El presidente de la Junta Vecinal de Fuentesnuevas, José Antonio Cartón (PSOE), ha reclamado este jueves una solución inmediata al problema del cementerio al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada (PP) puesto que ya no dispone de espacio y, a pesar de haber sitio para construir más nichos, la pedanía tiene las cuentas bloqueadas.

La situación en la que se encuentra el cementerio compromete la prestación de un servicio básico como es el de los enterramientos, ha lamentado Cartón en una rueda de prensa.

Cartón ha explicado que el camposanto dispone de espacio suficiente para la construcción de 42 nichos adicionales, pero la junta vecinal no puede ejecutar las obras debido al bloqueo de sus cuentas desde 2024, tras la compra de dos fincas destinadas a la ampliación del recinto sin disponer de fondos para ello, algo que todavía está por resolver en los juzgados y que, ha asegurado, fue una gestión de la anterior presidenta.

En este contexto, el representante vecinal ha insistido en que la responsabilidad debe asumirla ahora el Ayuntamiento de Ponferrada, amparándose además en una resolución del Procurador del Común de 2025, en la que se insta a la administración local a abordar la ampliación del cementerio.

“No puede ser que los vecinos tengan que irse a enterrar a otro cementerio”, ha subrayado Cartón, quien ha insistido en que la situación no puede prolongarse en el tiempo.

El PSOE de León hace suya la reivindicación de representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de la provincia de León de mantener los cursos de 1.º y 2.º de la ESO en colegios públicos del medio rural leonés que lo soliciten, una reivindicación que los procuradores socialistas trasladarán a las Cortes de Castilla y León mediante una iniciativa parlamentaria.

Según han explicado las Ampas, la petición afecta aproximadamente a 3.200 familias de la provincia y ya ha sido solicitada formalmente por 62 centros públicos, contando además con el apoyo de otros 33 colegios más. Del total de 114 centros públicos existentes en la provincia, la mayoría se ha posicionado a favor de esta reivindicación, explicaron.

Las asociaciones han trasladado además su malestar por la falta de respuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y por la negativa remitida desde la Dirección Provincial de Educación, pese a las solicitudes registradas durante los meses de febrero, marzo y abril.

En el encuentro han participado la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, y los parlamentarios socialistas Mario Rivas, Mabel Fernández y Benjamín Fernández, así como la secretaria ejecutiva del PSOE de León, Argelia Cabado.

Rubio, ha defendido que “el medio rural necesita soluciones adaptadas a su realidad y no decisiones tomadas desde los despachos sin escuchar a las familias”. “Estamos hablando de garantizar igualdad de oportunidades y de evitar desplazamientos innecesarios a niños y niñas de nuestros pueblos”, ha señalado. También mantiene que “la Junta no puede limitarse a decir que no es competencia suya cuando la propia normativa contempla fórmulas para adaptar la organización educativa a las necesidades del territorio”.

Por su parte, Mario Rivas ha destacado que “el mantenimiento de servicios educativos en el medio rural es fundamental para fijar población y garantizar el futuro de nuestros pueblos”, ha afirmado.

Durante la reunión se han analizado distintas vías legales y organizativas existentes actualmente para poder impartir 1º y 2º de la ESO en colegios rurales, como la creación de Centros de Educación Obligatoria (CEO), secciones de instituto o las excepciones ya contempladas en la normativa autonómica y que actualmente permiten esta situación en algunos centros de la provincia. Desde el PSOE de León han mostrado su compromiso de trasladar esta reivindicación a las Cortes de Castilla y León y exigir a la Junta diálogo, voluntad política y soluciones reales para las familias del medio rural leonés.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de León ha denunciado este martes la existencia en las arcas municipales de un desajuste presupuestario que cifra en al menos 33 millones de euros. El portavoz del PP, David Fernández, hizo público este dato inmediatamente después de una reunión entre su homólogo en el PSOE, Vicente Canuria, y el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, con los partidos en la oposición. Y lo aprovechó para calificar la gestión económica del equipo de Gobierno del socialista José Antonio Diez como “la peor” desde la del Ejecutivo de Francisco Fernández, de la que el propio Diez formaba parte.

“Las chapuzas de José Antonio Diez y su Gobierno tienen importantes consecuencias para los leoneses hasta el punto de comprometer la capacidad económica del Ayuntamiento para ejecutar proyectos por valor de más de 33 millones de euros”, sentenció Fernández como conclusión del informe de seguimiento y actualización del Plan Económico y Financiero al que está sometido el Consistorio leonés, emitido por la Intervención municipal para dar cumplimiento a lo exigido por el órgano tutelante (la Junta de Castilla y León, por delegación del Ministerio de Hacienda).

El PP, según detalló Fernández, solicitó ya ese informe sobre la situación económica y financiera de la institución municipal el pasado 4 de mayo. Lo hizo después de que en el Pleno extraordinario del pasado mes de marzo los gobernantes municipales aprobaron un gasto de casi 9,4 millones de euros, “para los que no tenían ni 100.000 euros disponibles”. “En aquel Pleno ya le dijimos al señor Diez que eso era una huida hacia adelante con corto recorrido”, señaló el popular, que compromete la labor de su formación para PP para “sacar del cajón todos los documentos que dejan al aire las vergüenzas de la gestión económica de José Antonio Diez”.

Tras acusar al Gobienrno de Diez de “falta de transparencia” por demorarse en la entrega de la información relativa a la actualidad del Plan Económico y Financiero, David Fernández entró al detalle para referir una primera pérdida de ingresos por valor de 16 millones de euros, resultado las dos sentencias judiciales que anulan la tasa de tratamiento de basuras de 2024 y la tasa de recogida y tratamiento de basuras de 2025. “Hay que recordar que, en este segundo caso, se han llegado a cobrar a los contribuyentes más de 3,7 millones de euros que aún no han sido efectivamente devueltos, además del gasto de medio millón de euros en las notificaciones de una tasa que, cuando se realizaron, el Gobierno socialista ya sabía que había un alto riesgo de anulación judicial”, añadió.

Además, el PP acusa al equipo de Gobierno de registrar “unos ingresos que son ficticios” por valor de 6 millones de euros, vinculados al convenio marco de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, unas anotaciones que “se realizaron a espaldas de la Intervención y bajo presiones del concejal de Hacienda a las dos funcionarias jefas del negociado de contabilidad” con el objetivo de “poder gastar más dinero del que realmente tienen”.

El desajuste se completa por otras tres vías: 1 millón de euros que la Intervención ve necesario incrementar para financiar el convenio con la Diputación de León para la coordinación del tratatamiento de residuos después de haber sido “incapaz de poner en marcha la instalación del contenedor marrón”; la citada modificación de créditos por valor de casi 9,4 millones; y un intento de cobro de la tasa de basuras de 2025 y 2026 que la Intervención considera como “no ajustado a derecho”.

¿Cuáles serán las consecuencias? “El equipo de gobierno ha estado anunciando y aprobando partidas para proyectos para los que no hay ingresos suficiente”, dijo Fernández antes de citar iniciativas que, a su juicio, quedarían en el aire como el plan de mantenimiento de calles y asfaltado, obras en colegios, instalaciones deportivas y edificios municipales, entre ellos el arreglo del consistorio, fachadas y soportales de la Plaza Mayor, las obras de la calle Demetrio Monteserín y Velasquita o parte del arreglo de los aledaños del estadio Reino de León. La repercusión, añadió el popular, también se dejará notar en ajustes en los ingresos y en la dotación de partidas.

“El alcalde conoce esta situación desde hace meses. Y le ha dado igual. No sólo no ha hecho los ajustes necesarios, sino que incluso ha seguido sumando gastos, como en el pleno extraordinario del mes de marzo; y ha seguido adjudicando contratos millonarios. Todo ello en una huida hacia delante que, como ya le dijimos, tiene corto recorrido. José Antonio Diez quiere hacer obras y anuncios en el año antes de las elecciones para solventar los problemas que no ha querido ni ha sabido solventar en los siete años que lleva como alcalde, gastando sin un criterio de proyecto global de ciudad y sin una consciencia clara de las necesidades de la ciudad”, señaló Fernández.

