerio Fiscal acusa a los procesados de organización criminal, estafa agravada, falsificación continuada de certificados, delito contra la salud pública y delitos contra la propiedad industrial. Para los tres principales acusados solicita penas que suman 21 años de prisión, mientras que para el resto reclama condenas de entre cinco y 17 años, según el grado de participación atribuido a cada uno.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama indemnizaciones millonarias para las entidades perjudicadas: más de 284.000 euros para la DO Bierzo, 180.000 euros para la DO La Mancha y más de un millón de euros para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), calculadas a razón de un euro por cada botella presuntamente fraudulenta puesta en el mercado.

La investigación permitió también inmovilizar más de 26.000 botellas distribuidas en supermercados y cadenas comerciales de toda España, entre ellas Carrefour, Alcampo, Eroski, Gadisa o E.Leclerc.

El juicio oral, uno de los procedimientos penales más complejos instruidos en los últimos años en Ponferrada, llega ahora a su fase decisiva después de más de cinco años de investigación y trámites judiciales. La vista analizará si detrás de la aparente comercialización de vino con sellos de calidad se escondía realmente una red organizada dedicada a adulterar productos y falsificar su origen para venderlos masivamente dentro y fuera de España.

La autopsia practicada al cadáver del hombre de 78 años, vecino de Arganza, cuyo cuerpo fue localizado en una finca de las inmediaciones de su domicilio tras denunciar su familia su desaparición, ha desvelado fracturas en el cráneo. Unas heridas que a priori son incompatibles con una caída, según ha confirmado este viernes el delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen.

“Por lo tanto, se ha abierto una investigación con secreto sumarial”, pero “las unidades especializadas trabajan en esclarecer esta tragedia”, ha explicado Sen en declaraciones a los medios esta tarde en la apertura de la Feria del Vino de Cacabelos. “Esperemos que en los próximos días se pueda conocer qué ha podido ocurrir y esclarecer ese triste suceso”, ha trasladado el delegado del Gobierno en la comunidad.

La desaparición del hombre, identificado como Domingo S.M., de 78 años, fue denunciada por sus familiares, que dieron aviso a las autoridades tras no tener noticias suyas desde la tarde del domingo, con una denuncia que formalizaron ante la Guardia Civil ayer lunes, han confirmado las mismas fuentes.

Pocas horas después, el cadáver fue encontrado en una parcela próxima a la casa consistorial del municipio y a una zona de parque infantil, un entorno habitual para el hombre, que solía transitar por el lugar cuando llevaba a pastar su rebaño de ovejas y cabras.

Efectivos de la Guardia Civil, incluidos agentes de la brigada de Policía Judicial y del equipo de criminalística, se desplazaron hasta el lugar del hallazgo para realizar una inspección ocular, además de revisar el domicilio del fallecido en busca de indicios que permitan reconstruir lo sucedido. Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento y todas las hipótesis permanecen abiertas, a la espera del avance de la investigación, aunque se mantiene la sospecha de un posiblehomicidioo. El Juzgado de Instrucción de Ponferrada que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario.

El empresario minero leonés Victorino Alonso ha obtenido la libertad condicional después de cumplir ocho meses de carcel y dos años de tercer grado por la condena de cuatro años de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo por explotar ilegalmente la mina a ciero abierto Nueva Julia, ha adelantado Radio Bierzo-Cadena SER. Su edad, 74 años, ha sido el argumento decisivo para la adopción de la medida.

Alonso, también conocido como el 'rey del carbón', ingresó en prisión a mediado de septiembre del 2024 para cumplir la condena después de que se conociera la sentencia de Nueva Julia y también la de la explotación minera ilegal de el Feixolín, que supuso otro año y nueve meses de cárcel por otro destrozo ambiental en las comarcas mineras leonesas. Las dos sentencias sumaban, además, más de 25 millones de euros en multas e indemnizaciones, que no se han abonado.

Según Radio Bierzo la resolución concede el cuarto grado penitenciario al tener en cuenta factores como su edad, 74 años, así como la ausencia de incidencias desde que disfruta del tercer grado desde junio de 2024 y su comportamiento en prisión. El Ministerio Fiscal no se opuso a la concesión de la medida.

El magnate minero evitó la cárcel anteriormente tras una condena de dos años y medio de prisión en 2016, rebajada luego a dos años, y una millonaria multa de 25,5 millones de euros, por destrozar el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves (Huesca). Este importante vestigio se ubicaba en una finca de caza de una empresa vinculada a su opaco conglomerado empresarial. Alonso no ha pagado la multa y logró que se le declarara 'insolvente' para limitar el dinero que se le quita de su pensión de jubilado.

Victorino Alonso no ha satisfecho las cantidades de responsabilidad civil impuestas en los últimos procedimientos aunque en su última comparecencia pública, en enero en el parlamento de Asturias en la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo, llegó a confesar que no sabía de cuántas empresas era administrador. En sus palabras ante el poder legislativo asturiano no dejó títere con cabeza respecto de los empresario que le sucedieron en la que fue la mina más moderna de España y que costó cinco vidas en un escape de grisú en marzo del 2025. Alonso compareció de forma telemática desde la Asamblea de Madrid, al tener allí fijada su residencia para cumplir el tercer grado penintenciario.

