UPL ha conseguido este viernes el apoyo del PSOE para que las Cortes de Castilla y León impulsen la búsqueda de una fórmula que permita a los trenes de Feve llegar de nuevo a la estación de Matallana de León, después de quince años sin servicio ferroviario en el centro de la ciudad. La proposición no de ley (PNL) presentada por el partido leonesista ha salido adelante con los votos favorables de UPL y PSOE y la abstención de PP y Vox, por lo que continuará su tramitación.

La iniciativa plantea la creación de un consorcio en el que participe la Junta de Castilla y León para asumir la gestión de la infraestructura de Adif correspondiente al tramo urbano de la antigua Feve y recuperar la llegada del tren hasta Matallana. También propone incorporar el tramo entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León.

El texto finalmente aprobado incorpora además una modificación planteada por el PP para que previamente se constituya una mesa técnica que estudie cuál es la fórmula técnica y jurídica más adecuada. UPL rechazó sustituir su propuesta por la enmienda 'popular', pero aceptó incorporar este punto a la iniciativa, lo que permitió que PP y Vox optaran finalmente por la abstención en lugar de votar en contra.

El debate volvió a poner sobre la mesa los quince años de interrupción del servicio ferroviario. El procurador de UPL Luis Mariano Santos habló de un periodo de “frustración y desesperanza” y repartió responsabilidades entre los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE por una conexión que sigue sin llegar al centro de León desde 2011.

“Pueden echarse la culpa unos a otros. La culpa es repartida”, señaló Santos, que defendió que la propuesta del consorcio no nace únicamente de UPL, sino de la Plataforma en Defensa de Feve y de la sociedad civil leonesa. “Yo vengo a hablar de una posible solución”, sostuvo, reclamando a las administraciones que se sienten juntas y busquen una salida.

PP y Vox rechazan que la Junta asuma la infraestructura

El PP compartió con UPL el objetivo de recuperar el tren hasta Matallana, pero rechazó la fórmula planteada por los leonesistas. La procuradora popular María José Álvarez defendió que “el tren tiene que volver al centro” y que debe hacerlo “sin trasbordos innecesarios y sin parches de sustituir vías por autobuses” como plantea el Ministerio de Transportes, pero consideró que trasladar a la Junta la infraestructura de Adif sería “jurídicamente inviable” y un “error político”.

Los 'populares' sostuvieron que la responsabilidad corresponde al Gobierno central y plantearon en su lugar reclamar la creación de una mesa técnica con Adif y Renfe, con participación activa de la Junta, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, para estudiar las alternativas que permitan recuperar la conexión.

La posición de Vox fue similar. Su procuradora Laura Dorreis afirmó que Feve “tiene que volver a llegar a la estación de Matallana” y reconoció su importancia para la vertebración territorial y para los habitantes de los pueblos de la línea, pero rechazó que la Junta asuma una competencia estatal. “Compartir el objetivo no significa compartir la fórmula”, resumió.

El PSOE respalda el consorcio como una “oportunidad”

El PSOE votó a favor de la propuesta. Su procurador Benjamín Fernández consideró que la creación de un consorcio puede representar “una oportunidad” para desbloquear la situación y reprochó al PP que plantee soluciones cuando no tiene las competencias y, al mismo tiempo, rechace fórmulas que requieren la participación de la Junta.

Los socialistas defendieron la importancia de la vía estrecha para la movilidad de los habitantes del norte de la provincia y destacaron su utilidad para acceder a servicios como la sanidad, la Universidad y otras gestiones cotidianas. Fernández sostuvo que la recuperación de la conexión ferroviaria “mejoraría la vida de las personas”.

Santos aprovechó su última intervención para volver a reclamar a los grupos que dejen de utilizar Feve como un enfrentamiento entre administraciones. Al PSOE le reprochó que apoye la iniciativa mientras gobierna en España y le pidió que traslade la reivindicación al ministro de Transportes, Óscar Puente. Al PP le reclamó que tenga “voz propia” más allá de los titulares y a Vox le acusó de hacer “un flaco favor al bipartidismo”.

La Plataforma de Feve lleva la reivindicación a los tribunales

La votación en las Cortes se produce, además, el mismo día en que la Plataforma en Defensa de Feve ha anunciado tres acciones judiciales para reclamar la recuperación de la conexión ferroviaria hasta el centro de León.

El colectivo sostiene que el Convenio Marco firmado en 2010, que debía culminar con la integración de Feve en la ciudad, sigue pendiente de cumplimiento y ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su supuesta inactividad. También ha presentado una querella contra un cargo de la Administración estatal y otro recurso contra el Ayuntamiento de León por su falta de colaboración en el procedimiento.

La plataforma considera que la integración ferroviaria no es un proyecto pendiente de una nueva decisión política, sino un compromiso adquirido hace 16 años que debe ejecutarse. Su portavoz, César Prieto, ha defendido que el proyecto acumula ya más de 40 millones de euros de inversión y ha recordado que han pasado quince años desde que los trenes dejaron de llegar al centro de León.

La iniciativa aprobada ahora por las Cortes no supone todavía que la Junta vaya a asumir la infraestructura, pero sí abre la puerta a estudiar esa posibilidad dentro de una fórmula de colaboración entre administraciones. La cuestión queda así de nuevo sobre la mesa política y judicial mientras la antigua Feve continúa sin recuperar su llegada a Matallana.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó hoy a la Junta una “presión real y permanente” para eliminar los peajes de las autopistas León-Asturias (AP-66) y León -Astorga (AP-71), mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enrocó en las Cortes en que lleva años reclamando al Gobierno la liberalización de estas autopistas y que la Junta pondrá en marcha algunas bonificaciones para usuarios habituales de la Comunidad.

El enfrentamiento se produjo este jueves durante una sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que la portavoz y líder de UPL, Alicia Gallego, reclamó a Mañueco una actuación más contundente ante el Gobierno de España para acabar con los peajes que afectan a las conexiones de León con Asturias y con Astorga.

Gallego recordó que UPL ha defendido de forma reiterada la liberalización de la autopista del Huerna y la León-Astorga y que dos iniciativas de la formación fueron aprobadas por unanimidad en las Cortes en 2021 y 2024. A su juicio, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han mantenido una situación que perjudica económica y demográficamente a León, mientras otras autopistas del país han quedado libres de peaje.

La procuradora leonesista puso especialmente el foco en la AP-71, al considerar “un absurdo diario” que exista una autopista de peaje con poco tráfico mientras la N-120 soporta una elevada circulación de vehículos pesados. Según defendió, esta situación incrementa el riesgo de accidentes y perjudica a las comarcas situadas en el eje León-Astorga.

Respecto a la AP-66, Gallego denunció el coste que supone atravesar la Cordillera por una autopista cuyo peaje, según recordó, debería haber desaparecido en 2021 y cuya concesión prolongó el Gobierno popular de Aznar hasta octubre de 2050.

También se sumó a las críticas de las condiciones actuales de la infraestructura, después del desprendimiento ocurrido en 2024 y las posteriores obras de modernización de los túneles, que han provocado restricciones y desvíos mientras los usuarios continúan abonando íntegramente el peaje. Asturias ha puesto en marcha una multa a Aucalsa, la empresa concesionaria, algo que Castilla y León dice no descartar pero no impulsa.

UPL reclamó además que, mientras no se produzca la liberalización definitiva, la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica que cubran íntegramente el coste de los peajes para los usuarios afectados. Gallego reclamó igualmente inspecciones y, si fuera necesario, sanciones a la concesionaria para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Mañueco insistió en la necesidad de eliminar los peajes, aunque rechazó que la Junta haya permanecido inactiva. “Ha sido constante la reclamación que le hemos hecho al Gobierno de España en la supresión de los peajes”, afirmó el presidente autonómico, que aseguró haber trasladado personalmente esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos ministros.

El presidente de la Junta aseguró además que Castilla y León ha trabajado “codo con codo” con los gobiernos de Asturias y Galicia para reclamar al Ejecutivo central que atienda el dictamen de la Unión Europea sobre los peajes. “Creo que es importante la liberalización de los peajes. En eso coincidimos y no pasa nada”, señaló Mañueco en respuesta a Gallego.

Mañueco amplió, no obstante, la reivindicación al conjunto de las autopistas de peaje que afectan a Castilla y León. “Desde Castilla y León reclamamos la supresión de los peajes, de todos los peajes, no solo de algunos peajes”, sostuvo, y citó además de las conexiones León-Asturias y León-Astorga otras vías de pago como las conexiones con Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia.