Y es que el PP compara la situación actual con la que se produjo durante la etapa del también socialista Francisco Fernández, que “dejó en las arcas municipales una deuda superior a los 400 millones de euros, con facturas en los cajones por valor de varios millones de euros, y que sumió al Ayuntamiento en una profunda crisis económica de la que aún hoy el consistorio no ha salido”.

“Auténtico fiasco económico”, según los leonesistas

Tras la misma reunión con los partidos de la oposición, el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Hacienda al conocerse “el contundente informe de Intervención que evidencia el fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras impulsada por el equipo de Gobierno socialista”, señaló su portavoz, Eduardo López Sendino.

“Se trata de una situación de auténtico fiasco económico y administrativo, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal”, añadió al referirse a los efectos vinculados a la tasa de basuras.

UPL añade que el informe de Intervención advierte de una “necesidad de financiación” de más de 9,2 millones de euros y de un grave incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Y el documento recoge la existencia de más de 6 millones de euros en “derechos ficticios” que nunca llegarán a cobrarse y que deberán ser anulados, “agravando todavía más la situación financiera del Ayuntamiento”, reprochan los leonesistas.

“La gravedad de los hechos exige responsabilidades políticas, en cualquier empresa privada una gestión que provoca un agujero de más de 15 millones de euros habría supuesto el cese fulminante del responsable. No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de Hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión”, apunta Sendino.

Los leonesistas recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las ordenanzas de la tasa de residuos de 2025 y 2025 por defectos de tramitación y falta de motivación técnica suficiente. Y recalcan cómo el propio interventor en su informe alude a la posibilidad de extender los efectos de resolución judicial a la totalidad de los vecinos de la ciudad. “Es lo justo y adecuado”, valora la UPL, “y no solamente en beneficio de quien obtuvo la sentencia favorable, porque la anulación es absoluta y debe de favorecer a todos y no solo al recurrente lo que supondrá, según el interventor, una salida de fondos por importe de más de 3.700.000 euros, y una anulación de derechos, en definitiva, posibilidad de cobro, por un importe de más de 1.400.000 euros”.

“Si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizar jurídicamente adecuada la ordenanza y se hubiera evitado el fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios de las cuentas de este ayuntamiento”, agrega el portavoz leonesista.

La Junta de Gobierno Local con fecha 30 de abril de 2026 aprobó un gasto de 218.042 euros para encargar a una consultoría externa la elaboración de una nueva ordenanza. “No dudamos”, señala Sendino, “que esa empresa externa se va a encontrar con los mismos problemas que han motivado las sentencias judiciales, y todo ello porque el concejal de Hacienda no ha hecho su trabajo y sus deberes en los años anteriores para la correcta aplicación de la tasa conforme a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL exige la dimisión del concejal de Hacienda y reclama al equipo de Gobierno socialista que “asuma de una vez sus responsabilidades políticas ante uno de los mayores desastres económicos de los últimos años en el Ayuntamiento de León”.

Un mazazo. Y sin embargo, un apoyo incondicional. Las primeras reacciones políticas del entorno más inmediato del PSOE en la provincia de León, el feudo de origen del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, han aunado en la mañana de este martes sentimientos como la perplejidad, el consabido respeto por la Justicia y sin embargo el apoyo a capa y espada de la labor política del mandatario y toda su trayectoria hasta ahora. Todo ello tras saberse muy de sopetón la noticia de su imputación judical por parte de la Audiencia Nacional.

El más madrugador en su reacción pública, marcando la senda de los que decidieron salir a la palestra a continuación, ha sido precisamente uno de los principales validos de Zapatero, el secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón. En la red social X, el líder provincial socialista no deja un resquicio a su lealtad política y personal, afirmando tajante: “Yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero”.

Argumenta el hecho de darle “todo mi apoyo” con el hecho de que “su hoja de servicios a España es impecable: paz, derechos, convivencia y dignidad democrática”, en referencia a los siete años en los que fue presidente del Ejecutivo. Y además, quiso curarse en salud con antelación sospechando las furibundas críticas que llegaría a continuación de conocerse la noticia de su imputación judicial, algo que denominó un “intento de linchamiento político o mediático”, frente a lo cual, Cendón manifiesta su “respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia”. “En política hay momentos en los que hay que estar”, afirma, y el también diputado nacional por la provincia de León asegura estar sin fisuras del lado del expresidente del Gobierno.

Totalmente en esta corriente, también ha madrugado la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, para apuntalar la opinión de apoyo incondicional a Zapatero. “Siempre me ha demostrado que es una persona íntegra y honesta”, remarca la también procuradora en las Cortes de Castilla y León, quien igualmente se centra en el hecho de que “además” ha demostrado ser en toda su dilatada carrera política, la mayor parte de ella en León, “un extraordinario compañero”.

De momento, otros destacados nombres del socialismo leonés no han manifestado su reacción a la impactante noticia conocida hoy, cuando el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le ha citado formalmente a primera hora investigado (imputado) por un presunto triple delito de corrupción por el llamado Caso Plus Ultra, y prácticamente al mismo tiempo en que agentes de la UDEF registraban el despacho del expresidente en la sede socialista de Ferraz y los de otras tres empresas, una de ellas la de sus propias hijas.

Diez no, Giménez sí

Por el momento, el alcalde de León, José Antonio Diez, últimamente muy enfrentado al Partido Socialista en multitud de declaraciones públicas, ha declinado de manera tajante hacer ningún tipo de declaración de reacción tras conocerse la noticia, según ha transmitido el Gabinete de Alcaldía.

Quien sí se ha pronunciado, no menos sorprendido, es el veterano José Pepe Giménez, quien fuera ocho años secretario de Organización con Rodríguez Zapatero al frente del PSOE leonés, y después senador por León coincidiendo ya con el líder en el Gobierno. Una dilatada etapa, asegura, en la que “jamás le vi absolutamente ningún detalle, la más mínima sospecha de nada lejanamente deshonesto, ningún tipo de incidencia”.

De hecho, Giménez remarca que bajo su mandato, el Gobierno de dos legislaturas “no sumó un solo caso de corrupción, cero”, algo altamente improbable “aunque solo sea pensando en el altísimo número de nombramientos” que se producen en un Gobierno. Por ello, y porque es consciente de que “que te señalen como imputado ya conlleva un descrédito” público, muchas veces injustificado, Giménez confía en que se imponga la cordura más pronto que tarde.

Desde Soria, el nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, expresó también su apoyo al expresidente del Gobierno: “Sigo creyendo en la honestidad del presidente Zapatero. Por eso, hoy tiene mi apoyo”. A través también de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Martínez ha expresado su cansancio ante “la política de la condena anticipada, insinuaciones y del 'todo vale' para desgastar”. “Sigo creyendo en la política de principios, en la presunción de inocencia y en el respeto democrático”, ha concuído.

Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, exalcalde de Ponferrada y responsable de la agrupación local, también empleó X para desear “que la justicia investigue lo que tenga que investigar, pero me parece muy injusto y duro lo que hoy estáis sufriendo”, le transmitió en primera persona al expresidente del Gobierno. Y es que, añadió, “siento por ti el mayor de los respetos personal y político, además de un profundo aprecio personal”, al tiempo que aireaba una fotografía de ambos juntos en un acto político.

Finalmente, un día después de conocerse la noticia, el presidente socialista de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, confía en que Zapatero “podrá demostrar perfectamente su inocencia”, lamentamos que vivamos, dijo, “en una época política en la que parece que uno ya es culpable solo porque alguien le denuncie”

Admitió que la imputación judicial al expresidente, alguien tan cercano al socialismo de León, “no es agradable”, pero afirmó “yo, como leonés, me siento orgulloso del presidente que tuvimos entre 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero”, que también en la actualidad “cuenta con todo mi apoyo, porque hasta que no se demuestre lo contrario todo el mundo es inocente.

