El PSOE de León, y el federal, mantienen su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prestado declaración este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra y en la pieza separada de las joyas localizadas en su oficina.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y 'ahijado político' de Zapatero ha expresado en la red social X que “mi confianza en José Luis Rodríguez Zapatero es plena”, asegurando que “la verdad se abrirá paso” en el doble proceso judicial al que se enfrenta el que también fue líder del PSOE leonés entre finales de los 80 y principios de los 2000.

Cendón ha pedido que “Ni ruido, ni linchamientos, ni condenas anticipadas. En democracia hay presunción de inocencia, respeto a la Justicia y Estado de Derecho”.

Comunicado de Zapatero

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional Zapatero ha emitido un comunicado en el que señala que ante las graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra tenía que acudir primero al juzgado a ofrecer su versión, añadiendo que “No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, explica.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”, finaliza el político leonés que ha sido el principal activo de la izquierda en los últimos años.

El PSOE federal también ha emitido un comunicado en el que señala que mantiene su apoyo al presidente Zapatero. “Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”, señalan.

“También seguimos reivindicando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Ese legado sigue plenamente vigente”, especifica la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Nuria Rubio cree “firmemente” en su inocencia

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, ha afirmado que cree “firmemente” en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que el daño que se le está intentando hacer al partido deriva “de ataques personales de agentes externos”, recoge la Agencia EFE.

“Para nosotros es muy duro lo que está viviendo el presidente Zapatero. Yo no me he ocultado nunca. Siempre he creído firmemente en él y creo que hay que respetar la presunción de inocencia como también creo que él se tiene que defender”, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en León al ser preguntada por esta cuestión.

Rubio ha agregado que el PSOE respetará las decisiones judiciales y ha lamentado que haya muchos compañeros de partido que están viviendo procesos judiciales debido a esos ataques externos. En este sentido, ha recordado la sentencia que le dio la razón al secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, “después de casi dos años de injurias y calumnias que ha sufrido porque le intentaron meter en una trama”.

Una acusación que “se utilizó políticamente, también por otros partidos, para intentar dañar su imagen y su prestigio”, ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha contestado en esta jornada solo a preguntas sobre el caso Plus Ultra, rechazando las de la investigación sobre las joyas en su despacho hasta que reúna toda la documentación sobre su procedencia. El juez Calama no le ha impuesto ninguna medida cautelar, pese a las peticiones de Fiscalía y acusaciones populares, pero ha señalado que sus respuestas no disipan las sospechas contra él. 

La procesión del Corpus Christi celebrada este domingo en León capital tuvo un momento poco habitual cuando se produjo la detención, por parte de la Policía Local de León, de una mujer que asistía a un momento del recorrido por increpar públicamente a una concejala que participaba en la comitiva. Sobre esta mujer pesaba una orden de alejamiento de carácter judicial respecto de la edil, que obliga a mantener una distancia que fue incumplida de manera flagrante por parte de la detenida.

Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo, en concreto cuando la procesión, con amplia representación de la Corporación municipal, discurría por las inmediaciones de la Plaza de Torres de Omaña, en el Casco Histórico de la ciudad. Según han confirmado fuentes oficiales a ILEÓN, la mujer profirió una serie de improperios en voz alta dirigidos personalmente a una concejala de la comitiva.

En ese momento la distancia entre ambas era escasa, por lo que algunos agentes del cuerpo municipal de Policía, que custodia siempre estos eventos, procedió a apartarla con cierta discreción. Y es que se pudo comprobar que que se trataba de la misma persona sobre la que pesa una orden de alojamiento respecto a la concejala. Como también ha podido contrastar este medio, esa orden judicial está vigente desde hace tiempo atrás a raíz de varias denuncias policiales que la concejala ha tenido que interponer por un alto número de encontronazos vividos, a raíz de las cuales el Juzgado determinó la medida del alejamiento.

La detenida ha pasado unas horas en dependencias policiales, en espera de la elaboración de las averiguaciones pertinentes y su posterior puesta a disposición judicial, todo ello sin que se vivieran momentos a priori peligrosos por la escena en plena vía pública, precisamente en parte a la rápida actuación policial para ponerle fin. La procesión del Corpus pudo continuar su recorrido tradicional sin mayores inconvenientes.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en cuestión el funcionamiento del sistema de iluminación instalado tras las obras de eficiencia energética en el edificio de los Tribunales de Instancia de Ponferrada, cuya recepción oficial se produjo en el mes de febrero de este mismo año 2026.

La actuación ha supuesto una renovación integral del inmueble, con mejoras en fachada mediante paneles de lana de roca, sustitución de carpinterías exteriores, renovación de cubierta con mayor aislamiento, incorporación de placas solares y la implantación de iluminación LED junto a sistemas de climatización y ventilación más eficientes.

Sin embargo, este sindicato, en nota de prensa, ha denunciado que el uso cotidiano del edificio presenta importantes problemas derivados del sistema de iluminación basado en sensores de movimiento y luminosidad, que provoca apagones recurrentes en despachos y oficinas.

Según este escrito, los trabajadores se ven obligados en ocasiones a realizar movimientos constantes —como levantarse o gesticular con los brazos— para reactivar la luz, lo que interrumpe el trabajo de forma reiterada. Estas incidencias se producirían tanto en ausencias temporales como en puestos individuales o en momentos de baja actividad en las oficinas.

El problema, añade la nota, se agrava en servicios de guardia o en procedimientos de Violencia de Género, donde las diligencias pueden prolongarse más allá del horario con luz natural. En estos casos, la falta de detección de movimiento provoca que el personal deba trabajar en condiciones de oscuridad o iluminación insuficiente.

El documento también señala que el sistema combina detección de presencia y luminosidad, lo que en determinadas situaciones impide una iluminación estable incluso cuando hay personal trabajando en el interior de las dependencias.

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Astorga, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Local de la ciudad, han detenido a cinco personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial y de contrabando tras intervenir productos falsificados en el mercadillo semanal de la localidad. El número de prendas ha sido abrumador, estimándose al final una tonelada de ropa, mucha de ella de equipaciones deportivas.

La actuación forma parte de la denominada Operación Bastión, una investigación desarrollada durante los últimos meses para combatir la comercialización de prendas falsificadas en distintos puestos textiles instalados tanto en el mercado de Astorga como en otros mercadillos de localidades próximas.

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas se iniciaron tras diversas denuncias y labores de vigilancia que permitieron acreditar la venta de artículos supuestamente falsificados. Durante las inspecciones previas se levantaron actas y se identificó a los responsables de varios puestos donde se ofertaban prendas de vestir como sudaderas, pantalones y camisetas.

La fase final de la operación se llevó a cabo a primera hora de la mañana del pasado martes 9 de junio, que es el día grande del mercado semanal de Astorga. Se organizó un dispositivo coordinado en el que participaron efectivos de los tres cuerpos implicados. Se centró en cuatro puestos de venta y siguió los protocolos establecidos por el Servicio de Vigilancia Aduanera para verificar la posible comercialización de productos que vulneraban los derechos de propiedad industrial.

Como resultado de la intervención, los agentes incautaron aproximadamente una tonelada de mercancía presuntamente falsificada y cuatro furgonetas utilizadas para el transporte de los productos.

Los cinco arrestados fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para prestar declaración. Posteriormente quedaron en libertad, aunque deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Astorga, en su sección de instrucción, que se encargará de continuar con la tramitación del procedimiento judicial.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser, ha presentado esta semana la Memoria Judicial 2025, un documento que es a la vez un análisis del estado de la Justicia en la comunidad autónoma y sus partidos judiciales elaborado por los propios jueces y magistrados con mando en plaza.

La reforma judicial en marcha ha implicado este año un cambio de nombres pasando a integrar los antiguos Juzgados de Instrucción individuales como Tribunales de Instancia por partido judicial, subdivididos a su vez en secciones por temática judicial. En la práctica significa que, a modo de ejemplo, el antiguo Juzgado de Instrucción Penal 1 de León ahora se llama “Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 1”. Estos cambios y la insuficiencia de recursos son algunas de las quejas que se exponen en los informes elaborados desde León para los siete partidos judiciales de la provincia.

