¿Manos limpias?

Desde el más profundo respeto a la decisión adoptada por el presidente del Gobierno, deseo hacer constar que, como es obvio, es verdaderamente preocupante que la derecha de nuestro país –Vox y PP– aproveche dicha decisión para agrietar aun más nuestra convivencia democrática. Y ahora lo hacen, no es de extrañar, aprovechando –¿solo aprovechando?– la conducta de una organización, Manos Limpias, cuyos orígenes se encuentran en el llamado Frente Nacional,  de signo neofascista.

Iniciativas como la adoptada ahora, la denuncia penal de la esposa del presidente, parece que fundada en informaciones periodísticas y ya impugnada por la Fiscalía, tienen múltiples precedentes que considero necesario hacer presente.

El primero de ellos podría resumirse en este titular de un diario: 'El Tribunal Supremo se arrodilló ante Manos Limpias. Cronología y análisis de la actuación contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes franquistas tras la denuncia del sindicato ultraderechista'. Entre otras informaciones, siempre referidas a dicha denuncia, añadía que “El Tribunal Supremo, desde que en mayo de 2009 admitió a trámite la querella de Manos Limpias, coincidió con postulados y pretensiones de la ultraderecha, siempre con la oposición del fiscal”. Se incoó así un proceso que expresó la quiebra del principio de la independencia judicial y la criminalización de la libre interpretación de las leyes, en el que se atribuyó al juez Garzon  la comisión de un delito de prevaricación del que, como es más que sabido, finalmente fue absuelto. Y el citado medio añadía una precisión que guarda cierta relevancia en relación a la crisis actual: “El TS nunca dudó en aceptar una acusación popular que, como dijo la Unión Progresista de Fiscales, la ejerce Manos Limpias en fraude de los principios que deben guiar la intervención procesal de terceros no perjudicados”.

En segundo lugar, me refiero a la denuncia formulada contra mí por dicha organización el 14 de abril de 2010, por las palabras que había pronunciado el día antes en el Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, denuncia ampliada por Miguel Bernad  Remon el  21 de diciembre de 2010. En este caso, por un presunto delito de calumnias e injurias contra los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Mis  palabras, motivadas por el proceso penal incoado  por el Tribunal Supremo al juez Garzón a causa de la apertura del sumario 53/2008 en relación a las desapariciones forzadas del franquismo, fueron estas: “Es algo –me refería al proceso contra el juez Garzón– que constituye a mi juicio un golpe brutal a la democracia española y es constituirse en instrumento de la actual expresión del fascismo español”, así como que “han sido cómplices hasta el último día de las torturas infligidas por la Brigada Político-Socia, de las cuales muchos de los que están aquí han sido víctimas”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, por Auto de 20 de enero de 2011, acordó con un amplio fundamento el archivo de la causa. Entendió que el acto del Auditorio no había sido “guerra-civilista” y que en mis palabras no había habido ni “ultrajes” ni “calumnias” contra los jueces del TS. Rechazó, por tanto, que mi intervención, como era obvio, no fue “una incitación al golpismo” contra la democracia, como pretendía el denunciante.

Espero, esperamos, que “la capacidad que tienen algunos jueces españoles para embrollar las cosas y para empujar a los ciudadanos a discusiones estériles, pero iracundas”, en palabras  de la periodista Soledad Gallego, no impida una justa y democrática solución de la actual crisis.