La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

Los trabajadores de Mina Miura continúan reclamando soluciones para la delicada situación laboral que atraviesan después de meses de impagos y tras haber protagonizado en Asturias una de las protestas mineras más simbólicas de los últimos años.

Los mineros, varios de ellos vecinos de Laciana y El Bierzo, fueron recibidos este lunes en la Casa de Cultura de Villablino por varios dirigentes del PSOE, entre ellos el secretario general autonómico, Carlos Martínez; el líder provincial, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria del PSOECyL, Nuria Rubio; y el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Después de semanas de movilizaciones que comenzaron con un encierro de quince días a 300 metros de profundidad en la explotación minera de Tormaleo y continuaron con una marcha a pie de 160 kilómetros hasta Oviedo. Con esas protestas querían visibilizar la situación que atraviesan y reclamar tanto el pago de las nóminas adeudadas como garantías para mantener la actividad y el empleo en una explotación que consideran viable y que perteneciente a Carbones La Vega.

Los mineros denuncian que acumulan trece nóminas sin cobrar en los últimos diez meses y acusan al empresario Fernando Martínez Blanco, propietario de la compañía desde octubre, de incumplir el compromiso adquirido cuando asumió la explotación minera.

La movilización despertó importantes muestras de apoyo social durante su recorrido por Asturias y volvió a poner sobre la mesa la situación que siguen viviendo muchas familias vinculadas a las cuencas mineras leonesas y asturianas.

El conflicto laboral coincide además con los expedientes abiertos por el Servicio de Minas del Principado de Asturias a la empresa Carbones La Vega.

La autoridad minera elevó recientemente a muy grave la infracción detectada en la explotación después de constatar que la compañía seguía sin garantizar las condiciones de seguridad y sin disponer de director facultativo pese a que varios trabajadores permanecían en el interior de la mina.

La propuesta de sanción asciende ahora hasta los 30.000 euros tras una nueva inspección realizada el pasado 30 de abril.

Reivindicación de futuro para las cuencas

Durante las movilizaciones, los trabajadores insistieron en que Mina Miura “siempre ha sido rentable” y reclamaron que, si el actual empresario no garantiza el futuro de la explotación, se le retiren los derechos mineros para facilitar la llegada de nuevos inversores que mantengan el empleo en una zona especialmente castigada por la despoblación y la pérdida de actividad industrial.

Los mineros sostienen que su protesta no busca únicamente cobrar los salarios pendientes, sino defender el futuro económico de las comarcas mineras del suroccidente asturiano y de Laciana, donde todavía residen muchas de las familias que dependen de la actividad extractiva.

Los socialistas utilizaron el encuentro para trasladarles su apoyo. Cendón aseguró que “los mineros han dado una lección de dignidad, esfuerzo y compromiso con sus familias y con los territorios mineros”, mientras que Nuria Rubio advirtió de que “no podemos permitir que territorios que tanto han aportado vuelvan a sentirse abandonados”.

En Andalucía el PSOE ha perdido las erecciones. ¿De hecho, cuánto exactamente habrá influido la probada condición de putero de pro del exministro Ábalos en el resultado electoral de los socialistas en Andalucía? ¡A saber: no le pregunten tal cosa a Tezanos que acierta menos que Aramis Fuster!

Pero el caso es que se nota que en España hemos cambiado de ciclo político y han llegado para quedarse las derechas en pequeños detalles, en oscuros perfumes, en el nombre cambiado de las cosas. 

Ayuso lleva el revisionismo a las fronteras del ridículo al decir que lo de América entonces no fue un expolio encarnizado sino una expansión cultural simbiótica, y el PSOE no reconoce que en las elecciones autonómicas de Andalucía ayer no se ha dado una hostia monumental y menos aún que el que Moreno Bonilla no haya alcanzado la mayoría absoluta para la progresía es mucho peor, pues trae a la derecha montada a lomos de la derecha como si fuera espartero sobre su caballo, sino que se limita a analizar la cosa con la frase: “el partido aguanta”.

Andalucía es un histórico feudo socialista y la cuna del felipismo de pana y el guerrismo de intelectualidad socarrona y gafapasta, pero en la actualidad tiene un problema de paro desbocado y proletariado descarriado, y votar de todos modos a las derechas viene a ser como matar a la familia con un sable: todo mientras la prensa grita lo mismo que los vecinos marrulleros del quinto… ¡Algo habrán hecho!

Sin embargo de las elecciones de ayer, a nuestro juicio, hay que sacar tress conclusiones claras: que las encuestas han perdido las elecciones, que el PSOE ha perdido las erecciones, y que lo de que Vox ha tocado techo era un deseo y no una realidad, pero la progresía sanchista, a fuerza de hacer pasar los deseos por certezas, se está cargando la realidad, la credibilidad, la confianza, la esperanza, la burra y el buey.

De hecho merece una reflexión profunda y presta a la dimisión en masa lo de que la juventud con paga paterna y sin acceso a la vivienda ni al futuro esté votando en masa a las derechas, mientras, con gesto nihilista y contrariado, vociferan: ¡No sé de dónde coño saca pasta la Luna para salir todas las noches!...

En fin.

Los cuatro mineros de Mina Miura que protagonizaron en Asturias un encierro de quince días a 300 metros de profundidad en la explotación minera ubicada en Tormaleo (Asturias) y que luego marcharon a pie 160 kilómetros hasta Oviedo para reclamar sus salarios, serán recibidos mañana en la Casa de Cultura de Villablino, la capital de la comarca de Laciana, de donde son algunos de ellos.

Una recepción en la que estarán presentes el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, la vicesecretaria general del partido autonómico, la lacieniega Nuria Rubio, y el alcalde de Villablino y también procurador, Mario Rivas. De hecho, Rubio y Rivas ya acompañaron a los mineros en alguno de los días de la marcha de protesta, ya que como han recordado desde el PSOE leonés buena parte de los mineros que trabajan en Asturias residen en la comarca de Laciana.

La marcha con la que los trabajadores de Mina Miura querían dar visibilidad a la delicada situación laboral que atraviesan desde hace meses despertó grandes muestras de apoyo en las localidades por las que pasó la protesta, a la que se unieron en su recorrido vecinos y colectivos sociales.

Durante las movilizaciones de las últimas tres semanas los trabajadores de Mina Miura han denunciado al empresario “a la fuga” por el impago de las nóminas y han defendido el empleo de las cuencas mineras, a la vez que han reclamado al Principado de Asturias una labor de mediación en el conflicto laboral.

Los mineros, que marcharon durante seis días bajo el lema 'Mina Miura en lucha por nuestro empleo y el futuro del Suroccidente' hasta llegar el pasado miércoles a Oviedo, explican que el nuevo propietario de la empresa Carbones La Vega, Fernando Martínez Blanco, adquirió los derechos mineros el pasado octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas a la veintena de trabajadores de la explotación y retomar la actividad, sin que haya cumplido hasta el momento.

Los trabajadores reclaman el mantenimiento de la actividad en una explotación, que, según han remarcado, “siempre ha sido rentable”, así como el pago de las trece nóminas que han dejado de cobrar en los últimos diez meses.

En caso de no obtener respuesta del empresario, los mineros piden que se le retiren los derechos para ponerlos en manos de “empresarios dignos” que salven el empleo y la actividad en una zona muy afectada por la despoblación.

Por otra parte, el Servicio de Minas del Principado de Asturias ha elevado a muy grave la infracción en materia de seguridad cometida por la empresa Carbones La Vega, propietaria de Mina Miura, por lo que su propuesta de sanción se incrementa hasta 30.000 euros.

