El candidato a presidir por tercera vez la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado este martes en la sesión de investidura por dos veces al líder socialista Carlos Martínez que no pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco ha interpelido a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

El que será presidente por tercera y última vez gracias al pacto de PP y Vox insistió “Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Mañueco ha cuestionado también al líder socialista por unas declaraciones pasadas en que se preguntó si no estarían mejor los sorianos en La Rioja o Aragón. “Yo sí creo en Castilla y León, yo sí tengo un proyecto para esta comunidad, yo sí tengo la visión de futuro para nuestra tierra, que esté entre las mejores de nuestro país”.

El líder socialista no ha podido responder a Mañueco ya que no tenía ya turno de réplica al producirse el reproche al final de las casi dos horas de debate entre los dirigentes de PP y PSOE en un tono bastante áspero y que ha sido su primer enfrentamiento en el hemiciclo autonómico.

Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.

PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.

La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.

El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.

La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.

El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.

Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.

Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.

El Partido Popular reclama a la Diputación de León que “aclare” la denuncia que habrían presentado en los juzgados las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras por no haberle actualizado los precios desde 2017 hasta la firma del actual contrato, suscrito en 2023.

Según el PP, esta discrepancia supondría que la institución provincial tenga que abonar la diferencia por el aumento de los precios desde 2017 acentuado por la Guerra de Ucrania así como los intereses de demora en caso de que la Justicia dé la razón a las empresas adjudicatarias.

Las compañías, afirman los populares, ya habían reclamado a la institución provincial esa adecuación de los precios al momento amparándose en el pliego aprobado en 2015 que contempla, a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, una revisión de precios “en la parte de obra” y del decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el Gobierno en el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras a raíz de la Guerra de Ucrania.

Sin embargo, la reclamación fue rechazada por la Diputación, asegura el PP, con el argumento de que el contrato original no contemplaba la revisión de precios. Los populares precisan que en el momento de reclamación estaba prorrogado hasta la licitación y adjudicación de un nuevo acuerdo para la conservación de la red provincial de carreteras.

La Diputación adjudicó en el año 2015, gobernada la institución por el PP, un contrato de mantenimiento de las carreteras de la red provincial en dos lotes, correspondientes a la zona occidental y oriental, por un importe de 1,5 millones de euros anuales en cada sector. Este contrato tenía una vigencia de dos años con prórroga máxima de dos años hasta 2019.

Ahora desde la oposición, el Partido Popular señala que el anterior equipo de Gobierno del PSOE y UPL prorrogó sucesivamente el contrato “sin soporte contractual” durante casi todo el mandato con pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito y no licitó el nuevo contrato hasta 2021, aunque este primer intento se paralizó porque Ineco, la consultora pública dependiente del MInisterio de Transportes, no asumió la valoración de las ofertas y tuvo que volver a convocarse el concurso.

El nuevo contrato, concluyen los populares, se adjudicó tras varios meses de procedimiento administrativo en el año 2023, que es el actualmente vigente, con un incremento de la dotación de 3 millones de euros anuales para cada uno de los dos sectores.

El actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL ha anunciado recientemente que privatizará la Oficina de Expropiaciones llamada a desbloquear proyectos de arreglos de viales.

La exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada Nevenka Fernández, la primera mujer política víctima en España de un caso que acabó con la condena por acoso sexual de un alcalde, Ismael Álvarez, reaparecerá en la capital berciana en un acto público. Y lo hará compartiendo mesa redonda con la entonces portavoz socialista en la oposición, Charo Velasco, quien se significó en su apoyo. Será en el marco de la jornada Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación, una cita organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) en La Térmica Cultural con la presencia en la inauguración de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El encuentro se celebrará el 20 de junio en La Térmica Cultural y reunirá a expertos del ámbito jurídico, académico, social, cultural y de la comunicación para reflexionar sobre las estructuras de poder, el impacto del machismo en la vida pública y los mecanismos de reparación y avance hacia la igualdad efectiva, ha informado el Ciuden.

Entre las mesas previstas destaca El patriarcado institucional: machismo en la vida pública, con la participación de Miguel Lorente Acosta, la jurista Itziar Gómez Fernández y la jueza María Gavilán Rubio, bajo la moderación de la periodista corresponsal de Género de El País, Isabel Valdés Isabel Valdés.

A continuación, se celebrará la sesión Acoso y violencia machista en la vida pública social, centrada en medios, entornos digitales y cultura, con la intervención de la socióloga Elisa García-Mingo, el representante de la Red de Hombres por la Igualdad Hilario Sáez y la artista Yolanda Domínguez, moderados por la redactora jefa de Género de elDiario.es, Ana Requena Aguilar.

El momento central llegará a las 12.30 horas con la apertura institucional de las ministras Sara Aagesen y Ana Redondo, seguida de la mesa Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación, en la que participará Nevenka Fernández junto a Charo Velasco, que era concejala del PSOE en la oposición en el momento en la que se produjo la denuncia, bajo la moderación de la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo. La jornada concluirá con la inauguración de un mural de la ilustradora Mercedes deBellard.

La asistencia será gratuita hasta completar aforo, con reserva previa a través de la web de La Térmica Cultural. Desde Ciuden destacan que el objetivo del encuentro es fomentar la sensibilización frente a las violencias machistas y promover espacios de diálogo para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Hace menos de 24 horas, la Junta de Castilla y León, por boca de su portavoz, el consejero Carlos Fernández Carriedo, fue tajante al señalar que la culpa de que el nuevo grado de Medicina no se vaya a impartir en el campus de Ponferrada correspondía exclusivamente a la Universidad de León. El representante del Ejecutivo en funciones, del Partido Popular (PP), lo vino a manifestar literalmente de dos maneras: por un lado, señalando que la polémica decisión de que la Facultad de Medicina sólo estuviera en campus leonés de Vegazana se enmarcaba “dentro de la autonomía universitaria”; y por otro, garantizando que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política” para vetar a la capital de El Bierzo.

Sin embargo, la mentira ha tenido como tantas veces las patas muy cortas. Y los documentos oficiales, que además son públicos, demuestran que fue la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL), entidad dependiente directamente de la Junta, la que dijo un 'no' tajante a que hubiera dos sedes del nuevo y esperado grado universitario.

El argumento de los técnicos que forman parte de ella y suscribieron el informe favorable final para Medicina fue muy claro: Ponferrada no disponía de “recursos suficientes”. Es más, la Universidad de León todavía lo peleó: presentó alegaciones ante ese total rechazo, defendiendo reiteradamente que había argumentos suficientes para compartir los estudios, al menos a partir del cuarto curso, como la rectora, Nuria González, siempre había defendido.

De todo ello ha quedado documentación oficial escrita, de modo que por fin sale a la luz de quién es la responsabilidad última de que Ponferrada quede al margen de la ansiada Medicina. Una verdad que está llamada a condicionar, y mucho, el debate político e institucional que se ha ido tensando a lo largo de esta semana, desde la rueda de prensa del lunes en la que González detalló la “buena noticia” de que Medicina, la vieja reivindicación académica de la provincia, será ya una realidad inicial el curso que viene, pero el revés para las aspiraciones de la comarca de El Bierzo.

Escalada política

Fue a partir de esta rueda de prensa cuando varios partidos políticos bercianos, como Coalición por el Bierzo, que prometió un “otoño caliente” de protestas ante este agravio, o el alcalde de Ponferrada, Marco Morala (PP), atacaron duramente a la Universidad, señalando a la institución académica como responsable de rechazar allí los estudios sanitarios.

Por contra, el PSOE, por boca de Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, y de Eduardo Morán, presidente del PSOE provincial, defendieron la posición de la rectora, reclamando un frente común para conseguir su pretensión de que Medicina se imparta también en Ponferrada.

