La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un hombre por un delito leve de maltrato de obra después de que rociara con un spray de defensa la cara de su primo durante una discusión familiar relacionada con la herencia de su madre. Los hechos ocurrieron en junio del año 2025, en Villagallegos, en el municipio de Valdevimbre, según recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, dictada el pasado mes de septiembre.

El juzgado de La Bañeza ya había condenado al acusado a dos meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, lo que supone un total de 480 euros, además del pago de la mitad de las costas procesales. La misma resolución lo había absuelto del delito leve de amenazas y/o coacciones que se le atribuía y había absuelto también a sus dos primos de los delitos leves de amenazas por los que estaban acusados.

El condenado recurrió la sentencia y reconoció haber utilizado el spray contra su primo, pero sostuvo que lo hizo en legítima defensa. Según su versión, uno de sus primos le había amenazado previamente con una navaja y él habría reaccionado para protegerse. Sin embargo, ni el juzgado ni la Audiencia leonesa consideran que ese extremo quedara acreditado durante el procedimiento y que no existe prueba de que su primo llegara a exhibir un arma antes de que fuera rociado con el spray.

El tribunal recuerda que para apreciar la legítima defensa debe existir, entre otros requisitos, una agresión ilegítima previa, además de que el medio empleado resulte racional y no haya una provocación suficiente. En este caso, los magistrados consideran que no se ha demostrado esa primera condición, ya que ninguna prueba permite concluir que el primo sacara una navaja y que ese supuesto gesto provocara directamente la utilización del spray.

El recurso también pretendía que se condenara al primo por un delito leve de amenazas. La Audiencia mantiene, sin embargo, su absolución. La sentencia destaca que existían versiones contradictorias y que, más allá de la declaración del denunciante, no había otras pruebas que acreditaran que el acusado hubiera sacado una navaja. De hecho, el propio denunciante manifestó que la vio durante apenas “un segundo” y no pudo precisar cómo era, más allá de describirla como de “tamaño medio”.

La Audiencia considera por ello que el juez de primera instancia valoró correctamente las pruebas y aplicó el principio in dubio pro reo, al no existir elementos suficientes para superar la presunción de inocencia del primo acusado de amenazas. El tribunal señala además que el hecho de que el recurrente mantenga una interpretación diferente de las pruebas no constituye motivo suficiente para modificar una sentencia absolutoria correctamente razonada.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un empresario de excavaciones por utilizar una finca particular de Toralino de la Vega, en el municipio leonés de Riego de la Vega, para depositar escombros procedentes de derribos y obras sin autorización de su propietario. La sentencia considera probado que realizó al menos cuatro vertidos en la parcela entre principios de 2022 y principios de 2023, utilizando un camión de su propiedad, y que la cantidad que se le atribuye asciende a 52 toneladas, equivalentes a 52 metros cúbicos.

La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 22 de septiembre, confirma así la sentencia del Juzgado de La Bañeza, que condenó al acusado como autor de un delito leve de usurpación de inmueble a tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, además de la retirada de los depositado asumiendo los costes. La sanción económica asciden a apenas 720 euros, y a mayores deberá indemnizar al propietario de la finca con el importe que se determine durante la ejecución de la sentencia por los gastos necesarios para retirar los escombros que se le atribuyen.

La finca afectada, de 700 metros cuadrados y la mitad vallada, había sido previamente vaciada tras la extracción de zahorra. Según los hechos probados de la sentencia, el empresario trasladó hasta allí residuos de derribo con el camión que utilizaba para su actividad profesional de excavación y retirada de escombros. El vehículo tenía una capacidad aproximada de 13 toneladas.

El condenado recurrió la primera sentencia alegando, entre otros motivos, que no existían pruebas suficientes para demostrar que él hubiera realizado los vertidos y cuestionando la valoración de los testimonios. También sostuvo que en la parcela habían depositado escombros otras personas y que la cantidad que se le atribuía no estaba suficientemente acreditada.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia contó con pruebas suficientes y corroboradas externamente: la declaración del propietario, las actuaciones de la Guardia Civil y los informes elaborados por un agente medioambiental acreditaron la existencia de los vertidos y la alteración de la finca. A ello se sumaron los testimonios de dos testigos, que aseguraron haber visto al acusado descargando escombros en la parcela. Uno de ellos identificó tanto al vehículo, que llevaba rotulado el nombre del empresario, como a su conductor, mientras que el segundo afirmó haber observado varios vertidos realizados con el mismo camión. La Audiencia considera que las pequeñas diferencias existentes en sus relatos se referían a detalles secundarios y no afectan al núcleo de sus declaraciones.

El tribunal también descarta que la presencia de otros vertidos realizados por personas no identificadas permita exonerar al condenado. La sentencia reconoce que en la finca había más residuos, hasta alcanzar los 900 metros cúbicos medidos por un agente medioambiental, pero subraya que la condena se limita exclusivamente a la parte que pudo ser atribuida al acusado mediante las pruebas practicadas.

En cuanto a la cantidad de residuos, la Audiencia considera razonable la estimación de 52 toneladas ya que el acusado fue visto realizando varios viajes y que él mismo reconoció dedicarse a la excavación y retirada de escombros y utilizar un camión con capacidad aproximada de 13 toneladas. La sentencia de primera instancia calculó como límite máximo cuatro cargas, una estimación que la Audiencia considera razonada y favorable al condenado.

La Justicia considera además que el hecho de que no pueda determinarse con exactitud matemática cuánto descargó en cada viaje no impide establecer su responsabilidad civil. La sentencia señala que, dadas las características de los hechos, es admisible realizar una estimación razonable a partir de los datos disponibles y limitar la responsabilidad a la cantidad de residuos que ha quedado acreditada. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella.

La llamada “ley de nietos” –establecida en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática– permite otorgar la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados.

Más concretamente: a descendientes de quienes perdieron la misma o renunciaron a ella por el exilio, a los hijos e hijas de mujeres que la perdieron por casarse con extranjeros antes de 1978 y a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o la de Memoria Democrática de 2022.

A través de una instrucción de octubre de 2022, el Ministerio de Justicia explicó mediante unas normas precisas el procedimiento para la tramitación de esas solicitudes de nacionalidad en las oficinas del Registro Civil, tanto en España como en los consulados.

Esta instrucción permite también nacionalizarse a hijos y nietos de personas originariamente españolas sin exigir en todos los casos pérdida de nacionalidad por exilio. Establece, además, una presunción de exilio para todas las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Iustitia Europa y Vox recurrieron dicha instrucción, proponiendo a la Junta Electoral Central (JEC) suspender la elaboración del Censo Electoral de españoles Residentes-Ausentes que viven en el extranjero (CERA). Ante la negativa de la JEC, interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre.

El Supremo acordó medidas cautelares sobre las inscripciones en el CERA que afectan a todos los descendientes de exiliados que no puedan acreditar de alguna manera que su antepasado fue víctima del exilio de la Guerra Civil o la dictadura. De esta manera, se da la paradoja de que algunos españoles que votaron en anteriores elecciones desde 2008, no podrán hacerlo el 29-N.

Conviene precisarlo: no se ha derogado la disposición octava de la ley, ni anulado colectivamente las nacionalidades. 'Sólo' se suspenden mediante esas medidas cautelares el derecho a voto mientras se resuelve el litigio en el Tribunal Supremo. Esta separación entre nacionalidad y el derecho a votar plantea el problema de fondo.

¿Votarán igual los hijos que sus padres?

El recurso de Iustitia Europa y Vox presupone que los nuevos ciudadanos favorecerán a determinadas formaciones con su voto. En realidad, nadie sabe cómo votarán. Pensar que lo harán necesariamente como sus padres o abuelos no tiene fundamento teórico ni empírico: los hijos de quienes dieron la mayoría absoluta a Felipe González en 1982 deberían dársela hoy a Pedro Sánchez. No sucede aquí, así que menos podemos suponerlo a miles de kilómetros.

De hecho, sería más razonable suponer que votarán de acuerdo con la cultura política del país en el que viven. Pero este argumento tiene el mismo problema: traslada comportamientos colectivos a individuos y equipara sistemas diferentes.

Las etiquetas izquierda y derecha no son intercambiables. Y el mapa latinoamericano actual es predominantemente de derechas, cuando no de extrema derecha. Ni el resultado electoral de un país describe a todos sus habitantes ni tenemos razones para dar por supuesto el comportamiento de quienes nunca han participado en elecciones españolas.

Lo que arrojan los resultados es que, históricamente, la diáspora vota prácticamente igual que los residentes. Los datos de la Junta Electoral Central del 23-J de 2023 muestran bloques equiparables y escasas diferencias internas: cierto sesgo hacia la extrema izquierda, diluido entre circunscripciones, y diferencias irrelevantes en la derecha. Sin datos por países, tampoco podemos suponer homogeneidad.

Para estimar el impacto necesitamos participación, candidaturas y distribución por circunscripciones.

Por otra parte, son casi anecdóticos los casos donde el voto exterior ha acabado decantando un escaño ajustado en el Congreso, pero no constituyen una bolsa con traducción parlamentaria directa, así que organizarse para cambiar un escaño es prácticamente imposible, ya no logísticamente, sino en términos de capacidad de impacto real.

Además, la participación exterior es muy baja. Al dificultoso procedimiento se añade la desvinculación emocional: muchos nunca han pisado España. Pedir la nacionalidad responde en muchos de estos casos a la conveniencia de disponer de un pasaporte europeo y las ventajas que supone para quien lo solicita.

Lo que dice la Constitución

Sea como sea, la pregunta no debería ser qué votarán, sino si tienen derecho a hacerlo. Conocer sus preferencias tampoco justificaría restringirlo: el sufragio no se reconoce en función de sus consecuencias partidistas.

El artículo 23 de la Constitución Española reconoce la participación mediante sufragio universal, el 14 protege la igualdad y el 68.5 encomienda facilitar el sufragio exterior. Hay requisitos de edad, inscripción censal y causas legales de privación. Pero no permiten cualquier exclusión.

Mantener una nacionalidad válidamente adquirida y suspender colectivamente el sufragio por su vía de adquisición plantea una objeción constitucional de primer orden. No se suspende la nacionalidad, sino uno de sus derechos. Si se cuestiona su concesión, debe revisarse por los procedimientos competentes y con garantías. Si se discrepa de la ley, hay que reformarla o impugnarla, no convertir la inscripción electoral en una revisión indirecta de la ciudadanía. Es decir, o se impugna todo o nada.

