León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha jurado este jueves por tercera vez su cargo en el hemiciclo de las Cortes, donde se ha propuesto “ilusionar” a esta Comunidad y hacerlo desde una “vocación humanista”, inspirada por el papa León XIV. “Una política que no ilusione no sirve de nada”, ha reflexionado un emocionado Mañueco en su discurso de toma de posesión, en el que ha reconocido que la colaboración, el diálogo y la concordia social que defiende el papa estos días sirven también al bien común y a “recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia”.

También el clave religiosa, el presidente ha confesado que en este acto institucional ha portado consigo una cruz que le regalaron las Madres Carmelitas del Convento de la Encarnación de Ávila, vinculado a Santa Teresa de Jesús, a quien ha citado para compartir que “para acertar es menester andar con gran determinación y no parar aunque vengan sequedades, trabajos y tentaciones, porque todo se pasa”.

“Desde esta vocación de trabajo asumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad”, ha añadido Mañueco, sin referencias expresas al contenido del pacto alcanzado entre el PP y Vox, más allá del agradecimiento reiterado hacia el que será su vicepresidente primero en el Ejecutivo autonómico, Carlos Pollán (Vox), a quien ha concitado para “la apasionante tarea” que les aguarda.

“Ilusión” junto a “pasión”

El presidente ha ofrecido “respuestas eficaces” a los problemas que esperan solución, “ilusión” para poner su “pasión” por esta tierra como fuente de “capacidad de trabajo y dedicación” y “responsabilidad para cumplir puntualmente un programa de gobierno” del que ha dicho que cuenta con un “gran respaldo parlamentario”.

Con referencias a los jóvenes, los mayores, los emprendedores, los autónomos, agricultores y ganaderos, trabajadores, empleados públicos y estudiantes, entre otros colectivos, Mañueco ha restado importancia a las “grandes palabras” o los “principios hermosos”, sino a su propósito de conseguir “la transformación real que supone la política cercana y tangible”.

“Es la política que no genera ruido ni confrontación estéril sino que da frutos y cumple su deber, la que convierte la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales”, ha argumentado, convencido del valor de la política que “oye, actúa y une, la que cunde”.

Con una referencia a la obra de Julián Marías, Mañueco ha apelado a la “voluntad de ser mejor”, porque no se trata de “ser mejor que los demás”, sino “ser lo mejor posible”, convencido de que Castilla y León “no necesita reinventarse”, sino “solo creer en sí misma”.

El presidente ha llamado también a la tarea diaria a la que están convocados “todos”, porque esta Comunidad “no es obra o patrimonio de nadie”, sino que requiere de la “participación activa” de la sociedad y de los partidos políticos.

“Hoy elegimos avanzar hacia ese mañana que se construye con las manos desde el corazón, en una Castilla y León que cree, que actúa, que está en vanguardia, que mantiene hacia el futuro su liderazgo histórico en España”, ha concluido.

Invitados renombrados

Mañueco ha estado arropado por unos 300 invitados en las Cortes de Castilla y León, entre otros el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos de Asturias, Adrián Barbón; Galicia, Alfonso Rueda; de Aragón, Jorge Azcón; de Extremadura, María Guardiola; y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y los expresidentes de la Junta Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, junto a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría han sido otros de los asistentes a este acto institucional desarrollado en el hemiciclo del Parlamento autonómico.

El candidato a presidir por tercera vez la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado este martes en la sesión de investidura por dos veces al líder socialista Carlos Martínez que no pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco ha interpelido a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

El que será presidente por tercera y última vez gracias al pacto de PP y Vox insistió “Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Mañueco ha cuestionado también al líder socialista por unas declaraciones pasadas en que se preguntó si no estarían mejor los sorianos en La Rioja o Aragón. “Yo sí creo en Castilla y León, yo sí tengo un proyecto para esta comunidad, yo sí tengo la visión de futuro para nuestra tierra, que esté entre las mejores de nuestro país”.

El líder socialista no ha podido responder a Mañueco ya que no tenía ya turno de réplica al producirse el reproche al final de las casi dos horas de debate entre los dirigentes de PP y PSOE en un tono bastante áspero y que ha sido su primer enfrentamiento en el hemiciclo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ya es de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León tras recibir el voto favorable de 47 de los 82 procuradores de las Cortes autonómicas, de PP y Vox. Es la tercera ocasión en que el salmantino alcanza la confianza de la cámara legislativa tras 2019 y 2022. Y será la última vez ya que la Ley autonómica impide más de ocho años en la Presidencia de la Junta, que cumple el año que viene, aunque podrá terminar la legislatura en vigor.

Por la mañana el entonces candidato a presidir la Junta de Castilla y León ha desgranado su programa de gobierno de coalición de PP y Vox en la sesión de investidura que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid. Mañueco ha tomado la palabra en la sesión de la mañana para defender el segundo pacto de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León tras el primero de 2022, que acabó abruptamente dos años después.

El presidente en funciones, en el cargo desde el 2019, ha agradecido a Vox su voluntad de pacto tras las elecciones del pasado mes de marzo, “Quiero expresar a este partido, a través de Carlos Pollán, todo mi reconocimiento por su voluntad de llegar a un acuerdo firme y viable”. Pero ha recordado que “somos dos partidos distintos, con las posiciones que los castellanos y leoneses conocen sobradamente”. El leonés Carlos Pollán, será el futuro vicepresidente del gobierno de coalición, tras el reparto de cargos efectuado por ambos partidos.

Mañueco ha explicado que habrá dos pilares en la acción del próximo gobierno: “El primero es seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora” y “El segundo, consolidarla como una tierra atractiva para vivir y trabajar”. Además ha dejado ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, “Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”. “Por eso, si esta Cámara me otorga su confianza, quiero contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política”, ha aseverado.

'Prioridad nacional'

El candidato ha defendido la 'prioridad nacional' firmada con la extrema derecha de Vox, que él entiendo como “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”. Según Mañueco “Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender”, que defiende que es que “quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León” bajo el acatamiento de la Ley, prestando de manera general los servicios públicos esenciales y “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad”.

En su visión “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso”.

Mañueco ha hablado en su discurso de dos de los temas que más rechazo ideológico generan a Vox: Mercosur y el Pacto Verde europeo. Sobre el paco de comercio con el bloque latinoamericano ha asegurado que, pese que el PP en el Parlamento Europeo lo apoyó, “expresamos nuestro rechazo al acuerdo con Mercosur mientras no garantice la igualdad de condiciones con los productores castellanos y leoneses”. Y sobre el Pacto Verde , impulsado por el PP europeo de Ursula Von der Layen, ha señalado que “vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”.

Mañueco presume de repunte poblacional

El presidente autonómico ha presumido del crecimiento poblacional de Castilla y León, “invirtiendo una tendencia de pérdida continuada durante mucho tiempo” pero que es desigual entre provincias con León y Zamora como las más rezagadas. Ha destacado que este incremento es posibles “debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”, pese al pacto firmado con Vox con medidas contra los migrantes como limitar su asistencia sanitaria.

Ha desgranado medidas como ayudas al alquiler, incrementar un 80% la inversión en políticas de vivienda o facilitar el acceso a una hipoteca mediante avales públicos y desgravaciones, actuaciones que “seguirán teniendo el gran objetivo estratégico de corregir los desequilibrios demográficos de nuestra Comunidad”.

Incendios

En materia de incendios Mañueco ha defendido un incremento de “la superficie forestal y elaboraremos un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León” buscando “conservar y aprovechar mejor nuestros bosques, garantizar el abastecimiento de la industria forestal y conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios”.

Pese a la grave situación del verano pasado con decenas de miles de hectáreas arrasadas Mañueco ha defendido que “Continuamos mejorando el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia” y que “Todo nuestro personal laboral y funcionario trabaja ya todo el año, tal y como comprometimos”, cosa que desmienten los sindicatos en el inicio de la actual campaña.

“Quiero una Comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida. Quiero, en fin, una Castilla y León orgullosa de su historia y proyectada al futuro”, ha defendido.

Para finalizar su discurso Mañueco ha señalado “Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma: Modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad, mirando al futuro sin perder sus raíces. Siendo creadores”. Y ha citado al escritor leonés Luis Mateo Díez, “son los que saben impulsar la herencia como motor de la renovación”.

