El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado un nuevo crédito de 3,6 millones de euros, procedente de remanentes de tesorería municipal y destinado a sanear las cuentas municipales y atender intervenciones consideradas como necesarias en distintos servicios e instalaciones públicas, según explica el equipo de Gobierno.

La operación, añade el Ejecutivo municipal, completa el crédito de más de 15 millones de euros aprobado en septiembre, que permitirá amortizar cerca de 14 millones de deuda y dar un paso adelante para salir del Plan de Ajuste.

El punto ha salido adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, la leonesista Ana Caurel. A los votos favorables de Unión del Pueblo Leonés se sumaron los de Ciudadanos. PSOE, IU y la concejal no adscrita votaron en contra, mientras que PP y Vox se abstuvieron.

El crédito servirá para habilitar varias partidas: 35.000 euros para el tejado del consultorio médico de San Andrés; 135.000 euros para completar la aportación municipal al convenio de bomberos; y 13.200 euros para las obras de emergencia de la carretera N-120. Asimismo, se contemplan fondos para acometer otras mejoras como las de las instalaciones de calefacción de la Casa de Cultura de Trobajo del Camino y del colegio Trepalio Pequeño. Además de destacar el trabajo realizado por la Intervención Municipal, el equipo de Gobierno ha agradecido el voto a favor de Cs.

“El equipo de gobierno sigue sin entender lo que es el consenso. Cuando no se tiene la mayoría necesaria, hay que negociar y llegar a acuerdos, no presentar los expedientes como hechos consumados. Hay partidas importantes, pero nuestra obligación es garantizar que todo se haga con legalidad y seguridad jurídica”, señaló el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, quien también agradeció el trabajo desarrollado a la interventora municipal. Su grupo propuso modificar partidas para dedicar una de ellas en exclusiva al transporte escolar.

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado la moción para impulsar la mejora de las conexiones viarias del Aeropuerto. La iniciativa ha contado con los votos favorables de UPL, PP, Vox, IU y Ciudadanos, mientras que PSOE y la concejal no adscrita se han abstenido.

Vox precisó que el texto de esta moción está redactado por la asociación León Propone. Sin dejar de respetar el trabajo realizado por el colectivo, la formación considera que “una iniciativa pensada como conjunta no debe presentarse como propia por el equipo de gobierno de la UPL”.

“Si pedimos al Gobierno de España, a la Junta, a la Diputación y a AENA que se tomen en serio una propuesta, lo primero es presentarla con rigor. Pero lo importante no es quién se cuelga la medalla, sino cómo protegemos a los vecinos de Trobajo ante el aumento del tráfico y damos prioridad al vial que unirá el polígono de Trobajo con el aeropuerto y la futura terminal de carga que tanto hemos defendido”, afirmó Prieto Olite tras apuntar que, con las nuevas fases del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, podría duplicarse el tráfico viario actual, cuantificado en 7.600 vehículos y unas 20.000 personas.

Cinco años después de que hubiera tenido que expirar la concesión de la autopista León-Asturias AP-66, y cinco también desde el duro pronunciamiento europeo sobre la irregularidad de ampliarla hasta el año 2050 por parte del último Gobierno de José María Aznar, ahora la Junta de Castilla y León da el primer paso para abrir vía judicial en aras a “la eliminación del peaje”.

Así lo ha acordado hoy el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, conformado ahora por el pacto PP -Vox, después de que el Principado de Asturias pusiera en marcha esta ofensiva judicial contra el cobro en la AP-66 hace ya nueve meses.

El acuerdo ha sido explicado por el portavoz del Ejecutivo de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y consiste en dar permiso a la Consejería del ramo, la de Movilidad, para que arranque las “acciones administrativas y judiciales” contra el Real Decreto 392/2000 que “modificó la concesión de la autopista León-Campomanes y prolongó el peaje hasta 2050”. Aquel fue un polémico acuerdo adoptado in extremis por Aznar -que antes había sido presidente de la Junta- en las últimas semanas de su primer Gobierno y por la vía directa, siendo ministro de Fomento Rafael Arias Salgado, al que semanas después relevó el asturiano Francisco Álvarez Cascos. La decisión provocó un estiramiento de 29 años más de concesión a la compañía Autopista Concesionaria Astur-Leonesa SA (Aucalsa).

Pero no es hasta ahora que la Junta, relató Carriedo, “considera que esta modificación introdujo cambios sustanciales en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato”. Una situación que dio lugar “en la práctica a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario”. Es decir, los mismos argumentos por los que Europa abrió expediente contra España ya en el año 2021, por este caso y por la autopista gallega AP-9.

Que se ponga en marcha hoy esa vía judicial tampoco será sinónimo de una actuación rápida ni de inminente repercusión. El propio acuerdo resalta que en primer lugar se instará “la revisión de oficio del citado Real Decreto, como paso previo a la vía judicial”. Después, abundó el portavoz del Gobierno autonómico, se produciría un eventual requerimiento al Gobierno para que reconsidere o justifique la medida de la prórroga. Asturias, gobernada por una coalición progresista que encabeza el PSOE, ya hace meses que dio ese paso, comprobando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a poner fin a la concesión y el cobro del peaje de la también llamada Autopista del Huerna. Y finalmente, se elevaría un recurso ya ante el Tribunal Supremo, otro paso que Carriedo admitió que también lleva delantera en el Principado.

En su argumento formal, Castilla y León reconoce ahora que es necesario acabar con “el peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad”. Pero ante las preguntas de por qué tardar cinco años en abrir el cauce judicial, cuando además las Cortes de Castilla y León aprobaron esta vía hace dos, a instancias de Unión del Pueblo Leonés (UPL), el portavoz del Ejecutivo que preside Alfonso Fernánde z Mañueco se limitó a responder que “estamos en plazo”.

La ciudad de León ha vuelto a la casilla de salida, más de dos años después, al reaprobarse sobre la campana este miércoles la ordenanza de la nueva tasa de basuras, que unifica la recogida, transporte y reciclaje a que la Ley obliga hace ya tres años. Una aprobación que ha provocado rechazo de la oposición de PP y Vox pero que ha sido posible, una vez más, por la decisión de UPL de abstenerse para desbloquear la situación, adujo su portavoz, Eduardo López Sendino. De este modo se produjo un empate reiterado que rompió el propio alcalde, José Antonio Diez, con su voto de calidad, permitiendo que la nueva tasa saliera adelante.

Tras un intenso debate previo de todos los grupos, en el que la oposición censuró la mala gestión de los residuos en la capital y las “chapuzas” que desencadenaron la sentencia del TSJ que tumbó la tasa en 2025, con numerosos recibos ya cobrados a los vecinos, el propio Diez prometió públicamente que no se girará un solo recibo nuevo de basuras “a nadie que no se le haya devuelto lo que se le adeuda” por aquel cobro.

Previamente, el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, defendió que se trata de una “tasa justa y transparente” que urge sacar adelante por imposición legal, el mismo motivo por el que se aplica ahora el criterio de que la recaudación que se consiga con ella “cubra exactamente la totalidad del coste del servicio”. Añadió también que el formato permite que “pague más quién más genera” basura, ya que estimó que el 65% del recibo dependerá la cantidad de residuos de cada ciudadano o empresa.

Una visión positiva que estuvo en las antípodas de la visión del portavoz del PP, David Fernández, quien insistió en que los últimos años el equipo de Gobierno que lidera Diez ha hecho “la peor gestión de España” en esta materia, culminando ahora, dijo, con una nueva subida fiscal a los leoneses, que cifró en el 4,5% respecto al intento de hace dos años que fue condenado judicialmente. Fernández aseguró que el voto en contra de sus ediles se basaba, sobre todo, en oponerse a que “se cobre más por los mismos servicios”, que además siguen siendo escasos, por ejemplo acumulando varios años de retraso con el nuevo contenedor marrón para residuos orgánicos.

Por UPL, Sendino anunció una abstención “por responsabilidad”, porque de no aprobarse la tasa “se perderían 11 millones de euros” que se prevé recaudar y en lo que se cuantifica el coste del servicio, y eso a pesar de manifestar que “no nos parece una ordenanza justa”. Y desde Vox, Blanca Herreros, insistió en manifestar “serias dudas acerca de la legalidad” de la tasa, instando a que se devolviera cuanto antes el dinero recaudado el pasado año tras conocerse la sentencia.

El regidor quiso cerrar el debate asegurando, tajante, que “no se sube el tributo sino que hay una redistribución”, recordando que se trata de una aprobación inicial que todavía se puede enmendar y mejorar ahora en período de alegaciones, añadiendo que sacarlo adelante con urgencia es al mismo tiempo un ejercicio de “responsabilidad” y “una obligación legal”.

Otros asuntos

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, en reconocimiento a casi siglo y medio de labor educativa, social y asistencial en la capital leonesa desde su llegada en 1877.

También salieron adelante sendas mociones por unanimidad de todos los grupos políticos, el primero de ellos exigiendo el mantenimiento en León del centro de formación de Adif, tras anunciarse su cierre y traslado a Valladolid, cediendo si fuera necesario espacios municipales, con objeto de asegurar el contenido del futuro centro licitado en el entorno de la estación histórica.

En segundo lugar, acuerdo también total para urgir la mejora de las conexiones del polígono industrial de Villadangos del Páramo y del eeropuerto de León, así como la supresión de los peajes de la autopista León-Astorga AP-71 y la León-Asturias AP-66.

España acudirá de nuevo a las urnas para votar en las próximas elecciones generales el próximo domingo 29 de noviembre y, desde la provincia de León, 425.983 electores tendrá que elegir esa jornada entre 13 papeletas de candidatos a ocupar un sillón en el Congreso de los Diputados y en otras nueve para el Senado. Todas las candidaturas han sido publicadas este miércoles 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Han pasado tres años desde la última vez que se celebraron unas elecciones generales y los cambios en el tablero político han sido monumentales en el ámbito político nacional. Un giro que se refleja también en las candidaturas que los partidos presentan en provincias como la de León, donde cuatro representantes políticos leoneses se sentarán en el Congreso de los Diputados y otros tantos en el Senado.

