La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha aplaudido la aprobación en las Cortes de Castilla y León de su iniciativa para instar al Gobierno central a reclasificar a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la categoría C1, con el objetivo de poner fin a la “discriminación profesional” que sufre el colectivo.

La formación leonesista ha valorado este jueves en un comunicado que la Comisión de Sanidad y Bienestar Social haya dado luz verde a tres de los cuatro puntos de su proposición no de ley (PNL). Mediante esta resolución, el Parlamento autonómico también reclamará al Ejecutivo central que reconozca a las TCAE como profesión sanitaria y actualice sus funciones, ancladas en una normativa de 1973. El punto relativo a la subida a la categoría C1 ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, que se ha abstenido.

En su defensa de la iniciativa, la procuradora de UPL, Rosa Quintanilla, ha recordado que a estas profesionales se les exige el título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional, titulación que el Estatuto Básico del Empleado Público equipara al subgrupo C1. Sin embargo, ha denunciado que formalmente continúan encuadradas en el grupo C2, lo que les supone una pérdida retributiva continuada.

Desde UPL han incidido en que mantener esta clasificación por debajo de la titulación exigida contribuye a “perpetuar la brecha salarial de género”, al tratarse de una profesión mayoritariamente femenina.

El papel jugado por la Junta de Castilla y León en la disputa por dónde se sitúa el límite autonómico con Asturias, entre los municipios de Cabrillanes en León y Somiedo en Asturias, ha enfrentado este martes al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y al procurador de la UPL, Luis Mariano Santos.

El leonesista ha formulado una pregunta ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para demandar al Gobierno autonómico que no actúe como una “madrastra” que mira mal a la provincia de León y no interviene para ayudar a la localidad leonesa de Cabrillanes en un contencioso judicial con Somiedo, municipio al que sí ve respaldado por el Principado de Asturias.

En su primera respuesta, el consejero ha afirmado que la Junta “ha defendido, defiende y seguirá defendiendo a su territorio y a los municipios de Castilla y León”.

Ante esta contestación, Luis Mariano Santos ha alertado de que este contencioso que dura ya 26 años afecta a los límites autonómicos de Castilla y León y Asturias: “¿Dónde están los patriotas que hablan de límites territoriales?”, se ha preguntado el procurador de la UPL, quien ha pedido aclarar qué ha hecho la Junta en este litigio para recuperar un monte público desde 1992.

En su dúplica, González Gago ha afirmado que el Gobierno autonómico ha apoyado “intensamente a Cabrillanes”, ya que existe un “interés conjunto en defender” ese límite autonómico, municipal y provincial.

En este sentido, el consejero ha recordado que los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el contencioso planteado por Asturias y Somiedo ante la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León y que implican que más de 600 hectáreas han pasado a pertenecer al Ayuntamiento de Cabrillanes. González Gago ha añadido que “lógicamente” la otra parte interesada ha recurrido y será el Tribunal Supremo el que resuelva esta cuestión.

El consejero ha criticado que UPL pida la ayuda de la Junta pero no se refiera al papel jugado por la Diputación de León, al considerar que del mismo modo que está en juego el límite municipal de Cabrillanes y el autonómico de Castilla y León, también lo está el de la provincial de León. “Se ha equivocado de destinatario, los únicos que no han ayudado es la Diputación de León”, ha zanjado González Gago, quien ha incidido en que el alcalde de Cabrillanes además es diputado provincial y “no se le ha visto el pelo”.

La iglesia de San Salvador de Rodanillo, conocida actualmente como la ermita del Santo Cristo, vuelve a reclamar atención para evitar que el deterioro del edificio termine afectando a las pinturas murales que conserva ocultas bajo varias capas de cal. Los informes técnicos realizados en los últimos años advierten de problemas de humedad, estabilidad de los muros y filtraciones, mientras el interés por recuperar los frescos ha llevado de nuevo el futuro del templo a las Cortes de Castilla y León.

El último paso ha sido el registro, el pasado 15 de septiembre, de una nueva Proposición No de Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista para reclamar a la Junta una intervención prioritaria en el inmueble. La iniciativa plantea actuar primero sobre el continente —garantizando la estabilidad estructural, atajando las humedades y mejorando la evacuación del agua— y abordar posteriormente un proyecto específico para investigar, consolidar y recuperar las pinturas. Se trata, además, de una reivindicación que ya ha pasado anteriormente por el Parlamento autonómico: en 2024 se reclamó un estudio completo de las pinturas ocultas y en 2025 se planteó la necesidad de garantizar la solidez del edificio antes de proceder al rescate de los murales.

El estado del edificio preocupa especialmente porque los diagnósticos no se limitan a una valoración política. Un informe firmado por Luis Grau Lobo, director del Museo de León, alerta del progresivo deterioro de la iglesia y del riesgo de que se produzcan daños irreversibles. A este documento se suman otros análisis técnicos, entre ellos uno realizado en febrero de 2025 por el técnico de Patrimonio Carlos Castro Velázquez y otro elaborado en septiembre de ese mismo año por Juan Carlos Martín, especialista del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, centrado en las pinturas murales.

Un mural oculto durante siglos

La importancia del templo va más allá de su arquitectura. En su interior han aparecido indicios de un gran retablo mural dividido en tres calles y dos alturas, con representaciones relacionadas con la vida de Jesús. Parte de las pinturas fueron descubiertas detrás del retablo mayor y posteriormente se identificaron restos de un conjunto de mayores dimensiones en la pared este. El mural permanece oculto en buena medida bajo capas de cal, lo que dificulta conocer todavía su extensión y estado de conservación.

La dimensión del hallazgo ha llevado a compararlo con otros conjuntos pictóricos del Bierzo. Durante la tramitación parlamentaria de 2024, representantes de los grupos políticos señalaron que solo las pinturas de Peñalba de Santiago presentan en la comarca unas dimensiones comparables, aunque todavía es necesario estudiar en profundidad cuánto se conserva en Rodanillo.

Los primeros trabajos de recuperación fueron impulsados desde la propia localidad. La Junta Vecinal de Rodanillo obtuvo en 2004 la cesión del antiguo templo por parte del Obispado y en 2008 los vecinos financiaron actuaciones sobre el tejado y el pavimento. El descubrimiento de las pinturas se produjo posteriormente, al localizar restos pictóricos detrás del retablo, y desde entonces diferentes especialistas y vecinos han tratado de documentar el conjunto.

Los nuevos informes han vuelto a poner el foco en la necesidad de actuar sobre el edificio antes de que el deterioro comprometa definitivamente las pinturas. Entre las medidas señaladas por los especialistas aparecen la consolidación de los muros, el control de las humedades y la instalación de un sistema adecuado de canalones para evitar que el agua continúe afectando a la fábrica del templo.

La propuesta plantea que, una vez asegurado el edificio, se ponga en marcha un proyecto científico específico para estudiar y recuperar los frescos, con la participación de la Junta, el Ayuntamiento de Bembibre, la Junta Vecinal de Rodanillo y colectivos culturales. El objetivo sería pasar de las actuales evidencias parciales a una investigación que permita determinar qué pinturas se conservan, cuál es su alcance y qué intervención necesitan.