La medida añade también discriminación según la residencia: al actuar solo sobre el CERA, los beneficiarios de obtener la nacionalidad y que residen en España sí pueden votar. Esta diferencia exige una justificación especialmente sólida al restringir un derecho fundamental.

El Tribunal Supremo ha argumentado que el derecho de sufragio “no es un derecho de carácter absoluto”, sino que está “supeditado a los intereses generales”.

Recordemos que no se cuestionan colectivamente las nacionalidades concedidas: la restricción recae sobre personas que siguen siendo ciudadanos españoles.

Precisamente por eso, no estamos ante una mera discusión sobre trámites administrativos. Lo que dice la Constitución es que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos” y en condiciones de igualdad.

Con estas medidas se retira el derecho a voto de forma claramente discriminatoria.

Ismael Peña-López es profesor e investigador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya - Universidad Abierta de Cataluña). Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation España e ILEÓN cuenta con derechos de republicación.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado este mes de septiembre la absolución de un conductor acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave tras atropellar a un ciclista en la carretera N-625, en el término municipal de Cistierna. La Sección Tercera ha desestimado el recurso presentado por los familiares del ciclista fallecido y mantiene íntegramente la sentencia dictada en abril por el Juzgado de lo Penal número 2 de León, que no consideró suficientemente acreditada una conducta de imprudencia grave pese a que sí se reconoce el atropello.

Los hechos ocurrieron en abril del 2023, cuando el conductor circulaba por la N-625 a la altura del punto kilométrico 58,570. Según la sentencia el acusado perdió el control del vehículo por un motivo que no ha podido determinarse, invadió el carril contrario y atropelló al ciclista, que circulaba correctamente por su carril. La sentencia también recoge expresamente que el conductor no había consumido alcohol ni drogas, no circulaba a velocidad excesiva y no había cometido una infracción grave del Reglamento de Circulación.

El Juzgado de lo Penal número 2 de León dictó en abril de este año una sentencia absolutoria al considerar que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y que no se había acreditado que su comportamiento reuniera los requisitos necesarios para ser considerado un delito de imprudencia grave al volante. La familia del ciclista recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia de León recuerda que cuando un recurso pretende modificar una sentencia absolutoria basándose en una nueva valoración de las pruebas, especialmente de las pruebas personales, el tribunal de apelación no puede sustituir sin más la valoración realizada por el juez que presenció directamente el juicio.

No se puede condenar al acusado directamente en segunda instancia

La Sala considera que la absolución se apoyó prácticamente por completo en la valoración de pruebas personales y que, por ello, no puede revisarlas de la misma manera que el juez que celebró el juicio. “No es posible, sin haber escuchado forma directa e inmediata a los hoy apelados, revocar un pronunciamiento absolutorio y proceder a su condena”, señala.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia aplicó correctamente el principio 'in dubio pro reo', que obliga a absolver cuando existen indicios sobre la posible comisión de un delito pero no son suficientes para destruir la presunción de inocencia. La Audiencia no aprecia que el juez de lo Penal hubiera incurrido en una falta de racionalidad en su valoración de las pruebas ni que hubiera omitido elementos relevantes.

La resolución recuerda además que, para pedir la anulación de una sentencia absolutoria por un supuesto error en la valoración de la prueba, la acusación debe demostrar una insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación, un apartamiento manifiesto de las reglas de experiencia o la omisión de pruebas relevantes. La Sala considera que los recurrentes no acreditaron ninguno de estos extremos.

Además, la Audiencia explica que la legislación procesal penal impide que un tribunal de apelación condene directamente a una persona que fue absuelta en primera instancia por un error en la valoración de pruebas. En estos casos, si concurren los requisitos legales, puede acordarse la nulidad y devolver las actuaciones al órgano de primera instancia para un nuevo juicio, algo que los recurrentes no solicitaron. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.

La Guardia Civil de León ha reunido pruebas concluyentes para atribuir a dos personas, un trabajador y el propietario de la empresa para la que trabajaba, un grave delito penal por originar el peor incendio forestal de este año en la provincia de León. Un proceso que ha durado casi tres meses.

El incendio fue el que afecto a montes de la localidad de Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, y cuando concluyó después de muchos días descontrolado se cuantificaron los datos en 2.012 hectáreas, 1.407 de ellas arboladas. Una auténtica tragedia forestal que se originó, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, a las 19.45 horas del 22 de julio. Tras un despliegue amplísimo de medios, el siniestro no quedó extinguido hasta el 8 de agosto.

El incendio alcanzó el Índice de Gravedad Potencial 2 y en aquellos días obligó a evacuar preventivamente seis pueblos de los municipios de Riello y de Valdesamario. En concreto, fueron desalojados los vecinos de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como los de Ponjos y Murias de Ponjos, en Valdesamario.

Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal, con zonas de arbolado, matorral y pastos. La investigación que ahora desvela la Guardia Civil de León ha permitido determinar que el origen del fuego, provocado, aunque no necesariamente intencionado, estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador eléctrico mientras se realizaban trabajos en el monte. La gravedad de los hechos es que estas labores se produjeron en un momento en el que estaba activa una alerta oficial por alto riesgo meteorológico de incendio, que prohíben este tipo de labores.

Un trabajador y el responsable de la empresa, investigados

Las diligencias, que hoy se detallan en una nota de prensa oficial, han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con el Equipo de Investigación de Incendios de la XII Zona de Castilla y León, agentes medioambientales y personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Como resultado de las pesquisas, pruebas y testimonios, los agentes señalan a la responsabilidad de tipo penal de dos personas, a las que se le imputa un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Al trabajador se le atribuye la presunta autoría material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el fuego. Por su parte, al dueño de la empresa en la que trabajaba se le investiga por una supuesta falta de control sobre los trabajos que se estaban realizando, que estaban prohibidos.

Los dos investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

La Guardia Civil recuerda que casos como este resaltan la importancia de extremar las precauciones al utilizar maquinaria y realizar trabajos en el medio natural, especialmente durante episodios meteorológicos que incrementan el riesgo de incendio. Asimismo, insiste en la necesidad de cumplir las medidas preventivas para evitar situaciones que puedan poner en peligro el patrimonio natural, la seguridad de las personas y las poblaciones próximas a las zonas forestales.

La Universidad de León (ULE) celebra este miércoles 14 y jueves 15 de octubre las IV Jornadas ‘Retos Jurídicos del Sector Sanitario al principio y al final de la vida: el protagonismo de los cuidados’, un encuentro interdisciplinar que reúne las perspectivas del Derecho, la Medicina y la gestión para abordar la protección de la salud y el bienestar de las personas. Las sesiones se desarrollarán en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

El programa incluye once ponencias impartidas por seis profesionales sanitarios, cuatro especialistas en Derecho y un experto en marketing sanitario y gestión reputacional. Entre las cuestiones que se abordarán figuran las prestaciones y permisos laborales relacionados con el cuidado de familiares, la atención sociosanitaria de mayores y personas dependientes, los retos éticos y jurídicos de la salud reproductiva, la investigación biomédica y la prevención del suicidio entre los jóvenes.

La primera jornada, el miércoles 14, arrancará a las 16.00 horas con la inauguración y continuará con un panel dedicado al marco jurídico de los cuidados, que abordará las prestaciones de la Seguridad Social por nacimiento y cuidado de menores enfermos, la asistencia sociosanitaria de las personas mayores en su entorno y los permisos laborales por luto y cuidados. A continuación, se analizarán cuestiones relacionadas con la investigación, la bioética y la reputación digital, incluida la salud reproductiva en Estados Unidos, la confianza en las pymes sanitarias y la integridad en la investigación biomédica.

El jueves 15 las jornadas se centrarán en los retos de la Medicina y el Derecho al principio y al final de la vida, con asuntos como el modelo de atención en centros residenciales y de día para cuidados de larga duración en Castilla y León y la atención a los bebés prematuros. El programa se completará con un panel sobre educación sanitaria y atención primaria en Enfermería, que abordará la prevención del cáncer entre los jóvenes y la salud mental y prevención del suicidio, antes de la conferencia de clausura, dedicada a la relación entre robot, médico y paciente en el contexto de la cirugía robótica.

Las jornadas están dirigidas tanto a estudiantes de titulaciones relacionadas con el Derecho, las relaciones laborales, la gestión de personal y la Enfermería como a profesionales sanitarios y personal administrativo y técnico de Sacyl. La actividad, que concede 0,5 créditos ECTS, da continuidad a las tres ediciones anteriores y busca profundizar en los retos sociales vinculados a la salud y los cuidados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la resolución de un concurso público referido a una plaza en el Ayuntamiento de Onzonilla y ordena conceder el puesto a una aspirante a la que la Administración no computó 0,30 puntos por trabajar su marido en el municipio vecino de León.

El tribunal ha reconocido el derecho a la funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional a obtener una plaza de secretaria municipal en el consistorio leonés después de que la Dirección General de la Función Pública no le contabilizara los 0,30 puntos correspondientes a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado su recurso anulado las resoluciones administrativas impugnadas y ordenando adjudicarle directamente el puesto con una nueva valoración de sus méritos.

La sentencia, dictada el pasado mes de septiembre, considera que la Administración no ofreció ninguna explicación que justificara la exclusión de una puntuación que podía resultar decisiva para obtener la plaza en el consistorio leonés. Además, el tribunal descarta que pueda invocarse la discrecionalidad técnica del órgano de valoración cuando se trata de aplicar criterios objetivos y previamente establecidos en las bases de una convocatoria pública.

Una plaza de secretaria municipal disputada por dos funcionarias

El conflicto se originó en un concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocado por la Dirección General de la Función Pública mediante una resolución de 21 de marzo de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado tres días después.

La demandante, que tenía su destino definitivo en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Vegas del Condado, solicitó como única opción la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. Sin embargo, la resolución de 30 de agosto de 2023 adjudicó el puesto a otra funcionaria que también había participado en el procedimiento.

Según las puntuaciones recogidas en la sentencia, la aspirante seleccionada contaba con 20,03 puntos por méritos generales y 1,00 por méritos autonómicos, mientras que la recurrente tenía reconocidos 19,93 puntos por méritos generales y 1,10 por méritos autonómicos. La diferencia entre ambas era por tanto inexistente aunque el tribunal optó por la primera a la hora de adjudicar la plaza. La funcionaria que perdió la plaza adujo varias incidencias en el proceso pero reclamaba, sobre todo, una puntuación adicional que le correspondían por el destino laboral de su marido y que reconoce la Ley.