Estos son los partidos que se presentan al Congreso por León

La cifra de partidos políticos que se presentan desde la provincia de León ha pasado de una docena a 13 para los próximos comicios generales. Se estrenan en estas elecciones la coalición Frente Amplio o Se Acabó la Fiesta (el partido del ultra Alvise Pérez). Desaparecen las papeletas de España Vaciada y UPL, que han renunciado a presentarse a estas elecciones.

El PSOE ha presentado una candidatura liderada por Javier Alfonso Cendón, actual secretario general del partido socialista en la provincia leonesa y ya diputado en la Cámara Baja durante la anterior legislatura.

Por otro lado, Frente Amplio se presenta en la provincia de León con una coalición integrada por Izquierda Unida y Sumar. Es Rubén Estévez Miguel el elegido para liderar esta lista, con una larga trayectoria en la formación de la provincia de Zaragoza, donde residió durante años.

Por otro lado, el PP presenta a Ester Muñoz como su principal candidata en la provincia de León para el Congreso de los Diputados. Muñoz es, además, la portavoz el PP durante la campaña electoral y en la Cámara Baja, diputada nacional y expresidenta provincial.

Vox presenta a Pablo Calvo Liste como número uno en su lista para el Congreso de los Diputados, quien ya ocupó este puesto en la candidatura del partido de extrema derecha durante las anteriores elecciones generales de 2023.

Podemos se presenta en solitario en provincias como León, mientras que a nivel nacional anunció una coalición con ERC, con Sixto Martínez Álvarez encabezando su lista a la Cámara Baja.

Ya que Unión del Pueblo Leonés (UPL) decidió no presentarse a estas elecciones generales, el leonesismo cuenta con el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) con Manuela Iglesias Carro como candidata; y Proyecto Alantre, que se estrena por primera vez en unas generales, con José Antonio Fernández García y con miembros del movimiento social Conceyu en el resto de la lista.

El resto de partidos que se presentan son Frente Obrero con José Manuel Estébanez Fernández como candidato al Congreso; el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) presenta a María Natividad Franco; Se Acabó la Fiesta (Salf) presenta a Enrique Jesús Pérez; el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) presenta a Estrella Alonso Almazán; Por un Mundo Más Justo presenta a María Elena Cánovas; y el movimiento Escaños en Blanco con María López Castellanos.

Partidos que se presentan al Senado por León

Un total de nueve partidos y coaliciones presentan candidaturas al Senado por la provincia de León para las elecciones generales del 29 de noviembre, dos menos que en 2023. La coalición Senado de Progreso, integrada por PSOE y Frente Amplio (Izquierda Unida y Sumar), presenta a Salvador Vidal Varela (PSOE), Laura Fernández Bermejo (IU) y Manuel Alfonso González (PSOE). Por su parte, el Partido Popular concurre con Silvia Franco González, Antonio Silván Rodríguez y María Asunción Mayo Fernández, mientras que Vox presenta a Jaime Alonso Gila, Laura Gallego Gaspar y Raúl Ramos Juan.

Podemos, que concurre en solitario a la Cámara Alta, presenta a Edith Peña Domínguez, Modesto Ramos Maraña y Ariana Alonso Celorio. El Partido Regionalista del País Leonés (Prepal) cuenta con Jesús Fernández Villar y Catalina Antúnez García; el Partido Animalista Pacma, con María Begoña Fernández García y Juan Carlos Ramos Rodríguez; y el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), con Pedro Gómez García. Completan las candidaturas Por un Mundo Más Justo, con María José Ríos Jurado, y Escaños en Blanco, con Rafael Díez Gutiérrez y María Esther Chamorro Alonso.

Respecto a las elecciones generales de 2023, cinco candidatos repiten: Salvador Vidal Varela, Antonio Silván Rodríguez, Catalina Antúnez García, Pedro Gómez García y María Begoña Fernández García. Entre las novedades figuran la coalición Senado de Progreso, la candidatura propia de Podemos y Escaños en Blanco, mientras que UPL, España Vaciada, Recortes Cero y Sumar como candidatura independiente desaparecen de las papeletas al Senado por León.

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León sólo contempla un voto ante la aprobación este miércoles de la nueva tasa de basura del equipo de Gobierno socialista: un voto negativo, un 'no' rotundo de todos sus concejales, por no convertirse en cómplices ni de la subida del 4,5% prevista ni de la gestión del alcalde en todo lo que viene que ver con residuos, que tildan de “la peor de España”.

Así de tajante se ha mostrado el portavoz del PP en el Consistorio, David Fernández, que recuerda que esta nueva ordenanza que se lleva al Pleno de este miércoles llega tras una sucesión de chapuzas. La tasa sustituirá a la aprobada en 2024, anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en 2025. Según el PP, la posterior anulación de la tasa de tratamiento de residuos de ese mismo año ha provocado unas “pérdidas superiores a los 15 millones de euros para las arcas municipales” en los dos últimos años. Y de hecho, denunció que ni siquiera se han devuelto todavía a los leoneses que llegaron a pagar todos los importes cobrados con la tasa anulada.

Fernández aseguró en rueda de prensa que la nueva propuesta confirma las críticas que su grupo formuló contra la ordenanza anterior, que califica de “improvisada” y contraria a la actual legislación estatal. O sea, otro posible motivo para que cualquier denuncia ciudadana la vuelva a tumbar, advirtió. El PP justifica su voto en contra, en primer lugar, por la subida fiscal del 4,5%, añadido a otros “tasazos” como el 20% más por el agua en el actual mandato.

Otro de los argumentos de los populares es que el Ayuntamiento sigue sin disponer de mecanismos para separar y tratar los residuos orgánicos ni obtener información precisa sobre la generación de basura y el esfuerzo de los ciudadanos en materia de reciclaje, de manera que al menos se compense a quien mejor recicle a través de coeficientes correctores.

A estas críticas añade la situación del padrón municipal. Porque data de ahora mismo, del 16 de octubre, por vía de urgencia, la contratación de una empresa por 115.000 euros para vincular las referencias catastrales con el padrón, siendo además el plazo de ejecución previsto para esos trabajos de 12 meses, todo un año por delante. Por eso, el PP cuestiona que se pretenda aprobar la tasa sin haber completado esa vinculación, ya que el cálculo se apoya en criterios catastrales y de empadronamiento, de manera que observan una “nueva improvisación” del Gobierno del alcalde José Antonio Diez.

La formación también pone en duda la equidad del sistema, al entender que la ordenanza no establece una relación suficientemente clara entre la cantidad de residuos generados y el importe que debe pagar cada contribuyente. Asimismo, reprocha que no se contemplen incentivos ambientales vinculados al reciclaje, una medida que considera fundamental en una tasa destinada a financiar la gestión de residuos.

No cuadran los números, según el PP

Por último, Fernández cuestiona las cifras económicas de la propuesta. Señala que, aunque el Ayuntamiento cifra la subida en un 4,5% respecto a hace dos años, la recaudación de 2023 fue de 9,3 millones de euros, lo que, según sus cálculos, supondría un incremento del 19% si se compara con los 11,07 millones que se prevé recaudar ahora.

El portavoz también ha señalado una discrepancia entre el coste actual del servicio, fijado en 11,07 millones de euros, y los 11,6 millones que recogía la memoria económica de 2024.

“No vamos a ser partícipes de esta forma chapucera de gobernar ni de una nueva subida fiscal”, resumió David Fernández, quien ha descartado tanto el voto favorable como la abstención para evitar respaldar la gestión municipal. El portavoz ha concluido asegurando que la gestión de los residuos de José Antonio Diez es “la peor de España” y ha reprochado a UPL que facilite la aprobación de la ordenanza con su abstención, una vez más.

Matemáticas. Los políticos hacen muchas matemáticas electorales. Aunque parezcan relativamente fáciles, porque siempre tienden a calcular así por encima qué ocurrirá en las elecciones, pero con la experiencia de medio siglo de resultados saben que lo del Congreso y el Senado es otra historia. En realidad para la Cámara Alta es un 'no es tan así pero algo de eso hay': los políticos saben, pero casi nunca lo tienen en cuenta los votantes, que las cuentas para entrar en el salón de sesiones de la calle de Bailén en Madrid son diferentes. Aparentemente fáciles, pero distintas. Y si en un escenario normal siempre hay que contar con un poco de fortuna, en uno de empate en una circunscripción se convierten en endiabladas.

Eso ocurrió en León en las segundas elecciones de 2019 del 10 de noviembre, en las que se produjo un extraño caso de reparto a pachas entre PSOE y PP de dos y dos senadores porque lo habitual es que el partido ganador al Congreso (la Cámara Baja) se lleve tres, y el segundo uno a la Cámara Alta; ya que viene a coincidir más o menos que el primero que gana más diputados se lleva tres de cuatro senadores. Bueno, no es que suela coincidir: es que en la mayoría de las elecciones generales así ha pasado en León.

Pero hay que reconocer que en momentos de incertidumbre la votación del Senado es algo distinta. El sistema de voto directo, pero con lista abierta, permite a los votantes escoger quién puede ir... y quién no. De hecho, en la papeleta ocre se puede llegar a votar a uno solo, a dos de un partido, poner dos cruces en dos formaciones diferentes o directamente a tres completamente distintas. Porque sólo se pueden marcar como máximo tres casillas.

Incluso pueden llegar a no votar a un candidato... porque no les guste personalmente.

Hay que explicar cómo funcionan las 60 circunscripciones en las Elecciones Generales para elegir a 188 senadores (el resto, hasta 266 son de elección de cada parlamento autonómico entre sus representantes). En la gran mayoría, que son las provincias peninsulares, se eligen cuatro candidatos.

Sí, incluso en circunscripciones tan grandes en población como Madrid o Barcelona no se eligen más de cuatro representantes para la Camara Alta. Hay excepciones por población: en las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) se eligen tres, dos en Ceuta y dos en Melilla y uno por cada una de otras islas pequeñas o agrupaciones. (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma). Y siempre el votante puede elegir un número menos que los representantes que puedan salir de la elección, es decir, tres donde son cuatro. Y donde se eligen tres sólo pueden marcar dos casillas. Y donde se eligen dos o menos, pues sólo se puede señalar una. Así se garantiza que haya siempre senadores de dos partidos, al menos en cada provincia peninsular.