La iglesia de San Salvador cuenta además con una larga historia documental: existe una referencia al templo en 1247, en un documento del papa Inocencio IV relativo a los diezmos y posesiones de San Salvador de Rodanillo. En su interior conserva también elementos de diferentes épocas, entre ellos parte de un artesonado barroco del siglo XVII.

La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León han celebrado este jueves en la Basílica de San Isidoro de León la primera reunión de ambos órganos que se realiza fuera de su sede parlamentaria en esta legislatura, con un recuerdo al diálogo y al consenso que se dio en este lugar en las Cortes de 1188, considerado el primer parlamento del mundo.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha aplaudido que estas reuniones hayan podido celebrarse en un marco tan significativo para la historia parlamentaria, ha considerado fundamental que los ciudadanos “sientan las Cortes como la institución que les representa directamente” y ha avanzado que será la primera de una ronda de reuniones itinerantes de estos órganos por las distintas provincias.

“Hemos elegido León para comenzar este recorrido por la extraordinaria relevancia histórica de este enclave puesto que aquí se celebró en 1188 la primera reunión entre la curia y la plebe, marcando un hito en la historia parlamentaria que convirtió a esta ciudad en un referente para los valores de participación, representación y diálogo que siguen inspirando hoy nuestro trabajo”, ha agregado.

En la misma línea se han pronunciado los portavoces de los distintos grupos parlamentarios como el portavoz del grupo socialista, Carlos Martínez, quien ha insistido en la “necesidad de recuperar esa identidad del parlamento como diálogo, como búsqueda de consenso, de acuerdos”.

“Ya en la época medieval entendieron que así tenía que ser la organización de las sociedades y a eso es a lo que tenemos que intentar apelar una vez más en las Cortes de Castilla y León”, ha propuesto.

El portavoz del grupo parlamentario Vox, David Hierro, ha definido la experiencia como “un auténtico lujazo” y ha bromeado con que la Basílica, joya del románico español, “ es sin duda mucho más bonita que el edificio de las Cortes de Castilla y León” mientras que la portavoz del grupo parlamentario popular, Leticia García lo ha considerado un “honor, un privilegio y un placer”.

Por su parte la portavoz del grupo parlamentario mixto y líder de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, ha definido a San Isidoro como “el símbolo de la democracia” aunque ha lamentado que este “guiño” es “pequeño e insuficiente” y ha aprovechado para reclamar la descentralización de las Consejerías y el “autogobierno” de las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Segundo pleno del curso

 Las Cortes celebrarán los días 22 y 23 de septiembre su segundo pleno ordinario del presente curso y los grupos parlamentarios han avanzado las proposiciones no de ley que presentarán.

El PP pedirá al gobierno central que cumpla con Castilla y León “y no gobierne a sus espaldas”, en referencia al reparto de ayudas en materia tanto de vivienda como de financiación autonómica.

En vivienda, pedirá al Gobierno que retire el Real Decreto que reparte las ayudas en función de si han aplicado o no “las políticas fracasadas e intervencionistas de Pedro Sánchez” que han provocado que el mercado esté tensionado y que castiga a autonomías como Castilla y León “donde el modelo de vivienda funciona”, ha criticado García.

La segunda PNL exigirá la retirada del “modelo Junqueras” de financiación autonómica por ser “perjudicial” y “reducir” criterios como superficie, dispersión, envejecimiento o despoblación.

Por su parte el PSOE pedirá compromisos concretos, con la gratuidad de las matrículas universitarias para que los ciudadanos “no tengan que adelantar el dinero” así como un mayor compromiso económico con el sector primario ante el incremento de los precios tanto del combustible como de los fertilizantes, ha adelantado Martínez.

El Grupo Mixto, formado por UPL, Soria YA y Por Ávila, hará una interpelación relativa a las carreteras a la vista de su deficiencias y necesidades en base a un plan “caducado en 2020” y que no se ha actualizado, ha definido Gallego.

El PSOE ha visto rechazada en las Cortes de Castilla y León su iniciativa para impulsar la protección y conservación de las sebes tradicionales de la provincia de León, un patrimonio natural, cultural y paisajístico en riesgo de desaparición. El bloque en el Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox impuso sus diez votos en contra frente a los siete que sumaron el Grupo Socialista y el Grupo Mixto en una Comisión de Medio Ambiente que preside el leonés y alcalde popular de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza.

Los procuradores del PSOE de León han reclamado, sin éxito, a la Junta de Castilla y León medidas para inventariarlas, protegerlas e incorporar su conservación a las políticas autonómicas de biodiversidad, infraestructura verde y lucha contra el cambio climático. Pero se han topado con la total negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

La vicesecretaria general del PSOECyL y procuradora por León, Nuria Rubio, ha lamentado el rechazo de la proposición no de ley (PNL) y ha advertido de que “las sebes son parte de la identidad de nuestros pueblos”, defendiendo que su conservación debe formar parte de las políticas públicas de protección del territorio. “Hoy pedimos algo tan sencillo y tan importante como que dejemos de mirar hacia otro lado mientras desaparecen”, señaló Rubio, quien ha recordado que las sebes están presentes en numerosas comarcas leonesas y representan una forma tradicional de entender y cuidar la tierra.

La dirigente socialista ha subrayado que las sebes no solo tienen un valor cultural y paisajístico, sino también una importante función ambiental. Sirven de refugio para numerosas especies, actúan como corredores ecológicos, protegen los suelos frente a la erosión, conservan la humedad, reducen los efectos del viento y favorecen la presencia de insectos polinizadores.

Rubio ha criticado que, pese a la importancia de estos elementos, “la Junta subvenciona actuaciones ambientales, pero no cuenta con una línea específica y reconocible para proteger este patrimonio leonés”. “Después de casi cuatro décadas gobernando esta comunidad, ya no puede alegar desconocimiento. Existe bibliografía, existen personas expertas y existe una preocupación creciente en el territorio”, ha matizado.

En este sentido, la propuesta socialista ha planteado elaborar un inventario de las sebes existentes en colaboración con ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones, investigadores y colectivos sociales.

Además, el PSOE ha considerado imprescindible que las futuras concentraciones parcelarias y actuaciones de transformación agraria incorporen criterios de conservación del paisaje tradicional. “No estamos diciendo que no se puedan transformar o mejorar las explotaciones. Estamos diciendo que no se puede entrar en un territorio como si antes no hubiera allí nada valioso”, ha explicado Rubio.

“Modernizar no puede significar destruir. Progreso no es borrar la memoria de una tierra. Progreso es conseguir que el campo tenga futuro sin renunciar a su identidad”, ha defendido.

La procuradora ha reclamado también campañas de divulgación y sensibilización, especialmente en los centros educativos y en el medio rural, para transmitir a las nuevas generaciones el valor de este patrimonio y el conocimiento tradicional asociado a su conservación. “Estoy convencida de que no se protege aquello que no se conoce y tampoco se ama aquello que nunca nos han enseñado a mirar”, ha afirmado Rubio.

Por último, la política lacianiega ha lamentado que la desaparición de las sebes es otra consecuencia del abandono del medio rural y ha reclamado a la Junta que actúe antes de que sea demasiado tarde. “No dejemos que se arranquen por indiferencia, por desconocimiento o por falta de voluntad política. Tenemos la oportunidad y la obligación de protegerlas”, ha concluido.

