La provincia de León mantiene durante el primer semestre de 2026 una tasa de criminalidad de 40,5 infracciones penales por cada mil habitantes, diez puntos por debajo de la media nacional, situada en 50,5, según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al periodo comprendido entre enero y junio.

La provincia cuenta además con una ratio de 4,3 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por cada mil habitantes, frente a los 3,8 de media nacional. En términos absolutos, León dispone actualmente de 1.940 efectivos, 58 más que en 2019, lo que supone un incremento del 3,1 % en este periodo.

Junto a los datos de criminalidad, el balance de actividad policial refleja también una evolución positiva de la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante los seis primeros meses del año se han esclarecido 3.745 infracciones penales, frente a las 3.603 del mismo periodo de 2025, un 3,9 % más.

Asimismo, las detenciones e investigaciones aumentaron un 5,2 %, al pasar de 1.632 en el primer semestre de 2025 a 1.717 entre enero y junio de este año.

Los homicidios consumados se reducen un 75 %

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior recoge además una evolución especialmente favorable en uno de los indicadores más graves de la delincuencia.

Durante el primer semestre de 2026 se registró un homicidio doloso o asesinato consumado en la provincia, frente a los cuatro contabilizados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 75 %.También disminuyeron los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que pasaron de siete a seis casos, un 14,3 % menos.

En el conjunto de la provincia se contabilizaron 9.166 infracciones penales entre enero y junio, frente a las 8.600 del mismo periodo de 2025. La criminalidad convencional suma 6.601 infracciones, mientras que la ciberdelincuencia alcanza las 2.565. Dentro de esta última categoría, las estafas informáticas aumentaron un 4,5 %, mientras que el resto de ciberdelitos descendió un 13 %.

El tipo de delito que más aumenta a nivel porcentual en la provincia leonesa es el tráfico de drogas, que pasa de 10 a 35 infracciones en un año; y el robo de vehículos, que pasa de 33 a 71 casos entre 2025 y 2026.

Evolución de la criminalidad en los principales municipios

El balance permite analizar también los datos de los municipios de mayor población de la provincia y muestra evoluciones favorables en determinadas tipologías. En León capital, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria disminuyeron un 21,2 %, mientras que los robos con violencia e intimidación descendieron un 14,9 % durante el primer semestre.

En Ponferrada, los delitos contra la libertad sexual se redujeron un 57,1 %, pasando de 14 a seis casos. Dentro de esta categoría, las agresiones sexuales con penetración descendieron un 71,4 %, de siete a dos. La ciberdelincuencia también disminuyó un 6,3 %.

Por su parte, San Andrés del Rabanedo registró un descenso del 2,8 % en el conjunto de las infracciones penales. Especialmente significativa fue la evolución de la ciberdelincuencia, que disminuyó un 22 %, mientras que las estafas informáticas descendieron un 22,4 %.

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local la adjudicación de las obras de remodelación de los entornos de las calles Demetrio Monteserín y Velasquita. Con una inversión cercana a los 500.000 euros, el Consistorio de la capital leonesa abordará una intervención que mejorará la accesibilidad en la zona y resolverá las deficiencias en la pavimentación tanto de aceras como de la calzada y de los aparcamientos. El contrato de estas obras ha sido adjudicado a la empresa Vías y Construcciones del Norte SL por un importe de 575.000 euros (IVA incluido).

Con este acuerdo, el Consistorio leonés reafirma su estrategia de equilibrar el esfuerzo inversor municipal, garantizando que los proyectos de regeneración urbana, renovación de infraestructuras y accesibilidad lleguen a los barrios.

El proyecto plantea una intervención sobre calzadas, zonas de aparcamiento y tramos de acera, incorporando la adecuación de alcorques y la sustitución e instalación de nuevo mobiliario urbano para hacer el entorno más amable y funcional para los vecinos.En la calle Demetrio Monteserín se acometerá la renovación completa del tramo de acera que quedaba pendiente, así como el reasfaltado de los aparcamientos y de la calzada principal, que acusaban el desgaste por el paso del tiempo. De igual modo, la obra garantizará la accesibilidad universal en los pasos peatonales mediante la colocación de pavimento táctil adaptado e instalación de señalización vertical renovada.

Por su parte, en la calle Velasquita la remodelación se ha planificado con carácter integral. La intervención abarcará mejoras en la calzada, la reordenación de los estacionamientos, la adaptación de los pasos de peatones y el acondicionamiento del muro perimetral existente, cuyo estado exterior se ha deteriorado sensiblemente.

Las obras darán comienzo en las próximas semanas tras la firma del acta de comprobación de replanteo y contarán con un plazo de ejecución de diez meses. Asimismo, la adjudicataria ofrecerá un plazo de garantía de dos años a contar desde la recepción oficial de los trabajos.

Aportación al Consorcio de Turismo

La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha aprobado la aportación del Ayuntamiento de León al Patronato Provincial de Turismo para el ejercicio 2026, liberando la cantidad de 152.482,56 euros.El Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León tiene como finalidad la promoción, difusión y fomento de la actividad turística como elemento de desarrollo social y económico en el ámbito de la provincia de León.

Los ingresos del Consorcio corresponden a la aportación de los entes consorciados de acuerdo con el porcentaje fijado en sus estatutos, correspondiendo a la Diputación de León el 69%, al Ayuntamiento de León el 30% y a la Federación de Asociaciones León Ruralel 1% restante.

Mantenimiento de edificios municipales

Otro de los asuntos a los que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este viernes es la prórroga de un año del contrato de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de los edificios municipales. La extensión del acuerdo se ha formalizado a favor de la entidad OHL Servicios Ingesan S.A. por un importe total de 1.143.000 euros al año IVA incluido. Con esta aprobación, el Consistorio podrá seguir realizando las labores preventivas y correctivas en los distintos equipamientos públicos repartidos por toda la ciudad.El periodo de vigencia de esta prórroga anual comprenderá desde el 18 de octubre de 2026 hasta el 18 de octubre de 2027. Mediante la cobertura de este contrato, la empresa adjudicataria continuará asumiendo los trabajos necesarios para garantizar el óptimo estado de conservación de las dependencias municipales, colegios públicos, centros sociales, instalaciones administrativas y demás edificios del Ayuntamiento de León.

La Fiscalía del Área de Ponferrada solicita tres años y seis meses de prisión para un hombre acusado de estafar 440 euros a un comprador mediante la venta fraudulenta de unas llantas de automóvil a través de una plataforma de venta online.

Según el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2023, cuando el acusado anunció la venta de unas llantas de 15 pulgadas y contactó con un comprador interesado.

El procesado habría rechazado utilizar los mecanismos de pago seguro de la plataforma y convenció al comprador para que realizara una transferencia a través de Bizum por 440 euros.

Sin embargo, una vez que se completó la transacción, el acusado dejó de responder al comprador y no envió las llantas.

Además, la Fiscalía indica que el vendedor anunció la venta de esas mismas llantas en otros portales de compraventa con la intención de obtener nuevos beneficios.

El Ministerio Público considera al acusado autor de un delito de estafa agravada por multirreincidencia y destaca que cuenta con numerosas condenas anteriores por delitos similares.

Entre ellas figuran resoluciones de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de los juzgados de lo Penal de Oviedo y Cáceres y de la Audiencia Provincial de A Coruña, además de condenas por delitos leves de estafa en Madrid, A Coruña y Villalba.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita diez meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago de una indemnización de 440 euros a la víctima, más los intereses legales.

Por último, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de León, donde deberá celebrarse la vista.