El extraño caso de las segundas elecciones de 2019 en León

En la circunscripción de León (donde se eligen cuatro al ser provincial peninsular) el resultado en el Senado siempre ha sido un reparto de 3 a 1 a favor del más votado, salvo en las segundas del 10N de 2019. Es el único caso en que esto ha ocurrido en toda la democracia (desde 1977) y con los dos del PP colándose en segunda y tercera posición hace siete años, habiendo ganado el PSOE las elecciones al Congreso.

Unas elecciones al Senado muy extrañas las de la segunda vuelta de 2019, porque pese a que vencieron claramente los socialistas a los populares por más de trece mil votos en el Congreso... algo pasó para que los dos primeros de la lista del PP en la Cámara Alta sacaran nada menos que diez mil votos más que su propia lista popular al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. La clave es que la elección a la Cámara Alta no se reparte por listas de partidos como en la Baja, sino por votos directos a cada candidato o candidata. En el Congreso la lista es cerrada y los escaños se reparten proporcionalmente a los votos de cada partido. En el Senado cada elector puede marcar hasta tres nombres y se eligen los cuatro candidatos con más votos, sea cual sea su formación. La ventaja de votos del PSOE en el Congreso ese 10N no contó en el Senado, porque aquí lo que sirve es cuántos votos suma cada candidato por separado. Incluso el PP coló a los dos suyos en segunda posición, y el tercer candidato del PSOE (que en una situación normal hubiera sido siempre senador) se quedó a solo 2.465 votos del cuarto puesto, que es lo que separó el 3-1 del 2-2.

Normalmente el partido que gana en diputados saca sus tres candidatos senatoriales con votos parecidos, porque sus electores marcan los tres nombres de su lista. Pero en las segundas de 2019 (en las anteriores de abril de 2019 fueron 3 PP y 1 PSOE) pasaron cosas realmente extrañas. Porque los dos candidatos del PP (Javier Santiago Vélez y Antonio Silván) sacaron más de diez mil votos que la lista popular al Congreso. De hecho, quedaron casi empatados (solo 39 votos de diferencia entre ellos, ganando Vélez). Es decir, los dos nombres eran realmente conocidos. La tercera popular, Mar González Pereda, se quedó unos 10.000 votos por debajo... sacando casi 5.000 votos menos que el socialista Vidal, el que ganó las elecciones de la papeleta ocre. Lo que significó directamente que una notoria cantidad de votantes socialistas no marcó los tres nombres (mil quinientos menos al segundo de la lista, sólo el primero sacó 173 más, y hasta casi cinco mil menos al tercero) aquel 10N.

Además, el PP sacó en el Senado unos 11.000 votos más que en el Congreso, mientras que el PSOE casi se quedó igual. Con los datos no se puede saber de dónde vinieron, pero es verosímil que parte de ellos fueran de votantes de otros partidos. Una explicación sería la transferencia del voto de Ciudadanos, que se hundió respecto a la elección de abril en el Congreso (de 50.612 a 16.731 votos) y es muy posible que parte de sus electores votaran a candidatos del PP en el Senado.

Así, entre abril y noviembre el PSOE perdió fuerza en su tercer candidato (bajó unos seis mil) y el PP ganó en su segundo (aumentó unos veinte mil), con lo que las fuerzas se equilibraron y con una pequeña diferencia los socialistas no llegaron a alcanzar el tercer senador como habría sido lo normal. Fueron al final, haciendo la cuenta de estas subidas y bajadas, 2.465 votos menos del tercer socialista respecto al segundo popular (Silván) en el resultado final por los que lo que el cuarto escaño pasó al PP en las segundas elecciones de 2019 y se produjo el reparto por igual.

Por qué el tercer partido en el Congreso nunca llega a tener senador

Otra de las cuestiones del voto en el Senado, es que es hartamente complicado que el tercer partido pueda tener opción de obtener un escaño salvo que hubiera un empate entre los tres en un pañuelo. Cosa que nunca ha ocurrido en la circunscripción leonesa. Es decir, que da igual marcarse 45.000 votos en el Congreso si el segundo tiene 80.000 (recordemos que al PSOE también le pueden votar los leonesistas y va a estar difícil que estos lo hagan hacia Vox) y el primero 100.000 (que bien podría ser el escenario en las próximas generales en León del PP); porque al ser voto directo en la Cámara Alta, aquí cuentan los cuatro primeros puestos; aunque sea por una papeleta por encima del quinto.

Así que es realmente difícil que ningún candidato de una tercera formación que sí puede disputar un diputado nacional por el sistema de reparto D'Hondt (que no Ley como la llama mal todo el mundo), como bien pudiera ser el caso de Vox el 29N, pueda llegar a tener unos cuarenta mil votos más para superar ampliamente los ochenta mil del segundo partido; que vendría a ser el PSOE hipotéticamente hablando. Es decir, necesitaría el doble de papeletas casi para permitirle superar a los tres candidatos de la formación en segundo puesto en las urnas, concretamente en la anaranjada.

Esto de que los candidatos al Senado de los dos primeros partidos tengan similares votos que al Congreso ocurre, indefectiblemente, por el efecto de mandar las papeletas por correo a casa de los votantes: con las del Senado ya tachadas en los tres puestos de cada formación, hace que muy pocas personas escojan la papeleta en la cabina electoral y marquen los que le apetecen. La gran mayoría ya van con el voto puesto de casa.

Por eso, tener cuanto más presupuesto para la campaña beneficia a los partidos grandes. Porque los pequeños no disponen de dinero para buzonear por completo la provincia. Y eso es lo que marca la diferencia. Se pueden observar en la tabla de arriba esas sutiles diferencias, que no siempre ocurren, porque se puede comprobar que la fama de uno de ellos puede hacer que saque diez mil papeletas más que su partido. Eso ocurrió con Javier Callado como primer candidato a la UPL en 2023, mientras que otros pierdan votos, como pasó con Carlos Pollán, hoy líder autonómico, que se dejó en la segunda vuelta de 2019 casi cinco mil menos; pese a presentarse en solitario el tener un buzoneo imperfecto (no había dinero para llegar a ciertos pueblos), le perjudicó. Peor les fue a los de Abascal en 2023 como se ve en la tabla de arriba.

Conclusión: Vox lo tiene realmente complicado y el Frente Amplio, menos

Como se ve, lo de las matemáticas electorales del Senado son cosa complicá, sobre todo para el tercero en liza. Y como PP y los de Abascal no han llegado a un acuerdo en León (aunque sí en otras circunscripciones de España), lo de Vox aquí es casi imposible. Sus candidatos en la papeleta de colorín ocre tendrían que sacar unos 30.000 o 40.000 votos más que al Congreso para poder alcanzar al tercero del PSOE, no digamos al primero. Y en el mejor escenario posible en el que el PSOE baje de los noventa mil que sacó en 2013 a unos 70.000 a la Cámara Baja, si Vox sacara 50.000 al Congreso (lo cual parece demasiado), necesitaría de unos 25.000 más para garantizar un puesto en la Cámara Alta senatorial. Y eso sería un reparto de 2 PP, 1 PSOE y 1 Vox que jamás se ha dado en la provincia.

Así y todo, el pacto entre el PSOE y el Frente Amplio sí puede provocar un reparto así, aunque de dos listas. Dos el PP, uno el PSOE y otro Laura Fernández (IU) al ir en segunda posición en la lista de 'Senado de Progreso'. La cuestión es si consiguen agrupar los votos de IU y Podemos junto con los socialistas. Incluso cayendo el PSOE a 70.000 votos en el Senado, si unos veinte o veinticinco mil votantes de las formaciones de izquierdas apoyaran a su candidata... incluso podría salir por encima de Salvador Vidal en tercera posición.

¿Y esto sería posible? Pues teniendo en cuenta que en las últimas de 2023 votaron de media a la más exitosa candidata al Senado de Sumar 19.000 personas, en noviembre de 2019 unos 23.500, y en abril de 2019 unos 30.000... no sería descabellado conseguir veinte mil a mayores... si es que los socialistas votan a Laura Fernández, que bien pueden elegir meterse en la cabina electoral para votar sólo a sus dos candidatos asegurando que salgan ellos... y ella no.

Y, por supuesto queda todavía algo que no es fácil, que la gente de IU vote a los socialistas. Ya no sólo saliendo de casa al colegio electoral, que cuando no vas a gusto cuesta bastante y el abstencionismo puede ser grande (minusvalorando al menos en un 30% esos veinte mil votos dejándolos sobre 15.000), sino con algo mucho peor: ya se dio un caso tremendo entre los de IU de no voto ni de coña al que no es de mi izquierda en las elecciones de 2016. En esos comicios se unieron finalmente con los entonces rebautizados 'comunes' para garantizar el diputado de Podemos en las de 2015 en las que había sacado 50.000 votos. En 2015 Unidad Popular en Común sacó casi 14.000 votos, con lo cual lo mínimo sería haber esperar unos 65.000 en la lista de Unidos Podemos. ¿El resultado? La candidatura unificada sacó 48.000 votos. O sea, lejos de subir palmó dos mil votos. Es decir, podría colegirse que la gente de IU se negó a votar a otra izquierda distinta de la suya, castigando a sus propios líderes para dejarles habían dejado bien claro que con aquellos no.

En conclusión y a la vista de las encuestas publicadas: el PP parece que tendrá seguro dos senadores con una victoria en la provincia, el PSOE garantiza uno, Vox parece tener cero coma posibilidades (con lo cual el PP mantiene parte de las suyas para conseguir finalmente el tercero) y el Frente Amplio tiene algunas más (si logra sumar parte de su resultado de 2023, unos quince mil votos, y unos más que muy hipotéticos ocho mil leonesistas con unos setenta mil socialistas salen... 93.000 en casi 'máximos' y con eso les podrían faltar cinco mil para conseguirlo); pero las matemáticas electorales no son sólo cosa de fortuna sino también de psicología, porque también hay que tener en cuenta la popularidad interna que tenga su candidata vistas las tirrias que existen entre los que se suponen suyos.

