La tragedia de Manzanedo de Valdueza ha encendido la indignación y la preocupación en El Bierzo. Tres días después de la tormenta y la riada que se cobró la vida de dos mujeres y dejó varios heridos en el valle del Oza, una iniciativa vecinal ha conseguido reunir ya 2.000 firmas para exigir actuaciones urgentes en los montes y, especialmente, en los terrenos afectados por los incendios forestales. Los promotores reclaman que lo ocurrido marque “un punto de inflexión” y advierten de que no se puede esperar “a que pase otra desgracia aún mayor para tomar medidas”.

La petición, impulsada a través de Change.org por vecinos de la Somoza berciana, exige limpieza y gestión de los montes durante todo el año, mantenimiento de caminos, pistas forestales y cortafuegos, refuerzo de los medios de prevención y extinción y actuaciones urgentes sobre los terrenos quemados para reducir el riesgo de erosión, desprendimientos y arrastres. Reclama también medidas específicas de protección para los pueblos más expuestos, recuperación ambiental de las zonas dañadas, ayudas para los afectados y mayor coordinación entre las administraciones.

La movilización llega después de la tragedia ocurrida el sábado 15 de agosto en Manzanedo de Valdueza. Más de 200 toneladas de piedras, barro y tierra descendieron desde la ladera y alcanzaron el pueblo, donde dos mujeres, de unos 60 años, perdieron la vida. También resultaron heridos dos menores, un bebé de tres meses y un niño de cuatro años, que tuvieron que ser hospitalizados, así como su madre, de 30 años, y varios hombres con heridas de distinta consideración.

“Estamos cansados de que nuestros pueblos aparezcan en las noticias cuando hay fuego o cuando ocurre una tragedia. Queremos que se actúe antes. Queremos prevención, queremos protección y queremos que las ayudas lleguen a quienes las necesitan”, sostienen los promotores de la recogida de firmas. Su reivindicación pone el foco en que los riesgos de los grandes incendios forestales no desaparecen cuando se extinguen las llamas y pueden prolongarse posteriormente a través de la erosión y los arrastres.

El Gobierno apunta a la deforestación y pide actuar a la Junta

También el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha relacionado este martes lo sucedido con el estado del monte y ha confiado en que la Junta de Castilla y León, como administración competente en su gestión, adopte medidas para evitar episodios similares.

Alaiz ha reconocido que corresponde a los técnicos establecer las causas, pero ha apuntado a la posible influencia de la deforestación, ya que unas precipitaciones de gran intensidad sobre terrenos sin suficiente cubierta vegetal pueden favorecer los movimientos de tierra. El representante del Gobierno se ha puesto en contacto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que está elaborando informes y estudios técnicos sobre lo ocurrido.

El subdelegado ha precisado además que la Confederación había realizado en mayo trabajos de limpieza en el río Merayo. Ahora serán los estudios técnicos los que deberán contribuir a esclarecer qué ocurrió durante la tormenta y qué actuaciones pueden resultar necesarias para reducir los riesgos.

Ponferrada descarta que pueda repetirse, pero aún desconoce las causas

Mientras tanto, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha asegurado este martes que, según los informes realizados tras inspeccionar las zonas afectadas, actualmente no existe riesgo de que una tormenta de características similares provoque una nueva situación como la del sábado. Esa valoración llevó al Ayuntamiento a considerar innecesaria la convocatoria del Cecopi.

El Consistorio ha contratado de emergencia a una empresa para acometer los trabajos de desescombro y mantiene restricciones de tráfico en algunos de los lugares más afectados. Morala, sin embargo, se ha mostrado prudente sobre la posible relación entre la avalancha de barro y piedras y los incendios forestales que afectaron a los montes situados por encima de las localidades.

De hecho, el propio alcalde reconoce que todavía no existen informes que permitan determinar las causas de la catástrofe. “Las causas reales serán las que nos marquen los informes2, ha señalado, emplazando a esperar a las conclusiones de los técnicos antes de vincular directamente los arrastres con los incendios.

Esta posición contrasta con la preocupación expresada desde el mismo domingo por vecinos y representantes institucionales sobre la situación de las laderas quemadas. El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, llegó a reconocer durante su visita a Manzanedo que “no hemos estado a la altura”, mientras que el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, reclamó políticas para conseguir la sujeción de unos terrenos que han perdido masa forestal.

Peñalba vuelve a sufrir otro desprendimiento

Los problemas provocados por las últimas lluvias continúan, además, en otros puntos del municipio. La carretera principal de acceso a Peñalba de Santiago ha vuelto a quedar cortada por un nuevo desprendimiento de piedras, tierra y lodo, lo que ha obligado a la Diputación de León a trabajar en la limpieza y acondicionamiento de la ruta alternativa por el Alto de la Cruz para evitar que el pueblo quede aislado.

Courel y el vicepresidente de la Diputación y responsable de Infraestructuras, Roberto Aller, han visitado este martes la zona para comprobar los daños. El presidente provincial ha insistido en que la solución no puede limitarse a reparar una y otra vez la carretera y ha reclamado la participación de los propietarios de los terrenos afectados y de las administraciones con competencias medioambientales y sobre los cauces. “La Diputación no genera este problema, la Diputación sufre este problema, y somos los primeros que queremos solucionarlo”, ha afirmado.

La institución provincial estaba ejecutando precisamente trabajos por más de 800.000 euros para instalar mallas de protección contra los desprendimientos cuando se produjo este nuevo episodio. Aunque las obras todavía no estaban terminadas, las protecciones lograron retener parte de los materiales. “Es una desgracia, pero podía haber sido mucho peor”, ha resumido Aller.

La recogida de firmas devuelve ahora el foco a una reclamación que los vecinos quieren extender al conjunto del Bierzo: que las consecuencias de los incendios no se den por terminadas cuando desaparecen las llamas y que la prevención llegue antes de la siguiente emergencia. “El Bierzo no puede seguir pagando las consecuencias de no actuar a tiempo”, concluyen los impulsores de la iniciativa.

El Ayuntamiento de Ponferrada y Endesa han firmado este martes el protocolo para cubrir el canal de Cornatel, entre las calles Obispo Osmundo y Cruz de Miranda, una actuación presupuestada en cinco millones y cuya ejecución está prevista para 2027.

El proyecto permitirá cubrir alrededor de 200 metros del canal para crear un nuevo espacio urbano con zonas verdes, áreas de descanso, juegos infantiles y un itinerario peatonal accesible que conectará este entorno con el casco histórico.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha definido este acuerdo como “un hito altamente demandado” y recordado que permitirá eliminar una de las principales barreras urbanas de la ciudad.

La financiación se repartirá entre el Ayuntamiento, que aportará el 60% con fondos europeos del programa Ponferrada Inspira, y Endesa, que asumirá el resto hasta un máximo de 1,8 millones, además de prestar asistencia técnica durante el desarrollo de la obra.

Por su parte, la directora territorial de Endesa en el Noroeste, María Giuseppina Biondi, ha explicado que el proyecto supone un “momento histórico” tras más de dos décadas de negociaciones y destacado que permitirá incorporar unos 8.000 metros cuadrados de espacio para uso ciudadano, mejorando al mismo tiempo la integración urbana y la seguridad de la infraestructura hidráulica.