Según detalló la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, esta propuesta de sanción se plantea tras la visita realizada el pasado 30 de abril al yacimiento por dos inspectores, en la que se volvió a acreditar que la empresa seguía sin garantizar la seguridad y sin disponer de director facultativo, pese a que varios trabajadores permanecían en el interior de la explotación.

La compañía ya había sido sancionada con 3.000 euros por estos mismos hechos tras una visita realizada por inspectores de Minas el 24 de abril.

Por la reiteración en el incumplimiento de la normativa y por no atender los requerimientos de la autoridad minera, se considera que Carbones La Vega ha cometido una infracción muy grave por la comisión simultánea de dos infracciones graves, y por este motivo se plantea una sanción de 30.000 euros.

El Partido Popular (PP) exige a la Diputación que abone las ayudas de importante repercusión turística que mantiene congeladas a pesar de corresponder al año 2025, en concreto para la contratación de personal para el mantenimiento del Camino de Santiago y la apertura de las oficinas de turismo en los pueblos de la provincia.

Una situación que el portavoz popular, David Fernández, achaca “una vez más a la incapacidad de gestión del equipo de gobierno del PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación”. Y es que remarcha que “hay fondos, están resueltas las convocatorias y sólo falta abonarlas”.

La convocatoria formulada por la Diputación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) durante el mes de julio de 2025 con un plazo de ejecución, tanto la contratación para el mantenimiento como para atender a las oficinas de turismo, y expiró por tanto el pasado 31 de diciembre. El importe conjunto fue de 303.000 euros para la anualidad de 2025.

El portavoz del Grupo Popular incide que “esta situación, que se está repitiendo cada año, provoca que los ayuntamientos tengan que adelantar el dinero de los salarios de estos trabajadores, lo que provoca, en algunos, que tengan problemas de tesorería porque supone una cantidad significativa cuando la Diputación cuenta con más de 213 millones de euros de remanente”.

Como ejemplo, remarca que uno de los ayuntamientos por lo que atraviesa el Camino de Santiago ‘ha adelantado’ más de 30.000 euros en el pago de los salarios de los trabajadores correspondientes al año 2025 “sin que la Diputación, todavía, le haya abonado nada”.

Otro problema estriba en que “se puede repetir” este año 2026 ya que la convocatoria de las ayudas tanto para la contratación de personal para el mantenimiento como para la apertura de oficinas de turismo “no se ha realizado” .

David Fernández incide que “no es posible que teniendo fondos y siendo unas ayudas recurrentes sigamos, a estas alturas del año, sin cobrar 2025 y sin convocarse las de este año” ya que, prosigue, “los peregrinos ya están creciendo y no podemos llegar a la temporada alta sin estas contrataciones realizadas”.

El portavoz por último insiste que “la Diputación no puede ser un problema para que los ayuntamientos pongamos en valor nuestro patrimonio como es en este caso el Camino de Santiago” por lo que exige, una vez más, “eficiencia y gestión” al equipo de gobierno socialista y leonesista.

A veces el destino se complace en agrupar en escaso lapso de tiempo imágenes, acontecimientos y declaraciones que mueven a la especulación y al hallazgo de respuestas cuando menos curiosas. Así se nos han agolpado las elecciones autonómicas, Semana Santa y finalmente la celebración del día de Castilla y León. Cada una de estas solemnidades cuenta con sus particulares componentes y su particular relato.

Elecciones autonómicas: el Partido Popular que ostenta la gobernanza de Castilla y León desde tiempos inmemoriales, parece inmune al paso del tiempo y no sólo sufre el desgaste del gobierno sino que, contra toda lógica, ha incrementado en dos el número de escaños en las cortes pucelanas, lo que es tanto como decir en las cortes castellanoleonesas. El PSOE logra subir otros dos y Vox tan sólo uno. Dos partidos de ámbito estatal acabaron por extinguirse, era la crónica de una muerte anunciada (Podemos y Ciudadanos). Soria YA, pierde el 66% de su representación merced a la condición soriana del candidato socialista. Por Ávila conserva su único representante y UPL mantiene sus tres parlamentarios, quizá su techo electoral.

En León, los cuatro partidos con representación parlamentaria se quedan como estaban. PSOE crece en 1.400 votos, PP algo más de 8.000 votos, Vox aumenta cerca de 4.000 papeletas y UPL se queda clavado con un incremento de unos 600 votantes más (consigue aumentar 100 más en Zamora y 1.000 más en Salamanca, en total 53.805). Todas las expectativas creadas eran infundadas. UPL es incapaz de motivar a un electorado que aspira a ver acciones de peso, no solamente pasos de ballet (cambiar el orden de la lista electoral del primero por la segunda y la segunda por el primero) sin renovación alguna. UPL continúa con su pecado original de acaparar puestos en unas pocas manos. En muchos pueblos de la geografía leonesa, sus candidatos son unos perfectos desconocidos y nunca han sido vistos por sus calles. 

El conservadurismo del que hace gala UPL, tampoco despierta pasiones. Circunscribirse principalmente al ámbito municipal o de la diputación es cegar toda posibilidad de crecer. UPL no pasa de ser un partido municipalista por más que hayan tenido un gesto que les honra al jurar su cargo aludiendo a la autonomía leonesa. Sus trifulcas en el Bierzo tampoco ayudan. Sin un cambio radical de orientación y acción, este partido está condenado a la irrelevancia. El PSOE tampoco ha sido ajeno a las trifulcas porque dos gallos como Cendón y Diez no caben en el mismo gallinero. El uno declaradamente estatalista, el otro aparentemente estatalista y autonomista, es decir un sincretismo que tiende asintóticamente a la cuadratura del círculo.

Semana Santa: una foto vale más que mil palabras. El periódico El Debate ha publicado una que habla por sí sola para quien preste oído a las imágenes. El alcalde de León (PSOE) aparece en primer plano con su banda de moaré, seguido de un obispo castellano. Tras ellos un encapuchado, con estética propia de verdugo medieval. Detrás, un uniformado, otra persona y Quiñones (PP), el consejero de los incendios y fotos con enfermos de ELA. Le sucede otro encapuchado y Pollán (Vox) con mirada aviesa. Diversas sensibilidades bajo un mismo paso: el del Santo Entierro de León, toda una alegoría. Huelgan más comentarios.

Día de Castilla y León: la Junta de Castilla y León, inasequible al desaliento y con su pertinaz alquimia pretende hacer aleaciones de metal con madera, sueña con la homogeneidad castellana en toda Castilla y lo que es peor, con la Región Leonesa. Con tal motivo derrocha más de un millón de euros en conciertos por las principales ciudades de la comunidad. En la provincia de León por partida doble, en un desesperado intento de congraciarse con la ciudadanía para que deponga de una vez por todas la aversión que sigue percibiendo en ella.

La Junta sabe que en León conviven dos realidades divergentes. Una es su clase política, a la que no es preciso conquistar porque ya está voluntariamente entregada a los designios y ucases castellanos en perjuicio de sus votantes, por los que no siente respeto alguno. La otra es la ciudadanía leonesa, disociada de sus políticos, de quienes sabe que no representan sus intereses, y que recibe el festejo de Villalar con la mayor de las lejanías, de hecho, los leoneses sin empleo en empresas o negocios que han de guardar día de asueto, siguen con sus quehaceres cotidianos. Esta festividad no les sugiere absolutamente nada.

Es día que algunos leonesistas aprovechan para contraprogramar estos fastos. En esta edición, el ínclito alcalde de León, que no tenía ningún acto religioso en su agenda –curioso el laicismo de este socialista– ha asistido con notable aparato. Se ha celebrado, como viene siendo habitual, una manifestación por las calles de León, al término de la cual, los representantes políticos y las fuerzas vivas asistentes se han despachado a gusto cuando les han puesto el micrófono delante. Al día siguiente, en una tertulia radiofónica, un periodista leonés con notable ironía, se mofaba de la decreciente asistencia a dicha manifestación. La misma Policía Local habló de unos 1.200 participantes. Magro seguimiento parece.