Aunque puedan no llegar, lo que está claro es que sin este acuerdo para el 'Senado de Progreso' la realidad es que sería aún más imposible para el Frente Amplio conseguir ese puesto que para Vox. Pero ojo... que no se puede olvidar nunca que en estos casos de los apoyos pactados entre las izquierdas verdaderas, las cuentas finales de los comicios se convierten generalmente en algo muy cruel.

Y bien puede ser, como manda la puñetera tradición matemática electoral española, que termine en León para las de más allá de la socialdemocracia 'como siempre': PSOEizados y en una nueva 'derrota hasta la victoria final'.

El PSOE de León ha puesto este lunes en marcha la organización de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la celebración de la primera reunión de su Comité de Campaña. Y si líder provincial, que también repite como cabeza de cartel al Congreso por la provincia leonesa, Javier Alfonso Cendón, ha insistido en que el socialista es el voto que “tiene que centrarse” el electorado, porque su formación, defendió, es “el único dique de contención de la derecha y la extrema derecha”.

El encuentro, poco tiempo después de la 'cumbre' preelectoral celebrada también por el PP y encabezada por Ester Muñoz, ha servido para comenzar a coordinar las tareas, la organización, la agenda y la estrategia con la que los socialistas afrontan una cita electoral decisiva para el futuro de la provincia leonesa y del conjunto del país. A la cita han acudido también secretarios y secretarias generales y de Organización, alcaldes y alcaldesas, portavoces municipales, diputados y diputadas provinciales, procuradores y procuradoras autonómicos, además de otros cargos públicos socialistas para fijar las líneas de actuación.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha destacado la fortaleza de una organización que afronta esta nueva cita electoral “unida, preparada y con muchísimas ganas de volver a ganar”. “Tenemos un proyecto de país, un Gobierno que trabaja para mejorar la vida de la gente y un partido con presencia en todo el territorio. Vamos a movilizar toda nuestra fuerza para revalidar la confianza de la ciudadanía y dar continuidad al proyecto de Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Cendón ha defendido que estas elecciones confrontan dos modelos de país: el que representa el PSOE, basado en la ampliación de derechos, la protección social y el fortalecimiento de los servicios públicos, y el que, a juicio de los socialistas, plantean el PP y Vox, con riesgos de recortes y retrocesos sociales, como los que vienen defendiendo en los últimos días, incluyendo el Ministerio de Igualdad, la Ley del Aborto o la de Eutanasia, por ejemplo.

“Nos jugamos mucho el 29 de noviembre: las pensiones, los derechos laborales, la igualdad, la sanidad y la educación públicas, y las oportunidades de nuestros jóvenes. Frente a quienes quieren recortar derechos y debilitar el Estado del bienestar, el PSOE va a seguir defendiendo a la mayoría social”, ha señalado.

Por eso, aseguró que su campaña será para explicar, “con cercanía y propuestas concretas”, el balance de la acción del Gobierno de España y los retos pendientes. El secretario general ha reivindicado también la importancia de sumar a quienes defienden los avances sociales, la igualdad y los servicios públicos. “No hace falta ser pensionista para defender unas pensiones dignas, ni ser mujer para defender la igualdad. Los derechos son una conquista colectiva y tenemos que protegerlos entre todos y todas”.

Las candidaturas definitivas

La cita ha valido también para resaltar los miembros de las listas a Congreso y Senado por León, aprobadas, aunque no sin tensión interna, en un Comité celebrado en Boñar. Al Congreso van por este orden Javier Alfonso Cendón, seguido de la berciana Lorena Valle Alba, exconcejala de Ponferrada, y Alfonso Álvarez García, actual alcalde de Carrizo.

El pacto en el senado un vaticinio

Y al Senado continúan Cendón recordó que justo hoy se ha forjado la lista de consenso con Frente Amplio, que han dado en llamar 'Senado de progreso', y en la que han hecho hueco como número dos a la concejal de Izquierda Unida Laura Fernández, en sustitución de Leticia Martínez, que había sido la socialista inicialmente designada. La candidatura la encabezará, por tercera ocasión consecutiva, Salvador Vidal Varela, y el tercer puesto recae en Manuel Alfonso González.

El secretario provincial se mostró totalmente convencido de que el PSOE volverá a ser la fuerza más votada en la provincia de León, frente a la del Partido Popular que vuelve a encabezar Ester Muñoz, actual portavoz del PP en el Congreso y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo. Incluso se lanzó a “hacer un vaticinio: el Partido Socialista va a tener dos diputados, uno el PP y uno Vox; y la candidatura de Senado de Progreso, tres senadores frente a uno del Partido Popular”.

El Partido Popular (PP) denuncia que el equipo de Gobierno de los socios de PSOE y UPL en la Diputación mantienen el pago “sin contrato” de la nave que utiliza para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de bomberos en el polígono de Villacedré desde enero de 2022.

Pese a que intentó 'legalizar' la situación a través de un concurso hace un año, finalmente la solución no fue posible ya que “ninguna empresa concurrió”. Paradógicamente, ni siquiera se presentó el propietario de la nave que actualmente se está utilizando, remarcan, como ya informó ILEÓN hace casi un año.

Desde enero de 2022, fecha en la que caducó el contrato vigente, la institución provincial tramita el pago del arrendamiento a través de la fórmula de ‘reconocimiento extrajudicial de crédito’ por un importe de 1.815 euros mensuales. Las últimas facturas han pasado ya la Comisión de Hacienda del mes de septiembre, e incluyen el pago de los alquileres de los meses de marzo, abril, mayo y junio por un importe total de 7.260 euros. Pero recuerdan que el informe del Interventor de la Diputación certifica que se trata de “la prestación de un servicio que se sigue prestando aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba”, que caducó el 12 de enero de 2022.

“¿Cómo es posible que la Diputación de León lleve casi cinco años en esta situación irregular sin que se haya tomado una decisión adecuada para resolverla, visto que ni siquiera el propietario del actual emplazamiento concurrió al concurso?”, se cuestiona el portavoz de la oposición popular, David Fernández.

Esta situación demuestra, una vez más, añade, “la inacción y la falta de gestión” por parte de la institución provincial, cuyo responsable es el vicepresidente cuarto y diputado de Protección Civil y Servicio Provincial de Extinción de Incendios, el socialista Luis Alberto Arias, por cuanto “no se ha legalizado la situación a través de un nuevo contrato”.

El acuerdo formalizado entre la Diputación y el arrendador se suscribió por un período de un año, previéndose tres posibles prórrogas anuales, de año en año, previo acuerdo expreso del órgano de contratación y previa conformidad del propietario de la nave industrial. Así, “el contrato finalizó el 12 de enero de 2022”, tal y como recoge el documento del interventor, “sin que se hubiera autorizado previamente la primera prórroga anual prevista en los pliegos, ni la conformación del arrendador por escrito, pero también sin que se produjera la denuncia previa ni la notificación con la antelación prevista del desalojo”.

El citado documento también refleja la necesidad “de una nave o edificio industrial en el que poder estacionar los vehículos, disponer del control sobre los mismos y poder realizar las operaciones de mantenimiento que requieran” mientras se tramita “el expediente de contratación del nuevo arrendamiento que satisfaga estas necesidades”.

Ya hay pacto progresista para la candidatura al Senado por la provincia de León. Este lunes se ha formalizado ante la Junta Electoral leonesa la lista de la candidatura que se da en llamar coalición 'Senado de Progreso', fruto del pacto nacional entre PSOE y Frente Amplio para tratar de obtener una mayoría holgada en la Cámara Alta.

Esta lista final en la provincia leonesa ha supuesto abrir el segundo puesto para la actual concejala y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el municipio de San Andrés del Rabanedo, Laura Fernández, que en las últimas elecciones había encabezado la lista de la coalición al Congreso de los Diputados.

Esta maniobra, ya registrada, supone que el PSOE conserva los puestos uno y tres del listado que por su parte había aprobado en un tenso Comité Provincial celebrado en Boñar, con lo que la candidatura final contará como número uno con Salvador Vidal -que ya lleva ocho años en la Cámara- y como número tres Manuel Alfonso, miembro de las ejecutivas provincial y autonómica del PSOE. Laura Fernández llegará para sustituir a Leticia Martínez, que en principio el Partido Socialista había designado en el número dos de su propia lista.

Fernández valora el acuerdo “muy positivamente” y asegura que ha resultado “muy fácil, después del visto bueno federal” para su incorporación en la lista electoral de consenso progresista. La edil considera que su presencia en la candidatura, y la hipotética acta en la Cámara Alta, es “muy necesaria para acabar con el pasotismo hacia la provincia de León”. Y lo es, afirma, porque aspira desde el Senado a “ser la voz de los movimientos sociales y de las plataformas” que luchar desde León para “darle un mayor protagonismo” en el próximo mandato.

En un comunicado, el PSOE de León resalta esta cesión por su parte a Frente Amplio del segundo puesto de la lista al Senado, una decisión que “refleja la voluntad de cooperación entre fuerzas progresistas para concurrir a la cita electoral con un proyecto compartido”. “Estas elecciones nos sitúan ante dos modelos: avanzar en derechos, fortalecer los servicios públicos y proteger a la gente, o dar pasos atrás con las políticas de recortes que representan el PP y Vox”, ha señalado el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

La estadística de los últimos comicios nacionales ha hecho que el partido político que gana las elecciones en la provincia se queda con tres de las cuatro actas en liza, de manera que para que Laura Fernández se siente en un escaño de la Cámara Alta el PSOE debería obtener más votos que el Partido Popular (PP) tras las elecciones del 29 de noviembre. Queda pendiente si se formaliza también a nivel nacional algún tipo de acuerdo similar entre PP y Vox y el plazo expira a las doce de la noche de este lunes.

Hay al menos siete tramos de carreteras provinciales de León que permanecen 'ingresadas en la UCI', dado su estado lamentable y muy peligroso. Siete carreteras que esperan como agua de mayo el cumplimiento de uno de las principales promesas novedosas del actual mandato en la Diputación de León: la creación de lo que se dio en llamar Oficina de Expropiaciones.

