El sindicato USO Sanidad Castilla y León ha solicitado a la Gerencia de Atención Primaria de León que los centros de salud de las localidades de Valencia de Don Juan y Sahagún cuenten durante todo el año con dos Unidades de Atención Continuada completas, formadas cada una por un médico y una enfermera.

Según expone el sindicato, la dotación habitual durante las guardias está formada actualmente por dos médicos y una enfermera. En Valencia de Don Juan, durante determinados periodos de verano, puentes y fechas festivas se incorpora una segunda profesional de Enfermería, una ampliación que, según precisa USO, ni siquiera se produce en Sahagún.

La organización sindical sostiene que el principal problema aparece cuando uno de los equipos tiene que desplazarse para realizar una atención domiciliaria. En esas circunstancias, denuncia que el segundo médico puede permanecer en el centro de salud sin una enfermera que complete su unidad, una situación que considera especialmente problemática si se produce una urgencia que requiera la intervención simultánea de ambos profesionales.

La coordinación Medicina-Enfermería

Por ello, USO reclama consolidar durante los doce meses una plantilla de dos médicos y dos enfermeras en las guardias, de modo que una unidad pueda desplazarse a un domicilio mientras la segunda permanece completa en el centro sanitario. El sindicato defiende además que este modelo encajaría con el funcionamiento habitual de las unidades asistenciales, basado en el trabajo coordinado entre Medicina y Enfermería.

La organización también llama la atención sobre la carga de trabajo que, a su juicio, supone que una sola enfermera asuma guardias de 17 o 24 horas, teniendo que responder tanto a la actividad desarrollada en el centro como a las posibles salidas domiciliarias. La incorporación de una segunda enfermera permitiría, según argumenta, distribuir la actividad y evitar que toda la cobertura recaiga sobre una única profesional.

La petición remitida a Atención Primaria plantea así mantener permanentemente dos unidades completas en Valencia de Don Juan y Sahagún, garantizar durante las guardias una dotación de dos médicos y dos enfermeras y evitar que una asistencia domiciliaria deje el centro sin un equipo médico-enfermero completo. USO considera que este refuerzo debe plantearse como una medida estable para mejorar la capacidad de respuesta asistencial tanto dentro de los centros de salud como en los domicilios.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.

La Junta de Castilla y León tiene previsto cerrar un ala entera, la de la tercera planta del Hospital Monte San Isidro, integrado en el complejo del Hospital de León, una medida que, según el sindicato USO Sanidad, podría dejar fuera de servicio 27 camas hospitalarias de Medicina Interna.

La organización sindical asegura que la decisión ha sido trasladada por la Gerencia del Hospital leonés y la Dirección de Enfermería a la plantilla y a la Junta de Personal del Área 1 de León. Y sostiene que el cierre del ala tendría además consecuencias sobre la plantilla, con la reducción de 12 puestos de enfermeras y otros 12 de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), además de posibles efectos sobre otras categorías profesionales, como los celadores.

La denuncia sindical, que se ha emitido a través de un comunicado público, es que con la información oficial trasladada a los trabajadores, y no a las centrales sindicales, al menos de manera formal, se reducirían un total de 27 camas actualmente disponibles para hospitalización de Medicina Interna.

El sindicato reclama a la Gerencia del complejo del Hospital leonés que haga públicos los motivos de la medida y explique qué criterios asistenciales, económicos y organizativos justifican el cierre, así como qué ocurrirá con las 27 camas y cuál será el destino de los profesionales que se vean afectados.

USO cuestiona además que la decisión se haya comunicado en agosto y considera que la representación de los trabajadores ha dispuesto de un margen reducido para analizar sus consecuencias. Según el sindicato, la Gerencia y la Dirección de Enfermería informaron simultáneamente a la plantilla y a la Junta de Personal cuando la decisión estaba ya prácticamente tomada.

Posibles derivaciones a centros privados concertados

La organización sindical teme que la reducción de camas pueda terminar incrementando las derivaciones de pacientes hacia centros privados con concierto público con la Junta. USO reclama conocer cuál es el objetivo real de la medida y advierte de que una eventual reducción de actividad en la sanidad pública no debería traducirse en un traslado de asistencia hacia la privada concertada.

El momento elegido para acometer el cierre es otro de los elementos cuestionados por el sindicato, que considera especialmente preocupante la proximidad del otoño y el previsible aumento de la presión asistencial. USO sostiene que no tendría sentido reducir en 27 camas la capacidad de hospitalización de Medicina Interna cuando las necesidades asistenciales pueden crecer durante los próximos meses.

Por todo ello, USO exige que se paralice el cierre del ala del Monte San Isidro y que no se reduzca la plantilla. También reclama que cualquier reorganización asistencial sea negociada y explicada con transparencia a los representantes de los trabajadores. Y avanza que si se mantienen estas medidas promoverá medidas de movilización en defensa de los puestos de trabajo y de la capacidad asistencial de la sanidad pública.

El sindicato USO Sanidad ha denunciado este lunes la situación de “colapso absoluto” que, asegura, atraviesa el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), donde afirma que la elevada presión asistencial ha obligado incluso a habilitar parte del área de Traumatología para atender pacientes y a instalar enfermos en los pasillos.

Según el sindicato, “a las 16.30 horas ya no quedaba espacio disponible en las zonas de espera habilitadas para pacientes pendientes de atención o de ubicación”.

USO sostiene que, pese a los refuerzos incorporados, el personal sanitario “no da abasto” ante la continua llegada de ambulancias y el incremento de las colas para el triaje, lo que, a su juicio, provoca tiempos de espera incompatibles con una asistencia de calidad. El sindicato atribuye esta situación al deterioro de la Atención Primaria, al considerar que las dificultades para conseguir cita con el médico de familia, con demoras que asegura que superan en muchos casos los diez días, están desplazando una parte importante de la demanda asistencial hacia las Urgencias hospitalarias.

La organización sindical también alerta del bloqueo de camas hospitalarias al asegurar que existen pacientes pendientes de traslado al Hospital Monte San Isidro desde el mediodía y que continúan registrándose retrasos para los ingresos en planta y para los desplazamientos a centros concertados, domicilios o residencias, una situación que relaciona con la disponibilidad de únicamente tres ambulancias para estos servicios.

