León forma parte de una gran operación internacional contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se ha saldado con 26 detenidos en España y uno en República Dominicana. Dos de los arrestos se han producido en la provincia leonesa, dentro de un dispositivo coordinado por Europol y desarrollado conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La investigación comenzó en septiembre de 2023, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, y permitió identificar una red responsable presuntamente de varios envíos de cocaína con destino a Europa. Los investigadores relacionaron a la organización con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos. Posteriormente comprobaron que el entramado formaba parte de una rama española de una estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional.

La organización habría establecido entre 2020 y 2021 rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando métodos conocidos como gancho ciego, rip off o preñado. Según la investigación, estas vías permitieron abastecer de forma continuada a organizaciones criminales asentadas en España.

Pero el entramado no se limitaba al tráfico de droga. Una parte fundamental de la operación se centró en descubrir cómo se blanqueaban los beneficios obtenidos del narcotráfico. Los investigadores localizaron un entramado de sociedades mercantiles dedicadas a la promoción inmobiliaria que canalizaba millones de euros hacia urbanizaciones, viviendas y villas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.

La estructura habría llegado además a ofrecer sus servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, un modelo que los investigadores denominan crime as a service. De esta forma, la organización obtenía ingresos tanto de sus propias operaciones de cocaína como de las comisiones cobradas por facilitar a terceros la ocultación y transformación de sus beneficios ilícitos en patrimonio aparentemente legal.

En total se han practicado 38 registros simultáneos en España y República Dominicana. La operación se ha saldado con 27 detenidos: 26 en España —14 en Madrid, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga, uno en Pontevedra y dos en León— y uno en República Dominicana. Además, hay cinco órdenes internacionales de detención pendientes, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Entre los efectos intervenidos figuran 271.521 euros, más de 76.000 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares, además de más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos. También se han intervenido 40 vehículos y dos embarcaciones, seis armas de fuego —una de ellas de guerra— y se ha acordado el bloqueo de 95 inmuebles y 200 bienes muebles vinculados a los investigados.

La investigación ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, mientras que la cooperación internacional ha permitido actuar también en República Dominicana, donde fue localizado y detenido uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido el pasado domingo 27 de septiembre en un establecimiento de hostelería de Carrizo de la Ribera. El sospechoso habría sustraído un bolso que contenía 1.800 euros en efectivo procedentes de la recaudación del negocio y habría empleado la fuerza para escapar cuando la responsable del establecimiento intentó impedírselo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas, cuando la responsable se encontraba atendiendo el establecimiento, en cuyo interior había un único cliente. La mujer había guardado el dinero en un bolso de mano que dejó sobre un mueble situado junto a la caja registradora. Según la investigación, el ahora detenido aprovechó un descuido para acceder a la zona de trabajo y coger el bolso.

Al darse cuenta de lo ocurrido, la responsable trató de evitar que escapara. El presunto autor la empujó con fuerza y provocó que cayera al suelo. La mujer salió después tras él y consiguió alcanzarlo en la calle, donde llegó a sujetarlo por la ropa. En ese momento, el hombre habría intentado zafarse lanzándole un puñetazo, por lo que la mujer decidió dejarlo escapar y avisar inmediatamente a la Guardia Civil. No necesitó asistencia médica al no presentar lesiones de consideración.

La investigación permitió a los agentes identificar y localizar al sospechoso, que fue detenido al día siguiente. La Guardia Civil mantiene además abierta la investigación para determinar si podría estar relacionado con otro hecho de características similares ocurrido días antes en el mismo establecimiento, así como para intentar recuperar los efectos sustraídos.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Astorga, en funciones de guardia.

Un accidente laboral de un trabajador contratado por la Junta de Castilla y León para la apertura de una pista forestal en la comarca leonesa de Omaña ha acabado ayer martes con su fallecimiento, al caer por una ladera la máquina que se empleaba para estas labores. El empleado tenía 48 años de edad, confirman fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 14.30 horas, según se dio aviso, también al servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta. Las primeras informaciones especificaban que la alerta surgió cuando alguien vio una máquina retroexcavadora caída en las inmediaciones de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

La Guardia Civil, que fue alertada de manera inmediata y se personó en la zona, confirmó posteriormente que el cuerpo del conductor de la máquina se encontraba fuera del vehículo, del que habría salido despedido al caer la misma por una ladera, por causas que aún están bajo investigación, al tratarse oficialmente de un accidente laboral, confirman también desde la Delegación Territorial de la Junta en León. Estas mismas fuentes matizan además que la víctima estaba contratada a través de una empresa privada contratada por la Junta, y realizando labores en el monte, en concreto la apertura de una pista forestal.

La Guardia Civil fue la encargada de poner en marcha el complejo operativo para el rescate del cuerpo, que se pudo comprobar que ya estaba sin vida, del conductor de la excavadora. Participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, en la provincia leonesa, con el apoyo del helicóptero de la Comandancia de León, los cuales posteriormente trasladaron el cuerpo a León para la realización de la autopsia. Las mismas fuentes confirman que se han iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias concretas del suceso mortal, sin ofrecer más detalles sobre el resultado de las primeras investigaciones.

