La Junta de Castilla y León ha vuelto a intentar 'quitarse de encima' al director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada del Hospital de León, el veterano alto funcionario leonés José Luis Martínez Juan, que ya fue despedido hace algo más de dos años, decisión que este denunció y consiguió bloquear ante la Justicia.

La Consejería de Sanidad de la Junta ha publicado y hecho formal, a través de una orden en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), el cese por segunda vez de Martínez Juan, dos años después de que un primer cese fuera llevado a los tribunales y terminara siendo anulado. La única diferencia es que en esta ocasión la resolución se produce “a petición propia” del histórico alto funcionario, según se recoge en la publicación.

La orden fue firmada este lunes 17 de agosto por el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, dispone formalmente el cese final de uno de los principales puestos de la estructura directiva del hospital leonés. El Boletín se limita a agradecerle“los servicios prestados”, como ya hiciera en mayo de 2024, y establece que la resolución pone fin a la vía administrativa, aunque contempla la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o, previamente y con carácter potestativo, recurso de reposición en mes.

El nuevo cese pone así aparente punto y final a una situación muy singular en el área de gestión del Hospital leonés, después de que Martínez Juan recuperara el puesto como consecuencia de un procedimiento judicial tras su primera 'salida' forzada por la Consejería en 2024, alegándose entonces en la resolución la necesidad de implantar “nuevas medidas estratégicas” en la Gerencia de Atención Especializada de León.

Aquella decisión se produjo cuando Martínez Juan llevaba menos de dos años al frente de la Dirección de Gestión y Servicios Generales, puesto al que había accedido en agosto de 2022. El cese fue recurrido por el afectado ante los tribunales y, después de un primer pronunciamiento desfavorable, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León terminó reconociendo su derecho a recuperar el puesto, anulando las consecuencias de aquel primer intento de relevo. Entre otras cosas, se tuvo en cuenta que la Consejería tomó la decisión de apartarle cuando estaba de baja.

La ejecución de aquella resolución judicial obligó al Sacyl a readmitirle y provocó, a su vez, la salida de Pedro Izquierdo Doyagüez, que había asumido la Dirección de Gestión Hospital tras el primer cese de Martínez Juan. De este modo, la decisión de la Junta de mayo de 2024, que inicialmente había supuesto la salida del veterano directivo, quedó sin efecto como consecuencia del procedimiento judicial. Ahora, apenas después de su regreso al cargo, se produce un segundo cese, pareque que, ahora sí, pactado y definitivo.

Una trayectoria de décadas en altos cargos

José Luis Martínez Juan, natural de Acebes del Páramo, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional como técnico superior de las administraciones públicas. Antes de llegar al Hospital de León ocupó distintos puestos de responsabilidad en organismos públicos y en la estructura de la Administración autonómica.

Entre otras responsabilidades, ejerció como coordinador de servicios de la Secretaría General de la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial y fue jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de Salamanca entre 1996 y 1998. En León también estuvo vinculado al Instituto de Promoción Económica (Ipelsa) de la Diputación Provincial durante los años noventa.

Su relación con la Universidad de León comenzó en 1998, cuando fue nombrado gerente por el rector Julio César Santoyo. Permaneció en el puesto durante los primeros años del mandato de su sucesor, Ángel Penas Merino, hasta que en 2002 pasó a ocupar la gerencia de la Universidad de Valladolid.

Años después regresó a León. En noviembre de 2008, a petición del entonces rector José Ángel Hermida, volvió a asumir la Gerencia de la Universidad de León, responsabilidad que mantuvo hasta 2015. Posteriormente regresó a la gerencia de la Fundación General de la Universidad de Valladolid.

En agosto de 2022 dio el salto al Complejo Asistencial Universitario de León como director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada, un puesto desde el que quedó al frente de una parte esencial de la estructura de gestión del Hospital. Su despido de mayo de 2024 abrió entonces un episodio judicial que terminó con su regreso al cargo. El nuevo movimiento puede cerrar así un largo recorrido administrativo y judicial alrededor de uno de los puestos directivos de mayor peso del Hospital de León.

El Juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional de las dos personas detenidas por la muerte a tiros de un hombre de 44 años en Santa Lucía de Gordón, localidad perteneciente al municipio leonés de La Pola de Gordón. El hombre arrestado, de 33 años, está considerado supuesto autor de un delito de homicidio doloso, mientras que la mujer, de 49 años, ha ingresado en prisión como supuesta cómplice y por tener requisitorias anteriores pendientes, según ha informado este sábado la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.30 horas del jueves 13 de agosto. La Central 062 de la Comandancia de León recibió entonces un aviso después de que vecinos de Santa Lucía de Gordón escucharan varias detonaciones que parecían disparos de arma de fuego procedentes de la vivienda de la víctima.

La Guardia Civil desplegó patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), que al acceder a la zona localizaron el cuerpo sin vida del hombre. La víctima presentaba lesiones provocadas por un arma de fuego incompatibles con la vida.

A partir de ese momento se estableció un amplio dispositivo policial para localizar a los presuntos responsables, con un cerco alrededor del lugar de los hechos y especial vigilancia de posibles vías de huida y puntos de paso. Los agentes realizaron además una batida y un reconocimiento sistemático de los alrededores.

El operativo permitió localizar poco después en las inmediaciones a los dos sospechosos, un hombre de 33 años y una mujer de 49, ambos vecinos de la localidad, que fueron detenidos por la Guardia Civil.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León asumió la investigación y la instrucción de las diligencias. Los dos arrestados fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, Plaza número 4, que acordó su ingreso en prisión.

El hombre ha sido enviado a prisión como supuesto autor del homicidio doloso, mientras que a la mujer se le atribuye la condición de supuesta cómplice del crimen, además de constarle requisitorias anteriores a estos hechos. La investigación de la Guardia Civil trata de esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte a tiros ocurrida en Santa Lucía de Gordón.

El juzgado de Ponferrada, en León, ha decretado prisión para una mujer de 57 años que había sido detenida por la Guardia Civil como supuesta autora de un incendio forestal declarado el pasado mes de julio en la localidad berciana de Vega de Espinareda, que este verano ha sufrido más, incluso uno que alcanzó el nivel dos de gravedad, obligando incluso a dealojar algunas localidades.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fabero iniciaron una investigación al tener conocimiento el pasado mes de julio de un incendio forestal en el paraje Los Llanos de la localidad de Vega de Espinareda, que consumió unas dos hectáreas de monte bajo, pasto y pinos.

El Seprona realizó un reconocimiento e inspección ocular de la zona afectada y localizó lo que parecía ser el punto de inicio del incendio forestal, ha explicado este viernes la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado.

Tras minuciosas pesquisas tendentes a la identificación del autor de los hechos y gracias tanto a la colaboración ciudadana como a la recopilación de testimonios en relación al suceso, se pudo identificar a una mujer de 57 años como supuesta autora del incendio forestal.

Como resultado de todo lo anterior, se procedió a la detención y puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de guardia tanto de las diligencias como de la detenida y la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión.

La investigación se suma a las actuaciones desarrolladas durante un verano especialmente complicado en materia de incendios forestales en El Bierzo, con numerosos focos registrados en distintos puntos de la comarca.

Tras años de litigios perdidos, incluso judiciales, e intentos de evitarlo a través de varias tretas, la Diputación de León asumirá por fin la titularidad completa de la carretera que une los pueblos de Posada de Valdeón y Caín, uno de los principales accesos al Parque Nacional de los Picos de Europa y puerta de entrada a la Ruta del Cares.

La Corporación provincial, que cogobiernan PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), no han tenido más remedio que dar el brazo a torcer también en un último pero muy importante detalle, teniendo que estimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Posada de Valdeón. El acuerdo, adoptado por el Pleno provincial y publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), modifica la propuesta inicial formulada en octubre de 2025 para incorporar a la red viaria provincial la antigua LE-2705, conocida como carretera de Los Llanos de Valdeón a Caín, una de las más concurridas, por turística, de la provincia, y con una orografía muy compleja.

