Hace casi 12 años ya desde aquel lunes 27 de octubre de 2014 que lo cambio todo en la política provincial y en el Partido Popular (PP) leonés. Ocurrió cuando la UCO de la Guardia Civil, por orden del juez Eloy Velasco, desplegó una redada de varias horas en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, y sacó directo a la cárcel a su presidente, Marcos Martínez Barazón. Había nacido el 'Caso Púnica', con medio centenar de políticos, concejales, funcionarios y empresarios en media España investigados por delitos de corrupción.

Al igual que en muchas otras causas, como las emanadas en Madrid o Murcia, la pieza leonesa de Púnica se centró en la relación durante al menos dos años de sus mandatarios con las empresas Dadiva e Eico del fulgurante consultor e informático Alejandro de Pedro, compañías que fueron contratadas ya en 2012 por la entonces poderosa presidenta del PP provincial y de la Diputación, Isabel Carrasco. Cuando la UCO entró en el caso y en el despacho de Presidencia hacía justo medio año que Carrasco había sido literalmente ejecutada a plena luz del día, con cuatro tiros por la espalda, por dos mujeres vinculadas al PP, una hija que buscaba perpetuarse en la institución y su madre, y que fueron condenadas junto a una policía local.

Heredero de sus políticas, de sus contratos y gestión, su eterna mano derecha, Martínez Barazón, también alcalde de largo recorrido del creciente municipio de Cuadros, tomó el poder en el Palacio. Y vio en la relación con las empresas de De Pedro las mismas dos ventajas que también sacó su mentora: mejorar su imagen personal en Internet y contrarrestar las críticas políticas con apoyo de una red de periódicos online zombies del empresario. Y en su caso, una ambición más: aprovechar las influencias del conseguidor para obtener los favores de la cúpula del PP y heredar también el liderazgo provincial. Estuvo a apenas un mes de conseguirlo.

En lugar de eso, la Operación Púnica le llevó directamente a la prisión madrileña de Soto del Real, donde permaneció 43 días hasta depositar una fianza de 30.000 euros. Pocas horas después, regresó a su pueblo reconvertido en un mártir ante una masa de fieles vecinos que le vitoreaban.

Lágrimas y penas compartidas

Él también lloró. Le quedaba por delante un lento suplicio policial y judicial hasta la fecha de ayer, en la que el caso ha sido por fin cerrado con una condena ratificada por el Tribunal Supremo. No era el único. En la maraña de Púnica habían caído también dos hombres fuertes en la Diputación leonesa: el alto cargo a dedo, anterior diputado provincial de Turismo e histórico alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y el no menos poderoso entonces interventor del Palacio, Jesús 'Suso' López.

Los dos han acabado recibiendo, primero en la Audiencia Nacional y ahora tras su recurso en el Supremo, la misma pena por prevaricación que Martínez Barazón: ocho años y medios de inhabilitación. Y los tres libraron de prisión, en parte por aplicárseles dilaciones indebidas en una instrucción judicial que tardó nueve años, y porque no se vieron pruebas de fraude a la administración, falsificación de documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho. Era la larga lista que les atribuían la Fiscalía y la acusación, la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade).

El modus operandi

La condena, que ahora está llamada a sentar jurisprudencia en el resto de causas de Púnica por juzgarse o revisarse por altos tribunales, sí vino a dar por delictivo el modus operandi de los políticos que habían contratado los servicios de Alejandro de Pedro, condenado aquí en León por su parte a cuatro años y tres meses de inhabilitación. Pero la maraña de las investigaciones policial y judicial, materializada en las acusaciones, hablaba de mucho más que trabajos de reputación personal con dinero público, que en el caso de León rondó los 107.000 euros.

La Fiscalía se aferró a conversaciones y gestiones que apuntaban a un supuesto intercambio de favores: De Pedro y su socio en Madiva e Eico, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena, habrían utilizado sus altos contactos para ayudar a Martínez a ser el presidente provincial del PP, a cambio de que las compañías de la trama obtuvieran a dedo contratos públicos de la Diputación.

En esa segunda parte de la investigación aparecieron también los contratos relacionados con la estación de esquí de San Isidro, enmarcada en el municipio en el que Sánchez era alcalde. En las conversaciones intervenidas se planteaba, entre otras operaciones, la contratación de servicios para la estación invernal y la adjudicación de cafeterías o planes de desarrollo. La Fiscalía cifró además en 74.200 euros los trabajos realizados o comprometidos para mejorar la imagen de Martínez a través de la Diputación y Gersul. También se investigó un proyecto de gestión de San Isidro cuyo coste se había fijado en 171.000 euros, con pagos mensuales de 24.428 euros.

Como demostró ILEÓN en varias publicaciones exclusivas de investigación, se negoció que al concurso se presentaran tres empresas del entorno del conseguidor, para garantizar quedarse con él (“Sois los mejores y os lo voy a dar”, se escuchó a un testigo en el juicio). Y algo aún más tosco: los pliegos fueron corregidos a la carta con peticiones de las compañías, y el propio presidente los envió, marcados los cambios, a través su correo oficial de Presidencia. Pese a todo, al final libraron porque los planes no fraguaron, debido a que se precipitó la mediática intervención policial en octubre de 2014.

Contra esa no materialización de los presuntos delitos se estrelló la Fiscalía Anticorrupción, que defendía una acusación mucho más amplia que la que finalmente quedó acreditada. Por eso, ante una condena sin cárcel el propio Ministerio Fiscal pidió incluso la repetición del juicio en la Audiencia Nacional, algo que quedó desestimado, igual que su recurso.

Lo demostrado, según Audiencia y Supremo

Así las cosas, lo que sí quedó probado y llevó a las condenas finales ahora ratificadas fue la forma en la que la Diputación tramitó aquellos contratos de publicidad institucional. La Audiencia consideró acreditado que De Pedro y Marcos Martínez, durante los meses en los que este último estuvo al frente de la institución en 2014, igual que antes Isabel Carrasco, participaron en un procedimiento administrativo irregular para garantizar el pago de las facturas. Eran facturas mensuales, de importes similares y, en todo caso, inferiores a 6.000 euros cada una, tramitadas por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, según el tribunal, no existía una razón que lo justificara. Además, se utilizaba de manera incorrecta la figura del enriquecimiento injusto para proceder al pago, que Pedro Vicente Sánchez ordenaba y el interventor López sancionaba.

El efecto de ese sistema era evitar que una relación contractual que tenía carácter continuado se sometiera al procedimiento de contratación, con la correspondiente licitación y por lo tanto la posibilidad de que otras empresas o medios de comunicación pudieran concurrir. Es decir, blindar a las empresas del conseguidor. La Audiencia consideró que de esta manera se eludían también controles que debían realizar tanto el Servicio de Contratación como la Intervención General de la Diputación. Las facturas terminaban incorporándose a la relación mensual de pagos y se abonaban muy rápido.

Tras la irrupción de la UCO aquel 2014, el PP leonés y la institución vivieron un tsunami. Martínez Barazón, vicepresidente con Carrasco, asesinada en mayo, la había sucedido en una votación antes del verano. Pero al ser fulminantemente detenido se abrió una situación insólita en la institución provincial que forzó a acelerar otro nombramiento en Presidencia. Recayó en el joven diputado Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros, que había 'heredado' la Alcaldía de su propio padre. Él se convirtió por unos meses en el tercer presidente de la Diputación en apenas medio año y eso costaría muy caro en inoperancia y en un anquilosamiento de proyectos y presupuestario que hoy todavía se arrastra desde aquella época de convulsiones.

Dos exalcaldes que los fueron presionados

La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos, afectados así doblemente por la inhabilitación de la condena, aunque en todos estos años no se haya aplicado.

Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida, sin embargo, tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP, pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con abrumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.

Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.

El Supremo ha dictado la suprema sentencia final al año 2014, en que el PP y León fueron demasiadas veces la peor forma de portada nacional. Ya había pasado un poco a la historia la tragedia del asesinato de Isabel Carrasco -aunque nunca la investigación se cerrara por completo y siga dando pie a material de true crime- Y ahora comienza a hacerlo el Caso Púnica con la bajada definitiva del telón judicial.

El papel jugado por la Junta de Castilla y León en la disputa por dónde se sitúa el límite autonómico con Asturias, entre los municipios de Cabrillanes en León y Somiedo en Asturias, ha enfrentado este martes al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y al procurador de la UPL, Luis Mariano Santos.

El leonesista ha formulado una pregunta ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para demandar al Gobierno autonómico que no actúe como una “madrastra” que mira mal a la provincia de León y no interviene para ayudar a la localidad leonesa de Cabrillanes en un contencioso judicial con Somiedo, municipio al que sí ve respaldado por el Principado de Asturias.

En su primera respuesta, el consejero ha afirmado que la Junta “ha defendido, defiende y seguirá defendiendo a su territorio y a los municipios de Castilla y León”.

Ante esta contestación, Luis Mariano Santos ha alertado de que este contencioso que dura ya 26 años afecta a los límites autonómicos de Castilla y León y Asturias: “¿Dónde están los patriotas que hablan de límites territoriales?”, se ha preguntado el procurador de la UPL, quien ha pedido aclarar qué ha hecho la Junta en este litigio para recuperar un monte público desde 1992.

En su dúplica, González Gago ha afirmado que el Gobierno autonómico ha apoyado “intensamente a Cabrillanes”, ya que existe un “interés conjunto en defender” ese límite autonómico, municipal y provincial.

En este sentido, el consejero ha recordado que los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el contencioso planteado por Asturias y Somiedo ante la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León y que implican que más de 600 hectáreas han pasado a pertenecer al Ayuntamiento de Cabrillanes. González Gago ha añadido que “lógicamente” la otra parte interesada ha recurrido y será el Tribunal Supremo el que resuelva esta cuestión.