El presidente autonómico insistió en la promesa de que “vamos a trabajar para que en los presupuestos de 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación”, afirmó. Y finalmente también reclamó a UPL su propia responsabilidad política al pactar en la Diputación de León con el PSOE, como vaticinó que ocurrirá tras las próximas elecciones municipales: “Ustedes serán el sostén indudable del Partido Socialista que es quien está sosteniendo los peajes de la provincia de León y de nuestra Comunidad autónoma”, concluyó.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechará el regreso esta semana de la actividad parlamentaria a las Cortes de Castilla y León tras el parón veraniego para poner sobre la mesa varios de los asuntos pendientes de la Junta con la provincia. Los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71, los retrasos en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y la situación de la sanidad en la Región leonesa protagonizarán las tres preguntas orales que la formación dirigirá al Gobierno autonómico en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, se dirigirá directamente al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para preguntarle si considera que su Gobierno ha sido “suficientemente proactivo” para conseguir la eliminación de los peajes de la AP-66 y la AP-71, dos de las principales conexiones por carretera de la provincia de León.

Los leonesistas vuelven así a llevar al Parlamento autonómico una reivindicación histórica de la formación. En su iniciativa, UPL pone especialmente el foco en la autopista con Asturias y recuerda la posición de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión del peaje para cuestionar las actuaciones realizadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.

Otro de los asuntos será el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. El procurador Luis Mariano Santos preguntará a la nueva consejera de Educación, María Pardo, si considera que la Junta ha actuado “con la diligencia exigible” para sacar adelante una infraestructura que acumula numerosos retrasos.

Según recuerda UPL, las actuales previsiones sitúan su puesta en funcionamiento, como pronto, en el curso 2027/2028, lo que para la formación supondría que el nuevo edificio llegaría con “casi dos décadas de retraso” respecto a los compromisos adquiridos para sustituir las actuales instalaciones.

La tercera pregunta tendrá como protagonista a la sanidad pública en la Región Leonesa. Rosa Quintanilla, nueva procuradora de UPL en las Cortes, interpelará al consejero de Sanidad para conocer la valoración que hace el Gobierno autonómico de su gestión sanitaria durante los últimos meses en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Los leonesistas consideran que los problemas sanitarios en estos territorios persisten pese a haber sido planteados reiteradamente ante la Junta.

Feve vuelve también a las Cortes

El regreso parlamentario tendrá además Feve como otro de los asuntos leoneses destacados. UPL utilizará la única Proposición No de Ley (PNL) de la que dispondrá el Grupo Mixto en este periodo de sesiones para plantear una solución que permita recuperar la integración ferroviaria en la capital leonesa.

La propuesta pide a la Junta que impulse la creación de un consorcio que permita a la Administración autonómica asumir la infraestructura de Adif correspondiente al tramo tranviario de la antigua Feve y posibilitar así la integración de la línea ferroviaria-tranviaria dentro de León hasta la estación de Matallana.

La iniciativa plantea además incorporar el recorrido entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León. UPL tiene previsto explicar este miércoles con mayor detalle su propuesta antes de defenderla el viernes en las Cortes.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para pedir explicaciones a la Junta de Castilla y León por la instalación de un dispositivo de monitorización en uno de los ábsides románicos de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado de León, una actuación que requirió perforar sillares del templo, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1973.

La polémica dio un giro después de que, en un primer momento, la propia Junta requiriese al Obispado de León la retirada del aparato instalado en el exterior del templo de la Plaza del Grano. Pocas horas más tarde, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte terminó admitiendo que la intervención había partido de la propia Administración autonómica, responsable precisamente de velar por la conservación del patrimonio.

La Diócesis de León aseguró además que desconocía la actuación y que ni la parroquia ni el Obispado habían promovido o participado en la instalación. En un comunicado precisó que tampoco había tenido “conocimiento detallado del proyecto”, al tiempo que reivindicó su colaboración histórica con las administraciones encargadas de la protección del patrimonio diocesano. Y eso a pesar del largo listado de daños causados en este templo y nunca comunicados a las autoridades, aunque siempre sin sanción alguna de la Junta.

UPL considera especialmente grave que la intervención se ejecutase, según la información conocida hasta ahora, sin comunicación previa ni al propietario del inmueble ni al propio Servicio Territorial de Cultura de León, que se ha visto primero abocado a rectificar y después desdicho por el propio consejero, José Ramón Sola, elegido por Vox. La instalación habría sido impulsada directamente por la Consejería dentro del programa KHN (Knowledge Heritage Network).

Las preguntas

Los leonesistas quieren saber por qué la Junta consideró adecuado colocar el dispositivo precisamente sobre un ábside románico de un inmueble protegido, cuando para fijarlo era necesario perforar la piedra. También preguntan por el daño causado al monumento y por el impacto visual de la instalación.

La formación reclama igualmente una valoración de la Consejería sobre la falta de comunicación previa con la Diócesis de León y con el Servicio Territorial de Cultura. Este último llegó inicialmente a anunciar el envío de un técnico para “evaluar qué pasa, hacer fotos y valorar los hechos”, antes de trascender que la instalación procedía de la propia estructura de la Junta.

Tras la controversia, la Consejería de Cultura anunció que retiraría el dispositivo y buscaría otra ubicación para el sistema de medición. UPL cuestiona ahora que la Administración autonómica haya realizado una actuación de este tipo sobre un bien cuya conservación y protección se encuentran precisamente entre sus competencias.

La iglesia de Nuestra Señora del Mercado, en la querida y tradicional Plaza del Grano, es uno de los principales templos históricos de la ciudad y cuenta con una doble protección patrimonial: además de su declaración como Bien de Interés Cultural, se encuentra vinculada al Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El episodio se suma, además, a anteriores polémicas por intervenciones poco cuidadosas en este templo románico de la Plaza del Grano, donde en otras ocasiones se han instalado diferentes elementos directamente sobre sus fábricas históricas. En esta ocasión, sin embargo, la responsabilidad reconocida de la actuación corresponde a la propia Administración encargada de protegerlas.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido este sábado a la Junta que cumpla con el mandato de las Cortes de Castilla y León y cree unidades de Reproducción Asistida completas en los hospitales de León y Salamanca, ha informado la formación leonesista en un comunicado.

Los leonesistas registraron recientemente en las Cortes una batería de preguntas para conocer las acciones que está realizando o tiene previsto de desarrollar la Junta para que estas unidades sean una realidad, y reclaman plazos y calendario para la puesta en marcha de ambos servicios.

La formación ha recordado que en marzo de 2025 el pleno de las Cortes aprobó, dentro del debate de política general de la comunidad, una propuesta de resolución presentada por UPL, que instaba a la Junta a Impulsar la creación de Unidades de Reproducción Asistida completas en los Complejos Hospitalarios de Salamanca y León.

En este aspecto, en el caso concreto de León, se solicitaba la creación de esta Unidad para evitar con ello que las mujeres de la provincia tuvieran que seguir trasladándose a Valladolid a recibir este tratamiento al poseer dos unidades de reproducción asistida (una en el Hospital Clínico y otra en el Río Hortega).

Lo mismo para Salamanca, donde se estima que son unas doscientas las mujeres que se derivan cada año a Valladolid para poder continuar con su tratamiento de fecundación in vitro, dado que el Complejo Hospitalario de Salamanca carece de una Unidad de Reproducción Asistida completa con laboratorio de fecundación un vitro.

A juicio de UPL, son numerosos los traslados que podrían ahorrarse leonesas y salmantinas, y “no exigiría de grandes inversiones”.

La formación se ha lamentado que a pesar de la aprobación de la medida hace ya año y medio, la Junta todavía no ha planteado un calendario para ejecutar un compromiso que también beneficiaría a las mujeres del norte de la provincia de Zamora, que reducirían la distancia a recorrer y tiempos de viaje para los tratamientos, al tener más cerca León que Valladolid.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) preguntará a la Junta de Castilla y León si va a imponer sanciones a la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista AP-66 León-Asturias, tal y como ya ha anunciado que va a hacer el Principado de Asturias, por cobrar la tarifa íntegra a los usuarios de esta autopista que une León y Asturias a pesar de que gran parte de su trazado se encuentra en obras.

La formación leonesista ha informado, a través de un comunicado, que así lo ha hecho a través de una batería de preguntas registrada en las Cortes, tras anunciar Asturias las sanciones, al considerar que los usuarios pagan todo el peaje a pesar del cierre de carriles y desvíos que implican una importante reducción de velocidad en diversos tramos y un notable incremento de los tiempos de recorrido. De este modo, se tendrán que pronunciar en un debate parlamentario las dos partes del Gobierno de Castilla y León, por un lado el PP y por otro Vox. De momento, la Junta se ha limitado a ver “razonable” una rebaja del peaje en el transcurso de las obras, pero sin ir más allá en sus decisiones.