El Ayuntamiento prevé licitar las obras antes de finalizar este año para comenzar su ejecución en marzo de 2027, con un plazo previsto de nueve meses, por lo que la actuación podría estar concluida antes de finalizar el próximo año.

Las calles de León acogieron este sábado una nueva celebración del Orgullo LGTBIQ+, una jornada reivindicativa en la que, además de reclamar el respeto a la diversidad y la igualdad de derechos, volvió a ponerse sobre la mesa la demanda de una ley autonómica específica para proteger al colectivo en Castilla y León, una de las pocas comunidades que todavía carece de esta normativa.

La manifestación recorrió el centro de la capital leonesa mientras en Ponferrada se celebraba el tradicional pregón, dos de los principales actos de una jornada que reunió a colectivos sociales, ciudadanos y representantes políticos. Entre ellos participó una delegación del PSOE de Castilla y León y del PSOE de León, que aprovechó la celebración para reclamar la aprobación de la proposición de ley LGTBI registrada en las Cortes autonómicas junto a diferentes colectivos sociales.

Los socialistas defendieron que la protección de los derechos del colectivo debe ir acompañada de medidas legislativas y políticas públicas estables, al tiempo que recordaron que el Congreso acaba de aprobar nuevas medidas para penalizar las conocidas como terapias de conversión. También pusieron el foco en la situación que viven muchas personas LGTBI en el medio rural, donde, a su juicio, persisten situaciones de discriminación que obligan a algunos jóvenes a abandonar sus pueblos para poder vivir con libertad.

Durante la jornada, el PSOE alertó también del aumento de los delitos e incidentes de odio relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en Castilla y León. Según los datos facilitados por la formación, en 2024 se registraron 12 casos en la provincia de León y 93 en el conjunto de la Comunidad, mientras que durante 2025 estos delitos habrían aumentado un 46% en Castilla y León, una evolución que, según sostienen, evidencia la necesidad de reforzar las políticas de prevención, protección y sensibilización.

En Ponferrada también participaron de los actos miembros del equipo de Gobierno que lidera el PP, entre ellos el alcalde Marco Morala. En León, el Ayuntamiento colgó un mensaje en su red social X pasadas las nueve y media de la noche.

Si Medicina no se imparte en el campus de Ponferrada, en la comarca de El Bierzo, y son estudios que exclusivamente se ceñirán al campus de Vegazana en León capital, no es por una decisión impuesta por la Junta de Castilla y León sino por elección de la propia Universidad de León. Así de tajante se ha mostrado hoy Carlos Fernández, el portavoz del Gobierno autonómico en funciones, de momento sólo del Partido Popular (PP), ante la creciente polémica sobre la responsabilidad última de que el nuevo grado de Medicina no tenga ningún reflejo en El Bierzo.

La respuesta de Carriedo, señalando que la decisión parte “dentro de la autonomía universitaria” y garantizando que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política” en este sentido, viene a desmentir de manera directa a los argumentos esgrimidos esta misma semana por la propia rectora de la Universidad de León, Nuria González.

González abría la caja de los truenos políticos a principios de esta semana durante la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del arranque, con la preinscripción, de los estudios de Grado de Medicina tras años de haber conseguido el hito largamente esperado. Ante los periodistas, la rectora dio a conocer la decisión definitiva que de Medicina no tendrá ningún reflejo finalmente en el campus ponferradino como, por otra parte, aseguró que la Universidad leonesa seguía defendiendo, como desde hace años.

Llegó a asegurar que para el 'sí' final a Medicina en León la condición indispensable era renunciar a dividirla en dos campus. Literalmente, González dijo que “los diferentes informes realizados por el panel de expertos designados por la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León ha condicionado el informe favorable a que la implantación inicial del grado se desarrolle exclusivamente en el Campus de Vegazana. A pesar de que la propuesta de la Universidad siempre contempló una docencia compartida entre los dos campus”. Esa Agencia, aunque integrada por miembros independientes, sí está directamente vinculada a la Junta de Castilla y León. Sin embargo, el gabinete del Rectorado remarca que ni la institución ni la propia rectora han señalado la responsabilidad de la Junta en la decisión final, sino de estos expertos.

Polvareda política

Esa decisión definitiva, y sus argumentos, han levantado una inmensa polvareda política en El Bierzo. Primero con Coalición por el Bierzo augurando un recrecimiento de su lucha por conseguir que se imparta Medicina, lo que llamó un “otoño caliente”. Y a continuación, ha sido el alcalde de Ponferrada, Marco Morala -del PP, que gobierna en la Junta-, el que ha elevado el tono de la confrontación, exigiendo a la rectora que muestre los documentos e informes en los que se basó para asegurar que se le impuso la renuncia al campus berciano. Morala afirma que su partido y equipo de Gobierno, son Coalición como socio, no se conformará con nada que no sea que la totalidad de la nueva titulación se imparta de forma completa en Ponferrada, con los seis cursos y un número significativo de alumnos.

En este contexto, ha sido hoy la Junta, por boca de su portavoz, quien ha desmentido a la rectora. Carriedo aseguró que “respetamos la decisión que tenga que tomar cada universidad dentro de la autonomía universitaria”, dejando entrever que las “decisiones posteriores” sobre dónde se imparten unos estudios lo deciden los rectorados “en función de las condiciones, las características y circunstancias del campus y en función de los medios y servicios que provee para cada campus”.

Ante las preguntas de los periodistas, el consejero afirmó que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política”, insistiendo en que las “cuestiones técnicas” que hayan recomendado no dividir territorialmente estos estudios “será dentro de la autonomía universitaria”.

La Universidad replica y defiende su apuesta por Ponferrada “desde el inicio”

La Universidad de León matiza mucho el sañalamiento planteado por el portavoz de la Junta y defendió en un comunicado horas después que el Campus de Ponferrada formó parte del proyecto del Grado en Medicina “desde el inicio”.

Asegura que tanto la memoria presentada como las sucesivas alegaciones durante el proceso de evaluación recogían un modelo de docencia compartida entre los campus de León y Ponferrada, cuya viabilidad académica y organizativa fue defendida de manera constante. La institución subraya que “el Campus de Ponferrada ha formado parte de este proyecto desde el inicio” y que su propuesta académica contemplaba expresamente “un modelo de docencia compartida entre León y Ponferrada”.

La ULE explica que ejerció su autonomía universitaria mediante el diseño y la defensa de esa propuesta, pero recuerda que la implantación de una nueva titulación oficial exige superar un proceso de evaluación externa sometido a criterios académicos, técnicos y normativos. En este caso, indica que la emisión del informe favorable quedó condicionada a determinadas exigencias del panel evaluador, cuya aceptación era imprescindible para completar la verificación. De hecho, advierte de que “de no asumir las condiciones establecidas por el panel evaluador, la Universidad de León no habría obtenido el informe favorable y el grado en Medicina no sería hoy una realidad en nuestra institución”.

Pese a ello, la Universidad asegura que seguirá trabajando para que, cuando existan las condiciones académicas, técnicas y de recursos necesarias, la titulación pueda extenderse también al Campus de Ponferrada, manteniendo su apuesta por un modelo apoyado en “las fortalezas del conjunto del territorio” y en el aprovechamiento de los recursos sanitarios y asistenciales disponibles.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha reclamado a la Universidad de León (ULE) mayor transparencia sobre el proceso de implantación del Grado de Medicina y ha defendido que la titulación se imparta de forma completa en el campus berciano, con los seis cursos y un número significativo de alumnos.