Los documentos 'no engañan'

Los documentos oficiales de toda la tramitación y la decisión final adoptada no dejan ahora lugar a dudas y ponen a cada uno en su sitio. Y demás son públicos y accesibles: se encuentran en este enlace, en el apartado llamado Memoria RUTC, donde se contienen además las alegaciones de la Universidad. Es en estas alegaciones donde se desvela la posición de cada parte.

El “Informe de evaluación final” de la Junta a través de la Agencia de Calidad del 27 de abril de este año, que resultó totalmente vinculante para la decisión, dice literalmente: “No se considera viable el modelo de implantación simultánea en dos campus (León y Ponferrada), ni la adecuación del número de plazas ofertadas en relación con los recursos disponibles en el Campus de Ponferrada”. El argumento esgrimido es que “no se ha aportado una suficiente concreción sobre los recursos disponibles”.

“Por ello, debe revisarse el modelo de implantación propuesto, presentando en la memoria únicamente la implantación inicial en el Campus Vegazana de León”, deciden los expertos. Sólo al final, abre una tímida y lejana puerta al campus ponferradino: “Una vez exista una consolidación del título y se cuente con los recursos suficientes respecto al profesorado, infraestructuras y unidades asistenciales para la realización de los rotatorios de prácticas en el Campus de Ponferrada, presentar una modificación sustancial del Grado solicitando la implantación en dicho Campus”. Pero el rechazo inicial del comité es expreso.

A partir de ahí, la Universidad leonesa acató la decisión, en aras a no entorpecer la implantación de los estudios. Pero los criterios no sólo no fueron compartidos por el rectorado sino que se presentaron abundantes alegaciones y unas categóricas consideraciones finales. En ellas “la Universidad de León desea dejar constancia expresa de que el Campus de Ponferrada ha formado parte estructural del proyecto académico del Grado en Medicina de la Universidad de León desde sus inicios, en coherencia con el modelo territorial de la institución y con los recursos asistenciales disponibles en el área del Bierzo”.

“La idea ha sido siempre integrar y sumar”

Y es que defienden que hay argumentos y recursos de sobra, dado que “la idea subyacente ha sido siempre integrar y sumar los recursos disponibles en ambos campus de la Universidad de León, Vegazana, y Ponferrada”. Porque “ambos entornos aportan recursos humanos, asistenciales y de infraestructuras de gran valor para el desarrollo de la titulación, en territorios que no solo demandan esta formación, sino que también contribuyen activamente con su talento, capacidad docente e instalaciones sanitarias”.

En concreto, se afea que la Comisión de Evaluación de Titulaciones vete los estudios en Ponferrada por no disponer de “recursos suficientes” sin detallar cuáles son, para intentar poder corregir esta hipotética insuficiencia o al menos rebatirla. Lo llega a tildar de “interpretaciones excesivamente discrecionales” y reclama “una mayor concreción sobre los recursos y condiciones requeridos, con el fin de poder solicitar la correspondiente modificación sustancial del título para la implantación de los cursos 4.º , 5.º y 6.º en el Campus de Ponferrada en cuanto sea posible”.

La Universidad leonesa defiende además por escrito la sinergia de esos recursos, resaltando que, al igual que en León, “en Ponferrada se cuenta con ”la colaboración de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, como gerencia integrada, además de otros centros concertados vinculados al ámbito de las Ciencias de la Salud“, en referencia a los ya implantados grados de Fisioterapia, Podología y Nutrición Humana y Dietética.

“Lamentamos infrautilizar los recursos sanitarios del Bierzo” a pesar de su situación

Y en un párrafo final resume con firmeza su postura, dejando clara constancia de un rechazo a la decisión, que sin embargo acatan: “Lamentamos, por tanto, la falta de coincidencia en este planteamiento por parte de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCYL porque creemos que ello supondrá, además, infrautilizar los recursos sanitarios de la comarca del Bierzo”.

Consideran que decir 'no' a Ponferrada, como exige la Comisión que depende de la Junta, supone “privar, al menos inicialmente, de potenciales sinergias entre los estudiantes desde el cuarto curso del Grado en Medicina y el Servicio de Salud en el Bierzo, sinergias que consideramos imprescindibles, aun siendo con un número reducido de estudiantes, para que se establezcan suficientes puentes y lazos con vistas a paliar la situación actual y futura de déficit de profesionales médicos en la comarca”. Bien sabido es el clima de protestas sistemáticas en El Bierzo por el enorme déficit de recursos sanitarios, de médicos de numerosas especialidades, especialmente grave por ejemplo en Oncología. Una situación que mantienen desde hace años a la comarca berciana como triste líder del ranking autonómico de listas de espera de todo tipo.

El anuncio del pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Junta de Castilla y León ha provocado una oleada de críticas entre la oposición en la provincia de León que, en general, muestra su preocupación por este acuerdo entre la derecha y la extrema derecha que se hizo público el miércoles 3 de junio, más de dos meses después de las elecciones autonómicas.

Varios miembros del PSOE han expresado públicamente sus impresiones negativas sobre este pacto. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha dejado claro que no le gustan “algunas de las cuestiones que se plantean en ese pacto, especialmente la de la 'prioridad nacional'”, ha declarado este jueves durante una rueda de prensa.

Aunque el alcalde leonés ha celebrado que haya acuerdo ha reconocido que hubiese preferido un gobierno “que no se vaya hacia los extremos”.

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, usó su cuenta de X para publicar un escueto, pero rotundo mensaje contra las medidas racistas y xenófobas que incluye el acuerdo: “Ningún ser humano es ilegal. FIN”, fue su publicación.

Por su parte, el secretario general del PSOE de León y diputado, Javier Alfonso Cendón, también usó X para lanzar un extenso mensaje que calificaba de “indecente” el pacto entre ambas fuerzas: “Lo más grave es que quienes prometieron estabilidad han elegido la división”. Cendón critica que no existen soluciones para los problemas reales de la Comunidad y finaliza asegurando: “Frente al pacto de los sillones, defenderemos la sanidad pública, los derechos, la igualdad, la convivencia y el futuro de Castilla y León”.

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha tildado el acuerdo como un “pacto gris y del miedo” que recordó que “está impulsado desde Madrid” y que Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán “no dejan de ser más que títeres de sus líderes nacionales”.

La líder leonesista evidenció que dentro de las 324 medidas alcanzadas su máxima “es una prioridad nacional que ni siquiera ellos son capaces de explicar”. Todo ello, le lleva a poner de manifiesto que “no se habla de inversiones ni concreciones tan necesarias para nuestra tierra y que se basan en muchos casos en los acuerdos alcanzados en otros territorios cuando no se tiene en cuenta a la Región Leonesa con sus peculiaridades y necesidades”.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha reclamado a la Universidad de León (ULE) mayor transparencia sobre el proceso de implantación del Grado de Medicina y ha defendido que la titulación se imparta de forma completa en el campus berciano, con los seis cursos y un número significativo de alumnos.

En nota de prensa, el regidor ha pedido una modificación de la memoria presentada para corregir las deficiencias detectadas por los evaluadores y permitir la incorporación del Campus de Ponferrada al proyecto, y que se haga en plazo “inmediato y definido”.

Ha insistido en que la ciudadanía desconoce los aspectos técnicos y administrativos que rodean la aprobación de una nueva carrera universitaria, pero tiene claro que quiere que Medicina llegue a Ponferrada. “Es una aspiración legítima, una reivindicación sensata y un proyecto necesario para que la ciudad crezca como ciudad universitaria”, ha afirmado. Su socio de gobierno, Coalición por El Bierzo, ya había anunciado un otoño “caliente” si el grado no se implantaba desde primer curso en el campus.