En parecidos términos se manifestó en que fue esta vez representante el Grupo Mixto, no por Unión del Pueblo Leonés (UPL) sino por Soria Ya!, José Ángel Ceña, cuyo apoyo no sirvió para que la iniciativa saliera adelante.

La nueva Facultad de Medicina de León que echa a andar este curso, y que hoy se ha inaugurado de manera oficial con desembarco institucional, parte de 80 alumnos que fijaba la memoria que fue aprobada por la Junta de Castilla y León. Tal y como ya anunció la semana pasada la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, como mucho ascenderá a una cifra final de 88 estudiantes de este pionero primer curso porque entraría dentro del 10% que como tope se permite superar.

Sin embargo, cuando la semana pasada se produjo la inauguración del también esperado arranque del primer curso de Medicina en la Universidad de Burgos, con presencia del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y del de Sanidad, el burgalés Alejandro Vázquez, se anunció que partiendo de una cifra de 72 plazas en su memoria oficial, el Campus burgalés ya duplicaba la cifra final de matriculados en el Grado de Medicina, ascendiendo finalmente a 159. En este caso, el tope del 10% permitido a mayores quedaba pulverizado: se trata de un 120% más.

Ante esta situación, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha criticado la desigual permisividad del Gobierno autonómico, formado por Partido Popular (PP) y Vox, cuando la Universidad de León sí cumple “escrupulosamente” con las plazas fijadas inicialmente para esos mismos estudios que en ambos campus se estrenan por primera vez. Por eso, en un comunicado se anuncia el registro de una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para depurar responsabilidades y conocer las causas de ese desigual incremento.

El Grupo Mixto parlamentario que lidera UPL espera que la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que dirige el leonés Suárez-Quiñones, explique por qué la UBU “se ha saltado la memoria de implantación aprobada para el Grado de Medicina”, creando a su juicio “un doble rasero” respecto al caso de León. Y de paso, reclaman del consejero “que detalle si su área va a actuar ante esta situación de perjuicio para la Universidad de León y, en caso afirmativo, qué medidas y acciones plantean tomar”.

Si no cambian las cosas, la desigualdad de alumnos entre ambas universidades será manifiesta. Pero no tan abultada. Fuentes oficiales de la UBU han detallado a ILEÓN que a fecha de hoy la cifra de alumnos matriculados no es de los 159 que se mencionó en el arranque del curso la semana pasada sino de 134, con una tendencia “a la baja”. Para que sea posible lo que sí tildan de “alta demanda” recibida, añaden, “se han duplicado grupos y prácticas”.

Matizan además que la cuantía final de alumnos del Grado de Medicina en la ciudad castellana no se conocerá como definitiva “hasta mediados de octubre”, cuando se cierre el plazo último para matriculaciones. Y desisten de entrar en polémica alguna, no detallando cuál es el motivo de haber superado con creces el límite del 10% permitido, un porcentaje que se se tiene en cuenta los 134 estudiantes ya matriculados hoy sería exactamente de más del 86%.

Una autopista leonesa sí pero la otra no. El Parlamento de Castilla y León ha aprobado hoy una iniciativa, a propuesta del Partido Popular (PP) en la que exige al Gobierno central el fin del peaje en la autopista León-Asturias, AP-66, pero no que se acabe el peaje en la otra que atenaza a la provincia leonesa, la León-Astorga (AP-71).

El texto aprobado, con el apoyo de sus socios de Vox en la Junta de Castilla y León, así como varios del Grupo Mixto como UPL, pero el rechazo del mayoritario en la oposición, el Grupo Socialista, también reclama que se ponga fin al pago de otra autopista que nada tiene que ver con la Comunidad, la AP-9; en Galicia. UPL planteó una enmienda que pedía incluir también entre los pagos a suprimir por completo la autopista León-Astorga, algo a lo que el Grupo Popular se negó, motivo por el que finalmente no se incluyó.

En otra parte de la proposición no de ley (PNL) que se alzó con 51 votos a favor, 29 en contra y una abstención en las Cortes de Castilla y León consiste en reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha bonificaciones a ese peaje en las restantes cuatro autopistas de la Comunidad en las condiciones que las que hace años beneficiar a los usuarios recurrentes de la León-Asturias, es decir, en la AP-51, la AP-6 con Madrid, la AP-61 y la AP-71 León-Astorga.

Por último, se recoge que de no hacerlo el Gobierno, la propia Junta de Castilla y León ponga en marcha “los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios necesarios” para ser ella la que ponga los fondos para aplicar una bonificación “mínima del 60%”, reza el acuerdo. Las condiciones para percibir esa rebaja, cuando se ponga en marcha, sería que hay que ser un conductor habitual, recurrente, con un número mínimo de viajes al mes, así como estar empadronado en algún municipio de la Comunidad.

Precisamente fue ese criterio, aparte del oportunismo electoralista, el que achacó el PSOE para defender su postura en contra de la iniciativa del PP. Un electoralismo que denota el hecho de que ese descuento del 60% ya ha sido prometido por el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco con antelación. Muy parecida postura y crítica lanzó la líder y portavoz en el Parlamento de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. Se sumó a las críticas, pero como UPL al voto favorable, el representante de Por Ávila, mientras el de Soria ya! se mostró ajeno al debate, por no haber ni siquiera una autopista en su provincia.

Defendiendo la iniciativa, la procuradora del PP por Segovia, Elena Rincón, aseguró que la Junta de Castilla y León vienen “defendiendo de forma incansable en beneficio de miles de castellanos y leoneses” su postura. Porque “esta iniciativa no habla solo de peajes: habla de cuánto cuesta vivir, trabajar y desplazarse en una Comunidad como la nuestra, donde las distancias marcan el día a día. No pedimos un trato de favor, sino igualdad, porque la equidad territorial no puede depender del código postal”, subrayó.

Recordó además que la petición de eliminación de los peajes de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66, del Huerna, se sustenta en un dictamen motivado que la Comisión Europea emitió el 17 de julio de 2025, que aprecia que las prórrogas de las concesiones vulneran el Derecho de la Unión. Obvió, eso sí, y se lo afearon los grupos de oposición, que fue precisamente el Gobierno del PP de José María Aznar quien alargó la concesión asturleonesa, de 2021 en que tenía que haber terminado hasta 2050.

UPL ha conseguido este viernes el apoyo del PSOE para que las Cortes de Castilla y León impulsen la búsqueda de una fórmula que permita a los trenes de Feve llegar de nuevo a la estación de Matallana de León, después de quince años sin servicio ferroviario en el centro de la ciudad. La proposición no de ley (PNL) presentada por el partido leonesista ha salido adelante con los votos favorables de UPL y PSOE y la abstención de PP y Vox, por lo que continuará su tramitación.

La iniciativa plantea la creación de un consorcio en el que participe la Junta de Castilla y León para asumir la gestión de la infraestructura de Adif correspondiente al tramo urbano de la antigua Feve y recuperar la llegada del tren hasta Matallana. También propone incorporar el tramo entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León.

El texto finalmente aprobado incorpora además una modificación planteada por el PP para que previamente se constituya una mesa técnica que estudie cuál es la fórmula técnica y jurídica más adecuada. UPL rechazó sustituir su propuesta por la enmienda 'popular', pero aceptó incorporar este punto a la iniciativa, lo que permitió que PP y Vox optaran finalmente por la abstención en lugar de votar en contra.