El consejero ha criticado que UPL pida la ayuda de la Junta pero no se refiera al papel jugado por la Diputación de León, al considerar que del mismo modo que está en juego el límite municipal de Cabrillanes y el autonómico de Castilla y León, también lo está el de la provincial de León. “Se ha equivocado de destinatario, los únicos que no han ayudado es la Diputación de León”, ha zanjado González Gago, quien ha incidido en que el alcalde de Cabrillanes además es diputado provincial y “no se le ha visto el pelo”.

La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy un pequeño paso adelante en el cumplimiento de la promesa electoral lanzada ya hace ocho años por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de instalación de radioterapia pública para el tratamiento de enfermos de cáncer en el Hospital El Bierzo de Ponferrada. Ese avance consiste en concreto en que la Consejería de Sanidad, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Ponferrada que inicie los trámites para otorgar la licencia de obra que hay que hacer en el centro sanitario público de la capital de la comarca.

A través de un extenso comunicado, que destaca que “la infraestructura permitirá acercar los tratamientos oncológicos radioterápicos a los pacientes de la comarca” de El Bierzo, se aclara que todavía queda mucho camino que recorrer. Aparte de que el Consistorio debe abrir y tramitar este expediente de licencia de obra que todavía ahora se le solicita, la propia nota admite que todavía ni siquiera está listo el pliego de la licitación para la ejecución de las obras, trámite esencial en el que “ya se está trabajando”.

“Corresponde llevar a cabo la publicación de la licitación de la ejecución de la obra, lo que dará paso a la recepción de ofertas, su valoración y correspondiente adjudicación de manera previa al inicio” de las obras, explican, pero sin detallar un calendario claro para todo ello. Tampoco se especifica un presupuesto concreto sino que se estima el coste de estos trabajos “en un importe cercano a 3,5 millones de euros”. Y a mayores de la obra en sí, la Gerencia berciana recuerda que la unidad contará como equipamiento con “un acelerador lineal (valorado en 3 millones de euros) y el TAC Simulador (valorado en 600.000 euros)”, por lo que “el total de esta actuación supondrá una inversión superior a los 7,2 millones de euros”.

La futura unidad estará ubicada en el recinto hospitalario público, con “una superficie funcional de 684 metros cuadrados distribuidos en seis áreas diferenciadas”: tratamiento, simulación, preparación, planificación, recepción y área de personal. “Entre sus dependencias se incluirá el búnker destinado al acelerador lineal, así como los espacios necesarios para la instalación de un TAC simulador, áreas asistenciales, salas de dosimetría, consultas, espacios administrativos y zonas de apoyo para profesionales”, remarca el comunicado. Así como que la nueva instalación quedará físicamente conectada con el Hospital El Bierzo de manera interna para facilitar la circulación de pacientes y de trabajadores.

“La puesta en marcha de la unidad permitirá atender a alrededor de 400 pacientes al año y representará una mejora significativa tanto en la calidad asistencial como en la comodidad de las personas que requieren tratamientos oncológicos radioterápicos”, reza la nota. De este modo, se cifra anualmente el número de enfermos de cáncer que llevan ahora mismo ocho años esperando el cumplimiento de ese compromiso público de la Junta con Ponferrada, que se ha convertido ya en una realidad en las demás provincias de la Comunidad pero se demora sobre todo en el caso de la comarca de El Bierzo hasta situarse a la cola.

Sin embargo, el Partido Popular en la Junta lleva más de tres asegurando que los enfermos oncológicos bercianos ya disponen de este servicio, si bien lo hacen en referencia a la apertura, hace ya tres años, de radioterapia en la privada Clínica Ponferrada, perteneciente al Grupo Recoletas.

De momento, la última estimación de Sanidad para que la radioterapia pública sea una realidad se situaba en el año 2027, aunque con los previsibles plazos todavía pendientes de licitación, adjudicación y obras propiamente dichas ya parece imposible de cumplir. Y la radioterapia 'de pago' privada en la Clínica Ponferrada continúa facturando dinero público autonómico, habiendo suscrito ya tres contratos con la Consejería desde que abrió sus puertas en 2023. A razón de 1,7 millones de euros cada año, hasta ahora el coste total que se ha embolsado Recoletas supera ya los 5 millones de euros. Y Previsiblemente se tendrá que ampliar como mínimo un año más.

En febrero de 2025, la Gerencia Regional de Salud de la Junta puso en marcha la adjudicación para redactar el proyecto básico y de ejecución para implantar este ansiado servicio en el centro sanitario público, la Unidad Satélite de Radioterapia del Hospital El Bierzo. La empresa Berna 10 fue adjudicataria de estos trabajos por un importe de 187.550 euros. De manera paralela, concluye la nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha desarrollado la reforma del antiguo archivo del Hospital El Bierzo, destinada a albergar nuevas dependencias vinculadas a los servicios de Rehabilitación y Radioterapia, otros trabajos que se cifran en 1,6 millones de euros más.

El PSOE ha visto rechazada en las Cortes de Castilla y León su iniciativa para impulsar la protección y conservación de las sebes tradicionales de la provincia de León, un patrimonio natural, cultural y paisajístico en riesgo de desaparición. El bloque en el Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox impuso sus diez votos en contra frente a los siete que sumaron el Grupo Socialista y el Grupo Mixto en una Comisión de Medio Ambiente que preside el leonés y alcalde popular de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza.

Los procuradores del PSOE de León han reclamado, sin éxito, a la Junta de Castilla y León medidas para inventariarlas, protegerlas e incorporar su conservación a las políticas autonómicas de biodiversidad, infraestructura verde y lucha contra el cambio climático. Pero se han topado con la total negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

La vicesecretaria general del PSOECyL y procuradora por León, Nuria Rubio, ha lamentado el rechazo de la proposición no de ley (PNL) y ha advertido de que “las sebes son parte de la identidad de nuestros pueblos”, defendiendo que su conservación debe formar parte de las políticas públicas de protección del territorio. “Hoy pedimos algo tan sencillo y tan importante como que dejemos de mirar hacia otro lado mientras desaparecen”, señaló Rubio, quien ha recordado que las sebes están presentes en numerosas comarcas leonesas y representan una forma tradicional de entender y cuidar la tierra.

La dirigente socialista ha subrayado que las sebes no solo tienen un valor cultural y paisajístico, sino también una importante función ambiental. Sirven de refugio para numerosas especies, actúan como corredores ecológicos, protegen los suelos frente a la erosión, conservan la humedad, reducen los efectos del viento y favorecen la presencia de insectos polinizadores.

Rubio ha criticado que, pese a la importancia de estos elementos, “la Junta subvenciona actuaciones ambientales, pero no cuenta con una línea específica y reconocible para proteger este patrimonio leonés”. “Después de casi cuatro décadas gobernando esta comunidad, ya no puede alegar desconocimiento. Existe bibliografía, existen personas expertas y existe una preocupación creciente en el territorio”, ha matizado.

En este sentido, la propuesta socialista ha planteado elaborar un inventario de las sebes existentes en colaboración con ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones, investigadores y colectivos sociales.

Además, el PSOE ha considerado imprescindible que las futuras concentraciones parcelarias y actuaciones de transformación agraria incorporen criterios de conservación del paisaje tradicional. “No estamos diciendo que no se puedan transformar o mejorar las explotaciones. Estamos diciendo que no se puede entrar en un territorio como si antes no hubiera allí nada valioso”, ha explicado Rubio.

“Modernizar no puede significar destruir. Progreso no es borrar la memoria de una tierra. Progreso es conseguir que el campo tenga futuro sin renunciar a su identidad”, ha defendido.

La procuradora ha reclamado también campañas de divulgación y sensibilización, especialmente en los centros educativos y en el medio rural, para transmitir a las nuevas generaciones el valor de este patrimonio y el conocimiento tradicional asociado a su conservación. “Estoy convencida de que no se protege aquello que no se conoce y tampoco se ama aquello que nunca nos han enseñado a mirar”, ha afirmado Rubio.

Por último, la política lacianiega ha lamentado que la desaparición de las sebes es otra consecuencia del abandono del medio rural y ha reclamado a la Junta que actúe antes de que sea demasiado tarde. “No dejemos que se arranquen por indiferencia, por desconocimiento o por falta de voluntad política. Tenemos la oportunidad y la obligación de protegerlas”, ha concluido.

En parecidos términos se manifestó en que fue esta vez representante el Grupo Mixto, no por Unión del Pueblo Leonés (UPL) sino por Soria Ya!, José Ángel Ceña, cuyo apoyo no sirvió para que la iniciativa saliera adelante.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de León Margarita Torres, quien fuera la candidata a la Alcaldía en los pasados comicios municipales, ha llamado “acomplejado” al rey Felipe VI a raíz de su papel en la crisis migratoria de Ceuta.

En un mensaje en la red social X en respuesta a un post de un periodista en el que se aludía al papel del Jefe del Estado en esta crisis, la concejala ha escrito: “Es que es un rey acomplejado. De complejidad entiende un rato...”.

La polémica se produce después de que Felipe VI se refiriera este martes por primera vez en público a la crisis y reconociera la labor de los servidores públicos y voluntarios ante una situación que calificó de “extraordinaria complejidad”.

El monarca había mostrado previamente su preocupación y se había reunido con mandos militares y con la ministra de Defensa para conocer el dispositivo desplegado.

Torres, que no repetirá como cabeza de lista en los próximos comicios municipales, encabezó la candidatura del PP al Ayuntamiento de León en las elecciones de 2023, aunque ya antes de las elecciones protagonizó un enfrentamiento con la dirección provincial del partido a cuenta de la confección de las listas electorales.