Más jueces, o no

En el informe sobre la situación de la provincia de León se analiza la estadística de casos que entran a los juzgados, los que se resuelven y los que se ejecutan para realizar las peticiones de más medios, o no. La planta judicial básica de la provincia se compone de 47 plazas: 28 en los juzgados del partido judicial de León, 12 en los juzgados de Ponferra, dos en La Bañeza y dos en Astorga y uno en Cistierna, Villablino y Sahagún.

En el caso concreto del Tribunal de Instancia y Juzgados de León se solicitan un mínimo de cuatro jueces nuevos. En concreto se pide nos nuevas plazas de jueces para la Sección Civil para reforzar las ocho que ya hay por la alta afluencia de casos. Además de reclama la creación de una nueva Sección Mercantil, bien creando dos plazas nuevas o como mínimo transformando la la actual plaza nº 8 de la Sección Civil junto con otra plaza de nuevo juez en esa sección.

En materia Penal se demandan la cración de de una nueva plaza en la Sección Penal en León, así como mantener las medidas de refuerzo actuales con un juez de adscripción territorial.

Por su parte la Audiencia Provincial de León pide al menos un nuevo juez para las dos Secciones Civiles por el alto volumen de casos y solicita que se cree una plaza de Presidente para poder dividor la Sección Penal en dos distintas, que no supone necesariamente un juez más. También solicitan mantener el juez de refuerzo.

En el partido judicial de Ponferrada se pide también, aunque no a corto plazo, que se valore crear la creación de un nuevo juzgado de instrucción, civil, ya que “Las exigencias de atención del servicio de Juzgado de Guardia y el limitado número de Juzgados de Instrucción resultantes de la separación de jurisdicciones aconsejan en un futuro la creación de un nuevo órgano o plaza judicial de esta clase”. Lo que sí se solicita son refuerzos al volver a asumir los conflictos bancarios y de apoyo al juzgado con competencias exclusivas en materia de Violencia sobre la Mujer.

Lo que también solicita Ponferrada es que se cree una plaza judicial de lo Contencioso-Administrativo “Considerando la disponibilidad de espacio físico en la sede judicial y la tasa de litigiosidad de naturaleza contencioso-administrativa de la comarca”, que creen puede ayudar “a descongestionar la importante carga de trabajo de los Juzgados de esta clase con sede en la ciudad de León y que aproximara esta jurisdicción a los profesionales y ciudadanos del partido judicial”. Y solicitan un segundo equipo psicosocial o que se valore un refuerzo desde León habida cuenta del número de casos en los que intervenir.

El número de casos en los juzgados de Sahagún, Cistierna, Astorga, Villablino y La Bañeza se encuentran por debajo de la media por lo que “no se estima imprescindible el incremento de la planta ni la adopción de medidas de refuerzo”.

Más funcionarios

Los problemas derivados del nuevo sistema judicial y en particular de la ejecución de sentencias lleva a que los jueces de la provincia planteen la necesidad de hasta 12 funcionarios más.

La Audiencia Provincial de León exige con carácter de urgencia 3 nuevas plazas para su oficina judicial, con el fin de resolver la insuficiencia de plantilla y el agravio comparativo frente a otras provincias con menor carga de trabajo, señalando en concreto que la comparativa entre Burgos y León es muy llamativa.

Para el Tribunal de Instancia de León (Sección Civil) los magistrados proponen la designación de 4 funcionarios más, ya que consideran insuficientes los 8 funcionarios de referencia actuales tras haber asumido nuevas tareas procedentes de las antiguas unidades de apoyo.

En el partido judicial de Ponferrada se requiere ampliar la plantilla con un funcionario más para la sección civil (tramitador procesal) para compensar el desequilibrio generado tras la separación de jurisdicciones. Además solicitan también como prioridad la ampliación de la plantilla del Registro Civil con al menos un funcionario más. Y para el Servicio Común de Ejecución de Ponferrada se solicita un refuerzo indispensable de al menos 3 funcionarios adicionales para poder asumir las nuevas tareas de asistencia directa a jueces y magistrados que exige el nuevo modelo organizativo

'Sala Amable' o 'Gesell'

Una petición recurrente es la habilitación de una 'Sala Amable' o cámara 'Gesel'. Es un espacio cuyo objetivo es humanizar el sistema judicial y ofrecer un entorno seguro, neutro y adaptado para proteger el bienestar de menores, adolescentes y personas con discapacidad. Esta sala evitaría la victimización secundaria y minimizaría el impacto emocional cuando estos grupos vulnerables tienen que comparecer en el juzgado para la práctica de pruebas preconstituidas, exploraciones, valoraciones psicosociales o entrevistas forenses.

Ponferrada también pide una sala de este tipo, recordando además que hay sobre la mesa desde abril del 2025 una propuesta para su ejecución con un bajo coste, “aunque se confía en que la petición sea atendida dado el escaso coste que supone y las innegables ventajas y beneficios que ofrecería la creación de este recurso”.

La Audiencia Provincial de León se queja en un informe anual del restraso para la puesta en marcha de esta sala por restraso en las obras, “Aún no está habilitado el espacio acondicionado para los menores y la grabación de las pruebas preconstituidas en el edificio de la Audiencia, si bien las obras han finalizado y se encuentra en la última fase, con importantes defectos que deberán solventarse y un retraso vinculado a las obras en el resto del edificio”.

Incorporar Villablino a El Bierzo

El informe anual plantea desde el Tribunal de Instancia de Ponferrada la propuesta de integrar el partido judicial de Villablino en el de Ponferrada buscando lograr una mayor especialización de la respuesta judicial y la optimización de los recursos disponibles en las comarcas de El Bierzo y Laciana.

Entre las aportaciones positivas que se citan, una vieja propuesta que vuelve, es que actualmente, la prestación del servicio de Juzgado de Guardia en Ponferrada recae sobre tan solo tres Juzgados de Instrucción, lo que supone una carga de trabajo muy elevada. Al integrar Villablino, su juzgado pasaría a convertirse en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, lo que aliviaría y equilibraría significativamente la carga de trabajo entre los distintos órganos judiciales.

Para asegurar que esta integración no aleje la justicia de los ciudadanos, el planteamiento sugiere mantener la sede de Villablino como una Oficina de Justicia Municipal dotada de personal funcionario. De este modo, los habitantes de la zona podrían seguir presentando escritos, realizando trámites presenciales y conectándose telemáticamente con la sede judicial berciana.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de renombrar la demarcación como “partido judicial de Ponferrada y Villablino”. Aunque esta iniciativa no fue acogida inicialmente por el Ministerio de Justicia ni por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la memoria insiste en que es un escenario futuro de gran utilidad que no debería caer en el olvido

Fotocopiadora que no funciona

Una de los resúmenes del año judicial más curiosos corresponde al Juzgado de Sahagún, ahora Tribunal de Instancia de Sahagún, donde su titular ha resumido las necesidades e incidencias de la demarcación judicial facundina de una forma bastante coloquial pero que, habida cuenta de lo enrevesado a veces del lenguaje judicial, sirve para entender lo que sucede a todo el mundo.

En ella relata cómo, por distintas incidencias, se ha tardado casi tres meses en activar de forma correcta el número de teléfono de guardia judicial, desde que la tarjeta SIM se haya enviado mal a que se tarde en recibir 15 días y hasta tener que poner su teléfono personal durante más de un mes para acoger las llamadas desviadas.

Y dejaba para el final un problema que se alargaba en el tiempo en el momento de redactar el informe anual, “La sede del tribunal, dispone una fotocopiadora, si bien hace tres semanas que esta estropeada y todavía no han venido a arreglarla habiéndose dado la correspondiente incidencia”.