La oposición al proyecto de una planta de biometano en el municipio de Val de San Lorenzo crece al mismo tiempo que salen a la luz los detalles de una instalación de una dimensión considerable: gestionará 233.500 toneladas de residuos y subproductos orgánicos al año de origen agroganadero, circularán casi 80 camiones al día y el suministro de agua que tendrá que realizarse mediante cisternas porque la parcela elegida no dispone de conexión a una red de abastecimiento. Un conjunto de características que alimenta las dudas sobre su encaje en el entorno pese a que el Estudio de Impacto Ambiental sometido a evaluación no identifica efectos severos o críticos.

La planta está proyectada por una empresa filial del grupo ID Energy Group y sus dimensiones han levantado una importante movilización en Astorga y la comarca maragata, que ya acusa la presencia de numerosos proyectos de gestión de residuos de todo tipo, desde el vertedero provincial de San Román de la Vega, el macrovertedero industrial de residuos peligrosos autorizado en San Justo de la Vega a la planta de tratamiento de lodos de despuradora proyectada en la localidad de Piedralba.

El nuevo proyecto contempla una inversión de 9,45 millones de euros con una previsión de empleo permanente de cinco puestos de trabajo directos y una estimación de alrededor de diez empleos indirectos, además del personal temporal durante la construcción de la instalación.

La nueva planta de biometano se suma a la otra decena que se han solicitado en la provincia de León, algunas con notable controversia, mientras que las empresas promotoras las defienden para una adecuada gestión de residuos de la creciente cabaña ganadera de la provincia de León. En las polémicas se han posicionado algunos ayuntamientos como Cistierna, que se ha endurecido sus normas urbanísticas para poner trabas a estos proyectos.

El nuevo proyecto de biometano se ubica a apenas dos kiómetros del casco urbano de Astorga y a 3,5 kilómetros de la cabecera del municipio de Val de San Lorenzo y coincidente al Camino de Santiago en el trazado soterrado de línea eléctrica. El estudio de impacto ambiental señala su cercanía a otros proyectos de gestión de residuos, como la proyectada planta de lodos de Piedralba.

Este periódico se ha puesto en contacto con ID Energy para conocer más datos sobre el proyecto sin que en el momento de publicar esta información se haya recibido respuesta.

Agua en camiones cisterna para una planta sin red

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la falta de instalación de red de agua. La parcela donde pretende construirse la planta carece de red de abastecimiento, por lo que el agua industrial tendrá que llegar en camiones cisterna y almacenarse en un depósito de 50 metros cúbicos. El proyecto calcula para el funcionamiento ordinario un consumo industrial de 982 metros cúbicos al año, con aproximadamente un llenado semanal del depósito.

A ello se suma el agua potable y sanitaria necesaria para trabajadores, vestuarios, aseos, cantina y laboratorio, también transportada desde el exterior mediante cisternas. En este caso se calcula un consumo de 60 metros cúbicos anuales durante la explotación, mientras que durante las obras la previsión alcanza los 100 metros cúbicos al mes. Según el promotor ese agua será llevada por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo en camiones cistierna. Además, antes de la puesta en marcha será necesaria una aportación extraordinaria de 8.000 metros cúbicos de agua para las pruebas hidrostáticas de las instalaciones.

El promotor sostiene que el proceso de digestión anaerobia no necesita grandes cantidades adicionales de agua porque los purines y demás materias primas que entrarán en los digestores ya presentan un elevado contenido de agua. De ahí que no sea necesaria una conexión a redes de abastecimiento. También plantea un sistema de recirculación que reutilizará aguas de limpieza, condensados del biogás, lixiviados y purgas. La planta se proyecta con el denominado 'vertido cero', sin evacuación de aguas residuales al medio ni al dominio público hidráulico, pero esa solución obliga a mantener depósitos estancos, fosas y un sistema permanente de retirada de determinadas aguas mediante gestores autorizados.

Olores, contaminación y fugas

El informe del proyecto analiza 26 factores ambientales relacionados con la atmósfera, los recursos naturales, los suelos, las aguas, la vegetación, la fauna, el paisaje y las consecuencias socioeconómicas. Entre ellos figuran expresamente la emisión de polvo, ruido, gases y olores; el consumo de recursos; la destrucción, compactación o contaminación del suelo; y los posibles efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas. También se estudian las afecciones sobre hábitats, fauna, paisaje, espacios protegidos, vías pecuarias y patrimonio cultural.

La evaluación considera que la construcción será el momento de mayor impacto: un 65,38% de los factores analizados presentan efectos negativos, de los que un 58,82% se califican como moderados. Durante el funcionamiento, el estudio rebaja esa afección y considera compatibles el 76,92% de los impactos negativos y moderados el 23,08%. La conclusión oficial del promotor es, por tanto, que no existen afecciones severas ni críticas, aunque la extensión de medidas preventivas incorporadas al proyecto muestra la variedad de riesgos ambientales que deberán mantenerse bajo vigilancia durante toda su vida útil.

El olor es uno de los elementos que más se analiza en el proyecto. Según el documento en información pública los residuos tendrán que llegar en cubas o cajas estancas, evitando en lo posible atravesar núcleos urbanos, mientras que la recepción y determinadas operaciones deberán realizarse en naves cerradas y en depresión, con cortinas de PVC y un sistema de desodorización mediante biofiltros. También deberá protegerse el suelo frente a posibles fugas de lixiviados, digestato, combustibles u otros líquidos. Todas las zonas de carga, descarga y almacenamiento tendrán que estar pavimentadas e impermeabilizadas y el proyecto establece redes independientes para pluviales, aguas grises y lixiviados.

El biogás incorpora además riesgos propios de una instalación industrial de estas características. Antes de su transformación deberá pasar por filtros de carbón activo para eliminar sulfuro de hidrógeno, mientras que los excedentes podrán quemarse en una antorcha de seguridad a temperaturas de entre 600 y 850 grados. La fábrica tendrá zonas diseñadas para atmósferas potencialmente explosivas, vigilancia mediante un sistema capaz de detectar fugas o anomalías de presión y protocolos de parada de emergencia. Incluso se prevé contratar un plan específico de desratización y desinsectación ante la posible atracción de plagas hacia las zonas donde se almacenarán residuos.

Más de 233.000 toneladas de purines y estiércoles cada año

La dimensión de la planta se aprecia especialmente en la cantidad de materia que deberá alimentar los digestores: 233.500 toneladas cada año, aproximadamente 113.500 toneladas de sustratos sólidos y otras 120.000 toneladas de materiales líquidos, una infraestructura diseñada para recibir de forma continua grandes volúmenes de residuos ganaderos.

Algo más de la mitad de toda esa materia será purín procedente de cerdos de engorde, con 120.000 toneladas anuales, el 51% del total. Le seguirán 41.000 toneladas de estiércol bovino, 33.000 de ovino y caprino, 30.000 de gallinaza y otras 9.500 toneladas de estiércol porcino. La digestión de esta mezcla permitirá obtener biogás, que posteriormente será depurado hasta producir biometano, pero dejará también enormes cantidades de digestato sólido y líquido que tendrán que abandonar nuevamente la planta.

El proyecto contempla captar estas materias fundamentalmente entre las explotaciones ganaderas del entorno y fija como zona preferente un radio aproximado de 30 kilómetros, ampliable hasta un máximo logístico de 50 kilómetros. También abre la puerta a restos agrícolas y materias procedentes de industrias agroalimentarias de la provincia. Esa necesidad de concentrar residuos desde decenas de kilómetros alrededor de Val de San Lorenzo es precisamente la que explica otra de las grandes cuestiones asociadas a la planta: el incremento permanente del transporte pesado.

74 camiones al día

La documentación calcula que será necesario transportar las materias primas y los subproductos durante 260 días al año, de lunes a viernes, utilizando vehículos de entre 20 y 24 toneladas. Para alimentar la planta se prevé la llegada de 38 camiones diarios cargados de residuos orgánicos, una cifra directamente vinculada a las más de 233.000 toneladas que deberán entrar anualmente en las instalaciones.