La Subdelegación del Gobierno de León informa de que Guardia Civil ha procedido a la detención de una mujer de 71 años como supuesta autora de un incendio en una vivienda de Cacabelos, tras localizar una botella con restos de una sustancia acelerante en el punto donde se inició el fuego, según informó este martes de este suceso.

El incendio tuvo lugar el pasado septiembre y provocó la destrucción total de una vivienda, además de causar daños de consideración en otros dos inmuebles colindantes.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada dentro de la Operación ‘LUMECIMA’, contó con la colaboración del Equipo de Investigación de Incendios (ESIN) de la XII Zona de Castilla y León.

Durante la inspección del lugar, los agentes encontraron el recipiente con restos de acelerante. A ello se sumó el testimonio de una persona que aseguró haber visto a alguien abandonar rápidamente el lugar después de declararse el fuego.

Las diligencias practicadas permitieron a los investigadores determinar la supuesta autoría del incendio, por lo que la Guardia Civil detuvo el pasado 28 de septiembre a la sospechosa, una mujer de nacionalidad española y 71 años.

La Guardia Civil de León ha identificado a un hombre, residente en la provincia de Cádiz, como presunto autor de un delito de estafa mediante el método del 'falso revisor eléctrico' al robar 4.300 euros en la casa de una persona mayor de La Bañeza, en León.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada hace casi año y medio, en mayo de 2025, por una vecina de la ciudad de La Bañeza, de 87 años de edad. La víctima manifestó haber recibido una llamada telefónica en su domicilio. Durante la conversación, una persona que se hizo pasar por trabajador de su compañía eléctrica le comunicó que se había detectado una anomalía en el consumo de electricidad de su vivienda, por lo que era necesario realizar una revisión personal en el inmueble.

Tal y como explica la Guardia Civil en una nota de prensa a través de la Subdelegación del Gobierno, el hombre empleó el engaño y aprovechándose de la confianza de la víctima consiguió convencerla de la necesidad de permitir el acceso a su domicilio a un supuesto técnico.

Poco después de finalizar la llamada, un individuo se presentó en la vivienda haciéndose pasar por operario de la compañía eléctrica. Bajo el pretexto de realizar comprobaciones en las distintas estancias, consiguió acceder a diferentes zonas del inmueble. Fruto de ello sustrajo un total de 4.300 euros en efectivo.

Investigación

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes del Área de Investigación de La Bañeza iniciaron las pesquisas para determinar la identidad de la persona que había realizado la llamada y que habría utilizado este procedimiento para ganarse la confianza de la víctima. Las investigaciones incluyeron entrevistas, diversas comprobaciones y gestiones con diferentes organismos, empresas y establecimientos, además de la colaboración de la Policía Local de Valladolid y de otras unidades y entidades.

Una vez recopilados los indicios necesarios, los investigadores determinaron que el presunto autor de la llamada residía fuera de la provincia de León, concretamente en la provincia de Cádiz.

Finalmente, el hombre, del que no se facilitan datos de filiación ni edad, fue investigado como presunto autor del delito de estafa, al ser identificado como la persona que habría realizado la llamada y utilizado el engaño como elemento esencial para conseguir que la víctima permitiera el acceso a su domicilio. Junto a las pruebas, ha sido puesto ante la autoridad judicial competente.

Han sido necesarios dos meses de investigaciones y pruebas, de la Guardia Civil de León con apoyo de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, para poner ante el juez a dos presuntos autores de un grave incendio forestal ocurrido en montes de La Baña, en la comarca de la Cabrera, el pasado mes de julio.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Ssprona) de la Comandancia de León, ha informado ahora de la reciente identificación de dos trabajadores, de 51 y 40 años, como presuntos responsables del origen del siniestro. Este se originó el pasado 22 de julio, a las 14.30 horas, en el paraje conocido como Matacouta, una zona escabrosa de los montes de La Baña, propiedad de la Junta Vecinal de la localidad, en el municipio de Encinedo.

El fuego tardó dos días en poderse extinguir, el 24 de julio, a última hora de la tarde, después de haber arrasado aproximadamente 68 hectáreas de monte bajo, matorral y algunos robles, sin que se registraran víctimas ni daños económicos, matiza la Guardia Civil, importante a la hora de determinar la posible responsabilidad penal de los presuntos autores.

La investigación realizada por los especialistas del Seprona permitió determinar que el incendio pudo originarse durante la realización de unos trabajos de desmonte y explanación de una pista forestal en la zona, realizados con una máquina excavadora.

Según las pesquisas y pruebas obtenidas en este tiempo, las labores que ejecutaban los dos identificados se habrían realizado sin la correspondiente autorización y además sin disponer de medios de extinción, algo obligatorio. Y se recuerda además que el incendio ocurrió un periodo de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarado oficialmente en Castilla y León, durante los días 19, 20, 21 y 22 de julio.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la investigación de los dos varones como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias instruidas por el Equipo Seprona de la Comandancia de León, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León que estaba de guardia.