La funcionaria que acudió a la justica alegó que su cónyuge era empleado público fijo de la Diputación Provincial de León y desempeñaba un puesto de jefe de servicio en el municipio de León, limítrofe con Onzonilla. Esta circunstancia le permitía solicitar la valoración del mérito de conciliación y que la Administración debía haberle reconocido los 0,30 puntos adicionales. Con ellos, su puntuación por méritos generales habría pasado de 19,93 a 20,23 puntos, lo que, argumentaba, habría determinado que la plaza le correspondiera a ella.

Ante la falta de reconocimiento de estos méritos, interpuso un recurso potestativo de reposición el 29 de septiembre de 2023. Inicialmente, la Administración no contestó, lo que dio lugar a su desestimación por silencio administrativo. Posteriormente, mediante resolución expresa de 30 de mayo de 2024, la Dirección General de la Función Pública rechazó su reclamación.

Deficiencias del expediente y falta de respuesta administrativa

Además de denunciar el error en la puntuación, la demandante puso de manifiesto diversas deficiencias en el expediente administrativo como que la documentación remitida carecía de compulsa e incluía documentos sin numerar y no incorporados al índice o que no figuraban las puntuaciones totales ponderadas de las dos aspirantes, las actas del tribunal de valoración ni la propuesta de adjudicación.

La Abogacía del Estado se opuso a la demanda y solicitó la confirmación íntegra de las resoluciones administrativas. Para la Administración la aplicación informática sumaba los méritos generales y los eventuales méritos de conciliación, mientras que los autonómicos se ponderaban de manera separada para respetar los porcentajes establecidos. A su juicio, la recurrente había realizado una suma incorrecta de los méritos al no tener en cuenta dicha ponderación.

La defensa estatal también argumentó que la funcionaria había aceptado las bases de la convocatoria al participar en el concurso y que no podía impugnarlas indirectamente con ocasión de su aplicación. Asimismo, rechazó que existiera una falta de motivación susceptible de invalidar las resoluciones y apeló a la discrecionalidad técnica del tribunal de valoración y a la presunción de legalidad de sus decisiones.

Pero el tribunal ha reprochado en la sentencia a la Administración General del Estado su forma de proceder ya que en sus escritos no se pronunciaban sobre la alegación de la puntuación de conciliación familiar. Los magistrados destacan que en ningún momento se afirmó que los méritos de conciliación hubieran sido correctamente puntuados ni se explicó qué circunstancia impediría reconocerlos. Tampoco apreciaron que la demandante hubiera intentado impugnar las bases del concurso o la normativa reguladora, como sostenía la defensa estatal.

El Tribunal madrileño, que dirime estos asuntos de la Administración General del Estado, valoró como prueba de la ausencia de la puntuación por conciliación capturas de la aplicación informática que mostraban en blanco el apartado correspondiente a los méritos de conciliación de la recurrente. Por ello los magistrados concluyeron que no existía una explicación que justificara la exclusión de los puntos reclamados.

La Sala rechaza además que el órgano encargado de adjudicar la plaza pudiera ampararse en la denominada discrecionalidad técnica, una figura que concede a determinados órganos especializados un margen de apreciación en evaluaciones que requieren conocimientos técnicos. En este caso, los magistrados consideran que no existía tal margen porque la valoración estaba sometida a reglas objetivas, con puntuaciones previamente establecidas y operaciones de ponderación regladas.

La sentencia estima íntegramente el recurso de la funcionaria, anula la resolución de 30 de agosto de 2023 que resolvió el concurso y la posterior resolución de 30 de mayo de 2024 que rechazó la reposición. Condena a la Administración a dictar una nueva resolución del concurso, incorporar los 0,30 puntos omitidos y adjudicar a la demandante la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. La sentencia carga además a la Administración el pago de las costas procesales, con un límite máximo de 800 euros. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes.

La constante carrera de obstáculos que supone circular, pagando uno de los peajes más caros de España, por la autopista León-Asturias (AP-66) sumará en este mes de octubre nuevas dificultades a causa de obras de asfaltado en cuatro importantes túneles de su trazado.

Las nuevas restricciones al tráfico que ha anunciado hoy el Ministerio de Transportes comenzarán a partir del martes 13 de octubre. A partir de esa fecha, y en principio hasta que se concluya el último el 24 de octubre, tras doce días de trabajo, se producirán cortes de calzada en un total de cuatro túneles para que máquinas y operarios puedan extender nuevo aglomerado.

Las labores forman parte de una nueva fase de las obras de modernización que afectan al principal acceso entre Asturias y León, y obligarán a desviar la circulación hacia la calzada contraria, donde se habilitará temporalmente el tráfico en ambos sentidos. Las restricciones se prolongarán durante varios días y se mantendrán tanto de día como de noche, mientras la concesionaria, Aucalsa, continúa cobrando íntegramente el caro peaje de la AP-66.

Los trabajos afectarán en concreto a los túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga, en el tramo asturiano, y al de Oblanca, en territorio leonés. En los tres primeros se cerrará la calzada en sentido León entre el 13 y el 17 de octubre, y la de sentido Oviedo entre el 23 y el 29. En Oblanca, los cortes en dirección León se producirán del 15 al 20 de octubre, mientras que la circulación hacia Oviedo quedará afectada del 21 al 24.

Los vehículos tendrán que cambiar de calzada a través de los pasos de mediana habilitados en los kilómetros 77 y 80,8 para los túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga, y en los kilómetros 91,1 y 92,3 en el caso de Oblanca. La circulación será bidireccional en la calzada abierta, una circunstancia que obliga a extremar las precauciones en un recorrido de montaña especialmente condicionado por la configuración de la vía y sus túneles.

El Ministerio advierte además de que podrán producirse cortes de carril en otros túneles no incluidos en estas restricciones, de lunes a las 6.00 horas a viernes a las 22.00. Se trata, por tanto, de una nueva tanda de afecciones que se suma a las molestias derivadas de las obras que se desarrollan en la autopista desde hace tiempo, así como a varios desprendimientos y otros desperfectos que aquejan a la autopista. Hay que recordar que otra reforma interior del mayor de los túneles, El Negrón, se anunció que también afectaría al tráfico hasta el mes de noviembre.

El peaje íntegro, en el punto de mira judicial

La reiteración de cortes, desvíos y limitaciones de circulación reaviva una cuestión que usuarios y algunas instituciones públicas o sindicatos llevan tiempo denunciando: por qué deben pagar íntegramente el peaje de una autopista de concesión privada cuando las condiciones del servicio se ven alteradas por las obras y otros problemas que afectan a la circulación y a la seguridad de manera constante. Eso sin contar con que la concesión debería haber terminado en 2021 y el Gobierno del PP de José María Aznar decretó que perviviera hasta 2050, una ampliación que también está judicializada y de hecho sancionada por Europa.

La controversia del pago íntegro ha llegado a los tribunales por varias vías. La Fiscalía de León ha recibido del Tribunal Supremo el encargo de determinar si el cobro íntegro del peaje de la AP-66 resulta legal en las actuales circunstancias, marcadas por las obras y los desperfectos que perjudican las condiciones de uso de la infraestructura.

Además, una reciente sentencia de un juzgado de Oviedo ha reconocido el derecho de un usuario particular a recuperar tres pagos realizados por circular por la también llamada Autopista del Huerna. El demandante reclamó por vía civil a la empresa concesionaria y obtuvo una resolución favorable que abre una posible vía de reclamación para otros conductores, si así lo reclaman.

81,8 millones de euros de fondos europeos para una concesión privada

La segunda cuestión que alimenta las críticas tiene que ver con quién paga las obras. El plan de modernización que en su conjunto afecta a los siete túneles de la AP-66 -Barrios, Cosera, Oblanca, El Negrón, Vegaviesga, Pando y Entrerregueras- cuenta con un presupuesto de 81,8 millones de euros, licitado en agosto de 2022 por el Ministerio.

Y ese dineral millonario 'se come' un montante inmenso de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone que esta actuación de mejora de la infraestructura se afronta con recursos públicos procedentes de Europa y no directamente con una inversión de la empresa que explota la autopista, recauda el peaje y suma beneficios anuales por ello.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de seis años y seis meses de prisión y una multa de 81.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de León a un hombre de Ponferrada por un delito contra la salud pública.

La defensa había recurrido la sentencia y solicitado que se aplicara el subtipo atenuado del artículo 368.2 del Código Penal, lo que habría reducido la pena a tres años de prisión.

El acusado alegaba, entre otras cuestiones, la escasa entidad de los hechos y sus circunstancias personales.

El TSJCyL ha rechazado esta posibilidad al considerar que las circunstancias del caso no permiten hablar de una actividad de poca relevancia y detalla que en el registro practicado se localizaron distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, cannabis, MDMA y anfetamina, además de tres básculas de precisión, material plástico para preparar las dosis, una agenda con nombres y cantidades y 1.250 euros.

Para el tribunal, este conjunto de elementos revela una “profesionalidad en el desarrollo de la actividad ilícita”, incompatible con una venta esporádica de pequeñas cantidades para sufragar un consumo propio.

La resolución destaca además las cantidades intervenidas de MDMA y anfetamina, que sustentan la aplicación de la agravación por notoria importancia.

La sentencia de la Audiencia Provincial de León, dictada el pasado marzo, queda así confirmada en todos sus extremos, aunque contra la resolución del TSJCyL todavía cabe recurso de casación.

Un hombre de 51 años fue detenido este fin de semana cuando trataba de introducir 130 pastillas de una conocida marca de ansiolíticos, Trankimazin, en la prisión provincial de León, la cárcel de Villahierro, en la localidad de Mansilla de las Mulas. La Guardia Civil le atribuye inicialmente un presunto delito contra la salud pública.

La intervención se produjo durante uno de los controles establecidos en el acceso a la prisión para revisar de forma selectiva a las personas que acuden a visitar a internos de la cárcel leonesa. En uno de estos controles, un perro perteneciente a la Unidad Canina Penitenciaria (UCAP), especializado en la localización de sustancias estupefacientes, marcó en varias ocasiones al visitante antes de su acceso.

A pesar de la insistencia del animal, el hombre se negó a ser registrado por los funcionarios de prisiones. Por eso, a continuación se siguió el protocolo y se requirió la presencia de agentes de la Guardia Civil destinados en el dispositivo de seguridad del centro penitenciario.

Tal y como se relata en un comunicado de prensa emitido hoy por la Subdelegación del Gobierno en la provincia, los agentes realizaron entonces el registro y localizaron ocultas entre la ropa del hombre las 130 pastillas de Trankimazin. Tras el hallazgo, procedieron a su arresto como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y puso al detenido, junto con los medicamentos intervenidos, a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, Plaza número 1.