Tras aquellos comicios no asumió la portavocía del grupo municipal popular y actualmente continúa como concejala en el Ayuntamiento leonés.

Cerca de 300 personas asistieron este sábado en Mansilla de las Mulas a El Gran Concejo, una iniciativa convocada por el ILC (Instituto Leonés de Cultura) de la Diputación de León que sirvió para reivindicar y exaltar las peculiaridades del sistema jurídico por el que se rigen las juntas vecinales de la provincia. Más de 120 pedanías (apenas un 10% del total) habían confirmado su presencia en unos actos que tuvieron lugar en el Museo de los Pueblos Leoneses y una carpa anexa.

“Es misión de la administración leonesa, la Diputación, no solo defender, asegurar y velar por el mantenimiento de este sistema propio y peculiar, sino también el de divulgar su existencia, celebrar sus ritos y tradiciones y poner en contacto, periódicamente, a la mayor cantidad posible de sus representantes, de forma que puedan compartir experiencias, ideas y proyectos”, rezaba una de las conclusiones de El Gran Concejo, que se celebra por primera vez. Y lo hizo no sin polémica al criticar el PP que se convocase esta cita sin haber activado la institución provincial las ayudas a las juntas vecinales.

La cita comenzó con una primera parte institucional y didáctica para dar paso a otra más festiva e identitaria, abierta a todos los públicos, con presencia de pendones concejiles, música de tamboriteros y gaiteros, y exhibición de diversas modalidades de bolos, así como de lucha leonesa.

A la convocatoria se sumaron representantes de juntas vecinales de ambos extremos de la Montaña -desde Sosas de Laciana hasta Burón o Prioro-, del Bierzo (Suárbol, Sorbeda, Ocero, Burbia, Balboa), de la Cabrera (Forna, Pozos, Truchillas), de Cepeda y Maragatería (Zacos, Cogorderos, Santiago Millas, Oteruelo), de Omaña (Guisatecha, Villayuste), del Páramo (Villadangos, Laguna Dalga), de Valduerna y Valdería (Fresno, Calzada) y de la Tierra Llana del sureste (Malillos, Villazanzo, Cea, Mozos), así como de todas las riberas medias, Además, acudieron personas y colectivos que en estos momentos están luchando activamente por la recuperación de juntas vecinales extintas, caso de las del municipio de Boñar.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, estuvo presente en el acto. “Queremos reivindicar” dijo, “el papel de las juntas vecinales, acompañarlas y ayudarlas en todo aquello que esté en nuestra mano. Porque, cuando apoyamos una junta vecinal, no estamos simplemente financiando una obra, arreglando un camino, mejorando un espacio público o colaborando en la prestación de un servicio, estamos ayudando a que un pueblo siga teniendo futuro”. “En este mandato hemos destinado ya más de veinte millones de euros a través de los Planes de Juntas Vecinales, y tenemos previsto seguir avanzando con una nueva convocatoria que está a punto de publicarse, dotada con más de 13,6 millones de euros”, añadió.

Por su parte, el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, se felicitó por el interés que ha despertado el evento y confió en que El Gran Concejo e iniciativas similares “contribuyan a despertar y arraigar una conciencia que ya se está abriendo paso entre los leoneses de todas las comarcas”. “Por encima de las diferencias de paisaje o de acento, hay algo que nos une a todos, la existencia de una cultura comunitaria que hemos de resaltar, fortalecer, modernizar y también divulgar ante toda la sociedad”, sentenció. “Las juntas vecinales se han de enfrentar, hoy, a múltiples retos y desafíos, no cabe duda, pero un paso importante a la hora de afrontarlos es el de que toda la sociedad leonesa se sienta orgullosa de que en este territorio se hayan mantenido hasta nuestros días unas prácticas, unos usos y unas instituciones desaparecidas de la mayoría del país y de Europa hace siglos”, agregó.

De las 1.406 poblaciones con las que cuenta la provincia, 1.226 son entidades locales menores, el 33% de todas las de España. La junta vecinal es aún más característica de León en comparación con territorios próximos: en la provincia de Ourense solo hay una entidad local menor; en Lugo, ninguna; en la de Valladolid, nueve.

En el acto oficial de apertura, y de un modo simbólico, se realizó el tradicional “toque a concejo” con las campanas empleadas para uno de los talleres didácticos más populares de los ofertados por el Museo de los Pueblos, el del lenguaje de las campanas, con presencia de pendones concejiles y música de tamboritero de flauta y tamborín.

Una autopista leonesa sí pero la otra no. El Parlamento de Castilla y León ha aprobado hoy una iniciativa, a propuesta del Partido Popular (PP) en la que exige al Gobierno central el fin del peaje en la autopista León-Asturias, AP-66, pero no que se acabe el peaje en la otra que atenaza a la provincia leonesa, la León-Astorga (AP-71).

El texto aprobado, con el apoyo de sus socios de Vox en la Junta de Castilla y León, así como varios del Grupo Mixto como UPL, pero el rechazo del mayoritario en la oposición, el Grupo Socialista, también reclama que se ponga fin al pago de otra autopista que nada tiene que ver con la Comunidad, la AP-9; en Galicia. UPL planteó una enmienda que pedía incluir también entre los pagos a suprimir por completo la autopista León-Astorga, algo a lo que el Grupo Popular se negó, motivo por el que finalmente no se incluyó.

En otra parte de la proposición no de ley (PNL) que se alzó con 51 votos a favor, 29 en contra y una abstención en las Cortes de Castilla y León consiste en reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha bonificaciones a ese peaje en las restantes cuatro autopistas de la Comunidad en las condiciones que las que hace años beneficiar a los usuarios recurrentes de la León-Asturias, es decir, en la AP-51, la AP-6 con Madrid, la AP-61 y la AP-71 León-Astorga.

Por último, se recoge que de no hacerlo el Gobierno, la propia Junta de Castilla y León ponga en marcha “los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios necesarios” para ser ella la que ponga los fondos para aplicar una bonificación “mínima del 60%”, reza el acuerdo. Las condiciones para percibir esa rebaja, cuando se ponga en marcha, sería que hay que ser un conductor habitual, recurrente, con un número mínimo de viajes al mes, así como estar empadronado en algún municipio de la Comunidad.

Precisamente fue ese criterio, aparte del oportunismo electoralista, el que achacó el PSOE para defender su postura en contra de la iniciativa del PP. Un electoralismo que denota el hecho de que ese descuento del 60% ya ha sido prometido por el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco con antelación. Muy parecida postura y crítica lanzó la líder y portavoz en el Parlamento de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. Se sumó a las críticas, pero como UPL al voto favorable, el representante de Por Ávila, mientras el de Soria ya! se mostró ajeno al debate, por no haber ni siquiera una autopista en su provincia.

Defendiendo la iniciativa, la procuradora del PP por Segovia, Elena Rincón, aseguró que la Junta de Castilla y León vienen “defendiendo de forma incansable en beneficio de miles de castellanos y leoneses” su postura. Porque “esta iniciativa no habla solo de peajes: habla de cuánto cuesta vivir, trabajar y desplazarse en una Comunidad como la nuestra, donde las distancias marcan el día a día. No pedimos un trato de favor, sino igualdad, porque la equidad territorial no puede depender del código postal”, subrayó.

Recordó además que la petición de eliminación de los peajes de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66, del Huerna, se sustenta en un dictamen motivado que la Comisión Europea emitió el 17 de julio de 2025, que aprecia que las prórrogas de las concesiones vulneran el Derecho de la Unión. Obvió, eso sí, y se lo afearon los grupos de oposición, que fue precisamente el Gobierno del PP de José María Aznar quien alargó la concesión asturleonesa, de 2021 en que tenía que haber terminado hasta 2050.

UPL ha conseguido este viernes el apoyo del PSOE para que las Cortes de Castilla y León impulsen la búsqueda de una fórmula que permita a los trenes de Feve llegar de nuevo a la estación de Matallana de León, después de quince años sin servicio ferroviario en el centro de la ciudad. La proposición no de ley (PNL) presentada por el partido leonesista ha salido adelante con los votos favorables de UPL y PSOE y la abstención de PP y Vox, por lo que continuará su tramitación.

La iniciativa plantea la creación de un consorcio en el que participe la Junta de Castilla y León para asumir la gestión de la infraestructura de Adif correspondiente al tramo urbano de la antigua Feve y recuperar la llegada del tren hasta Matallana. También propone incorporar el tramo entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León.

El texto finalmente aprobado incorpora además una modificación planteada por el PP para que previamente se constituya una mesa técnica que estudie cuál es la fórmula técnica y jurídica más adecuada. UPL rechazó sustituir su propuesta por la enmienda 'popular', pero aceptó incorporar este punto a la iniciativa, lo que permitió que PP y Vox optaran finalmente por la abstención en lugar de votar en contra.

El debate volvió a poner sobre la mesa los quince años de interrupción del servicio ferroviario. El procurador de UPL Luis Mariano Santos habló de un periodo de “frustración y desesperanza” y repartió responsabilidades entre los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE por una conexión que sigue sin llegar al centro de León desde 2011.

“Pueden echarse la culpa unos a otros. La culpa es repartida”, señaló Santos, que defendió que la propuesta del consorcio no nace únicamente de UPL, sino de la Plataforma en Defensa de Feve y de la sociedad civil leonesa. “Yo vengo a hablar de una posible solución”, sostuvo, reclamando a las administraciones que se sienten juntas y busquen una salida.

PP y Vox rechazan que la Junta asuma la infraestructura

El PP compartió con UPL el objetivo de recuperar el tren hasta Matallana, pero rechazó la fórmula planteada por los leonesistas. La procuradora popular María José Álvarez defendió que “el tren tiene que volver al centro” y que debe hacerlo “sin trasbordos innecesarios y sin parches de sustituir vías por autobuses” como plantea el Ministerio de Transportes, pero consideró que trasladar a la Junta la infraestructura de Adif sería “jurídicamente inviable” y un “error político”.