Morala ha recordado que ya planteó esta reivindicación durante la apertura del curso académico de 2023, pocos días después de asumir la Alcaldía, y ha asegurado que aquella petición se convirtió posteriormente en una demanda compartida por la sociedad berciana.

El alcalde ha manifestado además sus dudas sobre la documentación remitida por la ULE a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), organismo encargado de evaluar la implantación de la titulación.

En este sentido, ha invitado a la rectora de la Universidad de León, Nuria González, a hacer públicos los documentos enviados y ha cuestionado si la implantación del grado en Ponferrada fue defendida “con la misma convicción, el mismo grado de detalle y la misma especificación de infraestructuras, profesorado, equipamiento y proyecto” que la propuesta presentada para León.

También si las alegaciones formuladas por la institución académica ante las observaciones de los evaluadores fueron igual de exhaustivas para ambas sedes o si se argumentó con más contundencia la necesidad de iniciar los estudios únicamente en la capital leonesa.

Polémica política

En su nota de prensa, Morala también carga contra el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Olegario Ramón, por sus declaraciones sobre el proceso de evaluación del grado.

El alcalde ha negado que Acsucyl rechazara una propuesta inicial que contemplaba el inicio simultáneo de los estudios en León y Ponferrada y ha afirmado que la agencia emitió únicamente un informe provisional condicionado al cumplimiento de determinados requisitos.

Por ello, ha retado al portavoz socialista a demostrar documentalmente sus afirmaciones y ha asegurado que había “mentido abiertamente” sobre este asunto.

Por su parte, el presidente del PSOE de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, ha defendido defendió que la comarca no puede quedar al margen de un proyecto que, ha recordado, nació con la vocación de tener presencia tanto en León como en Ponferrada.

Aunque asume que la Universidad de León iniciará la titulación exclusivamente en la capital provincial tras el dictamen emitido por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), ha insistido en que debe mantenerse el compromiso de incorporar al campus berciano.

“Hay que seguir con esa exigencia de la comarca del Bierzo”, ha señalado Morán, quien sin embargo ha evitado confrontar con la dirección de la Universidad de León y ha traslado un mensaje de confianza hacia la rectora, Nuria González.

Por más que hablemos de polarización, crispación y dientes filados en la lucha política española, a menudo tengo la impresión de que todo es una especie de ballet, una performance idiota para retrasados emocionales, en la que el pescado está vendido antes de levantar el telón y cada uno está más o menos donde quiere estar, sin muchas ganas de cambio.

Por lo que parece, y ya me diréis si es que se me ha subido a la cabeza el Jägermeister, al PSOE le da absolutamente igual la política local y la regional, con sus competencias de vivienda, sanidad y educación, y le da igual hasta el punto de que Sánchez está dispuesto a quemar a sus bases, a sus federaciones y al lucero del alba con tal de mantener el poder nacional, que es donde ha colocado a sus pretorianos y donde quiere ejercer de guía y faro de Occidente, para volver a ser reserva espiritual de resistentes eurovisivos y cosas así. 

Y a los suyos les parece bien, lo aplauden y lo apoyan mientras los pasa a cuchillo, uno a uno, con toda alegría. Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla y León... ¡Qué más da! Aún pueden perder más y más fuerte, así que no hay cuidado ni preocupación, ni se vislumbra la menor rebelión en sus filas: mueren, con alegría, señor, los que caminan por la vida. Señor, cantando su paz y amor. El PSOE parece una misa de campamento. Tal cual, y tan contentos.

Y luego tenemos al PP, que es justo lo contrario. Como se han amorrado a ayuntamientos y autonomías, que es donde se reparten las concesiones de las piscinas, las cafeterías de los hospitales, el mantenimiento de los bordillos y todos esos actos políticos que son la verdadera razón de ser de sus pasiones, el gobierno nacional les importa un carajo. 

Podrían poner un candidato que concitase más adhesiones, pero eso supondría arriesgarse a ganar, y vete a saber lo que haría un rey fuerte. Para los nobles fuertes, es mejor tener un rey débil, ¿no? Pues ahí están, esperando tan contentos el momento de volver a quedarse fuera de la Moncloa, ganando o perdiendo, como sea, pero fuera, no vaya a ser que gobernar en Madrid los comprometa en sus feudos y se queden sin la concesión de las tizas, los borradores y la lejía de la limpieza de los hospitales autonómicos, que es lo que realmente les pone.

Cada cual, como veis, está en su paraíso. Y los partidos pequeños, en el suyo, diciendo que no hacen cosas porque no les llegan los votos, desgranando dimes y diretes para no convertir en realidad todos esos programas de Pascua Florida que ni ellos mismos se creen, ni falta que hace, porque nadie se preocupa de sus chorradas, como nadie se preocupa de la exactitud de los mapas de la Tierra Media.

A día de hoy, de veras, todo el mundo está donde quiere estar. Lo malo es que a lo mejor hay que celebrar elecciones alguna vez. Y va a ser una mierda...

El Partido Popular (PP) en la oposición del Ayuntamiento de León censura el estado de abandono, plagado de “hierbajos”, que presentan en la actualidad un total de seis rotondas en las que el equipo de gobierno de José Antonio Diez (PSOE) se gastó 358.000 euros hace poco más de un año. Son seis glorietas que fueron objeto de una actuación de mejora estética y que actualmente presentan una imagen muy alejada de los objetivos anunciados por el Ayuntamiento cuando se puso en marcha el proyecto, lamentan, porque “presentan un preocupante estado de abandono”.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, David Fernández, ha señalado que los vecinos y conductores que pasan cerca de estas rotondas les llama la atención la abundante presencia de hierbajos, maleza sin controlar, acumulación de suciedad e incluso residuos en distintos puntos de unas infraestructuras que fueron presentadas por el equipo de gobierno municipal como una apuesta por la mejora de la imagen urbana de la ciudad.

El proyecto, adjudicado a comienzos del año 2025, contemplaba la renovación y embellecimiento de las rotondas ubicadas en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera con la calle Los Aluches; Avenida La Lastra con calle Cirujano Rodríguez; Avenida La Lastra con calle San Froilán; calle Emilio Hurtado-acceso a las piscinas municipales de La Palomera; calle Policarpo Mingote con calle San Antonio; y finalmente calle Policarpo Mingote con calle Nazareth. Se destacó que cada una de ellas tendría su propio diseño y abundarían los guiños al león rampante, los reyes de León o el rosetón de la Catedral, entre otros.

“Resulta difícil entender que una inversión de esta magnitud no vaya acompañada de un plan eficaz de mantenimiento que garantice la conservación de los espacios públicos”, lamenta el PP, porque consideran que “la proliferación de vegetación descontrolada y la falta de limpieza transmiten una sensación de abandono que deteriora a imagen de la ciudad y cuestiona la eficacia de la gestión realizada”. “Una más en al hoja de servicios de José Antonio Diez”, zanjan.

El portavoz popular recuerda que su grupo municipal ya aconsejó que se utilizara vegetación, como en la mayor parte de municipios, donde han ido aumentado el número de árboles y elementos decorativos naturales. “Frente a la tendencia en otras ciudades que optan por plantas locales y resistentes, en León se eligen rotondas duras. Las plantas autóctonas se adaptan mucho mejor al clima de cada zona, permitiéndoles lucir un aspecto urbano atractivo y minimizando las tareas de mantenimiento”, asegura en un comunicado.

Juventudes Socialistas de León ha mostrado su satisfacción tras la elección de su miembro Álvaro Carro como nuevo secretario Federal de Memoria Democrática y Republicanismo de la Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España (JSE), elegida durante la celebración del 27.º Congreso Federal de la organización juvenil vinculada al PSOE.

