Calle Alcalde Isidoro Díez. Un nombre de tantos. Sin embargo se ha convertido en la comidilla del diminuto pueblo de La Uña y del pequeño municipio de montaña leonés de Acebedo, en el que Isidoro Díez Valdeón sigue llevando de manera ininterrumpida el bastón de mando que cogió siendo casi un chiquillo, con 23 años. Cuando ganó las elecciones la primera vez fue en 1995 y lleva a mucha honra tener en su poder una acreditación de haber sido entonces el regidor más joven de toda España.

La comidilla estriba en que el Ayuntamiento que preside ha aprobado este año, “tras dos años de trabajo”, una reforma total de la nomenclatura del municipio, de los tres pueblos. Y entre cientos y cientos de modificaciones, en la villa de La Uña la antigua calle El Puente 4 ha pasado a convertirse en calle Alcalde Isidoro Díez, rindiendo así un honor público al propio alcalde en activo.

Un hombre del que llama la atención su variado periplo político, muy poco usual. Porque tras unos largos primeros años electo bajo las siglas de Unión del Pueblo Leonés (UPL), posteriormente encabezó la lista de la Agrupación Independiente Acebedo que él mismo fundó al abandonar la formación leonesista tras el fracaso de un congreso. En el anterior mandato gobernó bajo las siglas de Ciudadanos. Y en la actual ha sido repescado por el Partido Popular (PP). Pero ininterrumpidamente alcalde.

Hasta chistes con IA

La decisión de su nombre en el nuevo callejero municipal no ha pasado indiferente en absoluto. Hay quien lo considera un acto de prepotencia y engreimiento. Hay quien se lo toma por lo humorístico, e incluso emplea la IA para hacer chistes en los que se ve al regidor en su sempiterno traje y corbata cortando con unas grandes tijeras la cinta del rótulo de una inventada “Avenida de mí mismo, el alcalde”, mientras un perro hace sus necesidades justo debajo.

Él se lo toma todo con resignación, bajo el argumento de que “en un pueblo te pueden criticar por hacer una cosa y por la contraria”, y se ofrece a dar explicaciones que incluyen muchísimos matices. Casi 50 minutos de conversación. Matices como por ejemplo que la iniciativa no fue suya, lo cual es formalmente cierto. “Cuando estábamos estudiando todos los cambios, las Juntas Vecinales de Liegos y de La Uña, y las asociaciones de cultura de ambos pueblos, registraron la petición de ponerle mi nombre y mi cargo a una calle, argumentando que al final de este mandato llevaré 32 años, tres décadas y pico”, rememora. “Para mi fue una tesitura complicada, porque si digo 'no quiero' le estoy haciendo un feo muy grande en este caso a La Uña, de donde eran mi padre y mi abuelo, de donde son mis apellidos, motivo por los que lo pedían”, añade.

“Orgulloso por la propuesta”

Los críticos con la decisión tienen mucho que matizar sobre el origen mismo de su calle, dado que “es vox pópupi que las juntas vecinales que lo pidieron son suyas, las ha puesto él” e incluso llegan a tener “vínculos familiares con miembros” del equipo de Gobierno. Como no podía ser de otra manera en un minúsculo municipio rural -128 habitantes entre sus tres pueblos-, y tras tan dilatado mandato unipersonal como el de Díez Valdeón, no son pocos los que se llenan la boca con “sus abusos”. Haciendo honor al dicho: 'Pueblo pequeño, infierno grande'.

Desoyendo esas voces, al final, “orgulloso por la propuesta”, el alcalde decidió aceptar. Pero afirma que puso una condición: “Que fuera una calle pequeña, no principal, y a poder ser sin casas ni referencias catastrales”. La explicación, dado que sospechaba que habría alguna suspicacia, cae por su propio peso: “No quería que nadie tuviera que llevar mi nombre en su DNI”.

El Pleno con la total revolución de nombres del municipio de Acebedo se celebró a finales de marzo y ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 22 de abril (la añadimos). Ahora está en el período de exposición pública, durante 20 días, una fase a la que también se aferra Díez Valdeón, instando a “cualquiera que quiera a presentar alegaciones” antes de que nombre conste ya en todos los organismos oficiales y se fije definitivamente en un cartel. Algo que por otro parte algunos detractores consultados por ILEÓN creen que podría no ocurrir, porque “si se pone la placa va a durar 10 minutos y, en todo caso, no querrá ponerla hasta que no pase el verano y se vaya casi todo el mundo”. Eso se verá. Pero el alcalde añade que “además esto es movible, cuando se quiera otra Corporación puede proponer y aprobar cambiar el nombre de esta u otra calle por cualquier otro”.

Un punto que él decidió no votar

Aquel Pleno, asegura, estuvo exento de las suspicacias que han llegado después, cuando la gente ha visto en el Boletín que la propuesta es real. Primero, afirma Díez Valdeón, porque todo el nuevo nomenclátor se votó por unanimidad. Ahora con el PP, el alcalde gobierna -como siempre- con mayoría absoluta de tres concejales, frente a uno del PSOE y otro no adscrito, en el Grupo Mixto. Y segundo, porque “cuando llegó el momento de cambiar el nombre exacto de esa calle -para poner el suyo propio- me ausenté de la votación”. Por la configuración plenaria, si los dos ediles de la oposición hubieran votado 'no', habrían empatado con los dos del equipo de Gobierno, y en ausencia del regidor no hubiera podido emplear su legal voto de calidad para el desempate.

Por todo ello, Díez Valdeón afirma rotundamente que “aquí nada se ha hecho por 'mecagüen diez'”, y sin embargo insiste varias veces en el que el asunto de “la calle mía”, como la denomina alguna vez, él respeta “las opiniones de todo el mundo”. Incluso la de quienes quizá le escucharon decir alguna vez “medio en broma medio en serio que siempre he pensado que los homenajes, mejor en vida, luego ya no tienen el mismo sentido”.

Un conocido precedente: el parque de Juan Morano

Su caso no es único, ni mucho menos, No poca gente recuerda que el alcalde de León Juan Morado inauguró mientras gobernaba un parque en la ciudad llamado 'Parque Juan Morano', entre la avenida Padre Isla y el barrio de Eras de Renueva. Muy parecidos a los argumentos actuales, el principal fue que era una iniciativa popular que no estaba dispuesto a desairar. El controvertido Morano también presentó una biografía política muy cambiante, tras gobernar presentándose por UDC en 1979, Alianza Popular, posteriormente independiente y al final repescado por el PP.