La libertad condicional de Alonso le obliga a cumplir varias medidas hasta la finalización de la condena. Entre ellas, deberá pernoctar en el domicilio fijado judicialmente, mantenerse localizable por teléfono, acudir a controles periódicos con el psicólogo asignado, comunicar cualquier desplazamiento fuera de España y seguir destinando parte de su pensión de jubilación al pago de la responsabilidad civil. Victorino Alonso podrá disfrutar ahora de su jubilación “y otros menesteres” que ha explicado públicamente, entre ellos trifulcas de su grupo empresarial vinculado por apropiarse de fincas de vecinos, que han tenido que reconocer.

“Como sabéis, yo tampoco mantenía una relación excepcionalmente fluida con el presidente Zapatero”. “Yo sé que no les gustaba mucho”. “Igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”. Ha tardado algo más de tres días en reaccionar públicamente y estas han sido algunas de las primeras y muy intencionadas palabras del alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, al tsunami político que ha supuesto la imputación judicial por corrupción del expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero.

El regidor de la capital, una recurrente voz crítica interna en el PSOE, incluso con un enfrentamiento poco disimulado con la Ejecutiva provincial y su líder, Javier Alfonso Cendón, muy próximo a Zapatero, valoró la noticia como “de una preocupación extrema y de una gran decepción”, algo, dijo, que cree que comparten “prácticamente la mayoría de los leoneses”. Y personalmente añadió que además “a mí me genera una enorme y una profunda decepción”.

Y es que considera que “leyendo detenidamente el auto del juez (de la Audiencia Nacional), hay cuestiones que aparentemente parecen muy feas”. “Yo no voy a entrar si son delictivas o no, porque eso le corresponde al juez, y hay que confiar en la Justicia, igual que en la presunción de inocencia, pero evidentemente son cosas que preocupan y preocupan mucho”.

Diez continuó su valoración más bien íntima pero también en clave de repercusión política esgrimiendo que “a mí lo que me gustaría es que esto se resuelva lo más rápidamente posible, por el bien de todo el mundo, también por la parte afectada, por el propio presidente Zapatero”... “Y por el resto de diputados”, añadió, en una poco disimulada referencia al líder Cendón, diputado nacional por León, que recientemente le enseñó la puerta de salida del Partido Socialista al actual alcalde para que no repitiera como candidato en las municipales del año que viene, a lo que este retó con que le echaran de la formación en una creciente escalada de confrontación.

Este mismo mes, el regidor, por ejemplo, defendió públicamente que era más defendible su proximidad a la Junta de Castilla y León (PP) y sus recientes inversiones en la ciudad que la de Cendón a los exdirigentes socialistas, ministros y secretarios de Organización en Ferraz, Santos Cerdán, José Luis Ábalos o su asesor Koldo García, los tres sentados en el banquillo de los acusados. Zapatero se sumaría ahora a la lista de acorralados por la Justicia bajo acusación de corrupción. Pero también han sido varios los encontronazos públicos de Diez con el propio Zapatero, tras las críticas del expresidente a la creciente oleada de aspiración de un autobogierno y una autonomía propia para León, sin Castilla.

En este contexto, el regidor remarcaba eso de que “igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”, en referencia a que era vox pópuli que en la voluntad de Cendón de buscar un sustituto para el próximo cartel electoral socialista en León, prescindiendo del crítico Diez por ejemplo vía primarias (una vía empleada ya en Gijón), era una maniobra en la que el propio Rodríguez Zapatero estaba involucrado. Ante este nuevo giro radical, el alcalde se limitó a razonar que “como todo en la vida, hay quien está más cercano y ahí quien está más alejado... Si apuestas bien, bien; si apuestas mal, no lo sé”: otro indisimulado recadito para Cendón.

Y de haber alguna implicación interna, aseguró que “las consecuencias respecto a esta acción de la justicia, si hay que tomarlas o no, tendrán que derivarse, evidentemente, desde arriba, desde la Ejecutiva Federal”. “Yo, únicamente, desear que sea lo menos posible (para Zapatero) y que la imputación salga lo mejor posible en el sentido de que haya las menores responsabilidades posibles, sin quitar, como digo, que lo que se desprende de ese auto es sumamente preocupante”.

Su nombre es Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y su objetivo era modernizar el sector. “Pero nosotros le llamamos ley de ineficiencia”, ironizó este martes el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Díez Revilla, al advertir de que su implantación en el pasado 2025 ha generado “una tormenta perfecta para un colapso”. A la problemática general se suman situaciones particulares que ya vienen de lejos como la del Juzgado de Villablino, que Díez Revilla no dudó en calificar de “dramática” con “retrasos demenciales de más de dos años”, incluso con “falta de incoación de procedimientos”.

Villablino afronta la “situación más caótica” de la provincia de León, a juicio del Colegio de la Abogacía de León, que desvinculó del problema al personal. “Somos conscientes de que una jueza que hay ahora está tirando con lo que hay”, subrayó el decano, que reconoció las dificultades para que los profesionales elijan plaza en lugar periférico como Laciana. “Se mejoraron las instalaciones, pero no está mejorando la parte de personal”, indicó para abogar por el establecimientos de incentivos para ocupar ese tipo de puestos, así como de refuerzos para suplir las carencias en la plantilla actual.

La realidad del Juzgado de Villablino es comparativamente la más “dramática” en la provincia, subrayan los abogados para también denunciar “sobrecarga, escasa especialización y una falta de estabilidad en los titulares que está afectando de forma directa a la tramitación” en Ponferrada, incluso hasta el punto de “producirse declaraciones fuera de plazo en procedimientos sensibles” como los relacionados con la violencia de género.