Una situación que, a juicio de UPL, está generando un claro perjuicio a la Región Leonesa, más cuando en pleno verano son muchos los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca que se dirigen a Asturias a pasar sus vacaciones estivales, a los que habría que añadir los que lo hacen por cuestiones laborales.

Los leonesistas han recordado que la tarifa normal en esta autopista para turismos es de 16'20 euros, un precio que consideran abusivo para una autopista de 78 kilómetros de longitud que actualmente se ve reducida, además, a una vía de un sólo carril por sentido en un número importante de kilómetros debido a las obras.

Por otra parte, UPL ha recordado que a finales de 2025 registró un escrito ante la Fiscalía de León para pedir el cese del peaje en la autopista AP-66 mientras permaneciesen unas obras que impiden una circulación cómoda y segura, por lo que cobrar el peaje supone algo abusivo y su cobro podría estar vulnerando los artículos 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Además, UPL ha subrayado en su iniciativa parlamentaria la ilegalidad de la prórroga de la última concesión de la autopista -que el PP de José Marcía Aznar en el Gobierno alargó de 2021 a 2050-, ilegalidad comunicada por la propia Comisión Europea. A raíz de aquella resolución, las Cortes aprobaron en 2024 una proposición no de ley, también a iniciativa de los leonesitas, para instar al Gobierno de España a que se elimine dicho peaje de manera inmediata.

El posible retorno a Béjar de los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868 para la defensa de Béjar será debatido en las Cortes autonómicas, donde Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del parlamento autonómico. En la iniciativa, los leonesistas reclaman que se ceda a la ciudad de Béjar por parte del Ministerio de Defensa los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868, que actualmente se conservan almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos.

Y es que los cañones de Víctor Gorzo fueron de los principales protagonistas de la ‘Revolución Gloriosa’ de 1868 en la ciudad de Béjar, un episodio histórico destacado en la historia contemporánea bejarana, cuando, en defensa de las libertades, los bejaranos resistieron a las tropas gubernamentales empleando, entre otros medios, cuatro cañones fundidos artesanalmente por Víctor Gorzo, que se convirtió así en símbolo del ingenio y la determinación popular de aquella gesta, dando lugar el éxito de ‘La Gloriosa’ a la primera experiencia democrática contemporánea de España, el conocido como ‘Sexenio Democrático’.

Sin embargo, tal y como apuntan desde UPL en su iniciativa parlamentaria, pese al simbolismo que tuvieron aquellos cañones para la defensa de Béjar, actualmente se conservan lejos de la ciudad bejarana, formando parte de los fondos del Museo del Ejército, en Toledo, donde hoy se conservan como piezas históricas pero almacenados, sin estar siquiera expuestos.

No obstante, para Unión del Pueblo Leonés “su origen inequívocamente bejarano y el significado que tienen para la identidad, la memoria y el patrimonio histórico de la ciudad de Béjar justifican plenamente que estos cañones puedan retornar a Béjar”, planteando que pudiesen trasladarse ya fuese en forma de cesión o en depósito permanente, para su exposición pública “en un espacio museístico o conmemorativo adecuado en Béjar, en que se garanticen las condiciones de seguridad, conservación y divulgación adecuadas para estos cañones”.

En este aspecto, los regionalistas leoneses recuerdan que la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 10/2015 para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, amparan la protección y difusión de los bienes que integran la memoria colectiva de los pueblos, así como la cooperación entre administraciones públicas para garantizar su conservación y puesta en valor, por lo que consideran que “es evidente que los cañones fundidos por Víctor Gorzo para la defensa de Béjar en 1868 suponen un elemento de gran valor para la memoria colectiva del pueblo bejarano, además de constituir elementos de enorme trascendencia para la historia de Béjar”.

Por ello, desde UPL reclaman en las Cortes que se solicite formalmente al Ministerio de Defensa la cesión a la ciudad de Béjar de los mencionados cañones fundidos por Víctor Gorzo en Béjar en 1868 en el contexto de la revolución ‘Gloriosa’, cuyo éxito dio a España su primera experiencia democrática contemporánea, el conocido como ‘Sexenio Democrático’, estando estos cañones actualmente almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos.

Por otro lado, los leonesistas instan en dicha proposición no de ley a que la Junta realice un análisis, junto al Ayuntamiento de Béjar, de los posibles emplazamientos óptimos para la exposición permanente en la ciudad bejarana de los cañones realizados por Víctor Gorzo para la defensa de Béjar en 1868, de cara a plantear emplazamientos concretos al Ministerio al reclamar su cesión en los que se garanticen las condiciones de seguridad, conservación y divulgación adecuadas para estos cañones en la ciudad de Béjar.

Por último, de forma complementaria a dichas peticiones, aunque de manera independientemente al resultado que pudiese tener la petición de devolución de los cañones de Víctor Gorzo a Béjar, desde UPL reclaman al gobierno autonómico que impulse actividades de divulgación sobre el papel que tuvo la ciudad de Béjar en la Revolución de 1868 y los episodios vividos en esta localidad durante la misma.

Una batería de preguntas escritas ha presentado la Unión del Pueblo Leonés en el parlamento autonómico en Valladolid con las que quieren conocer qué actuaciones tiene previstas la Junta para recuperar los territorios afectados y qué medidas contempla para compensar las consecuencias sufridas por la población.UPL pone el foco especialmente en los incendios registrados en Castropodame, Veguellina y Valdelaloba, que considera entre los episodios más graves sufridos por la comarca en las últimas semanas.

La formación leonesista reclama que la recuperación no quede relegada a un segundo plano una vez finalizada la emergencia. En su opinión, los daños provocados por el fuego requieren una respuesta específica y medidas que permitan recuperar el entorno y ayudar a las localidades afectadas.

Pero UPL también demanda un cambio en la estrategia de prevención. Los leonesistas consideran que la lucha contra los incendios no puede concentrarse únicamente en los meses de mayor riesgo y defienden un dispositivo con recursos suficientes los 365 días del año.

En este sentido, exigen un aumento de las brigadas de extinción y una mayor estabilidad para los profesionales que trabajan en ellas, además de una modernización de los vehículos y del material técnico para poder intervenir con garantías en zonas de difícil acceso.

Trabajos de limpieza y mantenimiento todo el año

UPL considera igualmente imprescindible reforzar los trabajos de limpieza, mantenimiento y gestión de los montes durante todo el año. La formación sostiene que la prevención debe comenzar mucho antes de que aparezca el fuego y acusa a la Junta de mantener una inversión “insuficiente y deficiente” en esta materia.

Los leonesistas hablan de una situación de “absoluta indignación y preocupación” ante unos incendios que, aseguran, han dejado a numerosos pueblos en una situación de “total indefensión”.

Para UPL, los incendios de este verano han vuelto a demostrar la necesidad de revisar el modelo de prevención y extinción y de mantener una actuación permanente sobre el territorio. La recuperación de lo quemado y la preparación para el próximo incendio, concluyen, deben formar parte de una misma estrategia.

El PSOE ha denunciado este lunes la nueva situación de precariedad que atraviesa el servicio de pediatría del centro de salud La Bañeza I, después de que la Junta de Castilla y León haya desplazado a una de las dos pediatras del municipio para cubrir una plaza en Cistierna, pero sin sustituir su ausencia.

Esta decisión ha provocado que las familias solo dispongan de una especialista a la que tampoco han derivado pacientes, aunque sí urgencias, y a que se produzcan demoras para obtener una cita ordinaria, una situación que el PSOE ha considerado “absolutamente inaceptable” y que a su juicio vuelve a poner de manifiesto la “incapacidad de la Junta” para planificar la cobertura.

La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León y procuradora, Nuria Rubio, ha anunciado que el Grupo Socialista registrará iniciativas en las Cortes de Castilla y León para exigir explicaciones a la Consejería de Sanidad y reclamar una solución inmediata, han informado fuentes del partido a través de un comunicado.

“La Junta vuelve a enfrentar a unos territorios con otros porque es incapaz de planificar la asistencia sanitaria. La solución a la falta de pediatras en Cistierna no puede consistir en dejar sin una de sus especialistas a La Bañeza; es una política de parches que perjudica a todas las comarcas y que demuestra el absoluto fracaso de la gestión sanitaria del Gobierno de Mañueco”, ha denunciado.

Rubio ha advertido de que la situación resulta todavía más preocupante en pleno verano, cuando aumenta la población infantil de la comarca y, con ella, la demanda asistencial.