El caso es que Díez Valdeón, alcalde de Acebedo es. Calle casi seguro que tendrá. Y lo que pase después ya se verá. Porque cuando culmine este mandato y cumpla 32 años al frente del Consistorio aún no sabe qué hará: “Mi idea inicial es dejarlo en un año... pero va veremos, porque tengo claro que muchas veces no presentarse supone la destrucción total de un equipo de Gobierno; por eso he metido en las últimas listas a gente más joven, preparada, para ver si se preparan para un relevo”. Y finalmente por otra razón: “Porque todos los buenos papas y los buenos jefes organizan su sustitución”, comenta medio en broma, medio en serio.

Hace unos días nos sorprendió el subdelegado del gobierno con unas declaraciones diciendo que el gobierno, “como no”, tiene en “estudio y planificación” de todos o casi todos los proyectos anclados en el tiempo, esperando como solucionarlos mejor. Es decir, lo que nos llevan mintiendo desde hace décadas; mientras que fuera de nuestro territorio leonés todo son soluciones, ¡aquí son estudios!

El subdelegado no deja de ser un empleado del PSOE, como los representantes políticos en la Diputación, no están por votación de los leoneses, sino colocados a dedo por el partido, luego su disposición, es defender a su empresa y a quien debe su sueldo y prebendas.

Todos ellos cumplen honestamente con su función de gestión, sin más; ninguno se esfuerza en mejorar su cometido, dado que en su empresa (partido) les han transmitido –vamos a decir– el deseo de no enmendar los problemas existentes, porque a la provincia de León la tienen destinada a una producción masiva de energía, para que la disfruten, en otras latitudes, mientras aquí apoyan la despoblación para que no haya protestas ante las instalaciones de plantas de biometano, convirtiendo nuestra tierra leonesa en un vertedero nacional, e incluso de Europa. Y macroplantas de placas fotovoltaicas, además de los molinos de viento

Pasan olímpicamente de las siete Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco, la mayor concentración del mundo, la mayoría en la Cordillera Cantábrica, además del reconocimiento internacional de la montaña leonesa como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), que, dicho sea de paso, nuestros políticos leoneses han ignorado, o, insensatamente, les resbala el tema. 

El Estado, descaradamente eludiendo infraestructuras

Están descaradamente eludiendo la terminal de carga aérea; no les preocupa la falta de energía eléctrica industrial en nuestra tierra, como denuncian las fuerzas económicas y empresariales leonesas, a pesar del interés de las empresas por situarse en tierras ñeonesas, y las ya establecidas, por ampliar su capacidad de producción. Vamos que nos están aplicando aquello de en casa del herrero cuchillo de paro. 

Sin entrar en las mejoras de las comunicaciones con Portugal por Rihonor o desde Ponferrada a Asturias o Monforte, entre otras ya conocidas, como la Ruta de la Plata o solución del Manzanal, paradores de San Marcos, y de Riaño, elevación del segundo edificio del Incibe, soterramiento del ferrocarril en San Andrés, por eso hay que desprestigiar a la regidora municipal que no acepta otra solución alternativa al enterramiento, etcétera, etcétera.

La Junta no es que sea mejor

Claro que, en la otra administración, la autonómica, nos prometieron empresas públicas y dotadas con personal cualificado para un operativo antiincendios, y siguen contratando empresas privadas. O se despreocupan de los techos conocidos como de Teitu, en Villar del Monte en la zona de la Cabrera. ¡Esta no es una comarca castellana a la que cuidar! O nos llevan a Valladolid el circuito de Ciberseguridad, proyecto tecnológico vinculado al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Estas personas que dirigen la administración autonómica, son los mismos que durante siete años administraron la de España, y no sólo no solucionaron los problemas que teníamos, y que se mantienen, sino que además negociaron el eje atlántico, que se está ejecutando, aislando a la provincia de León. ¿Con estos mimbres podemos confiar que solucionen nuestros problemas si llegan a dirigir la administración central?

Llegado a este punto la conclusión como siempre es la misma: autonomía propia, para poder administrarnos los leoneses, con nuestros intereses, y no supeditarse a los de aquellos que actualmente nos administran.

Solución: diseñar ya la autonomía de León

Pero no vale simplemente reclamar de palabra la autonomía, hay que diseñarla ya, un estatuto de autonomía leonesa, ponerlo en marcha desde las administraciones que gobernamos los leoneses, y buscar los caminos de aprobación de la Constitución española. Exigir el cumplimiento de nuestros Decretas, como lo son otros, herederos de los nuestros.

Y no tolerar más mentiras ni engaños de los políticos nuestros, o que nos visiten como enviados de las administraciones. Una vez nos pueden engañar. Dos veces, puede pasar, porque somos buenos, y admitimos errores. Un servidor, no pasa por más mentiras y engaños, por la sencilla razón que, el no tener master, ni títulos universitarios y posibles lagunas culturales, no implica ser gilipollas. Y mis paisanos creo que la gran mayoría tampoco lo son.

A mi modo de ver, debemos dejar claro a nuestros políticos –¡Elegidos por nuestros votos!– Que no podemos soportar más tomaduras de pelo, levantándose de la mesa, o saliendo de la sala, cuando empiezan con los cuentos de que están estudiando, analizando, los problemas. ¡No tienen intención de solucionar nada, por las razones que he expuesto anteriormente! 

Queremos soluciones, y no más mentiras ni engaños.

Post Scriptum: Estimado lector, estimados leoneses, o nos ponemos serios pidiendo lo que nos corresponde, o seguirán riéndose de nosotros, teniendo que ir nuestros hijos a trabajar a otras regiones, sin poder disfrutar de sus alegrías, o apoyarles en sus contrariedades. Incluida la perdida que te llamen, los nietos, Guelu o abolu frecuentemente y no sólo por Semana Santa o Navidades.

El Ayuntamiento de Astorga, con mayoría absoluta del Partido Popular (PP) ha aprobado en Pleno su presupuesto municipal para este mismo año con algunos meses de retraso respecto a los plazos legalmente establecidos. Se trata de las cuentas con las cifras de ingresos y gastos más altas de su historia, ascendiendo a 13,13 millones de euros en ingresos ya 12,53 millones de euros en gastos, y alcanzando un superávit formal de cerca de 600.000 euros, resaltan hoy en una nota de prensa.