En nota de prensa, el regidor ha pedido una modificación de la memoria presentada para corregir las deficiencias detectadas por los evaluadores y permitir la incorporación del Campus de Ponferrada al proyecto, y que se haga en plazo “inmediato y definido”.

Ha insistido en que la ciudadanía desconoce los aspectos técnicos y administrativos que rodean la aprobación de una nueva carrera universitaria, pero tiene claro que quiere que Medicina llegue a Ponferrada. “Es una aspiración legítima, una reivindicación sensata y un proyecto necesario para que la ciudad crezca como ciudad universitaria”, ha afirmado. Su socio de gobierno, Coalición por El Bierzo, ya había anunciado un otoño “caliente” si el grado no se implantaba desde primer curso en el campus.

Morala ha recordado que ya planteó esta reivindicación durante la apertura del curso académico de 2023, pocos días después de asumir la Alcaldía, y ha asegurado que aquella petición se convirtió posteriormente en una demanda compartida por la sociedad berciana.

El alcalde ha manifestado además sus dudas sobre la documentación remitida por la ULE a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), organismo encargado de evaluar la implantación de la titulación.

En este sentido, ha invitado a la rectora de la Universidad de León, Nuria González, a hacer públicos los documentos enviados y ha cuestionado si la implantación del grado en Ponferrada fue defendida “con la misma convicción, el mismo grado de detalle y la misma especificación de infraestructuras, profesorado, equipamiento y proyecto” que la propuesta presentada para León.

También si las alegaciones formuladas por la institución académica ante las observaciones de los evaluadores fueron igual de exhaustivas para ambas sedes o si se argumentó con más contundencia la necesidad de iniciar los estudios únicamente en la capital leonesa.

Polémica política

En su nota de prensa, Morala también carga contra el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Olegario Ramón, por sus declaraciones sobre el proceso de evaluación del grado.

El alcalde ha negado que Acsucyl rechazara una propuesta inicial que contemplaba el inicio simultáneo de los estudios en León y Ponferrada y ha afirmado que la agencia emitió únicamente un informe provisional condicionado al cumplimiento de determinados requisitos.

Por ello, ha retado al portavoz socialista a demostrar documentalmente sus afirmaciones y ha asegurado que había “mentido abiertamente” sobre este asunto.

Por su parte, el presidente del PSOE de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, ha defendido defendió que la comarca no puede quedar al margen de un proyecto que, ha recordado, nació con la vocación de tener presencia tanto en León como en Ponferrada.

Aunque asume que la Universidad de León iniciará la titulación exclusivamente en la capital provincial tras el dictamen emitido por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), ha insistido en que debe mantenerse el compromiso de incorporar al campus berciano.

“Hay que seguir con esa exigencia de la comarca del Bierzo”, ha señalado Morán, quien sin embargo ha evitado confrontar con la dirección de la Universidad de León y ha traslado un mensaje de confianza hacia la rectora, Nuria González.

La Casa de la Cultura de Ponferrada acoge este jueves 7 de mayo la presentación del libro Puentes y pasos sobre el Sil, un exhaustivo trabajo del berciano David Zamorano que recoge su recorrido visual y documental por el curso del río desde su nacimiento y su desembocadura en el Miño. El acto, que comenzará a las 19.00 horas, está abierto al público.

A través de sus 482 páginas y más de 350 fotografías, el libro recorre los 138 puentes y pasos sobre el Sil, desde Peña Orniz hasta Os Peares pasando por las comarcas de Babia, Laciana, El Bierzo, Valdeorras, Quiroga y la Ribera Sacra. La obra, de carácter divulgativo, combina datos enciclopédicos basados en documentación con anécdotas recogidas de la tradición oral. Y está a la venta en la librería Quiñones de Ponferrada.

Ponferradino nacido en el barrio de San Andrés, David Zamorano es desde chaval aficionado a la fotografía, a través de la cual empezó a plasmar las estructuras sobre el Sil en diferentes épocas del año, la base de una exposición que presentó en 2009 en la Casa de la Cultura de Ponferrada, adonde regresa más de 16 años después con el trabajo completado con una amplísima documentación y convertido en libro.

El autor estará acompañado en el acto por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el director de los Museos de Ponferrada, Javier García Bueso, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha restringido el derecho de sus concejales de la oposición a ejercer el control efectivo del gobierno municipal al no responder en pleno los ruegos y preguntas. Es la conclusión a la que llega el Procurador del Común tras una denuncia presentada por el PSOE de Ponferrada en el año 2024 y que se ha resuelto casi dos años después.

La institución que dirige Tomás Quintana López, que lleva con su mandato caducado desde el 2022, ha emitido una resolución en la que cuestiona el tratamiento dado por el Ayuntamiento de Ponferrada a los ruegos y preguntas formulados por la oposición en sesión plenaria, al haberse contestado únicamente por escrito y fuera del pleno.

En el mandato actual con Marco Morala (PP) en la Alcaldía se decidió que en la organización municipal las respuestas a los ruegos y preguntas se darían en la Junta de Portavoces, una reunión no pública y de carácter consultivo, mediante respuestas por escrito y con su posterior publicación en la web municipal. El PSOE denunció la práctica por considerar que se vulneraba el derecho a saber lo que pasa en el ayuntamiento berciano.

Según el Procurador lo realizado por Ponferrada “altera una de las competencias indelegables del Pleno”, como es la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, recogida en la Ley de Bases del Régimen Local. En concreto, recuerda que el artículo 22.2 atribuye al pleno esa función, mientras que el artículo 46.2 exige que exista una parte diferenciada en las sesiones ordinarias destinada a garantizar ese control político. “La Junta de Portavoces no es, ni puede ser, un órgano de fiscalización de la acción del gobierno, función que corresponde exclusivamente al Pleno del que forman parte todos los concejales, no solo los portavoces de los grupos”, incide.

Además, el dictamen de la defensoría del pueblo autonómica va más allá del plano organizativo y entra en el terreno constitucional. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, recuerda que el derecho de los concejales a formular preguntas y obtener respuesta forma parte del derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. Este derecho incluye no solo intervenir en los plenos, sino hacerlo en condiciones que permitan ejercer de forma efectiva su función de control.

“Hemos de insistir en que no puede quedar a voluntad del órgano sobre el que se ejerce el control, el Alcalde o Concejal delegado, la posibilidad de elegir si el Pleno conoce el ruego o no, precisamente puede ser útil al concejal que lo ha formulado que el Pleno conozca que esa aceptación se ha producido a iniciativa suya”, especifica.

En este sentido, advierte también de que el Reglamento Orgánico Municipal de Ponferrada aprobado en 2025 podría incurrir en ilegalidad si permite que los ruegos no se debatan o que las preguntas no se respondan en sesión plenaria. De hecho, señala que condicionar ese debate a la voluntad del equipo de gobierno o a la solicitud expresa del concejal supone una restricción indebida de derechos. Por ello recomienda al Pleno de Ponferrada “que valore la procedencia de iniciar el procedimiento para declarar la nulidad de la regulación introducida en el artículo 68 del Reglamento Orgánico Municipal, al suponer una infracción de los derechos de los concejales a la participación política”.