Sin ánimo de silenciar las declaraciones de sindicatos y organizadores, hay que resaltar las declaraciones del vicesecretario de UPL y del alcalde de León. El primero afirma que “…hay que decirle a los ciudadanos que de una vez por todas hay que unirse para salir de esta comunidad autónoma”. ¡Aleluya! Brillante diagnóstico, sólo falta saber quién va a aplicar el tratamiento porque no hay antecedentes de que alguien quiera hacerlo. El alcalde por su parte ha declarado. “Yo no sé si leonesista o no, yo soy evidente leonés, pero sobre todo soy constitucionalista, porque lo que estamos reclamando y reivindicando ante todo es una constitución legal y constitucional”. Abstrusas palabras dignas del diván de un psicoanalista. 

Y ahora con estos mimbres vamos a por el cesto. ¿El leonés que se siente autonomista se ve representado en el conclave de dignidades que desfila bajo las parihuelas de una figura religiosa? La doctrina de Cristo dejó sentado: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” ¿No le dice nada el brusco frenazo, derrape incluido, de las pasadas elecciones autonómicas de las tesis teóricamente más próximas? ¿Quién es el ungido que nos llevará a la tierra prometida desde nuestro éxodo particular, o acaso no ha nacido aún? ¿Alguien cree que con las declaraciones de UPL o del alcalde de León, ya tenemos todo resuelto? 

Me da que si todo se queda en gestos y declaraciones de nuestros portavoces, actos folklóricos, protestas en redes sociales, bienintencionadas manifestaciones de la mano de los sindicatos, incineración de castillos de cartón o ejercicios de halterofilia alzando leones de peluche al cielo, esto no prospera. Táchenme de derrotista, pero si no iniciamos pronto algún intento serio y oficial para desconectarnos de Castilla, francamente, creo que la Región Leonesa lo tiene de color hormiga. Van siete años desde el inicio de las mociones por nuestra autonomía y no se mueve nada. Por eso quiero amiga que me diga ¿Son de alguna utilidad? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

Ha subido muchos enteros hoy la temperatura política a costa de quién tiene la culpa del hecho de que se aproxime otro verano y los pueblos de la provincia de León aún estén desprotegidos frente a la amenaza de incendios como los que hicieron historia el año pasado, con cuatro muertos, pueblos quemados y el 10% de la superficie forestal de la provincia arrasada. Y han sido mandatarios del Partido Popular (PP) y del PSOE los que han echado la leña al fuego del enfrentamiento mutuo ante los medios de comunicación.

La chispa se prendió con la visita esta mañana a Ponferrada, por segunda vez esta semana, del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. A preguntas de los periodistas sobre las críticas del presidente socialista Consejo Comarcal porque no se hayan realizado las labores de desbroce y los prometidos 'anillos de seguridad' perimetrales en las localidades con más peligro, el consejero desvió la responsabilidad a la Diputación de León, a su vez gobernada por un pacto de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

“Si (Olegario Ramón) tiene esa preocupación, que hable con su compañero de la Diputación de León (Gerardo Álvarez Courel), que son los que tienen esa obligación”, espetó. El máximo responsable político del operativo de incendios del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco abundó en el detalle de que “les hemos dado 200.000 euros para la compra de maquinaria y ponerla a disposición de los ayuntamientos”, y atribuyó por tanto los posibles retrasos a la propia institución provincial. Y es que “la Junta tiene la gestión de los montes, no de la limpieza de los pueblos, las zonas perimetrales y agrícolas”. Aún así, añadió que “nosotros estamos haciendo nuestra parte, tenemos bulldozer contratados y vamos a apoyar a los pueblos, dado que no ha venido esa ayuda de la Diputación”, para después garantizar que las brigadas de la empresa pública estatal Tragsa “estarán en funcionamiento en la época de riesgo alto de incendio”.

No pasó mucho tiempo cuando la chispa de esas culpas estalló con fuerza. Y la respuesta, muy airada, llegó en sendas notas de prensa de la Diputación leonesa y del PSOE provincial, exigiendo este último la dimisión fulminante de Suárez-Quiñones por “desviar responsabilidades” y calificando sus declaraciones de “indecentes, cobardes y políticamente repugnantes”, entre otras gruesas palabras y acusaciones.

La Diputación, más comedida, lanzó algunas “aclaraciones” afeando que el consejero y la Junta “intenten siempre desviar las culpas hacia otras administraciones (y más si no las gobiernan)”. Y le acusó de “derivar a las diputaciones y a los ayuntamientos esta labor de prevención en lugar de organizar, liderar y ejecutar esta actividad necesaria para evitar incendios forestales y proteger los núcleos urbanos y a las personas y sus propiedades”.

Y es que ciertamente la Junta endosó desde el primer momento a las diputaciones, con la anuencia pública de éstas -la de León es la única que gobierna el PSOE-, la gestión de fondos autonómicos, la responsabilidad de los 'anillos' de protección, la gestión de maquinaria como bulldozers y a los ayuntamientos las ordenanzas para prepararse contra los que ahora denominan “días rojos”. Es decir, técnicamente, Quiñones tenía razón en su señalamiento. De hecho, la Diputación acumula un considerable retraso en la ejecución de los planes., así como en la maquinaria. Pero el equipo de Gobierno socialista y leonesista le reclama que “deje el sectarismo político para cuando actúe como presidente de la gestora del PP de León”.

Por boca de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, fue mucho más allá en sus ataques a Quiñones, tildándole de “machaca de Mañueco, el encargado de venir a León a hacer el trabajo sucio, a mentir, a embarrar y a intentar que la responsabilidad de la Junta desaparezca entre ataques a otras instituciones”. “Pero León sabe perfectamente quién tenía la competencia, quién tenía la obligación y quién falló” en el desastre del pasado verano, dijo.

Sin mencionar que en la preparación de los pueblos contra las llamas de cara a este verano la competencia realmente es provincial y municipal, Cendón insistió en que “hay que tener muy poca vergüenza política para venir a Ponferrada a repartir culpas después de lo que ha pasado”, cuando lo que defiende que tendría que hacer Quiñones es “bajar la cabeza, pedir perdón y marcharse: Todo lo demás es una ofensa a León”.

El Ayuntamiento de León concederá la Medalla de Oro de la ciudad a la Diócesis de León, argumentando que el Obispado es una referencia en la atención a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, o por su contribución a la conservación de su patrimonio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León, es decir, el equipo de Gobierno que preside en minoría el alcalde socialista, José Antonio Diez, ha aprobado en su sesión de este viernes iniciar los trámites para concederle un reconocimiento que es el más elevado a nivel municipal. Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta se centra en “su incesante tarea para atender a los servicios pastorales y litúrgicos de 756 parroquias, pero sin olvidar en ningún momento la actividad asistencial a la ciudadanía”.

“Una labor que, con el obispo Luis Ángel de las Heras, se ha incrementado abriendo de una forma global la labor de la Diócesis y de las parroquias a la atención a la población”, considera el Consistorio. La decisión deberá pasar por comisiones previas y finalmente por el Pleno municipal, donde además del PSOE hay representación de Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Leonés (UPL), Vox y un edil tránsfuga de este último. Todo indica que la medida será aprobada casi seguro por unanimidad.

En la argumentación, se expone también “el esfuerzo por mantener en condiciones de conservación templos, ermitas y edificios parroquiales y eclesiásticos, que suman más de un millar en el territorio diocesano, con el patrimonio histórico, artístico, bibliográfico y documental que en ellos se guarda y que constituye un elemento esencial para entender la identidad y la historia de León”.

Según se recoge en la documentación que justifica esta distinción, también históricamente ha habido “una unión estrecha entre el Reino de León y la Diócesis, que participa en las decisiones del monarca y en la promulgación de los Fueros y otras normas de convivencia dictadas, así como corrientes culturales que se trasladarán por todo el territorio a través de escuelas y escritorios episcopales y monásticos”.