Pero prácticamente todo lo que entra deberá volver a salir una vez completada la digestión. El proyecto estima otros 36 camiones diarios para evacuar el digestato, 17 de ellos para transportar la fracción sólida y 19 camiones cisterna para la líquida. En total se producirán, según los cálculos de la propia empresa, 74 movimientos diarios de vehículos pesados, sin contar otros desplazamientos ligados a trabajadores, mantenimiento, suministros auxiliares o al propio transporte de agua mediante cisternas.

El biometano será la excepción, porque no necesitará trasladarse por carretera. La instalación pretende conectarse directamente a la red gasista que pasa por una de las dos parcelas donde quiere instalarse la planta y producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a 81.736 MWh de energía y entre 7,92 y 8,70 millones de metros cúbicos normales de gas.

Alegaciones en contra

Vecinos de la comarca están recogiendo alegaciones contra el proyecto, que se pueden presentar hasta el 28 de septiembre poniendo el foco en posibles irregularidades urbanísticas y limitaciones legales del suelo. Los escritos sostienen que parte de los terrenos resultaron afectados por un incendio en agosto de 2024 y recuerdan que la legislación forestal restringe durante décadas los cambios de uso en superficies incendiadas, una cuestión que, según los alegantes, no habría sido suficientemente analizada en la documentación ambiental. También cuestionan la validez del informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento de Val de San Lorenzo porque se habría emitido inicialmente para otra empresa y sobre un conjunto distinto de parcelas, además de advertir de posibles incumplimientos en alturas, retranqueos y distancias de seguridad vinculadas al almacenamiento de biogás.

Otro de los grandes frentes de oposición es el relacionado con el agua, el tráfico y las infraestructuras necesarias para sostener una instalación de esta dimensión. Las alegaciones señalan contradicciones en los datos de consumo de agua, cuestionan que el abastecimiento mediante cisternas municipales esté formalmente autorizado y apuntan que no queda aclarado de dónde procederán los 8.000 metros cúbicos necesarios para las pruebas iniciales. A ello se suma el movimiento previsto de 74 camiones pesados al día por la LE-6425, para el que, según los escritos presentados, no se habría aportado un estudio suficientemente detallado de intensidad de tráfico ni las autorizaciones correspondientes.

Los opositores denuncian además carencias en el procedimiento de consultas y en la evaluación de impactos acumulativos. Entre sus argumentos figura que no se habría consultado de forma individualizada a municipios próximos como Astorga o Santiago Millas ni a organismos considerados relevantes en materia de aguas, salud pública, patrimonio, protección civil o montes. También reprochan al estudio que no incorpore suficientemente otros proyectos próximos a la hora de valorar los efectos conjuntos sobre el entorno. Finalmente, critican que la información pública se abriera en agosto con más de un millar de páginas de documentación y unos plazos que, a su juicio, dificultaron la participación efectiva de vecinos y administraciones.

Un motorista ha fallecido a primera hora de la noche de este jueves tras sufrir una caída cuando circulaba por la Ronda Este de la ciudad de León, la LE-20 que hace de circunvalación de la capital. El hombre quedó inconsciente en la mediana de la vía, a la altura del kilómetro 146, en sentido sur.

La sala de operaciones del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León explica que se recibió una llamada de alerta a las 21.38 horas, en la que se solicitaba asistencia sanitaria para el conductor de la moto, la cual había perdido el control por motivos que se desconocen.

El centro de emergencias avisó a la Policía Local de León, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), la cual movilizó de emergencia una UVI móvil hacia el lugar de los hechos. A la llegada del vehículo, el personal sanitario atendió al motorista, un hombre que finalmente falleció antes de poder producirse su traslado al Hospital de León, no muy lejos del lugar del siniestro. Se desconoce la edad u otros datos de la víctima mortal.

El primer juicio de la temporada en la Audiencia Provincial de León tratará de resolver una historia de hace veinte años y en la que aparece uno de los nombres más conocidos de la minería leonesa: Victorino Alonso, el ‘rey del carbón’. Pero no será el empresario minero quien se siente en el banquillo, sino quien fuera alcalde de Cabrillanes entre 2003 y 2007, Ovidio Benéitez Álvarez, acusado de la supuesta malversación de 36.000 euros que, según la Fiscalía, recibió en efectivo de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces controlada por Alonso.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Cabrillanes mantenía un convenio con la empresa minera por la explotación a cielo abierto Nueva Julia, situada en el municipio babiano, que terminó llevando a prisión al magnate minero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa debía aportar 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por la explotación. El Ministerio Público sostiene que el 8 de noviembre de aquel año la compañía entregó al entonces alcalde 36.000 euros en efectivo para cumplir las obligaciones del convenio, pero que esa cantidad nunca llegó a las arcas municipales ni fue fiscalizada por la Secretaría ni por ningún otro empleado o funcionario público del Consistorio leonés.

La Fiscalía considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y acusa a Benéitez en calidad de autor. En su escrito, presentado en 2017, solicita para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, aunque aprecia como circunstancia atenuante las dilaciones indebidas acumuladas durante la tramitación del procedimiento que suman ya dos décadas.

El juicio está señalado para el lunes 21 y martes 22 y jueves 24 de septiembre, ante un Tribunal del Jurado, después de una investigación judicial que se ha prolongado sobremanera. El procedimiento arrancó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y posteriormente la Audiencia Provincial de León confirmó que existían indicios suficientes para que el caso avanzara hacia el juicio. El exalcalde siempre ha defendido que los 36.000 euros tuvieron un destino municipal y los vinculó a unas obras, pero su versión no ha evitado que finalmente responda por ello en la sala de justicia.

Un pago de la empresa de Victorino Alonso

El dinero que está en el centro del procedimiento salía de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la compañía quebrada que compró y explotó hasta su extinción el empresario minero Victorino Alonso. El pago estaba relacionado con Nueva Julia, una explotación a cielo abierto que acabaría convirtiéndose en uno de los principales episodios judiciales de la trayectoria empresarial del conocido como ‘rey del carbón'.

Alonso fue condenado por la explotación ilegal de Nueva Julia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El Tribunal Supremo confirmó una pena de cuatro años de prisión para él y una responsabilidad civil superior a 24 millones de euros por los daños ocasionados, una condena que terminó llevando al empresario a prisión en 2023. Posteriormente obtuvo el tercer grado y, este 2026, la libertad condicional por su edad.

La causa por la que ahora se juzga al que fuera alcalde de Cabrillanes es, por tanto, distinta de la condena medioambiental de Alonso, aunque ambas tienen como escenario la misma explotación minera y parten de acontecimientos ocurridos en aquellos años de actividad de Nueva Julia.

Una historia que empezó hace 20 años

El caso llega al juicio casi veinte años después de los hechos investigados. Benéitez fue alcalde de Cabrillanes durante el mandato 2003-2007 y accedió al cargo tras un acuerdo entre IU, PSOE, UPL e IR. La investigación judicial puso el foco en los 36.000 euros recibidos de la empresa minera y en su ausencia de las cuentas municipales.

La defensa del exregidor sostuvo durante la instrucción que el dinero se había destinado a unas obras de construcción de muros de escollera y hormigón en el municipio. Sin embargo, las resoluciones judiciales que permitieron continuar con el procedimiento cuestionaron la existencia de documentación municipal que acreditase tanto el encargo como la fiscalización de aquellas obras y señalaron que las cantidades facturadas no permitían justificar el destino del dinero.

Ahora será el Tribunal del Jurado el que tendrá que determinar qué ocurrió con aquellos 36.000 euros. Fiscalía ve malversación y pide para el acusado 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, con el atenuante de dilaciones indebidas de dos décadas.