El debate volvió a poner sobre la mesa los quince años de interrupción del servicio ferroviario. El procurador de UPL Luis Mariano Santos habló de un periodo de “frustración y desesperanza” y repartió responsabilidades entre los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE por una conexión que sigue sin llegar al centro de León desde 2011.

“Pueden echarse la culpa unos a otros. La culpa es repartida”, señaló Santos, que defendió que la propuesta del consorcio no nace únicamente de UPL, sino de la Plataforma en Defensa de Feve y de la sociedad civil leonesa. “Yo vengo a hablar de una posible solución”, sostuvo, reclamando a las administraciones que se sienten juntas y busquen una salida.

PP y Vox rechazan que la Junta asuma la infraestructura

El PP compartió con UPL el objetivo de recuperar el tren hasta Matallana, pero rechazó la fórmula planteada por los leonesistas. La procuradora popular María José Álvarez defendió que “el tren tiene que volver al centro” y que debe hacerlo “sin trasbordos innecesarios y sin parches de sustituir vías por autobuses” como plantea el Ministerio de Transportes, pero consideró que trasladar a la Junta la infraestructura de Adif sería “jurídicamente inviable” y un “error político”.

Los 'populares' sostuvieron que la responsabilidad corresponde al Gobierno central y plantearon en su lugar reclamar la creación de una mesa técnica con Adif y Renfe, con participación activa de la Junta, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, para estudiar las alternativas que permitan recuperar la conexión.

La posición de Vox fue similar. Su procuradora Laura Dorreis afirmó que Feve “tiene que volver a llegar a la estación de Matallana” y reconoció su importancia para la vertebración territorial y para los habitantes de los pueblos de la línea, pero rechazó que la Junta asuma una competencia estatal. “Compartir el objetivo no significa compartir la fórmula”, resumió.

El PSOE respalda el consorcio como una “oportunidad”

El PSOE votó a favor de la propuesta. Su procurador Benjamín Fernández consideró que la creación de un consorcio puede representar “una oportunidad” para desbloquear la situación y reprochó al PP que plantee soluciones cuando no tiene las competencias y, al mismo tiempo, rechace fórmulas que requieren la participación de la Junta.

Los socialistas defendieron la importancia de la vía estrecha para la movilidad de los habitantes del norte de la provincia y destacaron su utilidad para acceder a servicios como la sanidad, la Universidad y otras gestiones cotidianas. Fernández sostuvo que la recuperación de la conexión ferroviaria “mejoraría la vida de las personas”.

Santos aprovechó su última intervención para volver a reclamar a los grupos que dejen de utilizar Feve como un enfrentamiento entre administraciones. Al PSOE le reprochó que apoye la iniciativa mientras gobierna en España y le pidió que traslade la reivindicación al ministro de Transportes, Óscar Puente. Al PP le reclamó que tenga “voz propia” más allá de los titulares y a Vox le acusó de hacer “un flaco favor al bipartidismo”.

La Plataforma de Feve lleva la reivindicación a los tribunales

La votación en las Cortes se produce, además, el mismo día en que la Plataforma en Defensa de Feve ha anunciado tres acciones judiciales para reclamar la recuperación de la conexión ferroviaria hasta el centro de León.

El colectivo sostiene que el Convenio Marco firmado en 2010, que debía culminar con la integración de Feve en la ciudad, sigue pendiente de cumplimiento y ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su supuesta inactividad. También ha presentado una querella contra un cargo de la Administración estatal y otro recurso contra el Ayuntamiento de León por su falta de colaboración en el procedimiento.

La plataforma considera que la integración ferroviaria no es un proyecto pendiente de una nueva decisión política, sino un compromiso adquirido hace 16 años que debe ejecutarse. Su portavoz, César Prieto, ha defendido que el proyecto acumula ya más de 40 millones de euros de inversión y ha recordado que han pasado quince años desde que los trenes dejaron de llegar al centro de León.

La iniciativa aprobada ahora por las Cortes no supone todavía que la Junta vaya a asumir la infraestructura, pero sí abre la puerta a estudiar esa posibilidad dentro de una fórmula de colaboración entre administraciones. La cuestión queda así de nuevo sobre la mesa política y judicial mientras la antigua Feve continúa sin recuperar su llegada a Matallana.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó hoy a la Junta una “presión real y permanente” para eliminar los peajes de las autopistas León-Asturias (AP-66) y León -Astorga (AP-71), mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enrocó en las Cortes en que lleva años reclamando al Gobierno la liberalización de estas autopistas y que la Junta pondrá en marcha algunas bonificaciones para usuarios habituales de la Comunidad.

El enfrentamiento se produjo este jueves durante una sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que la portavoz y líder de UPL, Alicia Gallego, reclamó a Mañueco una actuación más contundente ante el Gobierno de España para acabar con los peajes que afectan a las conexiones de León con Asturias y con Astorga.

Gallego recordó que UPL ha defendido de forma reiterada la liberalización de la autopista del Huerna y la León-Astorga y que dos iniciativas de la formación fueron aprobadas por unanimidad en las Cortes en 2021 y 2024. A su juicio, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han mantenido una situación que perjudica económica y demográficamente a León, mientras otras autopistas del país han quedado libres de peaje.

La procuradora leonesista puso especialmente el foco en la AP-71, al considerar “un absurdo diario” que exista una autopista de peaje con poco tráfico mientras la N-120 soporta una elevada circulación de vehículos pesados. Según defendió, esta situación incrementa el riesgo de accidentes y perjudica a las comarcas situadas en el eje León-Astorga.

Respecto a la AP-66, Gallego denunció el coste que supone atravesar la Cordillera por una autopista cuyo peaje, según recordó, debería haber desaparecido en 2021 y cuya concesión prolongó el Gobierno popular de Aznar hasta octubre de 2050.

También se sumó a las críticas de las condiciones actuales de la infraestructura, después del desprendimiento ocurrido en 2024 y las posteriores obras de modernización de los túneles, que han provocado restricciones y desvíos mientras los usuarios continúan abonando íntegramente el peaje. Asturias ha puesto en marcha una multa a Aucalsa, la empresa concesionaria, algo que Castilla y León dice no descartar pero no impulsa.

UPL reclamó además que, mientras no se produzca la liberalización definitiva, la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica que cubran íntegramente el coste de los peajes para los usuarios afectados. Gallego reclamó igualmente inspecciones y, si fuera necesario, sanciones a la concesionaria para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Mañueco insistió en la necesidad de eliminar los peajes, aunque rechazó que la Junta haya permanecido inactiva. “Ha sido constante la reclamación que le hemos hecho al Gobierno de España en la supresión de los peajes”, afirmó el presidente autonómico, que aseguró haber trasladado personalmente esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos ministros.

El presidente de la Junta aseguró además que Castilla y León ha trabajado “codo con codo” con los gobiernos de Asturias y Galicia para reclamar al Ejecutivo central que atienda el dictamen de la Unión Europea sobre los peajes. “Creo que es importante la liberalización de los peajes. En eso coincidimos y no pasa nada”, señaló Mañueco en respuesta a Gallego.