La operación forma parte de los controles que se desarrollan en la prisión leonesa dentro del plan de detección de drogas en centros penitenciarios. La Comandancia de León mantiene este dispositivo en coordinación con los responsables de seguridad y los equipos de información y control operativo del Centro Penitenciario de León, en el marco del acuerdo de colaboración entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado no nombrar a la persona propuesta como juez de paz titular de Villarejo de Órbigo al considerar que se encuentra incurso en una causa de incapacidad prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El motivo es que el candidato mantiene antecedentes penales no cancelados por una condena firme por un delito contra la seguridad vial.

Según el acuerdo de la reunión de los jueces mantenida este mes de septiembre, la condena fue dictada en enero de 2025 por un delito relacionado con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El condenado cumplió la pena de multa apenas un mes después (febrero de 2025), pero en el momento de valorar su nombramiento todavía no había transcurrido el plazo legal necesario para la cancelación de los antecedentes, de dos años que culminarían en enero del 2027. Por este motivo, la Sala de Gobierno de los jueces de Castilla y León considera que concurre la causa de incapacidad contemplada en el artículo 303 de la LOPJ y rechaza su designación.

Este nombramiento forma parte de un paquete de varios acuerdos adoptados por el TSJ de Castilla y León sobre la organización judicial en la provincia de León. Entre ellos destaca el refuerzo de la Oficina de Justicia en el Municipio de Villaquilambre, para la que se informa favorablemente la incorporación temporal de un funcionario de Tramitación Procesal y Administrativa y otro de Auxilio Judicial. La medida responde, entre otras razones, al fuerte crecimiento demográfico del municipio, que ha pasado de 9.737 habitantes en 2000 a 20.554 en 2025, mientras mantiene la misma plantilla.

A esta sobrecarga se suma que Villaquilambre, como cabecera de agrupación, está asumiendo prácticamente las funciones del Registro Civil de Garrafe de Torío, que lleva alrededor de un año sin personal. La Sala también tiene en cuenta la implantación de nuevas herramientas como ATENEA y DICIREG y la acumulación de asuntos pendientes: a 31 de marzo de 2026 había 236 exhortos sin cumplimentar.

En el ámbito de la Audiencia Provincial de León, la Sala valora positivamente el trabajo desarrollado durante el primer semestre por la jueza de adscripción territorial Nuria Valladares en la Sección Tercera Penal, donde dictó 34 sentencias y 44 autos, y acuerda comunicar que persiste la necesidad de mantener el refuerzo. En las secciones civiles Primera y Segunda también se constata la actividad desarrollada por el juez de adscripción territorial Rodrigo Marcos, con 43 sentencias en la primera y 37 en la segunda, y se solicita un nuevo refuerzo tras su cese el pasado 30 de junio.

El TSJ de Castilla y León sí que ha aprobado diversos nombramientos de jueces de paz en la provincia, además de una negativa. Entre ellos figuran los de Castrillo de la Valduerna y Valderrueda, Campazas, Cebrones del Río, Folgoso de la Ribera, Lucillo, Murias de Paredes, Oseja de Sajambre, Pajares de los Oteros, Puente de Domingo Flórez, Santiago Millas, Toreno, Vegacervera y Villaselán.

Además se ha autorizado la convocatoria de las vacantes de juez de paz sustituto en Valdefresno y de titular en Villafranca del Bierzo, mientras que en Ponferrada modifica las normas de reparto de la plaza de Instrucción que asume en exclusiva los asuntos de violencia sobre la mujer, con el objetivo de ajustar la distribución del resto de asuntos penales entre las plazas existentes.

La mayoría de las personas tienden a pensar que los antiguos eran menos inteligentes y más zafios que hoy en día, pero la realidad histórica muestra obstinadamente una y otra vez que no fue así. La mayoría de los problemas que acucian la vida de una persona se solventan desde antaño con soluciones que han ido cuajando en nuestra sociedad, quizá con otros nombres distintos y, a veces, mejoradas por los pensadores que han ido apareciendo a lo largo del tiempo.

Es evidente que los hombres del medievo no contaban con la tecnología futurista del siglo XXI. Y eso sin hablar del advenimiento de la inteligencia artificial que se está produciendo. Pero cuando tenían que resolver problemas serios tenían la herramienta más potente de la humanidad: el cerebro humano. Pensar, el homo sapiens ha pensado mucho –y bien– a lo largo de los siglos. Ya los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes e incluso Arquímedes discurrieron hace 2.500 años sobre cómo se debía vivir con ética y gestionar la vida de la ciudad con la política [palabra que significa originalmente 'las cosas de la ciudad'] y crear leyes para mejorar la felicidad humana. Los filósofos romanos como el estoico (e hispano) Séneca, o los cristianos como Agustín de Hipona, o Juan Escoto Eriúgena, o Isidoro de Sevilla –sin olvidar a los andalusíes Abbás Ibn Firnás e Ibn Masarra– habían debatido sobre todos los asuntos de Dios y los hombres antes de que llegaran el hebreo hispano Maimónides o el famoso musulmán andalusí Averroes. Pensar, lo que se dice pensar, los antiguos pensaban tanto y de forma tan lógica (y muchas veces correcta) que hoy en día seguimos estudiándolos para aprender de ellos.

Y para ciertos problemas hay que pensar mucho, sobre todo en una época como el medievo en la que los eruditos afirmaban que “la Ley, cuanto más antigua, mejor”. Aún hoy en día le damos más valor a ciertas tradiciones del pasado que a las actuales, sobre todo a la hora de afrontar la legislación de ciertos asuntos espinosos; pero cuando el problema se vuelve tan difícil que los nobles llegan a arrancar las puertas de los comerciantes y artesanos atraídos por el rey para dar nueva vida y pujanza económica a una ciudad que ellos mismos habían abandonado cobardemente tras ser arrasada por el enemigo... las leyes viejas dejaban de funcionar y había que volver a pensar para crear una legislación innovadora que solventara este tipo de peligrosas tensiones.

Y así estaban por el año mil los caseros y los inquilinos en el Reino de León. Cuya capital intentó solventar un problema de 'okupas' –aunque hace un milenio no se usara ese término, de ciudadanos que vivían en los solares de otros que los querían recuperar–, que se le había ido de las manos al rey Alfonso V, al que conocieron como el de los Buenos Fueros. Había prometido a proteger a los habitantes de casas construidas ilegalmente sobre terrenos que eran de otros tras prometerles el oro y el moro en derechos que les permitirían mejorar su miserable vida, con tal de que reconstruyeran la abandonada y destrozada ciudad.

¿Pero cómo se llegó a aquella tensión entre propietarios e inquilinos que obligó a pensar la pionera solución de redactar una Ley para garantizar 'la Paz de la Casa' nada menos que entre 1017 y 1020?

La destrucción de León por Almanzor

El caudillo andalusí Abu Amir Muhammad ben Abi Amir, en la historia conocido por Almanzor [de Al mansur, que significa 'el victorioso' en árabe], fue el culmen (el prime dirían hoy los más jóvenes) del poder del Califato de Córdoba. Durante casi un cuarto de siglo arrasó los reinos cristianos peninsulares en 56 campañas entre los años 977 y 1002, conquistando y saqueando Barcelona, Pamplona, Burgos y hasta Santiago de Compostela. La capital del reino legionense tampoco se libró y en 994 León cayó tras un largo asedio, y su ejército la asoló por dentro.

“Entonces el único estado [medieval] capaz de sostener con cierta igualdad de condiciones el perpetuo duelo de fuerzas [entre cristianos y musulmanes] que se había convertido en una tradición a lo largo de la décima centuria era el Reino de León”, indica la historiadora Margarita Torres-Sevilla en su libro Las batallas legendarias y el oficio de la guerra.

El caudillo amirí ejecutó una destrucción absoluta del interior de la ciudad, salvo la Catedral prerrománica (era muy supersticioso) y “ordenó que las puertas romanas de la misma fueran demolidas por completo, y las torres de la muralla desmochadas”, según indica la medievalista que dicen las crónicas.

La leyenda dice que arrasó las murallas, pero solo viendo la potencia de su construcción romana (con cinco metros de ancho en los lienzos y otros siete de avanzada por cada torre, completando un máximo de 12 metros de muro de cal y canto), lo más lógico es que en las dos semanas que podía estar en la zona cristiana antes de volver al califato destrozara las puertas concienzudamente y el interior de la ciudad, escapando despavoridos sus habitantes y los dueños de los solares.

Almanzor seguiría amenazando al reino cristiano, volviendo a asediar la urbe legionense (esta vez más como campamento militar que como ciudad propiamente dicha) y arrasando su alfoz y las villas de alrededor hasta su muerte en 1002. Su hijo Abdelmalic el Muzáfar continuó sus algaradas hasta ser asesinado en el año 1008, cuando el futuro rey Alfonso V era un niño de unos diez años y la reina madre Elvira lidiaba, como regente, contra moros y cristianos... y frente a unos nobles que pretendían aprovecharse de la situación de debilidad del trono.

En esas condiciones de miedo y absoluta inseguridad, los antiguos propietarios de los solares en la ciudad amurallada por la antigua Legio VII Gemina romana la habían abandonado por completo.

Pero una fortificación así no se deja abandonada para siempre, no fuera que la tomara un enemigo de la monarquía leonesa. En cuanto Almanzor se retiró a Córdoba, el rey Vermudo II de León volvió con una mesnada para reparar de urgencia las puertas. Una muralla de ese calibre es perfectamente defendible durante días ante un ejército de dos mil soldados (uno bastante grande para la época) con unos doscientos hombres armados. Pero para mantener soldados se necesita pan, ganado, herreros, tejedores, zapateros, carpinteros y toda clase de artesanos. Así que, intentando no perder el bastión militar más importante que podía mantener la dinastía astur de la monarquía leonesa (pese a haber sido vencidas las murallas de la legión romana eran las más imponentes de la península y no se podían abandonar así como así), comenzó una política de repoblación clara por parte de la monarquía, prometiendo protección y privilegios en forma de derechos a los manufactureros que se censaran allí.

“En relación a la ocupación de la tierra, debemos tener en cuenta que nos situamos en el contexto del fenómeno conocido como repoblación, el cual comienza con las primeras expansiones del reino asturiano y continúa hasta el traslado de la capital a la ciudad de León en los primeros años del siglo X. Del proceso repoblador, ampliamente estudiado, nos interesa en este caso aquello que lo relaciona con el territorio leonés del Fuero. Sabemos que uno de los motivos de la redacción del Fuero, tal como dice la propia carta foral, es precisamente el intento de Alfonso V de reorganizar el territorio después de los ataques musulmanes sufridos por la ciudad de León en tiempos de su padre. En el año 1003, en la venta de una corte que se encuentra junto al arco de Puerta Obispo, se alude expresamente a la destrucción de la misma por las devastaciones causadas por los musulmanes en la ciudad de León”, expone el profesor José María Santamarta Luengos en su artículo 'Aspectos Económicos en la Época del Fuero de León' en el libro El Reino de León hace mil años: el Fuero de 1017, editado por el Instituto de Estudios Leoneses.