Un polémico antecedente

Este tipo de decisiones de apoyo eclesiástico cristiano del Ayuntamiento no son nuevos. Ya se produjo una considerable polémica cuando el equipo de Diez propuso en 2023 la misma distinción, la Medalla de Oro, para la Virgen del Mercado, la centenaria talla y parroquia junto a la Plaza del Grano del Casco Histórico. Se trataba de un honor que en numerosos sitios de España levantó ampollas y que incluso finalmente se comprobó que el reglamento leonés ni siquiera permitía. Por eso, finalmente ya en 2024 se le dio pero con la triquiñuela de concedérsela no a la Virgen sino a la parroquia de Nuestra Señora del Mercado.

Lo normal es que la noticia, ya demasiado recurrente, sea que un nuevo camión o furgoneta de amplio tamaño ha protagonizado un nuevo accidente bajo el puente de San Marcos. Y es que este punto negro de primer orden de la capital leonesa deja, un mes si y una semana también, escenas muy parecidas de vehículos pesados que se quedan encallados, con graves daños materiales y algún susto personal, bajo el estrecho ojo del puente del Bernesga cuando circulan por el Paseo de Salamanca de la capital.

Sin embargo hoy la noticia no ha sido que ha habido un nuevo encontronazo sino justo lo contrario. Y es que en la mañana de este viernes se ha producido un amago de colisión que ha podido ser evitada en el último momento, a costa, eso sí, de bloquearse momentáneamente el tráfico en este punto.

La maniobra llamó mucho la atención de los conductores que circulaban a primera hora de la mañana por el Paseo de Salamanca. Un camión de reparto de una conocida empresa de supermercados asturiana se dio cuenta, casi en el último tramo, de que el paso bajo el puente de San Marcos le resultaba imposible ya que es mucho más bajo de la altura del vehículo. No se sabe si, para darse cuenta, fue efectiva o no la señal luminosa -que no siempre funciona- situada hace poco tiempo para advertir a los conductores en ambos sentidos, pero el caso es que no continuó la marcha.

El problema es que el gran vehículo tuvo que salir del paso realizando una compleja maniobra de cambio de sentido. La misma estuvo supervisada en todo momento por una patrulla de Policía Local de Tráfico, que se presentó en la zona, y provocó una gran retención del resto de vehículos en espera de que el conductor culminara el viraje con éxito. De este modo, con un poco de destreza y un mucho de paciencia, la cosa no fue a mayores. Pero delata que es urgente una solución definitiva en este punto negro, como lleva años proponiendo con un proyecto muy concreto el Partido Popular desde que está en la oposición del Ayuntamiento, solución que el actual equipo de Gobierno del PSOE asegura estar ya valorando, pero de momento sin detalles concretos de inversión, plazo o solución final.

El PSOE de San Andrés del Rabanedo denuncia que, tres años después de haber comprometido su apertura, el vial que conecta el municipio leonés con el Hospital San Juan de Dios, sigue cerrado al tráfico y considera “imperiosa” la apertura de esta conexión.

“No se puede responsabilizar al equipo de Gobierno anterior, ya que dejó el trabajo muy avanzado con el plan de cuatro carriles, y tampoco a la oposición porque no se ha presentado ninguna propuesta a los grupos desde que comenzó el mandato”, aseguran los socialistas del municipio (que gobernaron el municipio leonés durante el mandato anterior) que afirman que ahora la “culpa” recae en de Adif y Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

El PSOE denuncia que en un pleno del 30 de abril de este año, el grupo socialista realizó una serie de preguntas al equipo de Gobierno actual de UPL sobre la situación de este vial. “A la pregunta de en qué fecha dio la CHD el visto bueno al proyecto que el equipo de gobierno socialista había remitido el 10 de junio de 2022, proyecto de ampliación en la zona de mármoles Aldeiturriaga, Ana Fernández Caurel dijo que estuvo un año y medio esperando por ello, aunque también dijo no recordar la fecha, pese a que estas preguntas se remiten con anterioridad a la sesión plenaria y el equipo de gobierno tiene la obligación de responder”, afirma.

Ahora, el PSOE asegura que CHD firmó el informe en el que se autorizan las obras el pasado 27 de enero de 2025: “Hace más de un año de aquello, y el equipo de gobierno sigue tirando de relato, pero sin dar soluciones. Tanto es así que, tal y como la alcaldesa aseguró en el seguimiento y control del pasado pleno, tendrán que pedir una prórroga para la ejecución de las obras, al haber vencido el plazo de un año que la CHD había concedido en enero de 2025”.

Además, el PSOE afirma que Adif dio por concluidas las obras el pasado 9 de junio de 2022. Los socialistas aseguran que era necesario un convenio de colaboración que se remitió para su firma al Ayuntamiento el 30 de mayo de 2023: “Si bien afirmó tener problemas para encontrar dicho convenio, ella misma manifestó que lo tenían desde septiembre de 2023, en una entrevista que dio a un medio de comunicación el 17 de ese mes del mismo año”.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de San Andrés asegura que a día de hoy “no se ha enviado propuesta formal alguna a Adif para la subsanación de deficiencias en el vial, y nos reconoció que así era, como también reconoció que el punto clave, que es el paso sobre la presa del Bernesga, está fuera de la zona de actuación de Adif”.

El PSOE recuerda que la alcaldesa se comprometió en un medio de comunicación el pasado 16 de diciembre a abrir el vial en seis meses: “La realidad cambia, la excusa, no”, zanjan los socialistas.

Más de 5.000 personas han desafiado este domingo el aguacero en la plaza de los Bandos de Salamanca para pedir más y mejores conexiones ferroviarias para la capital, universitaria y turística (entre ellas la recuperación del tren de la Ruta de la Plata), que siente que no alcanza todo su potencial por falta de comunicaciones, sobre todo con Madrid.

La convocatoria, respaldada por instituciones, partidos políticos y sociedad civil, ha contado con el apoyo del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y presencia de representantes del PSOE pese a las críticas directas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe.

Los manifestantes han agitado pancartas con lemas como 'Renfe, Salamanca no espera', 'Sin Ruta de la Plata, media España cojea' y 'Renfe nos deja en vía muerta'; además, algunos participantes han pedido la dimisión de Puente por lo que consideran un trato injusto a la provincia en materia de comunicaciones.

“Todo el progreso no se puede ver frenado o perjudicado por unas comunicaciones que no estén a la altura de una provincia como la de Salamanca”, recogía el manifiesto de la convocatoria, leído ante los manifestantes por el actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués.

Y agrega: “No solo estamos hablando de poder viajar a otros puntos del país con rapidez y comodidad. Estamos hablando de la hija que no puede venir en un tren directo desde Barcelona a ver a sus padres. Del salmantino emigrado a Madrid al que le gustaría teletrabajar desde su tierra, pero que no tiene frecuencias suficientes”.

Estudiantes internacionales y congresos

El manifiesto ha recordado también el número de estudiantes de español o de expertos internacionales que asisten a congresos y llegan al aeropuerto de Madrid, pero luego deben desplazarse a Salamanca, así como a los empresarios de Béjar o Guijuelo que con mejores conexiones ferroviarias podrían plantearse crecer y, por ende, generar más empleo.

La concentración ha tenido que comenzar media hora más tarde porque justo antes del mediodía, momento de la convocatoria, ha caído una gran tromba de agua sobre Salamanca que ha llegado a hacer temer por la movilización.

En esta ocasión la protesta se ha realizado en la plaza de los Bandos, y no en la plaza Mayor, ya que ahí está instalada estos días la Feria Municipal del Libro, y donde hace dos años más de 15.000 personas protestaron también por la misma causa.

