Colegio, SA: los centros concertados gestionados por empresas imponen a las familias las cuotas más altas

La nueva concertada madrileña cobra el doble de cuota que los colegios con concierto tradicionales. Un estudio elaborado por la asociación de colegios privados Cicae junto a la federación de Ampas de la escuela pública de la Comunidad de Madrid, la FAPA Giner de los Ríos, señala que las escuelas que pertenecen a sociedades anónimas en la región cobran a las familias 159,12 euros mensuales de media en concepto de aportación voluntaria (que suele no ser tan “optativa”, dice el informe) frente a los 65,18 euros de aquellos que gestionan las congregaciones religiosas o los 111,31 de las cooperativas.

El informe, que funciona como extensión específica del general sobre toda España que realizan ambas entidades todos los años, señala que el 100% de los colegios analizados cobra cuotas a las familias, con un importe medio de 119,53 euros. Además, en el 82% de los casos este pago es “obligatorio” –lo que es ilegal porque la educación financiada con fondos públicos es gratuita–, entendida esta obligatoriedad como que en caso de no realizarse el alumno en cuestión queda excluido, según han explicado los responsables del estudio.

El 63% de los 115 centros visitados para realizar el informe –uno de cada cuatro de todos los concertados en la región– cobra un fijo superior a los 100 euros mensuales y la horquilla de precios va desde los 10 euros del colegio El Cid, en Vicálvaro, hasta los 489 del colegio Estrella Toledano, en Alcobendas.

Patronales de los colegios concertados como Escuelas Católicas, la organización de la Iglesia que agrupa sus colegios, señalan habitualmente que estos estos informes tienen como objetivo desprestigiar este modelo educativo sostenido con fondos públicos y que además el módulo que paga la administración no cubre todos los gastos –desde los cotidianos de funcionamiento como los suministros energéticos hasta la construcción de los edificios, responsabilidad del propietario–. Y como muestra, dicen, un botón en forma de centros que han cerrado o se han pasado a la pública por falta de fondos últimamente.

La nueva concertada tiene forma de empresa

Este estudio presenta la peculiaridad frente a los que se realizan con motivo del inicio de curso de que ha metido en la ecuación la titularidad de los centros atendiendo a la particularidad que es el sector de la escuela concertada en la Comunidad de Madrid. “Es un caso muy excepcional”, asegura Elena Cid, directora de Cicae. “Es la comunidad donde más entidades mercantiles hay”.

Entre la concertada en la Comunidad de Madrid hay un 26,5% –uno de cada cuatro centros– con forma de sociedad mercantil, sea limitada o anónima, según datos de Cicae. Otro 40% de los centros pertenecen a congregaciones o entidades religiosas, hay un 14,5% de cooperativas y un 17% de asociaciones o fundaciones. “La nueva concertada que ha proliferado en los últimos años y que depende de mercantiles es la que más cobra, la que más presión ejerce a las familias y la que menos permite la voluntariedad. Parece que se ha normalizado que las familias tengan que pagar por un servicio subvencionado”, ha asegurado Cid.

En Madrid hace varios años que se habla de “la nueva concertada” a la que alude Cid, un modelo de escuela que surgió al calor de las cesiones de suelo –gratuitas o con cánones muy bajos, por debajo de 700 euros en algunos casos– que impulsó Esperanza Aguirre a principios de siglo. Al menos 45 centros educativos se han levantado bajo este procedimiento en los últimos años. Hace dos semanas la presidenta Isabel Díaz Ayuso sacó otras dos parcelas a concurso.

El sistema alentado por la expresidenta consistía en poner el suelo y el concierto antes de la construcción del centro, una práctica ilegal cuando empezó y que la Lomloe ahora ha tratado de limitar (pero como no lo ha prohibido las medidas han resultado inútiles). Animados por estas facilidades, varias empresas empezaron a desembarcar en el sector educativo concertado, hasta entonces bastante limitado a cooperativas de profesores o a los colegios de instituciones o congregaciones religiosas. La nueva concertada frente a la tradicional, la que surgió creada por el PSOE en los 80 a raíz de la necesidad de asegurar plazas gratuitas para todo el alumnado cuando se expandió la educación tras la dictadura.

Este modelo de negocio lo utilizaba el exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, para cobrar mordidas por la cesión de parcelas y acabó con sus huesos en la cárcel.

Esta nueva concertada forma un subsector en sí misma. Un estudio realizado por este diario de las cuentas de 32 centros que responden a este modelo dejaba un panorama de entramados de empresas, grandes grupos inversores, sociedades mercantiles, altos salarios a sus directivos, repartos de dividendos e incluso inversiones en fondos o carteras.

Entre 159 euros y 65 euros al mes

Estos son los centros, en general, que más cobran a las familias, según el informe de Cicae. El informe señala que la cuota media de las sociedades anónimas es de 159 euros al mes; la de las sociedades limitadas de 141 euros; la de los colegios con forma de asociación o fundación es de 149; en las cooperativas se paga 111 euros cada 30 días; y en los centros de congregaciones religiosas un total de 65 euros al mes.

El precio total por estudiar en los concertados, cuando a las cuotas se añaden servicios como el material escolar, de ampliación de horario, transporte o comedor, entre otros, sube hasta los 360 euros en sociedades mercantiles, según el informe, 340 en las asociaciones, 323 en las cooperativas y 245 en los colegios de la Iglesia.

Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, ha explicado que cada año reciben consultas de familias “contando situaciones surrealistas o que vulneran derechos fundamentales de nuestros hijos, por ejemplo con la presión que ejercen algunos centros por el pago de las cuotas. Si no se pagan se llega a excluir a los niños. Un ejemplo de este mismo curso fue un colegio en el que al final de curso se hizo un viaje y a una familia se le prohibió viajar porque no había pagado las cuotas”, ha relatado.

Cid, representante de los centros privados, ha asegurado que “la exclusión de alumnado [de ciertas actividades] en la Comunidad de Madrid es la más alta de toda España. Se hace más patente este modelo de la concertada dentro de la concertada”. Y ha asegurado que todo sucede con la aquiescencia de la administración madrileña.

“El proceso de autorización [del precio de los servicios que ofrece la escuela concertada] es bastante desconocido y no está diseñado para autorizar realmente ni para que se cumpla la ley, sino para todo lo contrario porque facilita los cobros. En abril, cuando los colegios informan a las familias y se abren los procesos de matriculación [para el curso siguiente] los colegios informan de unas actividades con unos precios que aún no han sido autorizados. En septiembre se pide autorización, con el curso y las actividades ya iniciadas. Y no es hasta bien entrado el curso cuando, por silencio positivo o expresamente, los colegios reciben una autorización. Si la respuesta es negativa, se van hasta mayo con recursos, procesos de armonización, etc. Y si aún así por alguna razón todavía sale negativo, el colegio ya ha cobrado a las familias y no lo devuelve ni hay sanción o multa”, ha desgranado.