Reproches oposición

En el turno de tarde han llegado las intervenciones del resto de partidos con representación, con el estreno de Carlos Martínez como líder de la bancada socialista. Un largo y abrupto enfrentamiento en el que el portavoz socialista en las Cortes acusó a Alfonso Fernández Mañueco de asumir el marco ideológico de Vox y sostuvo que los verdaderos problemas de la Comunidad no son “el feminismo, los inmigrantes ni la Agenda 2030”, sino la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades que obligan a muchos jóvenes a marcharse. Durante su intervención en el debate de investidura, el líder del PSOE defendió una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos y la reindustrialización, y reprochó al candidato del PP que su discurso fuera “la transcripción” de las condiciones impuestas por Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco recurrió al debate identitario sobre el nombre de la Comunidad para atacar al líder socialista, Carlos Martínez, durante el debate de investidura. El candidato del PP reprochó al secretario autonómico del PSOE sus anteriores referencias a “Castilla-León” y llegó a pedirle desde la tribuna que repitiera “Castilla y León”, acusándole de frivolizar con una cuestión importante y de no tener claro su proyecto para la Comunidad. Mañueco también recordó unas declaraciones en las que Martínez planteó si Soria podría estar mejor integrada en otras autonomías, reivindicando frente a ello su defensa de Castilla y León. El dirigente socialista no pudo responder a estas acusaciones al haberse agotado su turno de réplica.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, cargó contra el acuerdo entre PP y Vox, al que calificó como un mero “reparto de unas sillas y poco más”, impulsado desde Madrid por las direcciones nacionales de ambos partidos. La formación leonesista considera que el pacto es un “copia y pega” de los alcanzados en otras comunidades y denuncia que no ofrece respuestas a los problemas de León, Zamora y Salamanca, al no incluir inversiones ni compromisos concretos para la Región Leonesa. Además, criticó que los presupuestos autonómicos se pospongan hasta 2027, lo que supondría prolongar otro año la ausencia de nuevas cuentas.

Vox presume de pacto

Por su parte, el líder de Vox y futuro vicepresidente, Carlos Pollán, defendió el acuerdo con el PP como una herramienta para garantizar la estabilidad política durante toda la legislatura y aplicar medidas como la denominada 'prioridad nacional', el apoyo al medio rural, la bajada de impuestos y el endurecimiento de las políticas migratorias. La formación considera que el pacto permitirá desarrollar un programa basado en la defensa de las familias, el sector primario y los pequeños municipios, además de reforzar su presencia en el Gobierno autonómico.

La portavoz del PP, Leticia García, finalizó las intervenciones asegurando que el acuerdo alcanzado “no es una rendición sino todo lo contrario” que muestra que dos partidos diferentes pueden alcanzar un acuerdo cuando anteponen a los ciudadanos a sus intereses. El PP aseguró que el pacto deja a Castilla y León “libre de sanchismo”.

Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.

PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.

La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.

El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.

La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.

El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.

Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.

Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.

El Partido Popular reclama a la Diputación de León que “aclare” la denuncia que habrían presentado en los juzgados las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras por no haberle actualizado los precios desde 2017 hasta la firma del actual contrato, suscrito en 2023.

Según el PP, esta discrepancia supondría que la institución provincial tenga que abonar la diferencia por el aumento de los precios desde 2017 acentuado por la Guerra de Ucrania así como los intereses de demora en caso de que la Justicia dé la razón a las empresas adjudicatarias.

Las compañías, afirman los populares, ya habían reclamado a la institución provincial esa adecuación de los precios al momento amparándose en el pliego aprobado en 2015 que contempla, a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, una revisión de precios “en la parte de obra” y del decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el Gobierno en el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras a raíz de la Guerra de Ucrania.

Sin embargo, la reclamación fue rechazada por la Diputación, asegura el PP, con el argumento de que el contrato original no contemplaba la revisión de precios. Los populares precisan que en el momento de reclamación estaba prorrogado hasta la licitación y adjudicación de un nuevo acuerdo para la conservación de la red provincial de carreteras.

La Diputación adjudicó en el año 2015, gobernada la institución por el PP, un contrato de mantenimiento de las carreteras de la red provincial en dos lotes, correspondientes a la zona occidental y oriental, por un importe de 1,5 millones de euros anuales en cada sector. Este contrato tenía una vigencia de dos años con prórroga máxima de dos años hasta 2019.

Ahora desde la oposición, el Partido Popular señala que el anterior equipo de Gobierno del PSOE y UPL prorrogó sucesivamente el contrato “sin soporte contractual” durante casi todo el mandato con pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito y no licitó el nuevo contrato hasta 2021, aunque este primer intento se paralizó porque Ineco, la consultora pública dependiente del MInisterio de Transportes, no asumió la valoración de las ofertas y tuvo que volver a convocarse el concurso.

El nuevo contrato, concluyen los populares, se adjudicó tras varios meses de procedimiento administrativo en el año 2023, que es el actualmente vigente, con un incremento de la dotación de 3 millones de euros anuales para cada uno de los dos sectores.

El actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL ha anunciado recientemente que privatizará la Oficina de Expropiaciones llamada a desbloquear proyectos de arreglos de viales.

La exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada Nevenka Fernández, la primera mujer política víctima en España de un caso que acabó con la condena por acoso sexual de un alcalde, Ismael Álvarez, reaparecerá en la capital berciana en un acto público. Y lo hará compartiendo mesa redonda con la entonces portavoz socialista en la oposición, Charo Velasco, quien se significó en su apoyo. Será en el marco de la jornada Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación, una cita organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) en La Térmica Cultural con la presencia en la inauguración de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El encuentro se celebrará el 20 de junio en La Térmica Cultural y reunirá a expertos del ámbito jurídico, académico, social, cultural y de la comunicación para reflexionar sobre las estructuras de poder, el impacto del machismo en la vida pública y los mecanismos de reparación y avance hacia la igualdad efectiva, ha informado el Ciuden.

Entre las mesas previstas destaca El patriarcado institucional: machismo en la vida pública, con la participación de Miguel Lorente Acosta, la jurista Itziar Gómez Fernández y la jueza María Gavilán Rubio, bajo la moderación de la periodista corresponsal de Género de El País, Isabel Valdés Isabel Valdés.

A continuación, se celebrará la sesión Acoso y violencia machista en la vida pública social, centrada en medios, entornos digitales y cultura, con la intervención de la socióloga Elisa García-Mingo, el representante de la Red de Hombres por la Igualdad Hilario Sáez y la artista Yolanda Domínguez, moderados por la redactora jefa de Género de elDiario.es, Ana Requena Aguilar.

El momento central llegará a las 12.30 horas con la apertura institucional de las ministras Sara Aagesen y Ana Redondo, seguida de la mesa Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación, en la que participará Nevenka Fernández junto a Charo Velasco, que era concejala del PSOE en la oposición en el momento en la que se produjo la denuncia, bajo la moderación de la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo. La jornada concluirá con la inauguración de un mural de la ilustradora Mercedes deBellard.

La asistencia será gratuita hasta completar aforo, con reserva previa a través de la web de La Térmica Cultural. Desde Ciuden destacan que el objetivo del encuentro es fomentar la sensibilización frente a las violencias machistas y promover espacios de diálogo para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Hace menos de 24 horas, la Junta de Castilla y León, por boca de su portavoz, el consejero Carlos Fernández Carriedo, fue tajante al señalar que la culpa de que el nuevo grado de Medicina no se vaya a impartir en el campus de Ponferrada correspondía exclusivamente a la Universidad de León. El representante del Ejecutivo en funciones, del Partido Popular (PP), lo vino a manifestar literalmente de dos maneras: por un lado, señalando que la polémica decisión de que la Facultad de Medicina sólo estuviera en campus leonés de Vegazana se enmarcaba “dentro de la autonomía universitaria”; y por otro, garantizando que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política” para vetar a la capital de El Bierzo.

Sin embargo, la mentira ha tenido como tantas veces las patas muy cortas. Y los documentos oficiales, que además son públicos, demuestran que fue la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL), entidad dependiente directamente de la Junta, la que dijo un 'no' tajante a que hubiera dos sedes del nuevo y esperado grado universitario.

El argumento de los técnicos que forman parte de ella y suscribieron el informe favorable final para Medicina fue muy claro: Ponferrada no disponía de “recursos suficientes”. Es más, la Universidad de León todavía lo peleó: presentó alegaciones ante ese total rechazo, defendiendo reiteradamente que había argumentos suficientes para compartir los estudios, al menos a partir del cuarto curso, como la rectora, Nuria González, siempre había defendido.