Los 'populares' sostuvieron que la responsabilidad corresponde al Gobierno central y plantearon en su lugar reclamar la creación de una mesa técnica con Adif y Renfe, con participación activa de la Junta, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, para estudiar las alternativas que permitan recuperar la conexión.

La posición de Vox fue similar. Su procuradora Laura Dorreis afirmó que Feve “tiene que volver a llegar a la estación de Matallana” y reconoció su importancia para la vertebración territorial y para los habitantes de los pueblos de la línea, pero rechazó que la Junta asuma una competencia estatal. “Compartir el objetivo no significa compartir la fórmula”, resumió.

El PSOE respalda el consorcio como una “oportunidad”

El PSOE votó a favor de la propuesta. Su procurador Benjamín Fernández consideró que la creación de un consorcio puede representar “una oportunidad” para desbloquear la situación y reprochó al PP que plantee soluciones cuando no tiene las competencias y, al mismo tiempo, rechace fórmulas que requieren la participación de la Junta.

Los socialistas defendieron la importancia de la vía estrecha para la movilidad de los habitantes del norte de la provincia y destacaron su utilidad para acceder a servicios como la sanidad, la Universidad y otras gestiones cotidianas. Fernández sostuvo que la recuperación de la conexión ferroviaria “mejoraría la vida de las personas”.

Santos aprovechó su última intervención para volver a reclamar a los grupos que dejen de utilizar Feve como un enfrentamiento entre administraciones. Al PSOE le reprochó que apoye la iniciativa mientras gobierna en España y le pidió que traslade la reivindicación al ministro de Transportes, Óscar Puente. Al PP le reclamó que tenga “voz propia” más allá de los titulares y a Vox le acusó de hacer “un flaco favor al bipartidismo”.

La Plataforma de Feve lleva la reivindicación a los tribunales

La votación en las Cortes se produce, además, el mismo día en que la Plataforma en Defensa de Feve ha anunciado tres acciones judiciales para reclamar la recuperación de la conexión ferroviaria hasta el centro de León.

El colectivo sostiene que el Convenio Marco firmado en 2010, que debía culminar con la integración de Feve en la ciudad, sigue pendiente de cumplimiento y ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su supuesta inactividad. También ha presentado una querella contra un cargo de la Administración estatal y otro recurso contra el Ayuntamiento de León por su falta de colaboración en el procedimiento.

La plataforma considera que la integración ferroviaria no es un proyecto pendiente de una nueva decisión política, sino un compromiso adquirido hace 16 años que debe ejecutarse. Su portavoz, César Prieto, ha defendido que el proyecto acumula ya más de 40 millones de euros de inversión y ha recordado que han pasado quince años desde que los trenes dejaron de llegar al centro de León.

La iniciativa aprobada ahora por las Cortes no supone todavía que la Junta vaya a asumir la infraestructura, pero sí abre la puerta a estudiar esa posibilidad dentro de una fórmula de colaboración entre administraciones. La cuestión queda así de nuevo sobre la mesa política y judicial mientras la antigua Feve continúa sin recuperar su llegada a Matallana.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó hoy a la Junta una “presión real y permanente” para eliminar los peajes de las autopistas León-Asturias (AP-66) y León -Astorga (AP-71), mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enrocó en las Cortes en que lleva años reclamando al Gobierno la liberalización de estas autopistas y que la Junta pondrá en marcha algunas bonificaciones para usuarios habituales de la Comunidad.

El enfrentamiento se produjo este jueves durante una sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que la portavoz y líder de UPL, Alicia Gallego, reclamó a Mañueco una actuación más contundente ante el Gobierno de España para acabar con los peajes que afectan a las conexiones de León con Asturias y con Astorga.

Gallego recordó que UPL ha defendido de forma reiterada la liberalización de la autopista del Huerna y la León-Astorga y que dos iniciativas de la formación fueron aprobadas por unanimidad en las Cortes en 2021 y 2024. A su juicio, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han mantenido una situación que perjudica económica y demográficamente a León, mientras otras autopistas del país han quedado libres de peaje.

La procuradora leonesista puso especialmente el foco en la AP-71, al considerar “un absurdo diario” que exista una autopista de peaje con poco tráfico mientras la N-120 soporta una elevada circulación de vehículos pesados. Según defendió, esta situación incrementa el riesgo de accidentes y perjudica a las comarcas situadas en el eje León-Astorga.

Respecto a la AP-66, Gallego denunció el coste que supone atravesar la Cordillera por una autopista cuyo peaje, según recordó, debería haber desaparecido en 2021 y cuya concesión prolongó el Gobierno popular de Aznar hasta octubre de 2050.

También se sumó a las críticas de las condiciones actuales de la infraestructura, después del desprendimiento ocurrido en 2024 y las posteriores obras de modernización de los túneles, que han provocado restricciones y desvíos mientras los usuarios continúan abonando íntegramente el peaje. Asturias ha puesto en marcha una multa a Aucalsa, la empresa concesionaria, algo que Castilla y León dice no descartar pero no impulsa.

UPL reclamó además que, mientras no se produzca la liberalización definitiva, la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica que cubran íntegramente el coste de los peajes para los usuarios afectados. Gallego reclamó igualmente inspecciones y, si fuera necesario, sanciones a la concesionaria para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Mañueco insistió en la necesidad de eliminar los peajes, aunque rechazó que la Junta haya permanecido inactiva. “Ha sido constante la reclamación que le hemos hecho al Gobierno de España en la supresión de los peajes”, afirmó el presidente autonómico, que aseguró haber trasladado personalmente esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos ministros.

El presidente de la Junta aseguró además que Castilla y León ha trabajado “codo con codo” con los gobiernos de Asturias y Galicia para reclamar al Ejecutivo central que atienda el dictamen de la Unión Europea sobre los peajes. “Creo que es importante la liberalización de los peajes. En eso coincidimos y no pasa nada”, señaló Mañueco en respuesta a Gallego.

Mañueco amplió, no obstante, la reivindicación al conjunto de las autopistas de peaje que afectan a Castilla y León. “Desde Castilla y León reclamamos la supresión de los peajes, de todos los peajes, no solo de algunos peajes”, sostuvo, y citó además de las conexiones León-Asturias y León-Astorga otras vías de pago como las conexiones con Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia.

El presidente autonómico insistió en la promesa de que “vamos a trabajar para que en los presupuestos de 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación”, afirmó. Y finalmente también reclamó a UPL su propia responsabilidad política al pactar en la Diputación de León con el PSOE, como vaticinó que ocurrirá tras las próximas elecciones municipales: “Ustedes serán el sostén indudable del Partido Socialista que es quien está sosteniendo los peajes de la provincia de León y de nuestra Comunidad autónoma”, concluyó.

El Partido Popular de León ha criticado que la Diputación convoque a las más de 1.200 juntas vecinales de la provincia para la celebración del Gran Concejo, previsto este sábado 12 de septiembre en Mansilla de las Mulas, sin que todavía se haya puesto en marcha la tramitación del plan de juntas vecinales 2026-2027, que debería tener una inversión superior a los 10 millones de euros si repite el presupuesto del último plan.

El portavoz del PP en la institución provincial y alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, ha acusado al equipo de Gobierno formado por PSOE y UPL de organizar “un acto propagandístico” y ha asegurado que este tipo de iniciativas “se les dan bien” mientras que, según sostiene, existen retrasos en la gestión de las ayudas destinadas a las entidades locales menores.

Fernández ha señalado que, a su juicio, el plan bienal de juntas vecinales “ya debería estar operativo” y ha advertido de que el retraso puede provocar dificultades para que las pedanías cumplan posteriormente los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones financiadas.

El dirigente popular ha recordado además que la inversión prevista supera los 10 millones de euros, aunque no incluye las juntas vecinales del Bierzo cuya gestión está delegada en el Consejo Comarcal. A su juicio, la demora supone “perder el primer año” de una convocatoria que debería estar ya en funcionamiento.

El PP también ha trasladado sus críticas a las dificultades que afrontan las pedanías para ejecutar las obras, tanto por las restricciones que, según Fernández, establece la Diputación a la hora de plantear proyectos como por la falta de empresas disponibles para acometer pequeñas actuaciones, lo que ralentiza su desarrollo.

Fernández ha enmarcado la convocatoria del Gran Concejo en un contexto preelectoral y ha acusado al equipo de Gobierno de buscar “mostrar cercanía con las juntas vecinales con boato” pese a que, en su opinión, durante los últimos tres años “los problemas han sido más que las soluciones”.

Siete metros y medio de voladizo sobre el vacío, con sensación como si se volara, para contemplar el valle de Valdeón. El histórico mirador de Piedrashitas, en el puerto de Panderrueda, ya luce su nueva imagen después de una reforma que ha convertido la estructura de hormigón construida en 1967 en uno de los miradores más singulares de la montaña leonesa.

La intervención que acaba de concluir combina el hormigón original con acero corten y vidrio y permite asomarse al paisaje del Parque Nacional de Picos de Europa desde una plataforma suspendida sobre la ladera. Se encuentra ya ejecutado y abierto al público en uno de los entornos naturales más espectaculares de la Cordillera Cantábrica. El puerto de Panderrueda, situado a 1.450 metros de altitud, se encuentra en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en una zona sometida a distintas figuras de protección ambiental, entre ellas ZEC, ZEPA y Reserva de la Biosfera.

La actuación parte del mirador original de Piedrashitas, construido en 1967 y situado aproximadamente a medio kilómetro del puerto, en dirección noreste. La estructura sólo de hormigón, que durante décadas permitió contemplar el valle de Valdeón y el macizo central de los Picos de Europa, se ha integrado en una intervención de diseño contemporáneo que pretende mantener la identidad de la construcción original.

