El Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a la auxiliar de enfermería que asesinó a una anciana de 98 años en una residencia de León tras inyectarle varias dosis de insulina que la víctima no necesitaba. El alto tribunal estima el recurso presentado por la Fiscalía y agrava la condena al considerar que concurría la especial vulnerabilidad de la mujer debido a su avanzada edad y su estado de salud, por lo que sustituye la pena de 20 años de prisión impuesta inicialmente por la Audiencia Provincial de León y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el primer recurso.

Los hechos se remontan al 17 de agosto de 2022, cuando la trabajadora llevó a la residente, que padecía demencia y dependía de terceros para sus cuidados básicos, a su habitación después de cenar. Según recoge la sentencia, mientras la acostaba la golpeó en la cabeza y la zarandeó, provocando que la anciana gritara: “No me pegues, no me pegues”. Los gritos alertaron a otra auxiliar y motivaron la intervención de los responsables de la residencia y de una patrulla de la Policía Nacional. La mujer fue atendida de las lesiones en el propio centro.

Poco después, la dirección de la residencia indicó a la auxiliar que abandonara su puesto hasta esclarecer lo sucedido. Sin embargo, antes de marcharse, la mujer accedió al cuarto de enfermería, cogió un bolígrafo de insulina destinado a otra residente diabética y regresó a la habitación de la anciana. Allí le inyectó el medicamento mediante cuatro pinchazos con la intención de causarle la muerte, según considera probado el Tribunal Supremo.

A la mañana siguiente, otras trabajadoras encontraron a la residente inconsciente y fue trasladada al hospital, donde ingresó en coma a consecuencia de una intoxicación por insulina. Días después falleció.

La Audiencia Provincial de León condenó a la auxiliar por un delito de asesinato alevoso a 20 años de prisión, además de imponerle una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones y el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la condena, aunque rebajó parcialmente las indemnizaciones.

Ahora, el Tribunal Supremo estima el recurso de la Fiscalía y aplica el artículo 140 del Código Penal, que contempla la prisión permanente revisable cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad o circunstancias personales. Además, desestima el recurso presentado por la condenada y mantiene el resto de pronunciamientos de la sentencia, incluidas las condenas por lesiones y las indemnizaciones.

En su resolución, la Sala de lo Penal considera que la forma de actuar de la acusada fue claramente alevosa, ya que la víctima no podía sospechar que una inyección administrada por una trabajadora de la residencia tuviera una finalidad homicida. El tribunal añade que esa circunstancia se ve agravada por la extrema vulnerabilidad de la anciana, que tenía 98 años, sufría deterioro cognitivo y dependía completamente de los cuidados del personal del centro, lo que justifica la imposición de la máxima pena prevista en el ordenamiento jurídico español.

El Tribunal de Instancia, Sección de lo Social de León, ha estimado la demanda presentada por un sociedad hostelera de León contra una multa de 3.750 euros que la Tesorería General de la Seguridad Social le impuso por considerar que mantenía prestando servicios a una trabajadora sin haber cursado previamente su alta. La jueza concluye que los hechos acreditados no permiten afirmar la existencia de una relación laboral y revoca íntegramente la resolución administrativa.

El origen del litigio se encuentra en una inspección realizada el 19 de diciembre de 2024 durante la celebración del décimo aniversario del establecimiento pizzero. En esa visita, las inspectoras observaron a una mujer trasladando un plato desde la zona del restaurante hacia la cocina. Tras identificarla, comprobaron que no figuraba dada de alta en la empresa, circunstancia que dio lugar a la apertura del expediente sancionador.

Como consecuencia de esa actuación inspectora, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción por entender que la empresa había incumplido la obligación de tramitar el alta previa de una trabajadora en la Seguridad Social. La conducta fue calificada como infracción grave conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, proponiéndose una multa de 3.750 euros, posteriormente confirmada por la Tesorería General de la Seguridad Social. La multa aplicada fue la mínima posible ante una infracción que tiene la calificación de 'grave'.

La empresa recurrió tanto en vía administrativa como judicial al sostener que la mujer identificada era la sobrina de una de las propietarias y que acudía únicamente como invitada a la fiesta organizada por el aniversario del local. Según su versión, la joven no prestaba servicios para el negocio, sino que, antes de marcharse a su verdadero puesto de trabajo como repartidora de una cadena de pizzerías, recogió un plato y lo llevó a la cocina de forma espontánea.

La magistrada valoró la prueba documental, los vídeos aportados por la empresa y las declaraciones testificales. Los testigos coincidieron en que aquel día no existía servicio de comedor, que la cocina permanecía cerrada al funcionamiento habitual y que la celebración estaba dirigida principalmente a familiares e invitados. Además, en las grabaciones no se apreciaba a la joven atendiendo clientes ni realizando funciones propias de una empleada del establecimiento.

En el plano jurídico, la sentencia recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el valor probatorio de las actas de la Inspección de Trabajo. La resolución subraya que dichas actas gozan de presunción de certeza respecto de los hechos directamente observados por los inspectores, pero no respecto de las valoraciones jurídicas que puedan extraerse de ellos. En este caso, la presencia de la mujer en el local y el hecho de portar un plato a la cocina quedaron acreditados, pero ello no basta para demostrar la existencia de una relación laboral.

La jueza recuerda en la sentencia los elementos que caracterizan un contrato de trabajo —voluntariedad, ajenidad, dependencia y retribución— y concluye que ninguno de ellos quedó probado en este caso. Destaca que no existían indicios de continuidad en la prestación de servicios, tampoco consta remuneración y que la actuación observada era plenamente compatible con un gesto ocasional de ayuda familiar durante una celebración privada. En consecuencia, considera aplicable la exclusión prevista para los trabajos realizados por amistad, benevolencia o buena vecindad.

La Tesorería General de la Seguridad Social defendía que los hechos constatados por la Inspección justificaban la sanción mientras que la empresa insistía en que se trataba de una ayuda puntual de un familiar sin trascendencia laboral. La magistrada entiende que la prueba practicada desvirtúa suficientemente la presunción derivada del acta inspectora, al acreditar el contexto excepcional en que se produjo la actuación observada.

La sentencia, firme, deja sin efecto la sanción económica de 3.750 euros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El hombre detenido en la madrugada del martes como presunto autor de tres incendios forestales declarados en distintos puntos de Ponferrada ha ingresado en prisión por orden judicial. La Policía Nacional le atribuye, al menos, los tres fuegos registrados durante la noche y considera que existía un elevado riesgo de reincidencia, motivo por el que solicitó su puesta a disposición judicial tras concluir la investigación.

Los incendios se declararon de forma prácticamente consecutiva en el Parque de la Juventud, el Paseo de Los Nogales y el entorno de Santo Tomás de las Ollas, donde ardieron varias zonas de pasto. Desde el primer momento, la cercanía entre los focos y el escaso intervalo de tiempo entre unos y otros hizo sospechar a los investigadores de que las llamas habían sido provocadas.

La respuesta movilizó a efectivos de los Bomberos de Ponferrada, agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, que trabajaron de forma coordinada tanto para extinguir los incendios como para localizar al presunto responsable antes de que pudiera provocar nuevos focos.

Las primeras pistas llegaron gracias a varios testigos, que facilitaron una descripción física y de la ropa que llevaba un hombre al que habían visto en las inmediaciones de los incendios. Con esa información, los agentes se dirigieron al domicilio de un individuo conocido por antecedentes relacionados con conductas pirómanas y por hechos de características similares, que coincidían con las aportadas por los testigos. Además, la secuencia y ubicación de los incendios seguía un recorrido compatible con el trayecto desde su vivienda.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido por la Policía Municipal oculto en una caseta y portando cuatro mecheros. Posteriormente, la Policía Nacional recopiló los indicios y pruebas obtenidos durante la investigación y elaboró el correspondiente atestado, en el que le imputa al menos tres delitos de incendio forestal. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado competente decretó su ingreso en prisión.

La detención se produce en un momento especialmente delicado para la provincia de León, que encadena varios grandes incendios forestales y mantiene un elevado riesgo de fuego por las altas temperaturas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recuerdan la importancia de avisar de inmediato al 1-1-2 ante cualquier columna de humo o comportamiento sospechoso, ya que una rápida actuación puede resultar decisiva para evitar que un incendio se propague y cause daños personales, ambientales o materiales.