De todo ello ha quedado documentación oficial escrita, de modo que por fin sale a la luz de quién es la responsabilidad última de que Ponferrada quede al margen de la ansiada Medicina. Una verdad que está llamada a condicionar, y mucho, el debate político e institucional que se ha ido tensando a lo largo de esta semana, desde la rueda de prensa del lunes en la que González detalló la “buena noticia” de que Medicina, la vieja reivindicación académica de la provincia, será ya una realidad inicial el curso que viene, pero el revés para las aspiraciones de la comarca de El Bierzo.

Escalada política

Fue a partir de esta rueda de prensa cuando varios partidos políticos bercianos, como Coalición por el Bierzo, que prometió un “otoño caliente” de protestas ante este agravio, o el alcalde de Ponferrada, Marco Morala (PP), atacaron duramente a la Universidad, señalando a la institución académica como responsable de rechazar allí los estudios sanitarios.

Por contra, el PSOE, por boca de Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, y de Eduardo Morán, presidente del PSOE provincial, defendieron la posición de la rectora, reclamando un frente común para conseguir su pretensión de que Medicina se imparta también en Ponferrada.

Los documentos 'no engañan'

Los documentos oficiales de toda la tramitación y la decisión final adoptada no dejan ahora lugar a dudas y ponen a cada uno en su sitio. Y demás son públicos y accesibles: se encuentran en este enlace, en el apartado llamado Memoria RUTC, donde se contienen además las alegaciones de la Universidad. Es en estas alegaciones donde se desvela la posición de cada parte.

El “Informe de evaluación final” de la Junta a través de la Agencia de Calidad del 27 de abril de este año, que resultó totalmente vinculante para la decisión, dice literalmente: “No se considera viable el modelo de implantación simultánea en dos campus (León y Ponferrada), ni la adecuación del número de plazas ofertadas en relación con los recursos disponibles en el Campus de Ponferrada”. El argumento esgrimido es que “no se ha aportado una suficiente concreción sobre los recursos disponibles”.

“Por ello, debe revisarse el modelo de implantación propuesto, presentando en la memoria únicamente la implantación inicial en el Campus Vegazana de León”, deciden los expertos. Sólo al final, abre una tímida y lejana puerta al campus ponferradino: “Una vez exista una consolidación del título y se cuente con los recursos suficientes respecto al profesorado, infraestructuras y unidades asistenciales para la realización de los rotatorios de prácticas en el Campus de Ponferrada, presentar una modificación sustancial del Grado solicitando la implantación en dicho Campus”. Pero el rechazo inicial del comité es expreso.

A partir de ahí, la Universidad leonesa acató la decisión, en aras a no entorpecer la implantación de los estudios. Pero los criterios no sólo no fueron compartidos por el rectorado sino que se presentaron abundantes alegaciones y unas categóricas consideraciones finales. En ellas “la Universidad de León desea dejar constancia expresa de que el Campus de Ponferrada ha formado parte estructural del proyecto académico del Grado en Medicina de la Universidad de León desde sus inicios, en coherencia con el modelo territorial de la institución y con los recursos asistenciales disponibles en el área del Bierzo”.

“La idea ha sido siempre integrar y sumar”

Y es que defienden que hay argumentos y recursos de sobra, dado que “la idea subyacente ha sido siempre integrar y sumar los recursos disponibles en ambos campus de la Universidad de León, Vegazana, y Ponferrada”. Porque “ambos entornos aportan recursos humanos, asistenciales y de infraestructuras de gran valor para el desarrollo de la titulación, en territorios que no solo demandan esta formación, sino que también contribuyen activamente con su talento, capacidad docente e instalaciones sanitarias”.

En concreto, se afea que la Comisión de Evaluación de Titulaciones vete los estudios en Ponferrada por no disponer de “recursos suficientes” sin detallar cuáles son, para intentar poder corregir esta hipotética insuficiencia o al menos rebatirla. Lo llega a tildar de “interpretaciones excesivamente discrecionales” y reclama “una mayor concreción sobre los recursos y condiciones requeridos, con el fin de poder solicitar la correspondiente modificación sustancial del título para la implantación de los cursos 4.º , 5.º y 6.º en el Campus de Ponferrada en cuanto sea posible”.

La Universidad leonesa defiende además por escrito la sinergia de esos recursos, resaltando que, al igual que en León, “en Ponferrada se cuenta con ”la colaboración de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, como gerencia integrada, además de otros centros concertados vinculados al ámbito de las Ciencias de la Salud“, en referencia a los ya implantados grados de Fisioterapia, Podología y Nutrición Humana y Dietética.

“Lamentamos infrautilizar los recursos sanitarios del Bierzo” a pesar de su situación

Y en un párrafo final resume con firmeza su postura, dejando clara constancia de un rechazo a la decisión, que sin embargo acatan: “Lamentamos, por tanto, la falta de coincidencia en este planteamiento por parte de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCYL porque creemos que ello supondrá, además, infrautilizar los recursos sanitarios de la comarca del Bierzo”.

Consideran que decir 'no' a Ponferrada, como exige la Comisión que depende de la Junta, supone “privar, al menos inicialmente, de potenciales sinergias entre los estudiantes desde el cuarto curso del Grado en Medicina y el Servicio de Salud en el Bierzo, sinergias que consideramos imprescindibles, aun siendo con un número reducido de estudiantes, para que se establezcan suficientes puentes y lazos con vistas a paliar la situación actual y futura de déficit de profesionales médicos en la comarca”. Bien sabido es el clima de protestas sistemáticas en El Bierzo por el enorme déficit de recursos sanitarios, de médicos de numerosas especialidades, especialmente grave por ejemplo en Oncología. Una situación que mantienen desde hace años a la comarca berciana como triste líder del ranking autonómico de listas de espera de todo tipo.

Si Medicina no se imparte en el campus de Ponferrada, en la comarca de El Bierzo, y son estudios que exclusivamente se ceñirán al campus de Vegazana en León capital, no es por una decisión impuesta por la Junta de Castilla y León sino por elección de la propia Universidad de León. Así de tajante se ha mostrado hoy Carlos Fernández, el portavoz del Gobierno autonómico en funciones, de momento sólo del Partido Popular (PP), ante la creciente polémica sobre la responsabilidad última de que el nuevo grado de Medicina no tenga ningún reflejo en El Bierzo.

La respuesta de Carriedo, señalando que la decisión parte “dentro de la autonomía universitaria” y garantizando que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política” en este sentido, viene a desmentir de manera directa a los argumentos esgrimidos esta misma semana por la propia rectora de la Universidad de León, Nuria González.

González abría la caja de los truenos políticos a principios de esta semana durante la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del arranque, con la preinscripción, de los estudios de Grado de Medicina tras años de haber conseguido el hito largamente esperado. Ante los periodistas, la rectora dio a conocer la decisión definitiva que de Medicina no tendrá ningún reflejo finalmente en el campus ponferradino como, por otra parte, aseguró que la Universidad leonesa seguía defendiendo, como desde hace años.

Llegó a asegurar que para el 'sí' final a Medicina en León la condición indispensable era renunciar a dividirla en dos campus. Literalmente, González dijo que “los diferentes informes realizados por el panel de expertos designados por la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León ha condicionado el informe favorable a que la implantación inicial del grado se desarrolle exclusivamente en el Campus de Vegazana. A pesar de que la propuesta de la Universidad siempre contempló una docencia compartida entre los dos campus”. Esa Agencia, aunque integrada por miembros independientes, sí está directamente vinculada a la Junta de Castilla y León. Sin embargo, el gabinete del Rectorado remarca que ni la institución ni la propia rectora han señalado la responsabilidad de la Junta en la decisión final, sino de estos expertos.

Polvareda política

Esa decisión definitiva, y sus argumentos, han levantado una inmensa polvareda política en El Bierzo. Primero con Coalición por el Bierzo augurando un recrecimiento de su lucha por conseguir que se imparta Medicina, lo que llamó un “otoño caliente”. Y a continuación, ha sido el alcalde de Ponferrada, Marco Morala -del PP, que gobierna en la Junta-, el que ha elevado el tono de la confrontación, exigiendo a la rectora que muestre los documentos e informes en los que se basó para asegurar que se le impuso la renuncia al campus berciano. Morala afirma que su partido y equipo de Gobierno, son Coalición como socio, no se conformará con nada que no sea que la totalidad de la nueva titulación se imparta de forma completa en Ponferrada, con los seis cursos y un número significativo de alumnos.