“No es admisible que las familias tengan que esperar más de tres semanas para una consulta pediátrica mientras la Junta sigue sin cubrir las vacantes. Estamos hablando de la atención sanitaria de niños y niñas, un servicio esencial que merece estabilidad, planificación y recursos suficientes”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Bañeza, Rodolfo Sánchez, ha criticado que la Junta continúe resolviendo la falta de profesionales trasladando médicos de un municipio a otro.

Por todo ello, los socialistas han reclamado la restitución inmediata del segundo pediatra en La Bañeza, así como la adopción de medidas que garanticen una cobertura estable tanto en este municipio como en el resto de las zonas básicas de salud de la provincia.

El PSOE de León reivindica el papel de sus siglas como impulsoras de los avances en igualdad al tiempo que reclama a la Junta de Castilla y León que abandone su bloqueo y apruebe una ley autonómica LGTBI que garantice la protección efectiva de los derechos del colectivo. Así lo señalaron la portavoz provincial socialista, Lucía de Castro, y el secretario de Políticas LGTBI+, José Manuel Rubio, a la hora de presentar sus propuestas en defensa de los derechos del colectivo con motivo de la celebración del Orgullo 2026.

“Estamos en un momento de avance y de orgullo gracias al Gobierno de España, que bajo liderazgo socialista ha consolidado nuestro país como un referente internacional en la conquista de derechos, blindando la igualdad real, protegiendo la diversidad y persiguiendo con firmeza toda la discriminación y los delitos de odio”, señaló Lucía de Castro sin dejar de alertar del riesgo de retroceso en esta materia que, a su entender, suponen las políticas impulsadas por fuerzas de derecha y de ultraderecha.

Así, la portavoz socialista criticó la ausencia de legislación autonómica específica en Castilla y León. “No tenemos todavía”, recriminó, “una ley LGTBI propia y este abandono no es casual ni anecdótico, sino que responde a una estrategia política”. En este sentido, ha advertido de que “cuando el PP y Vox quitan la bandera arcoíris de un balcón, cuando eliminan el concepto de identidad de género de las leyes o cuando suprimen concejalías de igualdad y diversidad, no están haciendo algo anecdótico, sino que están preparando el terreno para una era de recortes mayores”.

Por su parte, José Manuel Rubio puso el foco en la realidad que vive el colectivo en la provincia de León, especialmente en el medio rural. “Que tengamos que estar hablando en pleno 2026 de que las y los jóvenes de esta provincia tengan que irse de sus pueblos o de sus ciudades porque no pueden vivir plenamente su identidad de género o su diversidad sexual es algo que nos sigue sorprendiendo e indignando”, censuró.

El responsable socialista considera que León es una provincia diversa. Y aboga por adaptar las políticas públicas a esa realidad. “Desde el PSOE de León siempre hemos defendido que la libertad no tiene que ver con el código postal. Independientemente de dónde vivas, tienes que tener los mismos derechos y la misma libertad”, afirmó.

Rubio coincidió en remarcar la necesidad de que Castilla y León cuente con una ley autonómica LGTBI que permita conocer mejor la realidad del colectivo y combatir situaciones de discriminación y violencia. Según ha recordado, en 2024 se registraron 12 delitos e incidentes de odio en la provincia de León y 93 en el conjunto de Castilla y León. “Para nosotros”, expuso, “esos datos son solo la punta del iceberg. Nos preocupa especialmente todo aquello que no sabemos y no conocemos, todas las personas que no llegan a denunciar”.

Asimismo, el responsable de Políticas LGTBI+ del PSOE provincial ha destacado las iniciativas que la formación está impulsando en distintos municipios leoneses mediante la presentación de mociones contra la LGTBIfobia y en defensa de la igualdad y la diversidad. Estas propuestas, adaptadas a las necesidades de cada territorio, ya se han registrado en ayuntamientos como Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza o Villablino.

Constan también entre las medidas defendidas por los socialistas el refuerzo de la formación del personal educativo, sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de diversidad y delitos de odio, así como una mayor implicación de todas las administraciones públicas en la defensa de los derechos del colectivo.

“Mientras el Partido Socialista pide avances, leyes y libertades, tenemos a un Partido Popular ausente, un Partido Popular que ni está ni se le espera”, ha concluido José Manuel Rubio. El PSOE de León anima a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas con motivo del Orgullo, especialmente en la manifestación convocada por la Asociación León con Orgullo, que tendrá lugar este próximo sábado, 27 de junio, en la capital de la provincia.

Finalmente, los socialistas animaron a la ciudadanía leonesa a participar en las actividades organizadas con motivo del Orgullo y, especialmente, en la manifestación convocada por la Asociación León con Orgullo, que se celebrará el próximo sábado 27 de junio en la capital leonesa.

Apenas unas horas después de inaugurar la temporada de peligro alto de incendios forestales, y apenas unos minutos tras tomar posesión el nuevo Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, bajo presidencia del popular Alfonso Álvarez Mañueco, ha habido un primer golpe de mano prioritario y sorpresa que acaba con una estructura de varios años al frente de la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León. Todo ello después de que el pasado verano ardiera la Comunidad en extensión jamás igualada pero, sin embargo, sin que hubiera ninguna responsabilidad política por aquel desastre sin parangón histórico.

Ha bastado poco más de una hora desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con toda su reestructuración tras el pacto reeditado de PP y Vox, para que el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos miembros haya acordado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se trata de un área de nuevo impulso al frente del cual han nombrado a Ángel Manuel Sánchez Martín, hasta ahora en un escalafón inmediatamente interior como jefe del Servicio de Defensa/Incendios Forestales, que dependía de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Sánchez, con este ascenso directo, se convierte así en el primer alto cargo técnico del nuevo organigrama de todo el Gobierno autonómico, en este caso de una Consejería de Medio Ambiente. El movimiento, muy evidente de cara a la galería, aparece como un refuerzo del mando de todo el operativo contra los siniestros forestales en las nueve provincias, cuando sin embargo en el casi último año desde el tráfico agosto de 2025 no se había adoptado reorganización alguna en la Consejería, ni mucho menos ninguna responsabilidad política ni técnica por el desastre. Un desastre que, tan sólo en la provincia de León, supuso que se calcinaran 135.500 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y decenas de pueblos y viviendas quemados, aparte de casi el 10% de la superficie forestal arrasada. Tras meses sin cifra oficial, la Junta redujo el impacto a 112.500 hectáreas, aún así una cifra sin parangón histórico

Así, Sánchez Martín deja de ser la mano derecha del todavía director general de Patrimonio Natural en funciones, el polémico José Ángel Arranz, para situarse a su mismo nivel y descargar a este de años de responsabilidad funcionarial y política. Fueron miles las exigencias de dimisión contra Arranz y su jefe político, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios de 2025, pero Mañueco mantuvo intacta su presencia (“Sí, le apoyo”, dijo tajante) y toda la estructura. “Mi responsabilidad es el trabajo, no el abandono ni la huida”, defendió Quiñones en la única comparecencia en las Cortes, la cual tuvo que forzar la oposición en bloque, que también aprobó su reprobación parlamentaria.

Hasta hoy, primer día del nuevo Gobierno. Es decir, justo cuando en esta misma jornada Suárez-Quiñones abandonaba la cartera de Medio Ambiente, que ocupaba desde hace más de una década, al tomar posesión, por designación de Mañueco, como máximo responsable de una nueva superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. La nueva consejera medioambiental, con menos competencias que su antecesor -por ejemplo Caza o Pesca se va a una consejería de Vox- será María González Corral.

Un 'hombre de la casa'

Según a explicado la Junta en un escueto comunicado, el nombramiento que da un bandazo inicial a la Consejería, pretende “reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España”.

El nuevo responsable de este departamento específico de incendios forestales es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid y ha desempeñado diferentes labores vinculadas con los operativos de prevención y extinción de incendios en Castilla y León desde 2003, por lo que es un 'hombre de la casa'.

Asume la Junta en su comunicado que los incendios forestales son “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival”; y que la “intensidad, virulencia y capacidad destructiva” de los incendios “es cada vez mayor”. De ahí que se pretende “reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas”, ha añadido la Junta.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

El 'defensor del pueblo' autonómico, Procurador del Común de Castilla y León, tramitó durante el pasado año un total de 6.267 expedientes, frente a los 5.886 del año anterior, impulsado principalmente por las reclamaciones relacionadas con una planta de incineración de biomasa como epicentro de la Red de Calor de la Junta en León capital, que acapararon casi la mitad de las quejas (cerca de 3.000), y por la reducción de consultas de Pediatría en el centro de salud de Cistierna.

El informe anual de la institución, entregado este viernes por el Procurador del Común en funciones desde hace años, Tomás Quintana, al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, refleja que de esos 6.267 expedientes, 4.078 correspondieron a 17 quejas múltiples, es decir, reclamaciones presentadas por numerosos ciudadanos sobre un mismo asunto.