El PSOE cree que lo sucedido va contra la transparencia

Para los socialistas de Ponferrada “esta resolución del Procurador del Común deja en evidencia una forma de actuar del equipo de gobierno que va en contra de algo básico: la transparencia y el derecho de los vecinos y vecinas a saber qué está pasando en su Ayuntamiento”.

“Cuando se evita que los ruegos y preguntas se debatan en el Pleno, no solo se limita a la oposición, se está limitando también a la ciudadanía, que pierde la oportunidad de escuchar explicaciones públicas, de conocer las respuestas y de ver cómo se fiscaliza la acción del gobierno”, incide el grupo que lidera Olegario Ramón, que explica que a veces sus preguntas son asuntos que les plantean ciudadanos y colectivos “que tienen derecho a conocer de manera pública las respuestas que están esperando del equipo de gobierno”

“El Pleno no es un trámite ni un espacio para tratar asuntos sin debate, es donde se da la cara ante la gente. Y lo que no se explica ahí, simplemente deja de ser transparente”, consideran. Por ello piden al Ayuntamiento de Ponferrada que rectifique y aplique la resolución del Procurador del Común, “y que se vuelva a un funcionamiento normal, donde haya debate, donde haya respuestas y donde los vecinos y vecinas puedan confiar en que su Ayuntamiento actúa con claridad y de cara a la ciudadanía.

León ciudad, tampoco se responde

Un caso similar al de Ponferrada es el que se vive cada mes en el Ayuntamiento de León ciudad. Ahí la tradición, que ningún alcalde ha revertido en décadas, dicta que la oposición pregunta en cada pleno y espera un mes para recibir la respuesta: normalmente vía informe, con el más alto nivel de enrevesamiento técnico posible, leída de corrido y, para dificultar al máximo su comprensión, sin ni siquiera recordar a los asistentes sobre qué asunto se había preguntado en la sesión anterior, un mes antes.

Pero últimamente sucede que cada vez son menos los ruegos y preguntas in voce que los grupos manifiestan en el pleno de León ciudad. Y para no dilatar tanto la espera, o acercar más la pregunta a algún asunto de candente actualidad, emplean otra técnica: plantear las preguntas vía registro municipal. Si se hace con la suficiente antelación marcada, cuando se celebra el pleno el equipo de Gobierno de ese mismo mes ya sí está obligado a responder, sin poder ocultar el asunto solicitado y sin dilaciones ni excusas. La nueva resolución del Procurador del Común, que resalta la necesidad de debatir y responder en el mismo momento del pleno, puede llevar a un cambio de décadas en el consistorio de la ciudad leonesa.

Otros ejemplos de respuestas 'vivo y en directo'

La Diputación de León, durante décadas desde que se retomara la normalidad democrática, afronta el habitual momento plenario de los ‘ruegos y preguntas’ asumiendo las respuestas en vivo y en directo. Prácticamente nunca el equipo de Gobierno de turno se ha escudado en la necesidad de consultar datos, realizar informes u otras tretas habituales, bien haya gobernado el PP o el PSOE, con o sin alianzas como la actual entre socialistas y leonesistas.

Así, cuando en la parte final de cada plenario la oposición lanza sus preguntas y sus quejas -que suelen superar con creces la decena- el presidente, actualmente el socialista Gerardo Álvarez Courel, pasa a contestarlo todo a pecho descubierto. Esa es la tradición. Como mucho, si se requiere alguna aclaración muy precisa, otorga el turno de palabra al diputado provincial del área del asunto cuestionado. Sólo en casos muy excepcionales remite al mes siguiente para satisfacer las peticiones, como ocurrió por ejemplo en el pleno de abril al reclamar el Grupo Popular con todo detalle las subvenciones atraídas desde el Palacio de los Guzmanes con la Oficina Provincial de Fondos Europeos que se creó precisamente a instancias populares.

Otro lugar donde se contesta habitualmente de forma directa a las preguntas de la oposición es el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, bajo gobierno de UPL. Los larguísimos plenos municipales, muchas veces con más de siete horas, no son óbice para que el equipo de gobierno que dirige Ana María Fernández Caurel no responda a las varias preguntas de la oposición, salvo alguna cuestión técnica que hace que se lleve a otra sesión. De hecho el frecuente debate y las preguntas y repreguntas convierten a los plenos de San Andrés en largos, pero a la vez fiel reflejo de lo que se espera del máximo órgano de un municipio, control político y debate público.

El Ayuntamiento de Ponferrada inicia un expediente para cambiar la calificación jurídica del edificio del antiguo Colegio La Puebla, rebautizado en 2018 como CEIP Luis del Olmo, para destinarlo, ahora, a un centro municipal de “usos múltiples”. Este medio ha conocido la noticia gracias a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP) del anuncio de información pública del procedimiento, contra el que se pueden presentar alegaciones durante el plazo de un mes.

El trámite forma parte del procedimiento necesario para modificar la calificación jurídica del inmueble, actualmente considerado un bien patrimonial municipal, y afectarlo a un servicio público diferente al educativo. Según la documentación del expediente, el edificio situado en la avenida Huertas del Sacramento, y propiedad del Ayuntamiento, cuenta con una parcela de más de 9.000 metros cuadrados y unos 2.600 metros construidos, y se proyecta reconvertirlo en un espacio municipal de usos múltiples.

La decisión abre un nuevo capítulo en la larga historia reciente de este centro educativo, uno de los más antiguos de Ponferrada, cuyo futuro ha estado marcado durante años por cambios de planes y promesas incumplidas de distintas administraciones. El colegio cerró definitivamente después de décadas de pérdida de alumnado y tras haberse convertido en los últimos cursos prácticamente en un centro segregado con mayoría de alumnado de etnia gitana, lo que generó una intensa polémica educativa y social.

Antes del cierre definitivo, la Junta de Castilla y León intentó revertir la situación con un cambio simbólico: en 2018 aprobó rebautizar el histórico colegio La Puebla con el nombre del periodista berciano Luis del Olmo, en un intento de relanzar su imagen y atraer nuevas matrículas. La iniciativa no logró revertir la caída de estudiantes y el centro acabó cesando su actividad educativa en el curso 2019-2020 tras quedarse prácticamente sin alumnado.

Posteriormente, en mayo de 2020, el Ayuntamiento entonces gobernado por el socialista Olegario Ramón aprobó la desafectación del edificio como centro educativo para poder destinarlo a otros usos municipales, una vez que la Junta confirmó el cierre del colegio. A partir de ese momento comenzaron a plantearse distintas alternativas para reutilizar las instalaciones.

Una de las principales propuestas fue la de trasladar allí la Escuela Hogar Las Encinas, después de que la Junta decidiera cerrar este servicio para transformar el edificio que ocupaba en la actual residencia universitaria del Campus del Bierzo de la Universidad de León (ULE) en Ponferrada. El Gobierno autonómico del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco llegó a anunciar incluso una inversión de 1,5 millones de euros para adaptar el antiguo colegio Luis del Olmo y reabrir allí la Escuela Hogar.

Sin embargo, esa promesa nunca se materializó. El traslado no llegó a ejecutarse y el proyecto quedó finalmente descartado, pese a que el cierre de la Escuela Hogar dejó sin este recurso educativo y social a los menores que dependían de él.