Precisamente “la comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer”, una iniciativa teóricamente positiva, “está funcionando en la práctica más como una centralización que como una verdadera justicia de proximidad”. Y es que los letrados también ponen el acento en la situación de los partidos judiciales rurales en una provincia que sufre hándicaps como “la distancia y la climatología”. El Colegio de la Abogacía apuesta, en este sentido, por tirar de servicios electrónicos y telemáticos para evitar desplazamientos con el argumento añadido del impacto de suspensiones imprevistas de actos: “Si pudiéramos cuantificar realmente el sobrecoste que generan para un ciudadano todas las suspensiones judiciales, nos tiraríamos de los pelos”.

En un repaso general del sector en la provincia, el Colegio de la Abogacía de León, que renovó su directiva tras las elecciones del pasado mes de octubre, también demandó una mejora de los espacios destinados a las personas detenidas en dependencias tanto policiales como judiciales. “Hace falta lugares de detención dignos”, reivindicó el decano para apostar, asimismo, por la instalación de rótulos informativos para los usuarios, a veces desorientados al sumarse el desconocimiento al nerviosismo a la hora de afrontar procesos de esta naturaleza. “Y ahora”, apostilló, “es la parte humana la que está solventando esas situaciones”.

Con un millar de letrados ejercientes y otros 700 no ejercientes, la abogacía leonesa reconoce otras disfunciones derivadas del hecho que la comunidad de Castilla y León no tenga transferidas las competencias de Justicia, una “niña fea ” de la administración pública a la hora de poner sobre la mesa recursos económicos para hacer frente a males como la sobrecarga de trabajo y los consiguientes retrasos en los procedimientos.

La Audiencia Nacional ha fijado que los festivos que coincidan con el descanso semanal en sábado tienen que ser compensados y dan derecho a disfrutar de un día adicional de descanso, en una sentencia que responde al conflicto colectivo planteado contra el convenio del sector de los centros de atención al cliente (“contact center”).

Los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO en las diferentes demandas interpuestas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), a las que se adhirieron los sindicatos CIG, CSIF y STC, han conseguido que se les dé la razón.

La sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, fechada el 19 de mayo, declara no ajustada a derecho la práctica generalizada de las empresas del sector de “contact center” de no compensar los días festivos laborales -estatales, autonómicos y/o locales- “cuando la prestación de servicios efectiva se produce de lunes a viernes o de lunes a sábado y el festivo coincide con sábado, estando ahí fijado su descanso semanal”.

Asimismo declara el derecho de los trabajadores a que los días festivos laborales “no sean absorbidos ni neutralizados por el descanso semanal, reconociéndose la obligación empresarial de conceder un día adicional de descanso efectivo cuando se produzca la coincidencia o solapamiento entre ambos”.

USO ha señalado en un comunicado que la resolución, que entiende extensible a todos los sectores, “consolida de forma generalizada la doctrina judicial que impide que las empresas hagan desaparecer festivos mediante los cuadrantes de trabajo”.

“Los catorce festivos anuales deben disfrutarse plenamente por todas las personas trabajadoras, independiente de su jornada habitual”, ha afirmado la secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO, Sara García.

“Ahora sí, tras la confusión de sentencias anteriores, será un derecho extendido a todas las personas trabajadoras, sin solapamientos ni recortes”, ha añadido.

El Tribunal Supremo ya estableció en sentencia del 30 de abril de 2025 los criterios sobre el solapamiento del descanso semanal con un festivo, pero sin especificar nada respecto a los sábados.

Dicha sentencia del Supremo declaraba que los trabajadores con jornada de lunes a domingo, con el descanso semanal establecido en día fijo entre el lunes y el viernes, tienen derecho a que cuando el descaso coincide con un festivo laboral, les sea compensado y puedan disfrutar de otro día de descanso por ese día de fiesta.

El juicio contra los empresarios y directivos mineros de León acusados de fraude masivo ha quedado este martes visto para sentencia, después de cinco días de testificales. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, únicas acusaciones de la causa, consideran probado que los cinco empresarios juzgados por tres delitos contra la Hacienda Pública hicieron pasar mineral de exterior, de cielo abierto, por carbón de mina de interior para cobrar una subvención cinco veces mayor de forma “deliberada y pactada”, y han cifrado en 2,1 millones la cantidad defraudada en los tres años investigados.

Este martes, en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de León, tanto el Ministerio Fiscal como el representante legal de la Agobacía del Estado han pedido sentencia condenatoria contra los dos miembros de la familia franquista Del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, un directivo de la Vasco y dos responsables de subcontratas con las que operaban, al entender que había “un concurso” entre los acusados, que trabajaban con una “relación triangular” a través de las empresas Hullera Vasco-Leonesa y Transportes Peal y Restauraciones Mineras para defraudar a Hacienda.

La Fiscalía ha mantenido su petición de pena de prisión para los cinco acusados por tres delitos contra la Hacienda Pública cada uno. En el caso de Antonio del Valle y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco-Leonesa, y de Mario Calvo Herce, en su momento director general de esa empresa, la Fiscalía ha pedido cuatro, tres y cinco años de prisión por cada delito, es decir, un total de doce años de cárcel para cada acusado como autores de la defraudación.

Para José Manuel Alonso, administrador único del Grupo Peal, y Francisco Javier Luengo, el director general de esa empresa y máximo responsable del cielo abierto de Santa Lucía, la Fiscalía ha pedido siete años y medio de prisión para cada uno como “cooperadores necesarios” para defraudar a Hacienda.