En este contexto, ha sido hoy la Junta, por boca de su portavoz, quien ha desmentido a la rectora. Carriedo aseguró que “respetamos la decisión que tenga que tomar cada universidad dentro de la autonomía universitaria”, dejando entrever que las “decisiones posteriores” sobre dónde se imparten unos estudios lo deciden los rectorados “en función de las condiciones, las características y circunstancias del campus y en función de los medios y servicios que provee para cada campus”.

Ante las preguntas de los periodistas, el consejero afirmó que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política”, insistiendo en que las “cuestiones técnicas” que hayan recomendado no dividir territorialmente estos estudios “será dentro de la autonomía universitaria”.

La Universidad replica y defiende su apuesta por Ponferrada “desde el inicio”

La Universidad de León matiza mucho el sañalamiento planteado por el portavoz de la Junta y defendió en un comunicado horas después que el Campus de Ponferrada formó parte del proyecto del Grado en Medicina “desde el inicio”.

Asegura que tanto la memoria presentada como las sucesivas alegaciones durante el proceso de evaluación recogían un modelo de docencia compartida entre los campus de León y Ponferrada, cuya viabilidad académica y organizativa fue defendida de manera constante. La institución subraya que “el Campus de Ponferrada ha formado parte de este proyecto desde el inicio” y que su propuesta académica contemplaba expresamente “un modelo de docencia compartida entre León y Ponferrada”.

La ULE explica que ejerció su autonomía universitaria mediante el diseño y la defensa de esa propuesta, pero recuerda que la implantación de una nueva titulación oficial exige superar un proceso de evaluación externa sometido a criterios académicos, técnicos y normativos. En este caso, indica que la emisión del informe favorable quedó condicionada a determinadas exigencias del panel evaluador, cuya aceptación era imprescindible para completar la verificación. De hecho, advierte de que “de no asumir las condiciones establecidas por el panel evaluador, la Universidad de León no habría obtenido el informe favorable y el grado en Medicina no sería hoy una realidad en nuestra institución”.

Pese a ello, la Universidad asegura que seguirá trabajando para que, cuando existan las condiciones académicas, técnicas y de recursos necesarias, la titulación pueda extenderse también al Campus de Ponferrada, manteniendo su apuesta por un modelo apoyado en “las fortalezas del conjunto del territorio” y en el aprovechamiento de los recursos sanitarios y asistenciales disponibles.

El anuncio del pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Junta de Castilla y León ha provocado una oleada de críticas entre la oposición en la provincia de León que, en general, muestra su preocupación por este acuerdo entre la derecha y la extrema derecha que se hizo público el miércoles 3 de junio, más de dos meses después de las elecciones autonómicas.

Varios miembros del PSOE han expresado públicamente sus impresiones negativas sobre este pacto. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha dejado claro que no le gustan “algunas de las cuestiones que se plantean en ese pacto, especialmente la de la 'prioridad nacional'”, ha declarado este jueves durante una rueda de prensa.

Aunque el alcalde leonés ha celebrado que haya acuerdo ha reconocido que hubiese preferido un gobierno “que no se vaya hacia los extremos”.

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, usó su cuenta de X para publicar un escueto, pero rotundo mensaje contra las medidas racistas y xenófobas que incluye el acuerdo: “Ningún ser humano es ilegal. FIN”, fue su publicación.

Por su parte, el secretario general del PSOE de León y diputado, Javier Alfonso Cendón, también usó X para lanzar un extenso mensaje que calificaba de “indecente” el pacto entre ambas fuerzas: “Lo más grave es que quienes prometieron estabilidad han elegido la división”. Cendón critica que no existen soluciones para los problemas reales de la Comunidad y finaliza asegurando: “Frente al pacto de los sillones, defenderemos la sanidad pública, los derechos, la igualdad, la convivencia y el futuro de Castilla y León”.

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha tildado el acuerdo como un “pacto gris y del miedo” que recordó que “está impulsado desde Madrid” y que Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán “no dejan de ser más que títeres de sus líderes nacionales”.

La líder leonesista evidenció que dentro de las 324 medidas alcanzadas su máxima “es una prioridad nacional que ni siquiera ellos son capaces de explicar”. Todo ello, le lleva a poner de manifiesto que “no se habla de inversiones ni concreciones tan necesarias para nuestra tierra y que se basan en muchos casos en los acuerdos alcanzados en otros territorios cuando no se tiene en cuenta a la Región Leonesa con sus peculiaridades y necesidades”.

El Partido Popular y Vox ya tienen un acuerdo de gobierno en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán sellaron este miércoles el documento base para que será el segundo gobierno de la derecha y la extrema derecha en la comunidad autónoma, tras el experimento de 2022-2024 que acabó saltando por los aires por la acogida de menores no acompañados.

El documento, además de incluir una gran cesión a medidas xenófobas de Vox, recoge otro tipo de compromisos, algunos más o menos etéreos, y un llamativo apartado titulado 'Infraestructuras del Estado en Castilla y Leon', es decir, medidas que solo se pueden adoptar si uno o los dos partidos llegan a La Moncloa. Y si después las ejecutan. Son ocho páginas que recogen

Para la provincia de León destacan de forma concreta trece promesas, más algunas otras expresadas de forma general que también tendrían acepción. Casi un compendio de promesas electorales de cara a la próxima cita electoral de las Generales y, por tanto, promesas a las que se comprometen ambos partidos y que comprometen a sus líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Varias de las medidas son clásicos de infraestructuras que llevan años enfangandas en algún cajón ministerial y que salen a flote en campañas electorales o en ocasiones de enfrentamientos políticos.

En materías de carreteras PP y Vox se comprometen en León a “finalizar” la autovía A-60 León-Valladolid y la A-76 Ponferrada-Oursense, esta última sin empezar todavía pero con un primer tramo en licitación. Además contemplan el impulso a la construcción de la Ronda Sur de Ponferrada y rematar la circunvalación de León. El plazo: “desde el arranque del Gobierno”.

También en materia de carreteras PP y Vox señalan que pedirán que “se ejecute sin dilación la Decisión de la Comisión de la UE de anular la prórroga de la concesión” de la autopista León-Campomanes AP-66. Actualmente el asunto está en manos del Tribunal de Justicia de la UE tras un recurso del Gobierno de España. Fue un gobierno del PP el que prorrogó el peaje hasta el año 2050, cuestionado por infrinjir la normativa de contratación europea.

La otra medida en materia de autopistas es que se apliquen las bonificaciones de la autopista del Atlántico AP-9 en varios peajes de la comunidad, entre ellos tanto en a AP-71 León-Astorga como la conexión con Asturias. Actualmente hay bonificaciones en Galicia con descuentos de hasta el 100% por retorno en 24 horas y rebajas del 50% por uso recurrente y para vehículos pesados.

Materia ferroviaria

Las otras grandes promesas de PP y Vox son en materia ferroviaria. Entre ellas aseguran que tendrá lugar la “Reapertura de la Ruta de la Plata en sus tramos Plasencia-Salamanca-Zamora-Benavente-Astorga”. Cerrada por el Gobierno de Felipe González en 1985, su reapertura, o no, está pendiente de un informe de viabilidad del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Además los dos partidos se comprometen a “abordar de forma urgente el paso del nudo del Manzanal (León)”, también pendiente de un estudio de viabilidad del Ministerio del político vallisoletano. Ambos informes han superado los plazos iniciales para su presentación.

De forma genérica PP y Vox aseguran dar “apoyo a los soterramientos del ferrocarril en Valladolid, Palencia y León, entre otros”. Sin detalle específico, el único soterramiento en León con demanda social es del Trobajo del Camino, descartado por el Ministerio pero todavía en petición por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Si se refieren a este, claro.

En materia logística PP y Vox impulsarán el “Desarrollo de Plataformas Intermodales de interés para Castilla y León”, mencionando de forma expresa la “Plataforma logística intermodal Torneros-Grulleros”, que actualmente sigue sin desarrollarse pese a ser una promesa de la época de Zapatero en 2007 y que ya tiene casi todo para meter las obras, que no arrancan. Además mencionan también otro “en Ponferrada, para la mejora del transporte de mercancías en la zona del noroeste”.

Otros clásicos de promesas son la mejora del ferrocarril de vía estrecha, ahora ancho métrico y antes Feve, comprometiéndose a “renovar los trenes y bonificar los trayectos en Castilla y León al igual que en Asturias y Cantabria” y “Mejorar las infraestructuras y que el tren de vía estrecha llegue hasta el centro de la ciudad de León”. Una batalla con un fuerte arraigo social, con manifestaciones masivas incluidas, pero que el Ministerio actual ha descartado y prefiere poner un autobús en el tramo urbano.

