San Andrés ahorra un 40% con el nuevo contrato de instalaciones eléctricas y alumbrado
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha adjudicado a la empresa Prial el contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas y eléctricas de los edificios de titularidad municipal y del alumbrado público del municipio. Esta compañía será la encargada de realizar este servicio los próximos cuatro años con un coste anual para las arcas municipales de 1.458.969 euros, IVA incluido. Este desembolso supondrá un ahorro de 1,3 millones en cuatro años, al reducirse un 40 por ciento el coste con respecto a lo que el Ayuntamiento pagaba a la anterior adjudicataria, un total de 2.865.000 euros.
A ese ahorro, según fuentes municipales, hay que sumar las inversiones en eficiencia energética que realizará la adjudicataria, que pasarán a ser de propiedad municipal, más las mejoras que se establecen en el contrato y que suponían al Ayuntamiento un gasto de unos 60.000 euros al año. Los servicios que se han licitado (mantenimiento eléctrico, calefacción, climatización y ascensores) costaban al Ayuntamiento 2,8 millones de euros en cuatro años. La importancia de este contrato, señalan desde el consistorio, radica no sólo en el ahorro económico que supondrá para el Ayuntamiento sino en la modernización de los sistemas eléctricos y de climatización así como la eficiencia energética.
El alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro (PP), aseguró hoy que desde que el PP llegó a la Alcaldía en junio del 2011, el objetivo prioritario, convertido en un auténtico reto, ha sido “reducir, reducir y reducir gastos y acabar con los contratos leoninos existentes, el auténtico cáncer de las arcas municipales. Y todo ello, a pesar de las continuas trabas que hemos tenido”. Añadió que la nueva adjudicación supone prescindir de uno de los contratos “leoninos” del Ayuntamiento de San Andrés, que lastraban las arcas municipales, como el de las piscinas municipales o el del agua que aún no se han podido resolver aunque se están en negociaciones con las respectivas empresas para evitar más gastos desproporcionados al Ayuntamiento. En el caso del contrato del agua, el Ayuntamiento estudia denunciarlo por lesividad.