El Juzgado de Guardia de Ponferrada ha acordado la puesta en libertad de los dos hombres detenidos el pasado fin de semana por la Policía Municipal como presuntos autores de varios incendios registrados en la localidad de Santo Tomás de las Ollas y el barrio de La Rosaleda, ambos en el municipio de Ponferrada.

La decisión judicial se adoptó después de tomar declaración a ambos arrestados y de analizar las diligencias remitidas por el cuerpo policial municipal, entre las que figuran los testimonios de varios vecinos que aseguraron haber visto a los sospechosos originando los fuegos, según informan los cuerpos de seguridad.

El primero de los detenidos, de 42 años, fue arrestado como presunto responsable de un incendio declarado en las inmediaciones del gimnasio de Santo Tomás de las Ollas. Según fuentes vecinales, al mismo hombre ya se le atribuyeron otros incendios ocurridos hace tres años en esta pedanía de Ponferrada.

Tras conocerse la detención, el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, ha destacado la tranquilidad que la actuación policial había generado entre los vecinos, preocupados por la reiteración de este tipo de sucesos. En 2023, el presunto pirómano ya había provocado un fuego en la pedanía, aseguró.

El segundo arrestado, de 53 años, y de Matarrosa (León) fue detenido como presunto autor de los incendios registrados en la zona de La Rosaleda. Ambos han quedado en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha cifrado en 50,1 hectáreas la superficie afectada por el incendio forestal declarado la pasada semana en la Tebaida berciana, entre las localidades de Villanueva y Valdefrancos de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. El balance definitivo recoge daños en una masa forestal compuesta principalmente por pinar, brezo y escobas.

El Juzgado de Guardia de Ponferrada ha acordado la puesta en libertad de los dos hombres detenidos el pasado fin de semana por la Policía Municipal como presuntos autores de varios incendios registrados en Santo Tomás de las Ollas y el barrio de La Rosaleda, en Ponferrada.

La decisión judicial se adoptó después de tomar declaración a ambos arrestados y de analizar las diligencias remitidas por la Policía Municipal, entre las que figuran los testimonios de varios vecinos que aseguraron haber visto a los sospechosos originando los fuegos, según informan los cuerpos de seguridad.

El primero de los detenidos, de 42 años, fue arrestado como presunto responsable de un incendio declarado en las inmediaciones del gimnasio de Santo Tomás de las Ollas. Según fuentes vecinales, al mismo hombre ya se le atribuyeron otros incendios ocurridos hace tres años en esta pedanía de Ponferrada.

Tras conocerse la detención, el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, ha destacado la tranquilidad que la actuación policial había generado entre los vecinos, preocupados por la reiteración de este tipo de sucesos. En 2023, el presunto pirómano ya había provocado un fuego en la pedanía, aseguró.

El segundo arrestado, de 53 años, y de Matarrosa fue detenido como presunto autor de los incendios registrados en la zona de La Rosaleda. Ambos han quedado en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha cifrado en 50,1 hectáreas la superficie afectada por el incendio forestal declarado la pasada semana en la Tebaida berciana, entre las localidades de Villanueva y Valdefrancos de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. El balance definitivo recoge daños en una masa forestal compuesta principalmente por pinar, brezo y escobas.

Uno de los agresores del presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo en abril de 2024, el exalcalde de Ponferrada Olegario Ramón, tendrá que sentarse otra vez en el banquillo de los acusados al ordenar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León repetir el juicio respecto del episodio de acometimiento físico al apreciar un déficit de motivación sobre el delito de atentado.

Más suerte ha tenido el otro acusado, que ha mantenido el dictamen de absolución por amenazas en la agresión ocurrida frente a la sede del PSOE de Ponferrada. Así se desprende de una sentencia que ha hecho público el Gabinete de Comunicación del TSJ de Castilla y León, en la que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior autonómico “estima parcialmente los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León y declara la nulidad parcial del fallo, al considerar insuficiente la motivación sobre la absolución por atentado y la condena por lesiones derivadas de la agresión al entonces presidente del Consejo Comarcal del Bierzo”.

La sala ha resuelto los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León en relación con los incidentes ocurridos el 11 de abril de 2024 durante una concentración frente a la sede del PSOE en Ponferrada. En su resolución, el alto tribunal confirma la absolución de uno de los acusados por el delito de amenazas, al entender que la motivación de la Audiencia sobre este extremo es suficiente y racional y no concurren los requisitos legales para anular ese pronunciamiento. De hecho indicaba aquella primera sentencia que “no consta acreditado que los acusados actuaran con desprecio a las ideologías políticas del perjudicado, sino en el ámbito de una manifestación legalmente autorizada en contra de la ley de amnistía y del gobierno”.

Por el contrario, el TSJ autonómico sí que aprecia una insuficiencia en la motivación de la sentencia en lo relativo a la absolución del otro acusado por el delito de atentado contra la autoridad: “La Sala considera que la resolución recurrida no ofrece una explicación bastante sobre determinados elementos de prueba relevantes para determinar si el acusado conocía o no la condición de autoridad que ostentaba la persona perjudicada en el momento de los hechos, en este caso el entonces presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón”.

Nulidad parcial y nuevo juicio

El Tribunal Superior subraya que no entra ahora a revisar el fondo de la prueba ni a declarar acreditado ese conocimiento de la condición de autoridad del perjudicado, sino que se limita a constatar un déficit de motivación que impide mantener la absolución en los términos en que fue dictada. Por ello, acuerda la nulidad parcial de la sentencia de la Audiencia de León y ordena la celebración de un nuevo juicio oral, con una composición distinta del tribunal de enjuiciamiento, para que se dicte una nueva resolución específicamente sobre el episodio de acometimiento físico registrado durante la concentración.

La nulidad alcanza tanto al pronunciamiento absolutorio por el delito de atentado como a la condena por lesiones, al entender la Sala que ambos descansan sobre el mismo núcleo fáctico y comparten una valoración probatoria común. En consecuencia, el nuevo juicio deberá abordar de nuevo ese bloque de hechos: la agresión física, la eventual existencia de atentado a la autoridad y la responsabilidad por lesiones.

En la primera sentencia, el tribunal había considerado a F.P.C. autor “criminalmente responsable de un delito de lesiones” y se le condenaba a 8 meses de multa con una cuota diaria de 7 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Además, según la Audiencia Provincial de León el hombre debía indemnizar a Ramón con 1.504,51 euros y correr con las costas del procedimiento. La Fiscalía le pedía cinco años de cárcel.

Como consecuencia de la nulidad acordada, el Superior no entra a resolver las restantes cuestiones planteadas en los recursos, relativas a la posible agravante de discriminación ideológica ni al recurso formulado por la defensa contra la condena por lesiones. Estas cuestiones quedan diferidas al nuevo enjuiciamiento, que será el que deberá pronunciarse con plena valoración probatoria y motivación sobre el conjunto de hechos y calificaciones jurídicas.

La sentencia del TSJCyL no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley o quebrantamiento de forma, en los términos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este eventual recurso podría centrarse en el alcance de la nulidad acordada y en la interpretación de las exigencias de motivación de las resoluciones penales.

Más de 21 millones de seguidores en Youtube, cerca del millón en Instagram, dos millones en Facebook, doce discos publicados y una gran gira por escenarios de España y Latinoamérica, incluyendo recintos de hasta 15.000 personas. Son las cifras detrás del personaje infantil Luli Pampín, creado hace una década por la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, una de las grandes estrellas para el público más pequeño gracias a sus pegadizas canciones e imagen icónica.

La protección del personaje llevó a su creadora y a la empresa que gestiona sus derechos a interponer una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. Los abogados del personaje solicitaban una pena de prisión de 11 años, inhabilitación de cinco años para actividades similares y el pago de una indemnización de 90.000 euros, además de la multa correspondiente.

Luli Pampín es el personaje que lanzó al éxito a la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, que llegó a España con 12 años, fue militar en el Ejército español una década y tras ser madre creó el universo de Luli Pampín, inspirada como reconoce, en el personaje japonés de 'Sailor Moon'. La artista reside actualmente en Andorra junto a su familia.

La cantante y bailarina señala en su web en su advertencia sobre el registro de su personaje, elementos accesorios y canciones y que “cualquier evento o actuación que pretenda rendir homenaje o utilizar de cualquier manera la obra y los elementos protegidos de Luli Pampín debe obtener una autorización previa y expresa. Esta política asegura la protección y la gestión adecuada de nuestros derechos de propiedad intelectual, manteniendo la integridad y la identidad única de nuestra marca y sus creaciones”. De ahí la denuncia efectuada en León.