La concejal de Hacienda, Laura Torralba, ha definido el presupuesto como “la principal herramienta para transformar la ciudad”, destacando tres ejes prioritarios: personas, identidad y futuro, y destacando que en este ejercicio habrá incremento inversor, estabilidad financiera y la visión de futuro.

Entre las medidas sociales, se mantienen las ayudas a la natalidad y se incorpora a Cáritas Diocesana de Astorga como beneficiaria de subvención nominativa. También se refuerza el apoyo a eventos y tradiciones como Astures y Romanos y la Semana Santa de la ciudad. Mientras en el ámbito deportivo los populares destaca el aumento de la subvención al Atlético Astorga hasta los 50.000 euros.

Uno de los cambios más relevantes afecta a las juntas vecinales, ya que el Ayuntamiento asumirá directamente la ejecución de obras para agilizar la gestión y garantizar la igualdad de servicios.

Respecto a casi lo más relevante para los ciudadanos, las inversiones reales, se elevarán a más de dos millones de euros y el equipo que preside el alcalde José Luis Nieto resalta la repavimentación de varias calles principales, la urbanización de los márgenes de la carretera N-VI a su paso por la ciudad, la recuperación del entorno del antiguo hospicio, un nuevo plan de asfaltado, actuaciones en parques infantiles que no se detallan y también en las zonas de mascotas habilitadas.

En cuanto a las cifras, han resaltado un ahorro neto positivo de algo más de un millón de euros, la reducción del gasto financiero en un 42% o cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y el límite de deuda. Pero por encima de todo, aseguran que esto se conseguirá sin aplicar subidas de impuestos, manteniendo las ordenanzas fiscales vigentes.

La oposición, y muy especialmente el Partido Socialista, criticó algunos de los aspectos principales de estas cuentas para 2026, que ahora entrarán en período de alegaciones antes de su aprobación definitiva. Unas críticas a las que el equipo de gobierno replicó tildándolo de “alarmismo político”.

Nieto recordó que “el PSOE de Astorga no presentó ni aprobó un presupuesto en la última legislatura y por ello tuvimos que entrar a gobernar con presupuestos prorrogados, por lo que no están para dar lecciones a nadie”, afirmó. Aunque hay que recordar que el equipo socialista gobernó sin mayoría suficiente ni apoyos asegurados para sacar adelante unas cuentas, al contrario que ahora el PP.

Por último, Torralba cerró la intervención calificando el documento como “un presupuesto responsable y ambicioso que atiende lo urgente, protege lo importante y construye el futuro de Astorga”.

Todavía no toca. A pesar de que el propio Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León decidiera prometer, hace exactamente un año, un calendario de escasos meses para reactivar una especie de 'Mesa por León 2.0' en busca de soluciones al complicado futuro de la provincia de León, ahora el Ejecutivo asegura que no se daban las circunstancias para cumplir esos compromisos. Y que será tarea del nuevo Gobierno, que todo el mundo da por seguro que conformarán una legislatura más PP y Vox si consiguen cerrar un pacto como los alcanzados ya en Extremadura y en Aragón.

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que además en persona protagonizó la reunión impulsora de hace un año de una nueva hoja de ruta por el futuro de León, junto al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó hoy públicamente que los plazos no eran adecuados para avanzar a lo largo del año pasado y lo que llevamos del ejercicio actual.

En concreto, admitió que tras una última reunión con representantes empresariales de la provincia en julio de 2025, y a pesar de los compromisos adquiridos de que en torno a esa fecha ya dispusieran de un documento muy completo sobre el diagnóstico y las propuestas para implementar en León, que la dinámica del calendario político les recomendó paralizar todo el proceso. Hasta hoy.

Carriedo lo defendió recordando que “se convocaron elecciones” autonómicas -aunque eso no ocurrió hasta enero de este año- y el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco consideró que, una vez en funciones, ya no debían dar pasos adelante en los resultados y acciones de esa nueva 'Mesa por León', por “no crear un debate que se convirtiera en un programa electoral”. A posteriori, razonó que “no es propio de un Gobierno en funciones comprometer retos o programas”, explicó hoy preguntado por todo el retraso acumulado y el incumplimiento de unos plazos públicos a los que en abril de 2025 nadie les empujó a adquirir.

El portavoz del Ejecutivo autonómico concluyó comprometiendo ahora, nuevamente, que la labor de cumplir con todo el plan será del nuevo Gobierno que salga del pacto que se adquiera a partir de ahora con la negociación que PP y Vox mantienen para reeditar su cogobierno de 2023. “Será una de las tareas de ese nuevo Gobierno”, sentenció, aunque de momento sin plazo, ya que no se conocen avances ni reparto de responsabilidades en el hipotético nuevo ejecutivo de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León.

El tasa de basuras que la Diputación de León cobra en nombre de casi todos los pueblos de la provincia es ilegal. Así lo zanja una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que, aunque la institución se niega a dar a conocer literalmente, ante la petición de ILEÓN, admite que va en contra de sus intereses y les fue notificada ayer mismo.

Literalmente, el auto sentencia que queda anulada la tasa de basuras que la Diputación gestiona de manera directa una vez disuelto el polémico consorcio provincial Gersul, tras años de escándalos y un rosario de condenas millonarias. De este modo, además, deja en el aire si tienen validez los recibos emitidos e incluso cobrados en lo que va de año 2026, así como de ejercicios precedentes.

El conocimiento de este varapalo judicial tuvo lugar por sorpresa en el Pleno celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes, tras preguntar por este caso el portavoz del Grupo Popular, David Fernández, y admitir el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, que el equipo de Gobierno de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) acababa de tener hacía pocas horas la sentencia que supone la anulación de la ordenanza reguladora fiscal de la tasa por la gestión y tratamiento de residuos domésticos que fue aprobada a finales de 2023 y entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Un particular presentó ante el TSJ un recurso contra esa aprobación, denunciando un rosario de irregularidades, defectos de forma e incumplimientos, en una amplia demanda de casi 1.000 páginas, denunciando la “negligencia” del equipo de Gobierno. A pesar de negar el acceso a la condena, y del poco tiempo transcurrido desde su notificación, el portavoz del equipo de Gobierno, Santiago Dorado, sí la valoró en la sesión plenaria para admitir que el Alto Tribunal no ve “suficientemente justificada” la decisión de la Diputación de optar por el actual modelo de gestión.