Los hechos enjuiciados corresponden a los años 2011, 2012 y 2013, cuando se apreció por parte de un perito de la inspección de la Agencia Tributaria una diferencia entre lo real y lo facturado en un 21 por ciento el primer año, en un 17 por ciento el segundo y en un 28 por ciento el tercero, porcentajes a los que ha aludido la fiscal durante el juicio. En concreto, ha detallado que el fraude fue de 734.981,28 euros en 2011, de 510.463,37 euros en 2012 y de 868.931,61 en 2013, que eleva la cuantía total por encima de los 2,1 millones de euros.

“Todos conocían los hechos y tomaban decisiones en común, tal y como se ve en los correos electrónicos aportados a la causa y que demuestran este concierto”, ha manifestado la fiscal, quien ha insistido en que la Hullera Vasco-Leonesa deducía de esas cuentas un IVA que no se correspondía con las actividades legales y eludía de modo consciente y deliberado sus obligaciones tributarias.

“Cobrar subvenciones de carbón de exterior como si fuera carbón de interior, que es cinco veces más. Esa es la esencia de la confabulación. Era necesario compensar a Transportes Peal con sobrefacturación para que no se opusiese a facturar carbón de exterior como carbón de interior de la Hullera Vasco-Leonesa. Lo que pagaba toda la fiesta era el cielo abierto”, ha detallado el abogado del Estado, quien, como la Fiscalía, ha reiterado que lo que se llevaba a cabo era “una sobrefacturación de mineral estéril y una infrafacturación de carbón”.

La sobrefacturación por el estéril se hacía “mediante la facturación de muchos metros cúbicos de ese material que, en realidad, no se habían movido y se compensaba con la infrafacturación del carbón para deducir cuotas de IVA por unos trabajos nunca practicados”, ha detallado el abogado del Estado.

En esta misma causa había otro acusado, José Manuel Alonso, conocido como Manolo Peal, quien falleció el pasado marzo a los 87 años. Por su parte Emilio Amor, uno de los responsables del cielo abierto cuyas iniciales aparecían en el señalamiento de esta vista como acusado, ha salido del procedimiento al retirarle la fiscal esa condición.

En el momento de su declaración los acusados negaron la trama y sus abogados defensores han pedido en todos los casos la libre absolución al considerar que el juicio “no se tenía que haber celebrado”, reclaman la nulidad de las pruebas por haberse obtenido, dicen, de manera “ilícita”, y la inexistencia de evidencias incriminatorias contra los acusados.

Una parte fundamental de la investigación, y en la que se basaban las acusaciones tanto del Ministerio como de la Abogacía del Estado, ha quedado ya anulada por una sentencia del Tribunal Supremo. Es por eso que Fiscalía ha tenido que rehacer su escrito de acusación y, según ha argumentado, también por esa circunstancia se negaba a facilitar ninguna información a los medios de comunicación.

Ninguno de los acusados ha hecho uso de su derecho a la última palabra en la sesión final de un juicio que ha quedado visto para sentencia. 

Un mazazo. Y sin embargo, un apoyo incondicional. Las primeras reacciones políticas del entorno más inmediato del PSOE en la provincia de León, el feudo de origen del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, han aunado en la mañana de este martes sentimientos como la perplejidad, el consabido respeto por la Justicia y sin embargo el apoyo a capa y espada de la labor política del mandatario y toda su trayectoria hasta ahora. Todo ello tras saberse muy de sopetón la noticia de su imputación judical por parte de la Audiencia Nacional.

El más madrugador en su reacción pública, marcando la senda de los que decidieron salir a la palestra a continuación, ha sido precisamente uno de los principales validos de Zapatero, el secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón. En la red social X, el líder provincial socialista no deja un resquicio a su lealtad política y personal, afirmando tajante: “Yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero”.

Argumenta el hecho de darle “todo mi apoyo” con el hecho de que “su hoja de servicios a España es impecable: paz, derechos, convivencia y dignidad democrática”, en referencia a los siete años en los que fue presidente del Ejecutivo. Y además, quiso curarse en salud con antelación sospechando las furibundas críticas que llegaría a continuación de conocerse la noticia de su imputación judicial, algo que denominó un “intento de linchamiento político o mediático”, frente a lo cual, Cendón manifiesta su “respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia”. “En política hay momentos en los que hay que estar”, afirma, y el también diputado nacional por la provincia de León asegura estar sin fisuras del lado del expresidente del Gobierno.

Totalmente en esta corriente, también ha madrugado la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, para apuntalar la opinión de apoyo incondicional a Zapatero. “Siempre me ha demostrado que es una persona íntegra y honesta”, remarca la también procuradora en las Cortes de Castilla y León, quien igualmente se centra en el hecho de que “además” ha demostrado ser en toda su dilatada carrera política, la mayor parte de ella en León, “un extraordinario compañero”.

De momento, otros destacados nombres del socialismo leonés no han manifestado su reacción a la impactante noticia conocida hoy, cuando el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le ha citado formalmente a primera hora investigado (imputado) por un presunto triple delito de corrupción por el llamado Caso Plus Ultra, y prácticamente al mismo tiempo en que agentes de la UDEF registraban el despacho del expresidente en la sede socialista de Ferraz y los de otras tres empresas, una de ellas la de sus propias hijas.