La Guardia Civil rescató este miércoles a dos montañeros de 45 y 41 años que se encontraban en dificultades en la cima del Pico Torrecerredo, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa.

La operación movilizó a especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero (León), Cangas de Onís (Asturias) y Potes (Cantabria), además del helicóptero de la Unidad Aérea de León. Las condiciones meteorológicas que acababan de empeorar, con niebla y nubes bajas, impidieron inicialmente el acceso por aire y obligaron a los rescatadores a completar a pie buena parte de la intervención.

La alerta se recibió sobre las 10.00 horas, cuando el servicio de emergencias 1-1-2 de Asturias comunicó la presencia de dos personas con problemas en las proximidades de la cima. Desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias se activó el dispositivo, con efectivos de los tres Greim y el apoyo del helicóptero con base en León.

La aeronave trasladó inicialmente a los especialistas de Sabero hasta las proximidades de la zona en la que se encontraban los montañeros. Sin embargo, la niebla y las nubes bajas imposibilitaron continuar la aproximación aérea, por lo que los agentes tuvieron que proseguir el recorrido a pie por la montaña durante varias horas.

Los especialistas localizaron finalmente a los dos excursionistas sobre las 16.45 horas. Ambos, varones de nacionalidad española y de 45 y 41 años, se encontraban en buen estado y no presentaban lesiones, por lo que en principio no requerían atención sanitaria. Los agentes les proporcionaron comida y agua antes de iniciar con ellos el descenso a pie, ante la persistencia de unas condiciones que seguían dificultando la evacuación en helicóptero.

Después de varios intentos, la aeronave consiguió acceder a la zona y permitió la evacuación aérea de los dos afectados hasta la localidad leonesa de Riaño, donde concluyó el rescate.

En un primer momento, se consideró que el incidente podía haberse producido en territorio asturiano, debido a la comunicación inicial de la emergencia desde el 112 de Asturias. Sin embargo, una vez localizada con precisión la posición de los montañeros, se confirmó que se encontraban en la vertiente leonesa del Pico Torrecerredo, dentro del término municipal de Posada de Valdeón.

La Guardia Civil ha identificado e investigado penalmente a dos hombres como responsables de dos delitos contra el patrimonio cometidos en un establecimiento de hostelería situado en la Urbanización Monteleón, situado en la carretera de Asturias y dentro de la localidad de Carbajal de la Legua, término municipal de Sariegos.

A raíz de la recepción de la denuncia que interpusieron tras el robo con fuerza cometido dentro del bar, efectivos del puesto principal de Armunia realizó diversas pesquisas e investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, remarcan en una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de León.

Fruto de esas investigaciones, los agentes localizaron e identificaron a dos personas como presuntos autores de la comisión de estos ilícitos penales. Con toda la información se han instruido las correspondientes diligencias por un delito de hurto consumado y otro hurto en grado de tentativa, detallan en el comunicado.

Detallan que entre los efectos personales robados se encontraban tarjetas bancarias, un terminal móvil, así como dinero en efectivo, todos ellos sustraídos del interior de dicho local, conforme aparecía reflejado en la denuncia.

No se han hecho esperar las más previsibles reacciones contra la decisión del Gobierno central de no contemplar ni un céntimo más de inversiones para mejoras en el aeropuerto de León durante los próximos cinco años que las diseñadas hace ya casi dos años atrás, y que colectivos y partidos políticos consideraban insuficientes.

Entre ellas, destaca la del Partido Popular (PP), cuyas diputadas nacionales por la provincia, Ester Muñoz y Silvia Franco, atacan el reparto económico del multimillonario plan Dora III, un reparto que deja a León con apenas 16,3 millones de los 13.000 globales para todos los aeródromos españoles hasta el año 2031. Las parlamentarias censuran que no se haya contemplado la inclusión de la reclamada terminal de carga para mercancías, que ha dimensionado la propia Diputación de León, donde cogobiernan PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y que requeriría 43,6 millones de euros, o la implantación de un sistema de aproximación más moderno y fiable, un ILS 3, en vez del 1 actual.

Pero junto a esta esperada crítica popular, este jueves se ha sumado con calcados argumentos el ataque a esta decisión por parte de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León. Su portavoz, el concejal Eduardo López Sendino, a través de una nota de prensa, habla de un nuevo episodio de “frustración por este nuevo ninguneo del ministro Puente con León, que sigue sin atender las justas reivindicaciones para el definitivo despegue del aeropuerto de León”.

Un ataque que no deja de resultar llamativo por el hecho de que su propia formación leonesista es socia de Gobierno junto al PSOE en la Diputación provincial, la otra institución, junto con el Ayuntamiento de la capital, que conforman el Consorcio para la Gestión del Aeropuerto de León. Por el momento, no consta que ni en las últimas horas ni tampoco en los últimos meses, desde que el Ministerio de Transportes planteara el calendario de inversiones estatales del Dora III, que ni UPL en la Diputación ni tampoco el PSOE que lidera Gerardo Álvarez Courel haya defendido un aumento de la inversión estatal en el aeródromo leonés, y eso a pesar de que la iniciativa de impulsar la terminal de mercancías, que sería la única de todo el noroeste, partió de una presión política a sus socios socialistas por parte de los tres diputados provinciales leonesistas en el Palacio de los Guzmanes.

Más duro aún que el propio PP en su reacción, el Grupo Leonesista de Sendino -actual portavoz pero ya de salida, al anunciar que no repetirá en la lista al Ayuntamiento leonés- ve la decisión final inversora del Gobierno “un auténtico desprecio a todos los leoneses el que ni tan siquiera se contemple con alguna partida presupuestaria el ILS o la terminal de carga”.

Sin embargo, una parte del comunicado trata de no poner totalmente contra las cuerdas políticas a sus compañeros de siglas en la Diputación. Lo hace aferrándose a una de las pocas maniobras anunciadas, aunque muy incipientes, por los diputados provinciales leonesistas para mejoras en el aeropuerto: “Del mismo modo que desde el Grupo Leonesista de la Diputación de León se ha comenzado a trabajar en el vial que conecte el aeródromo leonés con el polígono de Trobajo del Camino, instamos al Gobierno Central y a la Junta de Castilla y León a mover ficha con la misma celeridad en relación al otro acceso, que conectará la terminal con el Polígono Industrial de Villadangos y con la autopista AP-66”, un vial reclamado por el colectivo León Propone.

Por su parte, las populares leonesas Muñoz y Franco anuncian ofensiva institucional, a través, como tantas veces, de una pregunta parlamentaria al Gobierno, en la que requiere al Ejecutivo de Pedro Sánchez si “considera que la inversión de 16,3 millones de euros en cinco años, sin incluir una terminal de mercancías ni una mejora sustancial del sistema de aproximación instrumental, responde a las necesidades y al potencial de crecimiento del aeropuerto de León”, porque el PP tiene claro que no.

Decepción también de la Plataforma

A las mismas críticas se ha sumado finalmente la Plataforma Más Vuelos para León, que era la que recientemente había pedido que la inversión del Dora III para León aumentara al menos hasta los 50 millones para incorporar la previsión de la terminal de carga y descarga y un mejor sistema de aproximación ILS. Hoy su presidente, Pedro Álvarez Vallejo, censuraba en otro comunicado que a León “no le ha tocado ni la pedrea, tan solo un 0,12% de los casi 13000 millones de euros de inversión” estatales. “Una vez más la provincia de León es la gran olvidada por el ministerio que dirige el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, don Óscar Puente”, se lamenta.