Natural de Laciana, Carro desempeña actualmente las responsabilidades de secretario de Organización de Juventudes Socialistas de León. “Su incorporación a la dirección federal supone un importante reconocimiento a su trayectoria política y militante, así como a la labor desarrollada por las Juventudes Socialistas de la provincia de León”, han expresado desde la organización.

Tras su elección, Álvaro Carro ha destacado que asume esta nueva responsabilidad “con ilusión, humildad y un profundo sentido de compromiso con los valores democráticos que han guiado siempre a nuestra organización”. Asimismo, ha señalado que “la memoria democrática no consiste únicamente en recordar nuestro pasado, sino también en defender en el presente los valores de libertad, justicia e igualdad que tantas generaciones conquistaron antes que nosotros”.

La elección de la nueva Comisión Ejecutiva Federal se ha producido en el marco del 27.º Congreso Federal de Juventudes Socialistas de España, una cita que ha reunido a delegados y delegadas de todo el país para debatir y definir las líneas políticas y organizativas de la organización para los próximos años.

Durante el Congreso, la delegación de Juventudes Socialistas de León ha participado activamente en los debates y trabajos congresuales hasta contribuir a la aprobación de diversas enmiendas a la Ponencia Marco y a los Estatutos de la organización, con el objetivo de fortalecer el proyecto político de las juventudes socialistas y adaptar la organización a los retos que enfrenta la juventud.

Asimismo, Juventudes Socialistas de León ha trasladado su enhorabuena a Aránzazu Figueroa por su proclamación como nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de España. Figueroa se ha convertido, de esta manera, en la primera mujer en asumir esta responsabilidad al frente de la organización.

Juventudes Socialistas de León valora muy positivamente el desarrollo del Congreso, al tiempo que reafirma el compromiso de la organización con la defensa de los derechos de la juventud, la igualdad, la justicia social y la profundización democrática, unos objetivos que seguirán guiando su trabajo tanto en la provincia de León como en el conjunto de España.

Más de medio millar de personas convocadas por la asociación OncoBierzo han denunciado este viernes la falta de especialistas en el Hospital El Bierzo de Ponferrada y han reclamado medidas que frenen la pérdida de profesionales sanitarios en la comarca.

El portavoz del colectivo, Tito Gago, ha asegurado a los medios de información durante la protesta que el plan específico impulsado por la Junta para El Bierzo, con más de 150 actuaciones previstas, “se ha quedado en un lavado de cara sin mejoras reales en la asistencia sanitaria”.

La plataforma ha denunciado además que la plantilla orgánica del hospital continúa por debajo de las necesidades reales y ha alertado del “goteo constante” de especialistas que abandona el centro desde hace años.

Entre las principales reclamaciones del colectivo figura la declaración de El Bierzo como zona de difícil cobertura sanitaria, una medida que consideran clave para atraer y consolidar profesionales médicos en la comarca. OncoBierzo ha anunciado además que mantendrá las movilizaciones y continuará convocando concentraciones el último viernes de cada mes para exigir soluciones.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien ha participado en la protesta, ha criticado el “desprecio mayúsculo” de la Junta hacia la comarca berciana y ha reclamado soluciones urgentes para la situación sanitaria de la zona. Martínez, que ha acudido acompañado de representantes socialistas, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma ciudadana y ha vinculado parte de los problemas sanitarios a la situación política de la comunidad autónoma.

En este sentido, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que desbloquee la formación de gobierno tras las elecciones autonómicas para poder aprobar unos presupuestos que permitan afrontar las carencias del sistema sanitario. “Es necesario que la legislatura arranque de una vez”, ha señalado el dirigente socialista, quien ha criticado “el capricho” de mantener paralizada la acción política mientras continúan los problemas en la sanidad pública.

La polémica reforma del tramo final de la avenida Padre Isla de León sumará este verano un nuevo capítulo y también más gasto de dinero público, todo ello para meter una carretera de puro asfalto en una calle que se remodeló por completo para que fuera oficialmente “de prioridad peatonal”.

El equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de León ha confirmado este viernes en el Pleno municipal que será durante el próximo mes de julio cuando se procederá a asfaltar nuevamente la parte central de la calzada destinada al tráfico rodado, una actuación a la que por primera vez le ponen coste oficial: 200.000 euros a mayores de los 1,2 millones ya gastados en su día para obtener el fatal resultado que ahora obliga a volver a actuar. De este modo, el coste final se elevará al final por encima de los 1,4 millones.

La fecha de la nueva intervención y su cuantía fueron hoy desveladas por el portavoz del equipo de Gobierno socialista, Vicente Canuria, en respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) en la oposición. Canuria rechazó cualquier responsabilidad “ni externa ni interna”, es decir, ni del Consistorio ni de la empresa, sobre los materiales elegidos y ahora demostrados inapropiados, escudándose en que “hay proyectos, elecciones o decisiones técnicas que algunas veces demuestran no ser acertadas”.

La decisión supone rectificar parcialmente, a causa del grave deterioro acumulado por la elección de las losas del pavimento, una intervención presentada en su día como proyecto de semipeatonalización, “calmado del tráfico”, según la terminología oficial utilizada por el propio Consistorio, y que afectó al tramo comprendido entre las calles Dama de Arintero y Obispo Vilaplana. Lo que antaño se conocía como calle 18 de julio. Las obras finalizaron en septiembre de 2023 tras varias modificaciones y polémicas sobre el diseño inicial, pero desde prácticamente el principio comenzaron las críticas por el nefasto comportamiento del pavimento elegido, el mismo que en otras calles reformadas entonces en León, pero en su caso totalmente peatonales, con menos estrés de tráfico rodado.

Ya durante la ejecución, en gran parte con financiación de fondos europeos, se advirtió de que las baldosas instaladas difícilmente soportaban el paso constante de vehículos, incluidos autobuses y tráfico pesado. La presencia de dos talleres de vehículos no ayudaba tampoco. Aunque la vía quedó limitada oficialmente a 10 kilómetros por hora, la circulación diaria terminó acelerando el deterioro del firme hasta límites hoy incluso hasta peligrosos, dado su mal estado.

Antes de cumplirse un año desde la finalización de las obras ya fue necesaria una primera reparación por roturas y hundimientos del pavimento, con un coste cercano a los 65.000 euros. Después llegaron nuevas intervenciones de mantenimiento que hicieron crecer la factura total hasta los 1,2 millones de euros, incluyendo el presupuesto original de más de un millón adjudicado a la empresa Arcor SL, vinculada a la familia del empresario José Luis Ulibarri.

La situación actual del vial ha terminado llevando al Ayuntamiento a decidir recuperar el asfalto para la zona de circulación de vehículos, en una solución que supone, en la práctica, volver a un sistema similar al existente antes de la remodelación aunque ahora teñido ese asfalto de colores, al estilo diferenciador de la céntrica avenida Ordoño II. La actuación prevista para julio afectará únicamente a la plataforma central de tráfico rodado, manteniéndose las aceras laterales y el diseño urbano implantado con la reforma.

El propio Consistorio ya reconocía meses atrás, en la documentación de los proyectos de mejora urbana aprobados por la Junta de Gobierno, que este tramo presenta un estado “muy deteriorado” y arrastra “necesidades específicas demandadas por la ciudadanía”. Vecinos y conductores llevan tiempo denunciando el mal estado del pavimento, con baldosas rotas, desniveles y zonas hundidas que han generado problemas tanto de accesibilidad como de seguridad.

La solución elegida consistirá en extender una capa de mezcla bituminosa sobre la parte central de la calle, aunque el Ayuntamiento pretende conservar una apariencia visual semejante a la actual mediante un acabado coloreado e impreso. Los trabajos incluirán además el repintado y delimitación del carril bici situado en el lateral izquierdo de la avenida, un espacio que también continúa generando controversia por la frecuente presencia de vehículos estacionados indebidamente y por la actividad de talleres mecánicos en el entorno.