Diez no, Giménez sí

Por el momento, el alcalde de León, José Antonio Diez, últimamente muy enfrentado al Partido Socialista en multitud de declaraciones públicas, ha declinado de manera tajante hacer ningún tipo de declaración de reacción tras conocerse la noticia, según ha transmitido el Gabinete de Alcaldía.

Quien sí se ha pronunciado, no menos sorprendido, es el veterano José Pepe Giménez, quien fuera ocho años secretario de Organización con Rodríguez Zapatero al frente del PSOE leonés, y después senador por León coincidiendo ya con el líder en el Gobierno. Una dilatada etapa, asegura, en la que “jamás le vi absolutamente ningún detalle, la más mínima sospecha de nada lejanamente deshonesto, ningún tipo de incidencia”.

De hecho, Giménez remarca que bajo su mandato, el Gobierno de dos legislaturas “no sumó un solo caso de corrupción, cero”, algo altamente improbable “aunque solo sea pensando en el altísimo número de nombramientos” que se producen en un Gobierno. Por ello, y porque es consciente de que “que te señalen como imputado ya conlleva un descrédito” público, muchas veces injustificado, Giménez confía en que se imponga la cordura más pronto que tarde.

Desde Soria, el nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, expresó también su apoyo al expresidente del Gobierno: “Sigo creyendo en la honestidad del presidente Zapatero. Por eso, hoy tiene mi apoyo”. A través también de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Martínez ha expresado su cansancio ante “la política de la condena anticipada, insinuaciones y del 'todo vale' para desgastar”. “Sigo creyendo en la política de principios, en la presunción de inocencia y en el respeto democrático”, ha concuído.

Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, exalcalde de Ponferrada y responsable de la agrupación local, también empleó X para desear “que la justicia investigue lo que tenga que investigar, pero me parece muy injusto y duro lo que hoy estáis sufriendo”, le transmitió en primera persona al expresidente del Gobierno. Y es que, añadió, “siento por ti el mayor de los respetos personal y político, además de un profundo aprecio personal”, al tiempo que aireaba una fotografía de ambos juntos en un acto político.

Finalmente, un día después de conocerse la noticia, el presidente socialista de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, confía en que Zapatero “podrá demostrar perfectamente su inocencia”, lamentamos que vivamos, dijo, “en una época política en la que parece que uno ya es culpable solo porque alguien le denuncie”

Admitió que la imputación judicial al expresidente, alguien tan cercano al socialismo de León, “no es agradable”, pero afirmó “yo, como leonés, me siento orgulloso del presidente que tuvimos entre 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero”, que también en la actualidad “cuenta con todo mi apoyo, porque hasta que no se demuestre lo contrario todo el mundo es inocente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha resuelto que la muerte por suicidio de un trabajador del Ayuntamiento de Onzonilla debe considerarse como contigencia profesional (accidente de trabajo), al entender que existió una relación directa entre el grave deterioro de su salud mental y la situación laboral y judicial que atravesaba en sus últimos meses de vida. Así, ordena a la Seguridad Social que rectifique el cálculo de la pensión de viudedad reconocida a su esposa, aumentando la base de cotización en 400 euros mensuales, que conlleva elevar la pensión.

El tribunal ratifica un fallo previo del Juzgado de lo Social 3 de León, que ya había dado la razón a la viuda del trabajador y rechaza los recursos interpuestos por la mutua Fremap y el Ayuntamiento de Onzonilla, que consideraban que se debía mantener la calificación de contingencia común para el cálculo de la pensión. El TSJ considera acreditado que la situación vivida por el empleado municipal a partir de mayo de 2022, cuando fue suspendido cautelarmente de empleo y sueldo y se le abrió una investigación judicial relacionada con documentos municipales, provocó un agravamiento severo de su estado psicológico, que finalmente le llevó a quitarse la vida unos meses después.

En la sentencia se recoge un minucioso relato de la actividad profesional del trabajador vinculada al ayuntamiento ubicado en el Alfoz de León, así como su situación mental, que le llevaron a tratamientos y bajas por cuadros de depresión con ansiedad, aunque había desarrollado con normalidad su actividad laboral durante décadas. Pero en el año 2022 el trabajador fue denunciado, siendo detenido incluso en su puesto de trabajo, lo que llevó a la apertura de un expediente disciplinario y su suspensión cautelar, luego levantada por la justicia. Estos hechos llevaron a un deterioro directo, señalan las dos sentencias, de su salud mental.

El trabajador había sido detenido el 11 de mayo del 2022 acusado de haber firmado tres documentos que no debía, entre ellos un certificado de empadronamiento que suele firmar el alcalde, siendo imputado en una investigación judicial por un presunto delito de falsificación de documento público. El 18 de mayo de 2022 el Pleno del Ayuntamiento de Onzonilla aprobó incoar al trabajador un expediente disciplinario y suspenderlo cautelarmente de sus funciones. Al día siguiente el trabajador cogió la baja por un cuadro de depresión con ansiedad. El hombre falleció el día 21 de marzo de 2023 por una lesión autoinfligida. La suspensión de funciones que el impuso el Ayuntamiento de Onzonilla había sido declarada nula pocos días antes por un juzgado de lo social.

El TSJ sostiene que todos los hechos recabados en la causa indican que su situación laboral no se trata de una “ocasionalidad pura”, sino de una “ocasionalidad relevante”, figura jurídica utilizada cuando el trabajo o las circunstancias derivadas de él son condición determinante para que se produzca el daño. El tribunal subraya, además, que aunque el fallecimiento no ocurrió en el lugar de trabajo, sí estuvo vinculado al impacto emocional y psicológico derivado de los hechos sucedidos en el ámbito laboral. El trabajador había señalado sus problemas laborales como la causa de su situación mental, incluso mencionando la posibilidad de suicidio como salida a la situación.