Ante este escenario, USO reclama a la gerencia autonómica de Salud y a las de Atención Primaria “la adopción de medidas estructurales para reforzar la atención en los centros de salud, mejorar el acceso de los ciudadanos a sus médicos de familia y evitar que los hospitales sigan absorbiendo una demanda impropia de las Urgencias”.

Asimismo, reclama campañas informativas sobre el uso adecuado de este servicio, aunque advierte de que no serán eficaces mientras persistan las demoras en Atención Primaria y la saturación de los dispositivos extrahospitalarios. El sindicato concluye que los profesionales están realizando un “esfuerzo extraordinario”, pero advierte de que la sobrecarga y la falta de planificación “han llevado al sistema a una situación límite”.

Laciana volvió a movilizarse este miércoles en una de las protestas más amplias y unitarias de los últimos años. La comarca ha llevado a cabo un paro general de tres horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas, para denunciar lo que considera décadas de abandono institucional y reclamar medidas urgentes que permitan garantizar su futuro.

La movilización estuvo impulsada por el denominado Frente Común de Laciana, una plataforma que agrupa a los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Villablino, junto a los sindicatos UGT, CCOO y USO, y que en los últimos meses ha ido sumando el respaldo de colectivos sociales, empresarios, asociaciones y representantes del ámbito educativo.

La concentración arrancó a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Villablino y recorrió varias calles de la capital lacianiega antes de regresar al Consistorio, donde estudiantes de los centros de educación secundaria de la comarca leyeron un manifiesto en nombre de los participantes.

Los convocantes consideran que Laciana atraviesa un momento “decisivo” y sostienen que la situación actual es consecuencia de años de promesas incumplidas, planes de reactivación fallidos y falta de compromiso por parte de las administraciones públicas. En el manifiesto que se leyó al término de la marcha denunciaron que, tras el cierre de la minería, las alternativas prometidas nunca llegaron a generar el empleo ni la actividad económica necesarios para sustituir el peso que tuvo históricamente este sector.

La plataforma asegura que la comarca sufre una pérdida constante de población, servicios y oportunidades laborales, una situación que atribuye tanto al fracaso de los sucesivos planes de reactivación como a la falta de inversiones efectivas. “Laciana no puede seguir siendo una tierra olvidada”, sostienen los convocantes, que reclaman una respuesta coordinada de todas las administraciones.

Entre las principales reivindicaciones figuran la puesta en marcha de un plan específico para Laciana, la llegada de nuevos proyectos industriales compatibles con el entorno, mejores infraestructuras, comunicaciones modernas, incentivos para empresas y autónomos, vivienda, empleo y servicios públicos de calidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la dependencia o la formación profesional.

Los impulsores de la movilización también reclaman medidas concretas contra la despoblación y el envejecimiento de la comarca, advirtiendo de que la falta de oportunidades continúa obligando a marcharse a buena parte de la población joven. “Sin oportunidades, los jóvenes nos vamos, y sin juventud no hay relevo generacional”, recoge el manifiesto.

El Frente Común considera que las administraciones mantienen una “deuda histórica” con Laciana y advierte de que la protesta de este miércoles será solo el inicio de nuevas acciones si no llegan respuestas. “No vamos a aceptar más engaños, más abandono, más silencios ni más excusas”, señalan.

La movilización pretende convertirse en un nuevo hito reivindicativo para una comarca marcada durante décadas por las luchas vinculadas a la minería y que ahora busca abrir una nueva etapa centrada en la reactivación económica y la fijación de población. “Laciana sigue viva”, zanjaron.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este domingo el “progresivo deterioro” al que la Junta de Castilla y León está sometiendo al sistema sanitario público de la provincia de León.

A través de una nota de prensa, esta formación ha denunciado la falta de planificación, la insuficiencia de recursos humanos, el envejecimiento de las plantillas y la ausencia de políticas eficaces de cobertura y fidelización profesional como principales causas.

UPL ha informado de que esta situación quedó patente tras mantener esta semana una reunión con miembros de la Unión Sindical Obrera (USO). Desde la formación se ha alertado que ya llegan los complicados meses del periodo estival que en muchos años pasados han mostrado un momento de caos motivado por las vacaciones de los profesionales sanitarios y la falta de contratación para cubrir éstas.

León, y especialmente las zonas rurales de difícil cobertura, “ven enquistarse el problema” de la cobertura sanitaria con la continua pérdida de profesionales, el aumento de la carga asistencial de los que quedan y el retraso en infraestructuras sanitarias fundamentales que “están comprometiendo la calidad asistencial, así como las condiciones laborales del sistema sanitario público”, ha remarcado Rosa Quintanilla, procuradora en Cortes y secretaria de Sanidad de UPL.

UPL se ha comprometido a trasladar a la Junta la necesidad de impulsar medidas urgentes en materia sanitaria para la provincia de León, en aras de lograr una Atención Primaria “fuerte, cercana, accesible y humanizada” que garantice la igualdad sanitaria a todos los ciudadanos vivan donde vivan, comprometiendo que velará “para que la Región Leonesa no tenga ciudadanos de primera y segunda”.

El sindicato USO Sanidad Castilla y León ha denunciado públicamente la situación del Hospital de León donde asegura que se está produciendo un “grave deterioro” tanto en la calidad asistencial como en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Entre las principales críticas, la organización señala en un comunicado la eliminación, desde el pasado 31 de marzo, de los refuerzos de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en los turnos de mañana y tarde del Hospital Monte San Isidro. Según detalla, las plantas segunda y tercera atienden a pacientes de edad muy avanzada y con un alto grado de dependencia, en torno al 80%, lo que exige cuidados continuos.

En este contexto, USO considera “irresponsable” la retirada de estos refuerzos, ya que, con la actual dotación -tres TCAE por ala en turno de mañana y dos en el de tarde para 27 pacientes por ala-, se estaría generando un aumento de la carga de trabajo, más estrés laboral y un empeoramiento directo de la atención.

Situación “crítica” en Oncología

El sindicato también advierte de la situación “crítica” del Servicio de Oncología, que, según indica, se encuentra bajo mínimos por la ausencia de especialistas debido a bajas y desplazamientos al Hospital El Bierzo de Ponferrada. Esta circunstancia estaría provocando retrasos, sobrecarga asistencial y un impacto directo en la atención a los pacientes.