Según su explicación, el TSJ pone en duda los motivos, por los cuales se decidió que esa gestión siguiera quedando en manos de una empresa privada, la UTE Legio VII -formada por FCC Medio Ambiente y Urbaser- sin valorar otras alternativas como una gestión pública. Cabe recordar que el contrato privatizado con Legio VII expirada precisamente casi a finales de 2024, si bien ha agotado la última prórroga y aún continuará vigente varios meses más.

Dorado también incidió en que el resto de los argumentos, que ascendían a más de una docena, habían sido rechazados finalmente por el Tribunal Superior, tales como que la tasa se había “aprobado antes de tiempo” o que la Diputación carecía de competencias en base a la Ley de Economía Circular, recayendo sólo en los pequeños municipios. Como todos esos demás argumentos de la demanda han sido rechazados, la valoración final del diputado portavoz fue que ya se ha decidido, en tiempo récord, la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, última instancia posible.

Por último, aseguró que los abogados del Palacio creen que “tiene muchas posibilidades de que prospere” y le dé la vuelta al varapalo actual. De momento, lo cierto es que le concederá a la institución un breve plazo de tiempo de algunos meses, hasta que el TS decida si admite o no la casación, y todo ello mientras se pone en marcha un nuevo concurso público para la gestión, transporte y reciclaje de las basuras de 208 de los 211 municipios de la provincia en el centro de tratamiento de residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega.

El presidente Álvarez Courel no hizo tampoco autocrítica de la condena y se sumó a la petición pública de “tranquilidad”, afirmando a pesar de la sentencia que “se hizo bien y adecuadamente, con los informes técnicos” y tratando de expandir la posible responsabilidad de aquella decisión que ahora se tumba al remarcar que “honestamente, se aprobó por unanimidad”. “En los juicios a veces se gana y a veces se pierde”, concluyó.

Hace justo dos años que el Ayuntamiento de León, con mayoría de votos de la oposición imponiéndose al criterio del equipo de Gobierno del PSOE, aprobó la paralización, negociación e incluso expropiación del solar junto a la Catedral de León del histórico restaurante Luisón ubicado en la Plaza Puerta Obispo, anexo a la muralla, donde se comenzaban a construir apartamentos turísticos. El objetivo claro de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Popular (PP) y Vox era impedir cuanto antes esa construcción, a la que sin embargo meses antes todos los partidos habían otorgado una licencia previamente a que saltara una sonora polémica pública.

Pues bien: el nuevo edificio de apartamentos turísticos ya está completamente ejecutado en su estructura, a falta de pequeños remates interiores. Y de este modo vuelve a tapar la visión de la muralla de León y el lateral del Palacio Episcopal que la demolición del anterior inmueble había desvelado, y que Patrimonio de la Junta autorizó aunque obligando a dejar visible al menos desde el interior del nuevo inmueble.

El asunto ha vuelto hoy, un poco por casualidad, al Pleno del Ayuntamiento de la capital. En una respuesta al portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, que se interesó por el estado de la situación y los motivos del incumplimiento flagrante de la moción aprobada por la oposición hace dos años, se volvió a desvelar la maraña administrativa a la que se ha aferrado el equipo de Gobierno socialista que dirige el alcalde en minoría, José Antonio Diez. Una maraña que ha permitido que la empresa ejecute casi totalmente las obras y pronto comience a funcionar el nuevo y controvertido establecimiento hostelero.

El portavoz socialista, Vicente Canuria, detalló en el Pleno los últimos, lentos y tímidos avances en la tramitación por la que el PSOE abogó para no bloquear la construcción, como le mandató el Pleno, aferrándose no a una actuación concreta en este caso sino a la complejísima revisión completa del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua para, a continuación, intentar modificar no sin menos complicación la totalidad del Plan del recinto Amurallado de la capital. Y es que, como argumentó de viva voz en su día el alcalde Diez tras la imposición de la oposición, a quienes censuró su “vena proteccionista” a posteriori, lo justo sería tratar por igual a todas las construcciones de viviendas adosadas a la muralla de la ciudad, incluyendo la totalidad de las de la contigua calle Serradores. E incluso en el resto de la ciudad.

De ahí que el equipo socialista mandatara al Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV) toda la tramitación, que depende también en última instancia de la Consejería de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Canuria admitió hoy con un eufemismo que este camino administrativo interminable elegido es un “complejo expediente”, recordando además que los técnicos municipales y funcionarios tienen mucho más que hacer que esto en su día a día, “compaginándose con el resto de expedientes, proyectos, obras, direcciones de obras, licencias, planeamientos...” del día a día. Con todo ello, ahora se entiende cómo a la empresa le ha dado tiempo a construir por completo el edificio nuevo en Puerta Obispo, ajeno a las maniobras políticas municipales.

Otro municipio leonés, el de Mansilla Mayor, ha aprobado también la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, al margen de Castilla, sumándose así a los consistorios que reclaman una autonomía propia, que sería la número 18 en el Estado.

En este caso, la moción fue presentada por los representantes de Unión del Pueblo Leonés (UPL), en concreto por los concejales leonesistas Pedro Pinto Pérez y Telesforo Suárez Manga. A sus dos votos se sumaron para salir adelante otros cuatro favorables de todos los integrantes del Grupo Socialista, mientras que el único concejal del Partido Popular (PP) no asistió, según UPL “por causa justificada”.

Con esta incorporación, ya son 78 los municipios de la provincia de León que han aprobado mociones en favor de la autonomía leonesa, siendo los últimos el pasado mes de marzo en los casos consecutivos de La Ercina y Benavides de Órbigo. La cifra asciende a 83 si se tienen en cuenta además los acuerdos adoptados plenarios en ayuntamientos de Zamora y Salamanca. La moción ya representa a más del 58% de la población de la provincia leonesa.

Un anticipo aclaratorio: quien esto va escribir es nieto de militares, hijo de militar y hermano (único) de militar. Mis abuelos combatieron en la guerra de África y en la civil, en el bando ganador; mi progenitor fue un oficial del ejército de ocupación del propio territorio que auspició el franquismo y un alto mando en el arranque de la democracia; mi hermano sirvió en unas fuerzas armadas ingresadas en los grandes tratados internacionales, con misiones en Kosovo e Irak. Con este libro de familia es sencillo colegir que tengo una visión cercana de la filosofía castrense de España en el último siglo.