El Consistorio valdeonés tuvo que recurrir a la Justicia para torcer la falta de voluntad política de la institución por convertirse en 'dueña' de la carretera. Todavía cuando en noviembre de 2024 el TSJ marcó la decisión final, el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, el leonesista Roberto Aller, tardó meses en anunciar que ya no se interpondrían nuevos recursos. Pero todavía hubo un intento final para incumplir: dejar fuera sendos tramos urbanos de la carretera a su paso por los pueblos de Posada y Los Llanos de Valdeón.

El Ayuntamiento tuvo que volver a pelear, reclamando que la institución provincial asumiera la totalidad de la vía entre Posada de Valdeón y Caín, incluidos los tramos urbanos, de modo que pasara a integrarse plenamente en la red provincial y sin más dilación. Un proceso que, según resalta Efe, ya llega a su fin con la publicación de hoy y la apertura de un plazo de un mes para poder presentar alegaciones.

Así, finalmente la Diputación se pliega a incorporar por fin todo el vial, lo que supondrá una longitud total de 9.037 metros, a la actual carretera provincial LE-2711, que conecta la N-625, a la altura del Puerto del Pontón, con Posada de Valdeón. Como consecuencia, la vía pasará a denominarse oficialmente LE-2711 'De N-625 (Puerto del Pontón) a Caín' y alcanzará una longitud total de 23,104 kilómetros, ya plenamente incorporada a la red provincial.

La incorporación de la totalidad del trazado a la red provincial implica que la Diputación asumirá las responsabilidades asociadas a la conservación y gestión de la carretera, algo que el Ayuntamiento consideraba fundamental para garantizar unas condiciones homogéneas en todo el recorrido y una afluencia que se estima en unos 250.000 vehículos cada año por el reclamo turístico que la Ruta del Cares supone. Cuando el proceso ponga fin a años de litigio, la Diputación leonesa tendrá que asumir a partir de entonces cualquier arreglo de la misma, algo que el Ayuntamiento argumentaba que no tenía capacidad de hacer, como el Tribunal Superior le acabó dando la razón.

El Juzgado número 8 de lo Civil de León, con competencias mercantiles, ha declarado culpable la quiebra económica sufrida por la Cooperativa de Leche Lar y ha señalado como responsable a Luis Carlos Fernández, quien fuera su todopoderoso gerente durante 24 años. La sentencia concluye que ejerció como administrador de hecho de la cooperativa y que las graves irregularidades contables acreditadas contribuyeron a agravar su insolvencia.

El fallo impone a Fernández una inhabilitación de siete años para administrar bienes ajenos o representar a terceros. Y también le condena a devolver un total de 375.624,33 euros, una cifra equivalente a las retribuciones brutas que percibió entre el año 2021 y la fecha de su salida de la cooperativa, en agosto de 2024, poco antes de airearse la grave situación que sufría la entidad. También debe afrontar el pago de las costas procesales, si bien hay que remarcar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de León.

Tal y como publicó Diario de León, la jueza asume en lo sustancial las conclusiones de la administración concursal sobre una contabilidad que no reflejaba la imagen fiel de la situación económica de Lar. El procedimiento sitúa en torno a seis millones de euros el volumen de existencias y derechos de cobro que eran inexistentes o que estaban sobrevalorados, a pesar de lo cual se mantuvieron como activos en las cuentas de la cooperativa durante varios ejercicios presupuestarios. Esas partidas fueron finalmente corregidas antes de la solicitud de concurso, presentada en 2025, después de haber aflorado durante 2024.

La corrección contable dejó en evidencia la profundidad casi insalvable del deterioro patrimonial. Según los datos recogidos en la sentencia judicial, la cooperativa presentaba un déficit superior a 7,6 millones de euros: disponía de activos por unos 3,8 millones frente a una deuda total de 11,4 millones. El informe concursal describe además un aumento sostenido del endeudamiento y una creciente dependencia de financiación a corto plazo, cuyo peso habría pasado del 58% en 2020 al 75% en 2023. La imposibilidad de renovar las líneas de capital circulante terminó precipitando el colapso financiero que acabó con la salida del gerente y la designación de unos nuevos responsables de la entidad para tratar de encontrar desesperada una salida a la crisis.

La sentencia considera probado que Fernández disponía de “total autonomía” y capacidad de decisión “sin ninguna otra dependencia jerárquica”, suficientes para dirigir de hecho la cooperativa, pese a no ostentar formalmente el cargo de administrador. La resolución valora que era él quien negociaba con entidades financieras, mantenía las relaciones con auditores y asesores, representaba a Lar ante terceros y participaba en los órganos de decisión. También subraya que validó la contabilidad que incluía los activos inexistentes y que no trasladó al Consejo Rector la situación real de insolvencia, que el informe concursal sitúa ya desde el año 2021. Este medio no ha conseguido por varias vías contactar con Luis Carlos Fernández para recabar su punto de vista y una posible decisión de recurso frente a la sentencia.

El Consejo Rector sale indemne

Por el contrario, el juzgado rechaza extender la responsabilidad a los miembros del Consejo Rector, tal y como reclamaba el Grupo Leche Río. Y es que la resolución asegura literalmente que que se trataba “de agricultores y ganaderos, sin conocimientos financieros, contables o jurídicos” que en todo momento “delegaban en el gerente, en el que tenían confianza plena”, e incluso “no contaban tampoco con retribución alguna como miembros del Consejo”. Fue por eso que confiaron en la información proporcionada por la dirección ejecutiva y en auditorías que emitieron informes favorables sin detectar las irregularidades que después afloraron.

Además, se recuerda que el actual Consejo Rector accedió al cargo en 2024, cuando una parte sustancial de los hechos ya se había producido, e incluso valora que actuó al conocer la dimensión de los problemas, tal y como declararon entonces a ILEÓN el nuevo gerente, Miguel Fontanilla, y el recién nombrado presidente, José Franco.

Por aquel entonces, cuando Luis Carlos Fernández dejó inesperadamente la gerencia alegando formalmente motivos personales, la nueva dirección insistía en que tratarían de que la cooperativa, con más de medio siglo de vida, podría superar sus dificultades con un nuevo plan, descartando entonces solicitar concurso de acreedores. La empresa mantenía entonces su plantilla de 16 trabajadores, sus líneas de negocio y gran parte la recogida de leche, aunque en algunas zonas de la Montaña leonesa se dejó de recoger y obligó a buscar nuevas fórmulas.

Aquella información vinculaba las tensiones financieras al fracaso de una operación crediticia y al rendimiento por debajo de lo previsto de determinadas inversiones, como el secadero de maíz de Veguellina de Órbigo, localidad en la que Lar mantiene su sede social incluso después de la adquisición final por parte de grupo cántabro Agrocantabria. La sentencia, sin embargo, incorpora un elemento central: la existencia de activos ficticios que durante años habrían ocultado la verdadera dimensión del desequilibrio económico, y un claro responsable de ello.

La crisis fue un histórico varapalo a una de las cooperativas más identificadas con el campo leonés, especialmente en la comarca del Órbigo. Lar llegó a reunir a más de 300 socios y a mover una facturación anual situada, según las últimas cifras entonces conocidas, entre 15 y 20 millones de euros. Su marca de leche, de origen cien por cien leonés y presente en los lineales desde 2010, se convirtió en uno de los emblemas comerciales de la entidad.

La calificación culpable del concurso y la responsabilidad del exgerente no equivalen a una condena penal: se trata de una resolución dictada dentro del procedimiento concursal, lo cual determina las responsabilidades civiles y mercantiles por la agravación de la insolvencia económica. Y todavía la posible vía de la apelación ante la Audiencia mantiene abierto el recorrido judicial de un caso que golpeó a una histórica cooperativa y a buena parte de su entorno rural leonés.