Mientras tanto, el colegio permaneció sin un uso definido durante años, más allá de la utilización puntual de algunas dependencias por asociaciones y colectivos. Finalmente, la Junta de Castilla y León formalizó en 2022 la supresión administrativa del centro educativo dentro de un acuerdo de reorganización del sistema escolar que afectó a varios colegios en la comunidad.

Ahora, seis años después del cierre y tras varios proyectos fallidos, el Ayuntamiento, gobernado por el 'popular' Marco Morala plantea reconvertir definitivamente el edificio en un equipamiento municipal de usos múltiples. El expediente abierto contempla someter la propuesta a información pública durante un mes antes de que el Pleno municipal adopte la decisión definitiva sobre el cambio de calificación jurídica del inmueble.

Consultado por este medio, el Ayuntamiento de Ponferrada se ha limitado a señalar que el expediente responde únicamente a un trámite administrativo para poder destinar el edificio a “diferentes actividades”: “a asociaciones culturales, actividades deportivas, etcétera. Estaba desafectado del uso educativo y había que hacer un expediente indicando el uso que se le iba a dar”, indican fuentes municipales. El Consistorio no ha concretado qué proyecto se plantea para el inmueble, una iniciativa que además se conoce a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en plena campaña electoral de Castilla y León, a tan solo cuatro días de las elecciones autonómicas del 15M.

Durante ese periodo, cualquier persona o entidad interesada podrá consultar el expediente en el Servicio de Gestión Patrimonial y Urbanismo del Ayuntamiento o a través de la página web municipal y presentar las alegaciones que considere oportunas antes de que el proceso continúe su tramitación administrativa.

La iniciativa supone el último giro en el futuro de un edificio con casi siete décadas de historia educativa en Ponferrada y que, tras años de debate sobre su uso, podría convertirse ahora en un espacio municipal polivalente para actividades y servicios públicos después de la última promesa incumplida de la Junta con la capital del Bierzo.

Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Ponferrada desafecta un colegio cerrado por incumplimientos de la Junta para cederlo después a asociaciones. Ya pasó con el antiguo colegio de Flores del Sil, desafectado también durante un gobierno municipal 'popular' con Gloria Fernández Merayo, que después el PSOE de Olegario Ramón accedió a convertir en centro ocupacional y de día para personas con enfermedad mental.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, ha acusado al equipo de gobierno de Marco Morala de pretender frenar el pago de deuda con el objetivo de obtener liquidez a corto plazo, una decisión que, a su juicio, “agrava la situación financiera” del Consistorio y compromete su estabilidad futura.

Ramón, en rueda de prensa, aseguró que la liquidación del cuarto trimestre de 2025 confirma las advertencias que el PSOE viene realizando desde el inicio del mandato y que, según afirmó, no han sido atendidas.

A su entender, el actual Ejecutivo municipal acumula incumplimientos tanto del acuerdo de gobierno como del pacto alcanzado con los socialistas para aprobar los presupuestos de 2024.

En su intervención, el portavoz socialista criticó además decisiones como la “venta de suelo a la carta” y cuestionó la gestión patrimonial del equipo de Morala. “Es el PP de siempre”, afirmó, al tiempo que advirtió de que la herencia económica que dejará este mandato será “muy complicada”.

Ramón auguró también que el Ayuntamiento deberá asumir una deuda superior a los 10 millones de euros derivada de los contratos de agua y basura, lo que calificó como “una patada hacia adelante” de la que “alguien tendrá que hacerse responsable”.

Por su parte, la concejala socialista Mabel Fernández denunció el incumplimiento reiterado de los principios de sostenibilidad financiera y de la regla de gasto, una situación que, según sostuvo, se arrastra desde el inicio del actual mandato.

Fernández recordó que la sostenibilidad financiera implica la capacidad del Ayuntamiento para afrontar sus deudas a corto plazo con recursos propios y aseguró que el equipo de gobierno ha gastado por encima de los ingresos “desde el primer momento”.

Según explicó, los servicios económicos municipales ya advirtieron de esta situación al liquidar el presupuesto de 2023, con un informe que reflejaba un incremento del gasto de cuatro millones de euros y situaba al Consistorio en un déficit superior a los 2,6 millones.

Ante ello, se elaboró un Plan Económico Financiero que obligaba a contener el gasto, reducir contratos menores y reforzar los mecanismos de control y transparencia para recuperar la salud económica que, según recordó, el Consejo de Cuentas había reconocido en 2023 tras la reducción de deuda.

Sin embargo, Fernández sostiene que las advertencias no han sido atendidas y acusó al alcalde de presidir “un gobierno de despilfarro improductivo”. De hecho, aseguró que tras apenas un año de mandato fue necesario aprobar un nuevo plan de ajuste.

Una entrada provisional a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Ponferrada permitirá canalizar agua desde el arroyo de Montes hasta San Clemente, con el objetivo de garantizar el suministro a la ciudad, comprometido por un desprendimiento el pasado noviembre.

Así lo recoge el protocolo de colaboración que han firmado este sábado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el Ayuntamiento de Ponferrada.

La Junta de Castilla y León asumirá íntegramente la financiación, con una aportación de 314.855,33 euros, una inversión que el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, enmarcó en la atención a las “necesidades reales de los ponferradinos” frente a otras políticas.

Morala destacó la rapidez con la que se ha articulado la actuación y subrayó que la ayuda autonómica cubre la totalidad del coste de la obra.

Una vez rubricado el acuerdo, será el Ayuntamiento el encargado de redactar el proyecto, tras lo cual se determinará si la ejecución corresponde a Somacyl o si se opta por otra fórmula técnica, quedando pendientes únicamente los trámites administrativos necesarios para iniciar los trabajos, explicó Suárez-Quiñones.

Morala defendió la firma del protocolo como una actuación imprescindible y criticó la falta de implicación de PSOE y UPL, a los que acusó de haber “dejado de lado” al municipio desde la Diputación, donde forman gobierno.

Según explicó, esta solución permite evitar parcialmente los problemas registrados en el suministro de agua potable tras los derrumbes en Peñalba, que llegaron a provocar contaminación del agua y afectaron a todo el término municipal, abastecido en gran parte por el río Oza.

El alcalde también denunció los continuos desprendimientos en el monte de Peñalba, una situación que calificó de “intolerable”, y destacó el respaldo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por haber contribuido a resolver el problema “sin excusas ni demoras”.

Por su parte, Suárez-Quiñones recordó que el Oza aporta 3,4 millones de metros cúbicos al sistema de abastecimiento de Ponferrada, a los que se suman los 2,30 millones de metros cúbicos procedentes del pantano de Bárcena.

El consejero explicó que el derrumbe sobre la carretera de acceso a Peñalba comprometió el suministro de agua a cerca de 25.000 vecinos, lo que obligó a realizar cortes del servicio.

“No se podía mantener a Ponferrada en esa situación de incertidumbre”, afirmó el consejero, quien justificó en esa urgencia la decisión de impulsar una solución temporal inmediata, sin descartar la necesidad de plantear en el futuro una alternativa definitiva.