La nota de prensa de la Subdelegación de León remarca que para la extinción del incendio fue necesaria la intervención de cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas con 23 componentes, una autobomba y hasta cuatro helicópteros. Y resalta que la investigación ha contado además con la colaboración de los agentes medioambientales que realizan la investigación de las causas de incendios forestales de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil aprovecha para recordar la importancia de extremar las precauciones durante la realización de trabajos en el medio rural, especialmente en situaciones de elevado riesgo de incendios forestales, y de cumplir las medidas y autorizaciones establecidas para evitar conductas que puedan poner en peligro el entorno natural.

Un buen susto se ha vivido este viernes a raíz de un accidente de tráfico ocurrido en pleno casco urbano de la localidad de Carrizo de la Ribera, en la provincia de León, cuando un coche perdió el control y acabó estampado contra un árbol y una vivienda.

El suceso tuvo lugar a las 16.16 horas, a la altura del número 94 de la avenida León. Por causas que se desconocen, el vehículo se acabó subiendo a la acera, con la suerte de que en ese momento nadie caminaba sobre ella. El conductor, un hombre de unos 60 años, se encontraba conmocionado, motivo por lo que se solicitó asistencia sanitaria para atenderlo a través de una llamada telefónica.

La Sala de Operaciones de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), que acudió al lugar aunque finalmente el hombre no necesitó asistencia sanitaria.

Por otro lado, a las 16.10 horas, el 1-1-2 recibió una llamada por otro accidente en el kilómetro 40 de la carretera CL-622, en el municipio de Soto de la Vega. Una furgoneta se había salido de la carretera y su conductor, un varón de unos 30 años, presentaba dolor en el pecho.

El 1-1-2 avisó igualmente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un recurso sanitario hasta la zona para atender al afectado.

La Guardia Civil ha esclarecido un robo con fuerza cometido en el interior de una vivienda en el pueblo leonés de Zuares del Páramo y ha recuperado en otro domicilio de Hospital de Órbigo, a apenas 25 kilómetros de distancia, gran parte de los muchos efectos sustraídos, entre ellos varios vehículos. El valor aproximado de todo el material que había sido robado ascendía a unos 30.000 euros.

Una vez ocurridos los hechos, los vecinos afectados interpusieron la denuncia. Inmediatamente la Guardia Civil inició las pesquisas y la investigación para esclarecer los hechos. Tal y como se relata en una nota de prensa remitida por la Subdelegación del Gobierno en León, algunas pruebas y testimonios permitieron obtener indicios que llevaron a los investigadores hasta una vivienda situada en Hospital de Órbigo. Y efectivamente, una vez registrado ese domicilio con orden judicial se localizó el material que había sido robado.

Una vez recabados los elementos necesarios, se solicitó a la autoridad competente el correspondiente mandamiento de entrada y registro del inmueble. La actuación permitió localizar en total cuatro motocicletas, un kart de competición, diversas herramientas motorizadas e incluso dos bicicletas.

Como resultado de la investigación, fue detenido un hombre, cuya edad o filiación no se detalla, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El arrestado, junto con las diligencias instruidas y los bienes recuperados, han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, Plaza número 2.

El instituto armado advierte que el caso podría no estar cerrado todavía y que las gestiones policiales continúan abiertas con el objetivo de esclarecer por completo los hechos y determinar la identidad de otros posibles implicados, si es que los hubo.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de La Bañeza, con el apoyo del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, el puesto de Santa María del Páramo y el Área de Investigación de La Bañeza.

Dos hombres, uno de los 90 años y otro de unos 60, fueron trasladados este viernes a primera hora de la mañana al Hospital El Bierzo tras sufrir un accidente cuando circulaban por la Autovía del Noroeste (A-6) y el turismo en el que viajaban varió su trayectoria hasta quedarse en la mediana. El siniestro se produjo en torno a las 05.00 horas de la madrugada, según informa el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Los dos heridos se encontraban en primera instancia conscientes, pero no parecían capaces de abandonar el vehículo por su propio pie. El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, al parque de Astorga de los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl (Sanidad Castilla y León), que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario acabó trasladando a los dos hombres al Hospital El Bierzo para ser examinados y atendidos.

Hace casi 12 años ya desde aquel lunes 27 de octubre de 2014 que lo cambio todo en la política provincial y en el Partido Popular (PP) leonés. Ocurrió cuando la UCO de la Guardia Civil, por orden del juez Eloy Velasco, desplegó una redada de varias horas en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, y sacó directo a la cárcel a su presidente, Marcos Martínez Barazón. Había nacido el 'Caso Púnica', con medio centenar de políticos, concejales, funcionarios y empresarios en media España investigados por delitos de corrupción.

Al igual que en muchas otras causas, como las emanadas en Madrid o Murcia, la pieza leonesa de Púnica se centró en la relación durante al menos dos años de sus mandatarios con las empresas Dadiva e Eico del fulgurante consultor e informático Alejandro de Pedro, compañías que fueron contratadas ya en 2012 por la entonces poderosa presidenta del PP provincial y de la Diputación, Isabel Carrasco. Cuando la UCO entró en el caso y en el despacho de Presidencia hacía justo medio año que Carrasco había sido literalmente ejecutada a plena luz del día, con cuatro tiros por la espalda, por dos mujeres vinculadas al PP, una hija que buscaba perpetuarse en la institución y su madre, y que fueron condenadas junto a una policía local.