Ante la denuncia la Fiscalía consideraba que sí concurrían los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial y solicitaba un año de prisión por cada uno de ellos, además de una multa de 18 meses por la infracción contra la propiedad intelectual y una indemnización de 15.000 euros para la denunciante. La defensa, por su parte, reclamó la libre absolución.

La Audiencia Provincial de León ha terminado dictaminando la absolución al actor y empresario promotor de la obra homenaje tras el juicio celebrado la pasada primavera. El tribunal sí aprecia similitudes en el cartel y confirma que el espectáculo carecía de autorización, pero concluye que no se acreditó la reproducción de las obras originales, el dolo exigido en los delitos de los que se le acusaba ni que se haya causado un perjuicio grave para los consumidores. El equipo de la artista ha confirmado a este medio que la sentencia ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según Luli Pampín, ella se enteró del espectáculo porque sus seguidores la etiquetaban en redes sociales anunciando que acudirían, pese a que avisó que no era ella ni su obra original. El tribunal considera acreditado que el cartel publicitario incluía una actriz con peluca rosa y un vestuario parecido al utilizado por Luli Pampín, así como similitudes entre la marca y signos distintivos registrados por la argentina. Pero no condena porque considera que las pruebas necesarias para una condena por reproducción o plagio de una obra artística no han sido suficientes.

Luli Pampín declaró en el juicio que algunos seguidores le habían remitido imágenes en las que podía comprobarse la reproducción de su espectáculo, pero esas grabaciones no fueron incorporadas a la causa. Según declaró a ella le afectan estas situaciones porque planea milimétricamente su show, y le perjudica porque estos shows son por menos precio y daña la relación de confianza que tiene con sus seguidores al no poderse distinguir del original.

El promotor acusado admitió que el espectáculo se promocionó como un tributo y que el cartel mostraba a una actriz con peluca rosa. También reconoció que, tras la llegada de la Policía, cambió el orden de las canciones y que posteriormente se interpretaron canciones de Luli o similares como 'Paseo por la selva' (un éxito con 1,5 millones de reproducciones en Youtube). No obstante, el acusado sostuvo que sus espectáculos utilizaban básicamente canciones populares, composiciones propias y coreografías preparadas por su equipo, y que la intención era inspirarse en determinados personajes sin plagiar sus obras.

Uno de los actores del 'homenaje' afirmó que el repertorio de la obra se modificó durante la presencia policial, que no habían ensayado antes y que el material relacionado con Luli Pampín se reservó para el final, pero también reconoció que no conocía suficientemente al personaje ni podía identificar sus canciones. Otros intérpretes señalaron que la trama representada trataba sobre los tripulantes de una nave espacial y negaron que los vídeos aportados por la acusación correspondieran a su actuación.

Según otro testimonio había poca gente en el teatro, cuyo precio de las entradas era entre 10 y 13 euros con una recaudación neta de 3.075,96 euros, cantidad de la que el acusado debía pagar 1.100 euros en concepto de alquiler del teatro, el sueldo de los actores y gastos de alojamiento y desplazamiento.

La clave de la absolución por el delito contra la propiedad intelectual estuvo en la insuficiencia de la prueba sobre el contenido real del espectáculo. La Policía Nacional se personó en el espectáculo para verificar el mismo tras una denuncia de Luli Pampín pero el video aportado, de 15 minutos de duración, según la sentencia, no mostraba referencias ni contenidos vinculados a Luli Pampín. El acusado sí reconoció el uso limitado de canciones en los minutos finales del espectáculo.

La Audiencia Provincial de León concluye que no quedó probado, más allá de toda duda razonable, que en la función de León se reprodujeran canciones, guiones, personajes, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos. La semejanza del cartel, por sí sola, no permitía acreditar el plagio del espectáculo.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, el tribunal destaca que la acusación debía probar no solo el uso de signos iguales o confundibles, sino también que el acusado sabía que estaban registrados. La sentencia considera que ese conocimiento no puede presumirse y que no se aportó prueba suficiente para demostrar que, antes de publicar el cartel, el promotor conociera el registro de las marcas y signos distintivos.

La Audiencia también descartó el lucro habida cuenta que las cifras totales del espectáculo suponen que “ni el beneficio obtenido posee especial trascendencia económica ni los hechos revisten especial gravedad”.

En relación con el delito de publicidad engañosa la sentencia recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que las alegaciones falsas o características inciertas sean aptas para ocasionar un perjuicio grave y manifiesto al conjunto de los consumidores. Para valorar esa gravedad deben tenerse en cuenta factores como la clase de servicio, el precio, el número de destinatarios, el medio publicitario y las circunstancias de quienes reciben el mensaje.

Los jueces leoneses entienden que debido a que las entradas costaban entre 10 y 13 euros y no se aportaron datos concretos sobre consumidores engañados, devoluciones, reclamaciones o perjuicios relevantes no existe prueba suficiente para afirmar un daño grave y manifiesto a los consumidores.

Un año después del aquella obra homenaje la Luli Pampín original actuó en León en el Auditorio de la ciudad con su espectáculo 'El libro musical'. Este mes de julio la artista se encuentra de gira por Argentina y Chile con su espectáculo 'Millones de gracias', con el que celebra los 10 años del personaje que nació en agosto de 2016 con un video en Youtube.

Para el equipo de Luli Pampín este revés judicial, no firme, “no altera la protección legal de las figuras, obras y creaciones culturales, cuya defensa seguiremos ejerciendo por las vías legales correspondientes”.

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de apelación presentado por una madre lacianiega contra una sentencia que declaró que un hombre es el padre biológico de un menor. La resolución confirma íntegramente el fallo dictado por el Tribunal de Instancia de Villablino en octubre del 2025 y mantiene la rectificación registral de la filiación, con los efectos civiles correspondientes, incluida la modificación de los apellidos del niño. Además, impone a la apelante las costas del recurso.

El caso parte de una demanda de filiación paterna no matrimonial presentada por el presunto padre al amparo del artículo 133 del Código Civil en la demarcación judicial de Villablino. El demandante solicitó que se declarase judicialmente que era el padre biológico de un menor, frente a la oposición de la madre. En primera instancia, el juzgado estimó la demanda y acordó adecuar la inscripción de nacimiento a la realidad biológica declarada.

La reclamación de filiación se apoyaba en la existencia de una relación sentimental entre los litigantes en la época compatible con la concepción, así como en distintos indicios documentales y testificales. Entre ellos figuraban fotografías del actor con el menor en el hospital, imágenes de los progenitores compartiendo espacios privados y momentos de ocio, referencias a una ecografía y declaraciones de testigos que afirmaron haber conocido la relación de pareja.

La madre recurrió la sentencia alegando error en la valoración de la prueba. Sostuvo que no había quedado acreditada con certeza la convivencia o relación en la época de la concepción y defendió que su negativa a someter al menor a la prueba biológica no debía interpretarse en su contra, porque pretendía proteger la intimidad del niño.

El demandante se opuso al recurso y subrayó que la prueba acumulada era suficiente para confirmar la paternidad, aún sin prueba de ADN que determinara la filiación. A su juicio, la documental y las declaraciones testificales acreditaban la relación mantenida con la madre y su presencia en momentos relevantes del embarazo y el nacimiento. También destacó que la demandada no acudió a tres citas para realizar la prueba biológica, sin ofrecer una justificación válida.

El Ministerio Fiscal apoyó confirmar la paternidad ya que consideraba que la negativa de la madre a facilitar la prueba de ADN constituía un indicio especialmente relevante que debía valorarse junto al resto del material probatorio practicado en el juicio.

La Audiencia Provincial de León señala en la sentencia a la que ha tenido acceso ILEÓN que la negativa a someterse a una prueba de ADN no equivale automáticamente a una confesión presunta, pero sí puede funcionar como un “indicio muy cualificado”, cuando existen además otros elementos que apuntan a la paternidad. El tribunal cita doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para rechazar tanto que la negativa baste por sí sola como que se exija a la parte actora una prueba absoluta e incontrovertible cuando la otra parte impide la prueba científica más fiable.