Sobre el hormigón de hace décadas

La principal novedad es el gran voladizo frontal de 7,50 metros, que permite al visitante avanzar sobre el vacío y obtener una perspectiva abierta del valle. A él se suma un graderío lateral pensado para una contemplación más pausada del paisaje. El acceso se realiza sobre una superficie uniforme apoyada sobre la estructura escalonada de hormigón existente.

El acero corten es el material predominante de la nueva intervención, elegido por su resistencia a las condiciones meteorológicas de la montaña y por su capacidad, según la Junta, para integrarse en el entorno. El vidrio completa el conjunto, especialmente en el extremo del voladizo principal y en parte de las barandillas.

La Junta define el resultado como una “escultura en medio de la naturaleza” y sostiene que la actuación permite recuperar un elemento arquitectónico histórico mediante una combinación de materiales que supera la separación entre naturaleza y artificio.

Una historia de retrasos

Pero detrás de la llamativa nueva imagen del mirador hay también una historia de retrasos. Piedrashitas no es una infraestructura concebida recientemente. Su origen se encuentra en el ambicioso programa turístico que la Junta de Castilla y León presentó en 2017 para impulsar los espacios naturales de la Comunidad mediante 43 infraestructuras singulares y una inversión anunciada de 26 millones de euros.

En aquella relación figuraban once actuaciones para la provincia de León. Entre ellas había nuevos miradores en los Picos de Europa, trineos en Leitariegos, pasarelas flotantes, proyectos de ocio vinculados al embalse de Riaño, un Parque de Aventuras en antiguas instalaciones mineras e incluso la recuperación del palacio de Burón. Buena parte de aquellas promesas quedaron durante años sin materializarse.

Piedrashitas fue uno de los proyectos que finalmente consiguió ser recuperado dentro de la reformulación del programa turístico y, posteriormente, beneficiarse de la financiación europea Next Generation. En 2020, la actuación reaparecía presupuestada en 159.000 euros y con un plazo de ejecución de un año.

La Junta volvió a poner el proyecto en primer plano en 2023. El entonces consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, acudió al puerto de Panderrueda para presentar in situ la reforma y anunció una inversión de 180.000 euros y su finalización para la primavera de aquel año. Aquella previsión tampoco se cumplió. La propia planificación posterior situó la ejecución varios meses más tarde. En paralelo, la inversión conjunta de los dos miradores del entorno, Piedrashitas y Riega de Hoyo, superaba los 465.000 euros, con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Así, con abundante retraso, al menos en este caso sí llega al paisaje de los Picos de Europa un nuevo recurso para incentivar el turismo. Junto a Piedrashitas, la actuación contempló también la modernización de Riega de Hoyo, en el término municipal de Posada de Valdeón. Este segundo espacio se encuentra a unos 200 metros del puerto de Panderrueda, hacia el suroeste, en un antiguo descansadero de ganado situado en un bosque de hayas desde el que se divisa el valle de Valdeón.

El nuevo Piedrashitas suma así una infraestructura turística de diseño contemporáneo a uno de los accesos paisajísticos más espectaculares de los Picos de Europa. El mirador ya es una realidad y su voladizo ofrece la imagen espectacular que justificó el proyecto. Y lo demuestra uno de los primeros vídeos que ha dado a conocer la Fundación Patrimonio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Fue un fulgurante juez antes de centrarse en una no menos meteórica carrera política. Pero el actual, y reciente, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene una posición laboral 'en excedencia' que sigue creciendo. Y aunque hace muchos años que no ejerce con la toga sino que ocupa altos cargos en el Partido Popular (PP), el leonés acaba de consolidar un nuevo puesto nada menos que en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones ha obtenido formalmente una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un destino que se convertirá en su plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial si en el futuro decide poner fin a su actividad política y regresar al ejercicio de la judicatura. Este nuevo puesto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 8 de septiembre. Se publica el resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial, resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 21 de julio y formalizado posteriormente mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio.

La resolución establece expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial por el desempeño de su cargo político, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque “continuando en la misma situación administrativa”. Es decir, que su plaza se mantiene latente, en espera, mientras sigue con su alta actividad política.

La obtención de la plaza no supone, por tanto, su salida inmediata del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco ni tampoco su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional. Mientras continúe desempeñando responsabilidades políticas y permanezca en servicios especiales, algo que ocurre desde 2012, seguirá sin ejercer funciones judiciales.

Nacido en León en 1961, Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Su vinculación profesional con León se consolidó en 1991, cuando llegó a la capital para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Muy rápido, en 2002, fue elegido juez decano, reelegido nuevamente en 2007. Entre 2004 y 2009 también formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El salto al PP que arrancó en 2012

Fue precisamente durante su etapa como juez decano cuando comenzó a adquirir una notable presencia pública y mediática, una exposición que anticipaba para muchos su posterior salto a la política. Este se produjo en enero de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno en León, en un momento especialmente conflictivo por las movilizaciones y protestas vinculadas a la crisis de la minería.

Su ascenso político fue rápido. Tras apenas unos años como subdelegado, fue ascendido a delegado del Gobierno en Castilla y León. Y finalmente en 2015 se incorporó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido entonces por Juan Vicente Herrera, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredando las dos grandes áreas que hasta entonces había dirigido el también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición, incluso en el núcleo duro' del Gobierno autonómico, de modo que sigue siendo una de las figuras de mayor continuidad institucional del Ejecutivo del PP, junto al veteranísimo consejero palentino Carlos Fernández Carriedo. Por entonces, y sólo por entonces, se había afiliado al PP.

A lo largo de más de una década en el Ejecutivo ha acumulado competencias de enorme peso, extensión y presupuesto, relacionadas con el medio ambiente, el mundo rural, las carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, la vivienda o la Protección Civil.

También ganó peso orgánico dentro del PP, hasta el punto de ser designado presidente provincial 'interino' en julio de 2015 cuando su antecesora, Ester Muñoz, fue 'fichada por Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso en julio de 2015. Quiñones sigue todavía en l cúspide provincial popular ya que no se ha producido Congreso alguno.

Los incendios y el cuestionamiento de la política forestal

Buena parte de estas materias le han situado recurrentemente en el centro del debate político y de numerosas controversias. Uno de los principales focos de crítica fue la gestión forestal y de los incendios. La crisis provocada por los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, en los que fallecieron cuatro personas, volvió a repetirse tres años después, durante el verano de 2025, el peor de la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios. En esos incendios también fallecieron otras cuatro personas y sólo en la provincia de León ardieron 135.400 hectáreas, una superficie próxima al 10% de toda la extensión forestal provincial.

Durante aquella crisis de 2025, algunas de sus declaraciones públicas contribuyeron también a aumentar la polémica. Entre ellas, la frase “tenemos la mala costumbre de comer”, con la que respondió a las críticas por encontrarse en un evento en Gijón mientras se declaraban algunos de los peores incendios de aquel mes de agosto. Su aparente desgaste político, tras no comparecer durante meses, no se tradujo en cambio alguno: Mañueco le mantuvo hasta el final del mandato y después le ha incorporado de nuevo a su Gobierno, aunque ya con otra cartera.

El lobo, la caza y los reveses en los tribunales

La política cinegética y la gestión del lobo ibérico fueron también uno de los principales focos de confrontación durante su etapa al frente de Medio Ambiente. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza del lobo incumplía la legislación comunitaria. Su defensa de la actividad cinegética y de una menor protección para la especie le enfrentó en numerosas ocasiones con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Su departamento sufrió además otros reveses judiciales, como la anulación definitiva por el Tribunal Supremo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por vulnerar los procedimientos de participación pública.

“Yo soy la Administración” y el caso Enredadera

Su nombre apareció también vinculado políticamente a la denominada trama Enredadera. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, en un caso que murió de inanición judicial, la difusión de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación generó una importante polémica política y peticiones de dimisión desde la oposición. Especial repercusión tuvo una conversación intervenida por la UDEF en la que pronunció la frase “yo soy la Administración” mientras hablaba con un conocido empresario leonés sobre una obra. El empresario fue posteriormente condenado por corrupción.

Tampoco otras situaciones como el hecho de que siendo consejero autorizara un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo era directivo, y que al mismo empresario de ese grupo le legalizara en el parque natural de Babia-Luna una vivienda, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra. Todo fue archivado por la Fiscalía y finalmente zanjado por la Comisión de Ética de Castilla y León que estudió los casos y archivó la queja abierta.

Suárez-Quiñones afronta ahora su responsabilidad política, en principio hasta el mandato que concluiría en el año 2030, al frente de la múltiple cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León. Lo hace con la seguridad y tranquilidad de que si algún día abandona su carrera política, la judicial permanece disponible, ahora con su nuevo ascenso hacia la Audiencia Nacional.

El nuevo curso político comienza en la provincia de León con las elecciones municipales de 2027 cada vez más presentes en la agenda de los principales partidos. Aunque todavía quedan meses para llegar a las urnas los principales partidos de la provincia -PP, PSOE y UPL- se ponen en marcha mediante la elección de candidaturas mientras la actualidad nacional como la crisis de Ceuta condiciona el panorama político local con manifestaciones con miles de personas.

En 2023 el PP logró convertir las elecciones autonómicas y municipales en un primer plebiscito a Pedro Sánchez, logrando un indudadable éxito electoral pero que no pudo ratificar en las posteriores Generales. A cambio logró una cuota de poder municipal y autonómica muy grande. En la provincia la resistencia del alcalde José Antonio Diez, el bastión socialista de El Bierzo y los pactos del PSOE con UPL hicieron que la Diputación de León no se tiñiera de azul, aunque los populares lograron recuperar Ponferrada.