Heredero de sus políticas, de sus contratos y gestión, su eterna mano derecha, Martínez Barazón, también alcalde de largo recorrido del creciente municipio de Cuadros, tomó el poder en el Palacio. Y vio en la relación con las empresas de De Pedro las mismas dos ventajas que también sacó su mentora: mejorar su imagen personal en Internet y contrarrestar las críticas políticas con apoyo de una red de periódicos online zombies del empresario. Y en su caso, una ambición más: aprovechar las influencias del conseguidor para obtener los favores de la cúpula del PP y heredar también el liderazgo provincial. Estuvo a apenas un mes de conseguirlo.

En lugar de eso, la Operación Púnica le llevó directamente a la prisión madrileña de Soto del Real, donde permaneció 43 días hasta depositar una fianza de 30.000 euros. Pocas horas después, regresó a su pueblo reconvertido en un mártir ante una masa de fieles vecinos que le vitoreaban.

Lágrimas y penas compartidas

Él también lloró. Le quedaba por delante un lento suplicio policial y judicial hasta la fecha de ayer, en la que el caso ha sido por fin cerrado con una condena ratificada por el Tribunal Supremo. No era el único. En la maraña de Púnica habían caído también dos hombres fuertes en la Diputación leonesa: el alto cargo a dedo, anterior diputado provincial de Turismo e histórico alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y el no menos poderoso entonces interventor del Palacio, Jesús 'Suso' López.

Los dos han acabado recibiendo, primero en la Audiencia Nacional y ahora tras su recurso en el Supremo, la misma pena por prevaricación que Martínez Barazón: ocho años y medios de inhabilitación. Y los tres libraron de prisión, en parte por aplicárseles dilaciones indebidas en una instrucción judicial que tardó nueve años, y porque no se vieron pruebas de fraude a la administración, falsificación de documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho. Era la larga lista que les atribuían la Fiscalía y la acusación, la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade).

El modus operandi

La condena, que ahora está llamada a sentar jurisprudencia en el resto de causas de Púnica por juzgarse o revisarse por altos tribunales, sí vino a dar por delictivo el modus operandi de los políticos que habían contratado los servicios de Alejandro de Pedro, condenado aquí en León por su parte a cuatro años y tres meses de inhabilitación. Pero la maraña de las investigaciones policial y judicial, materializada en las acusaciones, hablaba de mucho más que trabajos de reputación personal con dinero público, que en el caso de León rondó los 107.000 euros.

La Fiscalía se aferró a conversaciones y gestiones que apuntaban a un supuesto intercambio de favores: De Pedro y su socio en Madiva e Eico, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena, habrían utilizado sus altos contactos para ayudar a Martínez a ser el presidente provincial del PP, a cambio de que las compañías de la trama obtuvieran a dedo contratos públicos de la Diputación.

En esa segunda parte de la investigación aparecieron también los contratos relacionados con la estación de esquí de San Isidro, enmarcada en el municipio en el que Sánchez era alcalde. En las conversaciones intervenidas se planteaba, entre otras operaciones, la contratación de servicios para la estación invernal y la adjudicación de cafeterías o planes de desarrollo. La Fiscalía cifró además en 74.200 euros los trabajos realizados o comprometidos para mejorar la imagen de Martínez a través de la Diputación y Gersul. También se investigó un proyecto de gestión de San Isidro cuyo coste se había fijado en 171.000 euros, con pagos mensuales de 24.428 euros.

Como demostró ILEÓN en varias publicaciones exclusivas de investigación, se negoció que al concurso se presentaran tres empresas del entorno del conseguidor, para garantizar quedarse con él (“Sois los mejores y os lo voy a dar”, se escuchó a un testigo en el juicio). Y algo aún más tosco: los pliegos fueron corregidos a la carta con peticiones de las compañías, y el propio presidente los envió, marcados los cambios, a través su correo oficial de Presidencia. Pese a todo, al final libraron porque los planes no fraguaron, debido a que se precipitó la mediática intervención policial en octubre de 2014.

Contra esa no materialización de los presuntos delitos se estrelló la Fiscalía Anticorrupción, que defendía una acusación mucho más amplia que la que finalmente quedó acreditada. Por eso, ante una condena sin cárcel el propio Ministerio Fiscal pidió incluso la repetición del juicio en la Audiencia Nacional, algo que quedó desestimado, igual que su recurso.

Lo demostrado, según Audiencia y Supremo

Así las cosas, lo que sí quedó probado y llevó a las condenas finales ahora ratificadas fue la forma en la que la Diputación tramitó aquellos contratos de publicidad institucional. La Audiencia consideró acreditado que De Pedro y Marcos Martínez, durante los meses en los que este último estuvo al frente de la institución en 2014, igual que antes Isabel Carrasco, participaron en un procedimiento administrativo irregular para garantizar el pago de las facturas. Eran facturas mensuales, de importes similares y, en todo caso, inferiores a 6.000 euros cada una, tramitadas por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, según el tribunal, no existía una razón que lo justificara. Además, se utilizaba de manera incorrecta la figura del enriquecimiento injusto para proceder al pago, que Pedro Vicente Sánchez ordenaba y el interventor López sancionaba.