Y llamativo es que el Presidente del Tribunal de Instancia de Ponferrada, hace una defensa por escrito de la labor del personal adscrito a los juzgados, “La labor callada, en ocasiones poco reconocida, de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia, que prestan su apoyo insustituible y necesario a la labor jurisdiccional de Jueces y Magistrados, obliga a reconocer, aunque sea al menos desde estas letras, que las tasas de resolución de la actividad judicial y su buena marcha son igualmente el fruto de su esfuerzo y dedicación, lo que es prueba de la profesionalidad de estos colectivos, de su implicación personal y de su vocación sincera de servicio a las personas, debiendo lamentar el constante sobreesfuerzo al que se les ha sometido durante el año 2025 debido al aluvión de cambios organizativos y logísticos que de forma imprevista, cuando no improvisada, se han impuesto a su labor, sin contar con ellos e incluso a veces en contra de sus intereses legítimos”.

La Guardia Civil ha detenido en la comarca de La Bañeza, en la provincia de León, a un hombre de 53 años de edad como presunto autor de un delito continuado de daños. Está acusado de ser el autor de numerosos y graves desperfectos en un total de catorce vehículos que estaban estacionados en varias calles, así como en una vivienda, utilizando para ello un enorme hacha de 50 centímetros de longitud.

La investigación se inició tras una llamada telefónica a las dependencias de la Guardia Civil que alertaba de que el ocupante de una furgoneta estaba causando, por motivos desconocidos, daños en varios vehículos de un pueblo de la comarca de La Bañeza, el cual no se detalla en la nota de prensa remitida por la Subdelegación del Gobierno de León.

Una patrulla llegada al lugar consiguió identificar al conductor y único ocupante del vehículo sospechoso, el cual portaba en su interior el hacha con la que supuestamente se causaron los daños. El arma fue intervenida.

Durante el desarrollo de la investigación se recabaron diversos indicios y pruebas que permitieron determinar la presunta participación del identificado en unos actos vandálicos que afectaron, en el recuento final, a un total de catorce vehículos y a un inmueble de la localidad. Como es lógico, dada la violencia utilizada, los hechos habían generado un gran temor entre los vecinos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el hombre pasó a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, en funciones de guardia.

No será este articulista quien entre a juzgar la actuación de los jueces, ya saben, ese Tercer Poder cuyos miembros, incluso cuando aciertan ‘fallan’, por más que algunas de sus acciones, autos y sentencias chirríen. Más como en altas instancias es una pugna descarnada entre magistrados conservadores y progresistas, confiemos que el criterio de justicia prevalezca y la razón y la verdad resplandezca sin tintes políticos.

Este artículo quisiera comentar un detalle que al parecer ha pasado bastante desapercibido y en el que los jueces sólo han sido una derivada del asunto principal. Una jueza de la capital pucelana ha sentenciado a la revista satírica El Jueves a resarcir a la Fundación Abogados Cristianos, que tiene su sede en Valladolid –siempre Valladolid en todas las salsas–, con la cantidad de seis mil (6.000) euros que se desglosan en dos epígrafes. Dos mil (2.000) euros para la entidad y cuatro mil (4.000) euros para la presidenta de la misma, Polonia Castellanos, que, cosa curiosa, también es de Valladolid. 

Polonia Castellanos, al parecer, es hija de zamoranos y es fundadora de esta formación ultracatólica que hace declaraciones de este jaez según la prensa nacional: “El mal no descansa ni los fines de semana ni en verano. Nunca”. Esta señora, al frente de su fundación, interpone querellas a todo aquello que pueda ser tenido por injurioso, difamatorio o atentatorio contra la religión católica y así, en los dieciocho años de andadura de los Abogados Cristianos ha hecho pasar por el juzgado a personajes públicos e instituciones con tan poco éxito como abundante repercusión mediática. Por no ser tildado de anticlerical, ni siquiera traeré a colación lo de la aconfesionalidad del Estado Español. 

La parte demandada, la revista el Jueves, ha sido demandada por calificar a la señora Polonia de ‘gilipollas del año’ motivo por el que ha sido condenada –la señora no, la revista – por un delito contra el derecho al honor. Tras abonar los seis mil euros mencionados, a la editorial se le ha ocurrido hacer eso que ahora se llama un crowdfunding, palabreja que podría ser sustituida con ventaja por términos como ‘colecta’ o ‘micro mecenazgo’. Sea como fuere, un responsable del sector demandado ha declarado con desahogo, que han recaudado una cantidad suficiente para pagar la deuda y poder volver a utilizar calificaciones similares, así como a publicar otras sátiras religiosas, amén de haber visto incrementada su tirada mensual.

Publicaciones satíricas españolas

Sucede que, a mediados del siglo XIX y principios del XX, proliferaron en España publicaciones cáusticas contra todos los estamentos del país que muy probablemente hoy serían reprimidas con inusitado rigor por la judicatura nacional a juzgar por los resultados de la controversia surgida entre el Jueves y Abogados Cristianos. Si revistas como La Flaca o Gedeón, por poner sólo un par de publicaciones críticas con el poder imperante, o algunas otras como la decimonónica ‘Los Borbones en pelota’, colección de láminas descarnadas sobre la ‘licenciosa’ vida sexual de Isabel II, se publicaran hoy, no quiero pensar las penas que podrían imponerles. 

Isabel II estuvo casada con Francisco Asís de Borbón, hombre tenido por afeminado e impotente, y de quien se dice que llegó a decir que en la noche de bodas llevaba más bordados en su camisón que ella misma. La pareja tuvo doce hijos además de numerosos abortos y según diversos cronistas, varios de ellos eran de distinto padre. Se comentó que había tenido relaciones con diversos generales, como O'Donell o Serrano, el general bonito, y otros miembros del escalafón militar, así como ministros y otras personalidades de la vida pública del momento. Incluso se dijo que Alfonso XII era hijo del noble valenciano Enrique Puigmoltó y Mayans. La reina fue nombrada como la Reina Ninfómana.

El comportamiento de esta reina motivó duras críticas hasta el extremo que vio la luz la publicación de las ilustraciones citadas, cuya autoría se le atribuye –quien sabe si acertadamente– a un hermano de Gustavo Adolfo Becker y a el mismo. En las ilustraciones no se deja nada a la imaginación, se caricaturiza a su regia persona y a un extenso elenco de ‘presumibles’ amantes, siempre con desnudos y en obscenas posturas. Reproduce escenas subidas de tono y a veces con un trasfondo de grotesca pornografía.

¿Más libertad de expresión en el siglo XIX que en el XXI?

Si ahora rebobinamos todo lo expuesto –ruego a todo lector que compruebe la veracidad de cuanto aquí se ha vertido– se imponen, así, a bote pronto, una conclusión y una pregunta. La conclusión es que en España, la libertad de expresión era muy superior en el siglo XIX que en pleno siglo XXI. Las publicaciones críticas del momento no fueron censuradas ni perseguidas. La pregunta se hace inevitable: ¿Si una sentencia judicial condena a pagar seis mil euros por llamarle ‘gilipollas del año’ a una señora, cuál sería la pena por sacar a la reina de España desnuda y realizando el acto sexual con diversas personalidades de la vida pública española? ¿Alcanzaría con una pena pecuniaria?

Cabe pedirles a los jueces coherencia y ecuanimidad al juzgar a ‘diestros’ y ‘siniestros’ cuando aplican la legalidad vigente, que eso y no otra cosa es la ley. Lo de la Justicia es cualidad innata en las personas, aunque a veces se omita o se haga por ignorarla. Y como corolario, tiéntense la ropa los que suspiran por escindir el territorio de León del territorio castellano, porque me temo que podrían querellarse los Abogados Cristianos vallisoletanos alegando que nuestras aspiraciones contravinieran los mandatos bíblicos y los principios religiosos. 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

Una mujer leonesa ha visto confirmada su condena por apropiarse de más de 55.000 euros que formaban parte de la herencia de su hermana fallecida y ocultar ese dinero al resto de familiares con derecho al reparto. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) considera probado que vació las cuentas compartidas con la fallecida, trasladó el dinero a una cuenta bajo su exclusivo control y trató de impedir que el resto de herederos conocieran la existencia de esos fondos.