Se trataba en origen de un departamento de nueva creación en la institución provincial para hacer lo que los pequeños ayuntamientos no pueden, por falta de recursos: expropiar con celeridad y solvencia los terrenos que resultan imprescindibles para poner ese suelo a disposición de la propia Diputación y acometer así cuanto antes las mejoras de los viales del mundo rural leonés.

Sin embargo, cumple ya un año la promesa de haber impulsado ese departamento expropiatorio, que el vicepresidente y diputado provincial de Infraestructuras, Roberto Aller, garantizó “para finales de año”. Del año 2025. Y esto conlleva un segundo incumplimiento a mayores: que la oficina no será tal sino que el servicio se privatizara desde su origen, se contratarán los servicios de una empresa para realizar esas expropiaciones y todos los trámites necesarios. Esa privatización fue desvelada por el equipo de Gobierno provincial de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) el pasado mes de mayo.

A pesar del tiempo transcurrido, el servicio todavía está lejos de ser una realidad. Y el propio Aller, en el último Pleno provincial, admitió la urgencia de su actuación porque están en espera “siete carreteras muy necesarias”. Detalló incluso que únicamente faltaba “un informe”, un formalismo, para sacar la licitación pública para seleccionar a la compañía que se encargue de estas labores de expropiación.

“Cuanto antes” fue el último vago compromiso del vicepresidente leonesista. Y no consta que ni siquiera se haya dado ese paso, al que deben seguir todavía los plazos de presentación de ofertas, la decisión de la mesa de contratación y la designación de la empresa finalmente elegida, con la que firmar el contrato para que se ponga por fin a trabajar en los gruesos expedientes de expropiación bloqueados, un proceso con sus propios plazos legales a mayores.

En este tiempo de mucho retraso han sido varias las voces, tanto de plataformas e instituciones locales que luchan por el arreglo de sus carreteras principales de la red de la Diputación, como de otros partidos políticos, urgiendo que el servicio de expropiaciones de terrenos se ponga a trabajar. Este es le caso de la Plataforma de Chozas de Abajo, que sigue alertando del trazado totalmente peligroso de la carretera LE-5523, que ya supera su tercer año de espera para la inversión de cerca de un millón de euros en una reforma integral.

La cuestión es que este retraso de la Oficina de Expropiaciones está causando una paradoja: la Diputación leonesa dispone de planes millonarios, con más fondos que nunca, para asumir estos proyectos de arreglos imprescindibles de carreteras de su red pero el dinero sigue sin poder ser usado, ni contratados los proyectos, ni mucho menos iniciar las obras, precisamente porque no se tienen a disposición los terrenos para, por ejemplo, acometer los ensanches de las calzadas. Una situación que ha hehco que también eleven su queja por el incumplimiento el Partido Popular (PP) en la oposición del Palacio de los Guzmanes.

Alantre País Leonés rechaza la iniciativa del Ayuntamiento de León para flexibilizar la normativa urbanística y permitir que los locales comerciales vacíos se conviertan en viviendas a pie de calle. La formación considera que esta medida no resuelve el problema del acceso a la vivienda y puede acelerar la degradación de los barrios.

La organización califica de “incongruencia absoluta” que el Consistorio, por iniciativa de UPL, secundada por el equipo de Gobierno del PSOE, apueste por transformar bajos comerciales mientras, según señala, existen miles de viviendas habituales cerradas o destinadas al alquiler turístico. A su juicio, la prioridad debe ser movilizar esos inmuebles para el alquiler residencial y facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Alantre también advierte de que convertir locales en pisos puede generar viviendas con deficiencias de luz natural, salubridad e intimidad, sin garantizar precios más bajos. Además, alerta de que la desaparición de los establecimientos comerciales dificulta la recuperación del comercio de proximidad y contribuye a crear calles con menos actividad y vida vecinal.

Frente a la propuesta municipal, que también ha conllevado la crítica de Izquierda Unida en la ciudad, la formación plantea aplicar recargos en el IBI a grandes propietarios con viviendas deshabitadas, limitar las viviendas de uso turístico y crear una bolsa municipal de alquiler social con garantías para los pequeños propietarios.

Asimismo, propone crear un banco municipal de locales con precios bonificados para emprendedores y pequeños comercios, así como destinar bajos vacíos a servicios comunitarios, como centros de día, espacios asociativos, ludotecas y aulas de estudio y ensayo para jóvenes.

Alantre defiende que León necesita políticas de vivienda que movilicen el parque residencial existente y, al mismo tiempo, preserven el comercio de barrio y refuercen los servicios públicos en los distintos barrios de la ciudad.

El alcalde de Camponaraya y expresidente de la Diputación de León, el socialista Eduardo Morán, ha reconocido sentirse decepcionado “con algunas personas” pero no con su partido, del que respeta las decisiones de la dirección provincial, tras quedar fuera de las candidaturas del PSOE de León al Senado, en cuyo debate fue muy protagonista.

El PSOE de Ponferrada había propuesto a Morán para la Cámara Alta y a Lorena Valle como apuesta berciana para el Congreso pero finalmente la dirección provincial excluyó al alcalde de Camponaraya de la candidatura al Senado.

“Respeto a todos, porque creo que todos son válidos y pueden ser candidatos”, ha señalado Morán, que ha agradecido el respaldo recibido de algunas agrupaciones socialistas y ha animado a trabajar para conseguir los mejores resultados electorales.

El regidor ha expresado su deseo de que el PSOE mejore los resultados anteriores y ha defendido la continuidad del trabajo político iniciado. “Un cambio radical sería negativo para todos los españoles”, ha afirmado. Sobre las elecciones municipales de 2027, Morán no ha aclarado si volverá a encabezar la candidatura socialista en Camponaraya.

Nuevo paso adelante en el Ayuntamiento de Santa María del Páramo para el proyecto de obras por valor de casi un millón de euros que ha de preparar y dotar de todos los servicios al sector de La Barrera, el espacio donde se prevé la futura construcción de hasta 52 nuevos chalés.

El proyecto de urbanización definitivo ha pasado adelante con su aprobación en el seno de la Comisión de Hacienda del Consistorio paramés, gracias al voto a favor del equipo de Gobierno de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y a pesar de la abstención de los ediles de la oposición de Partido Popular (PP) y PSOE. Este dictamen favorable se elevará al Pleno del próximo 26 de octubre para su aprobación definitiva.

De esta forma se urbanizará el Sector U1, denominado La Barrera, que da cabida a un total de 52 nuevas viviendas. Esta fase de urbanización cuenta con un presupuesto base de licitación de 966.000 euros que busca ejecutar demoliciones de algunas estructuras existentes en la parcela, movimientos de tierra, firmes y pavimentos, señalización horizontal y vertical, red de abastecimiento de agua y riego, saneamiento de agua, alumbrado público, canalización de energía eléctrica y telecomunicaciones, jardinería y también plantaciones, generándose así los viales para las futuras construcciones residenciales.

El Ayuntamiento busca completar el tejido urbano de la localidad, incluyendo la dotación de los servicios necesarios por parte del Ayuntamiento que es propietario de un importante porcentaje de la superficie incluida en dicho sector. Y es que el equipo de Gobierno considera de interés público dotar a este ámbito de equipamientos correspondientes con la creación de espacios que mitiguen las carencias de dotaciones en las áreas que se implantan, atendiendo a su vez a las necesidades específicas detectadas, explican en un comunicado.

El objetivo último que declaran es el asentamiento de familias, mejorando la calidad de vida, ofreciendo viviendas unifamiliares que son, afirman, “las más demandadas en la zona por el estilo de vida”, apostando además por la fijación de población en el mundo rural y logrando con ello que la administración esté al lado de los ciudadanos y sus necesidades reales, remarca la alcaldesa, Alicia Gallego, quien recuerda que la creación de vivienda fue un compromiso electoral. Explican que en el sector se permitirán distintos tipos de construcción y desde el momento en que ya está el proyecto urbanístico se retomarán las reuniones con propietarios para poner en marcha el desarrollo de este suelo.

El equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de León espera cerrar “en breve” con los sindicatos negociaciones abiertas sobre cuestiones relativas al convenio colectivo. Y enmarca precisamente en esas conversaciones la resolución del conflicto desatado en el Coto Escolar, puesto en la picota en las últimas horas tanto por la oposición del PP como por la propia plantilla del centro hasta incluso alertar de la renuncia de algunos colegios a participar en actividades ya programadas. En este sentido, el concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, Vicente Canuria, apela a la “responsabilidad” de los profesores sobre los alumnos.

Preguntado por esta cuestión, Canuria se remitió en primer lugar a reuniones mantenidas con los trabajadores del Coto Escolar a principios del pasado verano para buscar la fórmula de encajar en el día a día del centro la aplicación de pronunciamientos judiciales.

Como telón de fondo del conflicto están cuestiones como la relación entre la categoría laboral y la percepción salarial o la disponibilidad de los monitores para administrar medicamentos o responsabilizarse de intolerancias alimentarias. Las consecuencias de este impás, según denunció el PP, ya se están notando en la suspensión de actividades hasta la fecha habituales como montar a caballo o utilizar el rocódromo.

El PP ha ido más allá hasta el punto de haber anunciado la presentación de una moción en la sesión plenaria de la próxima semana en la que exigirá al Ejecutivo municipal una mejora de la gestión del centro y el abono de las diferencias salariales hasta que se logre un acuerdo en torno a la categoría profesional y las retribuciones de la plantilla en las negociaciones del convenio colectivo ahora abiertas.

“Si solamente fuera la problemática de los trabajadores del Coto Escolar, probablemente ya tendríamos una solución encima de la mesa, pero esta situación que tienen los trabajadores del Coto Escolar se extiende y se comunica a otras situaciones de que se están negociando en el convenio colectivo abierto desde hacía ya muchísimo tiempo, pero que no terminan de cerrarse”, subrayó Canuria.

En otro sentido, el edil aludió al papel de los profesores tras trascender que ahora deberán encargarse de atender el comedor en lugar de los monitores: “Los docentes que trasladan a los niños al Coto Escolar son responsables desde el momento en que salen los niños del centro escolar hasta que vuelven, y no lo son los monitores del Coto Escolar”.

Canuria se apoyó para realizar esta afirmación en un pronunciamiento judicial “claro y diáfano”. “Nosotros”, zanjó en alusión al Coto, “no somos un centro escolar”.