El PP es quien más pronto ha empezado a despejar la incógnita de sus candidaturas. Desde julio está decidido que David Fernández será el candidato a alcalde de León, mientras que el actual regidor de Ponferrada, Marco Morala, optará a la reelección. Fernández, actual portavoz municipal y número dos de Margarita Torres en 2023, tendrá como objetivo recuperar para los populares una Alcaldía que ocupa el socialista José Antonio Diez desde 2019. Morala afrontará una situación diferente: defender el gobierno que consiguió en 2023 aunque no logró ser la fuerza más votada y alcanzara la Alcaldía mediante su acuerdo con Coalición por El Bierzo y el apoyo de Vox en la investidura.

Uno de los objetivos del PP es volver a gobernar la Diputación de León tras ocho años de gobiernos socialistas. Para ello es fundamental volver a recuperar poder municipal mediano. Para ello debe mantener lugares como Astorga, Valencia de Don Juan o La Bañeza y recuperar el poder en sitios como Benavides, donde ya ha lanzado tempranamente a su candidato.

Pero lo más llamativo del Partido Popular es que afronta el curso político y con toda probabilidad el electoral con una dirección interina encabezada por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el delegado de la Junta Eduardo Diego. Esta dirección llegó en julio del 2025 cuando Ester Muñoz dimitió de presidenta provincial para dedicarse por completo a sus tareas de portavoz en el Congreso de los Diputados y su situación lo más probable es que se alargue hasta después de las elecciones municipales e incluso generales.

Serán ellos, por tanto, los responsables de la elección de candidaturas después de que las del 2023 ya estuvieran elaboradas cuando estalló la crisis por la dimitió Javier Almanza como presidente del PP. Los populares buscarán evitar la crisis que tuvo cuando en la elección de diputados provinciales los afines a Almanza se impusieron de forma notoria a los señalados por la dirección provincial. Algo que puede abrir notables brechas en la elección de las candidaturas.

El PSOE presume de tener más del 70% de las candidaturas

El futuro judicial de Zapatero, con la declaración esta semana de dos exdirectivos de Plus Ultra que le implicaron y la todavía no justificación de las joyas, son un asunto que inquieta al PSOE de su tierra natal, sobre todo por la vinculación directa de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, con el expresidente. El juez José Luis Calama ha rechazado ahora el incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no se vulneraron sus derechos durante la investigación, por lo que la causa continúa adelante; el auto no admite recurso.

El PSOE de León ha aprovechado la tradicional Fiesta de la Rosa celebrada este sábado en Boñar para escenificar también el comienzo de su curso electoral. Cendón asegura que el partido tiene ya más del 70% de las candidaturas municipales cerradas y anuncia que volverá a presentar listas en los 211 ayuntamientos de la provincia, además de reforzar su presencia en las juntas vecinales.

El PSOE de León ha optado por noviembre para activar las primarias con las que elegirá sus candidatos en los tres municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia: León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. La dirección provincial escogió así la tercera de las ventanas habilitadas por el Comité Federal, después de julio y septiembre. En Ponferrada se espera que vuelva a presentarse el exalcalde y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, mientras que en San Andrés los socialistas deberán buscar un candidato con el objetivo de recuperar un histórico feudo que actualmente gobierna UPL.

La situación más particular es la de León ciudad donde el actual alcalde, José Antonio Diez, ha manifestado su intención de optar a una cuarta candidatura consecutiva tras las de 2015, 2019 y 2023. Al ser alcalde, Diez sería automáticamente candidato si expresa su voluntad de continuar y únicamente habría primarias si las solicita la mitad más uno de los más de 800 militantes de la agrupación local y, además, el Comité Federal de Listas autoriza el proceso.

Este escenario cobra especial interés por el enfrentamiento político mantenido durante los últimos meses entre Diez y el secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón y que no ha bajado de intensidad con el comienzo de curso. La presencia de José Antonio Diez en la multitudinaria manifestación de apoyo a Ceuta, que el PSOE boicoteó por considerarla partidista, ha vuelto a elevar la tensión interna con un Cendón considerando en un tuit en X que “El verdadero bochorno es que representantes públicos de nuestra ciudad acudan a legitimar el aquelarre con su presencia. Quien asiste a la cacería deja de ser neutral: se convierte en cómplice”, en velada referencia a su compañero de filas.

UPL y las primarias

El calendario es diferente en Unión del Pueblo Leonés, que afronta posiblemente las municipales más importantes de su historia reciente después del salto conseguido en 2023 donde logró el gobierno de algunos de los municipios más importantes de la provincia como San Andrés o Villaquilambre. El partido ha convocado para el 16 de septiembre su Consejo General, máximo órgano entre congresos, con la intención de aprobar el reglamento que regulará sus primarias y poner oficialmente en marcha la selección de candidatos.

La propuesta de la dirección de Alicia Gallego contempla primarias para los municipios de más de 20.000 habitantes a una única vuelta, con votación presencial, personal y secreta. Los aspirantes necesitarían avales de entre el 10% y el 20% de la militancia de cada circunscripción y tanto candidatos como votantes deberían acreditar al menos un año de militancia activa. El procedimiento estaría diseñado para completarse en apenas 21 días desde su apertura hasta la proclamación del ganador.

La principal atención estará puesta en León ciudad, donde UPL debe encontrar sustituto a Eduardo López Sendino después de los cinco concejales obtenidos en 2023. Por ahora aparecen dos nombres entre los posibles aspirantes: el concejal Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de concurrir, y su compañera Sheila Fernández, que ha dejado abierta esa posibilidad, aunque no se descartan que surjan otros nombres del leonesismo que hasta ahora no hayan tenido cargos públicos. Aproximadamente 300 militantes podrían participar en unas primarias en la capital que tendrán una importancia especial para el futuro municipal del partido.

UPL llegará a 2027 con 26 alcaldes en la provincia y después de haber conseguido 207 concejales leoneses en 2023. Gobierna municipios relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño y conserva bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. Mantener ese poder será fundamental también para conservar su actual peso en la Diputación Provincial y poder influir en quién la gobierna el próximo mandato.

Nuevos partidos

La carrera por el poder municipal también puede estar condicionada por la fecha de las elecciones generales. Pedro Sánchez ha reiterado que no habrá un 'superdomingo electoral' con las municipales dejando abierta la posibilidad de un 'adelanto técnico' antes de mayo. “O no”, matizó crípticamente el presidente del Gobierno y líder socialista.

De momento en el resto de partidos y municipios también empieza a haber movimiento. Falta por conocer las estrategias de clásicos como Coalición por El Bierzo, con Ponferrada como principal bastión, y cuál será la configuración a la izquierda del PSOE con IU en la provincia con dirección renovada y Podemos siempre latente.

Ya conocemos a estas alturas, eso sí, el nacimiento de dos nuevos partidos que han puesto su foco en las elecciones municipales. Sariegos suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos (Vipcs), un partido independiente y municipalista impulsado por Domingo García García, veterano de la política local que anteriormente pasó por las candidaturas del PSOE, Sariegos Despierta y Ciudadanos. En El Bierzo se suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Despierta Bierzo Despierta (DBD), un partido berciano y regionalista que aspira a presentar candidaturas en todos los municipios de la comarca y que cuenta con el respaldo de la organización estatal Despierta. Al frente se sitúa José Manuel Barrios, veterano de la política que ha pasado por UPL, Tercera Edad en Acción y Nueve Castilla y León.

Los diputados del Partido Popular (PP) por León Ester Muñoz y Silvia Franco y por Ourense Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, han registrado una nueva pregunta en el Congreso para conocer qué fecha prevé el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo de la autovía A-76 Ponferrada-Ourense.

La iniciativa se produce después de que haya concluido agosto sin que se haya publicado la licitación y tras el anuncio del Ministerio esta primavera asegurando que aprobaba el primer tramo, de seis kilómetros. Los parlamentarios populares plantean al Gobierno qué fecha concreta del último cuatrimestre de 2026 contempla para sacar a concurso las obras, cuyo presupuesto asciende a 126 millones de euros.

El proyecto de construcción de este primer tramo quedó aprobado definitivamente en abril de 2026. El BOE publicó el 16 de abril el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia relativo a la resolución del Ministerio por la que se aprobaba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción. El 23 de abril se publicó una corrección de errores del anuncio.

Tras completar este trámite, la licitación de las obras quedó pendiente de su convocatoria. En una respuesta registrada el 11 de junio, el Gobierno señaló que la actuación se encontraba entre las prioridades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “de acuerdo con la planificación vigente y las disponibilidades presupuestarias”, sin establecer una fecha concreta.

La pregunta registrada ahora recuerda además los distintos calendarios anunciados anteriormente para esta actuación. En febrero de 2023, el entonces secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, señaló que el Ministerio trabajaba para licitar ese mismo año las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo, con un presupuesto de 126 millones de euros, IVA incluido.

A finales de diciembre de 2023, el ministro de Transportes, Óscar Puente, situó la licitación a finales de 2024. Posteriormente, en octubre de 2025, tras una reunión con el presidente de la Diputación de León, el Ministerio volvió a señalar que el tramo, con un presupuesto de 126 millones de euros, se licitaría antes de finalizar aquel año.

Finalmente, la licitación tampoco se produjo en esos plazos y, ya en 2026, el Gobierno ha señalado que la actuación continúa entre las prioridades del Ministerio. Con agosto ya concluido y el último cuatrimestre del año en marcha, la nueva iniciativa parlamentaria reclama ahora una fecha concreta para la licitación.