Una vieja ciudad con nuevos habitantes

Así, de facto, la urbe legionense se fue reconstruyendo por dentro, edificando nuevas casas en los solares de otros, los propietarios que, o bien ocupados por la guerra, o bien protegidos en sus señoríos de la montaña, no prestaban la atención debida a sus bienes a una ciudad que consideraban insegura... mientras la monarquía leonesa otorgaba protección a los repobladores.

José Luis Gavilanes Laso, en el artículo 'En torno al decreto XXI' (del Fuero de León) en el mismo libro se pregunta quiénes eran los dueños del suelo, y expone que dos fueros emparentados con el de León, los de Castrocalbón y Rabanal, los identifican como seniores villae o con el qui villa tenerit (el tenedor), pero en estos casos era un solo poseedor mientras que en la urbe legionense la situación era diferente y no había un señor único antes de la destrucción de Almanzor. “Con motivo de la repoblación del siglo IX el suelo había sido repartido entre un número bastante elevado de populatores”.

¿Pero cómo repoblar con artesanos para hacer de la ciudad un lugar dinámico y de producción, que era el objetivo de la monarquía asturleonesa? Pues transformando el estatuto de los artesanos rurales y de los siervos fugitivos y haciendo de ellos hombres libres. “Efectivamente, estos, a su llegada, no encontraban probablemente tierras vacantes en esta antigua ciudad. El suelo pertenecía a los domini soli que solo lo cedían en ciertas condiciones: la de un arrendamiento a cambio de un censo, en el caso de los más indigentes, y no de un simple alquiler”, señala Laso.

Y de ahí los problemas. ¿Dónde vivían los repobladores? En casas nuevas o reconstruidas, posiblemente hasta por ellos y su familia... en solares dentro de la ciudad... que pertenecían a los otros propietarios que salieron corriendo de la urbe cuando el demonio Almanzor desató el infierno en la Tierra. Que no volvieron a reclamar lo suyo hasta que estos nuevos ciudadanos habían vuelto a poner en pujanza y en valor la ciudad amurallada al reconstruirla urbana y económicamente.

Los problemas debieron comenzar en cuanto murió asesinado a comienzos de 1009 el último hijo de Almanzor –Abú al Mutarrif, más conocido como Sanchuelo por su madre, una princesa cristiana del Reino de Pamplona– y el Califato de Córdoba dejó de atacar al entrar en una fitna [una definición de 'guerra civil' en árabe] que lo colapsó hasta provocar su desaparición en 1031. Entonces, los nobles propietarios fueron bajando de las montañas para reclamar lo que era suyo, creando una situación muy difícil para el rey Alfonso y su madre Elvira: habían prometido defender a los repobladores, pero tenían que lidiar con las reclamaciones de la nobleza sobre lo que era suyo.

Arrancar las puertas para echar al vecino

La tensión debió ser muy alta, porque hay descripciones de la época de entradas en los huertos de las casas para robar la cosecha y de hasta llegar a arrancar las puertas de los edificios que se habían construido, con los habitantes dentro para dejarlos desprotegidos. Los propietarios, nobles señores de la guerra con mesnadas armadas a su cargo, no se andaban con chiquitas en la Edad Media.

El que fuera presidente del Gobierno de la República en el exilio, el erudito Claudio Sánchez Albornoz, explicó el motivo de esta notoria salvajada en su afamado libro de 1965 Una ciudad de la España cristiana hace mil años, que se refiere precisamente a León y en el que explica la vida de sus habitantes sobre el año 1000. Aunque ya muy sobrepasado su trabajo por las nuevas investigaciones históricas durante más de medio siglo, de esta hoy curiosísima práctica –que cree anterior a la legislación del Fuero de León–, apunta datos interesantes: se producía al inicio legalmente por parte de los sayones [los emisarios del rey] porque la gente pobre que tenía deudas por multas (la más común era descubrir que engañaban con el peso del pan que vendían) no tenían nada más de tanto valor.

Pero pronto los nobles verían esa táctica punitiva como algo muy práctico para animar a los inquilinos a que desalojaran los nuevos edificios, y comenzaron a mandar a sus hombres a hacer lo mismo. Y, mientras, el joven rey debía mantener su palabra de proteger a los laboratores que sostenían el nuevo impulso de su capital.

Tras varios años de disputas, y posiblemente con órdenes de palabra para evitar la violencia ejercida contra los repobladores intentando cumplir las promesas que atrajeron a la nueva población que sufría esos abusos, convocó en julio de 1017 una Curia Regia (una asamblea de notables eclesiásticos y nobles).

Su intención era consolidar las nuevas normas redactando una nueva legislación, porque los nuevos problemas no se podían solventar con la que se creía hasta entonces la mejor ley por ser más antigua. El Liber Iudiciorum, el códice de la Lex Visigothorum, tenía casi cuatro siglos y tuvieron que reconocer que no funcionaba del todo bien y había que ampliarla añadiendo más preceptos que solventaran los problemas que se habían creado en aquella situación excepcional. El Fuero de León se convirtió así en el primer texto legal del mundo medieval con derechos ciudadanos, un claro desarrollo del delito de iniuria por allanamiento del Derecho Romano.

A la fuerza ahorcan.

Solución número uno: la casa más importante que el solar

En el libro de actas del Congreso Científico del Fuero de León en su Milenario (2017) sobre La Ciudad de León y su derecho, su coordinador, el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid Félix Martínez Llorente, apuntó la doble naturaleza del texto del Fuero Legionense –que no se sabe todavía del todo bien si fue escrito de dos veces, una para los preceptos generales del reino en 1017 y otra para los locales, en 1020– y explica en su artículo académico las medidas para estimular la repoblación y asentamiento.

Y esto es fundamental para entender que los legisladores legionenses medievales intentaban proteger al inquilino de que le echaran de su domicilio; aunque fuera considerado un huésped ilegítimo por los dueños del solar. Lo que hoy –en un presentismo divulgativo para poder mejor entender el pasado, aunque no se pudiera definir correctamente así con el pensamiento medieval– llamamos claramente un 'okupa' o, más bien, un 'inquiokupa'.

Así, Martínez Llorente describe que “los preceptos XXVI a XXVIII [del 26.º al 28.º] abordan aspectos relacionados con la repoblación de la ciudad, tras la desaparición de Almanzor (1002), principalmente de aquellos numerosos problemas surgidos por la colonización de tierras y solares incluidas en el perímetro urbano deshabitadas como resultado de la huida de sus propietarios y que son reclamadas con posterioridad a su revitalización”.

Es mejor que el erudito historiador del Derecho, lo explique con su propio texto, porque es meridianamente clara la intención del Fuero de León, de proteger al inquilino:

“En el decreto XXVI se regula el caso de la persona que construye ilícitamente en solar ajeno y con posterioridad apareciere el propietario exigiendo su derecho sobre dicho suelo.

El fuero distingue entre dos tipos de pobladores. En el precepto antedicho (XXVI) si el poblador no fuese caballero –esto es, no dispusiese de caballo o asno– se le darán facilidades para que pueda conservar su casa o casas erigidas, no exigiéndosele el derribo de lo construido –ni tampoco podrá ser obligado a vender la casa, ni ser coaccionado en su construcción, ni se le conminará a tomar señor–, y estableciéndose a cambio la obligación de abonar al dueño del solar anualmente una cantidad en especie, en concepto de renta, consistente en 10 panes de trigo, media cañadilla de vino y un lomo bueno.

Se hace prevalecer, pues, la propiedad de la casa frente a la del solar –por razones puramente repobladoras–, de manera contraria a lo exigido por el derecho romano-visigodo, del que viene a perfilarse como una novedad especial o foral.

El dueño del solar no podía adquirir aquel inmueble construido sobre su propiedad por el repoblador salvo que éste, voluntariamente, no accediera a ello. En este caso el Fuero de León establece el procedimiento a seguir: dos cristianos y dos judíos deberán tasar el precio del bien, disponiendo de derecho de retracto el dueño del solar; si éste no lo ejerciese por lo tasado, el repoblador podrá venderlo a quien quisiese, pero si el propietario del solar aceptase quedarse con ella, se corroborará el acuerdo con un 'alboroço' (comida o brindis entre los contratantes que sella el acuerdo).

Por el contrario, en el decreto XXVII se regula el caso de que el repoblador que erige casa en solar ajeno fuere un caballero; un 'miles': propietario de caballo con arnés. En esta ocasión, el repoblador estará exento de abonar renta alguna al dueño del solar –en concreto, el 'nuncium'–, permutándose por la prestación de un servicio de carácter nobiliario personal: acompañarle dos veces al año a la 'junta' o asambleas políticas y judiciales –celebradas habitualmente fuera de la ciudad de León, en el alfoz–, pero solo por un día, regresando a la conclusión a su domicilio. En cualquier caso el miles propietario podía vender la casa de idéntica manera y con las mismas condiciones a como veíamos acontecía en el caso anterior.

Si en lugar de caballo el miles dispusiere de asnos –precepto XXVIII–, la prestación a la que estará obligado con el titular del solar será la de cederle dos veces al año dichos semovientes, pero con la limitación de siete entregados para su disfrute por una única jornada, debiendo retornar a sus manos concluido el día. El dueño del solar estará obligado a sustentar al repoblador –del que se reafirma su libertad de elegir señor– y sus asnos en tanto ocupen la casa. Igualmente, a la hora de su venta, se seguirá idéntico procedimiento enunciado en los casos anteriores.

Solución número dos: inviolabilidad del domicilio (la Paz de la Casa)

Observando desde la atalaya del presente, habiéndose desarrollado mucho más el Derecho durante mil años, se puede ver claramente que una de las intenciones del Fuero de León es intentar resolver estas disputas y las prácticas abusivas de los propietarios. En él se encuentra claramente legislado el primer atisbo de la Inviolabilidad del Domicilio –en la Edad Media hispánica se llamaba a este principio 'La Paz de la Casa'– en la Historia Legislativa mundial.