También firman PP y Vox que pedirán la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) de todas las líneas de alta velocidad y el tramo León-Madrid en concreto. Como no existe esa declaración los abonos del Ministerio de Transportes y las subvenciones de uso de la Junta de Castilla y León no se aplican a los usuarios de ese trayecto.

La derecha y la extrema derecha han firmado además otros compromisos inherentes al Gobierno de España como refuerzo de redes eléctricas o incrementar la regulación de la Cuenca del Duero, el eufemismo habitual para hablar de más pantanos, aunque no se especifica. También pide “asignación de fondos nacionales para la modernización de regadíos” en las provincias de Castilla y León sin dar detalle de la afección concreta de las 50.000 hectáreas que señalan como pendientes sin fondos.

Un párrafo para la infraestructuras autonómicas

En contraposición con las enormes peticiones de infraestructuras al Gobierno de España las autonómicas, que sí dependen del futuro gobierno de Castilla y León, ocupan apenas un párrafo frente a las ocho páginas de las estatales.

En concreto lo resumen así “Avanzaremos en la planificación estratégica de la red autonómica de carreteras con actuaciones de mejora del trazado y anchura de las carreteras, prestando especial atención a la renovación de firmes para que los desplazamientos sean más seguros y cómodos”.

Cabe recordar que hasta el año 2020 la Junta de Castilla y León tuvo en vigor un Plan Regional de Carreteras 2008-2020, en el que se incluían hasta 400 kilómetros de nuevas autovías en las nueve provincias menos Zamora, a ejecutar por el Ejecutivo autonómico. No consta que se haya realizado ni un solo kilómetro hasta la fecha. Ni PP ni Vox se han acordado de esas promesas en su nuevo acuerdo de Gobierno.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha reclamado a la Universidad de León (ULE) mayor transparencia sobre el proceso de implantación del Grado de Medicina y ha defendido que la titulación se imparta de forma completa en el campus berciano, con los seis cursos y un número significativo de alumnos.

En nota de prensa, el regidor ha pedido una modificación de la memoria presentada para corregir las deficiencias detectadas por los evaluadores y permitir la incorporación del Campus de Ponferrada al proyecto, y que se haga en plazo “inmediato y definido”.

Ha insistido en que la ciudadanía desconoce los aspectos técnicos y administrativos que rodean la aprobación de una nueva carrera universitaria, pero tiene claro que quiere que Medicina llegue a Ponferrada. “Es una aspiración legítima, una reivindicación sensata y un proyecto necesario para que la ciudad crezca como ciudad universitaria”, ha afirmado. Su socio de gobierno, Coalición por El Bierzo, ya había anunciado un otoño “caliente” si el grado no se implantaba desde primer curso en el campus.

Morala ha recordado que ya planteó esta reivindicación durante la apertura del curso académico de 2023, pocos días después de asumir la Alcaldía, y ha asegurado que aquella petición se convirtió posteriormente en una demanda compartida por la sociedad berciana.

El alcalde ha manifestado además sus dudas sobre la documentación remitida por la ULE a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), organismo encargado de evaluar la implantación de la titulación.

En este sentido, ha invitado a la rectora de la Universidad de León, Nuria González, a hacer públicos los documentos enviados y ha cuestionado si la implantación del grado en Ponferrada fue defendida “con la misma convicción, el mismo grado de detalle y la misma especificación de infraestructuras, profesorado, equipamiento y proyecto” que la propuesta presentada para León.

También si las alegaciones formuladas por la institución académica ante las observaciones de los evaluadores fueron igual de exhaustivas para ambas sedes o si se argumentó con más contundencia la necesidad de iniciar los estudios únicamente en la capital leonesa.

Polémica política

En su nota de prensa, Morala también carga contra el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Olegario Ramón, por sus declaraciones sobre el proceso de evaluación del grado.

El alcalde ha negado que Acsucyl rechazara una propuesta inicial que contemplaba el inicio simultáneo de los estudios en León y Ponferrada y ha afirmado que la agencia emitió únicamente un informe provisional condicionado al cumplimiento de determinados requisitos.

Por ello, ha retado al portavoz socialista a demostrar documentalmente sus afirmaciones y ha asegurado que había “mentido abiertamente” sobre este asunto.

Por su parte, el presidente del PSOE de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, ha defendido defendió que la comarca no puede quedar al margen de un proyecto que, ha recordado, nació con la vocación de tener presencia tanto en León como en Ponferrada.

Aunque asume que la Universidad de León iniciará la titulación exclusivamente en la capital provincial tras el dictamen emitido por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), ha insistido en que debe mantenerse el compromiso de incorporar al campus berciano.

“Hay que seguir con esa exigencia de la comarca del Bierzo”, ha señalado Morán, quien sin embargo ha evitado confrontar con la dirección de la Universidad de León y ha traslado un mensaje de confianza hacia la rectora, Nuria González.

Dos meses y medio después de las elecciones autonómicas, el presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del partido de extrema derecha Vox en Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, escenificaron este miércoles en el vestíbulo de las Cortes el acuerdo de Gobierno alcanzado in extremis en las últimas horas entre ambas formaciones. El pacto, cerrado 80 días después de los comicios, consta de “19 ejes, 324 medidas y 62 páginas” y, aseveran, “garantiza la estabilidad del Ejecutivo autonómico durante los próximos cuatro años”.

Mañueco defendió que se trata de “un día bueno para Castilla y León” porque el acuerdo, afirmó, responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por los ciudadanos el pasado 15 de marzo y “piensa en el futuro de las personas de nuestra tierra”. Según explicó, el documento aborda cuestiones relacionadas con el crecimiento económico, el empleo, el apoyo a jóvenes, mayores y familias, así como medidas vinculadas al medio rural, la agricultura y la ganadería. El candidato 'popular' adelantó además que el debate de investidura se celebrará, previsiblemente, la próxima semana.

Por su parte, Pollán celebró el entendimiento alcanzado con el PP que devuelve a Vox al Gobierno de la institución autonómica y aseguró que supondrá “un gran impulso” para las políticas de la Comunidad. Destacó especialmente las medidas relacionadas con vivienda, ayudas sociales, simplificación administrativa y el denominado “plan de choque” contra las políticas migratorias del Gobierno central. El líder de Vox incidió además en la denominada “prioridad nacional”, que plantea una asignación preferente de recursos públicos para las personas con “arraigo real, verificable y efectivo”.

El acuerdo contempla una Vicepresidencia Primera para Vox, que esta vez tendrá cartera, y tres Consejerías. El partido de extrema derecha asumirá de nuevo las áreas de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte, y suma una nueva, de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. La Vicepresidencia Segunda recaerá en el PP, que además asumirá competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

El resto de carteras, que gestionará el PP, serán la Consejería de la Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda; la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio; la Consejería de Sanidad y Bienestar Social; la Consejería de Educación; la Consejería de Medio Ambiente y Energía; y la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Durante la comparecencia, tanto Mañueco como Pollán intercambiaron elogios por el desarrollo de las negociaciones. El dirigente de Vox agradeció reiteradamente la “predisposición al diálogo” del candidato 'popular' y destacó el carácter “cordial” y “fluido” de las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas. Mañueco, por su parte, insistió en que ambas formaciones habían sabido interpretar el mandato de las urnas y alcanzar un acuerdo que proporciona estabilidad a la Comunidad.

Entre las pocas medidas que avanzaron antes de la difusión íntegra del acuerdo figura un “plan de choque contra las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez”, que tampoco especificaron, pero que viene siendo una de las reivindicaciones históricas de Vox y que el partido presentó como uno de los pilares del acuerdo con el PP en Castilla y León y el resto de territorios en los que cogobernarán.

El acuerdo, muy similar al alcanzado en comunidades como Extremadura y Aragón, confirma además la plena asunción por parte del PP de algunos de los planteamientos impulsados por Vox en materia migratoria, un terreno en el que ambas formaciones escenificaron una coincidencia total durante la comparecencia, de manera similar que ocurrió a la presentación del anterior acuerdo del PP con Vox que terminó rompiéndose.