Otra de las cuestiones denunciadas es la externalización del servicio de mantenimiento en el Hospital Monte San Isidro. USO sostiene que la sustitución de personal estatutario por una empresa subcontratada supone, en la práctica, una “privatización encubierta” de servicios públicos, y alerta del riesgo de que este tipo de medidas se generalicen.

En el plano organizativo, el sindicato carga contra la gestión del complejo asistencial, que califica de “inadecuada” y marcada por la “parálisis”. Critica, además, la falta de conexión de la gerencia con la realidad asistencial y apunta a la existencia de denuncias internas por presunto acoso laboral.

USO recuerda que la legislación sanitaria vigente obliga a garantizar una atención de calidad, así como la protección de la salud de los trabajadores, y considera que estas condiciones no se están cumpliendo en el Hospital leonés.

Ante esta situación, el sindicato reclama la reposición inmediata de los refuerzos de TCAE, una revisión del funcionamiento del Servicio de Oncología, la reversión de las externalizaciones y una gestión “transparente y centrada en pacientes y profesionales”. Asimismo, solicita el cese de la gerencia de Atención Especializada de León y de la Gerencia de Área.

La Secretaría de Educación de Unión del Pueblo Leonés (UPL), tras mantener una reunión de trabajo con representantes del sindicato FE-USO, ha criticado el agravio comparativo y la falta de recursos que padece la educación en la provincia, especialmente en el sector de la enseñanza concertada.

Tras analizar la situación actual, desde ambas organizaciones se ha reivindicado el fin de la desigualdad en las ratios de alumnos, también han criticado la arbitrariedad que regula la relación media de alumnos por profesor, “cuyos datos son demoledores y muestran un castigo sistemático a nuestra provincia”, ha denunciado UPL en un comunicado.

En este sentido, han indicado que mientras que en ciudades como Valladolid, Palencia o Ávila el mínimo para mantener un aula abierta es de 18 alumnos, en León capital se exige un mínimo de 21. “Esta diferencia injustificada provoca que, año tras año, se cierren unidades en León que en otras provincias seguirían funcionando”, ha señalado UPL, que ha exigido una equiparación inmediata de las ratios para frenar la sangría de aulas en la provincia.

Asimismo, el sindicato y la formación sindical han exigido una dotación real de personal para la Atención a la Diversidad, al considerar inaceptable que, siendo los criterios de admisión idénticos para centros públicos y concertados, la Junta de Castilla y León no dote a estos últimos de los recursos necesarios para atender al alumnado con necesidades especiales.

“Es indignante el caso del colegio La Salle de Astorga, un centro de zona rural con 17 alumnos ACNEE (alumnado con necesidades educativas especiales) que solo dispone de un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT)”, han denunciado al respeto.

También han considerado “vergonzoso” que las familias tengan que trasladar a sus hijos en horario escolar al centro Cosamai para recibir sesiones de estimulación.

Por último, han alertado del abandono que sufren los docentes de la concertada en cuanto a su carrera profesional, ya que no existe actualmente un calendario de implantación ni previsión alguna por parte de la Administración, lo que provoca que un profesor, al cambiar de centro, pierda la antigüedad acumulada necesaria para acceder a dicha carrera.

Desde UPL y FE-USO se ha advertido que no van a permitir que los alumnos y profesionales de León sigan siendo “ciudadanos de segunda”, por lo que instarán a la Consejería de Educación a corregir estos desequilibrios de manera inmediata para garantizar una educación de calidad y en igualdad de condiciones en todo el territorio.

La provincia de León fue este viernes la que registró un mayor seguimiento de la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) convocada por la Unión Sindical Obrera (USO), dentro de una protesta nacional para exigir la reclasificación profesional del colectivo al Grupo C1. Según los datos de la Gerencia Regional de Salud, un total de 25 auxiliares secundaron el paro en el turno de mañana, lo que supone un 11,26% de los 222 profesionales disponibles, muy por encima de la media autonómica del 6,62%.

En el conjunto de Castilla y León, el seguimiento alcanzó el 7,66 % en Atención Hospitalaria (90 profesionales en huelga) y el 0,50 % en Atención Primaria. En toda la Comunidad pararon 91 técnicos de los 1.376 disponibles durante el turno de mañana, datos recogidos por Efe.

Desde USO, sindicato convocante, subrayan que esta movilización forma parte de una reivindicación que consideran “histórica y justa”, centrada en que las TCAE pasen del actual Grupo C2 al Grupo C1, acorde -defiende la organización- con su formación, competencias y responsabilidad asistencial, tal y como recoge la normativa educativa y el Estatuto Básico del Empleado Público

Quejas por servicios mínimos “abusivos”

La jornada estuvo marcada por críticas a la imposición de servicios mínimos que el colectivo considera “abusivos”. En las áreas sanitarias de León y El Bierzo, diversos mandos optaron por mínimos del 100% en determinados servicios, una medida que, según denuncian, “neutraliza de facto el derecho fundamental a la huelga”.

USO sostiene que estos mínimos exceden los criterios de proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que, en algunos casos, se produjeron sustituciones irregulares de TCAE por enfermeras o la reprogramación de quirófanos como urgentes para asegurar su ejecución con los equipos mínimos, prácticas que el colectivo rechaza frontalmente.

El sindicato recuerda que las auxiliares de enfermería desempeñan funciones asistenciales esenciales -cuidados básicos y especializados, apoyo técnico a enfermería y medicina, vigilancia directa, movilización de pacientes o gestión de material clínico- y que su formación reglada sitúa su titulación en el nivel equivalente al Grupo C1 en el marco europeo. Sin embargo, siguen encuadradas en el C2, una situación que consideran “obsoleta” y que “no refleja su verdadera responsabilidad profesional”.

USO reclama al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que actualicen por fin la clasificación profesional de las TCAE y advierte de que, si no se atiende esta demanda, el colectivo continuará movilizándose. “Lo que pedimos no es un privilegio, es justicia”, remarca el sindicato, que considera que la actualización al C1 supondría además una mejora en la estabilidad laboral, en la retención de profesionales y en la seguridad asistencial del sistema sanitario.