Tanto Fremap como el Ayuntamiento de Onzonilla plantearon en sus recursos que la situación de deterioro psicológico del trabajador no se derivaba del trabajo sino de la investigación abierta en su contra. Pero el tribunal considera que no se han probado que otros factores pudieran explicar el suicidio y sí se señala el agravamiento de su salud desde mayo del 2022.

El tribunal explica que el trabajador tenía antecedentes por depresión desde hacía dos décadas pero que desde los hechos del mayo del 2022 se produce un drástico cambio en su estado clínico por lo que concluye que el trabajo está en la base de la decisión de quitarse la vida. Rechaza el argumento de la mutua de que el suicidio es un acto voluntario al que no se debe aplicar el concepto de accidente de trabajo pero el TSJ señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el suicidio puede ser accidente de trabajo si se produce por una situación de estrés o trastorno mental derivado de factores laborales. En este caso el “grave trastorno y grado de angustia” provocado por el conflicto laboral anuló esa supuesta voluntariedad libre

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y se condena al Ayuntamiento de Onzonilla y a la mutua a pagar las costas por valor de 600 euros.

El Tribunal Supremo confirma las condenas de dos años y medio de cárcel para tres miembros de una banda nazi por dar una paliza a un joven en el barrio Húmedo de León en marzo de 2019, una actuación que los magistrados calificaron como “una verdadera cacería”.

Lo hace en una sentencia que avala las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que ratificó a su vez las condenas en primera instancia de la Audiencia Provincial de León, y condena a los tres -de quienes las acusaciones destacaron una ideología “de extrema derecha y nazi”- por un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de dilaciones indebidas.

La agresión múltiple ocurrió la madrugada del 10 de marzo de 2019, cuando la víctima abandonaba un bar tras un altercado “con una persona de ideología de extrema derecha y nazi”. Los tres acusados y otros “integrantes del mismo grupo” comenzaron a agredir a la víctima con puñetazos en la cabeza y patadas en el cuerpo.

Pese a sus intentos de huir, ayudado por un amigo, fue alcanzado varias veces por las calles de León -la Plaza de Riaño, la Plaza Mayor o la calle Azabachería- por sus agresores, que siguieron pegándole, bajo las arengas de dos acusadas -“matadle, matadle”-, y le dejaron “tirado y abandonado” en el suelo. Llegó incluso a sufrir un corte en la cara, todo ello según declaró probado la Audiencia de León.

Las acusaciones solicitaron la aplicación de la agravante de discriminación por ideología de la víctima, si bien la Audiencia no vio probado que los acusados -que negaron actuar por ideología de extrema derecha- cometiesen los hechos por tener dichas ideas y consideró insuficiente su posible relación “con personas o grupos de extrema derecha o nazis”.

Al avalar las condenas, el Supremo incluye parte de los argumentos de la sentencia de instancia, que vio “especial perversidad” y “gran peligrosidad” en los acusados, y destacó la “brutalidad de su conducta delictiva”. No fue “una simple agresión”, sino “una verdadera cacería”, justificó entonces esa sentencia para imponer su condena, ya firme.

El Supremo desestima todos y cada uno de los argumentos de los recursos de los tres condenados y rechaza que se haya vulnerado su presunción de inocencia, que hayan sufrido indefensión o que no haya suficiente prueba. Porque, sostiene el Supremo, la sentencia de instancia cuenta con un “detallado examen” de las pruebas, desde la declaración de la víctima, con un “testimonio coherente y persistente” que apunta a los acusados, hasta la de testigos.

Estos tres condenados a los que afecta la sentencia del Supremo no fueron los únicos responsables de la agresión. Otros implicados, menores de edad en el momento de los hechos, fueron juzgados por la jurisdicción de menores y sancionados como autores de un delito de homicidio intentado. Algo que el Supremo considera que no es “ocioso destacar”, dado que los ahora condenados lo han sido por “un delito básico de lesiones”

El juicio contra los empresarios y directivos mineros de León acusados de fraude masivo de carbón entra en su fase final. Este jueves han declarado la mayoría de los acusados y su defensa se ha basado en desacreditar la causa. Los responsables de la Hullera Vasco-Leonesa, Transportes Peal y su filial Restauraciones Mineras aseguran que el volumen de carbón extraído en las explotaciones, tanto de interior como a cielo abierto, se mide únicamente en unos planos topográficos que no están en la documentación del procedimiento y que la cuenta 'en camiones' que hacen la Fiscalía y la Abogacía del Estado no es válida ni como aproximación.

Lo que el tribunal que preside Carlos Miguélez trata de dirimir desde el lunes es si la Hullera Vasco-Leonesa cometió los delitos de fraude contra la Hacienda Pública y falsedad de documento mercantil por, presuntamente, cobrar el carbón de sus explotaciones a cielo abierto con el plus de las ayudas a la producción de interior, que es cinco veces más alto, entre los años 2011 a 2014. Un fraude que, según publicó el diario El Pais, podría ascender a los 14 millones de euros.

Las empresas acusadas son la histórica y quebrada sociedad minera Hullera Vasco-Leonesa y las de servicios auxiliares Transportes Peal SA y su filial Restauraciones Mineras SA, así como varios de sus directivos como Antonio y Arturo del Valle Alonso, Mario Calvo Herce, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo. El juicio, que quedó suspendido este jueves hasta la próxima semana, previsiblemente terminará el martes 19 de mayo.