Mañueco amplió, no obstante, la reivindicación al conjunto de las autopistas de peaje que afectan a Castilla y León. “Desde Castilla y León reclamamos la supresión de los peajes, de todos los peajes, no solo de algunos peajes”, sostuvo, y citó además de las conexiones León-Asturias y León-Astorga otras vías de pago como las conexiones con Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia.

El presidente autonómico insistió en la promesa de que “vamos a trabajar para que en los presupuestos de 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación”, afirmó. Y finalmente también reclamó a UPL su propia responsabilidad política al pactar en la Diputación de León con el PSOE, como vaticinó que ocurrirá tras las próximas elecciones municipales: “Ustedes serán el sostén indudable del Partido Socialista que es quien está sosteniendo los peajes de la provincia de León y de nuestra Comunidad autónoma”, concluyó.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechará el regreso esta semana de la actividad parlamentaria a las Cortes de Castilla y León tras el parón veraniego para poner sobre la mesa varios de los asuntos pendientes de la Junta con la provincia. Los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71, los retrasos en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y la situación de la sanidad en la Región leonesa protagonizarán las tres preguntas orales que la formación dirigirá al Gobierno autonómico en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, se dirigirá directamente al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para preguntarle si considera que su Gobierno ha sido “suficientemente proactivo” para conseguir la eliminación de los peajes de la AP-66 y la AP-71, dos de las principales conexiones por carretera de la provincia de León.

Los leonesistas vuelven así a llevar al Parlamento autonómico una reivindicación histórica de la formación. En su iniciativa, UPL pone especialmente el foco en la autopista con Asturias y recuerda la posición de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión del peaje para cuestionar las actuaciones realizadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.

Otro de los asuntos será el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. El procurador Luis Mariano Santos preguntará a la nueva consejera de Educación, María Pardo, si considera que la Junta ha actuado “con la diligencia exigible” para sacar adelante una infraestructura que acumula numerosos retrasos.

Según recuerda UPL, las actuales previsiones sitúan su puesta en funcionamiento, como pronto, en el curso 2027/2028, lo que para la formación supondría que el nuevo edificio llegaría con “casi dos décadas de retraso” respecto a los compromisos adquiridos para sustituir las actuales instalaciones.

La tercera pregunta tendrá como protagonista a la sanidad pública en la Región Leonesa. Rosa Quintanilla, nueva procuradora de UPL en las Cortes, interpelará al consejero de Sanidad para conocer la valoración que hace el Gobierno autonómico de su gestión sanitaria durante los últimos meses en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Los leonesistas consideran que los problemas sanitarios en estos territorios persisten pese a haber sido planteados reiteradamente ante la Junta.

Feve vuelve también a las Cortes

El regreso parlamentario tendrá además Feve como otro de los asuntos leoneses destacados. UPL utilizará la única Proposición No de Ley (PNL) de la que dispondrá el Grupo Mixto en este periodo de sesiones para plantear una solución que permita recuperar la integración ferroviaria en la capital leonesa.

La propuesta pide a la Junta que impulse la creación de un consorcio que permita a la Administración autonómica asumir la infraestructura de Adif correspondiente al tramo tranviario de la antigua Feve y posibilitar así la integración de la línea ferroviaria-tranviaria dentro de León hasta la estación de Matallana.

La iniciativa plantea además incorporar el recorrido entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León. UPL tiene previsto explicar este miércoles con mayor detalle su propuesta antes de defenderla el viernes en las Cortes.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para pedir explicaciones a la Junta de Castilla y León por la instalación de un dispositivo de monitorización en uno de los ábsides románicos de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado de León, una actuación que requirió perforar sillares del templo, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1973.

La polémica dio un giro después de que, en un primer momento, la propia Junta requiriese al Obispado de León la retirada del aparato instalado en el exterior del templo de la Plaza del Grano. Pocas horas más tarde, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte terminó admitiendo que la intervención había partido de la propia Administración autonómica, responsable precisamente de velar por la conservación del patrimonio.

La Diócesis de León aseguró además que desconocía la actuación y que ni la parroquia ni el Obispado habían promovido o participado en la instalación. En un comunicado precisó que tampoco había tenido “conocimiento detallado del proyecto”, al tiempo que reivindicó su colaboración histórica con las administraciones encargadas de la protección del patrimonio diocesano. Y eso a pesar del largo listado de daños causados en este templo y nunca comunicados a las autoridades, aunque siempre sin sanción alguna de la Junta.

UPL considera especialmente grave que la intervención se ejecutase, según la información conocida hasta ahora, sin comunicación previa ni al propietario del inmueble ni al propio Servicio Territorial de Cultura de León, que se ha visto primero abocado a rectificar y después desdicho por el propio consejero, José Ramón Sola, elegido por Vox. La instalación habría sido impulsada directamente por la Consejería dentro del programa KHN (Knowledge Heritage Network).

Las preguntas

Los leonesistas quieren saber por qué la Junta consideró adecuado colocar el dispositivo precisamente sobre un ábside románico de un inmueble protegido, cuando para fijarlo era necesario perforar la piedra. También preguntan por el daño causado al monumento y por el impacto visual de la instalación.

La formación reclama igualmente una valoración de la Consejería sobre la falta de comunicación previa con la Diócesis de León y con el Servicio Territorial de Cultura. Este último llegó inicialmente a anunciar el envío de un técnico para “evaluar qué pasa, hacer fotos y valorar los hechos”, antes de trascender que la instalación procedía de la propia estructura de la Junta.

Tras la controversia, la Consejería de Cultura anunció que retiraría el dispositivo y buscaría otra ubicación para el sistema de medición. UPL cuestiona ahora que la Administración autonómica haya realizado una actuación de este tipo sobre un bien cuya conservación y protección se encuentran precisamente entre sus competencias.

La iglesia de Nuestra Señora del Mercado, en la querida y tradicional Plaza del Grano, es uno de los principales templos históricos de la ciudad y cuenta con una doble protección patrimonial: además de su declaración como Bien de Interés Cultural, se encuentra vinculada al Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El episodio se suma, además, a anteriores polémicas por intervenciones poco cuidadosas en este templo románico de la Plaza del Grano, donde en otras ocasiones se han instalado diferentes elementos directamente sobre sus fábricas históricas. En esta ocasión, sin embargo, la responsabilidad reconocida de la actuación corresponde a la propia Administración encargada de protegerlas.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido este sábado a la Junta que cumpla con el mandato de las Cortes de Castilla y León y cree unidades de Reproducción Asistida completas en los hospitales de León y Salamanca, ha informado la formación leonesista en un comunicado.

Los leonesistas registraron recientemente en las Cortes una batería de preguntas para conocer las acciones que está realizando o tiene previsto de desarrollar la Junta para que estas unidades sean una realidad, y reclaman plazos y calendario para la puesta en marcha de ambos servicios.

La formación ha recordado que en marzo de 2025 el pleno de las Cortes aprobó, dentro del debate de política general de la comunidad, una propuesta de resolución presentada por UPL, que instaba a la Junta a Impulsar la creación de Unidades de Reproducción Asistida completas en los Complejos Hospitalarios de Salamanca y León.