Salvo la fuerza de la sangre, importante sin duda, poco más me une en complicidades a la filosofía militar. Mis derroteros fueron por caminos diferentes que no entran en valoraciones cualitativas. Soy persona conquistable por el convencimiento, no por las jerarquías.

Hechas las salvedades, entro en materia, no otra que el incomprensible comportamiento, con comparación especialmente odiosa, de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, la paisana Ester Muñoz, relativo a la reacción del PP, el principal partido opositor, respecto a la retención durante una hora de un soldado español por las fuerzas invasoras de Israel en el Líbano. 

Determinadas tribunas han conceptuado la acción de secuestro. Al parecer hubo violencia de trato. Quizás exagerada, pero no descaminada, por tratarse de un acto hostil en territorio de guerra contra el integrante de una fuerza de paz y auxilio como son los soldados desplazados por la ONU. Llevan grabada en la frente la bandera blanca de obligado respeto para el concepto de honor castrense.

Ester Muñoz es un producto de la política profesionalizada y doctorada en las tesis de las descalificaciones obcecadas al adversario. Sumisa al liderazgo, así es como se medra, la táctica de convencer con argumentos está desterrada de cualquier planteamiento. No se trata de movilizar la razón. La cuestión es agitar la víscera. Muñoz no entendió el trasfondo de la cuestión. Cuando el guión diario es una obsesión anti, la brújula está imantada.

Ella respondió con la elocuencia de un silencio sobre la parte concernida, la política belicista con ribetes de genocidio del gobierno de Israel, nación regida por tendencias afines a las de sus amistades en coaliciones de poder. Pies de plomo, porque una frase mal dicha puede ser la primera ficha de dominó en caer, y es sabido lo que arrastra. Pero ha ocurrido que por cuidar una presencia, ha dañado la esencia patriótica que tanto enarbola su partido. 

El soldado, al parecer un suboficial, secuestrado o retenido, ilegalmente en cualquier caso, era la metáfora de una bandera de España en territorio delicado y conflictivo. Pero, en su ofuscación enfermiza contra el gobierno ejerciente, solo quisieron ver, en sus desconcertadas entendederas, no a un servidor en apuros de la patria, agredido en las posaderas de nuestra dignidad colectiva, sino al agente infiltrado de un poder ejecutivo infernal, según sus estrechos razonamientos. Esta sinrazón tiene el rostro de Ester Muñoz, expresión veraz de la utilización mitinera y patriotera en su partido del emblema nacional. No han estado a la altura donde España, sus colores y sus soldados, necesitaban el reconfortante apoyo del principal grupo opositor y candidato a gobernar en tiempo cercano.

Del silencio al disparate

El silencio inteligente no es, desde luego, virtud en el PP. Si en el mutismo hacia las críticas contra Israel emergen sospechas de vinculaciones económicas con los lobbys hebreos, la comparación es ratificación de la persistencia en el disparate a través de la verborrea. Vincular este suceso a los controles de la Guardia Civil suena al patada a seguir del sálvese quien pueda. Alegar que más tiempo que el militar español en Líbano, ha estado ella retenida en un control de la Benemérita, es la excusa de un niño sorprendido robando caramelos. Vuelve a poner su bizquera en otro estamento militar, para más ende, uno de sus recursos victimarios en el comodín etarra que con reiteración sacan a colación en su constante ofensiva antigubernamental, como si no lleváramos trece benditos años sin la amenaza terrorista de ETA. Qué burdo cambio de cromos.

El PP y su contravoz, cargo bien mutado por la gestión llevada a cabo en este asunto, olvida el ejemplo de movilización de cualquier país civilizado, democracias por supuesto, ante el extravío o pérdida de contacto de unidades militares o combatientes individualizados. Hace unos días se ha visto el despliegue estadounidense para localizar en territorio enemigo a dos pilotos abatidos y el alborozo de la población consumado el rescate. Aquí no, aquí ha importado más la posibilidad de reincidir en el desgaste al gobierno que la complicidad con uno de los nuestros en apuros, durante prestigiosa misión humanitaria, que no bélica, para este país. Otro trato merecía este sargento, alegoría oportuna del soldado desconocido, que siempre ejemplifica mucho más que los políticos adormecidos en su soberbia.

Algo que nunca he dejado de alabar en los militares es la asunción sin reservas del espíritu de camaradería. Poseen un código genético inviolable de ayuda al compañero necesitado. Jamás le abandonan. Ni siquiera ante el fuego cruzado del enemigo. Para abundar en su grandeza, es en esas situaciones de emergencia donde quedan en la nadería más absoluta galones, estrellas o entorchados. El PP ha dejado en la orfandad del apoyo moral a un soldado desconocido. A ellos, por los silencios y comparaciones de su portavoz, los hemos conocido.

El tablero político municipal en León capital de cara a las elecciones de 2027 ya se ha comenzado a desplegar. Y lo ha activado el concejal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) Eduardo López Sendino, anunciando por primera vez públicamente que no volverá a ser cabeza de cartel, como sí ha protagonizado en las últimas tres elecciones consecutivas desde el año 2015.

Así se lo ha transmitido ya de manera formal a su partido y así lo ha desvelado en declaraciones en exclusiva a Radio León SER, que ha adelantado hoy las explicaciones y decisiones de uno de los líderes leonesistas más conocidos en los últimos años.

Sus palabras recogidas por Radio León no dejan lugar a dudas: “Mi intención es no volver a presentarme como candidato a las elecciones municipales”, afirmó, dejando claro que, aunque aún resta tiempo para la cita electoral, su decisión está tomada. Con ello, UPL se ve abocada a partir de ahora a abrir un proceso interno para designar a su relevo al frente de la lista en la capital que aspire a la Alcaldía que ostenta desde hace dos mandatos el socialista José Antonio Diez, con el que Sendino ha tenido buena sintonía general.

Sendino cierra así una etapa de más de una década como referencia del proyecto municipal leonesista. Concejal desde el año 2011, ha liderado la candidatura de UPL en las tres últimas elecciones, en 2015, 2019 y 2023, además de haber desempeñado responsabilidades orgánicas como la Secretaría General del partido entre 2013 y 2017 bajo el mandato de Luis Mariano Santos, algo que ya no ocurre con la nueva dirección de Alicia Gallego.