Los primeros en prestar declaración como acusados este jueves fueron los hermanos Antonio y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco-Leonesa. Después lo hicieron Juan Manuel Alonso y Franciso Javier Luengo, responsables de Transportes Peal y, por último, Mario Calvo Herce, el que fuera director general de la Vasco. Todos ellos coincidieron en señalar los presuntos planos topográficos como la única forma válida de medir la cantidad de carbón que se sacaba y se vendía tanto en explotaciones a cielo abierto como en minería de interior, y en desacreditar, rotundamente, que un cálculo 'en camiones', como el que hace la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal, sea siquiera útil como aproximación.

Coincidieron también los acusados en criticar la inspección de Hacienda en la que se basa la causa, y en denunciar como inapropiadas las prácticas de los funcionarios de la Agencia Tributaria que la desarrollaron. Antonio del Valle primero y después el resto se negaron rotundamente a responder a cualquier pregunta que tuviera relación con los documentos “que se hayan conseguido a la entrada de las instalaciones” de la Hullera Vasco Leonesa. De esa manera se negó a responder a las cuestiones sobre unos correos electrónicos presuntamente incriminatorios. Todos salvo Mario Calvo Herce que, para sorpresa del Abogado del Estado, manifestó que si esos correos electrónicos se mantenían como obtenidos de manera válida no tenía inconveniente en responder a las preguntas que le hicieran.

El representante de la Abogacía del Estado le preguntó entonces por unos correos que se intercambiaron Mario Calvo Herce y Arturo del Valle, en diciembre de 2013, en los que el vicepresidente de la Hullera y responsable de la venta de carbón de la empresa le manifestaba al director general: “He bajado algo la producción [de carbón] y la diferencia la he aumentado en la broza”. La cuestión que le planteó fue clara: “¿Se estaban manipulando los datos de producción?” A lo que Calvo Herce respondió que: “Estábamos hablando de los presupuestos”. En los archivos adjuntos de esos correos aparecen distintas cantidades de carbón extraídas en explotaciones a cielo abierto y en minas de interior, a las que se alude hacer cambios, pero el director general de la Vasco se mantuvo tajante en que “siempre hablamos de los presupuestos”.

La gran duda que se ha quedado sobre la mesa es por qué si el único método válido para cuantificar las toneladas de carbón extraídas eran los planos topográficos y no el método paralelo que utilizó Fiscalía y la Hacienda Pública de conteo 'en camiones' esos planos topográficos no están en la causa.

La sesión prevista para el lunes no se celebrará y el juicio se retomará el martes dado que solo falta por declarar como acusado el representante legal de la concursal. Después será el turno de las conclusiones finales de las partes y el derecho a la última palabra de los acusados.

Falta por saber si en esas conclusiones finales las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado, hacen públicas las peticiones de condena para los acusados que se han venido negando a facilitar hasta ahora a los medios de comunicación, a pesar de las reiteradas peticiones de ILEÓN.

La Guardia Civil investiga a tres conductores por un presunto delito de conducción temeraria tras ser sorprendidos realizando maniobras de enorme riesgo, prácticamente una carrera entre ellos. Ocurrió en la carretera nacional N-621, la vía que une la localidad leonesa de Riaño con Unquera en Cantabria, a través de la Montaña Oriental y el puerto de San Glorio, en un episodio que además acabó con un peatón herido leve tras una salida de vía.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 3 de abril, sobre las 18.00 horas, entre los kilómetros 109,900 y 111,500 de la N-621, en un tramo de alta montaña, especialmente sinuoso y sin arcenes practicables, en el entorno de la ruta entre Riaño y Unquera, explica la Subdelegación del Gobierno en León en un comunicado de prensa.

La investigación arrancó gracias a la colaboración ciudadana. En concreto, un testigo aportó a la Guardia Civil la grabación realizada con una cámara de acción instalada en el interior de su vehículo, material que permitió reconstruir lo sucedido, junto con la inspección ocular posterior del tramo, identificando las matrículas y otros detalles relevantes.

En las imágenes se observaban “maniobras antirreglamentarias” realizadas por los tres turismos investigados, con adelantamientos simultáneos a varios vehículos y en zonas donde estaba expresamente prohibido adelantar. La 'carrera' se produjo además en puntos próximos a curvas con escasa visibilidad por la configuración del terreno e incluso en cambios de rasante, circulando todos ellos “a una velocidad notoriamente superior” a la permitida en ese tramo, limitada a apenas 40 kilómetros por hora.

Pero lo peor es que este tipo de conducción acabó provocando un accidente. Uno de ellos perdió el control de su turismo al tomar una curva hacia la izquierda, salió de la vía por el margen derecho y atropelló a un peatón, que sufrió lesiones. Fueron finalmente de carácter leve.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas están recogidas en el artículo 380 del Código Penal, que castiga la conducción con “temeridad manifiesta” poniendo en peligro concreto la vida o integridad de las personas. Las penas pueden alcanzar entre seis meses y dos años de prisión, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y seis años.

El Instituto Armado destaca además que la colaboración ciudadana “ha sido determinante” para esclarecer los hechos y reiteró la importancia de comunicar este tipo de conductas, bien a través del teléfono 062 o de la aplicación AlertCops.