El PSOE de Ponferrada ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por el incumplimiento, según denuncia, del acuerdo plenario que debía modificar la ordenanza fiscal que regula la tasa de los puestos exteriores del Mercado de Abastos.

El portavoz socialista, Olegario Ramón, ha explicado en rueda de prensa que la ordenanza establece el cobro por metros cuadrados, aunque desde hace años la tasa se aplica por metros lineales.

La modificación planteada por el equipo de Gobierno supondría, según los cálculos del PSOE, un incremento medio del 60,8 % para los comerciantes, por lo que los socialistas propusieron mantener el criterio de los metros lineales, pero hacerlo de manera legal, modificando el documento.

La propuesta salió adelante en un pleno extraordinario celebrado el 19 de junio de 2025, en el que se acordó iniciar la modificación de la ordenanza para adaptar el texto a la forma de cobro aplicada en la práctica, sin aumentar las cuotas.

Sin embargo, Ramón ha indicado que el acuerdo no se ha ejecutado, pese a las reiteradas preguntas del grupo en las comisiones municipales y a la intervención del Procurador del Común, que recomendó iniciar el procedimiento.

El portavoz socialista ha asegurado que esta situación mantiene la inseguridad jurídica para los vendedores, alrededor de 200 comerciantes, según sus estimaciones.

Ha explicado que el PSOE ha optado por acudir a los tribunales después de comprobar que sus reclamaciones no han logrado que se cumpla el acuerdo plenario. El grupo queda ahora a la espera de que se tramite la demanda.

Veinticinco contra uno. Todos los diputados provinciales, de todos los partidos políticos, contra el criterio del máximo responsable del cumplimiento de la legalidad administrativa en la Diputación de León. La suma unánime de los 25 votos del Gobierno provincial de PSOE y UPL, así como de la oposición de PP y Vox, ha permitido hoy aprobar en un Pleno extraordinario y de acuciante urgencia el reparo que el interventor del Palacio de los Guzmanes, Rafael Benito y Benítez de Lugo, ponía para ampliar el plazo de ejecución y de justificación de los 60 millones de euros del Plan de Cooperación de los años 2024 y 2025. Un plazo que, aunque muy amplio, y aunque ya se había prorrogado un año, asfixiaba a más de 70 municipios leoneses, que se arriesgaban a perder el dinero concedido para proyectos de infraestructuras importantes para sus pueblos.

El plenario apoyó por unanimidad final un 'estiramiento' formal de esos plazos, como solución in extremis para permitir que el Plan de Cooperación se ejecute en su totalidad, a pesar de que el veto formal de Intervención podría haber sido levantado sólo por el presidente, Gerardo Álvarez Courel. Pero de este modo, la decisión se arropó como política y compartida, como se encargaron de manifestar todos los portavoces de los cuatro grupos representados en el Palacio. Y de este modo, se desbloqueaba “dentro de la legalidad”, como la institución defendía hace escasos meses, un complejo entuerto administrativo que iba a devenir en la pérdida de millonarias inversiones si no se buscaba una solución antes de fin de año.

Eso sí, para conseguirlo, había que pasar por encima del criterio formal del interventor, que estaba presente en la sesión. Él, con la normativa en la mano, y en un informe oficial al respecto, defendía que no cabía prórroga alguna ni a las obras en sí ni a su justificación por no permitir la Ley más que una ampliación del 50% de la duración del plan, que era sólo de dos años y expiraba en apenas dos meses y medio.

Ahora, con el 'sí' de todos, el calendario establece como fecha límite para la realización de las inversiones el 16 de agosto de 2027 y el plazo para presentar la documentación justificativa correspondiente se extiende hasta el 16 de septiembre de 2027.

Valentín Martínez, el portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), de quien depende precisamente el área de Cooperación que repartió un plan de obras histórico por su volumen de inversión de 60 millones, agradeció todo el apoyo político para retirar la amenaza de los plazos inminentes “con plenas garantías, técnicas y jurídicas”. Y al igual que relataban desde la oposición David Fernández, del PP, o Fernando Prieto Olite, de Vox, relataba las diversas causas, todas ajenas a la institución, que estaban asfixiando a los municipios a la hora de conseguir culminar sus inversiones de aquella doble anualidad 2024-2025.

Así, relató casos de “falta de contratistas”, conllevando a “obras que quedan desiertas” y deben volver a licitarse “con nuevos expedientes de contratación”, o “falta de personal” en las compañías que sí conseguían las adjudicaciones. Y para rematar, “incrementos constantes de precios” por “la inestabilidad” internacional, o la falta de personal como secretarios o intervención en los Consistorios.

Por el PSOE, Santiago Dorado insistió en que la alternativa a la aprobación de hoy, dejar los plazos como estaban, sería “dejar caer todos los proyectos” de inversión bloqueados, lo que sería “un fracaso y un castigo injusto a nuestros pueblos”. Algo que el popular Fernández recordó que su grupo llevaba “medio año insistiendo” instando a que los 208 municipios agraciados “no perdieran un solo euro”.

Así, como una piña política, en cuestión de minutos, y frente a la estricta legalidad que defendía el interventor provincial, los votos a favor han marcado una moratoria que deja respirar a todos los consistorios leoneses.

La precipitada convocatoria de Elecciones Generales de Pedro Sánchez para este 29 de noviembre ha supuesto una aparentemente inesperada ventaja para el PSOE en León, al pillar a contrapié a un partido pequeño como la Unión del Pueblo Leonés que, después de valorar a toda prisa la situación política de la provincia, no le ha quedado más remedio que anunciar que no se presentará a los comicios estatales.

Esto, en una circunscripción como la leonesa que reparte cuatro escaños en el Congreso –y cuatro senadores, aunque las cuentas no salen igual en el reparto de una cámara a la otra al ser la Alta (la senatorial) de elección por voto directo mayoritario– implica que a menos candidaturas principales los tres que tienen posibilidad de conseguir representantes se reparten más votos. Lo cual, beneficia al segundo, que podría llegar a conseguir mantener sus dos escaños.

Las matemáticas electorales en una circunscripción tan pequeña tienden a repartir los diputados en un empate 2 a 2. Y lo lógico, como ocurrió en esta legislatura que se acaba es que se los repartan PP (sacó unos 100.000 votos en 2023) y PSOE (con unos 91.000), quedando fuera Vox (con 35.000) y perdiendo el puesto en la Cámara Baja que había conseguido obtener en noviembre de 2019.

La regla para que un tercero consiga diputado en una circunscripción de cuatro escaños según el Sistema D'Hondt es la de 'la mitad mas uno'. Es decir, si un tercer contendiente (en este caso Vox) consigue la mitad mas uno que cualquiera de los dos primeros, siempre obtendrá un escaño. Si lo hace con el primero, a la hora de repartir se llevará el tercer puesto que se adjudique según la tabla resultante del sistema de reparto (que no 'ley D'Hondt' como se dice equivocadamente) y si lo hace con el segundo, el cuarto.

Esto mismo pasó (que quedaran 2-1-1) en las dos elecciones generales de 2019. En las primeras en abril fue Ciudadanos el partido que se llevó el cuarto, con 50.000 votos nada menos. En las anteriores de 2016 no lo había conseguido sorprendiendo a todos: el PP logró 2 escaños gracias a conseguir 111.864 votos, el PSOE uno con 73.107 paleletas, mientras que Unidos Podemos se llevó otro con 48.826, sin llegar a al 50% del primero pero superando 'la mitad mas uno' de los socialistas; mientras que Ciudadanos no sacó escaño con 35.581, menos de la mitad del PSOE y como cuarta fuerza le superó la tercera y no entró al reparto, que también fue 2-1-1. El 10 de noviembre de 2019, Ciudadanos perdió el escaño en favor de Vox. Las dos veces que lo consiguió el partido naranja ya desaparecido, les duró pocos meses el escaño, ya que hubo repetición electoral y en ambas segundas vueltas se quedaron fuera.

Vamos, que, debido a la fuerte disputa política entre al menos cinco partidos fuertes (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y luego Vox), en tres de las cuatro ocasiones con cuatro escaños desde las de 2016 se produjo un endiablado reparto en las Elecciones Generales en León. Sólo en 2023 PP y PSOE empataron a dos diputados.

Como se puede ver en el gráfico de arriba, la disputa política de estos años provocó una circunstancia extraña, ya que de los últimos cuatro comicios al Parlamento (la de 2015 fue la última vez que se repartían cinco escaños y ya entonces se repartieron 2-1-1-1) en los tres primeros de la circunscripción de cuatro escaños ha conseguido representante un tercer partido (tanto Podemos en 2015, como Ciudadanos en la primera de 2016 y Vox en la segunda de ese año), pero en cuanto los partidos mayoritarios han recuperado el tono electoral el reparto ha vuelto a ser el lógico: 2 PP - 2 PSOE. Con un cálculo matemático básico se observa cómo se cumple la regla de 'la mitad mas uno' para conseguir representación seguro, ya que eso significa que en el reparto de los votos que entran en la distribución el tercer partido consigue más del 25% de ellos.

Nota: eso no significa que haya que conseguir el 25% de los votos totales de cada elección, ya que las papeletas de los partidos que no entran en el reparto se descartan en la regla de 'la mitad mas uno' (Podemos lo consiguió, por ejemplo, en 2016 con el 17,55 % de todos los votos válidos; Ciudadanos en abril de 2019 con el 17,48%; y Vox en noviembre de ese año con el 15,73% de representatividad); lo que muestra eso sí, que de conseguir un partido en León el 25% de todos los votos contabilizados siempre tendrá garantizado un diputado

La cuestión de la distribución por escaños siempre tiene que ver en el sistema de distribución proporcional D'Hondt con el número de votos que alcance el ganador por circunscripción. El proceso es sencillo. El primer escaño se divide por 1. Con lo cual el que gana, obtiene ese escaño. Para repartir el segundo se dividen todos los votos de las formaciones por 2. Con lo cual aquel que supere la mitad mas uno del resultado del primero, se lo lleva. El tercero, todos los votos conseguidos por los partidos por 3. Y el cuarto, por 4. De esta manera, si la tercera lista obtiene 'la mitad mas uno' que el ganador, siempre superará al segundo y le arrebatará el tercero en el reparto. Y si lo hace sobre el segundo, conseguirá quitárselo in extremis, quedando en 2-1-1.

