El Partido Animalista Pacma y la asociación Sacrificio Cero León hacen un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana para localizar al menos a diez perros de caza que permanecen desaparecidos tras una intervención judicial vinculada a un presunto caso de maltrato animal en Lillo del Bierzo (Fabero), según informa la formación política.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando una denunciante alertó al Seprona de la existencia de una perrera en muy malas condiciones, con canes de diferentes razas utilizadas para la caza en “pésima situación higiénico-sanitaria y de salud”, señala Pacma. Tras la inspección de las autoridades y la solicitud judicial de decomiso, todos los animales desaparecieron justo el día en que estaba prevista su retirada por parte de la Guardia Civil, añade la formación.

Pacma refiere, además, que “tras el vaciado ilegal de la perrera, hasta la fecha y gracias a la colaboración vecinal, se ha podido recuperar a diez de los veinte perros en total, los cuales habían sido hacinados y ocultos en el interior de un remolque en las inmediaciones de la zona”. “Sin embargo”, contrapone, “otros ocho perros adultos y al menos dos cachorros recién nacidos continúan en paradero desconocido”.

Tanto Pacma como Sacrificio Cero León recalcan la importancia de la implicación ciudadana para poder localizar a los animales que aún faltan. Y animan a cualquier persona que disponga de información relevante a ponerse en contacto de inmediato con la Guardia Civil en el 062 (es posible hacerlo anónimamente), con el objetivo de facilitar su localización, retirada y puesta a salvo en un centro de protección animal.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Veguellina de Órbigo (León) han detectado varias infracciones graves en materia de caza durante la temporada de berrea, una época en la que los ciervos se vuelven más vulnerables al exponerse en espacios abiertos.

En un operativo realizado en un coto de caza de la comarca de La Valduerna, los agentes interceptaron un vehículo que circulaba lentamente por el monte.

En su interior viajaban dos cazadores residentes en Extremadura que portaban armas de caza y dos monoculares térmicos, dispositivos prohibidos para la actividad cinegética en Castilla y León.

En otra actuación en el término municipal de Truchas, los agentes escucharon disparos y observaron movimientos sospechosos de vehículos todoterreno.

Tras interceptar uno de ellos, localizaron en el maletero un arma de caza y una cabeza de ciervo macho sin el precinto reglamentario. El cuerpo del animal, ya despiezado, fue hallado en las inmediaciones.

Además, durante una verificación rutinaria, se identificó a una persona con antecedentes por infracciones similares. En el registro de su vehículo se encontraron partes de dos ciervos (cuartos traseros, paletillas y lomos) sin documentación que acreditara su legal procedencia.

Todos los hechos han sido puestos en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al considerarse presuntas infracciones graves según la Ley 4/2021, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos.

Las sanciones pueden oscilar entre los 2.000 y los 10.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza por un periodo de uno a tres años. También se contempla una indemnización de 5.000 euros por ejemplar de ciervo macho a favor del titular del aprovechamiento cinegético.

El Partido Animalista con el Medio Ambiente, Pacma, denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil un presunto delito de maltrato animal ocurrido durante una carrera de burros organizada por el Ayuntamiento de Boñar este pasado verano. Entonces, según recordó hoy en un comunicado, publicó un vídeo donde se podía observar a un adulto y un niño como improvisados “jinetes” en la carrera. 

Las imágenes, señaló Pacma, muestran a los burros “exhaustos y visiblemente reacios” a continuar, negándose a avanzar a pesar de los “golpes” que recibían tanto de sus jinetes como de los ayudantes, quienes también recurrían a “empujones, patadas en los costados y tirones de cuerda”. A pesar de las peticiones de algunos espectadores para que se permitiera a los burros descansar, añadió, las agresiones continuaron.

Según el partido, que formalizó su denuncia este mes de noviembre, estos hechos constituirían una vulneración de la Ley para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, que establece normas para garantizar el bienestar animal en eventos de este tipo. Según esta normativa, se prohíbe el uso de “métodos agresivos o violentos” que provoquen sufrimiento, ansiedad o miedo en los animales, sancionando las infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros.

Asimismo, la Ley de protección de los animales de compañía de Castilla y León (1997) establece sanciones de hasta 30.000 euros por utilizar animales en actividades que impliquen maltrato, sufrimiento o crueldad. La presencia de menores durante el evento agravaría más las infracciones cometidas. Sin embargo, la Ley de Protección Animal nacional excluye a estos animales al estar clasificados como “animales de producción”.

Finalmente, el Pacma exige que se esclarezcan los hechos y que tanto el Ayuntamiento de Boñar, como organizador, como los participantes implicados en las agresiones, asuman su responsabilidad.