La Policía Nacional ha detenido en León al presunto autor de seis delitos de estafa y hurto cometidos durante el pasado mes de julio contra personas de avanzada edad, a las que engañaba haciéndose pasar por técnico de una compañía suministradora o empleado municipal, incluso cambiando su aspecto y apariencia. Ante la gravedad y el número de casos, el juez ha decretado su inmediato ingreso en prisión, según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación fue desarrollada por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Comisaría Provincial de León después de que varias personas denunciaran hechos con un mismo modus operandi. Las pesquisas permitieron relacionar los distintos casos y centrar las investigaciones en un único sospechoso, un individuo que ya había sido investigado anteriormente por delitos de características similares, como se constató más adelante.

El detenido seleccionaba a sus víctimas en lugares frecuentados por personas mayores, muy especialmente mujeres. Después de observarlas y realizar un seguimiento, obtenía información personal o familiar que posteriormente utilizaba para ganarse su confianza.

Una vez que las acompañaba hasta el portal de sus domicilios, accedía al edificio junto a ellas haciéndose pasar por operario de una compañía suministradora o también por un empleado municipal. A continuación, alegaba que debía realizar una revisión urgente de las instalaciones eléctricas o de gas en sus domicilios.

Para reforzar el engaño, utilizaba información sobre familiares, amistades o personas conocidas por las víctimas, con el objetivo de generar confianza y conseguir que le permitieran entrar en sus viviendas.

Ya en el interior, simulaba realizar comprobaciones en distintas estancias mientras aprovechaba para sustraer dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. En algunos casos, además, cobraba a las víctimas cantidades de dinero por una revisión que nunca había sido solicitada ni se había llevado a cabo.

Seis hechos esclarecidos

Las diligencias policiales permitieron acreditar, según la investigación, la presunta participación del detenido en seis hechos denunciados durante el mes de julio. Varias de las víctimas lo reconocieron fotográficamente como el autor de los hechos.

En otros casos, los reconocimientos resultaron más complicados debido a la avanzada edad de las perjudicadas y al nerviosismo sufrido durante los hechos. La Policía también constató que el investigado había modificado en algunas ocasiones su apariencia física, por ejemplo dejándose barba o utilizando gafas, para dificultar su identificación.

A pesar de ello, el conjunto de las diligencias practicadas permitió reunir suficientes indicios para atribuirle la presunta autoría de los seis delitos investigados. Tras su detención, fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión, también por la reincidencia.

La Policía Nacional destaca además el impacto emocional que este tipo de delitos provoca en las víctimas, que pueden experimentar una sensación de inseguridad al comprobar que el autor consiguió acceder a su vivienda aprovechándose de su confianza. En algunos casos, las sustracciones afectan también a joyas y objetos cuyo valor sentimental supera al económico.

Recomendaciones siempre presentes

La Policía Nacional recomienda especialmente a las personas mayores y a sus familiares extremar las precauciones ante la presencia en el domicilio de supuestos técnicos u operarios cuya visita no haya sido previamente concertada.

Los agentes aconsejan no permitir la entrada a personas que no hayan sido avisadas con anterioridad y comprobar siempre su acreditación, así como contactar con la compañía suministradora para confirmar que la visita está programada.

También recomiendan no facilitar datos personales, bancarios o económicos ni información sobre las medidas de seguridad de la vivienda, evitar mantener grandes cantidades de dinero en efectivo en casa y comprobar que la uniformidad, identificación y logotipos del supuesto técnico corresponden realmente con la empresa que asegura representar.

Durante cualquier revisión, la Policía aconseja no dejar sola ni perder de vista a la persona que haya accedido a la vivienda. Ante cualquier sospecha, se recomienda contactar con un familiar, vecino o presidente de la comunidad antes de permitir la entrada y, si persisten las dudas o se detecta una situación sospechosa, llamar al 091.

Una especie en total peligro de extinción, el urogallo cantábrico, del que se estima que apenas quedan 209 ejemplares en libertad, y bajando, ha vuelto a ganar la partida a un macroproyecto eólico. Y ha vuelto a ocurrir en la provincia de León, donde se concentran la mayoría de los ejemplares, junto con el Principado de Asturias.

Esta vez la victoria de la delicadísima urogallina se ha convertido además en protagonista de un boletín oficial. Ha sido en el BOP de León donde la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado que Solaria, uno de los mayores grupos empresariales de proyectos de energía renovables, desiste de manera formal de una macroplanta eólica que venía impulsado desde hace casi dos años en la comarca leonesa de la Cepeda.

Se trataba de un proyecto que preveía la instalación de 10 enormes aerogeneradores e infraestructuras de evacuación en los municipios leoneses de Quintana del Castillo, Valdesamario y Villagatón, para generar 70 megavatios de potencia. El motivo por el que la compañía renuncia al parque bautizado como 'Aquarii', renuncia que el Ministerio asume paralizando la solicitud de autorización administrativa previa que estaba en marcha, no es otro que el impacto irreversible que este proyecto había supuesto para el urogallo.

Así se refleja en la documentación dada a conocer a través del Boletín leonés: “El promotor pone de manifiesto que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha informado que el proyecto resulta ambientalmente inviable por ser incompatible con el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico”, se limita a recoger. Llama la atención, además, porque ha sido la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta la que ha peleado durante años por legalizar, hasta en tres ocasiones, algunos antiguos parques eólicos como Peña del Gato, que la Justicia declaraba reiteradamente ilegales, precisamente por los daños a la especie protegida.

Ahora, ante la acumulación de informes desfavorables de diversos organismos y administraciones durante la tramitación ambiental, la empresa reconoce la inviabilidad de esta parte de su gran proyecto en León, solicitando el cierre formal del expediente. Pero solo parte. Porque sin embargo, Aquarii sigue adelante en su formato original, que era una macroplanta de placas solares en la misma comarca leonesa, de 89,6 Mw. Y es que la instalación eólica a la que se renuncia se había planteado por parte de Solaria como una “hibridación con la instalación fotovoltaica Aquarii Solar”. Juntos iban a ocupar unas 200 hectáreas. También continuará avanzando plazos administrativos y ambientales toda la infraestructura de evacuación energética de esta planta solar, gran parte de la cual se iba a aprovechar conjuntamente para ambos proyectos. Esta infraestructura se tramitaba en un expediente separado, SGIISE/PFot-234.

Una larga historia de trámites

El expediente original, impulsado por Planta FV 127 SLU, arrancó en julio de 2024, al presentarse la solicitud de autorización administrativa previa para el proyecto. Medio año después, el 24 de enero de 2025, la administración acordó admitir a trámite la petición, dando continuidad al procedimiento. Sin embargo, el proyecto el primer obstáculo apenas unas semanas después: El 13 de febrero de 2025 se dictó una resolución que puso fin a la pretensión de la compañía se someter las dos plantas a un procedimiento simplificado de afección ambiental.

El Ministerio determinó que la actuación debía someterse a una tramitación ordinaria de evaluación ambiental, un proceso más amplio que implica un análisis detallado de las posibles afecciones del proyecto. Y ha sido este trámite de impacto ambiental ordinario, que comenzó formalmente el 1 de septiembre de 2025, en el que la Junta ha sido tajante al advertir la incompatibilidad de la parte eólica con la supervivencia del urogallo en una de las pocas comarcas de España donse aún sobrevive. Y aún así, la proliferación de proyectos de macroplantas solares sigue atenazando el paisaje de toda la Cepeda, donde se multiplican este tipo de proyectos desde hace años.

El Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a la auxiliar de enfermería que asesinó a una anciana de 98 años en una residencia de León tras inyectarle varias dosis de insulina que la víctima no necesitaba. El alto tribunal estima el recurso presentado por la Fiscalía y agrava la condena al considerar que concurría la especial vulnerabilidad de la mujer debido a su avanzada edad y su estado de salud, por lo que sustituye la pena de 20 años de prisión impuesta inicialmente por la Audiencia Provincial de León y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el primer recurso.

Los hechos se remontan al 17 de agosto de 2022, cuando la trabajadora llevó a la residente, que padecía demencia y dependía de terceros para sus cuidados básicos, a su habitación después de cenar. Según recoge la sentencia, mientras la acostaba la golpeó en la cabeza y la zarandeó, provocando que la anciana gritara: “No me pegues, no me pegues”. Los gritos alertaron a otra auxiliar y motivaron la intervención de los responsables de la residencia y de una patrulla de la Policía Nacional. La mujer fue atendida de las lesiones en el propio centro.