Con motivo del Día Internacional de los Cuidados Paliativos, que se celebra este 11 de octubre, el sindicato USO Sanidad Castilla y León ha anunciado la organización de las I Jornadas de Cuidados Paliativos: La Asistencia Compartida, que se celebrarán en León el próximo 5 de noviembre. El encuentro reunirá a profesionales de distintas disciplinas para reivindicar una atención sanitaria interdisciplinar, humana y centrada en el paciente y su entorno.

Los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades avanzadas y de sus familias, abordando no solo los síntomas físicos, sino también las necesidades emocionales, sociales y espirituales de pacientes y familiares. Aunque en España se ha avanzado notablemente en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud advierte de que aún existen desigualdades en el acceso a estos servicios.

En León, la atención paliativa cuenta con una red consolidada y de gran valor. La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de León, el Equipo de Soporte Domiciliario de Cuidados Paliativos (ESDCP) de la Gerencia de Atención Primaria y el programa de apoyo psicosocial de la Fundación La Caixa conforman un entramado asistencial que garantiza un cuidado integral, tanto en el hospital como en los domicilios.

Las jornadas, inauguradas por Carlos A. Quiñones López, enfermero de urgencias del Hospital de León y responsable regional de USO Sanidad, incluirán conferencias y mesas redondas con profesionales especializados. Entre los temas destacan el control del dolor, la sedación paliativa, la atención al final de la vida, el duelo y las habilidades de comunicación con pacientes y familias. También se abordará la importancia del trabajo conjunto de médicos, enfermeras, técnicos, psicólogos y trabajadores sociales.

El evento, que se celebrará en el Hotel San Antonio Abad de León, está destinado a médicos, enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Cuenta con 50 plazas disponibles, y la inscripción permanecerá abierta hasta cubrir cupo o hasta el 15 de octubre, según ha informado USO Sanidad Castilla y León.

El programa contará con la participación de expertos del ámbito sanitario y académico, entre ellos el catedrático y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León, Daniel Fernández García, encargado de la conferencia de clausura. Desde USO Sanidad subrayan que estas jornadas no son solo un espacio de formación, sino también “un mensaje a la sociedad: los cuidados paliativos son un derecho y un deber colectivo”.

Con este encuentro, la organización busca reforzar la sensibilización y el compromiso con la humanización de la atención sanitaria y la dignidad de los pacientes en el tramo final de su vida.

El programa

08.15 – 08.30 h. Recepción de participantes y entrega de documentación.

08.30 – 09.00 h. Presentación de las Jornadas. Ponente: Carlos A. Quiñones López, enfermero de Urgencias Hospital de León y responsable regional de USO Sanidad CyL.

09.00 – 10.00 h. El paciente paliativo: cuidados generales. Funcionamiento de la Unidad de Hospitalización de Cuidados Paliativos. Ponente: Rocío de Prado Espinosa, enfermera especialista en Atención Familiar y Comunitaria.

10.00 – 11.30 h. Mesa redonda: El modelo de asistencia compartida I. Moderadora: Rocío de Prado Espinosa. Ponentes: Alicia del Cueto Pérez, fisioterapeuta oncológica; Nieves Sánchez Martín, TCE de la Unidad de Cuidados Paliativos (Hospital de León); Susana Marcos Fernández, psicóloga (EAPS León, Fundación La Caixa); y Montserrat Ramos Fernández, trabajadora social (EAPS León, Fundación La Caixa).

11.30 – 12.00 h. Pausa café.

12.00 – 13.00 h. El duelo. Habilidades de comunicación con el paciente y su familia. Ponente: Inés Chacartegui Rojo, psicóloga (EAPS León, Fundación La Caixa).

13.00 – 14.00 h. Control del dolor en el paciente terminal. Indicaciones y cuidados de la vía subcutánea. Ponente: Concepción Arredondo Merino, enfermera de la Unidad de Hematología (Hospital de León).

14.00 – 16.00 h. Descanso / comida libre.

16.00 – 16.45 h. Indicaciones de la sedación paliativa. Ponente: Manuel Fernández Fernández, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos (Hospital de León).

16.45 – 17.30 h. Atención al paciente paliativo en el final de la vida. Ponente: Cristina Lorenzana González, enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos (Hospital de León).

17.30 – 18.00 h. Pausa / café libre.

18.00 – 19.30 h. Mesa redonda: El modelo de asistencia compartida II. Moderadora: Cristina Lorenzana González. Ponentes: Marta María Blanco Nistal, enfermera de Reanimación y Críticos (Hospital de León); Antonio Paredes Mogollo, médico de Cuidados Paliativos (Hospital de León); José Andrés García Martín, médico ESDCP (GAP); y Andrea Cecilia Veiga Barrientos, médica ESDCP (GAP).

19.30 – 20.00 h. Conferencia de clausura. Ponente: Dr. Daniel Fernández García, catedrático y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León.

El ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de la empresa de telemarketing Teleperformance que ponía en serio riesgo la viabilidad del centro de Ponferrada se ha saldado finalmente con un impacto menor al previsto en primera instancia. Serán finalmente 97 los afectados en la capital berciana (13 de ellos forzosos y el resto voluntarios) hasta dejar la plantilla en 193 trabajadores, según informa el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo), que no ha firmado un acuerdo sí suscrito por CCOO, UGT y USO, al tiempo que ahora sopesa la posibilidad de ejercer acciones legales.

El de Ponferrada será el centro más afectado del país, pero los despidos están lejos de los 196 puestos sobre la mesa al principio de las negociaciones, una cantidad que comprometía seriamente el futuro de unas instalaciones que partían ya con menos de 300 operarios. La delegada de CGT en el Comité de Empresa Yerai Vidal augura la llegada de nuevas campañas que permitan al centro ser menos dependiente de los contratos con Vodafone.

Precisamente la “viabilidad a futuro” del centro de Ponferrada era una de las premisas con las que abordó la negociación la CGT, que se descolgó del acuerdo al aludir a “defectos de forma y fondo”. Así, el sindicato cuestiona en primer lugar la composición de la mesa negociadora al entender que “se estaba minorando” su representación como fuerza mayoritaria.