El tribunal considera que la prueba biológica no afectaba de forma relevante al derecho a la intimidad del menor, pues se limitaba a determinar si el demandante era o no el padre. Añade que la intimidad debe conciliarse con otros derechos, entre ellos el del menor a conocer su origen biológico y el del progenitor a obtener la determinación legal de la filiación.

La resolución destaca además varios indicios adicionales como fotografías del presunto padre en el hospital con el menor, imágenes de los litigantes juntos, una ecografía cuya obtención alternativa por redes sociales no quedó probada, testimonios del padre del demandante y de la propietaria de un bar que los veía comportarse como pareja, y un informe hospitalario que hacía referencia a visitas de “sus padres” tras el nacimiento del niño.

Con todo ello, la Audiencia concluye que no puede afirmarse que esas pruebas indirectas acrediten por sí solas la paternidad con plena certeza. Sin embargo, unidas a la negativa injustificada de la madre a colaborar en la prueba biológica, permiten tener por probada la filiación reclamada conforme a la doctrina jurisprudencial aplicable.

Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en el municipio berciano de Camponaraya, según han informado a la la Agencia EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista. El juzgado 3 del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha ordenado esta tarde la prisión provisional, comunicada y sin fianza para él en una causa que se ha abierto por asesinato.

Fuentes judiciales advierten de que no constan antecedentes de violencia ni policiales ni judiciales entre ambos. Y por ese motivo, y porque tampoco se considera que fueran pareja, la causa judicial no pasará a Violencia sobre la Mujer.

Fue la propia víctima la que llamó pidiendo ayuda a los servicios de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León sobre las 22.00 horas de este martes y a quienes aseguró que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza en el interior de una vivienda en Camponaraya.

Según las primeras investigaciones, no existía una relación sentimental entre víctima y detenido por lo que no puede calificarse como un caso de violencia machista. Entre la víctima y el detenido no constan registros de ningún episodio de violencia, ni judicial ni policial, por lo que el hombre no pasará a disposición de un juzgado competente en violencia machista. La mujer ejercía la prostitución según fuentes de la investigación, una situación que la legislación no contempla juzgar como violencia de género.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Sacyl, que cuando llegaron encontraron a la mujer ya muerta, así como efectivos de la Guardia Civil que detuvieron al supuesto autor en la vivienda. El crimen tuvo lugar en una vivienda situada en la zona de Las Chanas, un enclave de casas unifamiliares y huertas, próximo al canal y rodeado de abundante vegetación.

Las primeras pesquisas apuntan a que ambos mantuvieron una discusión antes de producirse los hechos, si bien los investigadores trabajan para determinar las causas del homicidio. Entre las hipótesis que se analizan figura que la disputa pudiera estar relacionada por adicciones, algo que deberá ser confirmado por la investigación.

El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén. Por su parte, la víctima había estado en tres ocasiones en ese sistema por malos tratos de otros tres hombres, ninguno de ellos el que supuestamente ha acabado con su vida.

Minuto de silencio

El Ayuntamiento de Camponaraya ha realizado este jueves una concentración y ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de la mujer en una vivienda de este municipio berciano. Decenas de vecinos se han concentrado ante el Consistorio para mostrar su rechazo a este suceso y trasladar su apoyo a la familia y allegados de la víctima, María, empadronada en Ponferrada.

Mientras tanto, el hombre de 64 años detenido este martes en Camponaraya como supuesto autor del homicidio, de iniciales F.J.C., pasará previsiblemente a disposición judicial a lo largo de este jueves, según han confirmado fuentes de la investigación.

La investigación continúa abierta y permanece bajo secreto de sumario con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y la relación que mantenían la víctima y el arrestado.

Que la portada principal de la Audiencia Provincial de León, en la calle Cid y muy cerca de la plaza de San Isidoro, brille recuperada como cuando se construyó en otro emplazamiento en el siglo XVI. Ese es el objetivo de un proyecto de restauración que se ha diseñado y a la que la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta en león ha dado hoy el visto bueno, con algunas indicaciones técnicas.

En realidad, aunque ubicada en su actual lugar en 1950, había sido desmontada en 1948 y llevada piedra a piedra al Palacio de la Audiencia Provincial. Se trata en realidad de la restauración de la portada de la Casona o Palacio de los Ceas, la cual desde el siglo XVI ha sufrido numerosas transformaciones arquitectónicas a lo largo del tiempo, motivada por los diferentes usos que ha ido albergando: desde Palacio aristocrático, pasando por Casa de Beneficencia, Escuela de Magisterio y Cuartel. La portada original fue sustituida por la que ahora se pretende restaurar, que procedía de la Real Fábrica de Hilados y que se denominaba Puerta de la Reina y que fue construida a mediados del XVIII.

La documentación presentada incluye un diagnóstico de las patologías que presenta la actual portada, acompañado de fotografías, un apartado en el que se describe la metodología de actuación y una propuesta de actuación. Patrimonio ha recordado que todas las actuaciones que afecten a la portada se realizarán bajo la supervisión técnica de un experto en restauración que indique las catas, ensayos y pruebas previos necesarios para asegurar la idoneidad de las intervenciones.

Las reintegraciones de elementos perdidos “habrán de ser puntuales”, realizándose “únicamente en aquellas zonas en las que no se pueda llevar a cabo una lectura de los elementos perdidos”, remarca. Las zonas reintegradas con mortero habrán de diferenciarse ligeramente de la dolomía de Boñar conforme a los actuales criterios de restauración. Además, durante las obras se deberán documentar gráficamente las zonas de aplicación de las distintas intervenciones que se realicen, así como los métodos de limpieza a utilizar en cada una de ellas. Para las zonas escultóricas de la fachada se recomienda la utilización de láser.

Más en el Palacio de Grajal

También se ha autorizado la intervención en azulejerías, yeserías y pinturas murales del Palacio de los Condes de Vega, en Grajal de Campos, que llevarán a cabo un año más los alumnos del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de pintura, impartido en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León. Los trabajos se prevén en la azulejería de la estancia de la primera planta (Salón de la logia) del palacio y supondrán una limpieza superficial, aplicación de morteros de adhesión y relleno de las lagunas a media altura…

Por otra parte, la Comisión ha informado favorablemente de la iniciativa de realizar obras de rehabilitación en la Iglesia Parroquial Santa María de Suárbol, del Ayuntamiento de Valle de Ancares, BIC con categoría de monumento desde febrero de 1996. Se pretende reparar los desperfectos manteniendo los sistemas constructivos tradicionales, previendo intervenir en la cubierta de pizarra y elementos de madera deteriorados; resolución de encuentros, limas entre cubierta y espadaña; rejuntado y reparación de fábricas de piedra en espadaña, cerramientos, atrio y cementerio; tratamiento hidrofóbico en la piedra de la espadaña del campanario; así como el saneado interior de paramentos, artesonado y elementos de madera. Para su autorización se deberán detallar más pormenorizadamente las actuaciones previstas, situándolas en plano, cuantificándolas y presupuestándolas de manera detallada.

Enterrar los restos del Foro Romano de Astorga

Del mismo modo, se ha autorizado el proyecto básico y de ejecución para la inhumación, es decir, volver a enterrar, los restos del espacio arqueológico denominado ‘Solar del Antiguo Hospicio’ en las calles Luis Braille, Jardín y Matías Rodríguez de Astorga. Se trata de los valiosos restos del antiguo foro romano, el epicentro urbano de la ciudad en tiempos del Imperio de Roma, en concreto los que se sitúan frente a la Biblioteca Pública de la ciudad, que llevan a la vista durante décadas. La solución que Patrimonio le autoriza al Ayuntamiento es “conservar esos restos enterrándolos”, reza literalmente el acuerdo. Defienden que sólo así se podrá “evitar su deterioro debido a la acumulación de vegetación y suciedad”.

También en Astorga se ha dado el visto bueno a la Modificación Puntual nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana, en el ámbito de las competencias de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, sin especificar más.

El Bierzo

En la comarca de El Bierzo, se ha dado luz verde a las obras de acondicionamiento de la calle Carpintero de Cacabelos, incluidas en el Proyecto de pavimentación de espacios públicos en el municipio. La zona de obras está afectada en su parte norte por el área de protección del bien Camino de Santiago en León-Camino Francés, así como por el yacimiento arqueológico Vía Astvrica-Foro Gvigvrrorvm.