El efecto de ese sistema era evitar que una relación contractual que tenía carácter continuado se sometiera al procedimiento de contratación, con la correspondiente licitación y por lo tanto la posibilidad de que otras empresas o medios de comunicación pudieran concurrir. Es decir, blindar a las empresas del conseguidor. La Audiencia consideró que de esta manera se eludían también controles que debían realizar tanto el Servicio de Contratación como la Intervención General de la Diputación. Las facturas terminaban incorporándose a la relación mensual de pagos y se abonaban muy rápido.

Tras la irrupción de la UCO aquel 2014, el PP leonés y la institución vivieron un tsunami. Martínez Barazón, vicepresidente con Carrasco, asesinada en mayo, la había sucedido en una votación antes del verano. Pero al ser fulminantemente detenido se abrió una situación insólita en la institución provincial que forzó a acelerar otro nombramiento en Presidencia. Recayó en el joven diputado Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros, que había 'heredado' la Alcaldía de su propio padre. Él se convirtió por unos meses en el tercer presidente de la Diputación en apenas medio año y eso costaría muy caro en inoperancia y en un anquilosamiento de proyectos y presupuestario que hoy todavía se arrastra desde aquella época de convulsiones.

Dos exalcaldes que los fueron presionados

La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos, afectados así doblemente por la inhabilitación de la condena, aunque en todos estos años no se haya aplicado.

Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida, sin embargo, tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP, pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con abrumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.

Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.

El Supremo ha dictado la suprema sentencia final al año 2014, en que el PP y León fueron demasiadas veces la peor forma de portada nacional. Ya había pasado un poco a la historia la tragedia del asesinato de Isabel Carrasco -aunque nunca la investigación se cerrara por completo y siga dando pie a material de true crime- Y ahora comienza a hacerlo el Caso Púnica con la bajada definitiva del telón judicial.

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta responsable de una estafa de 9.850 euros cometida mediante el conocido método del “falso hijo en apuros”, un fraude cada vez más extendido que aprovecha la confianza familiar y la presión emocional para conseguir transferencias de dinero de forma inmediata.

La investigación, desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de León dentro de la operación 'Victoria', permitió esclarecer unos hechos denunciados por una víctima que creyó estar ayudando a su hija cuando en realidad estaba siendo engañada por ciberdelincuentes.

Según ha informado la Guardia Civil, el caso se remonta a abril de 2025, cuando la víctima recibió mensajes a través de una aplicación de mensajería instantánea desde un número desconocido.

La persona que escribía aseguraba ser su hija y argumentaba que su teléfono móvil se había averiado, por lo que estaba utilizando un nuevo número para comunicarse.

Tras ganarse su confianza, los estafadores plantearon una situación supuestamente urgente: necesitaban recibir 9.850 euros para afrontar el pago de un crédito cuya vigencia finalizaba ese mismo día y que, debido a los problemas con el teléfono, no podían gestionar personalmente.

Ante la presión de la situación y convencida de que estaba ayudando a un familiar, la víctima efectuó la transferencia solicitada a través de la aplicación de su entidad bancaria.

Una vez presentada la denuncia, los especialistas de la CiberComandancia analizaron las comunicaciones mantenidas con la víctima y llevaron a cabo un rastreo del dinero transferido. Las pesquisas permitieron determinar la presunta autoría de los hechos y poner a disposición judicial al supuesto responsable del fraude.

Una de las modalidades de estafa más habituales

La Guardia Civil recuerda que el fraude del “falso hijo en apuros” se ha convertido en una de las modalidades de estafa más habituales en los últimos años. Los delincuentes suelen obtener previamente información personal y familiar a través de redes sociales para construir relatos creíbles.

Después contactan desde un número desconocido alegando la pérdida o avería del teléfono y plantean una urgencia económica que requiere una transferencia inmediata o un envío de dinero mediante aplicaciones de pago.

Los investigadores advierten de que la clave del engaño reside en generar una sensación de urgencia que reduzca la capacidad de reacción de la víctima y evite que compruebe la identidad real de quien solicita el dinero.

Por ello, recomiendan verificar siempre la identidad del familiar a través de su número habitual, desconfiar de las peticiones económicas urgentes y no realizar pagos ni transferencias sin confirmar previamente quién se encuentra detrás de los mensajes recibidos.

La Guardia Civil de León informa de que se ha encontrado el cuerpo de un osezno de unos nueves meses, aparentemente ahogado en uno de los canales de desagüe de una central hidroeléctrica en Matarrosa del Sil, localidad perteneciente al municipio leonés de Toreno en la Comarca de El Bierzo, según ha informado la Guardia Civil en un mensaje a través de sus redes sociales.

Los restos del ejemplar fueron localizados por agentes del Seprona en el interior del canal tras recibir un aviso sobre la presencia del animal activó la intervención de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Villablino. En las labores participaron también un integrante de la Patrulla Oso, un agente medioambiental y un vigilante del canal.