De ahí que la actuación que generó un mayor volumen de expedientes fue la oposición al proyecto de instalación de la macroplanta de incineración de la llamada Red de Calor del barrio leonés de Puente Castro, con una instalación de quema de biomasa, nitrógeno verde y placas solares. Sólo esta iniciativa, con gran contestación vecinal del sur de la ciudad, motivó 2.962 reclamaciones.

Curiosamente, esta iniciativa se archivó al haber tenido conocimiento la institución de que se habían interpuesto recursos judiciales, contencioso-administrativos, tanto frente a la concesión demanial de los terrenos por el Ayuntamiento a la empresa pública Somacyl como frente a la declaración de la Junta como Proyecto de Interés Regional y a la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Es decir, que las casi 3.000 quejas se quedaron finalmente en nada.

Fue seguida en segundo lugar por las 476 relacionadas con la gran protesta social de la reducción de consultas de Pediatría en Cistierna, en la Montaña Oriental de León. También destacaron las 248 quejas por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) debido al riesgo de incendios, así como diversas reclamaciones vinculadas a procesos de reclasificación profesional de empleados públicos.

Gran presencia de Castrocalbón

Más allá de las reclamaciones ciudadanas, el Procurador del Común inició 143 actuaciones de oficio, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por contaminación por nitratos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Buena parte de ellas se produjeron por un goteo de asuntos diferentes en el municipio de Castrocalbón, también en la provincia leonesa.

Entre las iniciativas destacadas figuran actuaciones para mejorar las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida, la adaptación de aseos públicos para personas ostomizadas y el análisis de la futura gestión de residuos procedentes de instalaciones fotovoltaicas cuando alcancen el final de su vida útil.

Por áreas, la Administración local volvió a concentrar el mayor número de quejas, con 504, seguida de Fomento (294), Empleo Público (238), Sanidad y Consumo (230) y Medio Ambiente (223).

El informe también refleja que la institución dictó 1.333 resoluciones durante el pasado ejercicio. De ellas, 1.103 incluyeron recomendaciones o sugerencias a las administraciones afectadas, con un grado de aceptación del 84,39 %, una cifra similar a la registrada en ejercicios anteriores.

La Consejería de Sanidad volvió a ser el departamento autonómico que acumuló más reclamaciones, con 259, seguida por Educación (148) y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (97). El informe será debatido en un próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León en una fecha aún por determinar, una vez que tome posesión el nuevo Gobierno.

Alicia Gallego, la nueva portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, integrados en el Grupo Mixto en esta nueva legislatura, ha esbozado una contundente crítica contra el nuevo Gobierno de PP y Vox liderado una vez más por Alfonso Fernández Mañueco. La dirigente leonesista ha calificado como “papel mojado” el pacto de legislatura entre PP y Vox y ha reprochado al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que parece actuar por miedo. Llegó a considerar el pacto un mero reparto de “unas sillas y poco más”.

“Lo que se deduce de este pacto es una cuestión gris, una cuestión de miedo y sobre todo poco ilusionante”, ha criticado la portavoz parlamentaria de UPL, Alicia Gallego, en el hemiciclo de las Cortes autonómicas, donde ha criticado que las 324 medidas presentadas por Mañueco en el discurso de este martes son “difusas y poco concretas”.

En su intervención, Gallego ha cuestionado a Mañueco que haya vuelto al punto de partida de 2022, con un socio de gobierno que no cree en las autonomías y al que ha criticado durante la campaña y se ha abierto a llegar a acuerdos con todas las formaciones, pero siempre en beneficio de la ciudadanía.

La procuradora leonesista ha criticado que las ayudas no se hagan en función de la renta y que se planteen hasta municipios de más de 20.000 habitantes -que en la práctica son el área metropolitana de las ciudades- y no del medio rural.

Asimismo, ha lamentado las carencias en materias como sanidad, telecomunicaciones o infraestructuras, entre ellas, el Corredor Atlántico, que afectan a las tres provincias, antes de recordar que no votarán a favor de Mañueco en la investidura.

La procuradora leonesista ha repartido críticas entre PP y PSOE ya que “actúan como sucursales” de sus formaciones nacionales y ha acusado a ambas formaciones de perjudicar a la Región Leonesa -conformada por las provincias de León, Zamora y Salamanca- y de no haber sido capaz de vertebrarla con otras autonomías limítrofes como Asturias, Extremadura o la vecina Portugal.

También ha lamentado que terminara la anterior legislatura sin una Ley de Juventud, de Vivienda, de Agentes Medioambientales y, sobre todo, de unos Presupuestos Generales de la Comunidad, que no se aprueban desde 2024.

Respecto a los incendios del pasado verano, que dejaron una “situación catastrófica” con más de 140.000 hectáreas quemadas que ha atribuido a una falta de previsión, Gallego ha criticado que la Junta ahora dé “un patada al lado” y responsabilice a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales pese a que la competencia sea autonómica. 

Durante su réplica Mañueco ha defendido que su objetivo es alcanzar consensos en beneficio de Castilla y León, pero ha rechazado los planteamientos que, a su juicio, presentan agravios territoriales dentro de la Comunidad.

“Les ofrezco mi mano tendida, pero no comparto las políticas del victimismo”, ha afirmado el candidato popular, quien ha reivindicado que Castilla y León está integrada por nueve provincias “valiosas, importantes y merecedoras” del mismo respeto institucional.

Mañueco también ha recordado a los representantes del Grupo Mixto que no ostentan la representación exclusiva de sus respectivos territorios y ha subrayado que la mayoría de los ciudadanos de León, Soria y Ávila respaldaron en las urnas a otras fuerzas políticas.

“Nadie, por mucho que lleve en sus siglas el nombre de una provincia, puede arrogarse su representación en exclusiva”, ha señalado.

El candidato popular ha aprovechado su intervención para defender la coalición alcanzada con Vox y ha reprochado al Grupo Mixto sus críticas al nuevo Ejecutivo. “Si hoy estamos aquí es porque los ciudadanos de las nueve provincias decidieron con su voto la forma de articular una mayoría”, ha argumentado.

Durante su respuesta a la portavoz leonesista, Alicia Gallego, Mañueco ha cargado contra las reivindicaciones territoriales de UPL y ha considerado que las “ensoñaciones territoriales” resultan “estériles”. “Juntos podemos ir más lejos. Pretender trocear Castilla y León a estas alturas es creer en el bálsamo de Fierabrás”, ha afirmado, antes de defender la unidad de la Comunidad como vía para corregir desequilibrios territoriales y generar nuevas oportunidades.

Por ello, ha reiterado su disposición al diálogo con los representantes del Grupo Mixto y les ha pedido una “contribución activa” para alcanzar consensos en todo aquello que no perjudique al interés general de Castilla y León.

Pollán

El futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, fue el encargado de pronunciar el discurso del grupo de extrema derecha, donde defendió el acuerdo alcanzado con el Partido Popular desgranando parte de los acuerdos que ha impuesto Vox en el texto del futuro gobierno. Lo hizo en un discurso marcado por las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, el rechazo a la inmigración irregular, la defensa del sector primario y las promesas de rebajas fiscales, pero en el que no hubo ninguna referencia concreta a las reivindicaciones políticas de la Región Leonesa.

A lo largo de las dieciocho páginas de intervención, Pollán llegó a reivindicar actuar “por Castilla, por León y por España” pero sin mayores menciones de carácter provincial. El dirigente de Vox centró buena parte de su discurso en asuntos de ámbito estatal, con duras críticas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios.

Presumió de que el futuro Ejecutivo autonómico se opondrá al reparto de menores migrantes, prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios públicos, eliminará subvenciones a organizaciones vinculadas a la inmigración irregular y defenderá el principio de 'prioridad nacional' en ayudas sociales y acceso a la vivienda.

En el plano económico, Pollán defendió un amplio paquete de medidas para el medio rural, entre ellas ayudas para mantener abiertos comercios, bares y farmacias en pequeños municipios, incentivos fiscales para la transmisión de viviendas y negocios, apoyo a autónomos y una reducción de tasas e impuestos. También anunció medidas de respaldo al sector agrario y ganadero, el rechazo al acuerdo comercial con Mercosur y la oposición a cualquier recorte de la Política Agraria Común (PAC).

La intervención concluyó con un llamamiento a desarrollar el acuerdo firmado con el Partido Popular y con la promesa de cumplir las medidas pactadas durante la legislatura, insistiendo en que el nuevo Gobierno trabajará “por Castilla, por León y por España”.