Denuncian a un hombre con residencia en Valladolid por intentar matar el tejo milenario de San Cristóbal de Valdueza, en Ponferrada. La Guardia Civil le imputa un delito de daños a elementos del patrimonio histórico, científico, cultural o monumental, recogido en el artículo 323 del Código Penal, por los cortes en las raíces exteriores y el tronco que presenta el ejemplar, reconocido como uno de los diez árboles más antiguos de toda España.

La investigación se abrió el pasado verano cuando el Ayuntamiento de Ponferrada detectó y denunció actos vandálicos contra su tejo de más de 1.200 años. La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, se puso sobre la pista de lo ocurrido para esclarecer el origen de los daños en el emblemático y monumental árbol.

El árbol ha sufrido al menos tres agresiones desde entonces, concretamente en los meses de agosto y noviembre del año pasado y de febrero de este año. Precisamente en el mes de febrero, se sorprendió al hombre haciendo cortes en forma de cuña en las raíces del tejo, con una sierra dentada, lo que provoca un sangrado de la savia del árbol y, por lo tanto, la debilitación del mismo.

El tejo milenario de San Cristóbal de Valdueza es un ejemplar incluido en el catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León, el cual, tiene por objeto regular la protección y conservación de determinados ejemplares de especies arbóreas cuyo valor monumental, histórico o científico determine su integración en el patrimonio cultural y natural de esta comunidad autónoma. El informe de evaluación de daños y sintomatología del árbol será realizado por la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus del Bierzo de la Universidad de León en Ponferrada.

Se calcula que tiene unos 1.250 años, más que la ermita del pueblo de San Cristóbal de Valdueza a la que da sombra, o que la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba o el Monasterio de Montes de Valdueza. Su nombre científico es el de 'Taxus baccata' y antes de los ataques se encontraba en un aceptable estado de conservación y vitalidad, llamando la atención de los visitantes con sus impresionantes dimensiones de 14,5 metros de altura y un diámetro de copa de más de 17 metros.

El Seprona de la Guardia Civil procedió a la imputación penal en calidad de investigado del hombre y entregó las diligencias instruidas en el Juzgado de Guardia de Ponferrada, ya que estos actos pudieran constituir un presunto delito de daños a elementos del patrimonio histórico, científico, cultural o monumental, establecido en el artículo 323, del vigente Código Penal por los que se puede enfrentar a una condena de cárcel de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.

La Guardia Civil ha denunciado en los montes del municipio berciano de Balboa a dos cazadores furtivos que fueron sorprendidos con una pieza abatida en horario nocturno. Se trata de un ejemplar de rebeco sin precintar, que fue incautado junto a un arma larga rayada y un visor térmico. La operación tuvo lugar el pasado 27 de octubre.

Concretamente, el suceso tuvo lugar en una pista forestal ubicada entre las localidad de Villafeile y Cantejeira, todo ello dentro del coto privado de caza de Balboa que limita con la Reserva Nacional de Caza de Ancares. Y la intervención se enmarca en el operativo de prevención contra la caza furtiva de la patrulla del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) de Ponferrada.

Durante la identificación realizada por parte de los agentes, los cazadores fueron sorprendidos portando un arma larga rayada, cartuchería metálica y un monóculo de visión nocturna.  Además, en su vehículo trasportaban un ejemplar de rebeco sin precintar.

Por estos hechos, la patrulla del Seprona confeccionó un acta de denuncia por infracción muy grave a la Ley de Caza de Castilla y León por caza furtiva nocturna. Así las cosas, procedieron al decomiso del arma, monóculo de visión térmica y del ejemplar de rebeco.

Agentes medioambientales de la comarca de Alta Sanabria detectaron en fecha reciente, durante los los servicios extraordinarios de vigilancia de caza de prevención del furtivismo que se desarrollan durante la época de berrea de los ciervos, la presencia de dos cazadores sin la debida autorización y precinto, que habían abatido un ejemplar de ciervo macho con una cuerna extraordinaria, de alta puntuación.

Los hechos ocurrieron en el límite de León y Zamora, en terrenos ya de la provincia leonesa, en el paraje denominado Pisada de Morteira, entre el pico Faeda y El Muelo. Los cazadores, procedentes de Cataluña, fueron identificados, según informa la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de León, que detalla que el lugar donde ocurrieron los hechos -que son constitutivos de infracción grave, por la Ley de Caza 41/2021 de Castilla y León, previstos con una sanción de entre 2.000 y 10.000 euros y con la retirada de la licencia de caza entre uno y tres años, tuvieron lugar en una zona de difícil acceso donde los furtivos pueden esconderse y encontrar una fácil huida. 

La semana pasada también se realizaron controles de caza y fueron denunciados otros cazadores furtivos procedentes de la provincia de León. Apafle ve con preocupación este tipo de acciones, “dado que se produce una caza indiscriminada de las especies, produciendo un deterioro significativo de las poblaciones, además de un claro perjuicio a los titulares propietarios de los cotos, dado que estos animales tienen un alto valor económico”.