En primer lugar, se garantizan cosas para los repobladores tales como la libertad de residencia. El precepto número XXII (22.º) lo deja meridianamente claro: “Establecemos también que la ciudad de León, que fue devastada por los sarracenos en los días de mi padre el rey Vermudo, sea repoblada por estos fueros suscritos y que jamás sean violentados. Mandamos pues que ningún junior, tonelero, tejedor que venga a morar a León sea sacado de aquí”. Y lo segundo, da la excepcional oportunidad a los siervos de ser hombres libres si vienen a vivir a la ciudad y sus señores no los reclaman, asegurando en el siguiente precepto que “del mismo modo no sea sacado de allí ni sea dado a alguien”. Esto cambiará muchas cosas en las relaciones entre los señores y su campesinado de cara al futuro.

Una vez garantizada la seguridad personal de los repobladores de no poder ser expulsados de su ciudad, llega el momento de asegurar 'La Paz de la Casa', que se hacía extensiva a los huertos particulares. En el precepto XXXIX (39.º) se dicta: “Al huerto de un hombre no vayan el merino o el sayón contra la voluntad del dueño del huerto para sacar algo de allí, a no ser que no fuese siervo del rey”. Una inviolabilidad que se certifica directamente en el XLII (42.º): “Y mandamos que ni el merino ni el sayón, ni el dueño del suelo, ni algún señor entren en la casa de algún hombre que viva en León por caloña [multa] alguna...”

¿Y qué pasó entonces con aquella brutal práctica de arrancar puertas?

Pues que ese mismo cuadragésimo segundo precepto termina con “...ni se quiten las puertas de su casa”. Si se prohíbe hacerlo a los alguaciles del monarca con el mandato de hacer cumplir su autoridad, está bastante claro que eso era un aviso para navegantes: los nobles también tenían que dejar de presionar a los inquilinos de esa manera si querían conservar el prestigio ante el rey y no provocar sus iras molestando a los ciudadanos a los que prometía protección.

Ejemplo milenario para garantizar el derecho a dormir bajo techo

Pese a que los hombres del siglo XXI miramos a la Edad Media como un lugar atrasado y bárbaro, la cuestión es que no era tan así si un joven rey frenó de esta manera a los legítimos propietarios de los solares para proteger a los habitantes de las casas que se habían construido 'ilegalmente' en ellas. Se tiende a pensar que era una época atrasada, y ciertamente lo era comparando la tecnología y los avances que tenemos hoy, pero en cuestión de pensar en resolver los problemas sociales y vitales no eran estúpidos precisamente: el Fuero de León demuestra ser una legislación pionera, y no solo para su tiempo hace mil años. En realidad el medievo fue una época de avance de derechos ciudadanos... mientras que la Edad Moderna lo fue de regresión, ya que fue el momento en que los reyes se convirtieron en monarcas absolutos.

¿Y significó que se acabaron las disputas entre los propietarios de los solares y los habitantes de las casas? Pues no. Si a día de hoy ha resultado del todo imposible frenar una mala relación con el casero, está claro que el Derecho Foral Legionense –que fue el modelo para todos los demás fueros de los reinos de Hispania como el de Pamplona entonces y después los de Aragón, que nació del de Navarra, y Castilla y Portugal, que nacieron del de León– no fue la panacea; aunque sí sirvió como base para garantizar hoy unos derechos ciudadanos básicos en toda democracia occidental como que nadie entre en casa ajena sin permiso; ni siquiera el propietario que la arrienda.

Lo de que bajen los alquileres y haya vivienda a precios dignos para todos, está claro que ni la legislación más avanzada lo ha resuelto todavía. Todos los inquilinos de hoy esperan ver cómo resultan los nuevos decretos del Gobierno tras el caso Maricarmen, pero tiene toda la pinta de que no van a conseguir efectos tan pioneros como los del milenario Fuero de León si lo pudiéramos saber dentro de otros mil años.

León forma parte de una gran operación internacional contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se ha saldado con 26 detenidos en España y uno en República Dominicana. Dos de los arrestos se han producido en la provincia leonesa, dentro de un dispositivo coordinado por Europol y desarrollado conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La investigación comenzó en septiembre de 2023, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, y permitió identificar una red responsable presuntamente de varios envíos de cocaína con destino a Europa. Los investigadores relacionaron a la organización con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos. Posteriormente comprobaron que el entramado formaba parte de una rama española de una estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional.

La organización habría establecido entre 2020 y 2021 rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando métodos conocidos como gancho ciego, rip off o preñado. Según la investigación, estas vías permitieron abastecer de forma continuada a organizaciones criminales asentadas en España.

Pero el entramado no se limitaba al tráfico de droga. Una parte fundamental de la operación se centró en descubrir cómo se blanqueaban los beneficios obtenidos del narcotráfico. Los investigadores localizaron un entramado de sociedades mercantiles dedicadas a la promoción inmobiliaria que canalizaba millones de euros hacia urbanizaciones, viviendas y villas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.

La estructura habría llegado además a ofrecer sus servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, un modelo que los investigadores denominan crime as a service. De esta forma, la organización obtenía ingresos tanto de sus propias operaciones de cocaína como de las comisiones cobradas por facilitar a terceros la ocultación y transformación de sus beneficios ilícitos en patrimonio aparentemente legal.

En total se han practicado 38 registros simultáneos en España y República Dominicana. La operación se ha saldado con 27 detenidos: 26 en España —14 en Madrid, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga, uno en Pontevedra y dos en León— y uno en República Dominicana. Además, hay cinco órdenes internacionales de detención pendientes, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Entre los efectos intervenidos figuran 271.521 euros, más de 76.000 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares, además de más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos. También se han intervenido 40 vehículos y dos embarcaciones, seis armas de fuego —una de ellas de guerra— y se ha acordado el bloqueo de 95 inmuebles y 200 bienes muebles vinculados a los investigados.

La investigación ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, mientras que la cooperación internacional ha permitido actuar también en República Dominicana, donde fue localizado y detenido uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido el pasado domingo 27 de septiembre en un establecimiento de hostelería de Carrizo de la Ribera. El sospechoso habría sustraído un bolso que contenía 1.800 euros en efectivo procedentes de la recaudación del negocio y habría empleado la fuerza para escapar cuando la responsable del establecimiento intentó impedírselo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas, cuando la responsable se encontraba atendiendo el establecimiento, en cuyo interior había un único cliente. La mujer había guardado el dinero en un bolso de mano que dejó sobre un mueble situado junto a la caja registradora. Según la investigación, el ahora detenido aprovechó un descuido para acceder a la zona de trabajo y coger el bolso.

Al darse cuenta de lo ocurrido, la responsable trató de evitar que escapara. El presunto autor la empujó con fuerza y provocó que cayera al suelo. La mujer salió después tras él y consiguió alcanzarlo en la calle, donde llegó a sujetarlo por la ropa. En ese momento, el hombre habría intentado zafarse lanzándole un puñetazo, por lo que la mujer decidió dejarlo escapar y avisar inmediatamente a la Guardia Civil. No necesitó asistencia médica al no presentar lesiones de consideración.

La investigación permitió a los agentes identificar y localizar al sospechoso, que fue detenido al día siguiente. La Guardia Civil mantiene además abierta la investigación para determinar si podría estar relacionado con otro hecho de características similares ocurrido días antes en el mismo establecimiento, así como para intentar recuperar los efectos sustraídos.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Astorga, en funciones de guardia.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en un escape de grisú el 28 de octubre de 2013. La Sala desestima el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron las familias de las víctimas, que reclamaban anular la sentencia absolutoria y repetir el juicio ante un juez distinto. La resolución, dictada esta misma semana y a la que ha tenido acceso ILEÓN, confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de León y declara de oficio las costas.

La decisión llega cuando están a punto de cumplirse 13 años del accidente en el que murieron seis trabajadores y otros ocho resultaron heridos. El escape se produjo sobre las 13.24 horas en un taller de la séptima planta del ala Este del Macizo séptimo del Pozo Emilio del Valle, en Tabliza, en la zona de Santa Lucía de Gordón. La emisión brusca y masiva de metano superó el 5% de grisú y redujo inmediatamente el oxígeno hasta el 1%, provocando la muerte de los seis trabajadores que se encontraban en el taller.

La Fiscalía sostenía en su recurso que la sentencia de primera instancia había valorado de forma irracional las pruebas y había dado una credibilidad excesiva a los acusados y a los peritos de las defensas frente a los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. Señalaba, entre otras cuestiones, posibles deficiencias en la autorización de la explotación, la ventilación, el contacto con los minados superiores, la existencia de una bóveda, un supuesto error topográfico y la estructura de prevención de riesgos de la empresa. Las acusaciones defendían que esas circunstancias podían haber contribuido al accidente y reclamaban que se celebrase un nuevo juicio.

La Audiencia, sin embargo, considera que la sentencia de primera instancia sí explica de manera razonada por qué da mayor valor a unas pruebas que a otras y que las discrepancias planteadas por Fiscalía no permiten hablar de una valoración arbitraria o manifiestamente irracional. La Sala recuerda además una limitación fundamental de una segunda instancia frente a una sentencia absolutoria: el tribunal que juzgó el caso tuvo contacto directo con los testigos, acusados y peritos durante los casi dos meses de juicio, mientras que los magistrados de la apelación no tuvieron esa misma inmediación. Por ello, no basta con proponer una interpretación diferente de las declaraciones para anular la absolución.

Un fenómeno que la Audiencia considera imprevisible

Uno de los puntos centrales de la resolución es la causa del escape de grisú. La Audiencia asume la conclusión de la sentencia recurrida de que se produjo un desprendimiento instantáneo de gas procedente de la zona del postaller que fue extraordinario e imprevisible, tanto por el momento en que ocurrió como por su magnitud y sus consecuencias.

La sentencia considera que la Hullera Vasco-Leonesa había aplicado las medidas de prevención previstas para una explotación de estas características. La mina estaba catalogada como de tercera categoría por sus concentraciones de metano y, por tanto, existía riesgo de fenómenos dinámicos, pero la Sala recoge que se habían utilizado los métodos disponibles para reducir ese riesgo y que no se ha acreditado qué otra medida concreta, diferente de las que ya se aplicaban, habría evitado el accidente. Ese elemento resulta determinante para la absolución, ya que no basta con acreditar que existía un riesgo, sino que debe demostrarse una infracción de las obligaciones de seguridad y su relación causal con el resultado.

La Sala da por buena también la conclusión de que la ventilación del taller era conforme a la normativa y que los electroventiladores estaban correctamente situados. La sentencia de primera instancia había rechazado que una prolongación del funcionamiento de los ventiladores después del escape hubiese salvado a los trabajadores, ya que la cantidad de metano liberada habría sido muy superior al volumen de aire aportado. También considera acreditado que cambiar la ubicación de los ventiladores no habría evitado las consecuencias del accidente.