Pese a lo que se cree, la mal llamada Ley D'Hont es bastante justa en el reparto de circunscripciones más grandes. Por ejemplo: de haber tenido 6 diputados León en 2023 (como tenía en 1977 antes de las autonomías), la UPL habría conseguido uno con 34.500 votos. La tabla de arriba muestra cómo se reparten los escaños en este sistema en una simulación con los votos de las últimas elecciones de hace tres años en ese escenario. Para conseguir representación los leonesistas con sus 22.000 papeletas de 2023, León tendría que haber tenido una circunscripción el doble de grande (que repartiera ocho puestos), con lo que quedaría en una simulación en un hipotético resultado de 3 PP, 3 PSOE, 1 Vox y 1 UPL. Es decir, cuanto más puestos reparte una provincia, los partidos con menos votos sí tienen más posibilidades de conseguir representantes. Por ello es más fácil sacar un concejal en León con relativos pocos votos (son 27 puestos en el Pleno) o es más justa la asignación distribuida de eurodiputados ya que al ser España una circunscripción única con 61 puestos para Bruselas, la última lista en conseguir un escaño (CEUS) lo logró con el 1,31% de los votos: 281.064 de 17.554.385 emitidos.

¿Qué es necesario para que Vox tenga diputado en León?

En estas condiciones, Vox necesita sacar 'la mitad mas uno' de votos que el segundo partido en papeletas el 29N para conseguir representación en la provincia leonesa. Tal y como llegan las elecciones, con un PSOE aparentemente débil por su candidato Pedro Sánchez (al que muchísima gente en el país quiere ver fuera del Gobierno de la nación), es de suponer que el PP ganará los comicios generales de este año en la provincia de León. Si sostiene el techo de los cien mil votos se garantizará dos escaños. Y es posible que incluso los aumente hasta los 110.000.

Vox sacó en 2023 unos 35.000 votos, pero perdió el diputado que obtuvo con su mejor resultado en la provincia: los 40.599 votos de las anteriores elecciones de noviembre de 2019, en las que el PP sólo sacó unos 73.000, superando la mitad de sus votos. Mientras, el PSOE recuperó el segundo escaño (arrebatándoselo al partido de Abascal) hace tres años con unos 90.000. Ya entonces el candidato del partido verde, Pablo Calvo Liste, se quedó fuera por diez mil votos; pero las circunstancias actuales hacen pensar que la formación ahora dirigida desde Valladolid por Carlos Pollán pueda superar los cuarenta mil.

Esto implica que un factible descenso de unos 12.000 votos de los socialistas con respecto a los anteriores comicios, dejándolos por debajo de los ochenta mil votos les haría perder el segundo escaño. Algo que parece plausible con la tensión electoral que se vive por desahuciar de la Moncloa a Pedro Sánchez, pero que no es tan fácil como parece.

El problema de Vox es, precisamente, lo conservador que es el votante en la Región Leonesa y en la autonomía con la región castellana. Ya en las elecciones de febrero a las Cortes de Valladolid el esperado ascenso de Vox se quedó en nada. En empate. El primer paso por el Gobierno autonómico con el PP los dejó sin capacidad de ser alternativa entre un votante que es doblemente reticente a cambiar. De hecho, Mañueco consiguió el pasado febrero su primera victoria electoral clara a costa, precisamente, de los de Pollán. Todo debido al histrionismo del exvicepresidente Juan García Gallardo, que dejó una imagen lamentable de sus políticas. Pese a que el actual líder autonómico ha tomado un perfil mucho más plano, evitando salidas de tono, quizás no ha pasado el suficiente tiempo para que el ciudadano castellano y el votante leonés de derechas prefiera cambiar su preferencia y arriesgar a que el PP pierda la oportunidad de cambiar el Gobierno con una mayoría que evite las salidas de tono de los de Abascal. Los 45.000 votos que le garantizarían el diputado hiciera lo que hiciera el PSOE no son tan fáciles de alcanzar, porque los socialistas son muy fuertes en El Bierzo y puede que no bajen tanto como algunos desearían. Aunque las campañas electorales las carga el diablo.

¿Y qué va a pasar con los votos leonesistas?

Las matemáticas electorales son crudas, pero es necesario haber explicado el proceso de reparto de escaños según el sistema D'Hondt (que no 'ley') en una circunscripción tan pequeña como la leonesa. Queda claro que los 22.499 votos de 2023 de la UPL no son suficientes ni de lejos. Ni siquiera tras hacer una simulación con los escaños del comienzo de la democracia (como la de arriba con seis escaños) lo habrían conseguido.

En este escenario, aunque muchos moridos de amor por León protesten porque el partido leonesista haya decidido no acudir a los comicios generales, parece claro que la decisión, con los números políticos y los económicos (supondría un gasto de más de 60.000 euros cono poco la publicidad electoral) parece lo más lógico. No sólo por el esfuerzo extra que supondría la contienda electoral, sino por que tienen cierta razón al haber considerado que el clima de polarización nacional opacaría cualquier intento de colocar el mensaje por la Autonomía leonesa. Por mucho que duela a los leonesistas, en este noviembre eso no toca.

Y también hay que tener en cuenta que no sólo es pedir un crédito que tendría que avalarse justo a siete meses de la campaña electoral de las municipales –y en un momento de calma chicha en su viento en las velas electorales tras quedar casi clavados en febrero pasado tras el ascenso meteórico de las anteriores municipales y autonómicas–, el esfuerzo de remar para coger impuso para evitar un descenso en el apoyo del votante leonés (gobernar ayuntamientos desgasta) se debe dejar para cuando importa. Por no decir del problema de quemar a dos candidatos más en una cita electoral en el que nadie pensaría en su sano juicio que tendrían posibilidad de conseguir siquiera los 22.000 votos de hace tres años. ¿Quién se presentaría en estas elecciones a la pira electoral leonesista? ¿Y quién piensa que van a siquiera igualar el resultado de 2023 que fue ya un aumento de más del doble de papeletas que las de 2019?

En este caso, la cuestión está clara: sólo quieren que se presente la UPL los más recalcitrantes que creen en el mensaje de 'Autonomía YA' por derecho y por deseo. Un eslogan electoral inútil que no lleva a ninguna parte. Por mucho que algunos sigan diciendo que van a seguir trabajando por una coalición leonesista, nadie va a hacerlo realmente. Todo boquilla. De hecho, ya pasó el plazo para presentar una coalición ayer sábado sin noticias de ella. Y si alguien piensa en Alantre, hay que recordar que sacaron 387 votos en las anteriores autonómicas. Por presentarse se pueden presentar, pero sin dinero para darse publicidad nadie va a saber que están ahí. Suerte para ellos y para el leonesismo, porque si concurren y sacan menos de los dos mil votos que sacó la UPL la primera vez que se presentó el daño reputacional al leonesismo puede ser muy grande.

Así que la cuestión es qué ocurrirá con esos 22.000 votos huérfanos de deseo de urna autonomista (lo cual ya es un poco contradicción in termini para unos comicios para ir a Madrid) y cómo se repartirán entre los tres partidos nacionales en disputa en la provincia. Porque de la izquierda del Frente Amplio o Podemos todo indica que nada se puede esperar en que compitan en lo más mínimo en el escenario electoral leonés

La preciada papeleta del votante de la UPL

En primer lugar, la primera impresión sería repartir esos más de veinte mil votos entre los tres partidos en liza. Teniendo en cuenta que la tendencia generalista es que se repartan a pachas PP y PSOE el 85% de los votos y el 15% restante fueran a Vox, eso impediría prácticamente –salvo catástrofe socialista de perder un 20% de sus propios votos– que los de Abascal y Pollán volvieran a sentarse en el Congreso de los Diputados rugiendo por la circuscripción del león.

Sin embargo, ese reparto no tiene sentido, ya que es de esperar que muchos de los votantes de la UPL se queden en casa y pasen al abstencionismo. La cuestión es saber cuántos de ellos. Si el 20, el 30 o el 40%. Porque la polarización en torno a la figura del presidente del Gobierno es alta.

Teniendo en cuenta que los grandes desplomes de los partidos de una elección a otra no suelen superar el 30% de papeletas por cada contienda política en las urnas (cuando se suman dos 30% dos veces le ocurre lo que a Ciudadanos, que desaparecen esas formaciones en los terceros comicios), se podría conjeturar que un 20-25% de leonesistas se abstendrán. Eso dejaría unos 17.000 votos para repartir en una elucubración sistemática para intentar entender cómo podrían beneficiar al PSOE para que evitar que Vox consiguiera su puesto en la Carrera de San Jerónimo.

Con el primer reparto de la primera intuición ese 85% de los partidos mayoritarios podría establecerse una transferencia del 45% para el PP (unos 7.500 votos) y de un 40% para el PSOE (menos de 7.000), y de tan sólo 2.500 para Vox con ese 15% que tiene marcado tras las últimas autonómicas. Esto –que no cambiaría nada para el PP porque seguiría con sus dos escaños y es prácticamente imposible que consiga tres– supondría que el PSOE, estimando que pierda el 20% de los votos (18.200) podría llegar a frenar su caída a tan sólo 11.000, quedando en 80.000 votos.

Nota: antes se explicó que la votación al Senado no es igual que la del Congreso, en el caso de la Cámara Alta al ser voto mayoritario por persona, pero como la mayoría de gente vota con la papeleta de casa (y tiende a hacerlo más que para apoyar a los suyos para que no salgan los otros) lo normal es que de los cuatro que se reparten salgan tres del partido ganador y uno del segundo, con lo que el tercero en liza tiene nulas probabilidades de conseguir un puesto, ya que aquí sí tendría que superar el total de los votos de los cuatro primeros candidatos

Esto le permitiría a Vox conseguir el diputado con 40.001 votos. Pero sólo si se cumplieran estos números sin sentimiento (ni excesiva certeza salvo para sistematizar una previsión mediante elucubraciones lógicas), lo cual va a ser poco probable de que ocurra el 29N con el foco puesto de la izquierda en frenar como sea a la ultraderecha. Ni tampoco sirve mucho en observar los anteriores comicios autonómicos o municipales, ya que cada cita electoral maneja sus propios marcos psicológicos y es un gravísimo error considerar que un partido puede estar acabado porque no le salga como debería el último resultado en las urnas.