El equipo logró localizar el cadáver y procedió a su extracción y traslado para facilitar su identificación y análisis. Según la información difundida por la Guardia Civil, a primera vista no se observaron signos de violencia. El ejemplar ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid. En estas instalaciones se realizará la correspondiente necropsia, que permitirá esclarecer las causas de la muerte.

La investigación inicial no cree que haya sido una muerte provocada aunque se intentará determinar con más concrección las causas y, si fueron accidentales, las circunstancias en las que el oso accedió al canal y si el fallecimiento estuvo relacionado con las condiciones de la infraestructurao con otras causas naturales.

La Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro actuaciones relacionadas con posibles actividades de caza furtiva e infracciones de la normativa cinegética en diferentes puntos de la provincia de León. Los operativos se han desarrollado en Sopeña de Curueño, Rodanillo y las comarcas de la Valdería y La Cabrera, con el resultado de un cazador detenido, otras dos personas investigadas y cuatro identificadas y propuestas para posibles sanciones administrativas.

La actuación más relevante tuvo lugar en Sopeña de Curueño, donde un joven de 22 años, vecino de La Vecilla, fue detenido como presunto autor de un delito contra la protección de la flora y fauna. Además, un hombre y una mujer, ambos vecinos de la zona, están siendo investigados por su posible participación en los hechos.

Un detenido y dos investigados en Sopeña de Curueño

La intervención en Sopeña comenzó durante la noche del pasado sábado, cuando la Guardia Civil recibió un aviso del Centro Operativo de Servicios (COS) tras la llamada de un vecino que alertó de haber escuchado varios disparos en las inmediaciones del pueblo. Patrullas de Seguridad Ciudadana de la compañía territorial de León se desplazaron hasta el lugar y establecieron un dispositivo coordinado de cierre del perímetro para localizar e interceptar a los posibles responsables.

Horas más tarde, los agentes interceptaron un vehículo cuyos ocupantes podrían estar relacionados con los disparos. Las posteriores pesquisas permitieron localizar y aprehender diverso material que presuntamente habría sido utilizado en la actividad investigada.

Entre los efectos intervenidos figuran un rifle monotiro del calibre 308, un silenciador, un visor térmico, la cabeza de un venado, una linterna, dos navajas, dos cuchillos, un afilador y 20 casquillos del mismo calibre.

El detenido está acusado de un presunto delito contra la protección de la flora y fauna, relacionado con un supuesto caso de furtivismo. Asimismo, se le investiga por otro posible delito contra la seguridad colectiva, al haber sido localizado conduciendo un vehículo pese a tener el permiso de conducción sin vigencia. Las diligencias fueron instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Boñar y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

Dos cazadores sorprendidos con visión térmica en Rodanillo

La segunda actuación tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en Rodanillo, donde efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Fabero identificaron a dos personas que circulaban en un todoterreno por una pista forestal a baja velocidad.

Los agentes, que realizaban labores de vigilancia y prevención de actividades ilícitas relacionadas con la caza furtiva, habían establecido un dispositivo de vigilancia estática en la zona. Durante la inspección del vehículo localizaron un rifle con mira telescópica, que se encontraba desenfundado y presuntamente preparado para su utilización, además de un dispositivo de visión térmica de tipo monocular.

Según la Guardia Civil, los dos identificados estarían realizando actividad cinegética en la modalidad de rececho del corzo, en la que está expresamente prohibido el uso de dispositivos de visión térmica. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad competente por si pudieran constituir varias infracciones de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza de Castilla y León. Será este organismo el que determine las posibles responsabilidades.

Un rifle con silenciador en la Valdería

La tercera intervención se desarrolló durante la pasada semana en la zona de la Valdería, donde efectivos del Seprona de Veguellina de Órbigo localizaron a una persona que transportaba en su vehículo un rifle con un silenciador acoplado.

La actuación se produjo durante un dispositivo de vigilancia nocturna. En la inspección del automóvil, los agentes encontraron también otra arma y un visor nocturno, por lo que procedieron a intervenir estos efectos y a realizar las correspondientes actuaciones por una posible infracción de la normativa vigente.

Un arco de caza sin autorización en la Cabrera

Por último, efectivos de la misma patrulla del Seprona localizaron en otra comarca de la Cabrera, en una localidad que no se identifica, a una persona que transportaba en el interior de un vehículo un arco destinado a la práctica de la caza. El portador carecía de la documentación preceptiva necesaria para el ejercicio de la actividad cinegética, por lo que los agentes procedieron a identificarlo y a formular la correspondiente denuncia por una posible infracción de la normativa.

El rey Felipe VI ha conocido este martes la labor de la CiberComandancia de la Guardia Civil, la unidad que traslada las garantías de una denuncia tradicional a la Benemérita al ámbito digital, donde actualmente se comete uno de cada cinco delitos en España.

Acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el rey se ha interesado durante su visita por el funcionamiento de esta unidad en su primer año de existencia, así como por otras cuestiones relacionadas con la robustez del servicio o las dificultades que para el ciudadano tiene rellenar los formularios de denuncia telemáticos.