El contacto con los minados superiores, otro punto clave

Otro de los argumentos de la Fiscalía era que no se había producido el contacto necesario con las labores superiores para permitir la salida del gas. La Audiencia vuelve a rechazar esta interpretación. Según la resolución, existen documentos y testimonios que apuntan a que el contacto con la planta superior, concretamente con el culatón de la sexta, ya se había producido antes del accidente.

La Sala destaca que por esa zona salió también gas hacia la sexta planta y que el propio perito judicial admitió durante el juicio que se había producido contacto con la planta superior, aunque fuera pequeño. Los magistrados consideran además significativo que las concentraciones de metano hubieran descendido durante los días anteriores al accidente, algo compatible con la comunicación entre ambas plantas y la migración del gas hacia arriba.

La Audiencia tampoco aprecia el supuesto error topográfico que planteaba la acusación. La resolución considera que lo que pudo existir fue una diferencia en la representación cartográfica, pero no se acreditó que la explotación se hubiera ejecutado físicamente en un lugar incorrecto. En minería subterránea, explica la sentencia, la galería sigue la capa de carbón y la representación topográfica se va actualizando conforme avanza la explotación.

La bóveda no demuestra por sí sola una situación de riesgo

La existencia de una bóveda en la zona de explotación también había sido utilizada por Fiscalía como indicio de que la actividad debería haberse detenido. La Audiencia considera que la existencia de esa bóveda era normal en esa fase de la explotación y que no se ha acreditado que se continuase con el sutiraje vulnerando las limitaciones de seguridad.

La resolución distingue entre la bóveda del postaller, propia del sistema de explotación, y la que pudiera aparecer sobre el propio taller. Y señala que cuando se detectó una bóveda sobre el taller los días 14, 22 y 24 de octubre no se realizó sutiraje en esas zonas.

Tampoco ve acreditada una falta de prevención

La Audiencia considera igualmente que la sentencia recurrida examinó de forma suficiente la estructura preventiva de la empresa, los planes de labores, el sistema de seguridad y las evaluaciones de riesgos. La Fiscalía cuestionaba que la empresa hubiera evaluado adecuadamente el riesgo de una invasión masiva e intempestiva de metano.

Pero para la Sala el problema vuelve a ser que no se ha identificado una medida de seguridad concreta que fuera exigible y cuya aplicación hubiera evitado el accidente. La sentencia de primera instancia consideró acreditado que la empresa había empleado los métodos de prevención dirigidos a los riesgos conocidos y que no se había demostrado la existencia de otra medida capaz de impedir el siniestro.

La Audiencia también entra en las declaraciones de los trabajadores que la Fiscalía consideraba relevantes. La sentencia de primera instancia había detectado contradicciones entre algunas declaraciones realizadas inmediatamente después del accidente y las efectuadas posteriormente durante la instrucción y el juicio, así como afirmaciones que aparecieron de forma tardía. Para la Sala, esa valoración de la prueba personal corresponde especialmente al juez que presenció directamente el juicio y no puede ser sustituida en apelación simplemente porque la acusación proponga otra interpretación.

Fiscalía y las familias querían volver a empezar

La resolución supone el rechazo de la petición de Fiscalía de anular tanto la sentencia como el juicio oral y celebrar un nuevo juicio ante un magistrado distinto. El Ministerio Público había invocado la doctrina constitucional que permite anular una sentencia absolutoria cuando su motivación es arbitraria o manifiestamente irrazonable, pero la Audiencia concluye que esas circunstancias no se dan en este caso.

El tribunal considera que la sentencia de primera instancia podrá ser discutida o que pueden existir interpretaciones diferentes sobre determinadas pruebas, pero no aprecia el error manifiesto, la falta de racionalidad en la motivación ni la omisión de pruebas relevantes que permitirían anular una absolución. En palabras de la propia resolución, lo que existe es una valoración de la prueba diferente a la que propone el recurrente, pero no una valoración irracional.

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de Fiscalía, al que se habían adherido las acusaciones particulares, y confirma la absolución de los 16 acusados entre los que se encuentran tres miembros de la familia Del Valle. La resolución declara además de oficio las costas del recurso.

Aunque la vía de apelación sí ha terminado, no necesariamente el proceso judicial. La propia sentencia informa a las partes de que contra ella todavía pueden interponer recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo. Un hecho que las familias no descartan, aunque valoran que “es pronto para decir nada”.

La segunda absolución a los Del Valle que se conoce este mes

La resolución sobre el accidente minero llega además después de que este mismo mes de septiembre la Audiencia Provincial de León haya dictado otra absolución relacionada con la antigua Hullera Vasco-Leonesa, en este caso la de los empresarios Antonio y Arturo Del Valle y otros responsables de empresas vinculadas a la compañía por un presunto fraude de 2,1 millones de euros en las ayudas al carbón. En aquel procedimiento, la Sala no llegó a entrar a valorar si existió o no el fraude que sostenían Fiscalía y Abogacía del Estado porque consideró ilícitas las entradas y registros de la Agencia Tributaria que habían dado origen a buena parte de la investigación.

La Audiencia extendió esa nulidad al resto de pruebas obtenidas a partir de aquellos registros, aplicando la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', y concluyó que, una vez excluida esa documentación, no quedaban elementos suficientes para acreditar el delito fiscal ni la falsedad documental. Ficalía, en este caso, pedía 12 años de cárcel para ellos.

La Audiencia Nacional ha desestimado en una sentencia de este mes de septiembre conceder una indemnización de tres millones de euros reclamada por el detective privado leonés implicado en el caso del asesinado del boxeador Roberto Larralde, ocurrido en el año 2014. El detective reclamaba esa cantidad por los 44 días que pasó en prisión preventiva tras ser detenido en el caso. El Ministerio de Justicia fijó en 1.100 euros la indemnización prevista por la prisión preventiva tras su inocencia, que el afectado recurrió a la Audiencia Nacional.

El caso Larralde fue uno de los sucesos más mediáticos de la pasada década en la provincia de León. El boxeador fue asesinado en septiembre de 2014 de un disparo en la cabeza, siendo localizado su cuerpo cinco días después de haberse denunciado su desaparición. A los pocos días se detuvo a cinco implicados, entre ellos la esposa del muerto, el detective y el autor material de la muerte.

El detective ingresó en prisión preventiva el 21 de septiembre de 2014 y permaneció encarcelado hasta el 3 de noviembre. Fue juzgado junto al resto de acusados por un jurado popular en el año 2017 y condenado inicialmente a 15 años de cárcel como colaborador del complot para su asesinato, junto a la mujer, el amante de la esposa, el autor material y dos colaboradores. En el otoño del 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó su absolución en octubre de 2017 junto a la mujer por considerar insuficientes las pruebas para una condena, una decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2018.

El afectado reclamaba tres millones de euros, divididos en un millón por lucro cesante y dos millones por daños morales. Alegaba que su entrada en prisión y la repercusión mediática del procedimiento habían supuesto la pérdida de su actividad profesional como detective, de sus clientes y de su prestigio, además de consecuencias personales y familiares. La sentencia recoge también que aportó un informe psicológico que vinculaba el deterioro sufrido con los cuatro años de procedimiento penal y señalaba, entre otras consecuencias, el deterioro de su relación matrimonial y la pérdida de relaciones sociales y profesionales.

La Sala establece, sin embargo, que la compensación prevista legalmente alcanza los daños causados específicamente por la prisión preventiva, pero no los perjuicios derivados de haber sido investigado y sometido a un proceso penal que terminó en absolución. La Audiencia Nacional considera que esos daños no pueden reclamarse por esta vía salvo que exista, por ejemplo, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o dilaciones indebidas. En este caso tampoco aprecia que la difusión mediática del procedimiento pueda atribuirse a una actuación irregular de la Administración, por lo que rechaza cualquier indemnización.

Sin lucro cesante

El detective privado alegó ante la Audiencia Nacional que como consecuencia de su entrada en prisión no pudo desarrollar su actividad profesional de detective privado. Por ello reclamaba que los ingresos obtenidos por su empresa fueran la base para calcular la indemnización. Pero la Audiencia Nacional reprocha que convirtió los 105.000 euros de negocio de 2013 y los 185.000 de 2014 en la base para reclamar un millón de euros cuando esas cifras en realidad eran facturación empresarial, y no ingresos personales, por lo que el resultado sería inferior y no se acreditó que los 44 días de prisión causaran el perjuicio económico reclamado. Además, recuerda que una eventual pérdida de beneficios de la sociedad correspondería a la propia persona jurídica y no directamente al administrador su reclamación. La sentencia condena en costas al demandante y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

La sentencia del Tribunal Supremo dejó el caso Larralde con tres condenados: el amante de la mujer, con 18 años de prisión por asesinato y dos colaboradores del crimen a un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. El autor material, condenado inicialmente a 21 años de cárcel, falleció un mes después de su condena en la prisión de Mansilla de las Mulas. El detective y la mujer del boxeador asesinado fueron absueltos por falta de pruebas.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que absolvió al promotor y organizador de un espectáculo infantil denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín' de los delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores.

La superestrella infantil, 'alter ego' de la artista hispanoargentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, interpuso en el año 2023 una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. La pasada primavera la Audiencia Provincial de León absolvió al promotor del homenaje.

La Sala del TSJ que ha visto el recurso ha señalado que la Audiencia de León realizó una valoración razonada de las pruebas testimoniales y documentales. Además, señalan que la discrepancia de la acusación y del Ministerio Fiscal con sus conclusiones, que también pedía una condena, no permite anular una sentencia absolutoria. La acusación pedía hasta 11 años de prisión y multa por todos los delitos y la Fiscalía dos años de cárcel y multa por dos de ellos.

La Sala de lo Civil y Penal desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial leonesa al considerar que la absolución está suficientemente razonada y que no existen motivos para anularla y repetir el juicio. Los jueces leoneses consideraron probado que no hubo permiso de la artista ni de la sociedad Luli Pampin SL propietaria de los derechos pero al mismo tiempo señalaron que no quedó acreditado que durante la representación se utilizaran obras musicales, personajes, guiones, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos vinculados a Luli Pampín.

La acusación particular de la estrella infantil recurrió la sentencia absolutaria solicitando principalmente la anulación de la misma y la celebración de un nuevo juicio. La Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso al entender que se había otorgado un peso excesivo a una grabación policial de los primeros minutos del espectáculo y se habían valorado insuficientemente otros testimonios.