Y aquí está una de las claves del asunto, porque el último resultado socialista en las urnas en León fue excepcional, ganando contra pronóstico en febrero, lo cual hace inferir que, al menos, está potente en la provincia leonesa y estimar que su descenso no parece que vaya a ser muy grave. Si 'empatara' y sumara esos siete mil votos leonesistas, sacaría casi cien mil votos. Lo cual exigiría a Vox llegar a 50.001. No parece posible, pero las campañas... son cosa de Satanás.

¿La UPL es más de izquierdas... o de derechas?

Por último, también hay que pensar en la decisión psicológica de los votantes leonesistas, que en una circunstancia de huérfanos de siglas (y daría igual que partidos intrascendentes autonomistas como el Prepal o Alantre lo hicieran, porque son residuales y sería como efectuar un voto nulo ante la absoluta imposibilidad de que consiguieran representación si ya no podría conseguirlo la UPL ni presentándose), tienen una serie de limitaciones mentales que superar.

En primer lugar, votar al PP supone apoyar sus políticas desde Valladolid. Y eso es mal asunto y dejaría mal cuerpo, aunque si es de los que quieren que se vaya Sánchez como sea, no dudará en votar con la pinza en la nariz. Pero aquí está el quid de la cuestión: que también puede mostrar la tendencia política del votante de la UPL, que por mucho que los de la izquierda de frentes múltiples a la izquierda del PSOE considere que son de derechona, las encuestas siempre apuntan a una tendencia hacia las ideas progresistas de los votantes leonesistas.

Es decir, que bien podrían votar más al PSOE teniendo en cuenta que la socialdemocracia española no es precisamente izquierdosa. Hay que tener en cuenta que la propia izquierda leonesa tradicional en torno al PCE e IU es la que más ha denostado la posibilidad de una autonomía leonesa durante décadas; y eso el votante leonesista no lo olvida, y su imagen puede parecer más agresiva a los de Podemos y el restado Sumar por culpa de ello. Ciertamente, tampoco la traición socialista a las ideas de Baldomero Lozano es que guste mucho a los autonomistas de la UPL, pero lo que sí es más probable es que se encuentren más incómodos con el voto a Vox.

En este caso, ya de por sí la estadística sociológica básica indicaría que, como mucho, el 15% de los votos leonesistas irían al partido de Abascal. Pero la esencia del votante de esta formación esencialista española no casa mucho con la identidad leonesa, ya que es más de hincharse por la grandeza española rememorando Las Navas de Tolosa (victoria castellanísima en la que además se suele llamar traidores a los leoneses) y a Isabel la Católica como la Reina de una Castilla triunfante en América. Ese hispanismo exacerbado basado en Castilla, Castilla y más Castilla... no casa mucho con el ciudadano que introduce el sobre con la papeleta de la UPL.

Por no hablar de lo que pensarán las señoras leonesistas de las políticas de Vox respecto a las mujeres. Y son el 50% de los votantes de la Unión del Pueblo Leonés.

En fin, todos los votantes de la UPL que han visto cómo Abascal ha ondeado la bandera de León siempre que viene aquí, recuerda su pasado pero su guiño leonesista es decir que “el estado de las Autonomías perjudicó históricamente a León” (estando en contra de él la Región Leonesa nunca la alcanzaría, porque las eliminaría todas), mientras en las Cortes de Valladolid su grupo niega que exista el País Leonés y asegura que “el leonesismo no merece respeto”. Parece complicado que más de un 3% de los ciudadanos que apoyan a la Unión del Pueblo Leonés pueda terminar votándoles. Y eso, porque no se habrán enterado de lo que les han dicho.

León, de nuevo una jungla electoral

Así las cosas, el reparto del disputado voto del señor leonesista parece a priori beneficiar, de forma sorprendente, al PSOE y dificultar el regreso de Vox al Congreso de los Diputados por León, aprovechando que el eterno candidato a Rey León (en forma de diputado leonesista en Madrid) ha decidido quedarse dormido para cazar una mejor presa. Porque de ser más PSOE State of Mind el leonesismo (y el ciudadano español es más bien socialdemócrata en su forma de pensar, con lo cual el 'no es tan así, pero algo de eso hay' pesa mucho), al autonomista leonés le valdría votar a los socialistas para impedir que una formación tan orgullosa del castellanismo hispánico (y tan poco admiradora de nuevas autonomías por así decirlo finamente), no consiguiera el deseado diputado leonés que denostara en Madrid la posibilidad de crearla.

Pero en las elecciones los sondeos y las elucubraciones no sirven porque, como siempre se dice, la verdadera encuesta la desvelan todos los ciudadanos el día de la votación. Hay que ser muy consciente, al final, que la psicología del votante es insondable; pero ya se verá si la interpolación planteada en este análisis es válida o no cuando cierren los colegios electorales. Las matemáticas políticas no sólo son crudas, sino que generalmente son muy crueles con los vaticinios tras el escrutinio de los votos.

Y hay que tener en cuenta que las campañas electorales últimamente en España son como la jungla y se deciden, muchas veces, por un zarpazo inesperado.

El Partido Popular de León ha denunciado este sábado que se cumplen cuatro años de la presentación de la plataforma logística de Torneros sin que hayan comenzado las obras de urbanización. Los populares califican el proyecto como “el gran fiasco y la gran estafa” del Gobierno de España en la provincia, después de que en octubre de 2022 se anunciara una inversión inicial de 25 millones de euros y el inicio de los trabajos para 2023.

“Las parcelas siguen como un erial y ni se han licitado las obras, ni hay dinero en los presupuestos para ello”, critica el PP, que sostiene que la infraestructura ya ni siquiera figura entre los planes del Ejecutivo. Los 'populares' recuerdan que durante la presentación, celebrada en el Parador de San Marcos, se avanzó que las primeras empresas podrían instalarse en Torneros en 2024, un calendario que no se ha cumplido.

El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE de León de acumular promesas incumplidas sobre un proyecto impulsado inicialmente durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En particular, cuestiona las declaraciones del secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón, quien, según los populares, aseguraba hace un año que únicamente estaba pendiente la licitación de las obras.

Los 'populares' recuerdan que en febrero de 2020 el PSOE anunció que las obras se licitarían aquel verano, mientras que en 2022 la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se comprometió a ubicar en Torneros una terminal de la Red Básica Transeuropea, lo que permitiría acceder a financiación europea. En octubre de ese mismo año, Sepes presentó un proyecto dividido en cuatro fases, con una inversión prevista de hasta 50 millones de euros.

Desde el PP también cuestionan que no se haya materializado el anunciado traslado de los talleres de Renfe a este enclave y consideran que Torneros se ha convertido en un ejemplo de los compromisos industriales que, según denuncian, el Gobierno central mantiene pendientes con León.

Frente a esta situación, los populares destacan las inversiones de la Junta de Castilla y León en suelo industrial, que cifran en más de 100 millones de euros ejecutados en actuaciones como la ampliación del polígono de Villadangos, el Parque Tecnológico de León y el polígono de El Bayo. Según el PP, Villadangos cuenta ya con más de 5.000 trabajadores y se ha consolidado como un referente logístico del noroeste. “Esto no son promesas ni compromisos. Son realidades”, concluyen.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha nombrado este sábado 17 de octubre al leonés Javier Alfonso Cendón como nuevo secretario general del PSOE en el Congreso, después de la dimisión de Montse Mínguez, quien ocupaba este puesto hasta anunciar su dimisión de todos sus cargos en la ejecutiva socialista tras la publicación de informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja.

La decisión se ha tomado en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal socialista, celebrada en Fuenlabrada. Hay que destacar que este nombramiento es temporal, ya que después de la disolución de las actuales Cortes, tras las elecciones, todos los grupos políticos reorganizarán sus cargos.

El leonés Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y diputado en el Congreso, ya formaba parte de la ejecutiva nacional socialista, desempeñando funciones como secretario adjunto a la Secretaría General y portavoz sustituto tercero. De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Cendón lidera la lista socialista al Congreso por León.

Otros de los cambios anunciados por la Comisión Efecutiva Federal del PSOE es el nombramiento como portavoz de Rebeca Torró, puesto que también ocuoaba Mínguez. Por otro lado, Cristina Narbona se hará cargo del área dedicada a Estudios y Programas del PSOE.

La Junta de Castilla y León no prevé, de momento, cambiar la normativa para que el Consejo Comarcal del Bierzo pueda utilizar la empresa pública autonómica Somacyl como medio propio para contratar brigadas forestales.

Así lo ha trasladado el presidente del Consejo Comarcal, el socialista Olegario Ramón, en declaraciones a los periodistas después de reunirse este viernes en Valladolid con el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, del Partido Popular.

La reunión pretendía explorar esta alternativa para dar continuidad a la gestión de los trabajos silvícolas de prevención de incendios forestales desde la institución berciana. Sin embargo, la respuesta de la Administración autonómica deja esta vía en suspenso y obliga a seguir buscando otras fórmulas, ha explicado Ramón, quien ha insistido en que la prioridad es evitar que el ente berciano pierda la gestión de estas actuaciones preventivas.

La cuestión se enmarca en las dificultades que afronta la institución para articular la contratación de las brigadas y garantizar que pueda seguir ejerciendo las funciones que tiene atribuidas en materia de prevención forestal.

La conversación con González Gago ha incluido otros asuntos pendientes entre ambas administraciones, como la situación de la sede del Consejo Comarcal y la mejora de la financiación del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).

La búsqueda de una solución para las brigadas forestales continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes, puesto que el Consejo debería hacerse con una acción del Somacyl para poder contratar brigadas a otra empresa pública estatal, Tragsa y, según Ramón, no se está facilitando dar ese paso por lo que considera que “por la vía de los hechos” la Junta podría querer hacerse con una competencia que es del ente comarcal.