La actuación contempla la construcción de un azud de 3,40 por 1,20 metros en el arroyo de Montes y la canalización de 1.100 metros hasta la ETAP, incorporando al sistema un caudal de alta calidad. Suárez-Quiñones destacó el trabajo técnico desarrollado por el Ayuntamiento para definir esta propuesta.

El consejero destacó el compromiso de la Junta en gestión del agua, ya que tras los incendios se han destinado 3,5 millones de euros a obras de emergencia, con 22 actuaciones en la comarca.

Asimismo, señaló que la Administración autonómica destina 57 millones en depuración en la provincia, además de más de 11 millones para depuradoras de pequeños municipios.

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada llevará al próximo Pleno la situación del futuro centro de salud Ponferrada I, exigiendo al equipo de Gobierno explicaciones sobre los “avances reales” en la cesión de suelo tras las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita este lunes a Ponferrada, sobre supuestos progresos en la colaboración entre ambas administraciones para concretar esa parcela.

Los socialistas recuerdan que ya existe una parcela cedida en Obispo Osmundo (durante el anterior mandato de Olegario Ramón), considerada perfectamente viable para la construcción del nuevo centro sanitario.

Advierten, además, de que la nueva ubicación planteada por el Ayuntamiento difícilmente estará disponible antes de que finalice el actual mandato. Los socialistas ya se habían pronunciado en contra de la elección de la parcela, junto al antiguo cementerio del Carmen, hasta incluso hablar de "profanación".

“El resultado es claro: el Partido Popular será responsable de, al menos, cuatro años de paralización de una infraestructura sanitaria que Ponferrada necesita con urgencia”, afirman.

El PSOE subraya que el centro de salud actual presenta un estado deficiente, afectando a diario tanto a profesionales sanitarios como a pacientes. “Mientras la Junta y el Ayuntamiento se lanzan grandes anuncios, la realidad es que no se ha puesto ni una sola piedra”, critican.

En el Pleno, los socialistas pedirán que el equipo de gobierno detalle qué gestiones concretas se han realizado, qué avances existen y cuáles son los plazos reales para la cesión del terreno y el inicio de las obras.

Según recuerdan, en el anterior mandato el solar de Obispo Osmundo ya estaba preparado, con informes técnicos, jurídicos y económicos favorables, expediente administrativo iniciado y aprobación plenaria para su cesión gratuita a la Gerencia Regional de Salud. “Dos años y medio después, todo apunta a que el expediente sigue exactamente donde se dejó”, denuncian.

El PSOE concluye responsabilizando al equipo de Gobierno del PP de priorizar anuncios y justificaciones electorales sobre las necesidades de la ciudadanía.

“Lo urgente no son los anuncios, lo urgente es empezar las obras. Los profesionales y los pacientes del centro de salud Ponferrada I no pueden seguir esperando más por culpa de la falta de gestión y de voluntad política”, afirman.

El agua vuelve a ser apta para el consumo en Ponferrada, que rebajó este sábado el nivel de emergencia declarado el viernes ante problemas de turbidez detectados en la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de San Clemente de Valdueza y achacados por el equipo de Gobierno municipal a las consecuencias del derrumbe de la ladera en la carretera de Peñalba de Santiago. La situación llevó al Ayuntamiento de declarar como no potable el líquido elemento en una parte importante de su superficie.

“No existe riesgo de abastecimiento” y “el agua es plenamente apta para el consumo todo el municipio”. Son las dos principales conclusiones de la reunión este sábado por la mañana del Comité de Coordinación Operativo, que analizó las muestras realizadas por el laboratorio municipal y revisó los informes técnicos de la empresa concesionaria y de la ingeniera del Ayuntamiento.

“Todos los parámetros de turbidez y las muestras se mantienen dentro de los valores legales y se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que confirma la eficacia de las medidas aplicadas durante esta situación”, informa el Ejecutivo municipal. Así las cosas, el alcalde, Marco Morala, ha acordado rebajar a 0 la emergencia declarada, si bien aclara que “la causa que originó la afección continúa presente”. El regidor insiste en vincular lo sucedido con el desprendimiento en la carretera de Peñalba, remarcando que es titularidad de la Diputación de León, entidad que descarta que los problemas en el agua tengan relación con los trabajos que realiza en ese punto del vial.

Debido precisamente a que “la causa que originó la afección continúa presente”, el Ayuntamiento de Ponferrada detalla que los puntos de abastecimiento urbanos habilitados este viernes permanecerán disponibles hasta las 15.00 horas de este sábado; y los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados, ya que “sólo en estos puntos se aprecia una ligera turbidez residual”.

El regidor, en su condición de director del Centro de Cooperación Operativo, ha constituido un equipo de primera intervención, compuesto por la empresa concesionaria del servicio, el laboratorio y la ingeniera municipal, la Policía Municipal, los Bomberos, Protección Civil y las áreas de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Fomento, Medio Ambiente, Bienestar Social y Medio Rural.

“El Ayuntamiento de Ponferrada”, concluye en una nota de prensa, “expresa su agradecimiento a la ciudadanía por su enorme responsabilidad, así como a los supermercados y establecimientos que facilitaron el acceso al agua embotellada, a las instituciones y servicios implicados por su colaboración y rapidez en la respuesta”.

El grupo municipal Socialista de Ponferrada ha denunciado este lunes el abandono del edificio situado en la avenida de Compostilla, esquina con la calle Embalse de Peñarrubia, que continúa en pie pese a haber sido declarado en ruina por la Junta de Gobierno Local en octubre de 2022, con orden de demolición inmediata.

Según el PSOE, han transcurrido más de dos años desde esa resolución sin que el Ayuntamiento haya ejecutado la demolición, a pesar de que el inmueble presenta un avanzado estado de deterioro, riesgo de desprendimientos y una situación “insalubre”, con plagas de cucarachas, insectos y palomas. Los vecinos del entorno, añade el comunicado, han denunciado en repetidas ocasiones la caída de cascotes y la acumulación de escombros, que podrían desprenderse a la vía pública con el viento.

Los socialistas recuerdan que el expediente de ruina se inició en 2016 y se retomó en el anterior mandato, “cuando incluso había familias con niños viviendo en condiciones pésimas”, hasta que finalmente se declaró la ruina en 2022. Sin embargo, aseguran que el actual equipo de Gobierno “no ha movido ni un solo papel desde que gobierna”, calificando la situación como un “desprecio absoluto hacia los vecinos afectados y una dejación de funciones en materia de urbanismo, salubridad y seguridad ciudadana”.

El grupo municipal también reprocha que el Ayuntamiento no haya adoptado medidas para impedir el acceso al edificio, después de que incluso un creador de contenido accediera recientemente al interior para grabar vídeos, “con el consiguiente peligro”.

Por todo ello, el PSOE exige al alcalde Marco Morala que ejecute subsidiariamente la demolición del edificio, tal como prevé la resolución de 2022, y que se garantice la seguridad y limpieza de la zona, manteniendo el vallado y controlando las plagas que afectan al inmueble y su entorno.

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha denunciado la ocupación de terrenos privados durante la ejecución de las obras de mejora del acceso desde Santo Tomás de las Ollas al área industrial de La Llanada y ha instado al equipo de Gobierno a aclarar la situación con los propietarios afectados.