La nueva movilización de Salamanca, que aúna a las principales instituciones y entidades de la capital y la provincia, incluidas las universidades o los sindicatos, se ha convocado después de la supresión el pasado 7 de abril de la conexión directa entre la capital del Tormes y Barcelona.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo (PP), atribuye a la multitudinaria protesta de enero de 2024 que, seis meses después, se recuperara la cuarta frecuencia a Madrid, perdida durante la pandemia, por lo que considera que esta es la vía para que Salamanca tenga el trato ferroviario que necesita.

Unas reclamaciones que crecen

Carbayo ha defendido en el acto institucional que esta es una jornada de reivindicación para toda la ciudad y ha lamentado que las demandas son “cada vez más” en cuanto a las conexiones ferroviarias, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda las reclamaciones de la provincia.

Mañueco no ha tomado la palabra, pero sí ha apoyado la manifestación con su presencia, arropada también por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, quien ha denunciado la situación de Salamanca en un marco más amplio: “al abandono ferroviario del oeste peninsular”.

Las principales reivindicaciones son la recuperación del tren directo a Barcelona, el incremento de frecuencias del Alvia a Madrid, la mejora de las conexiones con Valladolid, las actuaciones técnicas en la línea hasta Medina, la recuperación del Ruta de la Plata, la conclusión de la electrificación hasta la frontera y que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.

Empezó mal y amenaza con terminar peor. La retrasada y esperada reunión con la cúpula de la empresa pública Aena, que acabó el miércoles con el 'no' ministerial a pilotar como se esperaba la inversión para crear una terminal de mercancías en el aeropuerto de León, ha causado un efecto mariposa en apenas dos días que deja una tormenta política a muchas bandas.

Incluso interna. Porque a la partida de los reproches y las críticas particularmente contra el PSOE y por añadidura sus socios de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación de León se ha unido este viernes el alcalde socialista de León, José Antonio Diez. El regidor atribuyó a su perfil reivindicativo el hecho de no haber ni siquiera invitado a aquella reunión entre el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y la directora general de Aena, Elena Mayoral. Y eso a pesar, recordó, de que el Consistorio tiene “los mismos derechos que la Diputación dentro del Consorcio del Aeropuerto de León”, que conforman sólo estas dos instituciones desde su origen.

“Pensarán, y yo creo que con acierto, que desde luego no iba a ser muy asertivo, sino que iba a seguir siendo muy reivindicativo en relación con la necesidad de la implementación y la puesta en funcionamiento de una terminal de carga del Aeropuerto de León”, aseguro Diez en declaraciones recogidas por Efe. Lamentó además que no haya salido de esa reunión ningún compromiso concreto y ha remarcado que, de haber participado, habría pedido se diese al Aeropuerto de León el mismo trato que a otros territorios como, por ejemplo, el País Vasco con la terminal de carga de Vitoria. “Creo que es muy decepcionante. Otra vez perdiendo el tiempo, perdiendo oportunidades, y dejando sin solución los problemas estructurales que son esenciales para el desarrollo económico y social de León y su provincia”, ha concluido.

Tras esta crítica, fuentes de la Diputación leonesa trataron de explicar el motivo de la no invitación del alcalde y miembro del Consorcio. Recordaron que la visita de Mayoral fue consecuencia y compromiso -casi el único- de la reunión mantenida entre el ministro de Movilidad, Óscar Puente, y la Diputación, tanto PSOE como UPL, que fueron los invitados ahora cuando ese compromiso de visita se cumplió esta semana con medio año de retraso.

Pocas horas antes, el Partido Popular (PP) había cargado con dureza e ironía contra el pobre resultado del encuentro, especialmente con el “papelón” del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, a quien el Gobierno “ha encargado ser el comercial” de la futura terminal de carga del aeropuerto, en relación a la postura de la dirigente estatal de insistir que Aena no ejecuta estas infraestructuras pero comprometiéndose a poner en contacto a la Diputación con las operadoras de carga aérea del país para ver si alguna está interesada en realizar esa inversión.

“No es lógico que Aena se desentienda del proyecto de la terminal de carga, de la mejora del sistema de aproximación y que su único compromiso sea entregarle los teléfonos de operadores al presidente de la Diputación en un claro ejemplo de tirar balones fuera”, denunció el partido que es principal oposición en el Palacio de los Guzmanes.

A similares argumentos se han sumado incluso partidos minoritarios y sin representación. Así, Izquierda Unida exigió por escrito compromisos claros a Aena, al tiempo que presentaba una iniciativa al Congreso para tratar de forzar al Gobierno a comprometerse. También Alantre vio “esta negativa como un nuevo agravio para León y para el conjunto del País Llionés”, en una velada mención a UPL, socios del PSOE en la institución.

Ese aluvión de críticas que también han recaído en UPL parece estar detrás de la urgencia con la que su portavoz y vicepresidente en la institución provincial, Roberto Aller, anunció hoy mismo el arranque inminente de la redacción del proyecto para construir un nuevo acceso al aeropuerto civil, para el que Aena también se puso de lado, el que transcurriría desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés, y pasaría por el de Valverde de La Virgen. Hoy se ha cifrado en algo menos de 700 metros y una inversión estimada de alrededor de 400.000 euros y UPL la ha calificado como un acceso “clave para el inicio de las operaciones logísticas en el aeródromo leonés, a la espera”, añadieron, “de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma”.

Tras esta cascada de reacciones, el presidente de la Diputación emitió una nota de prensa insistiendo en que la reunión con Aena fue bilateral, como le fue antes con el ministro Puente, y quiso rebajar el tono en positivo defendiendo “la necesidad de avanzar en el desarrollo de una terminal de mercancías vinculada al aeropuerto de León, comenzando por aprovechar los vuelos ya existentes para el transporte de carga y utilizando infraestructuras ya disponibles, como la antigua terminal”, tal y como pidió el miércoles la mandataria de Aena.

La Diputación de León se pone en marcha después de la visita de la directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) al aeropuerto de León, cuando Mayoral dejó en manos de las operadoras la posibilidad de que en la infraestructura leonesa llegue a existir la reclamada terminal de mercancías.

Aquel día, el pasado 6 de mayo, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), se compometió a mejorar los accesos al aeropuerto, sobre los que Aena también descartó responsabilizarse, en concreto ejecutando con medios propios una nueva carretera directamente desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés.

Ya apuntó Álvarez Courel que esta construcción estaría condicionada por la cesión de la parte de los terrenos del camino que actualmente ocupa la vía proyectada pertenecientes a San Andrés y Valverde de La Virgen.

Finalmente, este viernes el servicio de Fomento de la Diputación de León ha iniciado la redacción del proyecto para construir este acceso que considera “clave para el inicio de las operaciones logísticas en el aeródromo leonés, a la espera de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma”, todo ello después de que Aena descartase responsabilizarse de la construcción de cualquier infraestructura en el aeropuerto.

El acceso a realizar tendría una longitud ligeramente inferior a los 700 metros y con una inversión estimada de alrededor de 400.000 euros, según los cálculos de los técnicos de la institución provincial.

El nuevo vial pretende actuar como enlace estratégico para el flujo de vehículos pesados y ligeros y dará acceso directo a la rotonda que comunica la antigua y nueva terminal desde el entronque de la avenida Javier Pascual (La Virgen del Camino) y la calle Ermitaño (Trobajo del Camino). De este modo, los usuarios tendrán un acceso directo al Aeropuerto desde el nodo industrial del municipio de San Andrés del Rabanedo y una conexión ágil a la N-120 y a la ronda sur de León (LE-30).

“Mientras otros debaten, esta Diputación ya está sobre el terreno con los técnicos para que el vial sea una realidad cuanto antes”, ha apostillado el vicepresidente primero de la Diputación de León, el leonesista Roberto Aller.