La Audiencia Provincial de León acoge esta y la próxima semana un juicio contra varias empresas del sector minero y sus responsables, entre ellos miembros de la familia Del Valle, por los presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad de documento mercantil en una trama para cobrar las ayudas al carbón de interior vendiendo falsamente como tal carbón de cielo abierto.

Las empresas acusadas son la histórica y quebrada sociedad minera Hullera Vasco-Leonesa y las de servicios auxiliares Transportes Peal SA y su filial Restauraciones Mineras SA, así como varios de sus directivos como Antonio y Arturo del Valle Alonso, Mario Calvo Herce, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo. El juicio se desarrolla en siete sesiones y los acusados han pedido declarar al final del proceso.

La Fiscalía de León se ha negado a desvelar su petición de penas de cárcel y económicas a los acusados pero el periódico El País ha desvelado que el origen de la causa radica en una denuncia anónima que alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de una trama para cobrar las subvenciones al carbón de interior. Según el denunciante, el fraude podría ascender hasta los 14 millones de euros y se desarrolló en varios años en los que ya se veía el final de la minería en España, entre el 2011 y 2015.

La causa, detalla El País, se originó tras la denuncia anónima de una persona vinculada al entorno empresarial, que entregó a la Agencia Tributaria miles de archivos, fotografías y hojas de cálculo que supuestamente demostraban cómo se alteraban los volúmenes reales de carbón extraído en connivencia entre las tres empresas. A raíz de esa documentación intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigó un sistema diseñado para inflar la producción subvencionada.  

Los investigadores sostienen que las empresas elaboraban informes falsos para incrementar artificialmente hasta un 20% o un 25% la producción declarada y así aumentar la facturación y las ayudas estatales. La documentación aportada incluye tablas internas con apartados diferenciados entre “producción real” y “producción incrementada”, además de fotografías de camiones trasladando material de explotaciones exteriores a minas de interior.  

Este medio ha asistido a la sesión de este miércoles en la que han declarado varios testigo y peritos de las defensas para intentar justificar ese desfase económico, negando las cifras de la Agencia Tributaria. Las pruebas testificales continuarán este jueves, día en el que está previsto que empiecen a declarar los acusados.

La Fiscalía oculta las penas

La acusación pública en el juicio la ejerce la Fiscal Jefe Provincial, Isabel Morán González, que ha ocultado su escrito de acusación en este caso, ante reiteradas peticiones de este y otros medios de comunicación, y cuya divulgación es habitual, pero desde hace un tiempo esta Fiscalía en particular ignora el derecho a la información y el propio estatuto del Ministerio Fiscal y se niega a facilitarlos.

En este caso que afecta a históricos empresarios leoneses la ocultación del escrito de la Fiscalía es tal que incluso se ha advertido a los abogados y procuradores de las partes que no se puede facilitar a los medios de comunicación, según ha confirmado este periódico. La Fiscalía no quiere que se sepa lo que pide de penas a los empresarios, que en todo caso deberá ratificar o modificar en la vista pública antes del fin del juicio que se celebra hasta el miércoles 20 de mayo.

La actitud obstrucionista de la Fiscalía de León con los medios de comunicación es una tónica habitual en todos los procedimientos, llegando incluso al borrado de los nombres de las empresas afectadas en procedimientos bajo la pretendida ley de protección de datos personales, que no afecta a los nombres de las entidades jurídicas. Isabel Morán ocupa el puesto de jefa de la Fiscalía de León desde el año 2017.

El delito contra la Hacienda Pública está tipificado con penas de prisión de dos a seis años y el de falsedad de documento mercantil con penas de prisión de 6 meses a 3 años.

Los Del Valle, absueltos por la muerte de mineros en el Pozo Emilio del Valle

Los Del Valle, una histórica familia empresarial leonesa con vínculos con el franquismo, se vuelven a sentar en el banquillo después de que hace apenas medio año el Juzgado de lo Penal número 2 de León los haya absuelto por la muerte de seis mineros en en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en 2013. La sentencia, que tardó en llegar más de dos años y medio desde que el juicio quedase visto para sentencia, eximió también de responsabilidad civil a la compañía minera, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuir a los procesados delitos de homicidio imprudente, lesiones o vulneración de la seguridad laboral que se les imputaban.

La jueza concluyó que la causa más probable de la explosión fue un desprendimiento instantáneo e imprevisible de grisú y dio mayor validez a los informes técnicos presentados por las defensas frente a las tesis de las acusaciones, que sostenían que existieron fallos de seguridad y deficiencias estructurales en la explotación minera.

La demora provocó protestas y movilizaciones de familiares y compañeros de las víctimas reclamando una resolución judicial que, cuando llegó, dejó incomprensión y desolación. En marzo de 2026, la Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de León la sentencia absolutoria para los Del Valle y los otros 12 acusados por el accidente del pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el que murieron seis y resultaron heridos de distinta consideración otros ocho el 28 de octubre de 2013. El ministerio público solicitó la anulación tanto del fallo como del propio juicio y pidió que el caso volviera a celebrarse al considerar que la jueza realizó una valoración “irracional” e incorrecta de las pruebas técnicas y testimonios practicados durante la vista oral.

En su recurso, Fiscalía defendía que el debate no debía centrarse únicamente en la causa inmediata del escape de grisú, sino en si la tragedia podría haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. Por ello, cuestionaba aspectos como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa, además de reprochar que la sentencia otorgara mayor credibilidad a los informes aportados por las defensas frente a los elaborados por técnicos de la autoridad minera y por el perito judicial.