La tensión interna en el PSOE leonés vuelve a escalar, si cabe, un grado más. El alcalde socialista de la ciudad de León, José Antonio Diez, se ha mostrado partidario este jueves de que el PSOE convoque un congreso general extraordinario ante la situación generada por la imputación del expresidente Zapatero y las novedades del caso Leire Díez.

La situación “no es la mejor posible, ni en el gobierno, ni en el partido”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por si veía necesario un adelanto electoral como había pedido el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page.

“¿Lo ha dicho Page? Entonces estará bien dicho. No sé. A mí me preocupa mucho más la situación del partido”, ha insistido, al tiempo que ha recordado que lleva mucho tiempo pidiendo la celebración de ese congreso. “Si lo pedí ya hace muchos meses, imagínense lo que puedo decir hoy en día”. El regidor leonés evitó pedir expresamente elecciones anticipadas, aunque señaló que dependerán de los socios parlamentarios que sostienen al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Pero el secretario provincial del partido y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, ha respondido con dureza al alcalde de León, “Resulta llamativo que quien ya reconoce abiertamente que se siente más cómodo cerca del PP que del PSOE pretenda ahora dar lecciones al Partido Socialista sobre democracia interna y congresos federales”.

El diputado leonés reprocha además al alcalde sus críticas recurrentes al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que define como “el principal activo político de la izquierda en España”. “Utilizar permanentemente las siglas socialistas para atacar” al líder del Ejecutivo “no es valentía ni independencia: es hacerle el trabajo a la derecha desde dentro”, afirma.

Cendón también carga contra las palabras de Diez sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Considera “grave” que se hable “con desprecio” de quien “amplió derechos, modernizó España y defendió siempre a León”. “Zapatero pasará a la historia por transformar este país; otros quedarán únicamente por sus ruedas de prensa contra su propio partido”, asegura.

En su respuesta, el secretario provincial del PSOE aprovecha además para criticar la gestión municipal del Ayuntamiento de León alejada de los históricos postulados socialistas. Recuerda a Diez la decisión de mantener todavía calles franquistas incumpliendo la Ley de Memoria Democrática y de vetar homenajes impulsados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). También le reprocha no acudir al congreso provincial socialista, “desaparecer” durante la pasada campaña electoral autonómica y haber “dejar plantado” al presidente del Gobierno en sus visitas a la ciudad leonesa.

“Para hablar en nombre del PSOE no basta con conservar el carné. Hay que defender el proyecto socialista también cuando vienen mal dadas”, concluye Cendón, profundizando así en una fractura interna que desde hace meses enfrenta a la dirección provincial del partido con el alcalde de la capital leonesa.

A falta de prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, Unión del Pueblo Leonés (UPL) se encuentra ya en plena carrera para elegir a su próximo cabeza de lista en el Ayuntamiento de León. Un melón que ya se abrió el pasado mes de abril después de que anunciara su intención de no repetir Eduardo López Sendino, el candidato y líder del grupo municipal desde el año 2015.

Por los primeros movimientos, todo indica que habrá primarias internas en el seno de la formación leonesista, que desde hace un año lidera Alicia Gallego, para que sean los afiliados con sus votos los que tomen la decisión de quién será la persona que aparezca en el próximo cartel electoral leonesista en la capital. Y es que, a día de hoy, ya hay al menos dos nombres encima de la mesa, ambos actuales concejales en el equipo municipal y los dos miembros de la recién estrenada dirección general de Gallego. Se trata de Enrique Valdeón y de Seila Fernández.

La espita la ha abierto el primero, Valdeón, que no dejó lugar a dudas (“sí, me postulo”) cuando ayer fue preguntado abiertamente en la tertulia política de Radio León-Ser sobre su intención de cara a las elecciones al Ayuntamiento en 2027. “Mi intención es esa pero depende de los órganos del partido y de los militantes”, dijo, en referencia a someterse a primarias si no fuera el único interesado en sustituir a López Sendino, “porque hay una serie de requisitos que cumplir y todo se verá”.

Más continuidad

El actual edil lleva siéndolo bajo las siglas de UPL desde 2019, aunque su primera aparición en una lista electoral en el Ayuntamiento leonés data de 2015, pero entonces todavía bajo la escisión del PAL-UL, sin obtener el acta. Orgánicamente, también ostenta actualmente la Secretaría de Empleo, Comercio e Industria de UPL.

Preguntado por su planteamiento de cara a ser el candidato, Valdeón, que profesionalmente es procurador de los tribunales, aboga por una línea que suena mucho a continuidad a lo hecho por Eduardo Sendino. Defiende que “lo primero es ver qué no se ha hecho y se tenía que haber hecho en estos ocho años” de alcaldía socialista de José Antonio Diez, “los proyectos que no se han cumplido y exigirlos a quien esté”, buscando en resumen “soluciones para León, en el tema económico, comercial, aeropuerto... hay muchos frentes abiertos y hay que cerrarlos bien, no dejarlos en el aire”.

Defiende además la decisión adoptada por Sendino en su día de no pactar con el PSOE y formar parte del equipo de Gobierno municipal -como sí se hizo por ejemplo en la Diputación-, y asegura Valdeón que eso significa que han apoyado a veces al equipo de Diez y otras han votado con el PP, siempre bajo la premisa de “qué era bueno para León”. “No nos fiamos de ninguno de los dos, de hecho los dos nos han defraudado siempre a nivel local, provincial y regional, incluso”. Por eso, su planteamiento es que “seguiremos tirando únicamente por León, sin mirar para los lados”.

Educación y servicios públicos

El otro nombre en liza es el de Seila Fernández Domínguez, obtuvo su primera acta de concejala en 2023 gracias al éxito electoral que hizo que UPL obtuviera cinco puesto en el plenario municipal. ILEÓN ha contactado con ella, así como con otros dos nombres que llevan meses sonando entre la militancia leonesista como posibles aspirantes a la sucesión de Sendino en el liderazgo municipal de la capital. Y ella deja abierta la puerta a aspirar a defender su propia candidatura en unas primarias: “Todavía no sé lo que voy a hacer, cuando se abra ese proceso decidiré”. Y es que señala que “como siempre me pongo a disposición del partido para lo que necesite, como he hecho estos años como concejala y secretaria de Educación” en la UPL a nivel orgánico. Pero de lo que no duda es que “UPL tiene que tener una lista ganadora para el Ayuntamiento de León”.

Fernández, maestra y directora de colegio público, durante los últimos años ha sido la voz leonesista en materia de Educación, con una férrea defensa de la educación pública, tanto bajo la dirección de Luis Mariano Santos como de ahora Alicia Gallego. Su última acción ha sido denunciar que el contrato de fruta y verdura a los colegios de la Junta de Castilla y León obvia los productos locales primando el precio aunque vengan de otras zonas lejanas del país.

El otro nombre que circulaba de forma insistente en la militancia leonesista es el del abogado Bernardo García Angulo, que ha señalado a este medio que presentarse a las primarias para la Alcaldía de León “no se me ha pasado por la cabeza”. El abogado es también miembro de la actual dirección leonesista como secretario de Estudios Autonómicos.

Un proceso interno sin fecha y un objetivo claro

El proceso de selección de candidaturas de UPL todavía no está abierto, con un partido con un fuerte componente asambleario. Será el Consejo General del partido, principal órgano entre congresos, quien decida cómo y cuándo se abre el proceso de selección de sus candidatos, con el puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de León como plaza más disputada. Sobre todo porque la expectativa en apariencia más razonable es que nuevamente UPL pueda ser la clave de la gobernabilidad en el primer ayuntamiento de la provincia. Actualmente cuenta con cinco concejales, dos de ellos los que primero se han situado en la línea de salida, frente a nueve del PP y once del PSOE, cerrando la lista los dos que se presentaron por Vox pero que pronto se 'rompieron' con un tránsfuga.