La Comisión de Patrimonio también ha autorizado la solicitud para llevar a cabo la intervención arqueológica en el marco del proyecto básico y de ejecución para continuar con la restauración del Castillo de Villapadierna, en Cubillas de Rueda. En concreto, afectaría al interior de la torre, a la torre Butrón, al foso, al patio interior y a las zonas de acceso. La intervención arqueológica que se plantea se desarrollará en dos fases: la primera corresponde al desarrollo del trabajo de campo y, la segunda, corresponde a la elaboración de memoria final con los resultados obtenidos y la aplicación de medidas correctoras específicas en caso de que sean necesarias.

Por último, se ha dado por enterada del traslado al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León para la realización de un estudio multiespectral de una posible espada o cuchillo de mango esmaltado y un pugio o puñal de época romana, pertenecientes al Museo de León. “Son dos piezas singulares que se van a estudiar para conocer mejor cuál es su origen”, ha explicado Eduardo Diego.

Pozo Ibarra

Tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, sus miembros, acompañados por el alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García, visitaron el Pozo Ibarra, un conjunto industrial dedicado a la extracción del carbón que estuvo en funcionamiento desde 1930 hasta 1997 en Pola de Gordón. Declarado Bien de Interés Cultural en 2011, este pozo fue testigo de transformaciones sociales, avances tecnológicos y cambios económicos y actualmente se considera uno de los atractivos turísticos más relevantes de la localidad.

En 2025, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León destinó 487.060 euros para la rehabilitación del castillete del pozo, así como la conservación de varios edificios en ruinas aledaños y la adecuación del entorno, en el marco del Fondo para la Transición Justa. Un proyecto que se ha dado a conocer hoy mismo en la comisión por parte del Ayuntamiento y que será aprobado en la próxima Comisión Territorial de Patrimonio. “Se trata de un proyecto que pondrá en valor este conjunto industrial como punto de reclamo para aquellas personas que quieran conocer esta cuenca y lo que fue la minería en este territorio”, ha concluido el delegado territorial, Eduardo Diego.

El PSOE de León, y el federal, mantienen su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prestado declaración este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra y en la pieza separada de las joyas localizadas en su oficina.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y 'ahijado político' de Zapatero ha expresado en la red social X que “mi confianza en José Luis Rodríguez Zapatero es plena”, asegurando que “la verdad se abrirá paso” en el doble proceso judicial al que se enfrenta el que también fue líder del PSOE leonés entre finales de los 80 y principios de los 2000.

Cendón ha pedido que “Ni ruido, ni linchamientos, ni condenas anticipadas. En democracia hay presunción de inocencia, respeto a la Justicia y Estado de Derecho”.

Comunicado de Zapatero

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional Zapatero ha emitido un comunicado en el que señala que ante las graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra tenía que acudir primero al juzgado a ofrecer su versión, añadiendo que “No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, explica.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”, finaliza el político leonés que ha sido el principal activo de la izquierda en los últimos años.

El PSOE federal también ha emitido un comunicado en el que señala que mantiene su apoyo al presidente Zapatero. “Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”, señalan.

“También seguimos reivindicando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Ese legado sigue plenamente vigente”, especifica la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Nuria Rubio cree “firmemente” en su inocencia

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, ha afirmado que cree “firmemente” en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que el daño que se le está intentando hacer al partido deriva “de ataques personales de agentes externos”, recoge la Agencia EFE.

“Para nosotros es muy duro lo que está viviendo el presidente Zapatero. Yo no me he ocultado nunca. Siempre he creído firmemente en él y creo que hay que respetar la presunción de inocencia como también creo que él se tiene que defender”, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en León al ser preguntada por esta cuestión.

Rubio ha agregado que el PSOE respetará las decisiones judiciales y ha lamentado que haya muchos compañeros de partido que están viviendo procesos judiciales debido a esos ataques externos. En este sentido, ha recordado la sentencia que le dio la razón al secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, “después de casi dos años de injurias y calumnias que ha sufrido porque le intentaron meter en una trama”.

Una acusación que “se utilizó políticamente, también por otros partidos, para intentar dañar su imagen y su prestigio”, ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha contestado en esta jornada solo a preguntas sobre el caso Plus Ultra, rechazando las de la investigación sobre las joyas en su despacho hasta que reúna toda la documentación sobre su procedencia. El juez Calama no le ha impuesto ninguna medida cautelar, pese a las peticiones de Fiscalía y acusaciones populares, pero ha señalado que sus respuestas no disipan las sospechas contra él. 

La procesión del Corpus Christi celebrada este domingo en León capital tuvo un momento poco habitual cuando se produjo la detención, por parte de la Policía Local de León, de una mujer que asistía a un momento del recorrido por increpar públicamente a una concejala que participaba en la comitiva. Sobre esta mujer pesaba una orden de alejamiento de carácter judicial respecto de la edil, que obliga a mantener una distancia que fue incumplida de manera flagrante por parte de la detenida.

Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo, en concreto cuando la procesión, con amplia representación de la Corporación municipal, discurría por las inmediaciones de la Plaza de Torres de Omaña, en el Casco Histórico de la ciudad. Según han confirmado fuentes oficiales a ILEÓN, la mujer profirió una serie de improperios en voz alta dirigidos personalmente a una concejala de la comitiva.

En ese momento la distancia entre ambas era escasa, por lo que algunos agentes del cuerpo municipal de Policía, que custodia siempre estos eventos, procedió a apartarla con cierta discreción. Y es que se pudo comprobar que que se trataba de la misma persona sobre la que pesa una orden de alojamiento respecto a la concejala. Como también ha podido contrastar este medio, esa orden judicial está vigente desde hace tiempo atrás a raíz de varias denuncias policiales que la concejala ha tenido que interponer por un alto número de encontronazos vividos, a raíz de las cuales el Juzgado determinó la medida del alejamiento.

La detenida ha pasado unas horas en dependencias policiales, en espera de la elaboración de las averiguaciones pertinentes y su posterior puesta a disposición judicial, todo ello sin que se vivieran momentos a priori peligrosos por la escena en plena vía pública, precisamente en parte a la rápida actuación policial para ponerle fin. La procesión del Corpus pudo continuar su recorrido tradicional sin mayores inconvenientes.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en cuestión el funcionamiento del sistema de iluminación instalado tras las obras de eficiencia energética en el edificio de los Tribunales de Instancia de Ponferrada, cuya recepción oficial se produjo en el mes de febrero de este mismo año 2026.

La actuación ha supuesto una renovación integral del inmueble, con mejoras en fachada mediante paneles de lana de roca, sustitución de carpinterías exteriores, renovación de cubierta con mayor aislamiento, incorporación de placas solares y la implantación de iluminación LED junto a sistemas de climatización y ventilación más eficientes.

Sin embargo, este sindicato, en nota de prensa, ha denunciado que el uso cotidiano del edificio presenta importantes problemas derivados del sistema de iluminación basado en sensores de movimiento y luminosidad, que provoca apagones recurrentes en despachos y oficinas.

Según este escrito, los trabajadores se ven obligados en ocasiones a realizar movimientos constantes —como levantarse o gesticular con los brazos— para reactivar la luz, lo que interrumpe el trabajo de forma reiterada. Estas incidencias se producirían tanto en ausencias temporales como en puestos individuales o en momentos de baja actividad en las oficinas.

El problema, añade la nota, se agrava en servicios de guardia o en procedimientos de Violencia de Género, donde las diligencias pueden prolongarse más allá del horario con luz natural. En estos casos, la falta de detección de movimiento provoca que el personal deba trabajar en condiciones de oscuridad o iluminación insuficiente.

El documento también señala que el sistema combina detección de presencia y luminosidad, lo que en determinadas situaciones impide una iluminación estable incluso cuando hay personal trabajando en el interior de las dependencias.

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Astorga, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Local de la ciudad, han detenido a cinco personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial y de contrabando tras intervenir productos falsificados en el mercadillo semanal de la localidad. El número de prendas ha sido abrumador, estimándose al final una tonelada de ropa, mucha de ella de equipaciones deportivas.

La actuación forma parte de la denominada Operación Bastión, una investigación desarrollada durante los últimos meses para combatir la comercialización de prendas falsificadas en distintos puestos textiles instalados tanto en el mercado de Astorga como en otros mercadillos de localidades próximas.

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas se iniciaron tras diversas denuncias y labores de vigilancia que permitieron acreditar la venta de artículos supuestamente falsificados. Durante las inspecciones previas se levantaron actas y se identificó a los responsables de varios puestos donde se ofertaban prendas de vestir como sudaderas, pantalones y camisetas.