Se trata de una unidad pionera entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la primera que permite presentar denuncias de una manera plenamente telemática, sin tener que personarse en dependencias policiales, además de combatir los ciberdelitos, como ha destacado durante su intervención la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

González ha afirmado que el objetivo era ofrecer un nuevo servicio a una sociedad “que se transforma digitalmente cada día a una velocidad vertiginosa”, motivo por el que se ha creado recientemente un “ciberpuesto” en Bizkaia, con sede en Barakaldo, que reforzará las capacidades operativas de esta CiberComandancia.

“La CiberComandancia es una apuesta estratégica para la Guardia Civil, que nos acerca aún más a la ciudadanía y nos sitúa como una referencia a la hora de dar respuesta a un país como el nuestro en el que uno de cada cinco delitos se consuma en el ciberespacio”, ha añadido.

Esta unidad, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de León, permite “ofrecer la Guardia Civil a un clic a través de un canal seguro” que funciona las 24 horas del día, los 7 días a la semana y que se puede utilizar en 7 procedimientos, 5 de ellos penales, ha dicho.

La CiberComandancia evita desplazarse físicamente a un cuartel, lo que facilita las gestiones en las zonas menos pobladas y también reduce la conocida como “cifra negra”, los delitos que no se denuncian porque la víctima siente que existe una barrera psicológica que le impide situarse delante de un agente y contarle lo que le ha ocurrido.

60.000 solicitudes de denuncia en un año

La unidad lleva en funcionamiento algo más de un año, desde julio de 2025, y desde entonces ha recogido más de 60.000 solicitudes de denuncia, ha tramitado más de 32.000 delitos y 8.400 extravíos de documentación.

Esta unidad recibe alrededor de 155 solicitudes al día de denuncias y más de la mitad de ellas corresponden a estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.

Gracias a la labor de la CiberComandancia ha sido posible bloquear fondos que iban a ser sustraídos o estafados por valor de 6,8 millones de euros, en más de 200 operaciones de bloqueo.

La plantilla, que comenzó siendo de 28 agentes, cuenta con 64, de los que 26 por ciento son mujeres, catorce puntos por encima de la media de presencia femenina en el cuerpo.

“Hoy la CiberComandancia es ejemplo de cómo la tecnología bien entendida es la mejor aliada para robustecer una institución como la nuestra, que se dedica a servir”, ha concluido González.

Tras la visita se ha realizado un encuentro institucional entre Felipe VI y autoridades provinciales y autonómicas al que han asistido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de León, José Antonio Diez, el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz o el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, entre otros.

La Guardia Civil rescató este lunes a dos escaladores que se encontraban enriscados en el canal de Trea, en un punto de Picos de Europa perteneciente al municipio leonés de Posada de Valdeón, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Los propios escaladores dieron aviso de su situación a través del servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 14.28 horas de este lunes, tras quedar bloqueados en una zona de difícil acceso.

Tras recibir el aviso, se activó al Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) de Sabero, perteneciente a la Comandancia de León, junto con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León.

Los especialistas, apoyados por la aeronave, realizaron diversas maniobras propias de la especialidad de rescate en montaña para poder acceder hasta los afectados y proceder posteriormente a su evacuación.

Tras el rescate, los dos hombres, ambos de 35 años de edad, uno de Hungría y otro de Países Bajos, fueron trasladados hasta la localidad de Riaño, donde se comprobó que se encontraban en buen estado de salud.

Dos operarios han resultado heridos tras sufrir en la tarde de este lunes una caída desde una torre de media tensión cuya estructura colapsó en un paraje del municipio berciano de Balboa y ser trasladados posteriormente, uno en helicóptero y otro en ambulancia, al Hospital El Bierzo, según informa el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil dirigió el rescate tras recibir la sala de operaciones del 1-1-2, al filo de las 18.00 horas, una llamada solicitando asistencia para dos hombres de unos 40 años de edad heridos tras caer desde una torre de media tensión mientras realizaban tareas de mantenimiento, en un paraje situado a las afueras de Castañoso, en el municipio de Balboa, en una zona de difícil acceso. Ambos operarios estaban conscientes.

Personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl (Sanidad Castilla y León) se pone en contacto con el alertante para poder asistir a los heridos hasta la llegada de los sanitarios, mientras el 1-1-2 da aviso también a la Guardia Civil de León y a Bomberos de Ponferrada. Los trabajadores se encontraban realizando labores en la línea cuando se produjo la rotura de la celosía metálica y la posterior caída de la estructura, con ambos trabajadores anclados a ella, según detalla el Ayuntamiento de Ponferrada.

Emergencias Sanitarias movilizó un helicóptero, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Villafranca del Bierzo. Bomberos de Ponferrada encamillaron a uno de los heridos, trasladado en primera instancia hasta Balboa. El helicóptero voló a continuación de regreso hasta Castañoso para proceder a la extracción del segundo herido, a quien se le colocó un collarín y un colchón de vacío para ser encamillado e izado para ser también transportado hasta Balboa.