En este aspecto, en el caso concreto de León, se solicitaba la creación de esta Unidad para evitar con ello que las mujeres de la provincia tuvieran que seguir trasladándose a Valladolid a recibir este tratamiento al poseer dos unidades de reproducción asistida (una en el Hospital Clínico y otra en el Río Hortega).

Lo mismo para Salamanca, donde se estima que son unas doscientas las mujeres que se derivan cada año a Valladolid para poder continuar con su tratamiento de fecundación in vitro, dado que el Complejo Hospitalario de Salamanca carece de una Unidad de Reproducción Asistida completa con laboratorio de fecundación un vitro.

A juicio de UPL, son numerosos los traslados que podrían ahorrarse leonesas y salmantinas, y “no exigiría de grandes inversiones”.

La formación se ha lamentado que a pesar de la aprobación de la medida hace ya año y medio, la Junta todavía no ha planteado un calendario para ejecutar un compromiso que también beneficiaría a las mujeres del norte de la provincia de Zamora, que reducirían la distancia a recorrer y tiempos de viaje para los tratamientos, al tener más cerca León que Valladolid.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) preguntará a la Junta de Castilla y León si va a imponer sanciones a la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista AP-66 León-Asturias, tal y como ya ha anunciado que va a hacer el Principado de Asturias, por cobrar la tarifa íntegra a los usuarios de esta autopista que une León y Asturias a pesar de que gran parte de su trazado se encuentra en obras.

La formación leonesista ha informado, a través de un comunicado, que así lo ha hecho a través de una batería de preguntas registrada en las Cortes, tras anunciar Asturias las sanciones, al considerar que los usuarios pagan todo el peaje a pesar del cierre de carriles y desvíos que implican una importante reducción de velocidad en diversos tramos y un notable incremento de los tiempos de recorrido. De este modo, se tendrán que pronunciar en un debate parlamentario las dos partes del Gobierno de Castilla y León, por un lado el PP y por otro Vox. De momento, la Junta se ha limitado a ver “razonable” una rebaja del peaje en el transcurso de las obras, pero sin ir más allá en sus decisiones.

Una situación que, a juicio de UPL, está generando un claro perjuicio a la Región Leonesa, más cuando en pleno verano son muchos los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca que se dirigen a Asturias a pasar sus vacaciones estivales, a los que habría que añadir los que lo hacen por cuestiones laborales.

Los leonesistas han recordado que la tarifa normal en esta autopista para turismos es de 16'20 euros, un precio que consideran abusivo para una autopista de 78 kilómetros de longitud que actualmente se ve reducida, además, a una vía de un sólo carril por sentido en un número importante de kilómetros debido a las obras.

Por otra parte, UPL ha recordado que a finales de 2025 registró un escrito ante la Fiscalía de León para pedir el cese del peaje en la autopista AP-66 mientras permaneciesen unas obras que impiden una circulación cómoda y segura, por lo que cobrar el peaje supone algo abusivo y su cobro podría estar vulnerando los artículos 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Además, UPL ha subrayado en su iniciativa parlamentaria la ilegalidad de la prórroga de la última concesión de la autopista -que el PP de José Marcía Aznar en el Gobierno alargó de 2021 a 2050-, ilegalidad comunicada por la propia Comisión Europea. A raíz de aquella resolución, las Cortes aprobaron en 2024 una proposición no de ley, también a iniciativa de los leonesitas, para instar al Gobierno de España a que se elimine dicho peaje de manera inmediata.

El posible retorno a Béjar de los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868 para la defensa de Béjar será debatido en las Cortes autonómicas, donde Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del parlamento autonómico. En la iniciativa, los leonesistas reclaman que se ceda a la ciudad de Béjar por parte del Ministerio de Defensa los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868, que actualmente se conservan almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos.

Y es que los cañones de Víctor Gorzo fueron de los principales protagonistas de la ‘Revolución Gloriosa’ de 1868 en la ciudad de Béjar, un episodio histórico destacado en la historia contemporánea bejarana, cuando, en defensa de las libertades, los bejaranos resistieron a las tropas gubernamentales empleando, entre otros medios, cuatro cañones fundidos artesanalmente por Víctor Gorzo, que se convirtió así en símbolo del ingenio y la determinación popular de aquella gesta, dando lugar el éxito de ‘La Gloriosa’ a la primera experiencia democrática contemporánea de España, el conocido como ‘Sexenio Democrático’.

Sin embargo, tal y como apuntan desde UPL en su iniciativa parlamentaria, pese al simbolismo que tuvieron aquellos cañones para la defensa de Béjar, actualmente se conservan lejos de la ciudad bejarana, formando parte de los fondos del Museo del Ejército, en Toledo, donde hoy se conservan como piezas históricas pero almacenados, sin estar siquiera expuestos.

No obstante, para Unión del Pueblo Leonés “su origen inequívocamente bejarano y el significado que tienen para la identidad, la memoria y el patrimonio histórico de la ciudad de Béjar justifican plenamente que estos cañones puedan retornar a Béjar”, planteando que pudiesen trasladarse ya fuese en forma de cesión o en depósito permanente, para su exposición pública “en un espacio museístico o conmemorativo adecuado en Béjar, en que se garanticen las condiciones de seguridad, conservación y divulgación adecuadas para estos cañones”.

En este aspecto, los regionalistas leoneses recuerdan que la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 10/2015 para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, amparan la protección y difusión de los bienes que integran la memoria colectiva de los pueblos, así como la cooperación entre administraciones públicas para garantizar su conservación y puesta en valor, por lo que consideran que “es evidente que los cañones fundidos por Víctor Gorzo para la defensa de Béjar en 1868 suponen un elemento de gran valor para la memoria colectiva del pueblo bejarano, además de constituir elementos de enorme trascendencia para la historia de Béjar”.

Por ello, desde UPL reclaman en las Cortes que se solicite formalmente al Ministerio de Defensa la cesión a la ciudad de Béjar de los mencionados cañones fundidos por Víctor Gorzo en Béjar en 1868 en el contexto de la revolución ‘Gloriosa’, cuyo éxito dio a España su primera experiencia democrática contemporánea, el conocido como ‘Sexenio Democrático’, estando estos cañones actualmente almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos.

Por otro lado, los leonesistas instan en dicha proposición no de ley a que la Junta realice un análisis, junto al Ayuntamiento de Béjar, de los posibles emplazamientos óptimos para la exposición permanente en la ciudad bejarana de los cañones realizados por Víctor Gorzo para la defensa de Béjar en 1868, de cara a plantear emplazamientos concretos al Ministerio al reclamar su cesión en los que se garanticen las condiciones de seguridad, conservación y divulgación adecuadas para estos cañones en la ciudad de Béjar.

Por último, de forma complementaria a dichas peticiones, aunque de manera independientemente al resultado que pudiese tener la petición de devolución de los cañones de Víctor Gorzo a Béjar, desde UPL reclaman al gobierno autonómico que impulse actividades de divulgación sobre el papel que tuvo la ciudad de Béjar en la Revolución de 1868 y los episodios vividos en esta localidad durante la misma.

Una batería de preguntas escritas ha presentado la Unión del Pueblo Leonés en el parlamento autonómico en Valladolid con las que quieren conocer qué actuaciones tiene previstas la Junta para recuperar los territorios afectados y qué medidas contempla para compensar las consecuencias sufridas por la población.UPL pone el foco especialmente en los incendios registrados en Castropodame, Veguellina y Valdelaloba, que considera entre los episodios más graves sufridos por la comarca en las últimas semanas.