Poco después, la dirección de la residencia indicó a la auxiliar que abandonara su puesto hasta esclarecer lo sucedido. Sin embargo, antes de marcharse, la mujer accedió al cuarto de enfermería, cogió un bolígrafo de insulina destinado a otra residente diabética y regresó a la habitación de la anciana. Allí le inyectó el medicamento mediante cuatro pinchazos con la intención de causarle la muerte, según considera probado el Tribunal Supremo.

A la mañana siguiente, otras trabajadoras encontraron a la residente inconsciente y fue trasladada al hospital, donde ingresó en coma a consecuencia de una intoxicación por insulina. Días después falleció.

La Audiencia Provincial de León condenó a la auxiliar por un delito de asesinato alevoso a 20 años de prisión, además de imponerle una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones y el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la condena, aunque rebajó parcialmente las indemnizaciones.

Ahora, el Tribunal Supremo estima el recurso de la Fiscalía y aplica el artículo 140 del Código Penal, que contempla la prisión permanente revisable cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad o circunstancias personales. Además, desestima el recurso presentado por la condenada y mantiene el resto de pronunciamientos de la sentencia, incluidas las condenas por lesiones y las indemnizaciones.

En su resolución, la Sala de lo Penal considera que la forma de actuar de la acusada fue claramente alevosa, ya que la víctima no podía sospechar que una inyección administrada por una trabajadora de la residencia tuviera una finalidad homicida. El tribunal añade que esa circunstancia se ve agravada por la extrema vulnerabilidad de la anciana, que tenía 98 años, sufría deterioro cognitivo y dependía completamente de los cuidados del personal del centro, lo que justifica la imposición de la máxima pena prevista en el ordenamiento jurídico español.

El Tribunal de Instancia, Sección de lo Social de León, ha estimado la demanda presentada por un sociedad hostelera de León contra una multa de 3.750 euros que la Tesorería General de la Seguridad Social le impuso por considerar que mantenía prestando servicios a una trabajadora sin haber cursado previamente su alta. La jueza concluye que los hechos acreditados no permiten afirmar la existencia de una relación laboral y revoca íntegramente la resolución administrativa.

El origen del litigio se encuentra en una inspección realizada el 19 de diciembre de 2024 durante la celebración del décimo aniversario del establecimiento pizzero. En esa visita, las inspectoras observaron a una mujer trasladando un plato desde la zona del restaurante hacia la cocina. Tras identificarla, comprobaron que no figuraba dada de alta en la empresa, circunstancia que dio lugar a la apertura del expediente sancionador.

Como consecuencia de esa actuación inspectora, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción por entender que la empresa había incumplido la obligación de tramitar el alta previa de una trabajadora en la Seguridad Social. La conducta fue calificada como infracción grave conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, proponiéndose una multa de 3.750 euros, posteriormente confirmada por la Tesorería General de la Seguridad Social. La multa aplicada fue la mínima posible ante una infracción que tiene la calificación de 'grave'.

La empresa recurrió tanto en vía administrativa como judicial al sostener que la mujer identificada era la sobrina de una de las propietarias y que acudía únicamente como invitada a la fiesta organizada por el aniversario del local. Según su versión, la joven no prestaba servicios para el negocio, sino que, antes de marcharse a su verdadero puesto de trabajo como repartidora de una cadena de pizzerías, recogió un plato y lo llevó a la cocina de forma espontánea.

La magistrada valoró la prueba documental, los vídeos aportados por la empresa y las declaraciones testificales. Los testigos coincidieron en que aquel día no existía servicio de comedor, que la cocina permanecía cerrada al funcionamiento habitual y que la celebración estaba dirigida principalmente a familiares e invitados. Además, en las grabaciones no se apreciaba a la joven atendiendo clientes ni realizando funciones propias de una empleada del establecimiento.

En el plano jurídico, la sentencia recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el valor probatorio de las actas de la Inspección de Trabajo. La resolución subraya que dichas actas gozan de presunción de certeza respecto de los hechos directamente observados por los inspectores, pero no respecto de las valoraciones jurídicas que puedan extraerse de ellos. En este caso, la presencia de la mujer en el local y el hecho de portar un plato a la cocina quedaron acreditados, pero ello no basta para demostrar la existencia de una relación laboral.

La jueza recuerda en la sentencia los elementos que caracterizan un contrato de trabajo —voluntariedad, ajenidad, dependencia y retribución— y concluye que ninguno de ellos quedó probado en este caso. Destaca que no existían indicios de continuidad en la prestación de servicios, tampoco consta remuneración y que la actuación observada era plenamente compatible con un gesto ocasional de ayuda familiar durante una celebración privada. En consecuencia, considera aplicable la exclusión prevista para los trabajos realizados por amistad, benevolencia o buena vecindad.

La Tesorería General de la Seguridad Social defendía que los hechos constatados por la Inspección justificaban la sanción mientras que la empresa insistía en que se trataba de una ayuda puntual de un familiar sin trascendencia laboral. La magistrada entiende que la prueba practicada desvirtúa suficientemente la presunción derivada del acta inspectora, al acreditar el contexto excepcional en que se produjo la actuación observada.

La sentencia, firme, deja sin efecto la sanción económica de 3.750 euros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El hombre detenido en la madrugada del martes como presunto autor de tres incendios forestales declarados en distintos puntos de Ponferrada ha ingresado en prisión por orden judicial. La Policía Nacional le atribuye, al menos, los tres fuegos registrados durante la noche y considera que existía un elevado riesgo de reincidencia, motivo por el que solicitó su puesta a disposición judicial tras concluir la investigación.

Los incendios se declararon de forma prácticamente consecutiva en el Parque de la Juventud, el Paseo de Los Nogales y el entorno de Santo Tomás de las Ollas, donde ardieron varias zonas de pasto. Desde el primer momento, la cercanía entre los focos y el escaso intervalo de tiempo entre unos y otros hizo sospechar a los investigadores de que las llamas habían sido provocadas.

La respuesta movilizó a efectivos de los Bomberos de Ponferrada, agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, que trabajaron de forma coordinada tanto para extinguir los incendios como para localizar al presunto responsable antes de que pudiera provocar nuevos focos.

Las primeras pistas llegaron gracias a varios testigos, que facilitaron una descripción física y de la ropa que llevaba un hombre al que habían visto en las inmediaciones de los incendios. Con esa información, los agentes se dirigieron al domicilio de un individuo conocido por antecedentes relacionados con conductas pirómanas y por hechos de características similares, que coincidían con las aportadas por los testigos. Además, la secuencia y ubicación de los incendios seguía un recorrido compatible con el trayecto desde su vivienda.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido por la Policía Municipal oculto en una caseta y portando cuatro mecheros. Posteriormente, la Policía Nacional recopiló los indicios y pruebas obtenidos durante la investigación y elaboró el correspondiente atestado, en el que le imputa al menos tres delitos de incendio forestal. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado competente decretó su ingreso en prisión.

La detención se produce en un momento especialmente delicado para la provincia de León, que encadena varios grandes incendios forestales y mantiene un elevado riesgo de fuego por las altas temperaturas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recuerdan la importancia de avisar de inmediato al 1-1-2 ante cualquier columna de humo o comportamiento sospechoso, ya que una rápida actuación puede resultar decisiva para evitar que un incendio se propague y cause daños personales, ambientales o materiales.

El Juzgado de Guardia de Ponferrada ha acordado la puesta en libertad de los dos hombres detenidos el pasado fin de semana por la Policía Municipal como presuntos autores de varios incendios registrados en la localidad de Santo Tomás de las Ollas y el barrio de La Rosaleda, ambos en el municipio de Ponferrada.

La decisión judicial se adoptó después de tomar declaración a ambos arrestados y de analizar las diligencias remitidas por el cuerpo policial municipal, entre las que figuran los testimonios de varios vecinos que aseguraron haber visto a los sospechosos originando los fuegos, según informan los cuerpos de seguridad.