La resolución mantiene la pena de un año de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de León, así como una multa de seis meses. Además, introduce una novedad relevante: declara a Caixabank responsable civil subsidiaria al entender que empleados de la entidad permitieron operaciones que no deberían haberse autorizado.

Los hechos se remontan a 2015. Tras el fallecimiento de una mujer que no había otorgado testamento, debía repartirse una herencia en la que figuraban una cuenta bancaria y un depósito de capital compartidos con una de sus hermanas. Entre las dos cosas, la cuantía a repartir ascendía a más de 111.000 euros.

Según recoge la sentencia, apenas unos días después de la muerte, la hermana cotitular comenzó a retirar fondos. Primero extrajo 6.000 euros en efectivo, después otros 5.000 euros, sacó además 4.000 euros del depósito asociado y finalmente transfirió 96.000 euros a una cuenta de la que era la única titular. De esta forma dejó completamente vacíos los productos financieros compartidos.

Meses más tarde, cuando se inició la tramitación de la herencia y la liquidación del impuesto de sucesiones, la mujer elaboró un inventario de bienes en el que no incluyó ni la cuenta bancaria ni el depósito. Para los tribunales, esa omisión no fue un error, sino una actuación deliberada para quedarse con ese dinero y evitar que el resto de familiares recibieran la parte que les correspondía.

La ocultación acabó generando además problemas económicos para otros miembros de la familia. Años después, la Agencia Tributaria descubrió la existencia de los bienes no declarados y exigió liquidaciones complementarias del impuesto de sucesiones. Una hermana de la fallecida tuvo que abonar más de 3.300 euros, mientras que dos sobrinas afrontaron pagos adicionales superiores a 1.500 euros cada una.

La Audiencia Provincial de León ya había condenado a la acusada por un delito de apropiación indebida agravada al considerar que la cantidad apropiada superaba los 50.000 euros. Además de la pena de prisión y la multa, la sentencia le obligó a devolver a la herencia 55.948,66 euros y a indemnizar a los familiares perjudicados por las consecuencias fiscales derivadas de la ocultación.

La defensa recurrió posteriormente la condena alegando que no existía apropiación indebida, que parte del dinero le pertenecía por ser cotitular de las cuentas y que la cantidad realmente perjudicada era inferior al límite exigido para aplicar la agravante. También sostuvo que los hechos habrían prescrito.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia rechaza todos esos argumentos. Los magistrados consideran acreditado que la mujer actuó como propietaria exclusiva de unos fondos que debían formar parte de la herencia y recuerdan que, además de vaciar las cuentas, ocultó posteriormente su existencia al resto de herederos.

La Sala también descarta que pueda beneficiarse de la excusa absolutoria prevista para determinados delitos patrimoniales cometidos entre familiares. Entre los perjudicados figuraban dos sobrinas de la fallecida, familiares que no están incluidos en los supuestos contemplados por esa excepción legal.

Respecto a Caixabank, el TSJ sí estima parcialmente el recurso presentado por las familiares perjudicadas. Los magistrados entienden que los empleados de la sucursal permitieron retirar y transferir la totalidad de los fondos pese a tratarse de una cuenta y un depósito de disposición mancomunada, para los que era necesaria la firma de ambas titulares.

Por ello, el tribunal revoca la absolución civil de la entidad bancaria y la declara responsable civil subsidiaria de las cantidades que deba afrontar la condenada. El resto de la sentencia queda íntegramente confirmado.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anuncia refuerzos en la plantilla actual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Castilla y León con tres nuevos profesionales: se trata de un psicólogo en Ávila, un educador social en Salamanca y un técnico de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en León.

La medida se incluye en un plan integral del Ministerio para mejorar la eficiencia de los antiguamente conocidos como institutos anatómicos forenses de las cinco comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia.

En total, se incorporarán 33 nuevos profesionales: 23 técnicos de equipos psico-sociales (psicólogos, trabajadores y educadores sociales) y 10 técnicos de autopsias. Su incorporación se iniciará el próximo mes de julio y supondrá un crecimiento del personal laboral del 15,6%.

El objetivo estatal es avanzar en la mejora estructural del personal laboral de estos Institutos, garantizando un servicio público eficaz, de calidad y acorde con la relevancia de su función: auxiliar a la Administración de Justicia mediante pericias del ámbito de la psicología, trabajo social y educación social en casos de violencia de género y sexual, guarda y custodia, etc., así como en la realización de autopsias judiciales.

El plan integral para los Institutos, en el que el Ministerio trabaja desde hace meses, incluye medidas organizativas para mejorar la eficiencia y homogeneidad en la elaboración de las periciales. Entre ellas, un nuevo modelo organizativo más eficiente y basado en un análisis exhaustivo de las cargas de trabajo, la aplicación de metodologías comunes de intervención y modelos de informes protocolizados y una mayor colaboración entre distintos Institutos de Medicina Legal, explican en un comunicado de prensa.

La funcionarización, en tramitación parlamentaria

El Ministerio también está comprometido con el proceso de funcionarización del personal laboral de los IMLCF, una medida incorporada ya en el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

La funcionarización permitirá dotar a estos profesionales de un estatuto homogéneo, reforzar su encuadre orgánico y funcional y avanzar en la consolidación de un modelo más cohesionado y estable, concluyen.

Una mujer leonesa ha sido absuelta del delito de descubrimiento y revelación de secretos del que le acusaba su exmarido tras haber señalado en el proceso de divorcio del matrimonio que su expareja pertenecía a los Testigos de Jehová. La Audiencia Provincial de León ha ratificado el pasado mes de abril la absolución previa dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de León, en un proceso que se remonta al año 2022

El conflicto legal se originó cuando la mujer presentó en el juicio civil de divorcio una fotografía de una carta manuscrita de su expareja sobre su vínculo que tenía con los Testigos de Jehová, lo que derivó a continuación en una denuncia por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Lo hizo, según los hechos probados, “con la finalidad de acreditar las circunstancias personales que determinaban un concreto reparto de bienes adquiridos durante el tiempo que se desarrolló la convivencia y la necesidad de pago de la pensión compensatoria, presentándose a través de su representación procesal como prueba en el ámbito restringido de un proceso judicial matrimonial”.

El tribunal confirma la sentencia absolutoria previa tras determinar que la acusada no obtuvo el documento de forma ilícita ni tuvo la intención deliberada de difundir información privada fuera del ámbito judicial. Los magistrados concluyen que el uso de dicha prueba en un proceso de liquidación de bienes no vulneró el derecho a la intimidad, ya que no se produjo una divulgación pública ni existió dolo criminal. Por tanto, la sala ratifica la inocencia de la recurrida y desestima la petición de nulidad o condena solicitada por el apelante.

“No consta -o al menos no se ha acreditado- que la recurrida se haya apoderado de modo torticero esos documentos a los que se alude en la querella y con la única finalidad de darlos a conocer a terceros”, señala la sentencia, que explica que “En todo lo caso (...) -lo que es crucial- no existen datos que la acción fuese consciente, deliberada, en suma, dolosa o intencional para transmitir a terceros (al margen de los argüidos en el procedimiento) ese dato personal”, explican.

Recuerdan los jueces que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere que la conducta sea consciente y deliberada para vulnerar la intimidad. En este caso, el tribunal consideró que no existen datos que demuestren una acción dolosa o intencional para transmitir datos personales a terceros fuera del procedimiento judicial. Por ello confirman la absolución al considerar que la actuación de la acusada no integraba el tipo penal debido a que el uso de la carta se limitó estrictamente a la defensa de sus intereses en un pleito familiar.

La Audiencia Provincial de León juzga este lunes 1 de junio a un joven acusado de traficar con drogas en Ponferrada y de agredir a un policía municipal cuando intentó huir de los agentes. La Fiscalía solicita para él una condena de cinco años de cárcel y una multa de 2.145 euros.

Los hechos se remontan a la madrugada del 5 de abril del año pasado. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, una patrulla de la Policía Municipal se acercó a un vehículo aparcado sobre la acera en la calle General Gómez Núñez de Ponferrada, en el que se encontraba el joven en el asiento de detrás. Los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior y procedieron a identificar al acusado.