El tramo Villamartín de la Abadía-Requejo forma parte de la futura autovía A-76, proyectada para conectar Ponferrada y Ourense y mejorar las comunicaciones por carretera entre el Bierzo, Valdeorras y Ourense. Su licitación supondría el paso del proyecto aprobado a la fase de contratación de las obras.

n las anteriores elecciones autonómicas de Castilla y León –no las que tuvieron lugar el presente año– una figura que cotizaba al alza en el Partido Popular, a la sazón presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, paseó su ignorancia y su descaro en uno de los mítines celebrados en la capital leonesa. Aupada por la popularidad que disfrutaba en aquel momento, se consideró lo suficientemente autorizada como para llamar paletos a todos los leoneses que albergamos la esperanza de que Nuestro León recupere el status que nunca debió perder.

Esta señorita, de zafiedad contrastada, desconoce que el Magerit árabe (Madrid) fue reconquistado por tropas leonesas de Alfonso VI o, mejor dicho, por paletos leoneses que arriesgaron su vida para que varios siglos más tarde una deslenguada con incontinencia verbal viniera a insultar a sus descendientes en su propia casa. Por suerte para ella, durante muchos años el Partido Popular, sea quien sea el candidato que vaya al frente, ha vapuleado al PSOE y a la cohorte de partidos de izquierdas que han disputado el trono de la comunidad madrileña.

Alberto Ruíz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora Isaabel Diaz Ayuso, han pasado por encima de un Partido Socialista que no ha podido cometer más torpezas en la capital de España, empezando por la prepotencia del PSOE, pasando por la ambigüedad ideológica de Joaquín Leguina o el hurto de cartera perpetrado por Esperanza Aguirre cuando, con el Tamayazo, descabalgó a un flojo Simancas que había ganado las elecciones. Ni siquiera el latrocinio de cremas perpetrado por Cristina Cifuentes en unos grandes almacenes o los casos de corrupción de diputados populares sirvieron para que a los socialistas se les abrieran las puertas de la Real Casa de Correos, sede del gobierno madrileño.

Lo cierto es que desde hace siete años esta lenguaraz damisela rige los destinos de casi la séptima parte de la población española, esa que se apiña en un colmenar castellano como es Madrid. “Madrid es España” dijo en una ocasión esta niña bien con aires de chulapa y soberbia de manola. Esta criatura se ha visto rodeada de un aura de imbatibilidad que la ha catapultado a un status muy por encima de su valía real. Hay una amnesia interesada para olvidar que esta pobre chica fue la encargada de gestionar las redes sociales de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, ideóloga del proyecto Ayuso juntamente con Aznar.

Ayuso es un personaje vulgar que goza de la aprobación de no pocos caballeros que homologan su sex appeal con la capacidad para regir, llegado el caso, los destinos de toda España. Al haber estado amparada por una maquinaria electoral tan eficiente como es la del Partido Popular, sus incongruencias se tuvieron por gracias siendo un personaje mediocre, tan mediocre que sus discursos están supervisados por el pucelano Miguel Ángel Rodríguez. Prueba de ello es que hace sus primeras intervenciones en sede parlamentaria con un papel donde lleva el guion escrito. Después, en las réplicas, se dedica a descalificar y ridiculizar a sus adversarios por carecer de recursos propios. Es curioso en toda una licenciada en periodismo.

En sus actos públicos, alejada de la batuta del mencionado pucelano, procede al histrionismo con balanceos de cabeza, nistagmos continuados de ojos, expresión libidinosa unas veces y forzada teatralización de niña desvalida otras, persiguiendo despertar instinto paternal de su audiencia. Su exaltación de la vida cortesana de Madrid, incitando al hedonismo y la ‘vampirización’ del resto del país, la hace congraciarse con parte del pueblo llano, pero sobre todo con los poderes fácticos de grandes fortunas y notables con residencia en la corte y villa.

Intangible, Ayuso no vaciló en defenestrar a un prospecto de presidente de su partido, como era Pablo Casado. La manifestación de la más rancia plutocracia de Madrid animándola a decapitar al pobre novicio es el epítome de la miseria que pueden llegar a alcanzar los conservadores pata negra. Pero la suerte es caprichosa y en su rol mitad viuda de torero, mitad mujer racial española, ve como su estrella rutilante parece comenzar a palidecer y todo ello motivado por el cúmulo de errores cometidos y su escasa coherencia: Viaje de campanillas a México, defensa a ultranza de una pareja sentimental de dudosa higiene fiscal, vida regalada y deseos de áticos de lujo que se quieren hacer pasar por oficinas. ¿Oficinas en un ático?

Así es que, para la plana mayor de Alberto Feijoo, un advenedizo de provincias con ínfulas presidenciales, su particular niña del exorcista empieza a resultar onerosa y ominosa a un tiempo. Por si fuera poco, sus mal encubiertas veleidades por llegar a ser algún día la primera dama en el gobierno en España y la inquietante ejecución de Pablo Casado, hacen que, pese a los buenos oficios de Esperanza Aguirre, José María Aznar y el comisario político Miguel Ángel Rodríguez, suponga ya pesada carga para esta nueva hornada de políticos conservadores que notan en la nuca el aliento de Vox y precisan de caminos expeditos y sin abrojos.

El próximo año, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene cita con las urnas, acompañada de elecciones municipales y quien sabe si también generales. Niña Isabel ten cuidado, donde hay pasión hay pecado. ¡Pobre! Ahora que tenía el arrope de un público entregado, ahora que tenía a tiro de piedra tentar la suerte de ocupar la Moncloa, el fuego amigo amenaza con destronarla. ¡Qué suerte la de Oscar López! El ministro llamado a contender con Ayuso con escasas posibilidades de no mediar marejada en las filas populares. Un Oscar López que, junto con Cesar Luena y Antonio Hernando repudiaron al actual presidente de gobierno –¡Qué cuajo el de Sánchez!– cuando pugnaba por no ser laminado por el aparato del PSOE.

Isabel Ayuso es locuaz vendedora de humo con manchas difíciles de borrar como los siete mil fallecidos cuando la COVID-19, enfermedad de la que afirmó, en el colmo de su agudeza, que era un virus que se llamaba Covi y que se escribía COVID, con ‘d’ porque había aparecido en diciembre y la inicial de este mes es esa letra. Los siete mil ancianos muertos en las residencias no le pasaron factura. De la bolsa de pobreza en la Cañada Real, cerquita del centro, mejor ni hablar. Llega con que la gente bien y los indocumentados le otorguen sus favores.

¡Despechada niña Isabel, némesis del progresismo de pandereta, que amarga puede tornarse la vida! Dándotelas de jamón de Jabugo todo apunta a que te quedarás en paleta ibérica. ¡Si al menos hubieras sido capaz de gestionar los incendios en tu comunidad y no tener que pedir ayuda a tu enemigo íntimo!

Pero ni eso. En fin, esperemos que te siga gustando la fruta. ¡Y chao pescao!

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

El creciente municipio de Sariegos, uno de los más importantes del entorno urbano de la capital leonesa, se sube otra vez al carro de la efervescencia de las aventuras políticas independientes. Lo hará con la vista puesta en el nuevo reparto del 'poder' local que depararán las elecciones autonómicas que han de convocarse y celebrarse en la primavera del año 2027, cuando concluya el actual mandato.

Se trata del nacimiento de un nuevo partido político de siglas que ya dejan clara, tras su propio nombre, parte de su ideología: Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos. Una formación de nuevo cuño que ILEÓN ha comprobado que se acaba de registrar este mismo verano, a comienzos del mes de julio, y que tiene su sede y su principal espectro electoral en la localidad de Carbajal de la Legua.

El nombre y la aventura electoral son nuevos. Pero no lo son tanto algunos de sus inspiradores, integrantes e impulsores. Ocurre especialmente con la persona que ha inscrito a esta formación, con las iglas Vipcs, que no es otra que Domingo García García. Se trata de un curtido político de ya dilatada trayectoria dentro del municipio de Sariegos, que ha formado parte pero sobre todo encabezado ya diferentes aventuras casi durante las dos últimas décadas, y que a pesar de su edad, rozando los 70 años, seguirá intentando obtener un acta de concejal. Un acta que ya ostentó tiempo atrás, cuando formó parte de la candidatura del PSOE, y que incluso en una ocasión le llevó a formar parte del equipo de Gobierno con Sariegos Despierta.

De entonces hasta ahora, García ha formado parte también de alguna de las fases electorales de los independientes Sariegos Despierta. Por último, apareció en listas, y de hecho como cabeza de cartel, cuando se presentó en 2019 la candidatura de Ciudadanos.

Básica web y programa

A falta de que oficialmente se registre la futura lista municipal del partido de nuevo cuño, el veterano político -detrás también de la Asociación Vecinal Los Perucos- intentará obtener un papel preponderante en las elecciones locales de 2027, algo que el propio Domingo García ha confirmado a este medio, con unos trámites que “no son fáciles pero ahí andamos”. Su nombre aparece el primero en la rudimentaria web oficial ya impulsada, junto a otros nombres como Elsa Martínez Suárez o Jesús Santos Santamarta.

En su ideario, resaltan ser un nuevo proyecto político de carácter independiente y municipalista, surgido “desde los propios vecinos” y muy centrado en las necesidades del pueblo de Carbajal, donde la población se ha multiplicado debido, entre otras cosas, a las muchas urbanizaciones construidas en los últimos tiempos. García remarca que la localidad suma “diez sectores (urbanísticos) con plan parcial” que suman “tres millones de metros cuadrados urbanizables”, es decir, construibles y “que pagan el IBI”, lo cual “da para 3.000 viviendas posibles”, cuantifica. Eso, de impulsarse a este nivel, generaría un problema con el abastecimiento de agua, cuya garantía forma parte importante de su incipiente programa.