El primero de los detenidos, de 42 años, fue arrestado como presunto responsable de un incendio declarado en las inmediaciones del gimnasio de Santo Tomás de las Ollas. Según fuentes vecinales, al mismo hombre ya se le atribuyeron otros incendios ocurridos hace tres años en esta pedanía de Ponferrada.

Tras conocerse la detención, el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, ha destacado la tranquilidad que la actuación policial había generado entre los vecinos, preocupados por la reiteración de este tipo de sucesos. En 2023, el presunto pirómano ya había provocado un fuego en la pedanía, aseguró.

El segundo arrestado, de 53 años, y de Matarrosa (León) fue detenido como presunto autor de los incendios registrados en la zona de La Rosaleda. Ambos han quedado en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha cifrado en 50,1 hectáreas la superficie afectada por el incendio forestal declarado la pasada semana en la Tebaida berciana, entre las localidades de Villanueva y Valdefrancos de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. El balance definitivo recoge daños en una masa forestal compuesta principalmente por pinar, brezo y escobas.

El Juzgado de Guardia de Ponferrada ha acordado la puesta en libertad de los dos hombres detenidos el pasado fin de semana por la Policía Municipal como presuntos autores de varios incendios registrados en Santo Tomás de las Ollas y el barrio de La Rosaleda, en Ponferrada.

La decisión judicial se adoptó después de tomar declaración a ambos arrestados y de analizar las diligencias remitidas por la Policía Municipal, entre las que figuran los testimonios de varios vecinos que aseguraron haber visto a los sospechosos originando los fuegos, según informan los cuerpos de seguridad.

El primero de los detenidos, de 42 años, fue arrestado como presunto responsable de un incendio declarado en las inmediaciones del gimnasio de Santo Tomás de las Ollas. Según fuentes vecinales, al mismo hombre ya se le atribuyeron otros incendios ocurridos hace tres años en esta pedanía de Ponferrada.

Tras conocerse la detención, el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, ha destacado la tranquilidad que la actuación policial había generado entre los vecinos, preocupados por la reiteración de este tipo de sucesos. En 2023, el presunto pirómano ya había provocado un fuego en la pedanía, aseguró.

El segundo arrestado, de 53 años, y de Matarrosa fue detenido como presunto autor de los incendios registrados en la zona de La Rosaleda. Ambos han quedado en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha cifrado en 50,1 hectáreas la superficie afectada por el incendio forestal declarado la pasada semana en la Tebaida berciana, entre las localidades de Villanueva y Valdefrancos de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. El balance definitivo recoge daños en una masa forestal compuesta principalmente por pinar, brezo y escobas.

Uno de los agresores del presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo en abril de 2024, el exalcalde de Ponferrada Olegario Ramón, tendrá que sentarse otra vez en el banquillo de los acusados al ordenar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León repetir el juicio respecto del episodio de acometimiento físico al apreciar un déficit de motivación sobre el delito de atentado.

Más suerte ha tenido el otro acusado, que ha mantenido el dictamen de absolución por amenazas en la agresión ocurrida frente a la sede del PSOE de Ponferrada. Así se desprende de una sentencia que ha hecho público el Gabinete de Comunicación del TSJ de Castilla y León, en la que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior autonómico “estima parcialmente los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León y declara la nulidad parcial del fallo, al considerar insuficiente la motivación sobre la absolución por atentado y la condena por lesiones derivadas de la agresión al entonces presidente del Consejo Comarcal del Bierzo”.

La sala ha resuelto los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León en relación con los incidentes ocurridos el 11 de abril de 2024 durante una concentración frente a la sede del PSOE en Ponferrada. En su resolución, el alto tribunal confirma la absolución de uno de los acusados por el delito de amenazas, al entender que la motivación de la Audiencia sobre este extremo es suficiente y racional y no concurren los requisitos legales para anular ese pronunciamiento. De hecho indicaba aquella primera sentencia que “no consta acreditado que los acusados actuaran con desprecio a las ideologías políticas del perjudicado, sino en el ámbito de una manifestación legalmente autorizada en contra de la ley de amnistía y del gobierno”.

Por el contrario, el TSJ autonómico sí que aprecia una insuficiencia en la motivación de la sentencia en lo relativo a la absolución del otro acusado por el delito de atentado contra la autoridad: “La Sala considera que la resolución recurrida no ofrece una explicación bastante sobre determinados elementos de prueba relevantes para determinar si el acusado conocía o no la condición de autoridad que ostentaba la persona perjudicada en el momento de los hechos, en este caso el entonces presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón”.

Nulidad parcial y nuevo juicio

El Tribunal Superior subraya que no entra ahora a revisar el fondo de la prueba ni a declarar acreditado ese conocimiento de la condición de autoridad del perjudicado, sino que se limita a constatar un déficit de motivación que impide mantener la absolución en los términos en que fue dictada. Por ello, acuerda la nulidad parcial de la sentencia de la Audiencia de León y ordena la celebración de un nuevo juicio oral, con una composición distinta del tribunal de enjuiciamiento, para que se dicte una nueva resolución específicamente sobre el episodio de acometimiento físico registrado durante la concentración.

La nulidad alcanza tanto al pronunciamiento absolutorio por el delito de atentado como a la condena por lesiones, al entender la Sala que ambos descansan sobre el mismo núcleo fáctico y comparten una valoración probatoria común. En consecuencia, el nuevo juicio deberá abordar de nuevo ese bloque de hechos: la agresión física, la eventual existencia de atentado a la autoridad y la responsabilidad por lesiones.

En la primera sentencia, el tribunal había considerado a F.P.C. autor “criminalmente responsable de un delito de lesiones” y se le condenaba a 8 meses de multa con una cuota diaria de 7 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Además, según la Audiencia Provincial de León el hombre debía indemnizar a Ramón con 1.504,51 euros y correr con las costas del procedimiento. La Fiscalía le pedía cinco años de cárcel.

Como consecuencia de la nulidad acordada, el Superior no entra a resolver las restantes cuestiones planteadas en los recursos, relativas a la posible agravante de discriminación ideológica ni al recurso formulado por la defensa contra la condena por lesiones. Estas cuestiones quedan diferidas al nuevo enjuiciamiento, que será el que deberá pronunciarse con plena valoración probatoria y motivación sobre el conjunto de hechos y calificaciones jurídicas.

La sentencia del TSJCyL no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley o quebrantamiento de forma, en los términos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este eventual recurso podría centrarse en el alcance de la nulidad acordada y en la interpretación de las exigencias de motivación de las resoluciones penales.

Más de 21 millones de seguidores en Youtube, cerca del millón en Instagram, dos millones en Facebook, doce discos publicados y una gran gira por escenarios de España y Latinoamérica, incluyendo recintos de hasta 15.000 personas. Son las cifras detrás del personaje infantil Luli Pampín, creado hace una década por la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, una de las grandes estrellas para el público más pequeño gracias a sus pegadizas canciones e imagen icónica.

La protección del personaje llevó a su creadora y a la empresa que gestiona sus derechos a interponer una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. Los abogados del personaje solicitaban una pena de prisión de 11 años, inhabilitación de cinco años para actividades similares y el pago de una indemnización de 90.000 euros, además de la multa correspondiente.

Luli Pampín es el personaje que lanzó al éxito a la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, que llegó a España con 12 años, fue militar en el Ejército español una década y tras ser madre creó el universo de Luli Pampín, inspirada como reconoce, en el personaje japonés de 'Sailor Moon'. La artista reside actualmente en Andorra junto a su familia.

La cantante y bailarina señala en su web en su advertencia sobre el registro de su personaje, elementos accesorios y canciones y que “cualquier evento o actuación que pretenda rendir homenaje o utilizar de cualquier manera la obra y los elementos protegidos de Luli Pampín debe obtener una autorización previa y expresa. Esta política asegura la protección y la gestión adecuada de nuestros derechos de propiedad intelectual, manteniendo la integridad y la identidad única de nuestra marca y sus creaciones”. De ahí la denuncia efectuada en León.