Según los socialistas, los trabajos, considerados “necesarios y esperados”, se están realizando “sin planificación ni control” y, en las últimas dos semanas, las máquinas habrían entrado en “fincas privadas sin autorización ni expediente de expropiación ni comunicación previa”.

El PSOE asegura que los dueños de los terrenos contactaron con su grupo tras detectar la ocupación y advierte de que esta situación podría derivar en acciones legales que paralizaran la obra.

Reclaman al alcalde que se reúna con los afectados y obtenga las autorizaciones necesarias antes de que surjan conflictos legales, y critican lo que consideran “falta de planificación y descontrol en la gestión municipal”.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, cuestionó la veracidad de las denuncias y animó a los propietarios a contactar directamente con el Ayuntamiento. “Si se ha producido alguna situación así, se les dará una solución”, aseguró, apuntando que el PSOE “solo va a enredar y no a ayudar”.

Las obras forman parte de un proyecto estratégico para mejorar la conexión con el polígono de La Llanada, considerado clave para el desarrollo industrial de la zona.

Precisamente esta semana, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado un protocolo con el Ayuntamiento de Ponferrada para la ampliación de este parque en 35 hectáreas con una inversión de 10 millones de euros.

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha afirmado que la decisión de ubicar Medicina en León, y no en Ponferrada como reclama la ciudad, no es política y busca garantizar la viabilidad y calidad del programa educativo, ha indicado en la inauguración del curso académico del Campus de Ponferrada.

González ha explicado que la decisión se adoptó tras seis reuniones técnicas con la Junta de Castilla y León y en coordinación con las Consejerías de Sanidad y Educación: “No se trata de una decisión política, sino de un plan consensuado para garantizar la viabilidad y calidad del programa”, ha reiterado.

Mientras Ponferrada ha solicitado acoger el futuro grado de Medicina, la memoria elaborada y pendiente de aprobarse apuesta por León, y por que una veintena de alumnos siga sus estudios, a partir de cuarto, en Ponferrada.

La rectora, que ha querido esquivar la polémica en esta apertura de curso, ha destacado el crecimiento del Campus de Ponferrada y el impacto económico y social que genera su actividad.

Actualmente, cerca de 1.000 estudiantes cursan sus estudios en Ponferrada, frente a los 885 del año anterior, una cifra que, según González, refleja la consolidación del campus en El Bierzo.

La rectora ha subrayado que el campus “no ha sido ni será olvidado” y que los proyectos de desarrollo continuarán incrementándose en los próximos años.

El curso ha comenzado con más de 235 nuevos estudiantes, cubriendo el 95 % de las plazas ofertadas en el campus, una cifra superior a la ocupación media de toda la ULE, situada en el 92%. La demanda es especialmente elevada en Ciencias de la Salud, con plazas completas en Enfermería y Podología, mientras que Nutrición e Ingeniería y dobles titulaciones ambientales presentan ocupaciones variables entre el 50 % y el 110 %.

Y es que el principal motor del Campus sigue siendo Ciencias de la Salud, con Enfermería al frente, que este año cuenta con 78 matriculados, superando las 50 plazas ofertadas, por lo que la rectora ya se plantea la posibilidad de incrementar ese número de plazas. “Este grado está mejor que nunca. Llevamos tiempo hablando de aumentar las plazas y tal vez este sea el momento”, dijo González, quien cree que ahora es necesario ver si hay recursos suficientes para ello. 

González ha adelantado, además, la apertura de nuevas infraestructuras, como una sala de simulación que será equipada próximamente y un aulario abierto también en horario vespertino, así como la organización de la Semana Tecnológica para impulsar la formación digital.

Además, Ponferrada contará con la primera investigadora del programa Ramón y Cajal en Bioquímica, que desarrollará su trabajo desde este campus.

Entre los proyectos destacados, la rectora ha mencionado la Cátedra ULE Tech Circular, con financiación de 135.000 euros hasta 2027 por parte de la Junta, y la promoción de iniciativas sostenibles bajo el sello Blue Campus. Asimismo, los estudiantes podrán acceder a programas de emprendimiento y al proyecto Sigma, orientado a digitalizar matrículas y servicios universitarios.

“Queremos seguir creciendo y consolidar Ponferrada como un referente en formación, investigación y sostenibilidad en El Bierzo”, ha concluido González, que adelantó que la oferta de Enfermería podría ampliarse si la demanda continúa al alza.

El alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, vuelve a la carga en su crítica a la Universidad de León (ULE), que ha despachado con una negativa las alegaciones municipales para que el futuro Grado de Medicina se imparta en su totalidad también en el Campus berciano. El regidor habla de “cerrazón” de la institución académica ante la “legítima aspiración” manifestada desde el consistorio ponferradino. “Mucha gente tiene la sensación de que León quiere los apoyos del Bierzo para sacar adelante sus proyectos con el apoyo ponferradino y luego nos deja tirados cuando se trata de compartir los beneficios académicos y sociales de la próxima implantación de Medicina”, denuncia Morala.

Se trata de un nuevo capítulo en el desencuentro entre el Ayuntamiento de Ponferrada y el Rectorado de la Universidad de León, que accede a derivar parte de la formación en Medicina al Campus berciano, pero precisa que sería a partir del cuarto curso. El alcalde hace memoria para atribuir a una “reivindicación personal” ante el anterior rector, Juan Francisco García Marín, en la apertura del curso académico en 2023 la génesis de una demanda que “se ha convertido con el tiempo en un clamor de la sociedad ponferradina y de sus representantes políticos e institucionales”. Y eso se sustanció en la unanimidad de los grupos municipales para enviar alegaciones al Rectorado de la ULE, que “ahora se ven rechazadas” mientras la institución académica aprueba por unanimidad la memoria de verificación de estos estudios.

Morala, que ya entonces alentó la movilización ciudadana para forzar la llegada de Medicina desde el primer curso, niega que con este tipo de reivindicaciones pretenda “poner en riesgo” la autorización del título, que la Universidad de León empezará a impartir desde el curso 2026-2027. “No hay que esconderse tras la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), hay que preparar las condiciones para que sea posible la concesión incluyendo a Ponferrada, porque los argumentos para dilatar sine die los primeros estudios de Medicina aquí pueden ser cambiados si se hace un esfuerzo parejo al que no dudamos se hará en el Campus de León”, afirma.

Asimismo, el alcalde dice tener una “absoluta confianza” en la “capacidad” del Campus de Ponferrada para afrontar el desembarco de Medicina “tanto desde el punto de vista organizativo como desde el académico”. “Ha demostrado sobradamente esa capacidad cuando en otros momentos algunas voces plantearon que algunos estudios, como Nutrición, no viniesen a Ponferrada”, remacha.

“No es un mero tema político”, añade Morala para hablar de “proyecto de ciudad” y aludir a “razones de índole académica, social y sanitaria” en el Campus de Ponferrada, que tiene su principal activo precisamente en los estudios de la rama de Ciencias de la Salud. Convencido de que esta demanda refleja “el sentir de la ciudadanía y no solamente de los cargos municipales”, apela a la “sensibilidad” de la ULE para que “se reviertan las condiciones que en su opinión dificultan la implantación tan pronto como comiencen los estudios” en León.