El texto, de más de sesenta páginas, que se envió a los medios de comunicación después de la breve comparecencia de Mañueco y Pollán, solo recoge cuatro veces la palabra “mujer”. Una de ellas como una de las primeras medidas que tomará el Gobierno de coalición PP-Vox, prohibir el “uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar en espacios públicos”, porque, argumentan, “no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”. Las otras tres referencias son sobre beneficios fiscales a “víctimas de violencia contra la mujer” y políticas activas de empleo con otros “colectivos con mayores dificultades de empleabilidad como los jóvenes, personas con discapacidad, parados de larga duración, mayores de 45 años”.

En este pacto, no aparece mención alguna a la equiparación de 'todas las violencias' que machaconamente repetía el anterior líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, si bien tampoco se refieren a la violencia machista como tal.

La palabra igualdad aparece referenciada hasta en una decena de ocasiones, pero no como igualdad entre hombres y mujeres, sino siempre como igualdad “de oportunidades en todo el territorio”, en cuestiones de salud, de agricultura, “de acceso a un servicio básido de la TDT” o a las bonificaciones de uso del transporte público.

Por más que hablemos de polarización, crispación y dientes filados en la lucha política española, a menudo tengo la impresión de que todo es una especie de ballet, una performance idiota para retrasados emocionales, en la que el pescado está vendido antes de levantar el telón y cada uno está más o menos donde quiere estar, sin muchas ganas de cambio.

Por lo que parece, y ya me diréis si es que se me ha subido a la cabeza el Jägermeister, al PSOE le da absolutamente igual la política local y la regional, con sus competencias de vivienda, sanidad y educación, y le da igual hasta el punto de que Sánchez está dispuesto a quemar a sus bases, a sus federaciones y al lucero del alba con tal de mantener el poder nacional, que es donde ha colocado a sus pretorianos y donde quiere ejercer de guía y faro de Occidente, para volver a ser reserva espiritual de resistentes eurovisivos y cosas así. 

Y a los suyos les parece bien, lo aplauden y lo apoyan mientras los pasa a cuchillo, uno a uno, con toda alegría. Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla y León... ¡Qué más da! Aún pueden perder más y más fuerte, así que no hay cuidado ni preocupación, ni se vislumbra la menor rebelión en sus filas: mueren, con alegría, señor, los que caminan por la vida. Señor, cantando su paz y amor. El PSOE parece una misa de campamento. Tal cual, y tan contentos.

Y luego tenemos al PP, que es justo lo contrario. Como se han amorrado a ayuntamientos y autonomías, que es donde se reparten las concesiones de las piscinas, las cafeterías de los hospitales, el mantenimiento de los bordillos y todos esos actos políticos que son la verdadera razón de ser de sus pasiones, el gobierno nacional les importa un carajo. 

Podrían poner un candidato que concitase más adhesiones, pero eso supondría arriesgarse a ganar, y vete a saber lo que haría un rey fuerte. Para los nobles fuertes, es mejor tener un rey débil, ¿no? Pues ahí están, esperando tan contentos el momento de volver a quedarse fuera de la Moncloa, ganando o perdiendo, como sea, pero fuera, no vaya a ser que gobernar en Madrid los comprometa en sus feudos y se queden sin la concesión de las tizas, los borradores y la lejía de la limpieza de los hospitales autonómicos, que es lo que realmente les pone.

Cada cual, como veis, está en su paraíso. Y los partidos pequeños, en el suyo, diciendo que no hacen cosas porque no les llegan los votos, desgranando dimes y diretes para no convertir en realidad todos esos programas de Pascua Florida que ni ellos mismos se creen, ni falta que hace, porque nadie se preocupa de sus chorradas, como nadie se preocupa de la exactitud de los mapas de la Tierra Media.

A día de hoy, de veras, todo el mundo está donde quiere estar. Lo malo es que a lo mejor hay que celebrar elecciones alguna vez. Y va a ser una mierda...

El Partido Popular (PP) en la oposición del Ayuntamiento de León censura el estado de abandono, plagado de “hierbajos”, que presentan en la actualidad un total de seis rotondas en las que el equipo de gobierno de José Antonio Diez (PSOE) se gastó 358.000 euros hace poco más de un año. Son seis glorietas que fueron objeto de una actuación de mejora estética y que actualmente presentan una imagen muy alejada de los objetivos anunciados por el Ayuntamiento cuando se puso en marcha el proyecto, lamentan, porque “presentan un preocupante estado de abandono”.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, David Fernández, ha señalado que los vecinos y conductores que pasan cerca de estas rotondas les llama la atención la abundante presencia de hierbajos, maleza sin controlar, acumulación de suciedad e incluso residuos en distintos puntos de unas infraestructuras que fueron presentadas por el equipo de gobierno municipal como una apuesta por la mejora de la imagen urbana de la ciudad.

El proyecto, adjudicado a comienzos del año 2025, contemplaba la renovación y embellecimiento de las rotondas ubicadas en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera con la calle Los Aluches; Avenida La Lastra con calle Cirujano Rodríguez; Avenida La Lastra con calle San Froilán; calle Emilio Hurtado-acceso a las piscinas municipales de La Palomera; calle Policarpo Mingote con calle San Antonio; y finalmente calle Policarpo Mingote con calle Nazareth. Se destacó que cada una de ellas tendría su propio diseño y abundarían los guiños al león rampante, los reyes de León o el rosetón de la Catedral, entre otros.

“Resulta difícil entender que una inversión de esta magnitud no vaya acompañada de un plan eficaz de mantenimiento que garantice la conservación de los espacios públicos”, lamenta el PP, porque consideran que “la proliferación de vegetación descontrolada y la falta de limpieza transmiten una sensación de abandono que deteriora a imagen de la ciudad y cuestiona la eficacia de la gestión realizada”. “Una más en al hoja de servicios de José Antonio Diez”, zanjan.

El portavoz popular recuerda que su grupo municipal ya aconsejó que se utilizara vegetación, como en la mayor parte de municipios, donde han ido aumentado el número de árboles y elementos decorativos naturales. “Frente a la tendencia en otras ciudades que optan por plantas locales y resistentes, en León se eligen rotondas duras. Las plantas autóctonas se adaptan mucho mejor al clima de cada zona, permitiéndoles lucir un aspecto urbano atractivo y minimizando las tareas de mantenimiento”, asegura en un comunicado.

A falta de prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, Unión del Pueblo Leonés (UPL) se encuentra ya en plena carrera para elegir a su próximo cabeza de lista en el Ayuntamiento de León. Un melón que ya se abrió el pasado mes de abril después de que anunciara su intención de no repetir Eduardo López Sendino, el candidato y líder del grupo municipal desde el año 2015.

Por los primeros movimientos, todo indica que habrá primarias internas en el seno de la formación leonesista, que desde hace un año lidera Alicia Gallego, para que sean los afiliados con sus votos los que tomen la decisión de quién será la persona que aparezca en el próximo cartel electoral leonesista en la capital. Y es que, a día de hoy, ya hay al menos dos nombres encima de la mesa, ambos actuales concejales en el equipo municipal y los dos miembros de la recién estrenada dirección general de Gallego. Se trata de Enrique Valdeón y de Seila Fernández.

La espita la ha abierto el primero, Valdeón, que no dejó lugar a dudas (“sí, me postulo”) cuando ayer fue preguntado abiertamente en la tertulia política de Radio León-Ser sobre su intención de cara a las elecciones al Ayuntamiento en 2027. “Mi intención es esa pero depende de los órganos del partido y de los militantes”, dijo, en referencia a someterse a primarias si no fuera el único interesado en sustituir a López Sendino, “porque hay una serie de requisitos que cumplir y todo se verá”.

Más continuidad

El actual edil lleva siéndolo bajo las siglas de UPL desde 2019, aunque su primera aparición en una lista electoral en el Ayuntamiento leonés data de 2015, pero entonces todavía bajo la escisión del PAL-UL, sin obtener el acta. Orgánicamente, también ostenta actualmente la Secretaría de Empleo, Comercio e Industria de UPL.

Preguntado por su planteamiento de cara a ser el candidato, Valdeón, que profesionalmente es procurador de los tribunales, aboga por una línea que suena mucho a continuidad a lo hecho por Eduardo Sendino. Defiende que “lo primero es ver qué no se ha hecho y se tenía que haber hecho en estos ocho años” de alcaldía socialista de José Antonio Diez, “los proyectos que no se han cumplido y exigirlos a quien esté”, buscando en resumen “soluciones para León, en el tema económico, comercial, aeropuerto... hay muchos frentes abiertos y hay que cerrarlos bien, no dejarlos en el aire”.