Ante la denuncia la Fiscalía consideraba que sí concurrían los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial y solicitaba un año de prisión por cada uno de ellos, además de una multa de 18 meses por la infracción contra la propiedad intelectual y una indemnización de 15.000 euros para la denunciante. La defensa, por su parte, reclamó la libre absolución.

La Audiencia Provincial de León ha terminado dictaminando la absolución al actor y empresario promotor de la obra homenaje tras el juicio celebrado la pasada primavera. El tribunal sí aprecia similitudes en el cartel y confirma que el espectáculo carecía de autorización, pero concluye que no se acreditó la reproducción de las obras originales, el dolo exigido en los delitos de los que se le acusaba ni que se haya causado un perjuicio grave para los consumidores. El equipo de la artista ha confirmado a este medio que la sentencia ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según Luli Pampín, ella se enteró del espectáculo porque sus seguidores la etiquetaban en redes sociales anunciando que acudirían, pese a que avisó que no era ella ni su obra original. El tribunal considera acreditado que el cartel publicitario incluía una actriz con peluca rosa y un vestuario parecido al utilizado por Luli Pampín, así como similitudes entre la marca y signos distintivos registrados por la argentina. Pero no condena porque considera que las pruebas necesarias para una condena por reproducción o plagio de una obra artística no han sido suficientes.

Luli Pampín declaró en el juicio que algunos seguidores le habían remitido imágenes en las que podía comprobarse la reproducción de su espectáculo, pero esas grabaciones no fueron incorporadas a la causa. Según declaró a ella le afectan estas situaciones porque planea milimétricamente su show, y le perjudica porque estos shows son por menos precio y daña la relación de confianza que tiene con sus seguidores al no poderse distinguir del original.

El promotor acusado admitió que el espectáculo se promocionó como un tributo y que el cartel mostraba a una actriz con peluca rosa. También reconoció que, tras la llegada de la Policía, cambió el orden de las canciones y que posteriormente se interpretaron canciones de Luli o similares como 'Paseo por la selva' (un éxito con 1,5 millones de reproducciones en Youtube). No obstante, el acusado sostuvo que sus espectáculos utilizaban básicamente canciones populares, composiciones propias y coreografías preparadas por su equipo, y que la intención era inspirarse en determinados personajes sin plagiar sus obras.

Uno de los actores del 'homenaje' afirmó que el repertorio de la obra se modificó durante la presencia policial, que no habían ensayado antes y que el material relacionado con Luli Pampín se reservó para el final, pero también reconoció que no conocía suficientemente al personaje ni podía identificar sus canciones. Otros intérpretes señalaron que la trama representada trataba sobre los tripulantes de una nave espacial y negaron que los vídeos aportados por la acusación correspondieran a su actuación.

Según otro testimonio había poca gente en el teatro, cuyo precio de las entradas era entre 10 y 13 euros con una recaudación neta de 3.075,96 euros, cantidad de la que el acusado debía pagar 1.100 euros en concepto de alquiler del teatro, el sueldo de los actores y gastos de alojamiento y desplazamiento.

La clave de la absolución por el delito contra la propiedad intelectual estuvo en la insuficiencia de la prueba sobre el contenido real del espectáculo. La Policía Nacional se personó en el espectáculo para verificar el mismo tras una denuncia de Luli Pampín pero el video aportado, de 15 minutos de duración, según la sentencia, no mostraba referencias ni contenidos vinculados a Luli Pampín. El acusado sí reconoció el uso limitado de canciones en los minutos finales del espectáculo.

La Audiencia Provincial de León concluye que no quedó probado, más allá de toda duda razonable, que en la función de León se reprodujeran canciones, guiones, personajes, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos. La semejanza del cartel, por sí sola, no permitía acreditar el plagio del espectáculo.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, el tribunal destaca que la acusación debía probar no solo el uso de signos iguales o confundibles, sino también que el acusado sabía que estaban registrados. La sentencia considera que ese conocimiento no puede presumirse y que no se aportó prueba suficiente para demostrar que, antes de publicar el cartel, el promotor conociera el registro de las marcas y signos distintivos.

La Audiencia también descartó el lucro habida cuenta que las cifras totales del espectáculo suponen que “ni el beneficio obtenido posee especial trascendencia económica ni los hechos revisten especial gravedad”.

En relación con el delito de publicidad engañosa la sentencia recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que las alegaciones falsas o características inciertas sean aptas para ocasionar un perjuicio grave y manifiesto al conjunto de los consumidores. Para valorar esa gravedad deben tenerse en cuenta factores como la clase de servicio, el precio, el número de destinatarios, el medio publicitario y las circunstancias de quienes reciben el mensaje.

Los jueces leoneses entienden que debido a que las entradas costaban entre 10 y 13 euros y no se aportaron datos concretos sobre consumidores engañados, devoluciones, reclamaciones o perjuicios relevantes no existe prueba suficiente para afirmar un daño grave y manifiesto a los consumidores.

Un año después del aquella obra homenaje la Luli Pampín original actuó en León en el Auditorio de la ciudad con su espectáculo 'El libro musical'. Este mes de julio la artista se encuentra de gira por Argentina y Chile con su espectáculo 'Millones de gracias', con el que celebra los 10 años del personaje que nació en agosto de 2016 con un video en Youtube.

Para el equipo de Luli Pampín este revés judicial, no firme, “no altera la protección legal de las figuras, obras y creaciones culturales, cuya defensa seguiremos ejerciendo por las vías legales correspondientes”.

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de apelación presentado por una madre lacianiega contra una sentencia que declaró que un hombre es el padre biológico de un menor. La resolución confirma íntegramente el fallo dictado por el Tribunal de Instancia de Villablino en octubre del 2025 y mantiene la rectificación registral de la filiación, con los efectos civiles correspondientes, incluida la modificación de los apellidos del niño. Además, impone a la apelante las costas del recurso.

El caso parte de una demanda de filiación paterna no matrimonial presentada por el presunto padre al amparo del artículo 133 del Código Civil en la demarcación judicial de Villablino. El demandante solicitó que se declarase judicialmente que era el padre biológico de un menor, frente a la oposición de la madre. En primera instancia, el juzgado estimó la demanda y acordó adecuar la inscripción de nacimiento a la realidad biológica declarada.

La reclamación de filiación se apoyaba en la existencia de una relación sentimental entre los litigantes en la época compatible con la concepción, así como en distintos indicios documentales y testificales. Entre ellos figuraban fotografías del actor con el menor en el hospital, imágenes de los progenitores compartiendo espacios privados y momentos de ocio, referencias a una ecografía y declaraciones de testigos que afirmaron haber conocido la relación de pareja.

La madre recurrió la sentencia alegando error en la valoración de la prueba. Sostuvo que no había quedado acreditada con certeza la convivencia o relación en la época de la concepción y defendió que su negativa a someter al menor a la prueba biológica no debía interpretarse en su contra, porque pretendía proteger la intimidad del niño.

El demandante se opuso al recurso y subrayó que la prueba acumulada era suficiente para confirmar la paternidad, aún sin prueba de ADN que determinara la filiación. A su juicio, la documental y las declaraciones testificales acreditaban la relación mantenida con la madre y su presencia en momentos relevantes del embarazo y el nacimiento. También destacó que la demandada no acudió a tres citas para realizar la prueba biológica, sin ofrecer una justificación válida.

El Ministerio Fiscal apoyó confirmar la paternidad ya que consideraba que la negativa de la madre a facilitar la prueba de ADN constituía un indicio especialmente relevante que debía valorarse junto al resto del material probatorio practicado en el juicio.

La Audiencia Provincial de León señala en la sentencia a la que ha tenido acceso ILEÓN que la negativa a someterse a una prueba de ADN no equivale automáticamente a una confesión presunta, pero sí puede funcionar como un “indicio muy cualificado”, cuando existen además otros elementos que apuntan a la paternidad. El tribunal cita doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para rechazar tanto que la negativa baste por sí sola como que se exija a la parte actora una prueba absoluta e incontrovertible cuando la otra parte impide la prueba científica más fiable.