El candidato a presidir por tercera vez la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado este martes en la sesión de investidura por dos veces al líder socialista Carlos Martínez que no pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco ha interpelido a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

El que será presidente por tercera y última vez gracias al pacto de PP y Vox insistió “Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Mañueco ha cuestionado también al líder socialista por unas declaraciones pasadas en que se preguntó si no estarían mejor los sorianos en La Rioja o Aragón. “Yo sí creo en Castilla y León, yo sí tengo un proyecto para esta comunidad, yo sí tengo la visión de futuro para nuestra tierra, que esté entre las mejores de nuestro país”.

El líder socialista no ha podido responder a Mañueco ya que no tenía ya turno de réplica al producirse el reproche al final de las casi dos horas de debate entre los dirigentes de PP y PSOE en un tono bastante áspero y que ha sido su primer enfrentamiento en el hemiciclo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ya es de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León tras recibir el voto favorable de 47 de los 82 procuradores de las Cortes autonómicas, de PP y Vox. Es la tercera ocasión en que el salmantino alcanza la confianza de la cámara legislativa tras 2019 y 2022. Y será la última vez ya que la Ley autonómica impide más de ocho años en la Presidencia de la Junta, que cumple el año que viene, aunque podrá terminar la legislatura en vigor.

Por la mañana el entonces candidato a presidir la Junta de Castilla y León ha desgranado su programa de gobierno de coalición de PP y Vox en la sesión de investidura que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid. Mañueco ha tomado la palabra en la sesión de la mañana para defender el segundo pacto de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León tras el primero de 2022, que acabó abruptamente dos años después.

El presidente en funciones, en el cargo desde el 2019, ha agradecido a Vox su voluntad de pacto tras las elecciones del pasado mes de marzo, “Quiero expresar a este partido, a través de Carlos Pollán, todo mi reconocimiento por su voluntad de llegar a un acuerdo firme y viable”. Pero ha recordado que “somos dos partidos distintos, con las posiciones que los castellanos y leoneses conocen sobradamente”. El leonés Carlos Pollán, será el futuro vicepresidente del gobierno de coalición, tras el reparto de cargos efectuado por ambos partidos.

Mañueco ha explicado que habrá dos pilares en la acción del próximo gobierno: “El primero es seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora” y “El segundo, consolidarla como una tierra atractiva para vivir y trabajar”. Además ha dejado ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, “Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”. “Por eso, si esta Cámara me otorga su confianza, quiero contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política”, ha aseverado.

'Prioridad nacional'

El candidato ha defendido la 'prioridad nacional' firmada con la extrema derecha de Vox, que él entiendo como “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”. Según Mañueco “Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender”, que defiende que es que “quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León” bajo el acatamiento de la Ley, prestando de manera general los servicios públicos esenciales y “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad”.

En su visión “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso”.

Mañueco ha hablado en su discurso de dos de los temas que más rechazo ideológico generan a Vox: Mercosur y el Pacto Verde europeo. Sobre el paco de comercio con el bloque latinoamericano ha asegurado que, pese que el PP en el Parlamento Europeo lo apoyó, “expresamos nuestro rechazo al acuerdo con Mercosur mientras no garantice la igualdad de condiciones con los productores castellanos y leoneses”. Y sobre el Pacto Verde , impulsado por el PP europeo de Ursula Von der Layen, ha señalado que “vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”.

Mañueco presume de repunte poblacional

El presidente autonómico ha presumido del crecimiento poblacional de Castilla y León, “invirtiendo una tendencia de pérdida continuada durante mucho tiempo” pero que es desigual entre provincias con León y Zamora como las más rezagadas. Ha destacado que este incremento es posibles “debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”, pese al pacto firmado con Vox con medidas contra los migrantes como limitar su asistencia sanitaria.

Ha desgranado medidas como ayudas al alquiler, incrementar un 80% la inversión en políticas de vivienda o facilitar el acceso a una hipoteca mediante avales públicos y desgravaciones, actuaciones que “seguirán teniendo el gran objetivo estratégico de corregir los desequilibrios demográficos de nuestra Comunidad”.

Incendios

En materia de incendios Mañueco ha defendido un incremento de “la superficie forestal y elaboraremos un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León” buscando “conservar y aprovechar mejor nuestros bosques, garantizar el abastecimiento de la industria forestal y conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios”.

Pese a la grave situación del verano pasado con decenas de miles de hectáreas arrasadas Mañueco ha defendido que “Continuamos mejorando el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia” y que “Todo nuestro personal laboral y funcionario trabaja ya todo el año, tal y como comprometimos”, cosa que desmienten los sindicatos en el inicio de la actual campaña.

“Quiero una Comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida. Quiero, en fin, una Castilla y León orgullosa de su historia y proyectada al futuro”, ha defendido.

Para finalizar su discurso Mañueco ha señalado “Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma: Modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad, mirando al futuro sin perder sus raíces. Siendo creadores”. Y ha citado al escritor leonés Luis Mateo Díez, “son los que saben impulsar la herencia como motor de la renovación”.

Reproches oposición

En el turno de tarde han llegado las intervenciones del resto de partidos con representación, con el estreno de Carlos Martínez como líder de la bancada socialista. Un largo y abrupto enfrentamiento en el que el portavoz socialista en las Cortes acusó a Alfonso Fernández Mañueco de asumir el marco ideológico de Vox y sostuvo que los verdaderos problemas de la Comunidad no son “el feminismo, los inmigrantes ni la Agenda 2030”, sino la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades que obligan a muchos jóvenes a marcharse. Durante su intervención en el debate de investidura, el líder del PSOE defendió una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos y la reindustrialización, y reprochó al candidato del PP que su discurso fuera “la transcripción” de las condiciones impuestas por Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco recurrió al debate identitario sobre el nombre de la Comunidad para atacar al líder socialista, Carlos Martínez, durante el debate de investidura. El candidato del PP reprochó al secretario autonómico del PSOE sus anteriores referencias a “Castilla-León” y llegó a pedirle desde la tribuna que repitiera “Castilla y León”, acusándole de frivolizar con una cuestión importante y de no tener claro su proyecto para la Comunidad. Mañueco también recordó unas declaraciones en las que Martínez planteó si Soria podría estar mejor integrada en otras autonomías, reivindicando frente a ello su defensa de Castilla y León. El dirigente socialista no pudo responder a estas acusaciones al haberse agotado su turno de réplica.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, cargó contra el acuerdo entre PP y Vox, al que calificó como un mero “reparto de unas sillas y poco más”, impulsado desde Madrid por las direcciones nacionales de ambos partidos. La formación leonesista considera que el pacto es un “copia y pega” de los alcanzados en otras comunidades y denuncia que no ofrece respuestas a los problemas de León, Zamora y Salamanca, al no incluir inversiones ni compromisos concretos para la Región Leonesa. Además, criticó que los presupuestos autonómicos se pospongan hasta 2027, lo que supondría prolongar otro año la ausencia de nuevas cuentas.

Vox presume de pacto

Por su parte, el líder de Vox y futuro vicepresidente, Carlos Pollán, defendió el acuerdo con el PP como una herramienta para garantizar la estabilidad política durante toda la legislatura y aplicar medidas como la denominada 'prioridad nacional', el apoyo al medio rural, la bajada de impuestos y el endurecimiento de las políticas migratorias. La formación considera que el pacto permitirá desarrollar un programa basado en la defensa de las familias, el sector primario y los pequeños municipios, además de reforzar su presencia en el Gobierno autonómico.

La portavoz del PP, Leticia García, finalizó las intervenciones asegurando que el acuerdo alcanzado “no es una rendición sino todo lo contrario” que muestra que dos partidos diferentes pueden alcanzar un acuerdo cuando anteponen a los ciudadanos a sus intereses. El PP aseguró que el pacto deja a Castilla y León “libre de sanchismo”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del Bierzo cierra este miércoles en Ponferrada la campaña de recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la implantación de la enfermería escolar en Castilla y León. El sindicato ha reclutado, hasta el momento, unas 2.000 firmas en la comarca (unas 50.000 ya en toda la comunidad de Castilla y León). El plazo para seguir recabando apoyos finalizará el 26 de junio.

Esta propuesta legislativa, promovida por el sindicato independiente y presentada en las Cortes en mayo de 2025, busca asegurar por ley la presencia de profesionales de enfermería en los centros educativos de la comunidad.

CSIF subraya que se trata de una atención que urgen docentes, familias, asociaciones de enfermos o el propio personal sanitario; y a la reivindicación se suma ahora la ciudadanía en general a través de estas firmas de apoyo.