La formación leonesista reclama que la recuperación no quede relegada a un segundo plano una vez finalizada la emergencia. En su opinión, los daños provocados por el fuego requieren una respuesta específica y medidas que permitan recuperar el entorno y ayudar a las localidades afectadas.

Pero UPL también demanda un cambio en la estrategia de prevención. Los leonesistas consideran que la lucha contra los incendios no puede concentrarse únicamente en los meses de mayor riesgo y defienden un dispositivo con recursos suficientes los 365 días del año.

En este sentido, exigen un aumento de las brigadas de extinción y una mayor estabilidad para los profesionales que trabajan en ellas, además de una modernización de los vehículos y del material técnico para poder intervenir con garantías en zonas de difícil acceso.

Trabajos de limpieza y mantenimiento todo el año

UPL considera igualmente imprescindible reforzar los trabajos de limpieza, mantenimiento y gestión de los montes durante todo el año. La formación sostiene que la prevención debe comenzar mucho antes de que aparezca el fuego y acusa a la Junta de mantener una inversión “insuficiente y deficiente” en esta materia.

Los leonesistas hablan de una situación de “absoluta indignación y preocupación” ante unos incendios que, aseguran, han dejado a numerosos pueblos en una situación de “total indefensión”.

Para UPL, los incendios de este verano han vuelto a demostrar la necesidad de revisar el modelo de prevención y extinción y de mantener una actuación permanente sobre el territorio. La recuperación de lo quemado y la preparación para el próximo incendio, concluyen, deben formar parte de una misma estrategia.

El PSOE ha denunciado este lunes la nueva situación de precariedad que atraviesa el servicio de pediatría del centro de salud La Bañeza I, después de que la Junta de Castilla y León haya desplazado a una de las dos pediatras del municipio para cubrir una plaza en Cistierna, pero sin sustituir su ausencia.

Esta decisión ha provocado que las familias solo dispongan de una especialista a la que tampoco han derivado pacientes, aunque sí urgencias, y a que se produzcan demoras para obtener una cita ordinaria, una situación que el PSOE ha considerado “absolutamente inaceptable” y que a su juicio vuelve a poner de manifiesto la “incapacidad de la Junta” para planificar la cobertura.

La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León y procuradora, Nuria Rubio, ha anunciado que el Grupo Socialista registrará iniciativas en las Cortes de Castilla y León para exigir explicaciones a la Consejería de Sanidad y reclamar una solución inmediata, han informado fuentes del partido a través de un comunicado.

“La Junta vuelve a enfrentar a unos territorios con otros porque es incapaz de planificar la asistencia sanitaria. La solución a la falta de pediatras en Cistierna no puede consistir en dejar sin una de sus especialistas a La Bañeza; es una política de parches que perjudica a todas las comarcas y que demuestra el absoluto fracaso de la gestión sanitaria del Gobierno de Mañueco”, ha denunciado.

Rubio ha advertido de que la situación resulta todavía más preocupante en pleno verano, cuando aumenta la población infantil de la comarca y, con ella, la demanda asistencial.

“No es admisible que las familias tengan que esperar más de tres semanas para una consulta pediátrica mientras la Junta sigue sin cubrir las vacantes. Estamos hablando de la atención sanitaria de niños y niñas, un servicio esencial que merece estabilidad, planificación y recursos suficientes”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Bañeza, Rodolfo Sánchez, ha criticado que la Junta continúe resolviendo la falta de profesionales trasladando médicos de un municipio a otro.

Por todo ello, los socialistas han reclamado la restitución inmediata del segundo pediatra en La Bañeza, así como la adopción de medidas que garanticen una cobertura estable tanto en este municipio como en el resto de las zonas básicas de salud de la provincia.

El PSOE de León reivindica el papel de sus siglas como impulsoras de los avances en igualdad al tiempo que reclama a la Junta de Castilla y León que abandone su bloqueo y apruebe una ley autonómica LGTBI que garantice la protección efectiva de los derechos del colectivo. Así lo señalaron la portavoz provincial socialista, Lucía de Castro, y el secretario de Políticas LGTBI+, José Manuel Rubio, a la hora de presentar sus propuestas en defensa de los derechos del colectivo con motivo de la celebración del Orgullo 2026.

“Estamos en un momento de avance y de orgullo gracias al Gobierno de España, que bajo liderazgo socialista ha consolidado nuestro país como un referente internacional en la conquista de derechos, blindando la igualdad real, protegiendo la diversidad y persiguiendo con firmeza toda la discriminación y los delitos de odio”, señaló Lucía de Castro sin dejar de alertar del riesgo de retroceso en esta materia que, a su entender, suponen las políticas impulsadas por fuerzas de derecha y de ultraderecha.

Así, la portavoz socialista criticó la ausencia de legislación autonómica específica en Castilla y León. “No tenemos todavía”, recriminó, “una ley LGTBI propia y este abandono no es casual ni anecdótico, sino que responde a una estrategia política”. En este sentido, ha advertido de que “cuando el PP y Vox quitan la bandera arcoíris de un balcón, cuando eliminan el concepto de identidad de género de las leyes o cuando suprimen concejalías de igualdad y diversidad, no están haciendo algo anecdótico, sino que están preparando el terreno para una era de recortes mayores”.

Por su parte, José Manuel Rubio puso el foco en la realidad que vive el colectivo en la provincia de León, especialmente en el medio rural. “Que tengamos que estar hablando en pleno 2026 de que las y los jóvenes de esta provincia tengan que irse de sus pueblos o de sus ciudades porque no pueden vivir plenamente su identidad de género o su diversidad sexual es algo que nos sigue sorprendiendo e indignando”, censuró.

El responsable socialista considera que León es una provincia diversa. Y aboga por adaptar las políticas públicas a esa realidad. “Desde el PSOE de León siempre hemos defendido que la libertad no tiene que ver con el código postal. Independientemente de dónde vivas, tienes que tener los mismos derechos y la misma libertad”, afirmó.

Rubio coincidió en remarcar la necesidad de que Castilla y León cuente con una ley autonómica LGTBI que permita conocer mejor la realidad del colectivo y combatir situaciones de discriminación y violencia. Según ha recordado, en 2024 se registraron 12 delitos e incidentes de odio en la provincia de León y 93 en el conjunto de Castilla y León. “Para nosotros”, expuso, “esos datos son solo la punta del iceberg. Nos preocupa especialmente todo aquello que no sabemos y no conocemos, todas las personas que no llegan a denunciar”.

Asimismo, el responsable de Políticas LGTBI+ del PSOE provincial ha destacado las iniciativas que la formación está impulsando en distintos municipios leoneses mediante la presentación de mociones contra la LGTBIfobia y en defensa de la igualdad y la diversidad. Estas propuestas, adaptadas a las necesidades de cada territorio, ya se han registrado en ayuntamientos como Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza o Villablino.

Constan también entre las medidas defendidas por los socialistas el refuerzo de la formación del personal educativo, sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de diversidad y delitos de odio, así como una mayor implicación de todas las administraciones públicas en la defensa de los derechos del colectivo.