Defiende además la decisión adoptada por Sendino en su día de no pactar con el PSOE y formar parte del equipo de Gobierno municipal -como sí se hizo por ejemplo en la Diputación-, y asegura Valdeón que eso significa que han apoyado a veces al equipo de Diez y otras han votado con el PP, siempre bajo la premisa de “qué era bueno para León”. “No nos fiamos de ninguno de los dos, de hecho los dos nos han defraudado siempre a nivel local, provincial y regional, incluso”. Por eso, su planteamiento es que “seguiremos tirando únicamente por León, sin mirar para los lados”.

Educación y servicios públicos

El otro nombre en liza es el de Seila Fernández Domínguez, obtuvo su primera acta de concejala en 2023 gracias al éxito electoral que hizo que UPL obtuviera cinco puesto en el plenario municipal. ILEÓN ha contactado con ella, así como con otros dos nombres que llevan meses sonando entre la militancia leonesista como posibles aspirantes a la sucesión de Sendino en el liderazgo municipal de la capital. Y ella deja abierta la puerta a aspirar a defender su propia candidatura en unas primarias: “Todavía no sé lo que voy a hacer, cuando se abra ese proceso decidiré”. Y es que señala que “como siempre me pongo a disposición del partido para lo que necesite, como he hecho estos años como concejala y secretaria de Educación” en la UPL a nivel orgánico. Pero de lo que no duda es que “UPL tiene que tener una lista ganadora para el Ayuntamiento de León”.

Fernández, maestra y directora de colegio público, durante los últimos años ha sido la voz leonesista en materia de Educación, con una férrea defensa de la educación pública, tanto bajo la dirección de Luis Mariano Santos como de ahora Alicia Gallego. Su última acción ha sido denunciar que el contrato de fruta y verdura a los colegios de la Junta de Castilla y León obvia los productos locales primando el precio aunque vengan de otras zonas lejanas del país.

El otro nombre que circulaba de forma insistente en la militancia leonesista es el del abogado Bernardo García Angulo, que ha señalado a este medio que presentarse a las primarias para la Alcaldía de León “no se me ha pasado por la cabeza”. El abogado es también miembro de la actual dirección leonesista como secretario de Estudios Autonómicos.

Un proceso interno sin fecha y un objetivo claro

El proceso de selección de candidaturas de UPL todavía no está abierto, con un partido con un fuerte componente asambleario. Será el Consejo General del partido, principal órgano entre congresos, quien decida cómo y cuándo se abre el proceso de selección de sus candidatos, con el puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de León como plaza más disputada. Sobre todo porque la expectativa en apariencia más razonable es que nuevamente UPL pueda ser la clave de la gobernabilidad en el primer ayuntamiento de la provincia. Actualmente cuenta con cinco concejales, dos de ellos los que primero se han situado en la línea de salida, frente a nueve del PP y once del PSOE, cerrando la lista los dos que se presentaron por Vox pero que pronto se 'rompieron' con un tránsfuga.

La Diputación de León iniciará los trámites para abandonar el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL). Así se ha aprobado hoy en el Pleno de la institución al aprobarse una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por sus socios de gobierno en la institución provincial, el PSOE. La propuesta sólo contó con el apoyo de ambos grupos, ya que el Partido Popular optó por la abstención y el único diputado de Vox votó en contra, ambos criticando la decisión.

El acuerdo supone que la institución provincial dejará de formar parte de la fundación autonómica creada en 2002 para la promoción y difusión de la lengua española, sobre todo por considerar que su función al final resultaba una duplicidad respecto a la labor del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la propia Diputación. La aportación leonesa desde su incorporación ascendía a 10.000 euros anuales. Hay que recordar que el ILCyL estuvo largo tiempo presidido por el actual consejero de Cultura en funciones de la Junta, Gonzalo Santonja, no sin sonoros escándalos con hasta triple sueldo. Santonja fue elegido en su día por Vox para este puerto cuando cogobernó con el PP en la Junta la mitad del pasado mandato, y que sigue en el Gobierno a pesar de romper el pacto la formación de Abascal, por lo que ha sido acusado de ser un traidor.

El diputado de Cultura y portavoz de la iniciativa, el leonesista Emilio Martínez, justificó la salida del patronato por la mencionada “duplicidad de funciones”. Defendió que el ILC ya desarrolla desde hace décadas labores de promoción literaria, publicaciones, actividades bibliotecarias y apoyo cultural en toda la provincia, tanto en español como en leonés, por lo que consideró injustificado seguir manteniendo la aportación económica al organismo autonómico.

Durante su intervención, el diputado leonesista recordó que la adhesión de la Diputación al proyecto fundacional se aprobó en 1999 con el respaldo de PSOE y UPL y con el debate ya abierto sobre la ubicación de la sede, finalmente instalada en Burgos pese a que entonces varios grupos defendían que estuviese en León. También rememoró que los leonesistas ya plantearon abandonar el patronato hace dos décadas, aunque aquella propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

Otro de los argumentos centrales de la moción fue la “escasa actividad” desarrollada por el ILCYL en la provincia leonesa. UPL expuso datos comparativos de programación cultural desde 2018 para sostener que León ha quedado muy por detrás de Burgos o Valladolid en número de congresos, conferencias, exposiciones o encuentros organizados por la fundación. Según los datos expuestos en el Pleno, en 2019 el instituto desarrolló únicamente dos actividades en León frente a las 35 celebradas en Burgos y las 13 de Valladolid. La situación solo comenzó a cambiar parcialmente en 2024, cuando el número de actos aumentó hasta 17.

“Nula atención” al leonés y al gallego en El Bierzo

La formación leonesista también reprochó al instituto la “nula atención” prestada al leonés y al gallego del Bierzo, lenguas protegidas por el Estatuto de Autonomía, y defendió que es el Instituto Leonés de Cultura el que sí mantiene líneas específicas de apoyo a ambas realidades lingüísticas mediante premios y publicaciones.

El debate derivó además en un cruce político sobre el papel del organismo y la defensa del español. El portavoz del PP, David Fernández, cuestionó que una decisión de este alcance se llevase al Pleno mediante moción y no tras un estudio previo en Comisión. Sin embargo, su grupo no votó en contra sino que terminó absteniéndose al considerar “honesta” la aportación económica anual de la Diputación. Fernández acusó a UPL de “no querer defender la lengua española” y reivindicó además la importancia económica que el español tiene en territorios de la Región Leonesa como Salamanca y Zamora, por ejemplo a través de la Universidad salmantina, pionera en Europa.

Más contundente se mostró Vox, cuyo diputado Fernando Prieto Olite votó en contra de la propuesta al considerar que abandonar el patronato supone renunciar a influir dentro del organismo. A su juicio, el Instituto Leonés de Cultura y el ILCYL son “complementarios” y no entidades que compitan. “La solución no es marcharse de los sitios sino influir” estando dentro, sostuvo, aunque admitió que la actividad desarrollada por el instituto en León es “mejorable”.

La moción aprobada recoge también que otros ayuntamientos, entre ellos León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo o Miranda de Ebro, ya abandonaron anteriormente el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por considerar insuficiente el retorno cultural de su participación.

El proyecto 'estrella' del equipo de Gobierno de la Diputación de León, la gran novedad de su segundo mandato bajo pacto entre socialistas y leonesistas, el de poner en marcha una Oficina de Expropiaciones que acelere disponer de terrenos para desbloquear numerosos proyectos de arreglos de carreteras, finalmente será un proyecto 'estrella' privatizado.

Además, la excusa oficial ofrecida no es otra que sólo en manos de empresas privadas conseguirá agilizar esas expropiaciones para poner a disposición de administraciones públicas -ayuntamientos y la propia institución provincial- el suelo que se necesita para acometer los proyectos de reformas de viales que presentan años, incluso décadas, de desidia y falta de inversión.

Así se ha dado a conocer en el Pleno provincial celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes. A preguntas de la oposición del Partido Popular (PP), tanto el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, como el vicepresidente de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Roberto Aller, admitieron que se pondrá en marcha una licitación pública con la cuantía reservada en el actual presupuesto, 800.000 euros, para repartir ese dinero entre empresas privadas que se encarguen de realizar todos los trámites expropiatorios y poner los terrenos en bandeja a la Diputación y a los municipios afectados.

Aller llegó a expresar, incluso, que esta fórmula hará que sea “más ágil que desde el servicio (de Carreteras) sacarlos adelante”, dejando entrever que si de esas expropiaciones se encargaran los funcionarios públicos de la Diputación los plazos se dispararían. Idea que apuntaló el propio presidente del PSOE, al confirmar que “se va a subcontratar precisamente para que haya más agilidad”.