Además, la CGT pidió explicaciones a la compañía por la resolución de las campañas de Vodafone hasta sugerir una posible subrogación de la plantilla afectada. Y afirma haber constatado una “deslocalización” al comprobar que la carga de trabajo que perdía Ponferrada se estaba derivando a Colombia hasta realizar más de 300 contrataciones desde octubre en el país sudamericano, señala Vidal.

La representante sindical, que vincula el alto número de bajas voluntarias al “miedo al cierre” con que se afrontó el período de negociaciones, remarca que el futuro del centro de Ponferrada pasa por garantizar una carga de trabajo alternativa a las campañas de Vodafone.

El sindicato USO (Unión Sindical Obrera) Sanidad León se felicita por el reciente anuncio de los demandados sistemas de climatización en la segunda planta del Hospital Monte San Isidro y en la Farmacia del Hospital Santa Isabel, ambas instalaciones integradas bajo el paraguas del Caule (Complejo Asistencial Universitario de León). Se trata de una reivindicación que, en el primer caso, ya había hecho pública la organización sindical en el verano de 2024 alertando de temperaturas de hasta 29 grados centígrados.

El anuncio de la instalación de estos sistemas se produjo en el marco del Comité de Seguridad y Salud del Área 1 de León. USO, que recuerda que ya planteó estas demandas a través de ese mismo comité, así como en reuniones con las direcciones de los centros y escritos formales al gerente del complejo, Alfonso Rodríguez-Hevia, remarca que son espacios donde “el personal sanitario había denunciado reiteradamente condiciones térmicas inadecuadas para el desarrollo de su labor”.

Sin dejar de congratularse por un avance que “reconoce la constancia y el trabajo de presión, denuncia y diálogo” del sindicato, USO alerta de que “aún existen numerosos espacios en los centros sanitarios del área que incumplen la normativa vigente en materia de condiciones ambientales en los lugares de trabajo”. Es ahí cuando se remite a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 486/1997, donde se fijan las condiciones mínimas de temperatura y humedad para espacios cerrados: entre 17 y 27 grados en trabajos sedentarios; entre 14 y 25 grados en trabajos ligeros; y entre 30 y 70% de humedad relativa o mínimo del 50% si hay riesgo de electricidad estática.

Así las cosas, USO Sanidad remarca que continuará exigiendo “el cumplimiento de estas condiciones en todos los centros y servicios sanitarios del Área 1 de León, incluyendo centros de salud, consultorios locales, Hospital Santa Isabel y Hospital Monte San Isidro”. Y es que, a renglón seguido, denuncia que todavía “se siguen registrando temperaturas extremas en centros de salud de la provincia, donde profesionales como médicos y enfermeras trabajan durante jornadas de hasta 24 horas en condiciones térmicas que superan los 27 grados tanto en consultas como en zonas de descanso”. “Así”, abunda dirigiendo su reclamación a la gerente de Atención Primaria, Rosario Viloria Weruaga, “es imposible trabajar y estar en condiciones óptimas para atender a los pacientes”.

El sindicato USO (Unión Sindical Obrera) convoca huelga indefinida a partir del próximo 11 de junio en Acotral, empresa encargada del transporte de mercancías del centro logístico de Mercadona en el Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, desde donde opera para la zona noroeste del país. Acotral cuenta con una plantilla de cerca de 4.800 operarios, repartida también por otros centros de trabajo en Madrid, Sevilla, Antequera (Málaga), Alicante, Valencia, Barcelona, Baleares y Canarias.

El paro se convoca tras el fracaso de las negociaciones en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) tras la incomparecencia de representantes tanto de Acotral como de Comisiones Obreras, según denuncia USO, que solicitó la intervención de esta herramienta para abordar lo que considera como “opacidad en las condiciones del nuevo acuerdo de convenio” que se aplica desde el pasado 5 de mayo. “La respuesta”, censura, “ha sido el vacío y el desprecio hacia los representantes de los trabajadores que sí acudieron al llamamiento”.

Así las cosas, USO tacha de “inadmisible” que tanto la empresa como CCOO “hayan decidido seguir el mismo camino: dar la espalda a los trabajadores”. Y convoca la huelga indefinida, que comenzará a las 00.00 horas del próximo 11 de junio.

Y es que el sindicato denuncia que los trabajadores de Acotral se encuentran “en una situación de total indefensión” habida cuenta de que “desde hace casi un mes se les están aplicando condiciones laborales que desconocen”, dado que “el convenio firmado no ha sido puesto a disposición de las secciones sindicales ni de los propios trabajadores”.

Es por ello por lo que USO, sindicato mayoritario en el centro de trabajo de León, reprocha “la aplicación de condiciones laborales opacas sin conocimiento de los afectados” que, según su versión, supone la adopción de “medidas lesivas en materia de seguridad y salud laboral”, así como otras consecuencias como “el deterioro del derecho a la conciliación familiar” o “la falta absoluta de transparencia en el proceso negociador”.

El sindicato USO SANIDAD Castilla y León denuncia públicamente el alarmante aumento de agresiones físicas y verbales al personal sanitario, así como las deficientes condiciones laborales en centros dependientes de la Gerencia de Atención Especializada de León.

Fruto de esta preocupación, se ha realizado un estudio entre 1.533 trabajadores del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), cuyos resultados son contundentes. El 65% afirma no disponer de ningún medio de aviso a seguridad ante una agresión. El 23% desconoce si existe dicho mecanismo.Tan solo el 12% confirma tener acceso a un sistema de alerta, siendo en su mayoría trabajadores de la unidad de psiquiatría.

Ante esta situación, USO ha instado formalmente en el pasado Comité de Salud Laboral a la implantación inmediata de botones antipánico en todas las unidades del CAULE, acompañado de cartelería disuasoria y una guía clara sobre su uso.

Asimismo, se exige presencia de seguridad física 24 horas en el Hospital Monte San Isidro, donde ya se han producido intentos de agresión, y la instalación de sistemas de alerta en todas sus unidades. La pasividad de la Dirección de Gestión de Atención Especializada, que ha ignorado la solicitud de reunión por parte del sindicato, agrava aún más la situación.

No obstante, el pasado 28 de abril, USO mantuvo una reunión con la Dirección de Enfermería del CAULE, que mostró total receptividad ante estas peticiones y manifestó su apoyo a las medidas solicitadas, incluyendo seguridad presencial continua y la instalación de botones antipánico.