Cien por cien con Zapatero. El secretario provincial del PSOE de León y diputado nacional por la provincia, Javier Alfonso Cendón, ha vuelto a salir casi una semana después su imputación judicial por un presunto caso de corrupción en defensa del expresidente del Gobierno leonés José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo ha hecho cargando contra lo que considera que son “juicios mediáticos”, “sentencias mediáticas” y “condenas mediáticas”, por lo que reclama un respeto a la presunción de inocencia.

Durante su intervención en la tertulia política de Radio León-Cadena Ser, el dirigente socialista reiteró “todo el apoyo” al expresidente leonés, del que ha sido valido político constante, y cuestionó el tratamiento político y mediático que está recibiendo el caso desde que trascendió la sorprendente decisión judicial de la Audiencia Nacional.

“Lo primero trasladar públicamente de nuevo todo el apoyo al presidente Zapatero, una persona a la que conozco tanto en lo personal como en lo político y creo que es una persona sin tacha de ningún tipo”, afirmó Cendón, quien añadió una “crítica clara a las personas y a los medios de comunicación que han intentado hacer juicios mediáticos en un momento en el cual él todavía no ha tenido la oportunidad ni de defenderse”.

El secretario provincial del PSOE insistió en que otorga “total credibilidad” a las explicaciones ofrecidas por el expresidente y sostuvo que se está produciendo una condena pública anticipada. “No ha podido defenderse, pero ya es tarde”, lamentó, antes de reivindicar que conoce “de manera notable” tanto la trayectoria pública como la vida privada de Zapatero. “Conozco cómo ha vivido, cómo vive y creo evidentemente que se merece un respeto”, añadió.

“En democracia está un poco feo”

Cendón aseguró además que el expresidente mantiene una actitud de “colaboración absoluta con la justicia” y reclamó al resto de fuerzas políticas y a determinados medios de comunicación prudencia mientras avanza el procedimiento judicial. “Eso de hacer condenas mediáticas y sentencias mediáticas en una democracia está un poco feo”, afirmó.

El dirigente leonés también aseguró percibir un respaldo interno unánime dentro del PSOE hacia el expresidente del Gobierno. “Yo sinceramente veo al partido desde el presidente del Gobierno y secretario general hasta los militantes y gente en la calle que me para y me lo dice claramente dando un apoyo claro al presidente Zapatero”, señaló.

En ese contexto, volvió a insistir en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y vinculó la situación con experiencias personales vividas durante su propia trayectoria política. “Veo palabras fuera de lugar, condenas mediáticas y yo creo que hay que respetar la justicia, hay que respetar a las personas, que se expliquen, la presunción de inocencia”, sostuvo. “En mi mismo caso el otro día hablamos. Yo tuve la mala suerte de tener algunas personas que me intentaron difamar, que dijeron de todo y que al final la justicia me dio la razón”, añadió.

Por ello, reiteró que “los juicios mediáticos no se deben tolerar ni consentir” y advirtió de que “con el Partido Socialista no cuenten para ello”. Y sacó a colación su reciente caso personal, en el que tuvo que denunciar, y finalmente ganó en los Tribunales, tras las críticas públicas de dos youtubers de extrema derecha a él mismo, relacionándole con el llamado 'Caso Tito Berni'.

Durante su intervención radiofónica, Cendón contrapuso además la actuación del PSOE con la de otras formaciones políticas en materia judicial y de corrupción. “A diferencia de otras organizaciones, de otras personas, el Partido Socialista y los dirigentes de mi partido siempre hemos colaborado y estamos colaborando con la justicia”, afirmó.

El secretario provincial socialista pidió además “prudencia” antes de “señalar a ninguna persona y a ningún partido”, especialmente, dijo, cuando las críticas proceden del Partido Popular. “Quiero recordar que es el único partido condenado en este país por corrupción”, concluyó.

El PSOE reclama a la Junta de Castilla y León una excavación integral tras los hallazgos arqueológicos de época romana localizados en el solar donde se levanta un nuevo supermercado en la avenida Madrid-Coruña, en Astorga (León).

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, los socialistas criticaron este miércoles que Patrimonio se esté limitando a recuperar hallazgos aislados, sin impulsar una excavación en profundidad en un enclave que, a su juicio, podría convertirse “en uno de los descubrimientos romanos más importantes de los últimos años en la provincia de León”.

El origen del descubrimiento se remonta a julio de 2025, cuando durante las labores de ampliación del supermercado apareció de forma fortuita una tumba romana de gran valor arqueológico. Según informó entonces ILEÓN, el enterramiento contenía un excepcional sarcófago de plomo de casi dos metros de longitud, un elemento muy poco frecuente en la Hispania romana y asociado habitualmente a personas de alto estatus social.

Tumba vinculada a la Vía Nova

La tumba fue localizada en una zona vinculada históricamente a la Vía Nova, una de las principales calzadas romanas del noroeste peninsular. Tras el hallazgo inicial y debido a la existencia previa de referencias funerarias en el entorno, el servicio arqueológico municipal trasladó a Patrimonio la posibilidad de que el enclave formase parte de una necrópolis romana.

De acuerdo con la información difundida en 2025, la sepultura estaba construida mediante una cista revestida con ladrillos y cubierta con tejas romanas. Además, algunos ladrillos presentaban decoraciones digitales con círculos concéntricos y aspas, elementos que aportan información sobre las prácticas funerarias de la época.

Sin embargo, el grupo municipal socialista sostiene ahora que, pese a los continuos hallazgos registrados desde entonces y a que desde octubre ya existirían indicios claros de la presencia de una necrópolis, la Junta no ha impulsado una excavación integral que permita documentar y recuperar todo el conjunto arqueológico.

El PSOE asegura haber solicitado “una excavación con la extensión que fuese precisa para no dejar enterrados, sin inventariar o rescatar los enterramientos en este tramo de la Vía Nova”, y considera que el enclave podría convertirse en “el hallazgo patrimonial romano más importante de los últimos tiempos en la provincia de León”.

Silencio de Patrimonio “durante meses”

Los socialistas critican además “el silencio mantenido durante meses” sobre el desarrollo de las excavaciones y alertan del riesgo de que parte de los restos puedan quedar sin estudiar ni documentar. “De dejar enterradas sepulturas sería uno de los hurtos patrimoniales, en cuanto a posible conocimiento, turísticos y documentales, más graves para el presente y futuro de Astorga”, señalan desde la formación.

Tras el hallazgo inicial, el Ayuntamiento de Astorga informó de que la empresa promotora asumiría los costes de las intervenciones arqueológicas necesarias, conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y que los restos serían custodiados en el Museo Romano de Astorga para su estudio y conservación.

El PSOE recuerda finalmente que Astorga fue capital del Convento Jurídico Asturicense y uno de los principales centros administrativos y de comunicaciones del noroeste romano, por lo que reclama a la Junta “una actuación responsable” para garantizar la preservación adecuada de este patrimonio histórico.

La Diputación de León iniciará los trámites para abandonar el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL). Así se ha aprobado hoy en el Pleno de la institución al aprobarse una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por sus socios de gobierno en la institución provincial, el PSOE. La propuesta sólo contó con el apoyo de ambos grupos, ya que el Partido Popular optó por la abstención y el único diputado de Vox votó en contra, ambos criticando la decisión.