“Mientras el Partido Socialista pide avances, leyes y libertades, tenemos a un Partido Popular ausente, un Partido Popular que ni está ni se le espera”, ha concluido José Manuel Rubio. El PSOE de León anima a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas con motivo del Orgullo, especialmente en la manifestación convocada por la Asociación León con Orgullo, que tendrá lugar este próximo sábado, 27 de junio, en la capital de la provincia.

Finalmente, los socialistas animaron a la ciudadanía leonesa a participar en las actividades organizadas con motivo del Orgullo y, especialmente, en la manifestación convocada por la Asociación León con Orgullo, que se celebrará el próximo sábado 27 de junio en la capital leonesa.

Apenas unas horas después de inaugurar la temporada de peligro alto de incendios forestales, y apenas unos minutos tras tomar posesión el nuevo Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, bajo presidencia del popular Alfonso Álvarez Mañueco, ha habido un primer golpe de mano prioritario y sorpresa que acaba con una estructura de varios años al frente de la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León. Todo ello después de que el pasado verano ardiera la Comunidad en extensión jamás igualada pero, sin embargo, sin que hubiera ninguna responsabilidad política por aquel desastre sin parangón histórico.

Ha bastado poco más de una hora desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con toda su reestructuración tras el pacto reeditado de PP y Vox, para que el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos miembros haya acordado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se trata de un área de nuevo impulso al frente del cual han nombrado a Ángel Manuel Sánchez Martín, hasta ahora en un escalafón inmediatamente interior como jefe del Servicio de Defensa/Incendios Forestales, que dependía de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Sánchez, con este ascenso directo, se convierte así en el primer alto cargo técnico del nuevo organigrama de todo el Gobierno autonómico, en este caso de una Consejería de Medio Ambiente. El movimiento, muy evidente de cara a la galería, aparece como un refuerzo del mando de todo el operativo contra los siniestros forestales en las nueve provincias, cuando sin embargo en el casi último año desde el tráfico agosto de 2025 no se había adoptado reorganización alguna en la Consejería, ni mucho menos ninguna responsabilidad política ni técnica por el desastre. Un desastre que, tan sólo en la provincia de León, supuso que se calcinaran 135.500 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y decenas de pueblos y viviendas quemados, aparte de casi el 10% de la superficie forestal arrasada. Tras meses sin cifra oficial, la Junta redujo el impacto a 112.500 hectáreas, aún así una cifra sin parangón histórico

Así, Sánchez Martín deja de ser la mano derecha del todavía director general de Patrimonio Natural en funciones, el polémico José Ángel Arranz, para situarse a su mismo nivel y descargar a este de años de responsabilidad funcionarial y política. Fueron miles las exigencias de dimisión contra Arranz y su jefe político, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios de 2025, pero Mañueco mantuvo intacta su presencia (“Sí, le apoyo”, dijo tajante) y toda la estructura. “Mi responsabilidad es el trabajo, no el abandono ni la huida”, defendió Quiñones en la única comparecencia en las Cortes, la cual tuvo que forzar la oposición en bloque, que también aprobó su reprobación parlamentaria.

Hasta hoy, primer día del nuevo Gobierno. Es decir, justo cuando en esta misma jornada Suárez-Quiñones abandonaba la cartera de Medio Ambiente, que ocupaba desde hace más de una década, al tomar posesión, por designación de Mañueco, como máximo responsable de una nueva superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. La nueva consejera medioambiental, con menos competencias que su antecesor -por ejemplo Caza o Pesca se va a una consejería de Vox- será María González Corral.

Un 'hombre de la casa'

Según a explicado la Junta en un escueto comunicado, el nombramiento que da un bandazo inicial a la Consejería, pretende “reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España”.

El nuevo responsable de este departamento específico de incendios forestales es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid y ha desempeñado diferentes labores vinculadas con los operativos de prevención y extinción de incendios en Castilla y León desde 2003, por lo que es un 'hombre de la casa'.

Asume la Junta en su comunicado que los incendios forestales son “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival”; y que la “intensidad, virulencia y capacidad destructiva” de los incendios “es cada vez mayor”. De ahí que se pretende “reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas”, ha añadido la Junta.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

El 'defensor del pueblo' autonómico, Procurador del Común de Castilla y León, tramitó durante el pasado año un total de 6.267 expedientes, frente a los 5.886 del año anterior, impulsado principalmente por las reclamaciones relacionadas con una planta de incineración de biomasa como epicentro de la Red de Calor de la Junta en León capital, que acapararon casi la mitad de las quejas (cerca de 3.000), y por la reducción de consultas de Pediatría en el centro de salud de Cistierna.

El informe anual de la institución, entregado este viernes por el Procurador del Común en funciones desde hace años, Tomás Quintana, al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, refleja que de esos 6.267 expedientes, 4.078 correspondieron a 17 quejas múltiples, es decir, reclamaciones presentadas por numerosos ciudadanos sobre un mismo asunto.

De ahí que la actuación que generó un mayor volumen de expedientes fue la oposición al proyecto de instalación de la macroplanta de incineración de la llamada Red de Calor del barrio leonés de Puente Castro, con una instalación de quema de biomasa, nitrógeno verde y placas solares. Sólo esta iniciativa, con gran contestación vecinal del sur de la ciudad, motivó 2.962 reclamaciones.

Curiosamente, esta iniciativa se archivó al haber tenido conocimiento la institución de que se habían interpuesto recursos judiciales, contencioso-administrativos, tanto frente a la concesión demanial de los terrenos por el Ayuntamiento a la empresa pública Somacyl como frente a la declaración de la Junta como Proyecto de Interés Regional y a la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Es decir, que las casi 3.000 quejas se quedaron finalmente en nada.

Fue seguida en segundo lugar por las 476 relacionadas con la gran protesta social de la reducción de consultas de Pediatría en Cistierna, en la Montaña Oriental de León. También destacaron las 248 quejas por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) debido al riesgo de incendios, así como diversas reclamaciones vinculadas a procesos de reclasificación profesional de empleados públicos.

Gran presencia de Castrocalbón

Más allá de las reclamaciones ciudadanas, el Procurador del Común inició 143 actuaciones de oficio, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por contaminación por nitratos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Buena parte de ellas se produjeron por un goteo de asuntos diferentes en el municipio de Castrocalbón, también en la provincia leonesa.

Entre las iniciativas destacadas figuran actuaciones para mejorar las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida, la adaptación de aseos públicos para personas ostomizadas y el análisis de la futura gestión de residuos procedentes de instalaciones fotovoltaicas cuando alcancen el final de su vida útil.

Por áreas, la Administración local volvió a concentrar el mayor número de quejas, con 504, seguida de Fomento (294), Empleo Público (238), Sanidad y Consumo (230) y Medio Ambiente (223).

El informe también refleja que la institución dictó 1.333 resoluciones durante el pasado ejercicio. De ellas, 1.103 incluyeron recomendaciones o sugerencias a las administraciones afectadas, con un grado de aceptación del 84,39 %, una cifra similar a la registrada en ejercicios anteriores.

La Consejería de Sanidad volvió a ser el departamento autonómico que acumuló más reclamaciones, con 259, seguida por Educación (148) y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (97). El informe será debatido en un próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León en una fecha aún por determinar, una vez que tome posesión el nuevo Gobierno.