El tribunal considera que la prueba biológica no afectaba de forma relevante al derecho a la intimidad del menor, pues se limitaba a determinar si el demandante era o no el padre. Añade que la intimidad debe conciliarse con otros derechos, entre ellos el del menor a conocer su origen biológico y el del progenitor a obtener la determinación legal de la filiación.

La resolución destaca además varios indicios adicionales como fotografías del presunto padre en el hospital con el menor, imágenes de los litigantes juntos, una ecografía cuya obtención alternativa por redes sociales no quedó probada, testimonios del padre del demandante y de la propietaria de un bar que los veía comportarse como pareja, y un informe hospitalario que hacía referencia a visitas de “sus padres” tras el nacimiento del niño.

Con todo ello, la Audiencia concluye que no puede afirmarse que esas pruebas indirectas acrediten por sí solas la paternidad con plena certeza. Sin embargo, unidas a la negativa injustificada de la madre a colaborar en la prueba biológica, permiten tener por probada la filiación reclamada conforme a la doctrina jurisprudencial aplicable.

Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en el municipio berciano de Camponaraya, según han informado a la la Agencia EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista. El juzgado 3 del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha ordenado esta tarde la prisión provisional, comunicada y sin fianza para él en una causa que se ha abierto por asesinato.

Fuentes judiciales advierten de que no constan antecedentes de violencia ni policiales ni judiciales entre ambos. Y por ese motivo, y porque tampoco se considera que fueran pareja, la causa judicial no pasará a Violencia sobre la Mujer.

Fue la propia víctima la que llamó pidiendo ayuda a los servicios de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León sobre las 22.00 horas de este martes y a quienes aseguró que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza en el interior de una vivienda en Camponaraya.

Según las primeras investigaciones, no existía una relación sentimental entre víctima y detenido por lo que no puede calificarse como un caso de violencia machista. Entre la víctima y el detenido no constan registros de ningún episodio de violencia, ni judicial ni policial, por lo que el hombre no pasará a disposición de un juzgado competente en violencia machista. La mujer ejercía la prostitución según fuentes de la investigación, una situación que la legislación no contempla juzgar como violencia de género.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Sacyl, que cuando llegaron encontraron a la mujer ya muerta, así como efectivos de la Guardia Civil que detuvieron al supuesto autor en la vivienda. El crimen tuvo lugar en una vivienda situada en la zona de Las Chanas, un enclave de casas unifamiliares y huertas, próximo al canal y rodeado de abundante vegetación.

Las primeras pesquisas apuntan a que ambos mantuvieron una discusión antes de producirse los hechos, si bien los investigadores trabajan para determinar las causas del homicidio. Entre las hipótesis que se analizan figura que la disputa pudiera estar relacionada por adicciones, algo que deberá ser confirmado por la investigación.

El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén. Por su parte, la víctima había estado en tres ocasiones en ese sistema por malos tratos de otros tres hombres, ninguno de ellos el que supuestamente ha acabado con su vida.

Minuto de silencio

El Ayuntamiento de Camponaraya ha realizado este jueves una concentración y ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de la mujer en una vivienda de este municipio berciano. Decenas de vecinos se han concentrado ante el Consistorio para mostrar su rechazo a este suceso y trasladar su apoyo a la familia y allegados de la víctima, María, empadronada en Ponferrada.

Mientras tanto, el hombre de 64 años detenido este martes en Camponaraya como supuesto autor del homicidio, de iniciales F.J.C., pasará previsiblemente a disposición judicial a lo largo de este jueves, según han confirmado fuentes de la investigación.

La investigación continúa abierta y permanece bajo secreto de sumario con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y la relación que mantenían la víctima y el arrestado.

Que la portada principal de la Audiencia Provincial de León, en la calle Cid y muy cerca de la plaza de San Isidoro, brille recuperada como cuando se construyó en otro emplazamiento en el siglo XVI. Ese es el objetivo de un proyecto de restauración que se ha diseñado y a la que la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta en león ha dado hoy el visto bueno, con algunas indicaciones técnicas.

En realidad, aunque ubicada en su actual lugar en 1950, había sido desmontada en 1948 y llevada piedra a piedra al Palacio de la Audiencia Provincial. Se trata en realidad de la restauración de la portada de la Casona o Palacio de los Ceas, la cual desde el siglo XVI ha sufrido numerosas transformaciones arquitectónicas a lo largo del tiempo, motivada por los diferentes usos que ha ido albergando: desde Palacio aristocrático, pasando por Casa de Beneficencia, Escuela de Magisterio y Cuartel. La portada original fue sustituida por la que ahora se pretende restaurar, que procedía de la Real Fábrica de Hilados y que se denominaba Puerta de la Reina y que fue construida a mediados del XVIII.

La documentación presentada incluye un diagnóstico de las patologías que presenta la actual portada, acompañado de fotografías, un apartado en el que se describe la metodología de actuación y una propuesta de actuación. Patrimonio ha recordado que todas las actuaciones que afecten a la portada se realizarán bajo la supervisión técnica de un experto en restauración que indique las catas, ensayos y pruebas previos necesarios para asegurar la idoneidad de las intervenciones.

Las reintegraciones de elementos perdidos “habrán de ser puntuales”, realizándose “únicamente en aquellas zonas en las que no se pueda llevar a cabo una lectura de los elementos perdidos”, remarca. Las zonas reintegradas con mortero habrán de diferenciarse ligeramente de la dolomía de Boñar conforme a los actuales criterios de restauración. Además, durante las obras se deberán documentar gráficamente las zonas de aplicación de las distintas intervenciones que se realicen, así como los métodos de limpieza a utilizar en cada una de ellas. Para las zonas escultóricas de la fachada se recomienda la utilización de láser.

Más en el Palacio de Grajal

También se ha autorizado la intervención en azulejerías, yeserías y pinturas murales del Palacio de los Condes de Vega, en Grajal de Campos, que llevarán a cabo un año más los alumnos del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de pintura, impartido en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León. Los trabajos se prevén en la azulejería de la estancia de la primera planta (Salón de la logia) del palacio y supondrán una limpieza superficial, aplicación de morteros de adhesión y relleno de las lagunas a media altura…

Por otra parte, la Comisión ha informado favorablemente de la iniciativa de realizar obras de rehabilitación en la Iglesia Parroquial Santa María de Suárbol, del Ayuntamiento de Valle de Ancares, BIC con categoría de monumento desde febrero de 1996. Se pretende reparar los desperfectos manteniendo los sistemas constructivos tradicionales, previendo intervenir en la cubierta de pizarra y elementos de madera deteriorados; resolución de encuentros, limas entre cubierta y espadaña; rejuntado y reparación de fábricas de piedra en espadaña, cerramientos, atrio y cementerio; tratamiento hidrofóbico en la piedra de la espadaña del campanario; así como el saneado interior de paramentos, artesonado y elementos de madera. Para su autorización se deberán detallar más pormenorizadamente las actuaciones previstas, situándolas en plano, cuantificándolas y presupuestándolas de manera detallada.

Enterrar los restos del Foro Romano de Astorga

Del mismo modo, se ha autorizado el proyecto básico y de ejecución para la inhumación, es decir, volver a enterrar, los restos del espacio arqueológico denominado ‘Solar del Antiguo Hospicio’ en las calles Luis Braille, Jardín y Matías Rodríguez de Astorga. Se trata de los valiosos restos del antiguo foro romano, el epicentro urbano de la ciudad en tiempos del Imperio de Roma, en concreto los que se sitúan frente a la Biblioteca Pública de la ciudad, que llevan a la vista durante décadas. La solución que Patrimonio le autoriza al Ayuntamiento es “conservar esos restos enterrándolos”, reza literalmente el acuerdo. Defienden que sólo así se podrá “evitar su deterioro debido a la acumulación de vegetación y suciedad”.

También en Astorga se ha dado el visto bueno a la Modificación Puntual nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana, en el ámbito de las competencias de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, sin especificar más.