En esa línea, el regidor ofrece mano tendida y “el apoyo en bloque de las instituciones y la sociedad berciana” a la hora de “remover” las “dificultades” que impedirían que Medicina se imparta desde el principio también en Ponferrada. “Bien merece la pena el esfuerzo, porque si no, esas explicaciones suenan demasiado similares a las que se escuchaban cuando se pedía Medicina en León y otros creían mejor concentrarla en Valladolid y Salamanca”, concluye.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha acusado este lunes a Coalición por El Bierzo y al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, de politizar la tragedia de los incendios, este último como “cartero de Mañueco”.

Ramón ha rechazado la moción que presentará Coalición por El Bierzo en el próximo pleno, en la que la formación bercianista reclama la creación de una nueva Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) en Manjarín.

El presidente del Consejo ha calificado la iniciativa de “ivanada” de Iván Alonso, líder de CB, al considerar que es inviable porque “en Manjarín los helicópteros no pueden volar y sería imposible establecer allí una base”.

También criticó las visitas que el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, está realizando a los pueblos que fueron evacuados por los fuegos, en las que entrega a los vecinos una carta del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se aplaude su fortaleza.

Según Ramón, el regidor actúa como “cartero de Mañueco” y evita hablar de los compromisos incumplidos en materia de prevención y lucha contra los incendios.

Ramón considera que estas actuaciones politizan la tragedia de los incendios: “Nosotros somos el PSOE y somos más serios”, dijo.

El Consejo Comarcal del Bierzo ha reanudado este lunes las visitas guiadas a Las Médulas tras el grave incendio que afectó al paraje el pasado mes de agosto, con un nuevo itinerario diseñado para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las rutas parten desde el Centro de Recepción de Visitantes, ubicado en el pueblo de Médulas y gestionado por el propio Consejo, que permanecerá abierto de 9.45 a 16.30 horas.

Los horarios establecidos para las visitas son a las 10.00, 12.00 y 13.00 horas, con un grupo mínimo de seis personas y reserva previa obligatoria en el correo medulas@ccbierzo.com o en los teléfonos 987 42 07 08 y 619 25 83 55.

El Consejo advierte además de que los recorridos pueden sufrir cambios o cancelaciones por causas de fuerza mayor.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala (Partido Popular) ha protagonizado este miércoles lo que una nota de prensa municipal denomina una ronda de visitas a las localidades del municipio que tuvieron que ser desalojadas durante los incendios forestales del pasado mes de agosto. Asegura que se trata del cumpliendo del compromiso alcanzado en la reunión del 4 de septiembre con los representantes de las pedanías afectadas.

En la visita de este miércoles, el regidor estuvo acompañado por los concejales Iván Alonso, de su socio de Coalición por El Bierzo, Lidia Coca y Luis A. Moreno, así como por representantes de los Bomberos, de la Policía Municipal y de Protección Civil. El equipo de Gobierno en ningún momento envió una convocatoria de prensa a los medios de comunicación.

Durante los encuentros, tal y como sí han relatado en un comunicado oficial, Morala admite que hizo entrega a cada localidad de una carta remitida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la sazón líder autonómico del PP, en la que “se expresa el reconocimiento a la fortaleza de los vecinos y el compromiso de la administración autonómica con la recuperación de las zonas afectadas”.

“El objetivo de estas visitas”, añaden, “es avanzar en la mejora del medio rural y abordar medidas de recuperación tras los incendios”. En concreto, el regidor ha visitado hoy las pedanías de Lombillo de Los Barrios y Espinoso de Compludo, interesándose por si están encontrando dificultades en la tramitación de las ayudas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León.

En paralelo, los servicios municipales que intervinieron en las emergencias elaboran un análisis de los protocolos de actuación, con el fin de mejorar los procedimientos locales y trasladar propuestas de refuerzo a nivel autonómico, continúan en la nota de prensa. “Para este trabajo cuentan con la participación activa de los pueblos, que son quienes mejor conocen su entorno inmediato”, aseguran.

El comunicado concluye con unas declaraciones de Marco Morala, asegurando que “este equipo de Gobierno” de PP y Coalición “comparte la voluntad de los pueblos de poner en marcha medidas preventivas que eviten o al menos aminoren los riesgos derivados de los incendios forestales”. Unos incendios, defendió para justificar los muchos daños causados, que “actualmente presentan dinámicas mucho más peligrosas que en años anteriores, como desgraciadamente quedó demostrado el pasado mes de agosto”.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, confirmó este jueves que el Ayuntamiento propondrá al Consejo Comarcal del Bierzo la cesión de tres posibles lugares para instalar la nueva sede de la institución comarcal, con el objetivo de que pueda elegir el espacio que más le convenga.

Morala cree que debe ser la propia institución, con todos sus representantes, quienes decida el lugar idóneo entre los tres que se pondrán sobre la mesa para trasladarse desde su actual sede en el Edificio Minero de Ponferrada, unas oficinas por las que paga una renta.

Los espacios propuestos son una parcela en el entorno del antiguo Carrefour (el solar del viejo hipermercado lleva casi dos décadas sin uso) y otra cercana al cementerio del Carmen (ahí se proyecta el centro de salud de la parte alta que sustituya al del paseo de San Antonio): en ambos casos se podría construir el nuevo edificio. A estos dos emplazamientos suma la polémica propuesta de trasladar la sede del Consejo al edificio del Mercado de Abastos de Ponferrada, donde se prevé una remodelación, una opción esta última que el presidente de la institución y portavoz municipal socialista en la oposición, Olegario Ramón, ya ha rechazado. Ramón también se había mostrado en su día crítico con el proyecto de construir un centro de salud junto a un cementerio, algo que tachó incluso de "profanación".

“Tiene que pronunciarse el Consejo Comarcal. Ahí hay diferentes representantes y tienen que ver cuál es el que mejor encaja”, remarcó el regidor.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, inauguró este jueves el nuevo aparcamiento situado al lado del Centro de Salud Ponferrada III, en Flores del Sil, que suma 93 nuevas plazas, por lo que, desde ahora, tendrá un total de 150.

Esta ampliación, ejecutada por la empresa Cymotsa, ha costado 119.000 euros, financiados a través de los Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León. “Siempre que inauguramos algo la Junta está presente como la única administración que invierte en Ponferrada, la única que lo hace de verdad en El Bierzo”, aseguró Morala.

El aparcamiento dispone de 80 plazas en batería, 10 en línea y tres para vehículos de personas con discapacidad. Además, se ha mejorado la recogida de aguas pluviales, se ha pintado el espacio y se ha mejorado la iluminación, para dar servicio a los vecinos del barrio y distintos edificios públicos, como el centro de salud, el instituto Europa, el centro de día de Alzheimer Bierzo, la residencia de mayores e, incluso, la Delegación de la Junta de Castilla y León, que se encuentra en las proximidades.

“Son esas obras que suponen un beneficio muy importante y vamos a seguir trabajando en este barrio”, añadió el regidor, quien adelantó que pronto se presentará la intervención que se hará en el espacio que ocupaban las antiguas carboneras de la MSP. “Una actuación para mejorar ese espacio y ponerlo en servicio. Para ampliar los aparcamientos y ponerlo en uso y disfrute de los vecinos”, aseguró, sin aportar más detalles.

En cuanto al nuevo centro de salud de la parte alta de la ciudad, que debe construirse, Morala dijo que se dará un impulso después de las fiestas de La Encina.