La fase final de la operación se llevó a cabo a primera hora de la mañana del pasado martes 9 de junio, que es el día grande del mercado semanal de Astorga. Se organizó un dispositivo coordinado en el que participaron efectivos de los tres cuerpos implicados. Se centró en cuatro puestos de venta y siguió los protocolos establecidos por el Servicio de Vigilancia Aduanera para verificar la posible comercialización de productos que vulneraban los derechos de propiedad industrial.

Como resultado de la intervención, los agentes incautaron aproximadamente una tonelada de mercancía presuntamente falsificada y cuatro furgonetas utilizadas para el transporte de los productos.

Los cinco arrestados fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para prestar declaración. Posteriormente quedaron en libertad, aunque deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Astorga, en su sección de instrucción, que se encargará de continuar con la tramitación del procedimiento judicial.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser, ha presentado esta semana la Memoria Judicial 2025, un documento que es a la vez un análisis del estado de la Justicia en la comunidad autónoma y sus partidos judiciales elaborado por los propios jueces y magistrados con mando en plaza.

La reforma judicial en marcha ha implicado este año un cambio de nombres pasando a integrar los antiguos Juzgados de Instrucción individuales como Tribunales de Instancia por partido judicial, subdivididos a su vez en secciones por temática judicial. En la práctica significa que, a modo de ejemplo, el antiguo Juzgado de Instrucción Penal 1 de León ahora se llama “Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 1”. Estos cambios y la insuficiencia de recursos son algunas de las quejas que se exponen en los informes elaborados desde León para los siete partidos judiciales de la provincia.

Más jueces, o no

En el informe sobre la situación de la provincia de León se analiza la estadística de casos que entran a los juzgados, los que se resuelven y los que se ejecutan para realizar las peticiones de más medios, o no. La planta judicial básica de la provincia se compone de 47 plazas: 28 en los juzgados del partido judicial de León, 12 en los juzgados de Ponferra, dos en La Bañeza y dos en Astorga y uno en Cistierna, Villablino y Sahagún.

En el caso concreto del Tribunal de Instancia y Juzgados de León se solicitan un mínimo de cuatro jueces nuevos. En concreto se pide nos nuevas plazas de jueces para la Sección Civil para reforzar las ocho que ya hay por la alta afluencia de casos. Además de reclama la creación de una nueva Sección Mercantil, bien creando dos plazas nuevas o como mínimo transformando la la actual plaza nº 8 de la Sección Civil junto con otra plaza de nuevo juez en esa sección.

En materia Penal se demandan la cración de de una nueva plaza en la Sección Penal en León, así como mantener las medidas de refuerzo actuales con un juez de adscripción territorial.

Por su parte la Audiencia Provincial de León pide al menos un nuevo juez para las dos Secciones Civiles por el alto volumen de casos y solicita que se cree una plaza de Presidente para poder dividor la Sección Penal en dos distintas, que no supone necesariamente un juez más. También solicitan mantener el juez de refuerzo.

En el partido judicial de Ponferrada se pide también, aunque no a corto plazo, que se valore crear la creación de un nuevo juzgado de instrucción, civil, ya que “Las exigencias de atención del servicio de Juzgado de Guardia y el limitado número de Juzgados de Instrucción resultantes de la separación de jurisdicciones aconsejan en un futuro la creación de un nuevo órgano o plaza judicial de esta clase”. Lo que sí se solicita son refuerzos al volver a asumir los conflictos bancarios y de apoyo al juzgado con competencias exclusivas en materia de Violencia sobre la Mujer.

Lo que también solicita Ponferrada es que se cree una plaza judicial de lo Contencioso-Administrativo “Considerando la disponibilidad de espacio físico en la sede judicial y la tasa de litigiosidad de naturaleza contencioso-administrativa de la comarca”, que creen puede ayudar “a descongestionar la importante carga de trabajo de los Juzgados de esta clase con sede en la ciudad de León y que aproximara esta jurisdicción a los profesionales y ciudadanos del partido judicial”. Y solicitan un segundo equipo psicosocial o que se valore un refuerzo desde León habida cuenta del número de casos en los que intervenir.

El número de casos en los juzgados de Sahagún, Cistierna, Astorga, Villablino y La Bañeza se encuentran por debajo de la media por lo que “no se estima imprescindible el incremento de la planta ni la adopción de medidas de refuerzo”.

Más funcionarios

Los problemas derivados del nuevo sistema judicial y en particular de la ejecución de sentencias lleva a que los jueces de la provincia planteen la necesidad de hasta 12 funcionarios más.

La Audiencia Provincial de León exige con carácter de urgencia 3 nuevas plazas para su oficina judicial, con el fin de resolver la insuficiencia de plantilla y el agravio comparativo frente a otras provincias con menor carga de trabajo, señalando en concreto que la comparativa entre Burgos y León es muy llamativa.

Para el Tribunal de Instancia de León (Sección Civil) los magistrados proponen la designación de 4 funcionarios más, ya que consideran insuficientes los 8 funcionarios de referencia actuales tras haber asumido nuevas tareas procedentes de las antiguas unidades de apoyo.

En el partido judicial de Ponferrada se requiere ampliar la plantilla con un funcionario más para la sección civil (tramitador procesal) para compensar el desequilibrio generado tras la separación de jurisdicciones. Además solicitan también como prioridad la ampliación de la plantilla del Registro Civil con al menos un funcionario más. Y para el Servicio Común de Ejecución de Ponferrada se solicita un refuerzo indispensable de al menos 3 funcionarios adicionales para poder asumir las nuevas tareas de asistencia directa a jueces y magistrados que exige el nuevo modelo organizativo

'Sala Amable' o 'Gesell'

Una petición recurrente es la habilitación de una 'Sala Amable' o cámara 'Gesel'. Es un espacio cuyo objetivo es humanizar el sistema judicial y ofrecer un entorno seguro, neutro y adaptado para proteger el bienestar de menores, adolescentes y personas con discapacidad. Esta sala evitaría la victimización secundaria y minimizaría el impacto emocional cuando estos grupos vulnerables tienen que comparecer en el juzgado para la práctica de pruebas preconstituidas, exploraciones, valoraciones psicosociales o entrevistas forenses.

Ponferrada también pide una sala de este tipo, recordando además que hay sobre la mesa desde abril del 2025 una propuesta para su ejecución con un bajo coste, “aunque se confía en que la petición sea atendida dado el escaso coste que supone y las innegables ventajas y beneficios que ofrecería la creación de este recurso”.

La Audiencia Provincial de León se queja en un informe anual del restraso para la puesta en marcha de esta sala por restraso en las obras, “Aún no está habilitado el espacio acondicionado para los menores y la grabación de las pruebas preconstituidas en el edificio de la Audiencia, si bien las obras han finalizado y se encuentra en la última fase, con importantes defectos que deberán solventarse y un retraso vinculado a las obras en el resto del edificio”.

Incorporar Villablino a El Bierzo

El informe anual plantea desde el Tribunal de Instancia de Ponferrada la propuesta de integrar el partido judicial de Villablino en el de Ponferrada buscando lograr una mayor especialización de la respuesta judicial y la optimización de los recursos disponibles en las comarcas de El Bierzo y Laciana.

Entre las aportaciones positivas que se citan, una vieja propuesta que vuelve, es que actualmente, la prestación del servicio de Juzgado de Guardia en Ponferrada recae sobre tan solo tres Juzgados de Instrucción, lo que supone una carga de trabajo muy elevada. Al integrar Villablino, su juzgado pasaría a convertirse en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, lo que aliviaría y equilibraría significativamente la carga de trabajo entre los distintos órganos judiciales.

Para asegurar que esta integración no aleje la justicia de los ciudadanos, el planteamiento sugiere mantener la sede de Villablino como una Oficina de Justicia Municipal dotada de personal funcionario. De este modo, los habitantes de la zona podrían seguir presentando escritos, realizando trámites presenciales y conectándose telemáticamente con la sede judicial berciana.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de renombrar la demarcación como “partido judicial de Ponferrada y Villablino”. Aunque esta iniciativa no fue acogida inicialmente por el Ministerio de Justicia ni por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la memoria insiste en que es un escenario futuro de gran utilidad que no debería caer en el olvido

Fotocopiadora que no funciona

Una de los resúmenes del año judicial más curiosos corresponde al Juzgado de Sahagún, ahora Tribunal de Instancia de Sahagún, donde su titular ha resumido las necesidades e incidencias de la demarcación judicial facundina de una forma bastante coloquial pero que, habida cuenta de lo enrevesado a veces del lenguaje judicial, sirve para entender lo que sucede a todo el mundo.