Siempre según la versión de la Fiscalía, este trató de escapar para evitar de ser registrado y empujó a uno de los policías. El agente sufrió una contusión en una mano que requirió asistencia sanitaria y tardó cuatro días en recuperarse. Por ello, el Ayuntamiento de Ponferrada le reclama 73,75 euros por los gastos médicos derivados de esa atención.

Durante el cacheo, los agentes le encontraron diez pastillas de MDMA repartidas en dos bolsas, seis envoltorios de cocaína y varias bolsitas con marihuana y resina de cannabis que, según la acusación, llevaba ocultas entre los genitales. También le intervinieron 100 euros en efectivo y dos teléfonos móviles.

La droga incautada alcanzaría un valor superior a 680 euros en el mercado ilegal. La Fiscalía considera que las sustancias estaban destinadas a la venta o distribución a terceros, por lo que le atribuye un delito contra la salud pública.

Además, el acusado ya había sido condenado en 2024 por la Audiencia Provincial de Madrid por otro delito de tráfico de drogas. Aquella sentencia le impuso una pena de cuatro años y un día de prisión cuya ejecución había sido suspendida poco antes de los hechos ahora juzgados. Por este motivo, la acusación aprecia la agravante de reincidencia.

Junto al delito de tráfico de drogas, la Fiscalía lo acusa también de atentado contra agente de la autoridad y de un delito leve de lesiones. En total solicita cinco años de cárcel, una multa económica y el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Durante el juicio declararán el acusado, varios policías municipales que participaron en la intervención y los peritos que analizaron las sustancias intervenidas. También se visionarán las grabaciones incorporadas a la causa.

Las Facultades de Derecho de toda España han reivindicado en la Universidad de León una aplicación ética y humanista de la inteligencia artificial en la formación jurídica y en la futura Administración de Justicia, durante la celebración de la XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho, que reúne en la capital leonesa a representantes de más de 70 universidades públicas y privadas.

El acto inaugural contó con la participación del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, quien defendió la incorporación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al ámbito jurídico “con plenas garantías de seguridad jurídica” y desde una visión “humanista”, centrada en la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

Olmedo vinculó además varios de los debates de la Conferencia con las líneas estratégicas impulsadas por el Ministerio, como el avance hacia un lenguaje jurídico claro y comprensible para la ciudadanía, la modernización tecnológica de la Justicia y el fortalecimiento de las clínicas jurídicas como espacios de formación práctica y apoyo a colectivos vulnerables.

Durante las jornadas se insistió en que la IA puede agilizar tareas técnicas y procesales en cuestión de segundos, pero que sigue siendo imprescindible que los futuros juristas desarrollen capacidades como el pensamiento crítico, la ponderación de principios constitucionales o la resolución de dilemas éticos complejos.

En esa línea se expresó el presidente de la Conferencia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, quien defendió que las facultades deben centrarse en enseñar aquello que la inteligencia artificial “no domina”: “pensar, dudar y decidir”.

La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE, María José Vieira Aller, destacó por su parte la necesidad de reforzar la cooperación entre universidades para afrontar los retos tecnológicos, sociales y normativos que afectan a la enseñanza del Derecho.

La conferencia también aborda el papel de las clínicas jurídicas universitarias, concebidas como espacios de asesoramiento gratuito a colectivos vulnerables y como herramientas docentes frente al impacto de la inteligencia artificial. Los coordinadores del grupo de trabajo sobre esta materia defendieron que estos espacios favorecen “la reflexión, la inmediatez en la comunicación entre alumnado y docentes, el trabajo honesto y la responsabilidad”.

Otro de los ejes centrales del encuentro es la apuesta por un lenguaje jurídico “claro y preciso”. El grupo de trabajo encargado de esta materia considera que la claridad del lenguaje jurídico es un elemento esencial del Estado de Derecho, por su relación directa con la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el acceso real de la ciudadanía a la comprensión del Derecho.

Además, la Conferencia analizará el estado actual de los estudios jurídicos dos décadas después del proceso de Bolonia. Entre las conclusiones preliminares figura la heterogeneidad de los planes de estudio, la escasa presencia de materias humanísticas y la necesidad de reforzar la formación en deontología jurídica y actualización tecnológica.

El acto inaugural estuvo presidido por la decana de la Facultad de Derecho de la ULE, Susana Rodríguez Escanciano, y contó también con la presencia del alcalde de León, José Antonio Díez; el Procurador del Común, Tomás Quintana; y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, entre otros.

Ocho años después de una primera denuncia judicial, la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, y desde hace un año líder de Unión del Pueblo Leonés (UPL), queda totalmente liberada de una causa judicial que la perseguía desde entonces, a cuenta de su postura en contra de poner en marcha el cuerpo de Policía Local en el municipio leonés, como reclamaban los denunciantes.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha confirmado íntegramente el sobreseimiento provisional y archivo de la causa seguida contra Gallego, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental. Ocurre así al desestimar ya en última instancia el recurso presentado por la Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León (AVIMUCYL) y concluye “que no existen elementos suficientes para mantener la acusación penal”, remarca hoy esta formación política en una nota de prensa.

La asociación había presentado un recurso de apelación frente al auto de sobreseimiento dictado por la Sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza-León ya en enero de 2025 y cuyo origen se sitúa en la denuncia presentada en noviembre de 2018 por los tres vigilantes municipales de Santa María del Páramo ante la Fiscalía de León, que la remitió al Juzgado de La Bañeza.

La Audiencia Provincial concluye ahora con claridad que, tras la práctica de numerosas diligencias de investigación, no concurren elementos suficientes para sostener la existencia de delito, ni de prevaricación, ni de falsedad documental.

La resolución recuerda expresamente que la causa ha permanecido abierta durante cerca de seis años, la anterior denuncia archivada de la misma asociación se remonta a ocho años atrás. Resalta, según el comunicado, que durante ese tiempo se practicaron “abundantes diligencias de investigación”, incluyendo documentación administrativa, informes oficiales y numerosas declaraciones testificales.

El texto recoge que a la luz de dichas diligencias cabe “excluir la existencia de hechos susceptibles de calificación penal, ni menos aún, de atribuir implicación alguna en los mismos de la denunciada, pues debe insistirse, que nos encontraríamos ante un conflicto profesional, o incluso personal, entre los entonces denunciantes, integrados en la asociación que ejerce la acusación popular; resultando suficientes, a juicio del instructor, las diligencias de investigación practicadas, las cuales permiten excluir la relevancia jurídico penal de los hechos”. Y abunda el auto en que podrían tratarse alguno de los hechos de meras facultades dentro del uso de las tareas propias del ejercicio de las labores del gobierno municipal.

Conflicto previo y “enemistad”

La resolución judicial recoge la existencia de un contexto de conflicto previo entre las partes, al señalar que en las declaraciones testificales se apreciaban “ciertos motivos de enemistad” y una “mala relación” vinculadas al conflicto abierto por la creación de un cuerpo de Policía Local y otras discrepancias en el funcionamiento municipal. Por eso, la sala concluye que el asunto responde más bien a un conflicto profesional, e incluso personal, que a un relato penalmente consistente.

Además, el propio Tribunal recoge que la pretensión de creación de un cuerpo de Policía Local, en un contexto en el que solo existían vigilantes municipales, fue sometida a la Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, resuelta en sentido desfavorable, de modo que dicha posibilidad quedó judicialmente descartada y no fue un capricho de la alcaldesa.

UPL valora que esta decisión “no solo archiva definitivamente una causa prolongada e infructuosa, sino que avala la actuación de Alicia Gallego frente a unas acusaciones que no han resistido el contraste judicial”. “En un contexto político donde durante años se ha intentado convertir una discrepancia administrativa y laboral en una imputación penal, el Auto pone fin a una estrategia y devuelve el debate al terreno que realmente le corresponde: el de la política municipal y la gestión pública”, concluyen.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado este miércoles un auto de ejecución forzosa de sentencia mediante el que se impide la subida del ganado asturiano, de Mieres, al Puerto de Pinos, en la provincia de León. Se trata de una decisión que han celebrado las juntas vecinales leonesas afectadas de la comarca de Babia, con derechos históricos de pasto, ante la inminencia de la fecha para que las reses mierenses subieran habitualmente otros años.