A continuación, tras una primera intervención, ambos operarios fueron trasladados al Hospital El Bierzo en Ponferrada, uno en helicóptero sanitario y el otro en ambulancia de soporte vital básico con personal de Atención Primaria.

Un proyectil de artillería utilizado durante la guerra civil y que todavía conservaba la espoleta, el detonador, ha sido localizado y destruido por la Guardia Civil en un paraje aislado del municipio leonés de Puebla de Lillo. El artefacto, de 90 milímetros, fue encontrado por un ciudadano en una montaña cercana a la localidad que alertó a los agentes del hallazgo.

El aviso llegó a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil después de que esta persona comunicase que había encontrado lo que parecía ser un antiguo proyectil en una zona de difícil acceso. Las características del terreno obligaron a movilizar al Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Comandancia de León.

La complicada orografía hizo necesario que los especialistas accediesen al lugar a bordo de un helicóptero de la Guardia Civil de la XII Zona de Castilla y León, que permitió además trasladar hasta el paraje el material necesario para efectuar la intervención.

Una vez en el punto del hallazgo, los agentes comprobaron que se trataba de un proyectil rompedor de 90 milímetros procedente de la época de la guerra civil española. El artefacto mantenía instalada su espoleta, por lo que los especialistas adoptaron las correspondientes medidas de seguridad antes de manipularlo.

El proyectil fue trasladado posteriormente hasta una zona segura, donde los miembros del EDEX llevaron a cabo su destrucción de forma controlada, eliminando el riesgo que suponía que continuase en el lugar en el que había permanecido durante décadas.

La Guardia Civil recuerda que, pese al tiempo transcurrido desde la contienda, este tipo de munición puede seguir conteniendo elementos explosivos y resultar peligrosa. Ante el hallazgo de proyectiles, granadas o cualquier otro posible explosivo, recomienda no tocarlo, moverlo ni trasladarlo, alejarse de la zona y comunicarlo inmediatamente a través del teléfono 062 de la Guardia Civil o del 112.

La Guardia Civil investiga a un hombre de 44 años por un presunto delito contra la flora y la fauna después de localizarlo realizando actividades relacionadas con la caza en la Reserva Regional de Caza de Los Ancares Leoneses, en concreto en la localidad de Bárcena de la Abadía, en el municipio de Fabero.

La actuación se produjo durante un dispositivo nocturno desplegado por agentes del Seprona de Fabero después de recibir varios avisos sobre vehículos que circulaban a altas horas de la noche por la zona para localizar animales silvestres mediante el uso de linternas. La vigilancia se intensificó ante la sospecha de que pudieran estar produciéndose actividades relacionadas con la caza furtiva.

Los agentes localizaron finalmente al hombre cuando se encontraba realizando actividades de caza y portaba un rifle equipado con mira telescópica y una linterna de largo alcance. La Guardia Civil intervino tanto el arma como los efectos utilizados durante la actuación.

Según explica la Guardia Civil, este tipo de prácticas se detectan especialmente durante los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con la época de celo de los ciervos, conocida como la berrea. Durante este periodo, los animales son más fáciles de localizar, lo que puede favorecer la aparición de actividades de caza furtiva.

El hombre está siendo investigado como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna, previsto en el artículo 335 del Código Penal, por cazar sin autorización del titular en terrenos sometidos a un régimen cinegético especial.

Un motorista ha fallecido a primera hora de la noche de este jueves tras sufrir una caída cuando circulaba por la Ronda Este de la ciudad de León, la LE-20 que hace de circunvalación de la capital. El hombre quedó inconsciente en la mediana de la vía, a la altura del kilómetro 146, en sentido sur.

La sala de operaciones del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León explica que se recibió una llamada de alerta a las 21.38 horas, en la que se solicitaba asistencia sanitaria para el conductor de la moto, la cual había perdido el control por motivos que se desconocen.

El centro de emergencias avisó a la Policía Local de León, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), la cual movilizó de emergencia una UVI móvil hacia el lugar de los hechos. A la llegada del vehículo, el personal sanitario atendió al motorista, un hombre que finalmente falleció antes de poder producirse su traslado al Hospital de León, no muy lejos del lugar del siniestro. Se desconoce la edad u otros datos de la víctima mortal.

La Guardia Civil ha identificado e investigado penalmente a dos hombres como responsables de dos delitos contra el patrimonio cometidos en un establecimiento de hostelería situado en la Urbanización Monteleón, situado en la carretera de Asturias y dentro de la localidad de Carbajal de la Legua, término municipal de Sariegos.

A raíz de la recepción de la denuncia que interpusieron tras el robo con fuerza cometido dentro del bar, efectivos del puesto principal de Armunia realizó diversas pesquisas e investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, remarcan en una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de León.

Fruto de esas investigaciones, los agentes localizaron e identificaron a dos personas como presuntos autores de la comisión de estos ilícitos penales. Con toda la información se han instruido las correspondientes diligencias por un delito de hurto consumado y otro hurto en grado de tentativa, detallan en el comunicado.

Detallan que entre los efectos personales robados se encontraban tarjetas bancarias, un terminal móvil, así como dinero en efectivo, todos ellos sustraídos del interior de dicho local, conforme aparecía reflejado en la denuncia.