Pese a dar un paso al lado en la primera línea, el edil deja claro que pretende seguir implicado en la formación, aunque sin especificar si en primera línea o no, así como garantiza de antemano su respaldo al próximo candidato. “Estaré para apoyar esa candidatura y siempre a disposición de lo que el partido disponga”, señala en la misma intervención en la SER, donde también expresa su confianza en el relevo: “Hay mucha gente en el partido que puede asumir el cargo. Quien sea, va a hacer una labor extraordinaria”.

El todavía concejal subraya, además, que el objetivo de la formación sigue siendo alcanzar la Alcaldía de León y confía en que el futuro aspirante tenga “suficiente potencial para poder acceder” a ella.

Lo que de momento ya se baraja es que en caso de que concurran varios candidatos a sustituirle, la decisión final se debería resolver mediante un proceso interno de primarias, tal y como recogen los estatutos del partido, un mecanismo que el propio Sendino ya tuvo que afrontar en dos ocasiones anteriores, no así en 2023, cuando su designación no tuvo alternativa al frente.

El 'caso Diez' en el PSOE y las dudas totales de PP y Vox

La decisión de Sendino abre la carrera electoral municipal con un poco más de un año de antelación, ya que nadie más de los actuales dirigentes del Ayuntamiento de León ha movido ficha en este tablero por el momento. Se ha hablado mucho del regidor, Diez, pero sólo por el enfrentamiento abierto internamente con el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, que ha subido mucho de tono entre ambos hasta poner en duda la continuidad del alcalde bajo las siglas socialistas de cara a un próximo mandato, algo que por su parte desmiente en espera de que quien 'caiga' sea el diputado nacional Cendón. Hay que recordar que la norma interna del PSOE es que los alcaldes que quieran presentarse a la relección tienen prioridad, aunque no pocas veces un proceso de primarias a buscado que eso no se cumpliera.

En el PP, tras el fiasco de 2023 con la designación in extremis de Margarita Torres, que tuvo que pasar a la última fila municipal poco después, nada se sabe sobre si el actual portavoz, David Fernández, podría ser por primera vez cabeza de cartel o si la formación -que continúa sin dirección provincial oficial y estable- tiene a alguien nuevo en la recámara.

Lo mismo ocurre con Vox, que obtuvo dos actas pero pronto se partió por la mitad, yéndose de la disciplina el segundo de ellos, Ildefonso del Fueyo, entre duras críticas a la portavoz, Blanca Herreros, e incluso votando no pocas veces el edil tránsfuga con el equipo de Gobierno socialista, que sin embargo lleva todo el mandato sn pactos de gobierno y dirigiendo el Consistorio en una delicada minoría.

En un discretísimo segundo plano, en consonancia con su perfil bajo durante casi las dos últimas décadas, ha fallecido este domingo el empresario leonés Santos Llamas. Un hombre de carácter personal sencillo que sin embargo, empujado por muchas circunstancias, se convirtió en el arranque del siglo XXI en uno de los principales símbolos del poder de la construcción desde León, protagonizando desde aquella posición un papel de primerísima línea no sólo en el ámbito empresarial sino en el económico, social, sanitario, deportivo y cultural, e incluso político. Y que, como los molinos de viento a don Quijote, acabaron por derribarle.

En todos estos ámbitos estuvo a frente de muy variados proyectos, aunque por encima de todo destaque su salto desde el grupo de construcción Carriegos que pasó a controlar y pilotar a finales del siglo pasado hasta la mismísima presidencia de Caja España, una de las entidades financieras más poderosas del país. En ambos casos, Llamas afrontó en primera persona épocas de máximo esplendor y bonanza, para después protagonizar también la traumática demolición de sendas burbujas, la empresarial y la financiera. Y es lo que explica que este hombre, que ha fallecido a los 77 años, haya dejado un rastro de claroscuros, pero oculto en los últimos años por una deliberada retirada de la vida pública y social de cualquier tipo. Hasta tal punto que, por su expreso deseo, ni siquiera habrá tanatorio ni ceremonia pública de despedida.

Nació en el año 1949 en la villa leonesa de Cea. Arquitecto técnico de formación, inició su carrera como profesor en el Instituto de Formación Profesional La Torre de León capital, plaza que acabaría dejando en excedencia para volcarse en el ámbito empresarial. Desde ahí comenzó a tejer un perfil que pronto desbordaría el sector de la construcción para proyectarse sobre buena parte del tejido económico y social de la provincia e incluso de la Comunidad de Castilla y León al ser elegido, y él aceptar de buen grado, varios cargos de gran relevancia.

Tiempos de auge

En lo esencial, su nombre quedó ligado a Construcciones Carriegos, firma de la que llegó a ser socio mayoritario, antes de convertir la empresa en partícipe activo en el desarrollo urbanístico de León en los años dorados. Lo hizo primero erigiéndose al frente de la Agrupación Leonesa de Empresarios de la Construcción (Agelco), cuya creación impulsó en 2003, y recogiendo después reconocimientos en las patronales de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y la autonómica Cecale.

Pronto su influencia fue más allá del ladrillo. Llamas, desde Agelco, decidió dar el salto a numerosas y muy variadas iniciativas económicas que requerían apoyo urgente para la sociedad leonesa. Por eso participó en la compra de Lagun Air, una aerolínea local que en su día dio impulso al aeropuerto de León pero que entró en quiebra, o en el ámbito sanitario, con la salvación de la quiebra de la Clínica San Francisco. Incluso con vinculación a la Cultural y Deportiva Leonesa, a través de Profutle, en los albores de una etapa previa a los vaivenes del profesionalismo más reciente del fútbol nacional.

En 2005 su figura se apuntaló con el nombramiento como Empresario del Año por parte de la Fele, como trampolín, a partir de julio de 2006, del mayor salto profesional de su biografía, y puede que uno de los que más se arrepentiría con el tiempo: asumir la presidencia de Caja España.

De la -pesada- cumbre a su discreto abandono

Su elección fue netamente política, como candidato de total consenso entre lo más duro del bipartidismo político, de PP y PSOE, y también sindical, que controlaba el Consejo de Administración en tiempos de muchísimo descontrol y utilización partidista. Algo que con el tiempo también pagaría, tras algunos escándalos de concesión de créditos teledirigidos, incluso a sus propias empresas, que entre otras operaciones llegó a ser objeto de amplias imputaciones judiciales que se valoraron en la Audiencia Provincial del que todos los protagonistas de la cúpula de 'la Caja' saldrían finalmente airosos.