Cuando se cierre el plazo de recogida, CSIF procederá a la validación de todo el volumen de apoyos recabados a nivel autonómico para formalizar la entrega de la Iniciativa Legislativa Popular en la sede de las Cortes de Castilla y León hasta emplazar a los grupos políticos a aprobar una normativa que sitúe a la comunidad a la vanguardia de la protección de la salud escolar.

El PSOE de León hace suya la reivindicación de representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de la provincia de León de mantener los cursos de 1.º y 2.º de la ESO en colegios públicos del medio rural leonés que lo soliciten, una reivindicación que los procuradores socialistas trasladarán a las Cortes de Castilla y León mediante una iniciativa parlamentaria.

Según han explicado las Ampas, la petición afecta aproximadamente a 3.200 familias de la provincia y ya ha sido solicitada formalmente por 62 centros públicos, contando además con el apoyo de otros 33 colegios más. Del total de 114 centros públicos existentes en la provincia, la mayoría se ha posicionado a favor de esta reivindicación, explicaron.

Las asociaciones han trasladado además su malestar por la falta de respuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y por la negativa remitida desde la Dirección Provincial de Educación, pese a las solicitudes registradas durante los meses de febrero, marzo y abril.

En el encuentro han participado la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, y los parlamentarios socialistas Mario Rivas, Mabel Fernández y Benjamín Fernández, así como la secretaria ejecutiva del PSOE de León, Argelia Cabado.

Rubio, ha defendido que “el medio rural necesita soluciones adaptadas a su realidad y no decisiones tomadas desde los despachos sin escuchar a las familias”. “Estamos hablando de garantizar igualdad de oportunidades y de evitar desplazamientos innecesarios a niños y niñas de nuestros pueblos”, ha señalado. También mantiene que “la Junta no puede limitarse a decir que no es competencia suya cuando la propia normativa contempla fórmulas para adaptar la organización educativa a las necesidades del territorio”.

Por su parte, Mario Rivas ha destacado que “el mantenimiento de servicios educativos en el medio rural es fundamental para fijar población y garantizar el futuro de nuestros pueblos”, ha afirmado.

Durante la reunión se han analizado distintas vías legales y organizativas existentes actualmente para poder impartir 1º y 2º de la ESO en colegios rurales, como la creación de Centros de Educación Obligatoria (CEO), secciones de instituto o las excepciones ya contempladas en la normativa autonómica y que actualmente permiten esta situación en algunos centros de la provincia. Desde el PSOE de León han mostrado su compromiso de trasladar esta reivindicación a las Cortes de Castilla y León y exigir a la Junta diálogo, voluntad política y soluciones reales para las familias del medio rural leonés.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este domingo el “progresivo deterioro” al que la Junta de Castilla y León está sometiendo al sistema sanitario público de la provincia de León.

A través de una nota de prensa, esta formación ha denunciado la falta de planificación, la insuficiencia de recursos humanos, el envejecimiento de las plantillas y la ausencia de políticas eficaces de cobertura y fidelización profesional como principales causas.

UPL ha informado de que esta situación quedó patente tras mantener esta semana una reunión con miembros de la Unión Sindical Obrera (USO). Desde la formación se ha alertado que ya llegan los complicados meses del periodo estival que en muchos años pasados han mostrado un momento de caos motivado por las vacaciones de los profesionales sanitarios y la falta de contratación para cubrir éstas.

León, y especialmente las zonas rurales de difícil cobertura, “ven enquistarse el problema” de la cobertura sanitaria con la continua pérdida de profesionales, el aumento de la carga asistencial de los que quedan y el retraso en infraestructuras sanitarias fundamentales que “están comprometiendo la calidad asistencial, así como las condiciones laborales del sistema sanitario público”, ha remarcado Rosa Quintanilla, procuradora en Cortes y secretaria de Sanidad de UPL.

UPL se ha comprometido a trasladar a la Junta la necesidad de impulsar medidas urgentes en materia sanitaria para la provincia de León, en aras de lograr una Atención Primaria “fuerte, cercana, accesible y humanizada” que garantice la igualdad sanitaria a todos los ciudadanos vivan donde vivan, comprometiendo que velará “para que la Región Leonesa no tenga ciudadanos de primera y segunda”.

Indignación monumental en la sociedad leonesa al conocerse que la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León financia con 230.000 euros la promoción de la Curia de Gormaz de 1187 como la 'Cuna del Parlamentarismo' por delante históricamente de las Cortes de León de 1188.

“Este hecho convirtió a San Esteban de Gormaz en uno de los principales antecedentes de las instituciones parlamentarias modernas y situó a Castilla como territorio pionero en el desarrollo político e institucional de Europa”, exponen en la propia web del Ayuntamiento soriano, asegurado que “en esta reunión participaron nobles, obispos, representantes de más de 50 villas y ciudades, y una embajada del Sacro Imperio Romano Germánico. Ello supuso la primera vez en Europa que los concejos urbanos tuvieron representación política, transformando la Curia en las primeras Cortes de Castilla y del Occidente europeo”, por lo que creará un Centro de Interpretación de la 'Cuna del Parlamentarismo' denominado 'Puerta de las Cortes: Castilla 1187'.

Los primeros en saltar a la palestra han sido la Unión del Pueblo Leonés, que denuncia que “la Junta tergiversa la historia para intentar arrebatar la ‘Cuna del Parlamentarismo’ a León y entregársela a Castilla”. La formación leonesista critica que la Junta financie actividades y proyectos en San Esteban de Gormaz (Soria), “en que se afirma que el parlamentarismo europeo nació en Castilla en 1187, cuando a nivel mundial se reconoce que nació en León en 1188”. A estas críticas se ha sumado también el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial.

“Y todo ello, tras dotar la Junta con cerca de 200.000 euros a un proyecto en que según ha señalado el alcalde de la localidad castellana de San Esteban de Gormaz, se recoge en dicho municipio soriano 'la creación de un Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo', afirmando asimismo desde la web del consistorio que 'San Esteban de Gormaz revive el nacimiento del parlamentarismo europeo con la recreación de las Cortes de 1187', a la par que señalan que dichas Cortes situó a Castilla como territorio pionero en el desarrollo político e institucional de Europa”, afirma la UPL que recuerda que esos representantes ciudadanos “no tuvieron derecho a voto”.

Unas afirmaciones que desde Unión del Pueblo Leonés consideran “un despropósito sin base documentada en cuanto al derecho a voto de los representantes ciudadanos, y una contradicción de lo que está reconocido a nivel mundial por historiadores y expertos en la materia”.

De este modo, consideran que el hecho de que desde Castilla se aluda a San Esteban de Gormaz como ‘Cuna del Parlamentarismo’ y que la Junta financie un proyecto en dicha localidad pretendiendo encumbrarla como tal, “es un insulto al Reino de León y a la historia de ciudades como León, Salamanca, Zamora, Astorga, Benavente, Toro o Ciudad Rodrigo, que tuvieron derecho a voto en las Cortes leonesas de 1188, y por ello, forman parte del reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo por parte de la Unesco”.

Por ello, desde UPL consideran que la Junta “está financiando y fomentando la manipulación y la tergiversación de la historia para intentar arrebatar la ‘Cuna del Parlamentarismo’ que corresponde y está reconocida al Reino de León, para intentar entregársela a Castilla sin respaldo documental que corrobore la contradicción que supone respecto a lo reconocido mundialmente por la Unesco”.

Muchas más Curias en León anteriores a Gormaz con ciudadanos

Por otro lado, los leonesistas recuerdan que “si se trata de ensalzar Cortes donde los representantes ciudadanos no tenían derecho a voto, las Cortes castellanas de San Esteban de Gormaz de 1187 no fueron las primeras, pues de forma previa podríamos hablar de las Cortes del Reino de León reunidas en Salamanca en 1178, las reunidas en Zamora en 1065, las reunidas en Benavente en 1176, o las reunidas en León en 1017 o 1035, entre otras, habiendo llegado a haber representantes de ciudades y villas en ellas pero sin derecho a voto, algo que no se da hasta las Cortes del Reino de León de 1188”.

Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés exigen a la Junta que no financie ni promueva actividades que pongan en duda el reconocimiento mundial de las Cortes leonesas de 1188 como Cuna del Parlamentarismo, considerando que “hacerlo supone un insulto al Reino de León y a nuestra historia, buscando arrebatarnos a los leoneses algo que se nos reconoce mundialmente”.

Del mismo modo, los leonesistas reprochan a la Junta de Castilla y León su “nula implicación” para promover un mayor conocimiento de las Cortes del Reino de León de 1188 y su reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo mundial, y recuerdan el rechazo a iniciativas planteadas por UPL en las Cortes para su puesta en valor y promoción.