Tres accidentes de tráfico registrados este miércoles en la ciudad de León y también en la comarca de El Bierzo han dejado tres mujeres heridas que han necesitado asistencia sanitaria, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla y León. Entre las personas afectadas destacan las edades especialmente jóvenes de dos de ellas, una de unos 18 años y otra de unos 25.

El primero de los siniestros se produjo a las 10.42 horas en el Camino Gaiztarro Viejo, a la altura del número 201, en el barrio de Cuatrovientos, en Ponferrada. Se trató de una colisión por alcance entre dos turismos en la que resultó herida leve una mujer de unos 35 años, para cuya atención se solicitó asistencia sanitaria. La Sala de Operaciones del 1-1-2 avisó a la Policía Local de Ponferrada y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), que movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

A las 11.14 horas se recibió otro aviso por un accidente en la N-6, en el término municipal de Congosto. La colisión se produjo entre un turismo y un camión en el punto kilométrico 377 de esta carretera. Una mujer de unos 25 años resultó herida leve pero precisó asistencia sanitaria.

El tercer accidente tuvo lugar por la tarde en la ciudad de León. A las 19.22 horas, el 1-1-2 recibió varias llamadas que alertaban del atropello de una mujer de unos 18 años por parte de un turismo en la calle El Encinar, en el barrio de La Palomera. La joven se encontraba consciente, aunque necesitaba asistencia sanitaria. La Sala de Operaciones del 1-1-2 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias de Sacyl, que desplazó personal sanitario hasta el lugar, en espera de valorar su necesidad de traslado al Hospital de León.

El PSOE ha visto rechazada en las Cortes de Castilla y León su iniciativa para impulsar la protección y conservación de las sebes tradicionales de la provincia de León, un patrimonio natural, cultural y paisajístico en riesgo de desaparición. El bloque en el Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox impuso sus diez votos en contra frente a los siete que sumaron el Grupo Socialista y el Grupo Mixto en una Comisión de Medio Ambiente que preside el leonés y alcalde popular de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza.

Los procuradores del PSOE de León han reclamado, sin éxito, a la Junta de Castilla y León medidas para inventariarlas, protegerlas e incorporar su conservación a las políticas autonómicas de biodiversidad, infraestructura verde y lucha contra el cambio climático. Pero se han topado con la total negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

La vicesecretaria general del PSOECyL y procuradora por León, Nuria Rubio, ha lamentado el rechazo de la proposición no de ley (PNL) y ha advertido de que “las sebes son parte de la identidad de nuestros pueblos”, defendiendo que su conservación debe formar parte de las políticas públicas de protección del territorio. “Hoy pedimos algo tan sencillo y tan importante como que dejemos de mirar hacia otro lado mientras desaparecen”, señaló Rubio, quien ha recordado que las sebes están presentes en numerosas comarcas leonesas y representan una forma tradicional de entender y cuidar la tierra.

La dirigente socialista ha subrayado que las sebes no solo tienen un valor cultural y paisajístico, sino también una importante función ambiental. Sirven de refugio para numerosas especies, actúan como corredores ecológicos, protegen los suelos frente a la erosión, conservan la humedad, reducen los efectos del viento y favorecen la presencia de insectos polinizadores.

Rubio ha criticado que, pese a la importancia de estos elementos, “la Junta subvenciona actuaciones ambientales, pero no cuenta con una línea específica y reconocible para proteger este patrimonio leonés”. “Después de casi cuatro décadas gobernando esta comunidad, ya no puede alegar desconocimiento. Existe bibliografía, existen personas expertas y existe una preocupación creciente en el territorio”, ha matizado.

En este sentido, la propuesta socialista ha planteado elaborar un inventario de las sebes existentes en colaboración con ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones, investigadores y colectivos sociales.

Además, el PSOE ha considerado imprescindible que las futuras concentraciones parcelarias y actuaciones de transformación agraria incorporen criterios de conservación del paisaje tradicional. “No estamos diciendo que no se puedan transformar o mejorar las explotaciones. Estamos diciendo que no se puede entrar en un territorio como si antes no hubiera allí nada valioso”, ha explicado Rubio.

“Modernizar no puede significar destruir. Progreso no es borrar la memoria de una tierra. Progreso es conseguir que el campo tenga futuro sin renunciar a su identidad”, ha defendido.

La procuradora ha reclamado también campañas de divulgación y sensibilización, especialmente en los centros educativos y en el medio rural, para transmitir a las nuevas generaciones el valor de este patrimonio y el conocimiento tradicional asociado a su conservación. “Estoy convencida de que no se protege aquello que no se conoce y tampoco se ama aquello que nunca nos han enseñado a mirar”, ha afirmado Rubio.

Por último, la política lacianiega ha lamentado que la desaparición de las sebes es otra consecuencia del abandono del medio rural y ha reclamado a la Junta que actúe antes de que sea demasiado tarde. “No dejemos que se arranquen por indiferencia, por desconocimiento o por falta de voluntad política. Tenemos la oportunidad y la obligación de protegerlas”, ha concluido.

En parecidos términos se manifestó en que fue esta vez representante el Grupo Mixto, no por Unión del Pueblo Leonés (UPL) sino por Soria Ya!, José Ángel Ceña, cuyo apoyo no sirvió para que la iniciativa saliera adelante.

El papel de los perros en el manejo y la protección del ganado ha centrado una jornada de trabajo del proyecto europeo EU4SUPA en Babia, un encuentro que ha reunido en La Cueta a pastores, ganaderos y técnicos vinculados al sector extensivo para compartir experiencias y plantear soluciones a los problemas que afronta esta actividad en la montaña leonesa.

La jornada, organizada por la Fundación Monte Mediterráneo y dinamizada por Cesefor, se enmarca en los denominados Living Labs y talleres de co-creación que este proyecto europeo desarrolla en los distintos países participantes. El objetivo es incorporar al propio sector en la búsqueda de herramientas y propuestas que permitan reforzar un modelo de pastoreo sostenible.

Uno de los momentos centrales fue la visita a un puerto de montaña de Babia, donde los participantes pudieron acompañar a un rebaño de ovejas y observar sobre el terreno el trabajo de los perros encargados tanto de conducir el ganado como de protegerlo frente a la fauna silvestre. Una experiencia que permitió poner en común los conocimientos acumulados durante años por los pastores y ganaderos de la zona.

Mastines y careas, una herramienta esencial

El encuentro puso el foco en los perros de guarda y de carea, considerados por los participantes una herramienta esencial para mantener el pastoreo extensivo en zonas de montaña. El taller se organizó en cuatro mesas de trabajo en las que se abordaron las dificultades que encuentran los ganaderos en el día a día y las necesidades relacionadas con la selección y el manejo de estos animales.

Entre las cuestiones planteadas estuvieron también la preservación de la cultura trashumante, la relación con las administraciones públicas en todo lo relacionado con los perros de protección y pastoreo y la conservación de las razas autóctonas, como elementos vinculados al futuro de la ganadería extensiva.

La jornada buscó precisamente que las propuestas no partieran únicamente de una perspectiva técnica o institucional, sino de la experiencia directa de quienes mantienen esta actividad. El proyecto pretende recoger ese conocimiento para incorporarlo a sus próximas fases y desarrollar herramientas formativas adaptadas a las necesidades reales del sector.

Un proyecto europeo para reforzar el pastoreo

EU4SUPA (European Union for Sustainable Pastoralism) trabaja durante 30 meses para contribuir a la revitalización del pastoreo mediante nuevas herramientas de formación profesional y el intercambio de conocimientos entre distintos territorios europeos. El proyecto aborda los retos ambientales, socioeconómicos y culturales que afrontan las comunidades pastorales.

La iniciativa está financiada por la Unión Europea a través del programa Erasmus+ y está coordinada por la Fundación Monte Mediterráneo. En ella participan entidades de España, Austria, Rumanía, Bulgaria e Italia, entre ellas Cesefor.