Su mandato financiero se prolongó hasta 2010, aunque siguió como consejero hasta 2012 tras una desastrosa fusión con Caja Duero que causó un tsunami económico, el cual acabo con varios rescates cifrados en más de 1.000 millones de euros de dinero público. El buque insignia financiero de León acabó así nacionalizado y posteriormente fue a parar a manos de la actual Unicaja.

Al margen ya del desastre, Llamas redujo de forma significativa su presencia en empresas y poco a poco se centró en la presidencia de la Fundación Carriegos, una entidad eminentemente social que le mantenía un considerable lustre desde su fundación en 2003. Entre sus iniciativas de más relumbrón destacó el centro ecuestre de Robledo de Torío, orientado a terapias con caballos para personas con discapacidad. Desde Carmen Lomana a la entonces reina doña Sofía, entre otras muchas figuras, se rindieron públicamente a este aplaudido proyecto que hoy tampoco se mantiene, a pesar de haber recibido en su día la Cruz de Oro de la Solidaridad Social.

Con el paso de los años, Llamas se fue retirando de la primera línea pública y empresarial. Su figura, sin embargo, quedó asociada a un tiempo de expansión y transformación en León, en el que su nombre aparecía con frecuencia allí donde se tomaban decisiones relevantes.

Casado y padre de dos hijas, Santos Llamas será recordado como el símbolo del auge y la aspiración de ensanchar los límites económicos de León. Y también como imagen del fin de una época dorada de crecimiento desmesurado que con el tiempo León acabó pagando caro y que, en lo personal, también pesó demasiado en su quijotesca presencia de paisano leonés.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

La provincia de León pierde peso político en la nueva configuración de las Cortes de Castilla y León salidas de las elecciones del pasado 15 de marzo. De dos miembros leoneses en la Mesa de las Cortes y dos portavocías de grupos (una rotativa) se pasa a solo una vicepresidencia, que recae en la socialista y vicesecretaria general del PSOE autonómico Nuria Rubio, y una portavocía.

Este martes 14 la sede de las Cortes en Valladolid ha acogido el pleno de constitución del parlamento autonómico para una nueva legislatura, en el que se constituye la Mesa que dirige el poder legislativo y para la que el PP y Vox ya anunciaron este lunes un acuerdo de reparto que devuelve a los populares a la Presidencia tras siete años fuera.

El número dos del PP de Castilla y León como secretario general, el segoviano Francisco Vázquez, ha logrado la presidencia de la institución gracias a los votos del PP (33) y de Vox (14). Nuria Rubio, candidata de los socialistas al puesto, obtuvo el apoyo de los 30 votos del PSOE. Vázquez sustituye así al leonés Carlos Pollán (Vox) que ha ocupado el cargo entre el 2022 y el 2026 y que se queda de portavoz parlamentario del grupo de la extrema derecha, pero en unas circunstancias de temporalidad ya que cuando haya un acuerdo de Gobierno entre PP y Vox se espera que pase entonces al Ejecutivo, tal y como ocurrió con Juan García-Gallardo en 2022.

En el resto de puestos de la Mesa se han repartido con dos vicepresidencias para PP y PSOE. Nuria Rubio ha sido elegida vicepresidenta segunda, sustituyendo a la socialista Ana Sánchez. Las secretarías se han repartido entre PP, Vox y PSOE con la exconsejera Rocío Lucas, Daniel de la Rosa y Susana Suárez y sin ningún nombre leonés, cuando en la anterior legislatura figuraba el socialista Diego Moreno como secretario primero.

La nueva legislatura además contará con un grupo parlamentario menos, al desaparecer el leonesista-sorianista que constituyeron UPL y Soria Ya. Los leonesistas de UPL mantuvieron sus tres procuradores pero la caída de Soria Ya de tres a uno les dejan sin opciones de constituir grupo propio ya que requiere un mínimo de 5 escaños. El nuevo grupo Mixto se constituirá entonces con los tres de UPL, uno de Soria Ya y uno de Por Ávila.

La portavocía principal del Grupo Mixto deberá recaer por lógica en la líder leonesista Alicia Gallego, aunque siempre se ceden espacios de tiempo a los demás partidos de forma habitual, en una negociación que se dará a posteriori pero con UPL como dominador claro del nuevo grupo mixto.

El PP ha anunciado que su portavoz de grupo pasará a ser la exconsejera zamorana Leticia García, que sustituye al leonés Ricardo Gavilanes, que de momento ha abandonado la primera línea de la política tras cesar como procurador autonómico por la provincia leonesa. El PSOE no ha anunciado su portavocía de grupo, aunque la candidata principal es la vallisoletana Patricia Gómez.

El Grupo Popular en la Diputación de León ha denunciado pagos en concepto de horas extras de más de 76.000 euros en el mes de diciembre a bomberos del Sepeis (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento), debido a la escasez de personal, lo que supone un “sobrecoste” equivalente a algo más del salario de dos bomberos durante un año.

Los populares, que acusan al equipo de gobierno de la institución provincial de “mala planificación”, destacan que ello supuso que 42 profesionales tuvieran que incrementar sus horas laborales por encima de las 37,5 horas semanales estipuladas, sumando, de una manera conjunta, un total de 3.077 horas acumuladas durante el último mes de año 2025.

Ello supone, según indican, que se realizaran en un solo mes casi dos veces la jornada anual de un bombero establecida en 1.642 horas al año, estando obligada la compensación económica, tal y como recoge el informe ratificado por el diputado de Protección Civil y Sepeis, Luis Alberto Arias, “hasta que no se produzca la incorporación efectiva de funcionarios para la cobertura ordinaria de los turnos de trabajo”, explicó.

El Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León prevé que los parques de Tipo 2, que son los que están actualmente en funcionamiento en la Diputación de León, han de estar dotados con 3 intervinientes como mínimo presenciales las 24 horas.

El informe del servicio correspondiente al mes de diciembre de 2025 aclara que el número de efectivos es en la actualidad de 58, número que resulta insuficiente para que, con la jornada actual de funcionarios del Sepeis, puedan realizar la cobertura de los 4 parques existentes con 3 efectivos los 365 días del año.

Se ha podido leer recientemente, en algunas publicaciones apócrifas, que la Junta de Castilla y León ha empezado a difundir que comienza a percibirse un malestar creciente entre la ciudadanía por la proliferación de integrantes de la cabaña ursina, es decir, del número de osos que se ha alcanzado, un éxito tras los denodados esfuerzos por recuperar la población de osos en la codillera Cantábrica, su último reducto. Al parecer, comienzan a alzarse voces teóricamente preocupadas por el incremento del número de osos en lugares como los Ancares, montes del Teleno o las posibles incursiones por tierras de Sanabria.