Como siempre ocurre en las formaciones independientes, su filosofía remarca también una política alejada de intereses partidistas, reforzar los servicios públicos, mejorar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible del entorno. También el refuerzo de la seguridad vecinal, mediante medidas de prevención, coordinación con las fuerzas de seguridad y una mejora de la iluminación y mantenimiento de los espacios públicos, así como la mejora de las infraestructuras y las calles.

La gran victoria de UPL y lo que depara 2027

Así, Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos aspira a hacerse un hueco en una Corporación municipal que en la presente legislatura ha conseguido atomizarse como casi nunca, con representación sólo de cuatro formaciones y con un mandato claro y abrumador a favor de Unión del Pueblo Leonés, después de muchos años de cambios constantes en la Alcaldía y todo tipo de pactos.

No en vano, UPL en el presente mandato consiguió ocho de las 13 actas de concejal, que otorgaron una muy holgada mayoría absoluta al actual alcalde, Roberto Aller, que había empuñado el bastón de mando en 2017 como cuarto regidor de aquel convulso período. Pero el tiempo, la gestión y las siguientes elecciones le han afianzando con mucha fuerza. Frente a los ocho ediles leonesistas, dos concejales son hoy del Partido Popular (PP), otros dos del PSOE y uno más de Vox.

La duda es si el nuevo partido independiente recién creado pero con un viejo conocido al frente primero obtendrá suficiente respaldo en la suma del municipio, formado por cuatro pueblos, para conseguir entrar en la Corporación. Y segundo, si los votos que coseche serían a costa de hipotéticos apoyos leonesistas o bien podrían debilitar precisamente a las demás formaciones políticas y dividir más que sumar.

Más de 4.000 personas participan en la concentración convocada en la capital de la provincia de León por una asociación historicista leonesa “en apoyo a Ceuta”, tras la crisis migratoria. La multitud se agrupa en la Plaza San Marcelo, frente al Ayuntamiento, portando en su mayoría banderas de España y de Ceuta.

El Ayuntamiento de León no ha convocado esta concentración, aunque el alcalde socialista, José Antonio Diez, participa en ella, ya que entendía que “había sido convocada por la sociedad civil”. A él se han sumado otros representantes políticos como el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) o el consejero Suárez-Quiñones (PP). También han participado otros miembros de la corporación del PSOE en el Ayuntamiento de León como Vicente Canuria.

Mientras el alcalde de la capital leonesa atendía a la prensa se han escuchado gritos de insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como algunos reproches a los profesionales que cubren la noticia para diferentes medios de comunicación. “Todo el mundo sabe quién soy y que trato de estar del lado de los ciudadanos, que para eso me han elegido”, ha declarado Diez.

Respecto a la entrega en la Audiencia Nacional, sin conocimiento del Gobierno, de un supuesto informe elaborado por la Policía que señala a Marruecos como coordinador de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma, el alcalde ha reconocido no haber leído dicho informe, aunque muestra su preocupación de ser cierto su contenido: “Es un poco extraño que pueda haber un informe de la policía que no pase por el Gobierno, es gravísimo. Si es cierto, no estamos hablando de una crisis migratoria, sino de una invasión en toda regla”.

Además de la concentración de la ciudad de León, había convocadas otras manifestaciones en diferentes puntos de la provincia como Ponferrada, a la que acudieron sobre 4.000 personas en la plaza del Ayuntamiento de la capital berciana. Por otro lado, decenas de personas también han secundado la protesta en La Bañeza y otros municipios leoneses.

La crisis migratoria de Ceuta tendrá su eco en la provincia de León este miércoles, 2 de septiembre, fecha en la que están convocados actos en apoyo de la ciudad autónoma tras la llegada el pasado 31 de julio de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. La participación en las concentraciones, lanzadas bajo el paraguas de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) no sin polémica y de diversos colectivos, deja lecturas políticas como el hecho de que el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, haya anunciado su presencia en una cita desacreditada por su partido. No habrá movilización frente al Ayuntamiento de Villaquilambre, donde el PSOE gobierna junto a la Unión del Pueblo Leonés, que en San Andrés del Rabanedo sí arropa esta convocatoria, que tendrá lugar en la explanada frente al Consistorio.

No ha pasado desapercibido el apoyo de José Antonio Diez, que dice responder a la convocatoria realizada “desde la propia sociedad civil” (en la capital leonesa la Asociación Cultural Héroes de Cavite organiza una concentración en la plaza de San Marcelo, junto a Botines, a las 20.00 horas, mismo horario elegido por la FEMP para sus convocatorias frente a los ayuntamientos). Enfrentado sonoramente a la dirección provincial del PSOE y con escasa sintonía con estructuras superiores del partido, Diez dio este lunes tres argumentos para participar en un acto contestado desde Ferraz.

“Creo que no hago nada extraño con estar presente y apoyar evidentemente al pueblo ceutí”, expuso en primer lugar el alcalde de la capital leonesa. “Creo que también es importante (el acto) porque es una defensa de nuestra soberanía nacional, de la importancia que tienen nuestras fronteras”, añadió para citar una tercera razón al referirse a “todo lo que tiene que ver con el tema humanitario tan duro y tan difícil que se está viviendo ahora mismo en Ceuta”.

Diez aludió a Naciones Unidas para avalar los derechos que amparan a los migrantes llegados a Ceuta. “Hay que alejarse”, contrapuso, “del partidismo que refrendan o que hacen algunos partidos políticos, y lo que hay que demostrar es una altura de Estado. Estas son cuestiones de Estado y, por lo tanto, los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos de Estado en esta materia y no buscar ventajismo político”. El PP en el Ayutamiento de León ha animado a participar en la concentración convocada por la FEMP, que tendrá lugar en la plaza de San Marcelo.

Villaquilambre, cuarto ayuntamiento en población de la provincia de León, se desmarca de la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera y senadora del PP, María José García-Pelayo Jurado, mientras que el PSOE ha tachado las movilizaciones de “concentraciones contra (Pedro) Sánchez”. Fuentes municipales de Villaquilambre confirman que no habrá acto frente a la Casa Consistorial. PSOE y UPL pactaron en 2023 repartirse el mandato: hasta mitad de 2025 fue alcalde el socialista Jorge Pérez y hasta 2027 lo será el leonesista Vicente Álvarez.

Precisamente una leonesista, Ana María Caurel, es la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, que sí se suma a las concentraciones convocadas por la FEMP, según ratifican fuentes del tercer municipio de la provincia. El segundo, Ponferrada, gobernado por el Partido Popular y Coalición por El Bierzo, mostrará su apoyo a Ceuta. Astorga y La Bañeza, también con alcaldes del PP, respaldan la convocatoria.

La contestación política a estas concentraciones va más allá del PSOE. Y es que Podemos Castilla y León ve “racismo subyacente” en la convocatoria, al tiempo que pide que “la solidaridad con el pueblo de Ceuta se aborde desde la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas migrantes”. Izquierda Unida en El Bierzo también se ha mostrado en contra por tachar las movilizaciones de “una instrumentalización insolidaria” del PP. Para la coalición, las soluciones a la crisis actual deben estar “basadas en la fraternidad internacionalista y los derechos humanos”.

La convocatoria coincide con la celebración, el 2 de septiembre, del Día de Ceuta, además de llegar en vísperas de la comparecencia extraordinaria para hablar sobre este asunto en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya ha dicho no tener “ninguna información” que responsabilice a Marruecos de la crisis fronteriza.

El Partido Popular ya tiene candidato a la Alcaldía de Benavides de Órbigo para las próximas elecciones municipales. Los populares han presentado este viernes a José Martínez Delgado, ingeniero industrial de 33 años, como cabeza de lista con el objetivo de recuperar un Ayuntamiento que actualmente está en manos del PSOE desde hace dos legislaturas con la alcaldesa Esperanza Marcos.

La presentación tuvo lugar en la plaza del Conde Luna de Benavides ante, según los datos facilitados por el partido, más de un centenar de simpatizantes. El secretario provincial interino del PP, Eduardo Diego, aseguró que el objetivo de la candidatura es “devolver a Benavides de Órbigo el sitio que siempre ocupó” y atribuyó la situación actual del municipio a la “incapacidad de gestión” del gobierno socialista.

El PP presenta el relevo como una decisión consensuada entre la dirección provincial provisioonal, encabezada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la organización local. Al acto acudieron los anteriores candidatos populares en el municipio, incluida Ana Rosa Sopeña, que fue alcaldesa durante 24 años. Para Eduardo Diego, la nueva candidatura pretende abrir una etapa basada en “escuchar más, trabajar con cercanía y recuperar las ganas de hacer cosas”.

Martínez representa la apuesta del partido por un relevo generacional en Benavides. Ingeniero industrial de formación, ha desarrollado su trayectoria profesional en una multinacional del sector eléctrico y ha trabajado y residido en ciudades como Barcelona, Sevilla y Madrid. Posteriormente decidió continuar su carrera profesional en Benavides y apostar por vivir en el medio rural.

El candidato asegura haber dado el paso por “el cariño por mi municipio y la preocupación por la situación que atraviesan hoy los seis pueblos que lo conforman”. Su objetivo, afirma, será “devolver la ilusión y el futuro” a Benavides y al resto de localidades del municipio. El PP sostiene que durante los últimos ocho años se ha producido un retroceso en servicios y calidad de vida y critica la ausencia de proyectos capaces de impulsar el municipio, valoraciones que corresponden al propio partido.

Martínez destaca también su participación en la vida social de Benavides, con su colaboración en actividades relacionadas con el fútbol, la Semana Santa o la Navidad, entre otras iniciativas locales. De cara a las elecciones, plantea construir un “proyecto abierto a todos los que quieran sumar, piensen como piensen” y sostiene que el municipio necesita “más trabajo y ambición” para afrontar su futuro.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.