El Bierzo

En la comarca de El Bierzo, se ha dado luz verde a las obras de acondicionamiento de la calle Carpintero de Cacabelos, incluidas en el Proyecto de pavimentación de espacios públicos en el municipio. La zona de obras está afectada en su parte norte por el área de protección del bien Camino de Santiago en León-Camino Francés, así como por el yacimiento arqueológico Vía Astvrica-Foro Gvigvrrorvm.

La Comisión de Patrimonio también ha autorizado la solicitud para llevar a cabo la intervención arqueológica en el marco del proyecto básico y de ejecución para continuar con la restauración del Castillo de Villapadierna, en Cubillas de Rueda. En concreto, afectaría al interior de la torre, a la torre Butrón, al foso, al patio interior y a las zonas de acceso. La intervención arqueológica que se plantea se desarrollará en dos fases: la primera corresponde al desarrollo del trabajo de campo y, la segunda, corresponde a la elaboración de memoria final con los resultados obtenidos y la aplicación de medidas correctoras específicas en caso de que sean necesarias.

Por último, se ha dado por enterada del traslado al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León para la realización de un estudio multiespectral de una posible espada o cuchillo de mango esmaltado y un pugio o puñal de época romana, pertenecientes al Museo de León. “Son dos piezas singulares que se van a estudiar para conocer mejor cuál es su origen”, ha explicado Eduardo Diego.

Pozo Ibarra

Tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, sus miembros, acompañados por el alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García, visitaron el Pozo Ibarra, un conjunto industrial dedicado a la extracción del carbón que estuvo en funcionamiento desde 1930 hasta 1997 en Pola de Gordón. Declarado Bien de Interés Cultural en 2011, este pozo fue testigo de transformaciones sociales, avances tecnológicos y cambios económicos y actualmente se considera uno de los atractivos turísticos más relevantes de la localidad.

En 2025, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León destinó 487.060 euros para la rehabilitación del castillete del pozo, así como la conservación de varios edificios en ruinas aledaños y la adecuación del entorno, en el marco del Fondo para la Transición Justa. Un proyecto que se ha dado a conocer hoy mismo en la comisión por parte del Ayuntamiento y que será aprobado en la próxima Comisión Territorial de Patrimonio. “Se trata de un proyecto que pondrá en valor este conjunto industrial como punto de reclamo para aquellas personas que quieran conocer esta cuenca y lo que fue la minería en este territorio”, ha concluido el delegado territorial, Eduardo Diego.

El PSOE de León, y el federal, mantienen su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prestado declaración este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra y en la pieza separada de las joyas localizadas en su oficina.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y 'ahijado político' de Zapatero ha expresado en la red social X que “mi confianza en José Luis Rodríguez Zapatero es plena”, asegurando que “la verdad se abrirá paso” en el doble proceso judicial al que se enfrenta el que también fue líder del PSOE leonés entre finales de los 80 y principios de los 2000.

Cendón ha pedido que “Ni ruido, ni linchamientos, ni condenas anticipadas. En democracia hay presunción de inocencia, respeto a la Justicia y Estado de Derecho”.

Comunicado de Zapatero

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional Zapatero ha emitido un comunicado en el que señala que ante las graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra tenía que acudir primero al juzgado a ofrecer su versión, añadiendo que “No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, explica.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”, finaliza el político leonés que ha sido el principal activo de la izquierda en los últimos años.

El PSOE federal también ha emitido un comunicado en el que señala que mantiene su apoyo al presidente Zapatero. “Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”, señalan.

“También seguimos reivindicando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Ese legado sigue plenamente vigente”, especifica la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Nuria Rubio cree “firmemente” en su inocencia

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, ha afirmado que cree “firmemente” en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que el daño que se le está intentando hacer al partido deriva “de ataques personales de agentes externos”, recoge la Agencia EFE.

“Para nosotros es muy duro lo que está viviendo el presidente Zapatero. Yo no me he ocultado nunca. Siempre he creído firmemente en él y creo que hay que respetar la presunción de inocencia como también creo que él se tiene que defender”, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en León al ser preguntada por esta cuestión.

Rubio ha agregado que el PSOE respetará las decisiones judiciales y ha lamentado que haya muchos compañeros de partido que están viviendo procesos judiciales debido a esos ataques externos. En este sentido, ha recordado la sentencia que le dio la razón al secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, “después de casi dos años de injurias y calumnias que ha sufrido porque le intentaron meter en una trama”.

Una acusación que “se utilizó políticamente, también por otros partidos, para intentar dañar su imagen y su prestigio”, ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha contestado en esta jornada solo a preguntas sobre el caso Plus Ultra, rechazando las de la investigación sobre las joyas en su despacho hasta que reúna toda la documentación sobre su procedencia. El juez Calama no le ha impuesto ninguna medida cautelar, pese a las peticiones de Fiscalía y acusaciones populares, pero ha señalado que sus respuestas no disipan las sospechas contra él. 

La procesión del Corpus Christi celebrada este domingo en León capital tuvo un momento poco habitual cuando se produjo la detención, por parte de la Policía Local de León, de una mujer que asistía a un momento del recorrido por increpar públicamente a una concejala que participaba en la comitiva. Sobre esta mujer pesaba una orden de alejamiento de carácter judicial respecto de la edil, que obliga a mantener una distancia que fue incumplida de manera flagrante por parte de la detenida.

Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo, en concreto cuando la procesión, con amplia representación de la Corporación municipal, discurría por las inmediaciones de la Plaza de Torres de Omaña, en el Casco Histórico de la ciudad. Según han confirmado fuentes oficiales a ILEÓN, la mujer profirió una serie de improperios en voz alta dirigidos personalmente a una concejala de la comitiva.

En ese momento la distancia entre ambas era escasa, por lo que algunos agentes del cuerpo municipal de Policía, que custodia siempre estos eventos, procedió a apartarla con cierta discreción. Y es que se pudo comprobar que que se trataba de la misma persona sobre la que pesa una orden de alojamiento respecto a la concejala. Como también ha podido contrastar este medio, esa orden judicial está vigente desde hace tiempo atrás a raíz de varias denuncias policiales que la concejala ha tenido que interponer por un alto número de encontronazos vividos, a raíz de las cuales el Juzgado determinó la medida del alejamiento.

La detenida ha pasado unas horas en dependencias policiales, en espera de la elaboración de las averiguaciones pertinentes y su posterior puesta a disposición judicial, todo ello sin que se vivieran momentos a priori peligrosos por la escena en plena vía pública, precisamente en parte a la rápida actuación policial para ponerle fin. La procesión del Corpus pudo continuar su recorrido tradicional sin mayores inconvenientes.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en cuestión el funcionamiento del sistema de iluminación instalado tras las obras de eficiencia energética en el edificio de los Tribunales de Instancia de Ponferrada, cuya recepción oficial se produjo en el mes de febrero de este mismo año 2026.

La actuación ha supuesto una renovación integral del inmueble, con mejoras en fachada mediante paneles de lana de roca, sustitución de carpinterías exteriores, renovación de cubierta con mayor aislamiento, incorporación de placas solares y la implantación de iluminación LED junto a sistemas de climatización y ventilación más eficientes.

Sin embargo, este sindicato, en nota de prensa, ha denunciado que el uso cotidiano del edificio presenta importantes problemas derivados del sistema de iluminación basado en sensores de movimiento y luminosidad, que provoca apagones recurrentes en despachos y oficinas.

Según este escrito, los trabajadores se ven obligados en ocasiones a realizar movimientos constantes —como levantarse o gesticular con los brazos— para reactivar la luz, lo que interrumpe el trabajo de forma reiterada. Estas incidencias se producirían tanto en ausencias temporales como en puestos individuales o en momentos de baja actividad en las oficinas.

El problema, añade la nota, se agrava en servicios de guardia o en procedimientos de Violencia de Género, donde las diligencias pueden prolongarse más allá del horario con luz natural. En estos casos, la falta de detección de movimiento provoca que el personal deba trabajar en condiciones de oscuridad o iluminación insuficiente.

El documento también señala que el sistema combina detección de presencia y luminosidad, lo que en determinadas situaciones impide una iluminación estable incluso cuando hay personal trabajando en el interior de las dependencias.