Por otro lado, el sindicato vuelve a alertar sobre la falta de climatización adecuada en diversos edificios sanitarios, como el Hospital Monte San Isidro, el Hospital Santa Isabel y el ambulatorio de La Condesa, que en anteriores olas de calor alcanzaron temperaturas de hasta 40ºC. Esta situación no solo afecta a trabajadores y pacientes, sino también a la correcta conservación de fármacos, cuya temperatura no debe superar los 30ºC. A día de hoy, no se ha tomado ninguna medida efectiva, pese a las denuncias previas en años anteriores.

USO Sanidad exige a la Gerencia de Atención Especializada de León acciones inmediatas y concretas para proteger a sus profesionales y garantizar un entorno seguro y saludable. “La excelencia en la sanidad no reside en títulos o certificados, sino en la seguridad, bienestar y respeto hacia quienes sostienen el sistema día a día”, concluye el sindicato.

La Junta de Castilla y León ha convocado para el próximo 14 de abril a los sindicatos UGT, CCOO, USO y CGT de León a una reunión en la Delegación Territorial de la capital leonesa tras la masiva manifestación del pasado 16 de febrero en la que miles de personas salieron a la calle exigiendo medidas a la situación socioeconómica de la provincia y con una fuerte reivindicación autonomista.

La reunión, según ha adelantado Diario de León y ha confirmado ILEÓN, se ha convocado el pasado viernes, casi un mes después de la protesta, y antes de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tenga que contestar en el pleno de las Cortes autonómicas por qué todavía no se habían reunido con los sindicatos.

UPL registró la semana pasada una pregunta al jefe del Ejecutivo autonómico que deberá responder este martes en el pleno ordinario. “¿Cómo valora la Junta el Diálogo con los sindicatos?”, reza la cuestión con la que Luis Mariano Santos interrogará a Mañueco en el debate que se producirá el 8 de abril.

A la reunión asistirán, según señalan los sindicatos que ha transmitido la Junta, el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; y el Delegado Territorial, Eduardo Diego.

Desde la manifestación del pasado 16 de febrero la respuesta institucional ha sido bastante escasa. Los sindicatos solo se han reunido con el Subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, y con la Diputación de León, encabezada por su presidente Gerardo Álvarez Courel. No se han transmitido acuerdos prácticos más allá de la transmisión de trabajar en sintonía para sacar la provincia adelante.

La falta de respuesta contrasta con la que hubo en el año 2020 tras las multitudinarias protestas, también un 16 de febrero, en León, Ponferrada y Villablino. Entonces se montaron reuniones al amparo del Diálogo Social, algo reinterpretado para limitar asistentes, cuyo resultado fue la llamada Mesa por León, un total fiasco que buscaba ser un revulsivo inversor y que se quedó en un encargo de un plan estratégico para la provincia que costó 160.000 euros y que costó que saliera de un cajón, aunque tampoco parece que nadie más haya mirado para el documento desde entonces.

El comité de empresa del ‘contact center’ de la empresa Abai Business Solutions, ubicado en León e integrado por las secciones sindicales UGT, CGT, USO y CCOO, mostró hoy su rechazo al traslado colectivo que la compañía pretende imponer a un total de 40 trabajadores, “forzándoles a mudarse a Barcelona en condiciones que no respetan ni los derechos laborales ni el bienestar de los afectados”, denuncian en una nota de prensa.

Los sindicatos señalan que se trata de una medida unilateral tomada por la compañía alegando que una firma para la que prestan servicio, en concreto Endesa, solicita que la plataforma que atienda a sus clientes esté en Cataluña y en Colombia. “Es decir, una gran empresa con clientes en todo el ámbito nacional opta ahora por centralizar sus ‘call centers’ en Cataluña y Colombia, cuando en León estamos prestando este servicio desde 2010”, señalan.

Abai anunció en 2022 su “apuesta por León” con la apertura de un nuevo centro de atención al cliente “moderno y sostenible” desde el que daría servicio integral a Endesa, un espacio de 1.225 metros cuadrados de superficie dispuesto para 300 empleados, ubicado en el polígono industrial de San Andrés del Rabanedo y planeado por la misma firma como “una plataforma clave para la compañía a nivel nacional”.

En ese momento, detallaban que sumaban 247 empleados tanto trabajo presencial como teletrabajo, ofreciendo servicios de atención, “de los cuales el 75% son mujeres y más del 87% tienen contrato fijo”.

Los sindicatos censuran que “las compañeras afectadas se ven ahora ante la disyuntiva de abandonar sus hogares, reubicarse a miles de kilómetros de distancia o enfrentarse a la pérdida de sus empleos”. “Este movimiento no solo es una violación de los derechos laborales, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica y personal de los trabajadores y sus familias”, aseguran..

Estos trabajadores ya tienen su cuenta de cotización en Barcelona; es decir, figuran ya como personal de Barcelona, debido a una negociación realizada entre la empresa y la RLT (Representación Legal de los Trabajadores) justo hace un año, en la que se aceptó el cambio de cuenta de cotización a Barcelona a cambio de mantener todos los puestos de trabajo con un acuerdo de teletrabajo del cien por cien.

“No podemos permitir que se vulneren los acuerdos firmados” subrayan. Por eso, animan al resto de compañeros a secundar la huelga convocada para el 4 de abril y la concentración prevista ese mismo día, a las 11.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno, en la capital leonesa.

La compañía

Según su información corporativa, Abai cuenta con nueve centros de servicios ubicados, además de en San Andrés del Rabanedo (León), en las ciudades de Madrid, Barcelona, A Coruña, Zaragoza, Málaga, Jaén, Lisboa (Portugal) y Manizales (Colombia), sumando “3.700 profesionales con una sólida y amplia experiencia en distintas áreas de especialización que gestiona al año más de 62 millones de interacciones en 10 idiomas diferentes”. Entre sus clientes, grandes empresas en sectores como Telecomunicaciones, Salud, Banca-Seguros, Energía, Servicios y Administración Pública, nombres como Telefónica, Endesa o Alcampo, entre otros.