En ella relata cómo, por distintas incidencias, se ha tardado casi tres meses en activar de forma correcta el número de teléfono de guardia judicial, desde que la tarjeta SIM se haya enviado mal a que se tarde en recibir 15 días y hasta tener que poner su teléfono personal durante más de un mes para acoger las llamadas desviadas.

Y dejaba para el final un problema que se alargaba en el tiempo en el momento de redactar el informe anual, “La sede del tribunal, dispone una fotocopiadora, si bien hace tres semanas que esta estropeada y todavía no han venido a arreglarla habiéndose dado la correspondiente incidencia”.

Y llamativo es que el Presidente del Tribunal de Instancia de Ponferrada, hace una defensa por escrito de la labor del personal adscrito a los juzgados, “La labor callada, en ocasiones poco reconocida, de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia, que prestan su apoyo insustituible y necesario a la labor jurisdiccional de Jueces y Magistrados, obliga a reconocer, aunque sea al menos desde estas letras, que las tasas de resolución de la actividad judicial y su buena marcha son igualmente el fruto de su esfuerzo y dedicación, lo que es prueba de la profesionalidad de estos colectivos, de su implicación personal y de su vocación sincera de servicio a las personas, debiendo lamentar el constante sobreesfuerzo al que se les ha sometido durante el año 2025 debido al aluvión de cambios organizativos y logísticos que de forma imprevista, cuando no improvisada, se han impuesto a su labor, sin contar con ellos e incluso a veces en contra de sus intereses legítimos”.

La Guardia Civil ha detenido en la comarca de La Bañeza, en la provincia de León, a un hombre de 53 años de edad como presunto autor de un delito continuado de daños. Está acusado de ser el autor de numerosos y graves desperfectos en un total de catorce vehículos que estaban estacionados en varias calles, así como en una vivienda, utilizando para ello un enorme hacha de 50 centímetros de longitud.

La investigación se inició tras una llamada telefónica a las dependencias de la Guardia Civil que alertaba de que el ocupante de una furgoneta estaba causando, por motivos desconocidos, daños en varios vehículos de un pueblo de la comarca de La Bañeza, el cual no se detalla en la nota de prensa remitida por la Subdelegación del Gobierno de León.

Una patrulla llegada al lugar consiguió identificar al conductor y único ocupante del vehículo sospechoso, el cual portaba en su interior el hacha con la que supuestamente se causaron los daños. El arma fue intervenida.

Durante el desarrollo de la investigación se recabaron diversos indicios y pruebas que permitieron determinar la presunta participación del identificado en unos actos vandálicos que afectaron, en el recuento final, a un total de catorce vehículos y a un inmueble de la localidad. Como es lógico, dada la violencia utilizada, los hechos habían generado un gran temor entre los vecinos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el hombre pasó a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, en funciones de guardia.

No será este articulista quien entre a juzgar la actuación de los jueces, ya saben, ese Tercer Poder cuyos miembros, incluso cuando aciertan ‘fallan’, por más que algunas de sus acciones, autos y sentencias chirríen. Más como en altas instancias es una pugna descarnada entre magistrados conservadores y progresistas, confiemos que el criterio de justicia prevalezca y la razón y la verdad resplandezca sin tintes políticos.

Este artículo quisiera comentar un detalle que al parecer ha pasado bastante desapercibido y en el que los jueces sólo han sido una derivada del asunto principal. Una jueza de la capital pucelana ha sentenciado a la revista satírica El Jueves a resarcir a la Fundación Abogados Cristianos, que tiene su sede en Valladolid –siempre Valladolid en todas las salsas–, con la cantidad de seis mil (6.000) euros que se desglosan en dos epígrafes. Dos mil (2.000) euros para la entidad y cuatro mil (4.000) euros para la presidenta de la misma, Polonia Castellanos, que, cosa curiosa, también es de Valladolid. 

Polonia Castellanos, al parecer, es hija de zamoranos y es fundadora de esta formación ultracatólica que hace declaraciones de este jaez según la prensa nacional: “El mal no descansa ni los fines de semana ni en verano. Nunca”. Esta señora, al frente de su fundación, interpone querellas a todo aquello que pueda ser tenido por injurioso, difamatorio o atentatorio contra la religión católica y así, en los dieciocho años de andadura de los Abogados Cristianos ha hecho pasar por el juzgado a personajes públicos e instituciones con tan poco éxito como abundante repercusión mediática. Por no ser tildado de anticlerical, ni siquiera traeré a colación lo de la aconfesionalidad del Estado Español. 

La parte demandada, la revista el Jueves, ha sido demandada por calificar a la señora Polonia de ‘gilipollas del año’ motivo por el que ha sido condenada –la señora no, la revista – por un delito contra el derecho al honor. Tras abonar los seis mil euros mencionados, a la editorial se le ha ocurrido hacer eso que ahora se llama un crowdfunding, palabreja que podría ser sustituida con ventaja por términos como ‘colecta’ o ‘micro mecenazgo’. Sea como fuere, un responsable del sector demandado ha declarado con desahogo, que han recaudado una cantidad suficiente para pagar la deuda y poder volver a utilizar calificaciones similares, así como a publicar otras sátiras religiosas, amén de haber visto incrementada su tirada mensual.

Publicaciones satíricas españolas

Sucede que, a mediados del siglo XIX y principios del XX, proliferaron en España publicaciones cáusticas contra todos los estamentos del país que muy probablemente hoy serían reprimidas con inusitado rigor por la judicatura nacional a juzgar por los resultados de la controversia surgida entre el Jueves y Abogados Cristianos. Si revistas como La Flaca o Gedeón, por poner sólo un par de publicaciones críticas con el poder imperante, o algunas otras como la decimonónica ‘Los Borbones en pelota’, colección de láminas descarnadas sobre la ‘licenciosa’ vida sexual de Isabel II, se publicaran hoy, no quiero pensar las penas que podrían imponerles. 

Isabel II estuvo casada con Francisco Asís de Borbón, hombre tenido por afeminado e impotente, y de quien se dice que llegó a decir que en la noche de bodas llevaba más bordados en su camisón que ella misma. La pareja tuvo doce hijos además de numerosos abortos y según diversos cronistas, varios de ellos eran de distinto padre. Se comentó que había tenido relaciones con diversos generales, como O'Donell o Serrano, el general bonito, y otros miembros del escalafón militar, así como ministros y otras personalidades de la vida pública del momento. Incluso se dijo que Alfonso XII era hijo del noble valenciano Enrique Puigmoltó y Mayans. La reina fue nombrada como la Reina Ninfómana.

El comportamiento de esta reina motivó duras críticas hasta el extremo que vio la luz la publicación de las ilustraciones citadas, cuya autoría se le atribuye –quien sabe si acertadamente– a un hermano de Gustavo Adolfo Becker y a el mismo. En las ilustraciones no se deja nada a la imaginación, se caricaturiza a su regia persona y a un extenso elenco de ‘presumibles’ amantes, siempre con desnudos y en obscenas posturas. Reproduce escenas subidas de tono y a veces con un trasfondo de grotesca pornografía.

¿Más libertad de expresión en el siglo XIX que en el XXI?

Si ahora rebobinamos todo lo expuesto –ruego a todo lector que compruebe la veracidad de cuanto aquí se ha vertido– se imponen, así, a bote pronto, una conclusión y una pregunta. La conclusión es que en España, la libertad de expresión era muy superior en el siglo XIX que en pleno siglo XXI. Las publicaciones críticas del momento no fueron censuradas ni perseguidas. La pregunta se hace inevitable: ¿Si una sentencia judicial condena a pagar seis mil euros por llamarle ‘gilipollas del año’ a una señora, cuál sería la pena por sacar a la reina de España desnuda y realizando el acto sexual con diversas personalidades de la vida pública española? ¿Alcanzaría con una pena pecuniaria?