En el caso de Babia, el encuentro ha servido además para poner en valor el conocimiento de los propios pastores y ganaderos de la comarca y su papel en la conservación de una actividad ligada al territorio y a la montaña leonesa.

León cumplirá el próximo 19 de septiembre quince años sin servicio ferroviario en el tramo urbano de la antigua Feve. Apenas tres días después, la mayor feria ferroviaria internacional de Europa, InnoTrans, abrirá sus puertas en Berlín con una muestra de trenes y tecnologías que la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha considera especialmente relevante para el futuro de la línea leonesa.

La cita, que se celebrará entre los días 22 y 25 de septiembre, reunirá a algunos de los principales fabricantes ferroviarios del mundo y permitirá conocer nuevos vehículos destinados precisamente a líneas no electrificadas. Entre ellos habrá trenes con propulsión mediante baterías o hidrógeno, tecnologías por las que apuesta el informe técnico presentado por la Plataforma a comienzos de este año como una de las posibles vías para recuperar el ferrocarril hasta el centro de León.

El contexto es especialmente significativo para una línea cuyo material móvil actual se encuentra al final de su vida útil y para la que, según advirtió aquel informe, resulta necesario comenzar cuanto antes el proceso de diseño y adquisición de nuevos trenes. Los técnicos que asesoran a la Plataforma calcularon que desde la concepción de las nuevas unidades hasta su homologación y entrada en servicio podrían transcurrir alrededor de ocho años.

Según resaltan en un comunicado de prensa, CAF presentará en Berlín uno de sus vehículos propulsados exclusivamente por baterías, después de que una unidad de la compañía haya alcanzado durante unas pruebas una autonomía superior a los 270 kilómetros sin necesidad de recarga. La empresa española informó de un recorrido de 273 kilómetros en modo batería en sus ensayos realizados en el centro de pruebas de Wildenrath.

También Stadler llevará a InnoTrans un vehículo de baterías y nuevas unidades de hidrógeno desarrolladas específicamente para diferentes redes de vía estrecha italianas. Estas últimas presentan, según destaca la Plataforma, unas características geométricas similares a las que serían necesarias para sustituir los actuales trenes que prestan servicio en la línea de ancho métrico entre León y Guardo.

Otros grandes fabricantes como Hitachi, Siemens y Alstom acudirán igualmente a la feria con soluciones de nueva generación para el transporte ferroviario, en un mercado que está desarrollando alternativas a la tracción diésel para las líneas que carecen de electrificación.

Las alternativas

Precisamente esta evolución tecnológica constituye la base de una de las tres alternativas analizadas en el informe presentado por la Plataforma en enero de 2026 para desbloquear la llegada de Feve al centro de la capital. Frente a la electrificación completa de la línea mediante trenes-tranvía, o al diseño de unidades eléctricas específicas con puertas a dos alturas, el documento apostaba por una tercera opción basada en nuevas tecnologías de tracción limpia.

Esta alternativa contemplaba el uso de hidrógeno verde, baterías, sistemas híbridos, combustibles renovables o sintéticos y combinaciones de estas tecnologías. Según los cálculos de los técnicos, requeriría una inversión global ligeramente inferior a los 170 millones de euros, frente a los alrededor de 200 millones estimados para la electrificación completa con catenaria.

La Plataforma consideró entonces que esta tercera solución permitiría reducir de forma importante las intervenciones necesarias en la infraestructura, aunque exigiera desarrollar y adquirir material móvil específicamente adaptado al ancho métrico. También defendió que las nuevas unidades podrían mantenerse en talleres ya existentes dentro de la red ferroviaria española de vía estrecha.

La llegada de estas tecnologías a la gran feria ferroviaria de Berlín es interpretada ahora por el colectivo como una confirmación de que las alternativas planteadas para León no se limitan a una propuesta teórica. La Plataforma sostiene que los trenes y sistemas que se exhibirán en InnoTrans demuestran que existen soluciones para renovar el material móvil y mantener el servicio ferroviario en líneas no electrificadas.

El futuro del tramo urbano de Feve continúa, mientras tanto, pendiente de una decisión institucional. El Ministerio de Transportes ha planteado la sustitución del servicio ferroviario en el tramo urbano por un autobús eléctrico sobre una plataforma que soterraría las vías ya instaladas, una solución rechazada por la Plataforma y la mayor parte de los grupos políticos, que reclaman mantener la infraestructura ferroviaria y recuperar la llegada de los trenes al centro de la ciudad.

Implicación de la Junta y aprobación para la galería

El informe técnico remitido en enero al Ministerio, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León planteaba además un cambio en la gestión del tramo comprendido entre La Asunción y Matallana. Entre sus propuestas figuraba que la Junta asumiera la titularidad de ese recorrido urbano, aunque Adif mantuviera la propiedad de la infraestructura, como una posible vía para desbloquear una integración ferroviaria que permanece sin resolver desde la suspensión del servicio urbano en septiembre de 2011. Esta posibilidad fue aprobada hace escasos días tras una iniciativa de Unión del Pueblo Leonés (UPL), aunque no es de obligado cumplimiento para el actual Gobierno autonómico de PP y Vox.

Quince años después de aquella desaparición, la Plataforma vuelve así a situar el foco en la necesidad de renovar las decisiones sobre el material móvil. Considera que corresponde al Ministerio y a Renfe impulsar las actuaciones necesarias en este ámbito y recuerda que cuenta con el ofrecimiento de colaboración de su grupo de asesoramiento técnico-jurídico y del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria de la Universitat Politècnica de València.

La asociación mantiene además abierta una campaña de recaudación de fondos para financiar su actividad judicial relacionada con la defensa del ferrocarril de vía estrecha y solicita aportaciones económicas a la ciudadanía leonesa. Existe la posibilidad de realizar una transferencia bancaria a nombre de la Asociación Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, al IBAN ES2220800924233040004613o a través de Bizum al número de teléfono 609901303 y a nombre de Jesús María C.G..

Dos jóvenes de en torno a los 20 años de edad han resultado heridos este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad de Villaobispo de las Regueras, perteneciente al municipio de Villaquilambre, en el alfoz de León capital. El siniestro se produjo en la calle Industria y estuvieron implicados un turismo y un patinete.

Según la información facilitada por el servicio de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla y León, las primeras llamadas alertando del accidente se recibieron a las 18.53 horas. Los dos jóvenes se encontraban conscientes tras el impacto. El centro de emergencias dio aviso a la Policía Local de Villaquilambre y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), que desplazó recursos asistenciales hasta el lugar, al objeto de decidir si era necesario el traslado de alguno de ellos al Hospital de León, situado no muy lejos del lugar.

Este ha sido uno de los cuatro accidentes con heridos registrados este martes en la provincia de León, que dejan un balance de al menos cinco personas afectadas. El primero se produjo a las 09.23 horas en la calle Velázquez de León capital, donde una mujer de aproximadamente 30 años resultó herida tras ser golpeada por un turismo. La víctima permanecía consciente, aunque se encontraba aturdida. El 1-1-2 movilizó a la Policía Local y a Emergencias de Sacyl, que envió una ambulancia.

Solo tres minutos después, a las 09.26 horas, se registró otro accidente en Ponferrada, en la avenida de Galicia, en el cruce con la avenida del Canal, en el barrio de Cuatrovientos. En este caso colisionaron un turismo y una bicicleta y resultó herido el ciclista, un hombre de unos 50 años que permanecía consciente. Fueron avisados la Policía Municipal de Ponferrada, Emergencias de Sacyl y la Policía Nacional.