Los sindicatos convocantes de la manifestación por el futuro económico y social de León que se celebró el pasado 16 de febrero, la Unión General de los Trabajadores, Comisiones Obreras, la Unión Sindical Obrera y la Confederación General del Trabajo, exigieron este jueves a la Diputación de León que “pida que competencias propias que son de la Junta de Castilla y León sean transferidas” a la institución provincial, para que esta “asuma el trabajo”.

En este sentido, se mostraron convencidos de que la Diputación “tiene que servir a la ciudadanía y al mundo rural y a toda la provincia y hacerse fuerte para que tenga un Gobierno propio de gestión en la provincia, asumiendo para ello competencias que tienen que ser transferidas de la Junta de Castilla y León”.

Entre esas competencias aludieron a la educación, la sanidad o la red de carreteras, aunque “hay que analizarlo”, siempre y cuando “exista una voluntad política y, a lo mejor, una reforma del Estatuto de Autonomía para cambiar la ley que ahora impide la transferencia de competencias”. En este sentido, explicaron que el equipo de Gobierno “asume que hay que tener cuidado con eso de las competencias porque la ley es la ley”, mientras que insistieron en que “lo que se quiere cambiar es esa ley y descentralizar la comunidad autónoma para que la provincia tenga una capacidad de gestión propia”. Fue poco después de la aprobación en la institución provincial de la moción por la autonomía de la Región Leonesa cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero abogó precisamente por dar más competencias a la Diputación.

Asimismo, en la reunión, tal y como explicaron los sindicatos, la Diputación de León, encabezada por su presidente, Gerardo Álvarez Courel, presentó el Plan de Desarrollo Económico y Social, “el que en su día presentó ya la mal llamada Mesa por León”, en el que se analiza la radiografía de la situación económica y social de toda la provincia y los sectores donde hay que apostar en un plan de un horizonte al año 2030, “que está muy bien, pero que es un trabajo que tiene que asumir el Gobierno de España, el de la Junta de Castilla y León y la institución provincial”, por lo que “hay que realizarlo”.

Al respecto, los sindicatos, que ya mostraron su reclamación de activar un plan de inversiones públicas urgentes so pena de retomar e incluso intensificar las movilizaciones, exigieron que ese documento se presente en el Congreso de los Diputados y las Cortes de Castilla y León para que “se desarrolle”, ya que “si no está presupuestado, de nada va a servir”.

La mantenida hoy con la Diputación de León se trata de la segunda reunión con administraciones públicas llevada a cabo por los sindicatos, tras la realizada con la Subdelegación del Gobierno, así como con dos Grupos Parlamentarios, Unión del Pueblo Leonés e Izquierda Unida. “Disposición tienen, pero ahora lo que tenemos que ver es la materialización de esa disposición”, apuntaron los sindicatos, al tiempo que pidieron “seriedad a la hora de ver el problema que tiene la provincia y su solución”.

“Implicarse en los pueblos”

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, expuso que la reunión con los sindicatos convocantes del 16F “transcurrió con la normalidad que tiene el estar subidos en el mismo barco”, tal y como señaló que es “querer que la provincia salga adelante y conocer sus necesidades” que, según resaltó, se reflejan en el Plan Estratégico.

Courel trasladó que la institución provincial “no deja de implicarse en los pueblos” porque “todo el presupuesto está destinado a mejorar la calidad de vida de las sociedad leonesa y de los habitantes del medio rural”, por lo que insistió en que “se ponen todos los recursos a disposición de la sociedad para poder luchar contra el fenómeno de la despoblación mediante el emblema ‘León sostenible’, en el que se han invertido más de seis millones de euros, y los planes de empleo, con cerca de nueve millones, o la Ayuda a Domicilio, como competencia impropia”.

En nombre de la Diputación de León, el presidente le solicitó a los sindicatos “una decena de actuaciones preferentes a llevar a cabo por parte de las administraciones superiores” para que “lleven a cabo proyectos estratégicos que se consideran vitales o tractores”.

El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) ha alertado sobre la posible e inminente privatización del Servicio de Almacén del Hospital de León, una medida que, según el sindicato, se está llevando a cabo sin transparencia ni diálogo con los representantes de los trabajadores y, lo que es peor, podría ser el primer paso un proceso de externalización de otras áreas, que afectaría por ejemplo a servicios tan esenciales como Mantenimiento y Cocina.

Según ha podido saber USO a través de fuentes no oficiales, y destaca en una nota de prensa, la Gerencia del Hospital de León tiene previsto formalizar esta decisión en una reunión programada para el jueves 20 de marzo de 2025.

Ante esta situación, la organización sindical ha asegurado que tomará todas las medidas necesarias para frenar el proceso, incluyendo posibles movilizaciones. “Servicios como Almacén, Cocina y Mantenimiento han demostrado sobradamente su eficacia y buena gestión, especialmente durante la pandemia”, ha subrayado Víctor Pérez, de USO, argumentando que la privatización no responde a una mejora del sistema sanitario, sino a lo que considera intereses ajenos a la calidad del servicio.

USO también ha expresado su preocupación por el hecho de que la empresa que asumiría la gestión privatizada del Servicio de Almacén sea la misma que actualmente se encarga del transporte de historias clínicas. Con la digitalización de los historiales médicos prevista para junio de 2025, esta empresa vería reducidos sus ingresos, lo que, según el sindicato, genera dudas sobre posibles intereses económicos detrás de la privatización.

Por todo ello, USO ha exigido explicaciones públicas y urgentes a la Gerencia del Hospital leones y ha solicitado la máxima transparencia en este proceso. “La defensa de la Sanidad Pública y de sus trabajadores es una prioridad”, han asegurado desde la organización, reiterando su rechazo a cualquier intento de privatización sin un debate abierto y justificado por parte de la Junta de Castilla y León.

El secretario general de la Confederal nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez da Silva, ha apostado este jueves por el “empleo de calidad y políticas valientes” que saquen a la provincia leonesa de la desidia en la que está inmersa por la despoblación, la peor tasa de actividad laboral del país y la fuga de talento joven.

Unas declaraciones que Pérez ha realizado durante el acto de inauguración de la nueva sede de la organización sindical en la capital leonesa, ubicada en la calle Ramiro Valbuena, y que como han destacado los responsables del sindicato ha sido sufragada con las cuotas y el trabajo personal de “4.000 afiliados en León”.