Por último, recuerdan al gobierno autonómico que hace apenas una semana, el 6 de mayo, UPL registraba una batería de preguntas en las Cortes en las que preguntaban a la Junta “por qué sigue sin cumplir con el compromiso de poner en marcha la Ruta ‘Cuna del Parlamentarismo’ en León, Zamora y Salamanca”, a la par que le reclamaban “acciones para poner en valor, en las localidades de León, Zamora y Salamanca que participaron en las Cortes del Reino de León de 1188, el reconocimiento de dichas Cortes como ‘Cuna del Parlamentarismo’ a nivel mundial por la Unesco” y reconocidas por las Cortes Generales Españolas (Congreso y Senado) e incluso las mismas cortes autonómicas con esta figura, lo cual supone una notoria contradicción flagrante entre el legislativo en Valladolid y el Gobierno de la Junta, “repleto de hipocresía”.

El ILC denuncia el “fraude historiográfico” de la Junta

Por su parte, el Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha acusado a la Junta de Castilla y León de promover el “borrado histórico” del Reino de León y construir un “fraude historiográfico financiando la usurpación castellana de la Cuna del Parlamentarismo que ostentan las Cortes de León de 1188”.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio y vicepresidente del ILC, Emilio Martínez, ha manifestado su más profunda indignación ante lo que considera un ataque directo al patrimonio histórico, a la cultura y a la identidad del pueblo leonés por parte del Gobierno autonómico.

La polémica surge a raíz del respaldo económico de la Junta, dotado con cerca de 200.000 euros, al proyecto 'Puerta de las Cortes: Castilla, 1187' en San Esteban de Gormaz (Soria). Según ha señalado el alcalde de esta localidad, el proyecto incluye la creación de un “Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo”.

Para Emilio Martínez, “estamos ante un caso flagrante de borrado histórico impulsado y sufragado con el dinero de todos”. Para el responsable cultural es “inaceptable” que una administración pública destine fondos públicos iniciativas con “arbitrariedad administrativa” para sustraer a León “un hito que le pertenece por derecho y evidencia documental, con el único fin de construir un relato pseudohistórico que beneficie a Castilla”.

La institución ha recordado que el valor universal de los Decreta de 1188 reside en la acreditación documental de la participación ciudadana con voz y voto, un hecho diferencial que no se da en la asamblea castellana de 1187, donde la presencia de representantes de las ciudades carece de soporte jurídico que demuestre su capacidad de decisión.

Este hecho es precisamente el que motivó que la UnescoO reconociera en el año 2013 a las Cortes leonesas de 1188 como 'Cuna del Parlamentarismo' a nivel mundial. Como argumentaba la propia organización internacional, “refleja un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades”.

“Alentar este tipo de proyectos es una falta de respeto gravísima hacia la UNESCO y hacia el programa Memoria del Mundo. La Junta está pisoteando el consenso de los historiadores internacionales para imponer un revisionismo político inaceptable”, ha subrayado Martínez.

Asambleas con ciudadanos sin derecho a voto en León desde mucho antes

El organismo autónomo de la Diputación de León ha recordado que en lo que se refiere a asambleas sin derecho a voto, las de San Esteban de Gormaz de 1187 tampoco serían las primeras. Martínez ha señalado que el hito de 1188 no fue un hecho aislado, sino “la culminación de una vanguardia política” iniciada en el Reino de León ya en el año 1017, y que tuvo sus precedentes en asambleas celebradas en sedes como Zamora, Benavente o Salamanca.

Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Leonés de Cultura exige a la Junta de Castilla y León la paralización inmediata de cualquier financiación o promoción de actividades que pongan en duda el reconocimiento de las Cortes leonesas de 1188. El ILC considera que la administración autonómica actúa con deslealtad institucional al tratar de arrebatar a los leoneses un reconocimiento mundial.

Emilio Martínez ha lamentado la “nula implicación” del gobierno autonómico para promover el verdadero hito democrático de 1188, “mientras dilapidan recursos en falsificar la historia en Soria, la Junta sigue dando la espalda a la puesta en valor de los Decreta de León”. El dirigente leonesista ha concluido exigiendo el “abandono inmediato de la confrontación y el negacionismo histórico a la par que ha reivindicado al Ejecutivo autonómico un trabajo ”con rigor para proteger y difundir el verdadero patrimonio de la Región Leonesa y de todos los españoles“.

Hasta Vox critica la improcedencia de las ayudas de la Junta

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, el leonés Carlos Pollán (anterior presidente de las Cortes autonómicas que financiaron la Cátedra de Parlamentarismo de la Universidad de León), ha criticado la decisión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de destinar 200.000 euros al proyecto turístico ‘Puerta de las Cortes: Castilla, 1187’, impulsado en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz.

El lider de Vox en Castilla y León calificó contundentemente la iniciativa de “innecesaria” y “desacertada” y aprovechó una publicación en la red social TwiXter para reivindicar el papel de León como origen del parlamentarismo medieval: “León es la cuna del parlamentarismo, un hecho más que contrastado a todos los niveles”.

Pollán recordó además que durante su etapa como presidente de las Cortes de Castilla y León, entre 2022 y 2026, impulsó y participó en “múltiples actividades” destinadas a “visibilizar y ensalzar” a León como 'Cuna del parlamentarismo'.

El consejero de Cultura niega la mayor, pese a la evidencia

Por su parte, el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (que fue nombrado como miembro de Vox pero que traicionó a este partido quedándose con el Gobierno del PP de Alfonso Fernández Mañueco cuando se produjo la crisis de Gobierno con la salida de Juan García-Gallardo y todo su equipo menos él), ha criticado “la manipulación” de los leonesistas y Vox con este asunto.

“León es la Cuna del Parlamentarismo y, quien diga lo contrario está muy confundido y ha malinterpretado e intentado hacer daño”, aseguró sobre la Polémica. Para a continuación asegurar que no se ha dicho nunca tal cosa de que Gormaz sean 'las primeras Cortes de Europa': “Para nada tiene que ver con lo que denuncian” –aseguró–. Es un proyecto turístico que se llama 'Puerta de la Historia' y está centrado en la promoción del legado medieval“. Además, quiso zanjar el debate explicando que ”si alguien ha dicho que San Esteban de Gormaz es Cuna del Parlamentarismo está muy equivocado, ya que es León y eso es algo que no es ni cuestionable“, agregando que ”las criticas que ha recibido son malinterpretaciones o simples acusaciones falsas y sin fundamento alguno“.

Santonja obvia que la noticia fue una exclusiva de ILEÓN publicada este jueves pasado en la que se cita literalmente al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz asegurando que aquella curia de 1187 fueron “las primeras Cortes de la Europa occidental”, “recuperando para la memoria colectiva un acontecimiento de extraordinaria trascendencia: la celebración en 1187 de las primeras Cortes de Castilla y del Occidente europeo, convocadas por Alfonso VIII” y que el centro de interpretación que su Consejería acordó financiar con casi 200.000 euros en noviembre del año pasado sería “para mostrar históricamente que la 'Cuna del Parlamentarismo' nació en San Esteban de Gormaz”.

El alcalde de San Esteban de Gormaz rechaza cualquier confrontación con León

Ante la polémica, el alcalde del PP del municipio soriano (que este sábado 16 celebra una recreación histórica de la Curia de Gormaz de 1187 financiada con 30.000 euros de la Consejería dirigida por Santonja), que también es presidente de la Diputación Provincial de la provincia, quiso rebajar la tensión provocada defendiendo el proyecto subvencionado por la Junta 'Puerta de las Cortes, Castilla 1187' con casi 200.000 euros más y aseguró que rechazan cualquier confrontación con León en torno al origen del parlamentarismo. “No buscamos disputar absolutamente nada, sino poner en valor un episodio histórico ocurrido en nuestro municipio”, aseguró.

El político soriano explicó que la iniciativa contempla la puesta en marcha de un centro de interpretación dedicado a divulgar la historia de la curia celebrada en la localidad soriana en 1187 y subrayó que el proyecto apuesta por la colaboración con León. “Entre los objetivos figura expresamente la creación de sinergias con León”, afirmó.

García Martínez destacó además que Castilla y León “cuenta con un patrimonio histórico único al poder reivindicar tanto las Cortes del Reino de León de 1188 como las celebradas en San Esteban de Gormaz un año antes”. “Es un orgullo que en nuestra comunidad autónoma, tengamos la suerte de que muy probablemente seamos la Cuna del Parlamentarismo europeo, con las Cortes del Reino de León y las del Reino de Castilla en San Esteban de Gormaz con unos meses de diferencia entre 1187 y 1188. En nuestro caso hay documentación como el tratado de Selingestadt que lo atesoran”, terminó.