Pero el TSJ considera que en el juicio se examinó de forma adecucuada las declaraciones de la denunciante, los integrantes del espectáculo, los agentes y el acusado, además de la documentación aportada. Los vídeos presentados por la acusación no correspondían a la función celebrada en León y los miembros del elenco ofrecieron versiones contradictorias sobre su contenido. Para la Sala, la absolución no se basó en exigir una grabación íntegra del espectáculo, sino en la insuficiencia del conjunto de las pruebas para acreditar la utilización de creaciones protegidas.

Respecto a la falta de autorizaciones de un personaje registrado la Audiencia de León consideró que no se había demostrado que el promotor conociera el registro de las marcas antes de difundir la publicidad y el TSJ de Castilla y León respalda la racionalidad de esa conclusión y recuerda que no constaba un requerimiento previo, una comunicación acreditada u otro elemento objetivo que permitiera deducir inequívocamente ese conocimiento.

El TSJCyL ha recordado también que el tribunal de apelación no puede sustituir la valoración de la prueba efectuada en primera instancia por otra distinta cuando aquella no es arbitraria, ilógica o manifiestamente insuficiente.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, la Sala ha considerado razonable la conclusión de que no había prueba suficiente de que el acusado conociera el registro de las marcas. Asimismo, en relación con el delito contra el mercado y los consumidores, ha entendido que tampoco quedó acreditado un perjuicio de la gravedad exigida por el Código Penal. La sentencia subraya que una discrepancia sobre la interpretación de las pruebas no basta para anular una absolución.

La sentencia del TSJ, firme, declara de oficio las costas y la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La contratación cultural puede ser un dolor de cabeza para representantes de la administración pública, sometidos en ocasiones a procesos judiciales por el controvertido uso de contratos menores. Y también puede ocasionar trastornos a promotores y representantes de artistas, que a veces incluso renuncian a actuaciones si les exigen el pago previo de fianzas. El marco jurídico general, los derechos de autor y el análisis de fórmulas de financiación como los patrocinios y el mecenazgo estarán, entre otras cuestiones, bajo la lupa de un congreso que nace en la capital leonesa con una primera edición que se celebrará el lunes 5 y el martes 6 de octubre en el Auditorio Ciudad de León.

¿La programación de unas fiestas patronales debe someterse a un único contrato o puede parcelarse en varios? “La ley tiene ahí un hilo muy fino”, señaló este lunes en la presentación de esta cita la presidenta de Cosital (Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local), Pilar Ortega. “Y si abusas, puedes acabar en un juzgado”, añade la responsable de la entidad que organiza, junto a la Agencia Nacional de Cultura Sostenible, este primer Congreso Nacional de Contratación Cultural.

La utilización sucesiva de contratos menores está detrás de casos como el de una denuncia cursada en agosto en la capital de la isla de Lanzarote, mientras que el exalcalde de Valverde, capital de El Hierro, Daniel Morales fue condenado a 13 años de inhabilitación por no someter al procedimiento reglado y levantar reparos de Intervención y Secretaría en expedientes de contrataciones entre 2015 y 2019 para la celebración de actos de la Bajada de la Virgen de los Reyes de 2017 y los Carnavales. Cuando el volumen excede la posibilidad de usar contratos menores, la segunda fórmula de contratación directa es la del negociado sin publicidad, otra fuente recurrente de controversias legales.

El sector de la promoción y representación artística también se enfrenta a problemas derivados de la contratación cultural. “Nos encontramos con problemáticas y distintos criterios y distintas aplicaciones de norma en distintos ayuntamientos, lo cual a veces nos dificulta mucho la contratación”, expuso el promotor y secretario de Arte (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), Jesús Marcos, para quien debería haber “otro tipo de sensibilidad” con la cultura para no extrapolar premisas típicas en contrataciones de obras públicas o de suministros.

“Muchas veces nos piden cosas imposibles”, señaló Marcos al poner el ejemplo de contrataciones culturales que exigen el pago previo de una fianza en concepto de garantía previa de la celebración de una actuación. “Y hay muchos artistas que se niegan a ello”, añadió antes de darle la vuelta al caso y preguntarse en voz alta por qué empresas de construcción pueden cobrar un adelanto por la ejecución de una plaza y las artísticas no facturen hasta que termina el evento tras haber movilizado personal, vehículos y equipamientos.

El Congreso Nacional de Contratación Cultural nace en León con la vocación de convertirse en un “punto de encuentro”. “Lo último que puede pasar es perder la fiesta del pueblo”, apuntó el director del Observatorio de Contratación Pública de Cosital, José Manuel Martínez, secretario de ayuntamiento y promotor de la cita también como presidente de la Asociación León Propone. Martínez también advirtió de que este ámbito está en “constante evolución” para remarcar la importancia de una cita en la que, asimismo, el coordinador de Comunicación Pública y Red Territorial de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), Javier Ribó, dará respuestas a “las preguntas más frecuentes sobre los derechos de autor en las corporaciones locales”.

Además, el congreso abordará el papel de herramientas de financiación cultural como patrocinios y mecenazgos, presentará una aplicación que permitirá localizar espectáculos por toda España y aportará modelos de contratos reutilizables, una fórmula que podría resultar de mucho interés para compensar las carencias de personal y de recursos de las juntas vecinales. La cita, con inscripción al precio de 160 euros, reunirá en la capital leonesa a 300 profesionales de entidades locales y representantes de los sectores de las artes escénicas.

Han sido necesarios dos meses de investigaciones y pruebas, de la Guardia Civil de León con apoyo de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, para poner ante el juez a dos presuntos autores de un grave incendio forestal ocurrido en montes de La Baña, en la comarca de la Cabrera, el pasado mes de julio.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Ssprona) de la Comandancia de León, ha informado ahora de la reciente identificación de dos trabajadores, de 51 y 40 años, como presuntos responsables del origen del siniestro. Este se originó el pasado 22 de julio, a las 14.30 horas, en el paraje conocido como Matacouta, una zona escabrosa de los montes de La Baña, propiedad de la Junta Vecinal de la localidad, en el municipio de Encinedo.

El fuego tardó dos días en poderse extinguir, el 24 de julio, a última hora de la tarde, después de haber arrasado aproximadamente 68 hectáreas de monte bajo, matorral y algunos robles, sin que se registraran víctimas ni daños económicos, matiza la Guardia Civil, importante a la hora de determinar la posible responsabilidad penal de los presuntos autores.

La investigación realizada por los especialistas del Seprona permitió determinar que el incendio pudo originarse durante la realización de unos trabajos de desmonte y explanación de una pista forestal en la zona, realizados con una máquina excavadora.

Según las pesquisas y pruebas obtenidas en este tiempo, las labores que ejecutaban los dos identificados se habrían realizado sin la correspondiente autorización y además sin disponer de medios de extinción, algo obligatorio. Y se recuerda además que el incendio ocurrió un periodo de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarado oficialmente en Castilla y León, durante los días 19, 20, 21 y 22 de julio.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la investigación de los dos varones como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias instruidas por el Equipo Seprona de la Comandancia de León, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León que estaba de guardia.

La nota de prensa de la Subdelegación de León remarca que para la extinción del incendio fue necesaria la intervención de cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas con 23 componentes, una autobomba y hasta cuatro helicópteros. Y resalta que la investigación ha contado además con la colaboración de los agentes medioambientales que realizan la investigación de las causas de incendios forestales de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil aprovecha para recordar la importancia de extremar las precauciones durante la realización de trabajos en el medio rural, especialmente en situaciones de elevado riesgo de incendios forestales, y de cumplir las medidas y autorizaciones establecidas para evitar conductas que puedan poner en peligro el entorno natural.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado íntegramente la condena de cuatro años y siete meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de León a un hombre por abusar sexualmente y de manera continuada de una niña, hija de su pareja. Los hechos ocurrieron en la provincia de León, cuando la menor tenía entre 10 y 12 años. El condenado convivía con ella y con su madre, con quien mantenía una relación sentimental, y había asumido durante ese tiempo funciones propias de un padre.

Según los hechos que la Audiencia Provincial declaró probados y que ahora mantiene el TSJCyL, el hombre realizó varios actos de carácter sexual con la menor aprovechando la convivencia familiar. La situación provocó en la menor miedo, angustia y desasosiego, además de problemas de sueño y dificultades en sus estudios.

El 10 de abril de 2023 la niña contó lo que estaba ocurriendo a su tutora del colegio, lo que activó el protocolo de protección. Posteriormente presentó una denuncia acompañada por su padre biológico. Cuatro días después se acordó el cambio de custodia y se prohibió al acusado acercarse o comunicarse con la menor.

La defensa recurrió la condena y pidió la absolución al considerar que no había pruebas suficientes y cuestionar la credibilidad del relato de la menor. El TSJCyL rechaza estos argumentos y considera que la Audiencia Provincial hizo una valoración “razonable, lógica y plenamente compatible con las reglas de la experiencia” de las pruebas practicadas.

La Sala destaca que la condena no se sustenta únicamente en el testimonio de la menor. Su relato estuvo acompañado por las declaraciones de sus padres, su hermano y su profesora, además de los informes de las psicólogas y de los peritos médico-forenses. El tribunal también señala que la niña contó uno de los primeros episodios a su madre, a su padre y a su hermano antes de presentar la denuncia formal.

El TSJCyL descarta además que la denuncia respondiera al supuesto deseo de la menor de irse a vivir con su padre biológico, como sostenía la defensa. La Sala considera que esa hipótesis no tiene respaldo en las pruebas y recuerda que el primer episodio ya había sido contado a familiares años antes de la denuncia, por lo que no aprecia una finalidad instrumental relacionada con el conflicto familiar.

La sentencia también subraya que la menor mantuvo sustancialmente el mismo relato durante todo el procedimiento. Las imprecisiones sobre las fechas concretas no se consideran relevantes, ya que los hechos se produjeron a lo largo de varios años, cuando tenía entre 10 y 12 años. Para el tribunal, lo relevante es que mantuvo de forma constante el relato sobre los tres episodios principales atribuidos al acusado.

La Justicia condena al hombre como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. La sentencia considera que se trata de varios episodios integrados en una misma conducta continuada y que uno de ellos quedó en grado de tentativa. Además, aplica el agravante de haber abusado de la niña aprovechando la relación de convivencia y confianza. La pena impuesta es de cuatro años y siete meses de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante el mismo periodo. También tendrá que cumplir dos años de libertad vigilada y tiene prohibido, durante cuatro años, ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores. El condenado deberá además indemnizar a la víctima con 5.000 euros.

La resolución del TSJCyL todavía no es firme. Contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.