En la comparecencia ante los medios de comunicación, el responsable de la Confederal ha estado acompañado por el secretario provincial de USO, Antonio Nicolás, así como el de Castilla y León, Marcos Antonio Martínez.

En su intervención, Pérez da Silva ha señalado los problemas crónicos que padece el mercado laboral leonés, con una transición energética mal realizada que supuso el cierre del principal sector económico leonés como era la minería.

Unos problemas para los que el responsable del sindicato apuesta por hacer frente con el “empleo de valor” y la mejora de los servicios públicos que permitan el mantenimiento de la población en el territorio, ya que como ha puntualizado, “la juventud no ve atractivo desarrollar su proyecto de vida en la provincia”, entre otras cosas ante la falta de oferta laboral de calidad.

En la misma línea, Antonio Nicolás ha puesto en valor la masiva movilización social del pasado 16 de febrero en el que la ciudadanía pidió un futuro para León, al considerar que León “no se puede resignar” y vamos a seguir luchando “sin dar un paso atrás” para que la “provincia tenga ese futuro”.

En este sentido, ha recordado la unidad sindical de CCOO, UGT, USO y CGT para luchar por este objetivo y que ya se mantenido los primeros contactos con las administraciones para poner encima de la mesa el Plan de Emergencia de Inversión Pública para León que proponen las organizaciones sindicales para cambiar el actual modelo productivo.

Unos encuentros que se iniciarán con la Subdelegación del Gobierno, con una reunión que tendrá lugar la semana que viene, a la vez que ha advertido que los sindicatos abanderados de esta reivindicación no renuncian a ningún tipo de movilización, hasta incluso llegar a la huelga, si no son escuchados por las administraciones y las formaciones políticas.

Los cuatro sindicatos convocantes de la manifestación por el futuro económico y social de León, que se celebró con un gran éxito de participación el pasado 16 de febrero, UGT, CCOO, USO y CGT, comparecieron hoy para criticar que tras nueve días es un clamor la ausencia de reacciones de las principales instituciones públicas y partidos políticos a los que achacan la grave situación que vive la provincia leonesa.

Los representantes de las cuatro formaciones anunciaron que, visto que nadie se ha puesto en contacto con ellos ni adopta iniciativa alguna, serán ellos los que pongan ya en marcha el inicio de contactos y la convocatoria de nuevas acciones, sin descartar nada, si no se atiende su petición de puesta en marcha de un Plan de Emergencia de Inversión Pública para la provincia.

“El silencio del Gobierno de España y de la Junta es inaceptable”, subrayó el responsable provincial de UGT, Enrique Reguero, quien avanzó que van a contactar con todas las administraciones y los partidos políticos y que la lucha continuará. “No vamos a parar. No sé si haremos manifestaciones de este calado u otro tipo de acciones; quizá antes de los periodos electorales, para entrar en las campañas y decirles que León existe. Los asistentes a la manifestación no se merecen el desprecio que sufren por parte de las administraciones”, remarcó.

También tuvo un mensaje para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “Hemos oído a Mañueco que rechaza la condonación de 3.643 millones que ofrece el Gobierno de España. Por favor, que nos los dé a los leoneses”, reclamó.

La responsable provincial de CCOO, Elena Blasco, también reprochó la falta de reacciones tras el 16F. “Exigimos que nos citen, que comencemos a trabajar y que su apoyo simbólico pase a materializarse”. Nosotros hemos hecho el trabajo; hemos analizado la situación y planteado soluciones para la provincia. Estamos en un momento propicio para pedir y formular soluciones, porque estamos con un Gobierno de coalición progresista“, argumentó antes de solicitar que los sindicatos sean atendidos y se desbloquee lo que sea necesario para generar un plan de empleo de calidad a través de la empresa pública, un plan de infraestructuras que garantice conectividad y un plan de reindustrialización. ”A todas las administraciones les pedimos que asuman sus responsabilidades“, añadió.

Para el líder provincial de USO, Antonio Nicolás, “el cinismo que cabalga en los lomos de determinados políticos de la provincia es insuperable” y puede conllevar la toma “decisiones más duras y con contundencia”. “Determinados partidos hacen oídos sordos; nos ponen a la cola en determinadas inversiones”, dijo, mientras “algún representante político se está quemando peleando por la provincia”.

Por su parte, el secretario provincial de CGT, Jesús López, insistió en exigir a los partidos políticos y a administraciones “que empiecen a actuar ya con el plan programado. No vamos a parar con nuestra hoja de ruta. Vamos a exigir nuestro plan de inversión”.

La reivindicación leonesista

Preguntados sobre la amplia presencia del leonesismo político y social en la manifestación del 16 de febrero, y la posición de sus respectivos sindicatos en el ámbito autonómico sobre las reivindicaciones autonomistas, las consideraciones fueron diversas.

Para el ugetista Reguero, con motivo del 42 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, “para celebrar algo lo primero que hay que hacer es desarrollarlo” y reconocer, con hechos, la existencia de dos regiones históricas, acometiendo una descentralización administrativa. “En cualquier convocatoria hay un toque leonesista. Eso va a más. El que quiera ponerse una venda en los ojos, que se la ponga. Es una realidad y si hay un deseo mayoritario de la sociedad de que haya una autonomía, un sindicato no puede ponerse de espaldas a una realidad social”, esgrimió. En todo caso, censuró el 'postureo' de la presencia de altos responsables políticos el 16-F: “No es un photocall, esto va de trabajar no de hacerse fotos”.

Su homóloga de CCOO fue más tibia respecto a este aspecto de la reivindicación y se mostró “a favor de la libertad, de debatir y elegir”. “¿Que se plantee la autonomía? Si así se decide, que se haga, pero no es la responsabilidad de CCOO. No estamos en contra de la autonomía leonesa desde CCOO de León, pero es una realidad más, que consideramos que no es nuestra responsabilidad, nuestra competencia clara y básica”, manifestó, abogando en primer término por “las condiciones de la clase trabajadora”.

El representante de CGT reconoció el marcado tinte leonesista de la manifestación al igual que el de USO, quien matizó que el marco estatutario supone un problema para la provincia de León.