El acuerdo supone que la institución provincial dejará de formar parte de la fundación autonómica creada en 2002 para la promoción y difusión de la lengua española, sobre todo por considerar que su función al final resultaba una duplicidad respecto a la labor del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la propia Diputación. La aportación leonesa desde su incorporación ascendía a 10.000 euros anuales. Hay que recordar que el ILCyL estuvo largo tiempo presidido por el actual consejero de Cultura en funciones de la Junta, Gonzalo Santonja, no sin sonoros escándalos con hasta triple sueldo. Santonja fue elegido en su día por Vox para este puerto cuando cogobernó con el PP en la Junta la mitad del pasado mandato, y que sigue en el Gobierno a pesar de romper el pacto la formación de Abascal, por lo que ha sido acusado de ser un traidor.

El diputado de Cultura y portavoz de la iniciativa, el leonesista Emilio Martínez, justificó la salida del patronato por la mencionada “duplicidad de funciones”. Defendió que el ILC ya desarrolla desde hace décadas labores de promoción literaria, publicaciones, actividades bibliotecarias y apoyo cultural en toda la provincia, tanto en español como en leonés, por lo que consideró injustificado seguir manteniendo la aportación económica al organismo autonómico.

Durante su intervención, el diputado leonesista recordó que la adhesión de la Diputación al proyecto fundacional se aprobó en 1999 con el respaldo de PSOE y UPL y con el debate ya abierto sobre la ubicación de la sede, finalmente instalada en Burgos pese a que entonces varios grupos defendían que estuviese en León. También rememoró que los leonesistas ya plantearon abandonar el patronato hace dos décadas, aunque aquella propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

Otro de los argumentos centrales de la moción fue la “escasa actividad” desarrollada por el ILCYL en la provincia leonesa. UPL expuso datos comparativos de programación cultural desde 2018 para sostener que León ha quedado muy por detrás de Burgos o Valladolid en número de congresos, conferencias, exposiciones o encuentros organizados por la fundación. Según los datos expuestos en el Pleno, en 2019 el instituto desarrolló únicamente dos actividades en León frente a las 35 celebradas en Burgos y las 13 de Valladolid. La situación solo comenzó a cambiar parcialmente en 2024, cuando el número de actos aumentó hasta 17.

“Nula atención” al leonés y al gallego en El Bierzo

La formación leonesista también reprochó al instituto la “nula atención” prestada al leonés y al gallego del Bierzo, lenguas protegidas por el Estatuto de Autonomía, y defendió que es el Instituto Leonés de Cultura el que sí mantiene líneas específicas de apoyo a ambas realidades lingüísticas mediante premios y publicaciones.

El debate derivó además en un cruce político sobre el papel del organismo y la defensa del español. El portavoz del PP, David Fernández, cuestionó que una decisión de este alcance se llevase al Pleno mediante moción y no tras un estudio previo en Comisión. Sin embargo, su grupo no votó en contra sino que terminó absteniéndose al considerar “honesta” la aportación económica anual de la Diputación. Fernández acusó a UPL de “no querer defender la lengua española” y reivindicó además la importancia económica que el español tiene en territorios de la Región Leonesa como Salamanca y Zamora, por ejemplo a través de la Universidad salmantina, pionera en Europa.

Más contundente se mostró Vox, cuyo diputado Fernando Prieto Olite votó en contra de la propuesta al considerar que abandonar el patronato supone renunciar a influir dentro del organismo. A su juicio, el Instituto Leonés de Cultura y el ILCYL son “complementarios” y no entidades que compitan. “La solución no es marcharse de los sitios sino influir” estando dentro, sostuvo, aunque admitió que la actividad desarrollada por el instituto en León es “mejorable”.

La moción aprobada recoge también que otros ayuntamientos, entre ellos León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo o Miranda de Ebro, ya abandonaron anteriormente el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por considerar insuficiente el retorno cultural de su participación.

El proyecto 'estrella' del equipo de Gobierno de la Diputación de León, la gran novedad de su segundo mandato bajo pacto entre socialistas y leonesistas, el de poner en marcha una Oficina de Expropiaciones que acelere disponer de terrenos para desbloquear numerosos proyectos de arreglos de carreteras, finalmente será un proyecto 'estrella' privatizado.

Además, la excusa oficial ofrecida no es otra que sólo en manos de empresas privadas conseguirá agilizar esas expropiaciones para poner a disposición de administraciones públicas -ayuntamientos y la propia institución provincial- el suelo que se necesita para acometer los proyectos de reformas de viales que presentan años, incluso décadas, de desidia y falta de inversión.

Así se ha dado a conocer en el Pleno provincial celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes. A preguntas de la oposición del Partido Popular (PP), tanto el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, como el vicepresidente de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Roberto Aller, admitieron que se pondrá en marcha una licitación pública con la cuantía reservada en el actual presupuesto, 800.000 euros, para repartir ese dinero entre empresas privadas que se encarguen de realizar todos los trámites expropiatorios y poner los terrenos en bandeja a la Diputación y a los municipios afectados.

Aller llegó a expresar, incluso, que esta fórmula hará que sea “más ágil que desde el servicio (de Carreteras) sacarlos adelante”, dejando entrever que si de esas expropiaciones se encargaran los funcionarios públicos de la Diputación los plazos se dispararían. Idea que apuntaló el propio presidente del PSOE, al confirmar que “se va a subcontratar precisamente para que haya más agilidad”.

Aller, que desde el equipo de Gobierno insistía el año pasado en que la Oficina de Expropiaciones se crearía y funcionaría antes de final del pasado año, lo cual también se retrasó varios meses, detalló ahora la fórmula privatizadora que se empleará porque “esto lleva mucho trabajo”: ultimar unos pliegos y licitar un total de siete carreteras que se consideran las más acuciantes porque acumulan años de espera, y de desesperación de los municipios afectados.

Las siete carreteras, al detalle

Cada una de las siete tendrán sus condiciones, de manera que podrán adjudicarse a empresas distintas para realizar todo el trámite expropiatorio previo necesario a las obras de reforma, desde la farragosa localización de los propietarios a toda la burocracia posterior. O dicho por boca del vicepresidente y también diputado provincial de Infraestructuras: la intención es “que cada empresa trabaje en cada carretera necesaria”.

Los siete viales concretos son: la carretera de Santovenia de la Valdoncina a Chozas -con años de críticas y exigencias-; la de Santa María del Monte Cea; Trabadelo en El Bierzo; otra carretera en el municipio de Valdefresno, en la Sobarriba; la que en la comarca de la Cepeda va desde Villaobispo de Otero a Magaz; otra más en Oseja de Sajambre, en Picos de Europa; y finalmente en La Ercina.

En todas ellas, los proyectos de ejecución hace tiempo que están terminados por parte de la Diputación y las inversiones para su arreglo integral reservadas desde el punto de vista económico, vía presupuestos. Pero la falta de disposición de los terrenos sigue bloqueando el inicio de las obras, mientras se siguen acumulando desperfectos y peligros en todas ellas.

Este enfoque de privatizar para agilizar los procesos de la Oficina de Expropiaciones hizo que en el Pleno de hoy volviera a sobrevolar el debate general sobre los retrasos y dilaciones en las ejecuciones de todo tipo de proyectos, planes de obras o reparto de subvenciones por parte de la Diputación leonesa. Un problema endémico que el actual presidente, Álvarez Courel, ha resumido muchas veces con la expresión de que “las cosas de Palacio (de los Gumzanes) van despacio”. Gobierne quien gobierne.

Ante otros ruegos del portavoz del Grupo Popular, David Fernández, de desbloquear y acelerar desde las expropiaciones a numerosos planes vitales para los pueblos, como por ejemplo el de Pequeñas obras de Juntas Vecinales, el propio Courel lanzó una original frase, a medio camino entre lamento e ironía: “Me duele no tener una varita mágica, tipo Harry Potter, para tener todas las obras terminadas” dentro de plazos más razonables y rápidos.