De todos modos, la medida llega cuando, sobre el papel, el ganado de Mieres no dispone de las obligatorias guías que debe otorgar la Junta de Castilla y León, que este año, como el pasado, decidió denegarlas tras la última sentencia de altos tribunales que zanjaba que a pesar de que Pinos es propiedad del Concejo hace un siglo, no puede ejercer competencia alguna en otra provincia y autonomía, como es León. Sin embargo, la Junta sí da el parabién al ganado babiano, de las cuatro juntas vecinales del Ayuntamiento de San Emiliano, que llevan tiempo pastando allí.

Según ha dado a conocer en un comunicado el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, el juzgado ovetense ha dictado auto sobre sentencia firme, estimando íntegramente la solicitud de ejecución urgente presentada el lunes por las juntas vecinales de Babia. Y ha advertido al Ayuntamiento de Mieres de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir por acción u omisión al desobedecer el mandato judicial. Las pedanías de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán presentaron ese escrito porque está prevista para esta semana la subida de animales de Mieres a los terrenos de Pinos, situado en el término municipal de San Emiliano, en Babia, pese a las últimas resoluciones judiciales.

Las juntas vecinales, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el Ayuntamiento de San Emiliano y la Asociación Montaña de Babia y Luna, por medio de su representante legal, han calificado este auto de ejecución forzosa de sentencia como “el espaldarazo definitivo a las reclamaciones históricas” planteadas por estas entidades.

Esta exigencia del cumplimiento de la sentencia, según recoge el auto, se hace extensible a la Guardia Civil a través de requerimientos expresos cursados por el juez a las Subdelegaciones del Gobierno de Asturias y de León, así como a las Unidades Veterinarias de Pola de Lena y de Villablino. Ya el año pasado, no disponiendo los ganaderos de las guías de Castilla y león, recibieron denuncias de la Guardia Civil, que la administración autonómica todavía tramita con las correspondientes sanciones.

Cien años de lucha por los pastos

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia por la titularidad y el aprovechamiento de 900 hectáreas de pastos situados en territorio leonés.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que siempre han favorecido a las pedanías leonesas.

La última decisión fue la del Tribunal Supremo que el pasado abril inadmitió el recurso de casación ante el Supremo del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

Cien por cien con Zapatero. El secretario provincial del PSOE de León y diputado nacional por la provincia, Javier Alfonso Cendón, ha vuelto a salir casi una semana después su imputación judicial por un presunto caso de corrupción en defensa del expresidente del Gobierno leonés José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo ha hecho cargando contra lo que considera que son “juicios mediáticos”, “sentencias mediáticas” y “condenas mediáticas”, por lo que reclama un respeto a la presunción de inocencia.

Durante su intervención en la tertulia política de Radio León-Cadena Ser, el dirigente socialista reiteró “todo el apoyo” al expresidente leonés, del que ha sido valido político constante, y cuestionó el tratamiento político y mediático que está recibiendo el caso desde que trascendió la sorprendente decisión judicial de la Audiencia Nacional.

“Lo primero trasladar públicamente de nuevo todo el apoyo al presidente Zapatero, una persona a la que conozco tanto en lo personal como en lo político y creo que es una persona sin tacha de ningún tipo”, afirmó Cendón, quien añadió una “crítica clara a las personas y a los medios de comunicación que han intentado hacer juicios mediáticos en un momento en el cual él todavía no ha tenido la oportunidad ni de defenderse”.

El secretario provincial del PSOE insistió en que otorga “total credibilidad” a las explicaciones ofrecidas por el expresidente y sostuvo que se está produciendo una condena pública anticipada. “No ha podido defenderse, pero ya es tarde”, lamentó, antes de reivindicar que conoce “de manera notable” tanto la trayectoria pública como la vida privada de Zapatero. “Conozco cómo ha vivido, cómo vive y creo evidentemente que se merece un respeto”, añadió.

“En democracia está un poco feo”

Cendón aseguró además que el expresidente mantiene una actitud de “colaboración absoluta con la justicia” y reclamó al resto de fuerzas políticas y a determinados medios de comunicación prudencia mientras avanza el procedimiento judicial. “Eso de hacer condenas mediáticas y sentencias mediáticas en una democracia está un poco feo”, afirmó.

El dirigente leonés también aseguró percibir un respaldo interno unánime dentro del PSOE hacia el expresidente del Gobierno. “Yo sinceramente veo al partido desde el presidente del Gobierno y secretario general hasta los militantes y gente en la calle que me para y me lo dice claramente dando un apoyo claro al presidente Zapatero”, señaló.

En ese contexto, volvió a insistir en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y vinculó la situación con experiencias personales vividas durante su propia trayectoria política. “Veo palabras fuera de lugar, condenas mediáticas y yo creo que hay que respetar la justicia, hay que respetar a las personas, que se expliquen, la presunción de inocencia”, sostuvo. “En mi mismo caso el otro día hablamos. Yo tuve la mala suerte de tener algunas personas que me intentaron difamar, que dijeron de todo y que al final la justicia me dio la razón”, añadió.

Por ello, reiteró que “los juicios mediáticos no se deben tolerar ni consentir” y advirtió de que “con el Partido Socialista no cuenten para ello”. Y sacó a colación su reciente caso personal, en el que tuvo que denunciar, y finalmente ganó en los Tribunales, tras las críticas públicas de dos youtubers de extrema derecha a él mismo, relacionándole con el llamado 'Caso Tito Berni'.

Durante su intervención radiofónica, Cendón contrapuso además la actuación del PSOE con la de otras formaciones políticas en materia judicial y de corrupción. “A diferencia de otras organizaciones, de otras personas, el Partido Socialista y los dirigentes de mi partido siempre hemos colaborado y estamos colaborando con la justicia”, afirmó.

El secretario provincial socialista pidió además “prudencia” antes de “señalar a ninguna persona y a ningún partido”, especialmente, dijo, cuando las críticas proceden del Partido Popular. “Quiero recordar que es el único partido condenado en este país por corrupción”, concluyó.

La Audiencia Provincial de León ha dictado una resolución que aboca a tres profesores de la Escuela de Minas de la Universidad de León a un juicio con jurado por un presunto delito de malversación al rechazar la pretensión de los acusados de cierre de la causa, originada en una denuncia de la propia institución académica en el año 2023.

El tribunal rechaza el intento de anular la decisión judicial previa de llevar a un juicio con jurado a los tres profesores por el delito de malversación de caudales públicos, el principal que se les imputaba cuando se comenzó a investigar el caso. La Audiencia Provincial entiende ajustado a derecho que sea un jurado quién les juzgue, una circunstancia que se dio tras ser reclamada por la Universidad de León, que ejerce también la acusación particular. El Juzgado de Instrucción nº 5 de León había dictado el auto de procedimiento abreviado para llevarlos a un juicio oral normal, pero la institución académica recurrió que fuera por un jurado, que fue rectificado y aceptado por el propio Juzgado de Instrucción nº 5 de León. Los acusados habían solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa, que fue rechazado.

El caso se remonta al año 2023, cuando una auditoría encargada por la Universidad de León sobre la gestión de los llamados cursos de adaptación al grado en la Escuela de Minas desvelaron hechos presuntamente delictivos que fueron llevados a los tribunales. Estos cursos de adaptación al grado surgieron tras la extinción de los antiguos títulos españoles de diplomaturas y licenciaturas para adaptarse a los del Espacio Europeo de Educación Superior, en el conocido como ‘Proceso de Bolonia’. Mediante estos cursos, antiguos diplomados e ingenieros técnicos podían acceder a un título de grado mediante ‘cursos puente’ que en algunos casos aumentaban sus competencias profesionales.