Aller, que desde el equipo de Gobierno insistía el año pasado en que la Oficina de Expropiaciones se crearía y funcionaría antes de final del pasado año, lo cual también se retrasó varios meses, detalló ahora la fórmula privatizadora que se empleará porque “esto lleva mucho trabajo”: ultimar unos pliegos y licitar un total de siete carreteras que se consideran las más acuciantes porque acumulan años de espera, y de desesperación de los municipios afectados.

Las siete carreteras, al detalle

Cada una de las siete tendrán sus condiciones, de manera que podrán adjudicarse a empresas distintas para realizar todo el trámite expropiatorio previo necesario a las obras de reforma, desde la farragosa localización de los propietarios a toda la burocracia posterior. O dicho por boca del vicepresidente y también diputado provincial de Infraestructuras: la intención es “que cada empresa trabaje en cada carretera necesaria”.

Los siete viales concretos son: la carretera de Santovenia de la Valdoncina a Chozas -con años de críticas y exigencias-; la de Santa María del Monte Cea; Trabadelo en El Bierzo; otra carretera en el municipio de Valdefresno, en la Sobarriba; la que en la comarca de la Cepeda va desde Villaobispo de Otero a Magaz; otra más en Oseja de Sajambre, en Picos de Europa; y finalmente en La Ercina.

En todas ellas, los proyectos de ejecución hace tiempo que están terminados por parte de la Diputación y las inversiones para su arreglo integral reservadas desde el punto de vista económico, vía presupuestos. Pero la falta de disposición de los terrenos sigue bloqueando el inicio de las obras, mientras se siguen acumulando desperfectos y peligros en todas ellas.

Este enfoque de privatizar para agilizar los procesos de la Oficina de Expropiaciones hizo que en el Pleno de hoy volviera a sobrevolar el debate general sobre los retrasos y dilaciones en las ejecuciones de todo tipo de proyectos, planes de obras o reparto de subvenciones por parte de la Diputación leonesa. Un problema endémico que el actual presidente, Álvarez Courel, ha resumido muchas veces con la expresión de que “las cosas de Palacio (de los Gumzanes) van despacio”. Gobierne quien gobierne.

Ante otros ruegos del portavoz del Grupo Popular, David Fernández, de desbloquear y acelerar desde las expropiaciones a numerosos planes vitales para los pueblos, como por ejemplo el de Pequeñas obras de Juntas Vecinales, el propio Courel lanzó una original frase, a medio camino entre lamento e ironía: “Me duele no tener una varita mágica, tipo Harry Potter, para tener todas las obras terminadas” dentro de plazos más razonables y rápidos.

Los ayuntamientos de Truchas y Castrillo de Cabrera han unido sus voces para reproducir el “clamor unánime” de sus vecinos al mostrar su “profunda preocupación, malestar e indignación” ante “el intolerable estado de abandono y deterioro que presentan las carreteras de la red provincial” en sendos municipios, por lo que apremian a tomar medidas al respecto a la Diputación de León.

Remarcando que en este caso la titularidad y el mantenimiento de los viales corresponde en exclusiva a la Diputación Provincial, Truchas y Castrillo asegura que “la falta de conservación”de las carreteras “ha alcanzado un límite insostenible”. Y advierte de una triple consecuencia de esta situación al considerar que “compromete gravemente la seguridad vial diaria”, al tiempo que “dificulta de forma extrema el acceso a servicios públicos esenciales” como los sanitarios y “ahoga el desarrollo socioeconómico” de la Cabrera, comarca muy afectada por el vaciamiento demográfico.

Y es que ambos ayuntamientos recriminan que el estado de los viales relega a sus habitantes a padecer unas comunicaciones que tachan de “tercermundistas” al referirse tanto a la carretera que une Truchas con Ponferrada a través del Morredero como la que va a Puebla de Sanabria (Zamora) desde Truchas o la que enlaza con Puente de Domingo Flórez pasando por el municipio de Castrillo de Cabrera.

Tanto el alcalde de Truchas, Francisco Simón (PSOE), como su homólogo en Castrillo de Cabrera, Roberto Liñán (PP), se dirigen al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), y al diputado de Fomento e Infraestructuras, Roberto Aller (UPL), para instarlos a adjudicar y comenzar las obras correspondientes a los proyectos técnicos ya aprobados; ejecutar un plan de actuación urgente y extraordinario de reasfaltado, acondicionamiento, limpieza de cunetas y mejora de la señalización de carreteras de la red provincial en Castrillo; y convocar una reunión formal sobre el terreno con los regidores para establecer un calendario de intervenciones “claro, vinculante y transparente”.

Simón se ha pronunciado en estos términos: “Es incomprensible y doloroso que, en el caso de Truchas, contemos con un proyecto técnico de arreglo aprobado desde hace años y que la Diputación siga sin adjudicar las obras. Desde este ayuntamiento hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, agilizando trámites y exigiendo soluciones. No es un problema de falta de fondos, ya que la Diputación presume constantemente de remanentes millonarios de dinero; es una falta absoluta de voluntad política y de gestión que condena a nuestro pueblo”.

“Vivir en el medio rural”, apostilla desde Castrillo Liñán, “no puede significar tener derechos de segunda categoría. Las condiciones en las que se encuentran nuestras comunicaciones suponen un castigo añadido a la despoblación. Si las administraciones superiores hablan de fijar población, deben empezar por ejecutar los presupuestos donde más se necesita y garantizar carreteras dignas y seguras de forma inmediata”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera “lamentables” las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, quien consideró que realizar un acto de entrega de los restos de cuatro republicanos asesinados por pistoleros fascistas en el salón de plenos municipal de León sería culpabilizar al Ayuntamiento de los hechos.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León canceló un acto de homenaje a cuatro fusilados por franquistas en 1936, cuyos restos se encontraron en una fosa de Mansilla de las Mulas (entre ellos, los restos de Miguel Carro Llamazares, concejal del propio Consistorio leonés). El homenaje, que iba a realizarse el próximo viernes en el Salón de Plenos municipal, iba a consistir en la entrega de restos óseos a los familiares y contaba con la presencia de la ARMH. Las excusas aportadas por el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, fueron varias: desde la celebración de bodas civiles en ese espacio y la oposición de los grupos de la Corporación municipal.

Este último argumento lo confirmó el portavoz 'popular' del PP en el Ayuntamiento de León, cuando fue preguntado al respecto durante una atención a los medios. Fernández aseguró que, a pesar de que el PP no puede decidir si se celebra o no ningún acto en el Salón de Plenos, sí que transmitió su incomodidad con la organización del acto, ya que, a sus ojos, aportaba una visión de “culpabilidad” del propio consistorio: “Nosotros entendíamos que había que buscar una opción en la que el Ayuntamiento no tuviera una visión de culpabilidad por parte de estos trágicos sucesos que acontecieron”, dijo Fernández.

“Cualquier miembro de la corporación municipal de un ayuntamiento democrático debería sentir orgullo de reconocer y prestar espacio a las familias de estos cuatro hombres que se resistieron a un golpe de Estado que tuvo por objeto la conquista violenta del poder, el establecimiento de una sola manera de pensar y la persecución de quienes tenían derecho a expresar y defender otras ideas”, valora la ARMH.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido republicano identificado genéticamente, se trata “de una declaración que culpabiliza a víctimas que fueron asesinadas como Miguel Ángel Blanco, con dos tiros por parte de quienes los secuestraron ilegalmente, y con una terrible y enorme diferencia, que esos asesinos controlaron sus pueblos, sus ciudades y su país durante cuarenta años con mano de hierro, impidiendo que millones de personas pudieran expresar su ideología, su diversidad y su libertad y torturando a sus familias que no pudieron enterrar con sus cadáveres y hacer un duelo como es debido”.

Añade Silva que “cualquier persona que crea y sienta los valores democráticos debería mostrarse orgullosa de honrar a quienes construyeron nuestro primer periodo democrático durante la Segunda República; un periodo en el que se celebraron dos elecciones generales con sufragio universal masculino y femenino con gobiernos progresistas y conservadores”.

Y concluye: “Todo lo que estamos viviendo en estos días con respecto a una sencilla demanda de honrar a víctimas del terrorismo de los pistoleros falangistas nos está explicando que después de décadas de recuperada democracia hay representantes institucionales que no han aprobado primero de derechos humanos”.