Los ayuntamientos de Truchas y Castrillo de Cabrera han unido sus voces para reproducir el “clamor unánime” de sus vecinos al mostrar su “profunda preocupación, malestar e indignación” ante “el intolerable estado de abandono y deterioro que presentan las carreteras de la red provincial” en sendos municipios, por lo que apremian a tomar medidas al respecto a la Diputación de León.

Remarcando que en este caso la titularidad y el mantenimiento de los viales corresponde en exclusiva a la Diputación Provincial, Truchas y Castrillo asegura que “la falta de conservación”de las carreteras “ha alcanzado un límite insostenible”. Y advierte de una triple consecuencia de esta situación al considerar que “compromete gravemente la seguridad vial diaria”, al tiempo que “dificulta de forma extrema el acceso a servicios públicos esenciales” como los sanitarios y “ahoga el desarrollo socioeconómico” de la Cabrera, comarca muy afectada por el vaciamiento demográfico.

Y es que ambos ayuntamientos recriminan que el estado de los viales relega a sus habitantes a padecer unas comunicaciones que tachan de “tercermundistas” al referirse tanto a la carretera que une Truchas con Ponferrada a través del Morredero como la que va a Puebla de Sanabria (Zamora) desde Truchas o la que enlaza con Puente de Domingo Flórez pasando por el municipio de Castrillo de Cabrera.

Tanto el alcalde de Truchas, Francisco Simón (PSOE), como su homólogo en Castrillo de Cabrera, Roberto Liñán (PP), se dirigen al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), y al diputado de Fomento e Infraestructuras, Roberto Aller (UPL), para instarlos a adjudicar y comenzar las obras correspondientes a los proyectos técnicos ya aprobados; ejecutar un plan de actuación urgente y extraordinario de reasfaltado, acondicionamiento, limpieza de cunetas y mejora de la señalización de carreteras de la red provincial en Castrillo; y convocar una reunión formal sobre el terreno con los regidores para establecer un calendario de intervenciones “claro, vinculante y transparente”.

Simón se ha pronunciado en estos términos: “Es incomprensible y doloroso que, en el caso de Truchas, contemos con un proyecto técnico de arreglo aprobado desde hace años y que la Diputación siga sin adjudicar las obras. Desde este ayuntamiento hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, agilizando trámites y exigiendo soluciones. No es un problema de falta de fondos, ya que la Diputación presume constantemente de remanentes millonarios de dinero; es una falta absoluta de voluntad política y de gestión que condena a nuestro pueblo”.

“Vivir en el medio rural”, apostilla desde Castrillo Liñán, “no puede significar tener derechos de segunda categoría. Las condiciones en las que se encuentran nuestras comunicaciones suponen un castigo añadido a la despoblación. Si las administraciones superiores hablan de fijar población, deben empezar por ejecutar los presupuestos donde más se necesita y garantizar carreteras dignas y seguras de forma inmediata”.

Miles de documentos clínicos pertenecientes al Hospital El Bierzo han aparecido intactos en un contenedor de basura de Ponferrada, según ha informado Radio Bierzo, con todo tipo de datos personales de pacientes expuestos en plena calle: historiales clínicos completos, informes, listados de consultas, entre otros.

Cabe destacar que todas las administraciones públicas están obligadas a cumplir con la Ley de Protección de Datos y, en el caso de la documentación clínica, esto incluye la destrucción de documentos como los que han aparecido en un contenedor frente a una empresa de reciclaje localizada en el Polígono Industrial del Bierzo, en Ponferrada. Algunos documentos, informa Radio Bierzo, tienen una antigüedad de semanas.

Ante esta noticia, la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), ha emitido un comunicado en el que reconoce la aparición de estos documentos sin destruir y culpa de este incumplimiento de la normativa al “servicio de limpieza y gestión de residuos”, aunque no aclara si se refiere a su propio servicio o al del municipio.

La Gerencia explica que “el personal del centro sanitario deposita la documentación en bolsas cerradas, sin que exista manipulación posterior por parte de los trabajadores del centro”. A partir de ahí, defienden, es ese servicio de limpieza quien recoge estas bolsas y las traslada hasta “un recinto cerrado y custodiado” para después “coordinarse con la empresa especializada en destrucción documental”.

La Gasbi defiende que este procedimiento es “habitual en el ámbito sanitario y se ajusta a las exigencias legales”.

El PSOE, por su parte, ha exigido explicaciones ante el descubrimiento de estos documentos y reclama responsabilidades. La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, ha calificado los hechos como “de extrema gravedad” y ha advertido de que el PSOE exigirá responsabilidades políticas y administrativas por lo sucedido.

“Los hechos que hemos conocido son de extrema gravedad y la verdad es que estamos muy preocupados. Estamos estudiando a ver si puede haber algún tipo de responsabilidad penal. Lo que está claro es que hay responsabilidades administrativas y vamos a pedirlas al más alto nivel”, ha señalado.

Los socialistas han reclamado a la Gerencia Sanitaria del Bierzo y a la Junta de Castilla y León una investigación inmediata para esclarecer cómo pudo producirse esta situación, depurar responsabilidades y garantizar que hechos de esta gravedad no vuelvan a repetirse.

Un error de una subcontrata de destrucción documental

La empresa Serveo, encargada del servicio de limpieza y gestión en el Hospital de El Bierzo, ha asegurado por su parte que el centro hospitalario actuó “en todo momento conforme a los protocolos establecidos” tras la aparición de documentación clínica fuera de los cauces previstos para su destrucción.

Según explica la compañía en un comunicado, las primeras comprobaciones internas concluyen que la documentación confidencial fue custodiada, almacenada y entregada siguiendo los procedimientos habituales y bajo los controles establecidos para este tipo de residuos sensibles.

Serveo sostiene que la incidencia no se produjo dentro del hospital ni durante la fase de custodia y entrega, sino “previsiblemente en una fase posterior del proceso”, relacionada con el tratamiento final del residuo por parte de una empresa subcontratada especializada en destrucción documental.

La empresa señala que, una vez retirada la documentación, era responsabilidad de la compañía externa garantizar su correcta destrucción conforme a la normativa vigente de protección de datos y gestión segura de residuos confidenciales.

Tras conocer los hechos, Serveo asegura haber activado de inmediato sus mecanismos internos de control e investigación para esclarecer lo sucedido, depurar responsabilidades y adoptar medidas que eviten que una situación similar vuelva a repetirse. Además, afirma estar colaborando con las autoridades y organismos competentes aportando toda la información requerida.

La compañía considera que lo ocurrido supone “un incumplimiento grave” de las obligaciones de la empresa encargada de la destrucción final de la documentación y avanza que estudiará posibles acciones contractuales, operativas y legales.

Por último, Serveo reiteró su compromiso con la seguridad, la confidencialidad de la información sanitaria y la correcta gestión de documentación clínica y datos personales protegidos.

UPL eleva el caso hacia la Junta

Unión del Pueblo Leonés (UPL) anunció que registrará en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas con el objetivo de que la Junta explicaciones acerca de la aparición de documentación clínica en un contenedor en el polígono industrial de El Bierzo, por la gravedad de la falta de custodia de una “documentación que cuenta con datos sensibles de los pacientes o trabajadores del Hospital El Bierzo” de Ponferrada.

Anuncian que exigirán responsabilidades tanto a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo como a la Junta de Castilla y León al “incumplir de forma flagrante la protección de datos de los pacientes”. Y es que “pese a las ya excusadas lanzadas por la Gerencia” -dependiente de la institución autonómica- reclaman que “se deben depurar responsabilidades y conocer los detalles de lo sucedido para que esto no vuelva a ocurrir”.