Ya por la tarde, a las 17.19 horas, el 1-1-2 recibió el aviso de una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta en la calle Roa de la Vega de León capital. Un hombre de unos 60 años precisó asistencia sanitaria al presentar dolor en la espalda y en un codo. Hasta el lugar se movilizaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y nuevamente de Emergencias de Sacyl.

La AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio Valladares Rodríguez de Toreno da un nuevo paso en su batalla por evitar el cierre de un aula de Educación Infantil. Tras convocar una concentración coincidiendo con el comienzo del curso académico, ahora inicia una recogida de firmas para exigir a la administración autonómica que revierta esa supresión. Y lo hace apelando a la esencia del municipio. “Toreno es un pueblo con pasado minero, un pueblo que sabe lo que significa luchar por lo suyo cuando se le quiere arrebatar”, dicen las familias, que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Toreno y de otras AMPA de la comarca berciana.

“No vamos a quedarnos parados, y no vamos a callarnos ni a cansarnos aunque la Administración pretenda ganar tiempo. Si es necesario llevaremos esta reivindicación hasta la última instancia”, señalan desde la AMPA del Valladares Rodríguez, que interpreta el hecho de que cerca de 200 personas se concentraran en el comienzo de curso como una demostración de que “esta no es una preocupación de unas pocas familias, sino un sentir compartido por todo un pueblo”.

Al mismo tiempo, la reivindicación de las familias de Toreno “no es una batalla aislada” puesto que la AMPA se está coordinando con otras de la comarca que “se enfrentan a recortes similares” al entender que “la defensa de la escuela pública rural y de los pueblos es una causa común”.

“Esta lucha no se apaga con silencios ni con largas”, afirma la AMPA del Valladares Rodríguez para reclamar que “se mantenga el aula de Educación Infantil” y “se estudien y apliquen todas las alternativas posibles antes de suprimir un solo recurso educativo” en un municipio que “ya ha sufrido bastantes pérdidas de servicios”.

La recogida de firmas se canalizará a través de varios comercios del municipio. La AMPA anima a participar en la reivindicación a “familias, vecinos y vecinas, antiguos alumnos, asociaciones, colectivos y comerciantes, tengan o no hijos actualmente escolarizados en el centro”.

La empresa Naturgeis abre las inscripciones para un nuevo Programa Formativo de Horticultura Ecológica que se desarrollará este otoño en Riego de la Vega. La formación será gratuita y presencial, tendrá una duración total de 90 horas y está pensada tanto para personas que quieran iniciarse como para quienes ya tengan experiencia y quieran mejorar el manejo de sus cultivos.

El lugar elegido encaja especialmente bien con el contenido del programa. Riego de la Vega forma parte de un territorio estrechamente ligado a la agricultura de regadío. El propio desarrollo del pueblo se fue extendiendo hacia las zonas bajas de la vega, buscando la cercanía de los cultivos y huertos, y siguiendo dos ejes marcados por los canales de riego.

Esta relación con la agricultura no es reciente. El Ayuntamiento de Riego de la Vega recuerda que la ribera del Órbigo ha mantenido históricamente una importante actividad agraria y que la puesta en regadío de sus campos contribuyó a transformar y dinamizar la zona. En este contexto, hablar de horticultura ecológica en la actualidad significa también plantearse cómo producir alimentos aprovechando mejor el agua, conservando la fertilidad de los suelos y reduciendo la dependencia de productos químicos.

El programa abordará el cultivo ecológico desde una perspectiva amplia y práctica. Los participantes trabajarán cuestiones como el diseño y planificación de huertos, rotación de cultivos, preparación y conservación del suelo, compostaje y vermicompostaje, fertilización orgánica, gestión eficiente del agua y control natural de plagas y enfermedades. También se tratará la importancia de la biodiversidad y los polinizadores.

La formación irá más allá del propio cultivo. El programa incluye contenidos sobre certificación ecológica y normativa, así como comercialización, canales cortos, redes de consumo y cooperativismo, con el objetivo de ofrecer una visión más completa de las posibilidades de la horticultura ecológica.

Además, el programa está dividido en tres cursos o módulos: introducción a la horticultura ecológica; fertilización del suelo y uso eficiente del agua; y control ecológico de plagas y enfermedades. Las personas interesadas podrán realizar el programa completo o inscribirse únicamente en los módulos que más les interesen.

Las clases comenzarán el martes 6 de octubre en la Casa de Cultura de Riego de la Vega, durante los martes y jueves de 16.00 a 21.00 horas. El programa contempla entre 20 y 30 participantes y al finalizar se expedirá certificado oficial. La acción está cofinanciada en un 55% por la Unión Europea a través del Feader.Las inscripciones ya están abiertas y podrán realizarse hasta dos días antes del comienzo de la formación. Los interesados en contar con más información la pueden obtener en este enlace.

La nueva Facultad de Medicina de León que echa a andar este curso, y que hoy se ha inaugurado de manera oficial con desembarco institucional, parte de 80 alumnos que fijaba la memoria que fue aprobada por la Junta de Castilla y León. Tal y como ya anunció la semana pasada la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, como mucho ascenderá a una cifra final de 88 estudiantes de este pionero primer curso porque entraría dentro del 10% que como tope se permite superar.

Sin embargo, cuando la semana pasada se produjo la inauguración del también esperado arranque del primer curso de Medicina en la Universidad de Burgos, con presencia del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y del de Sanidad, el burgalés Alejandro Vázquez, se anunció que partiendo de una cifra de 72 plazas en su memoria oficial, el Campus burgalés ya duplicaba la cifra final de matriculados en el Grado de Medicina, ascendiendo finalmente a 159. En este caso, el tope del 10% permitido a mayores quedaba pulverizado: se trata de un 120% más.

Ante esta situación, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha criticado la desigual permisividad del Gobierno autonómico, formado por Partido Popular (PP) y Vox, cuando la Universidad de León sí cumple “escrupulosamente” con las plazas fijadas inicialmente para esos mismos estudios que en ambos campus se estrenan por primera vez. Por eso, en un comunicado se anuncia el registro de una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para depurar responsabilidades y conocer las causas de ese desigual incremento.

El Grupo Mixto parlamentario que lidera UPL espera que la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que dirige el leonés Suárez-Quiñones, explique por qué la UBU “se ha saltado la memoria de implantación aprobada para el Grado de Medicina”, creando a su juicio “un doble rasero” respecto al caso de León. Y de paso, reclaman del consejero “que detalle si su área va a actuar ante esta situación de perjuicio para la Universidad de León y, en caso afirmativo, qué medidas y acciones plantean tomar”.

Si no cambian las cosas, la desigualdad de alumnos entre ambas universidades será manifiesta. Pero no tan abultada. Fuentes oficiales de la UBU han detallado a ILEÓN que a fecha de hoy la cifra de alumnos matriculados no es de los 159 que se mencionó en el arranque del curso la semana pasada sino de 134, con una tendencia “a la baja”. Para que sea posible lo que sí tildan de “alta demanda” recibida, añaden, “se han duplicado grupos y prácticas”.

Matizan además que la cuantía final de alumnos del Grado de Medicina en la ciudad castellana no se conocerá como definitiva “hasta mediados de octubre”, cuando se cierre el plazo último para matriculaciones. Y desisten de entrar en polémica alguna, no detallando cuál es el motivo de haber superado con creces el límite del 10% permitido, un porcentaje que se se tiene en cuenta los 134 estudiantes ya matriculados hoy sería exactamente de más del 86%.