Cabe pedirles a los jueces coherencia y ecuanimidad al juzgar a ‘diestros’ y ‘siniestros’ cuando aplican la legalidad vigente, que eso y no otra cosa es la ley. Lo de la Justicia es cualidad innata en las personas, aunque a veces se omita o se haga por ignorarla. Y como corolario, tiéntense la ropa los que suspiran por escindir el territorio de León del territorio castellano, porque me temo que podrían querellarse los Abogados Cristianos vallisoletanos alegando que nuestras aspiraciones contravinieran los mandatos bíblicos y los principios religiosos. 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

Una mujer leonesa ha visto confirmada su condena por apropiarse de más de 55.000 euros que formaban parte de la herencia de su hermana fallecida y ocultar ese dinero al resto de familiares con derecho al reparto. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) considera probado que vació las cuentas compartidas con la fallecida, trasladó el dinero a una cuenta bajo su exclusivo control y trató de impedir que el resto de herederos conocieran la existencia de esos fondos.

La resolución mantiene la pena de un año de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de León, así como una multa de seis meses. Además, introduce una novedad relevante: declara a Caixabank responsable civil subsidiaria al entender que empleados de la entidad permitieron operaciones que no deberían haberse autorizado.

Los hechos se remontan a 2015. Tras el fallecimiento de una mujer que no había otorgado testamento, debía repartirse una herencia en la que figuraban una cuenta bancaria y un depósito de capital compartidos con una de sus hermanas. Entre las dos cosas, la cuantía a repartir ascendía a más de 111.000 euros.

Según recoge la sentencia, apenas unos días después de la muerte, la hermana cotitular comenzó a retirar fondos. Primero extrajo 6.000 euros en efectivo, después otros 5.000 euros, sacó además 4.000 euros del depósito asociado y finalmente transfirió 96.000 euros a una cuenta de la que era la única titular. De esta forma dejó completamente vacíos los productos financieros compartidos.

Meses más tarde, cuando se inició la tramitación de la herencia y la liquidación del impuesto de sucesiones, la mujer elaboró un inventario de bienes en el que no incluyó ni la cuenta bancaria ni el depósito. Para los tribunales, esa omisión no fue un error, sino una actuación deliberada para quedarse con ese dinero y evitar que el resto de familiares recibieran la parte que les correspondía.

La ocultación acabó generando además problemas económicos para otros miembros de la familia. Años después, la Agencia Tributaria descubrió la existencia de los bienes no declarados y exigió liquidaciones complementarias del impuesto de sucesiones. Una hermana de la fallecida tuvo que abonar más de 3.300 euros, mientras que dos sobrinas afrontaron pagos adicionales superiores a 1.500 euros cada una.

La Audiencia Provincial de León ya había condenado a la acusada por un delito de apropiación indebida agravada al considerar que la cantidad apropiada superaba los 50.000 euros. Además de la pena de prisión y la multa, la sentencia le obligó a devolver a la herencia 55.948,66 euros y a indemnizar a los familiares perjudicados por las consecuencias fiscales derivadas de la ocultación.

La defensa recurrió posteriormente la condena alegando que no existía apropiación indebida, que parte del dinero le pertenecía por ser cotitular de las cuentas y que la cantidad realmente perjudicada era inferior al límite exigido para aplicar la agravante. También sostuvo que los hechos habrían prescrito.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia rechaza todos esos argumentos. Los magistrados consideran acreditado que la mujer actuó como propietaria exclusiva de unos fondos que debían formar parte de la herencia y recuerdan que, además de vaciar las cuentas, ocultó posteriormente su existencia al resto de herederos.

La Sala también descarta que pueda beneficiarse de la excusa absolutoria prevista para determinados delitos patrimoniales cometidos entre familiares. Entre los perjudicados figuraban dos sobrinas de la fallecida, familiares que no están incluidos en los supuestos contemplados por esa excepción legal.

Respecto a Caixabank, el TSJ sí estima parcialmente el recurso presentado por las familiares perjudicadas. Los magistrados entienden que los empleados de la sucursal permitieron retirar y transferir la totalidad de los fondos pese a tratarse de una cuenta y un depósito de disposición mancomunada, para los que era necesaria la firma de ambas titulares.

Por ello, el tribunal revoca la absolución civil de la entidad bancaria y la declara responsable civil subsidiaria de las cantidades que deba afrontar la condenada. El resto de la sentencia queda íntegramente confirmado.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anuncia refuerzos en la plantilla actual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Castilla y León con tres nuevos profesionales: se trata de un psicólogo en Ávila, un educador social en Salamanca y un técnico de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en León.

La medida se incluye en un plan integral del Ministerio para mejorar la eficiencia de los antiguamente conocidos como institutos anatómicos forenses de las cinco comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia.

En total, se incorporarán 33 nuevos profesionales: 23 técnicos de equipos psico-sociales (psicólogos, trabajadores y educadores sociales) y 10 técnicos de autopsias. Su incorporación se iniciará el próximo mes de julio y supondrá un crecimiento del personal laboral del 15,6%.

El objetivo estatal es avanzar en la mejora estructural del personal laboral de estos Institutos, garantizando un servicio público eficaz, de calidad y acorde con la relevancia de su función: auxiliar a la Administración de Justicia mediante pericias del ámbito de la psicología, trabajo social y educación social en casos de violencia de género y sexual, guarda y custodia, etc., así como en la realización de autopsias judiciales.

El plan integral para los Institutos, en el que el Ministerio trabaja desde hace meses, incluye medidas organizativas para mejorar la eficiencia y homogeneidad en la elaboración de las periciales. Entre ellas, un nuevo modelo organizativo más eficiente y basado en un análisis exhaustivo de las cargas de trabajo, la aplicación de metodologías comunes de intervención y modelos de informes protocolizados y una mayor colaboración entre distintos Institutos de Medicina Legal, explican en un comunicado de prensa.

La funcionarización, en tramitación parlamentaria

El Ministerio también está comprometido con el proceso de funcionarización del personal laboral de los IMLCF, una medida incorporada ya en el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

La funcionarización permitirá dotar a estos profesionales de un estatuto homogéneo, reforzar su encuadre orgánico y funcional y avanzar en la consolidación de un modelo más cohesionado y estable, concluyen.

Una mujer leonesa ha sido absuelta del delito de descubrimiento y revelación de secretos del que le acusaba su exmarido tras haber señalado en el proceso de divorcio del matrimonio que su expareja pertenecía a los Testigos de Jehová. La Audiencia Provincial de León ha ratificado el pasado mes de abril la absolución previa dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de León, en un proceso que se remonta al año 2022

El conflicto legal se originó cuando la mujer presentó en el juicio civil de divorcio una fotografía de una carta manuscrita de su expareja sobre su vínculo que tenía con los Testigos de Jehová, lo que derivó a continuación en una denuncia por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Lo hizo, según los hechos probados, “con la finalidad de acreditar las circunstancias personales que determinaban un concreto reparto de bienes adquiridos durante el tiempo que se desarrolló la convivencia y la necesidad de pago de la pensión compensatoria, presentándose a través de su representación procesal como prueba en el ámbito restringido de un proceso judicial matrimonial”.

El tribunal confirma la sentencia absolutoria previa tras determinar que la acusada no obtuvo el documento de forma ilícita ni tuvo la intención deliberada de difundir información privada fuera del ámbito judicial. Los magistrados concluyen que el uso de dicha prueba en un proceso de liquidación de bienes no vulneró el derecho a la intimidad, ya que no se produjo una divulgación pública ni existió dolo criminal. Por tanto, la sala ratifica la inocencia de la recurrida y desestima la petición de nulidad o condena solicitada por el apelante.

“No consta -o al menos no se ha acreditado- que la recurrida se haya apoderado de modo torticero esos documentos a los que se alude en la querella y con la única finalidad de darlos a conocer a terceros”, señala la sentencia, que explica que “En todo lo caso (...) -lo que es crucial- no existen datos que la acción fuese consciente, deliberada, en suma, dolosa o intencional para transmitir a terceros (al margen de los argüidos en el procedimiento) ese dato personal”, explican.

Recuerdan los jueces que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere que la conducta sea consciente y deliberada para vulnerar la intimidad. En este caso, el tribunal consideró que no existen datos que demuestren una acción dolosa o intencional para transmitir datos personales a terceros fuera del procedimiento judicial. Por ello confirman la absolución al considerar que la actuación de la acusada no integraba el tipo penal debido a que el uso de la carta se limitó estrictamente a la defensa de sus intereses en un pleito familiar.