La Escuela de Ingenieros de Minas de León se realizó la adaptación a los grados nuevos de las antiguas titulaciones de Minas y Topografía entre el 2012 y 2016 por los que pasaron casi 1.800 alumnos, seis veces más que los que convalidó la vecina Universidad de Oviedo, lo que supondría un manejo de fondos de más de tres millones de euros según la denuncia original.

Minas firmó un convenio con los colegios profesionales de Minas y de Topografía para la realización de los cursos, fijándose que la mitad de los ingresos obtenidos serían para la Universidad de León y el resto se lo quedaba el colegio para pagar gastos de los cursos y material para la Escuela, al no poder tener beneficios como colegio profesional. El convenio con Topografía era ligeramente distinto pero el método, exactamente el mismo. El proceso suponía abrir una cuenta corriente con firma mancomunada del colegio y de los responsables académicos, de cuya salida de fondos se origina la denuncia de malversación por varios miles de euros. Los acusados han negado en todo momento irregularidades y señalaron que el sistema fue idéntico al usado por otras universidades y otras titulaciones.

La Universidad de León consideró que los acusados “de forma aparentemente intencionada eligieron indebidamente un instrumento jurídico que les permitió utilizar sin control fondos públicos para aprovechar la 'oportunidad' que representaba la solución legal ofrecida a los ingenieros técnicos de cara a la obtención del Grado, adoptando a tal fin y de forma recurrente decisiones arbitrarias con el fin de favorecer la captación de alumnos, y por lo tanto la captación de fondos públicos con los que se lucraron, tanto ellos personalmente como su Departamento y Grupo de Investigación, así como terceras personas a través de familiares y entidades vinculadas”.

El procedimiento de la Universidad de León se dirigió inicialmente contra cuatro profesores que además ocupaban cargos de gestión de la Escuela de Minas, entre ellos su exdirector y exsecretario. En el procecimiento judicial se ha decretado el sobreseimiento provisional para uno de ellos.

La resolución de la Audiencia Provincial de León rechaza que el cambio de juicio oral normal a un procedimiento con jurado suponga un argumento para anular el proceso, sino que procede que el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, llamado Sección 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, siga el procedimiento adecuado previsto en la Ley del Tribunal del Jurado, llamando a las partes para que se pronuncien sobre este hecho. Posteriormente se decretaría el procedimiento, también susceptible de recurso, lo que puede alargar el procedimiento judicial.

La Audiencia Provincial de León juzgará este noviembre, durante ocho sesiones, uno de los mayores presuntos fraudes alimentarios y vinícolas destapados en España en los últimos años. La Fiscalía solicita penas de hasta 21 años de cárcel para los principales integrantes de una trama empresarial asentada entre Ourense y El Bierzo, acusada de adulterar vino de baja calidad, falsificar etiquetas y venderlo como si perteneciera a denominaciones de origen protegidas como Bierzo, La Mancha o Vino de la Tierra de Castilla y León.

La investigación arrancó en 2018 gracias a una denuncia presentada por responsables de la Denominación de Origen Bierzo tras detectar irregularidades en una bodega de Cabañas Raras. Aquella alerta llevó al Seprona de la Guardia Civil a descubrir una estructura empresarial mucho más amplia que, según el Ministerio Público, llevaba años operando de forma fraudulenta desde instalaciones en las provincias de León y Ourense.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este medio, la trama estaba encabezada por un matrimonio ourensano y su hijo de la familia de los Caride, considerados por la Fiscalía los máximos responsables de varias sociedades vinícolas como Compañía Europea Exportadora de Vinos SL, Compañía Vinícola del Sur de Europa SL, Bodegas Luis Caride SL o Ana Lamas SL. Para poder operar bajo el sello Bierzo y la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León habrían creado además la sociedad Compañía Exportadora Vinícola del Bierzo SL, instalada en Cabañas Raras, utilizada presuntamente como “puerta de entrada” al mercado berciano.

La Fiscalía sostiene que desde esas instalaciones se compraron masivamente vinos procedentes de Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y La Rioja para después embotellarlos y comercializarlos con etiquetados falsos o utilizando contraetiquetas oficiales de forma fraudulenta. Solo entre 2014 y 2019, el escrito cifra en más de 1,6 millones las botellas presuntamente comercializadas de manera irregular.

La Fiscalía sostiene que no era vino, sino un “sucedáneo”

La acusación describe hasta siete grandes modalidades de fraude: vinos embotellados por encima de las cantidades autorizadas, marcas que nunca tuvieron permiso para usar denominaciones protegidas, utilización ilegítima de tirillas oficiales en botellas distintas, uso indebido de la marca Tierra de Sabor y comercialización de vinos con falsas referencias a la DO La Mancha. Entre las marcas investigadas aparecen nombres como Cruz de Hierro, Viña Castelao, Bacelo, Castillo del Rey o Tuco y Nala.

Pero la parte más grave de la acusación no se limita al fraude comercial. El Ministerio Público sostiene que el producto final ni siquiera podía considerarse legalmente vino, sino un “sucedáneo”, tras ser manipulado mediante mezclas y añadidos prohibidos. Dos enólogos procesados habrían participado, según el escrito, en la transformación del producto utilizando agua, colorantes, aromas, azúcares no vínicos, alcoholes ajenos al vino y otros compuestos destinados a modificar artificialmente sabor, color o graduación.

Durante los registros realizados en mayo de 2019 se encontraron, según la investigación, edulcorantes, colorantes, ácidos y más de un kilo de natamicina, un antibiótico antifúngico cuyo uso está permitido únicamente en determinados quesos y embutidos, pero prohibido en vino. La Fiscalía considera especialmente grave la utilización de esta sustancia porque, aunque no provocaría intoxicaciones agudas inmediatas, sí podría generar resistencias a antibióticos en consumidores habituales.

Los investigadores advierten además del enorme daño reputacional que un caso así podría provocar en el sector vitivinícola español, especialmente en mercados internacionales. Parte del vino se exportaba al extranjero y las pesquisas detectaron una compleja red de etiquetado y distribución que daba apariencia de legalidad y trazabilidad a productos que, según la acusación, incumplían completamente las normas de origen y calidad.

La causa también señala a un impresor de Ourense, administrador de Gráficas Galegas SL, acusado de fabricar etiquetas, contraetiquetas y tirillas presuntamente falsas para las distintas marcas investigadas. Junto a él figura además un empresario lucense vinculado a Prior de Pantón SL, acusado de colaborar en la comercialización irregular de varias marcas de vino utilizando registros embotelladores y autorizaciones que no le correspondían.

La Junta de Castilla y León llegó incluso a ordenar el cierre y clausura de la actividad en las instalaciones de Cabañas Raras en 2017 por irregularidades sanitarias y de seguridad alimentaria, aunque, según la Fiscalía, la actividad continuó pese a la resolución administrativa.

En total, el Ministerio Fiscal acusa a los procesados de organización criminal, estafa agravada, falsificación continuada de certificados, delito contra la salud pública y delitos contra la propiedad industrial. Para los tres principales acusados solicita penas que suman 21 años de prisión, mientras que para el resto reclama condenas de entre cinco y 17 años, según el grado de participación atribuido a cada uno.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama indemnizaciones millonarias para las entidades perjudicadas: más de 284.000 euros para la DO Bierzo, 180.000 euros para la DO La Mancha y más de un millón de euros para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), calculadas a razón de un euro por cada botella presuntamente fraudulenta puesta en el mercado.

La investigación permitió también inmovilizar más de 26.000 botellas distribuidas en supermercados y cadenas comerciales de toda España, entre ellas Carrefour, Alcampo, Eroski, Gadisa o E.Leclerc.

El juicio oral, uno de los procedimientos penales más complejos instruidos en los últimos años en Ponferrada, llega ahora a su fase decisiva después de más de cinco años de investigación y trámites judiciales. La vista analizará si detrás de la aparente comercialización de vino con sellos de calidad se escondía realmente una red organizada dedicada a adulterar productos y falsificar su origen para venderlos masivamente dentro y fuera de España.