El Consejo de Ministros ha incluido este martes los territorios perjudicados por trece emergencias ocurridas en la provincia de León en la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, la mayor parte de ellas en El Bierzo. Se trata de doce incendios forestales y las inundaciones provocadas por la crecida del Meruelo (en la cuenca del Boeza) en Bouzas y los desprendimientos de ladera en Manzanedo de Valdueza, que se saldaron con dos mujeres muertas y varios heridos, algunos de ellos bebés. Son dos poblaciones pertenecientes al municipio de Ponferrada, como Carracedo de Compludo, cuyos vecinos quedaron atrapados durante días por los destrozos en el vial de acceso y que, sin embargo, no ha sido incluida en este listado.

Las emergencias leonesas recogidas en el acuerdo, ordenadas según la fecha de comunicación que figura en el listado del Centro Nacional de Emergencias (CENEM), incluyen el incendio forestal del 26 de junio en Ribota de Sajambre, el del 24 de julio en Balboa, el de Vegas del Condado y las inundaciones en Manzanedo y Bouzas. La lista completa se encuentra al final del artículo.

El acuerdo aprobado por el Gobierno comprende un total de 112 episodios adversos registrados en catorce comunidades autónomas. El periodo general de referencia se extiende entre el 27 de julio y el 31 de agosto, aunque el listado incorpora algunos incendios anteriores cuyas situaciones operativas fueron objeto de comunicación y seguimiento por el Sistema Nacional de Protección Civil.

La declaración permite solicitar ayudas por daños personales y materiales en viviendas y enseres, así como por los gastos afrontados por las entidades locales y los perjuicios sufridos en establecimientos industriales, comerciales y de servicios. También podrán acogerse las personas físicas o jurídicas que aportasen medios o realizasen prestaciones durante la respuesta a las emergencias.

La inclusión en el acuerdo no implica la concesión automática de las ayudas. Las personas, empresas y administraciones afectadas tendrán que acreditar los daños y cumplir los procedimientos establecidos en cada línea de apoyo. El Gobierno podrá incorporar nuevas medidas cuando disponga de una evaluación más completa de las consecuencias.

Entre las actuaciones previstas también se encuentran posibles exenciones o reducciones en el IBI y el Impuesto sobre Actividades Económicas, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y ayudas estatales de hasta el 50% del coste de los proyectos municipales destinados a reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos dañados.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) no ha tocado ni un céntimo a mayores su previsión de inversión durante los próximos cinco años.

El Consejo de Ministros del Gobierno ha aprobado este martes el llamado plan Dora III, es decir, su plan quinquenal de inversiones y de tasas aeroportuarias de Aena entre los años 2027 y 2031, con inversiones en la red de aeropuertos española de unos 13.000 millones en esos cinco años, 58 de ellos para los cuatro aeropuertos de Castilla y León. La cifra que le corresponde finalmente al aeródromo civil leonés queda fijada en 16,3 millones, que es exactamente la misma que aparecía en el primer borrador en hace justo un año y que se definió en la última fase de consultas, el pasado mes de febrero.

Eso quiere decir que Gobierno, el Ministerio que dirige Óscar Puente y Aena no han tocado la previsión inversora para León, así como tampoco para ninguno de los otros tres aeropuertos de Castilla y León. Y eso a pesar de que en el caso leonés, la Plataforma 'Más vuelos, más futuro para León' reclamó in extremis a Aena, y a las instituciones públicas leonesas como la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, que conforman el Consorcio en vigor, que el Dora III comprometiera al menos 50 millones de euros en el próximo quinquenio.

Era su cálculo de lo que podría suponer aproximadamente la suma de las inversiones que el primer borrador contenía, que Aena dirigía a actuaciones en el campo de vuelo y plataforma como el recrecido de la pista, nuevos vehículos para la seguridad operacional y elementos de campo para los sistemas de información y comunicación. Pero reclamaban a mayores dinero para acometer como mínimo la reclamada terminal de carga para mercancías que un estudio de la Diputación cifró en 43,6 millones, así como entre 3 y 6 millones más sumaría la instalación, también largamente exigida, de un sistema de aproximación avanzado, un ILS 3, para sustituir al de nivel 1 actual que provoca más cancelaciones de vuelos.

Hay que recordar que la propia directora general de Aena, Elena Mayoral, que visitó el aeropuerto leonés de La Virgen del Camino el pasado mes de mayo tras meses de promesas y esperas, ya desvinculó a esta empresa pública y por lo tanto al Ministerio del protagonismo para acometer la terminal de mercancías, que insistió en que requería dos condiciones: la primera, que hubiera empresas de peso que quisieran usarla, y segundo que después la acometieran ellos en virtud a esa demanda. Un jarro de agua fría que la Plataforma, y la oposición en la Diputación, que se mostraron dispuestos a admitir, al contrario que los socios en el Palacio delos Guzmanes, PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Como si nada de eso hubiera pasado, el Ministerio de Transportes ha calcado las cuantías que comprometerá invertir en los cuatro aeropuertos de la Comunidad: 9,8 millones para el de Burgos, 12,7 en Salamanca y 18,5 en el de Valladolid, Villanubla.

El Ministerio ha detallado que los esos casi 13.000 millones totales de inversión hasta 2031 saldrán de los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena. Y el ministro Óscar Puente ha resaltado que el Dora III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año, en aras a una mayor competitividad.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e incautado diversos tipos de drogas durante las fiestas de tres localidades de la provincia de León este pasado fin de semana. Los agentes intervinieron marihuana, hachís, cocaína, MDMA y éxtasis, en Valencia de Don Juan, Quintana de Rueda y La Virgen del Camino.

Las intervenciones forman parte de los dispositivos que mantiene la Comandancia de León para prevenir el tráfico y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión, especialmente durante la celebración de fiestas. La actuación dejó dos detenidos por diferentes delitos y varias personas propuestas para sanción administrativa por portar sustancias estupefacientes.

Un intento de huida y agresión en Valdepolo

La actuación que terminó con una detención se produjo en las inmediaciones de Quintana de Rueda, en el municipio de Valdepolo. Una patrulla del puesto principal de Armunia observó a un hombre de 57 años que conducía de manera temeraria e intentó darle el alto.

El conductor hizo caso omiso de las señales luminosas de los agentes y emprendió la huida. Finalmente fue interceptado cerca del Canal de los Payuelos y, después de abandonar el vehículo, intentó agredir a los integrantes de la patrulla. Los agentes consiguieron reducirlo y proceder a su detención.

Durante la inspección posterior del turismo localizaron unos 90 gramos de hachís escondidos en un doble fondo. El hombre está acusado de delitos contra la salud pública, atentado contra agentes de la autoridad y conducción temeraria.

Drogas en las fiestas de Valencia de Don Juan

En Valencia de Don Juan, la Guardia Civil desplegó varios dispositivos en las vías de comunicación y en las zonas urbanas de la localidad con motivo de sus fiestas.

Los agentes intervinieron marihuana, hachís, cocaína y MDMA a diferentes personas, que fueron propuestas para la correspondiente sanción administrativa. En este caso no se produjeron detenciones relacionadas con estas incautaciones.

La Guardia Civil destaca además que las jornadas festivas transcurrieron sin incidentes de carácter grave, dentro del dispositivo de seguridad establecido en coordinación con los distintos servicios implicados.

Un segundo detenido en La Virgen del Camino

La otra detención tuvo lugar durante las fiestas de La Virgen del Camino. Agentes del puesto principal de Armunia procedieron a identificar a un hombre de 36 años que, durante la intervención, emprendió la huida hacia la zona donde se celebraba la verbena.

Los guardias civiles consiguieron alcanzarlo, aunque, según la información facilitada por la Comandancia, ofreció una fuerte resistencia durante la detención. Al revisar posteriormente la mochila que llevaba localizaron pequeñas cantidades de éxtasis, hachís y cocaína.

El hombre fue detenido por los presuntos delitos de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los dos detenidos, junto con las diligencias instruidas y las sustancias intervenidas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.