Aller ha instado al Gobierno Central y a la Junta de Castilla y León a “mover ficha” con “la misma celeridad” en relación al otro acceso, que conectará la terminal con el Polígono Industrial de Villadangos y con la autopista AP-77. En la misma línea ha incluido en esta llamada a la acción a los empresarios y operadores logísticos: “La institución mantiene una ronda de contactos para asegurar que el volumen de operaciones de carga sea inminente”.

“Nosotros dijimos que haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano para que las operaciones comiencen y no es palabrería” ha incidido un Aller que ha puesto el foco en “lo se puede hacer desde ya” a la par que ha puesto en valor que “la Diputación ha puesto técnicos sobre el terreno de forma inmediata”.

“León se ha cansado de esperar por promesas que nunca llegan de otras administraciones. En la Diputación hemos decidido dejar de mirar al cielo esperando soluciones y si depende de nosotros, se hará; y se hará ya. No vamos a permitir que la desidia ajena bloquee el futuro logístico de nuestra provincia por un minuto más”, ha zanjado el dirigente leonesista.

El equipo de Gobierno de independientes e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fabero se fractura. IU, que pactó con la candidatura encabezada por la exsocialista Mari Paz Martínez en abril de 2024, rompe a falta de apenas un año para las próximas elecciones municipales alegando incumplimientos e incompatibilidades, si bien se muestra abierta a “acuerdos puntuales” de aquí al final del mandato.

La coalición de izquierdas pasa ahora a la oposición. Y su portavoz y única concejala, Sasquia Julio Granda, renuncia a sus concejalías y a la primera Tenencia de Alcaldía. Lo hace, según explica IU en un comunicado, asegurando que “no se están cumpliendo los objetivos firmados” y que “las formas de actuar de ambos partidos son diferentes y en ciertos momentos incompatibles”.

“La agrupación Izquierda Unida seguirá abierto a diálogos y acuerdos puntuales siempre que el fin sea el buen desarrollo del municipio y de sus habitantes”, señala IU sobre un paso “pensado, meditado y valorado”, el del cesar el apoyo dado a Independientes por Fabero, la lista encabezada por antiguos miembros del PSOE como Mari Paz Martínez, a quien la dirección provincial socialista no permitió optar a la reelección por estar pendiente de un juicio por un presunto delito de prevaricación del que finalmente resultó absuelta.

Martínez, que asumió el bastón de mando con las siglas del PSOE en 2015, se mantiene como regidora, desde 2023 con Independientes por Fabero, que obtuvo 5 concejales por los 4 de los socialistas, encabezados por su antecesor, Demetrio Alfonso Canedo, que precisamente acaba de resultar absuelto de un juicio por prevaricación y falsedad documental. IU y PP se repartieron las 2 actas restantes en una Corporación con 11 asientos.

Independientes por Fabero vuelve a afrontar una situación de Gobierno en minoría, tal y como empezó el mandato hasta que en abril de 2024 Izquierda Unida apuntaló el Ejecutivo municipal con un pacto que ahora acaba de romper.

Se prometió para el año pasado. Se ha celebrado casi con medio año de retraso. Y ha servido para muy pocos avances de futuro y ningún compromiso cierto de mejora. Así se puede resumir la visita institucional hoy de Elena Mayoral, directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), al aeródromo civil leonés ubicado en La Virgen del Camino, fruto de la orden del ministro Óscar Puente después de que tras reunirse con los mandatarios de la Diputación se hablara con fuerza de la necesidad de construir una terminal logística aérea que podría ser la única de todo noroeste. Una plataforma que en un informe técnico el Consorcio del aeropuerto cifró en 43,6 millones de inversión.

En realidad no importa el precio: lo relevante es que Aena, el Ministerio, o el Gobierno central, como se prefiera, no acometerá esta ansiada infraestructura. Esto sí quedó del todo claro al hablar Mayoral ante los medios, asegurando que su construcción no sería competencia estatal sino exclusivamente inversión de las operadoras logísticas, siempre que haya alguna interesada, añadió más. Por eso, el único compromiso adquirido hoy fue poner en contacto a las operadoras de carga aérea del país, que ahora trabajan desde otras pistas, como por ejemplo la exitosa de Zaragoza, con la Diputación de León para ver si suena la flauta.

Mayoral explicó que, de darse este vital condicionante, cabría ejecutar una terminal de nueva construcción -con el precio mencionado que estimó Diputación- o incluso podría aprovechar algo ya existente, como es la antigua terminal de pasajeros del aeródromo leonés, que presentaría condiciones bastante óptimas para empezar, aclaró.

“Encontrando un operador de carga, las infraestructuras están disponibles y, si no, se pueden adaptar en la medida que se necesite”, ha afirmado la responsable de Aena, recordando que el transporte de carga aérea en España está bonificado, añade Efe. Y es que la empresa pública solo alquila el terreno por el tiempo que sea necesario para amortizar esa inversión por parte de las compañías, en el caso de que algún operador la lleve a cabo.

Para sondear y pilotar la búsqueda de ese impulso empresarial a priori inexistente, ya que el volumen de carga de los últimos años en el aeropuerto de León es prácticamente nulo, será la Diputación de León, que preside el Consorcio junto al Ayuntamiento de la capital, el que se encargue de llevar los posibles contactos, previa realización por parte de las operadoras de un plan de negocio para ver qué mercancía quieren mover en León y si aprovechan o no la antigua terminal de pasajeros.

La Diputación se echa mejorar accesos a sus espaldas

“Los aviones de pasajeros pueden empezar a transportar mercancías, luego se podría empezar ya”, apuntó optimista el presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel, ignorando aquel dato de que casi cero toneladas han sido movidas desde o hacia León en décadas. Por eso, en presencia también del Delegado del Gobierno, el leonés Nicanor Sen, primero habló de “buenas noticias en cuanto a las posibilidades que tiene el transporte de carga desde el aeropuerto leonés”, aunque a continuación admitió que la visión “positiva quizá no sea todo lo positiva que esperábamos”.

Como tampoco Aena se 'mojó' en la creciente petición de mejorar varios de los accesos a la pista leonesa, fue Courel el que se comprometió también a que “se descongestione el paso de vehículos por el centro de la Virgen del Camino”, ejecutando con medios propios una nueva carretera directamente desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés.

La única condición: que San Andrés y Valverde de La Virgen pongan de su parte los terrenos necesarios “del camino actual”. A todo esto, no se pronunció en público, aunque estuvo presente, el vicepresidente de la institución y diputado provincial, Roberto Aller (UPL), que mantiene “un pacto que goza de buena salud” en el Palacio de los Guzmanes, basado en gran medida en la mejora de infraestructuras por parte del Gobierno. Posteriormente, en una nota de prensa, UPL se atribuyó a su presión el hecho mismo de la reunión de hoy pero se mostró “prudente dentro de la satisfacción”, así como “vigilante” de cara a los siguientes pasos.

Mejor sistema de aproximación, tampoco

A preguntas de los periodistas sobre el posible aumento del sistema de aproximación al aterrizaje ILS del aeropuerto de León, actualmente de categoría I, frente al nivel III de otros muchos aeródromos, como el de Asturias o Valladolid, la directora general de Aena aseguró que es un asunto que “se está analizando”, sin más. Pero matizó que, aunque se hiciese ese cambio, no significaría que ya no se desviaría ningún avión, puesto que estos desvíos dependen de las condiciones meteorológicas y de la pericia de los pilotos.

Y además, otro escollo:  que “no solamente es la infraestructura en tierra”, sino que “hay una serie de obstáculos alrededor del aeropuerto que no harían viables en estos momentos las maniobras necesarias de aproximación”. Eso, y que todo lo que se refiere al control aéreo depende del Ministerio de Defensa, así como sus instalaciones militares o la Base Aérea misma. Finalmente, quiso quitar hierro a los efectos de la baja categoría del ILS, echando manos de la estadística oficial de Aena que hizo que el año pasado sólo se anularan “un 1%” de aterrizajes por la niebla en la pista leonesa.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.