La autopsia practicada al cadáver del hombre de 78 años, vecino de Arganza, cuyo cuerpo fue localizado en una finca de las inmediaciones de su domicilio tras denunciar su familia su desaparición, ha desvelado fracturas en el cráneo. Unas heridas que a priori son incompatibles con una caída, según ha confirmado este viernes el delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen.

“Por lo tanto, se ha abierto una investigación con secreto sumarial”, pero “las unidades especializadas trabajan en esclarecer esta tragedia”, ha explicado Sen en declaraciones a los medios esta tarde en la apertura de la Feria del Vino de Cacabelos. “Esperemos que en los próximos días se pueda conocer qué ha podido ocurrir y esclarecer ese triste suceso”, ha trasladado el delegado del Gobierno en la comunidad.

La desaparición del hombre, identificado como Domingo S.M., de 78 años, fue denunciada por sus familiares, que dieron aviso a las autoridades tras no tener noticias suyas desde la tarde del domingo, con una denuncia que formalizaron ante la Guardia Civil ayer lunes, han confirmado las mismas fuentes.

Pocas horas después, el cadáver fue encontrado en una parcela próxima a la casa consistorial del municipio y a una zona de parque infantil, un entorno habitual para el hombre, que solía transitar por el lugar cuando llevaba a pastar su rebaño de ovejas y cabras.

Efectivos de la Guardia Civil, incluidos agentes de la brigada de Policía Judicial y del equipo de criminalística, se desplazaron hasta el lugar del hallazgo para realizar una inspección ocular, además de revisar el domicilio del fallecido en busca de indicios que permitan reconstruir lo sucedido. Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento y todas las hipótesis permanecen abiertas, a la espera del avance de la investigación, aunque se mantiene la sospecha de un posiblehomicidioo. El Juzgado de Instrucción de Ponferrada que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario.

El empresario minero leonés Victorino Alonso ha obtenido la libertad condicional después de cumplir ocho meses de carcel y dos años de tercer grado por la condena de cuatro años de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo por explotar ilegalmente la mina a ciero abierto Nueva Julia, ha adelantado Radio Bierzo-Cadena SER. Su edad, 74 años, ha sido el argumento decisivo para la adopción de la medida.

Alonso, también conocido como el 'rey del carbón', ingresó en prisión a mediado de septiembre del 2024 para cumplir la condena después de que se conociera la sentencia de Nueva Julia y también la de la explotación minera ilegal de el Feixolín, que supuso otro año y nueve meses de cárcel por otro destrozo ambiental en las comarcas mineras leonesas. Las dos sentencias sumaban, además, más de 25 millones de euros en multas e indemnizaciones, que no se han abonado.

Según Radio Bierzo la resolución concede el cuarto grado penitenciario al tener en cuenta factores como su edad, 74 años, así como la ausencia de incidencias desde que disfruta del tercer grado desde junio de 2024 y su comportamiento en prisión. El Ministerio Fiscal no se opuso a la concesión de la medida.

El magnate minero evitó la cárcel anteriormente tras una condena de dos años y medio de prisión en 2016, rebajada luego a dos años, y una millonaria multa de 25,5 millones de euros, por destrozar el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves (Huesca). Este importante vestigio se ubicaba en una finca de caza de una empresa vinculada a su opaco conglomerado empresarial. Alonso no ha pagado la multa y logró que se le declarara 'insolvente' para limitar el dinero que se le quita de su pensión de jubilado.

Victorino Alonso no ha satisfecho las cantidades de responsabilidad civil impuestas en los últimos procedimientos aunque en su última comparecencia pública, en enero en el parlamento de Asturias en la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo, llegó a confesar que no sabía de cuántas empresas era administrador. En sus palabras ante el poder legislativo asturiano no dejó títere con cabeza respecto de los empresario que le sucedieron en la que fue la mina más moderna de España y que costó cinco vidas en un escape de grisú en marzo del 2025. Alonso compareció de forma telemática desde la Asamblea de Madrid, al tener allí fijada su residencia para cumplir el tercer grado penintenciario.

La libertad condicional de Alonso le obliga a cumplir varias medidas hasta la finalización de la condena. Entre ellas, deberá pernoctar en el domicilio fijado judicialmente, mantenerse localizable por teléfono, acudir a controles periódicos con el psicólogo asignado, comunicar cualquier desplazamiento fuera de España y seguir destinando parte de su pensión de jubilación al pago de la responsabilidad civil. Victorino Alonso podrá disfrutar ahora de su jubilación “y otros menesteres” que ha explicado públicamente, entre ellos trifulcas de su grupo empresarial vinculado por apropiarse de fincas de vecinos, que han tenido que reconocer.

“Como sabéis, yo tampoco mantenía una relación excepcionalmente fluida con el presidente Zapatero”. “Yo sé que no les gustaba mucho”. “Igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”. Ha tardado algo más de tres días en reaccionar públicamente y estas han sido algunas de las primeras y muy intencionadas palabras del alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, al tsunami político que ha supuesto la imputación judicial por corrupción del expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero.

El regidor de la capital, una recurrente voz crítica interna en el PSOE, incluso con un enfrentamiento poco disimulado con la Ejecutiva provincial y su líder, Javier Alfonso Cendón, muy próximo a Zapatero, valoró la noticia como “de una preocupación extrema y de una gran decepción”, algo, dijo, que cree que comparten “prácticamente la mayoría de los leoneses”. Y personalmente añadió que además “a mí me genera una enorme y una profunda decepción”.

Y es que considera que “leyendo detenidamente el auto del juez (de la Audiencia Nacional), hay cuestiones que aparentemente parecen muy feas”. “Yo no voy a entrar si son delictivas o no, porque eso le corresponde al juez, y hay que confiar en la Justicia, igual que en la presunción de inocencia, pero evidentemente son cosas que preocupan y preocupan mucho”.

Diez continuó su valoración más bien íntima pero también en clave de repercusión política esgrimiendo que “a mí lo que me gustaría es que esto se resuelva lo más rápidamente posible, por el bien de todo el mundo, también por la parte afectada, por el propio presidente Zapatero”... “Y por el resto de diputados”, añadió, en una poco disimulada referencia al líder Cendón, diputado nacional por León, que recientemente le enseñó la puerta de salida del Partido Socialista al actual alcalde para que no repitiera como candidato en las municipales del año que viene, a lo que este retó con que le echaran de la formación en una creciente escalada de confrontación.

Este mismo mes, el regidor, por ejemplo, defendió públicamente que era más defendible su proximidad a la Junta de Castilla y León (PP) y sus recientes inversiones en la ciudad que la de Cendón a los exdirigentes socialistas, ministros y secretarios de Organización en Ferraz, Santos Cerdán, José Luis Ábalos o su asesor Koldo García, los tres sentados en el banquillo de los acusados. Zapatero se sumaría ahora a la lista de acorralados por la Justicia bajo acusación de corrupción. Pero también han sido varios los encontronazos públicos de Diez con el propio Zapatero, tras las críticas del expresidente a la creciente oleada de aspiración de un autobogierno y una autonomía propia para León, sin Castilla.

En este contexto, el regidor remarcaba eso de que “igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”, en referencia a que era vox pópuli que en la voluntad de Cendón de buscar un sustituto para el próximo cartel electoral socialista en León, prescindiendo del crítico Diez por ejemplo vía primarias (una vía empleada ya en Gijón), era una maniobra en la que el propio Rodríguez Zapatero estaba involucrado. Ante este nuevo giro radical, el alcalde se limitó a razonar que “como todo en la vida, hay quien está más cercano y ahí quien está más alejado... Si apuestas bien, bien; si apuestas mal, no lo sé”: otro indisimulado recadito para Cendón.

Y de haber alguna implicación interna, aseguró que “las consecuencias respecto a esta acción de la justicia, si hay que tomarlas o no, tendrán que derivarse, evidentemente, desde arriba, desde la Ejecutiva Federal”. “Yo, únicamente, desear que sea lo menos posible (para Zapatero) y que la imputación salga lo mejor posible en el sentido de que haya las menores responsabilidades posibles, sin quitar, como digo, que lo que se desprende de ese auto es sumamente preocupante”.