Traducido al cristiano, quiere decir que hay una preocupación entre la ciudadanía por la recuperación y expansión de esta especie, que ha costado no pocos esfuerzos recuperarla y, felizmente, en expandirse. Incluso parece traslucirse la conveniencia de su control y, porque no decirlo, la reducción del número de integrantes. Conviene señalar que tanto la población de osos, como la de linces o urogallos se considera en grave riesgo de extinción. El censo de oso y del lince parece estar en franca progresión, de estos últimos se han hecho sueltas en lugares tan apartados de sus hábitats relictos como pueden ser Aragón o Cerrato de Palencia, pasando por Ciudad Real.

Una de las singularidades del territorio leonés es que, dada la relativa proximidad del nuevo hábitat del lince en Palencia, lo que fácilmente permitiría incluso su implantación en León, podríamos contar en esta provincia con la representación faunística más vulnerable y por lo tanto con los últimos reductos que albergan especies emblemáticas: oso, lince, urogallo, rebeco, etcétera. También tenemos especies domésticas que sólo son nuestras, como el mal llamado mastín español, el carea, ahora denominado perro pastor leonés –la cuestión es siempre difuminar todo lo que suene a leonés– o la mantequera leonesa.

Viene todo este largo exordio para llamar la atención sobre un tema que inevitablemente acabar siendo motivo de polémica en León, cuando lo sea en el resto de la comunidad en la que hemos tenido a desgracia de haber caído. Inevitablemente el Partido Popular, que rige los destinos de Castilla y León desde tiempos inmemoriales –no se aplica aquí la monserga que se le aplicó a Andalucía cuando se censuraba que hubiera estado gobernada por el PSOE desde hacía treinta y siete años– se verá abocado a pactar con Vox porque de lo contrario ejercería un gobierno como si se tratase de un funambulista ebrio y ello tiene serios inconvenientes.

Enemigos reales, e irreales, de Vox

Una de tales contrapartidas es que Vox, con su particular política de alertar continuamente contra enemigos, reales algunos, irreales los más (emigrantes, menas, musulmanes, izquierdosos y un amplio surtido) propondrá como apoyo a ganaderos y cazadores la eliminación del lobo hasta límites que se decidirán así que se pueda aplicar dicha medida sin la oposición del gobierno central o el gobierno de la Comunidad Europea. Los populares se han sentido atraídos por el recurso simplón y vistoso de congraciarse con el campo y sobre todo con los ganaderos combatiendo a esta especie maldita. Así es que ahora, con viento de cola a favor, la tentación difícilmente va a ser postergada.

Sin embargo, hay razones de peso para rechazar categóricamente esta medida y vamos a tratar de exponer aquí algunas de ellas. En los frescos del panteón de San Isidoro aparecen recogidas figuras de pastores con sus perros, posiblemente mastines, que se empleaban para defender los rebaños del ataque de los lobos. No se precisa poseer una mente privilegiada para saber que los lobos han podido causar daños, pero nunca diezmaron la cabaña ovina y caprina. Téngase en cuenta la demografía de los tiempos medievales y la superior densidad de monte que permitirían a esta especie campar a sus anchas. Súmese la trashumancia y tenemos el escenario completo de los actores de este drama que nunca fue decisivo. 

Los daños ocasionados por las enfermedades son muy superiores a los que causa el lobo, aunque son menos magnificados y desdeñados porque no se ve sangre. Muchas personas que viven en zonas loberas saben que, si el lobo puede alimentarse de otro modo que no sea atacando a un rebaño bien protegido, –en la costa de Lugo se está haciendo incluso con asnos– prefiere no arriesgarse a encuentros poco recomendables con perros y cazadores. 

En resumen, el sector ovino y caprino tiene problemas mucho más serios que Canis lupus, como pueden ser el abandono del sector por muchos pastores, poca profesionalización, escasa ayuda al pastoreo y a la comercialización de sus productos, problemas sanitarios o escasa atención a la España rural donde pervive este modelo de ganadería intensiva. En el Órbigo viven de forma permanente muchos pastores procedentes de las montañas de Luna que ya mueven poco sus rebaños hacia los pastos tradicionales. La trashumancia ya casi es una reliquia del pasado.

Mentiras sobre los lobos

Y para terminar un regalo a los detractores de esta emblemática especie en forma de pequeñas píldoras que no admiten controversia. Se dice que el último ataque de un lobo a un humano fue hace, como mínimo, aproximadamente treinta años. No se recuerda la muerte de ninguna persona en España por el ataque de un lobo. Pasteur estudió la rabia en personas de Rusia atacadas por lobos que padecían la enfermedad y aún así habían sobrevivido al ataque en las estepas de aquel país. Los lobos, por su apariencia feroz, que la tienen, han sido retratados como la encarnación del mal y han dado origen a las supersticiones más variopintas como la del lobishome o la licantropía, amén de cuentos para asustar a los niños, lo cual puede tener algún sentido en la infancia, pero no parece de recibo en personas adultas.

Y ya sólo un apunte final. Los perros son los herederos de unos lobos que se fueron acercando hace miles de años a poblaciones nómadas de los antiguos humanos y se fueron adaptando a la convivencia atraídos por los restos de comida que recibían. El hombre domesticó al lobo y obtuvo infinidad de razas caninas que, como demostró Darwin, si pudieran cruzarse libremente y desapareciera toda selección, volvería a emerger la figura del lobo desde el mejor amigo del hombre, dicho sin eufemismo alguno. Muchos de quienes acabarán decretando la persecución del lobo tendrán perros en sus casas.

¿Firmarán la sentencia de muerte del ancestro de sus mascotas, sencillamente por haber conservado su condición primigenia? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La provincia de León suma desde principios de este año un coto de caza menos. Y no es un coto cualquiera. No sólo es un amplio espacio en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna sino que llegó a mover mucho dinero por lo preciado de sus rebecos. También se sitúa en terrenos de monte público que fueron el mismo escenario de una maniobra ilegal para que se cediera por 40 años a una sociedad privada, un caso que acabó con la condena por un delito de corrupción del anterior alcalde del Partido Popular (PP) en el municipio de Sena de Luna, donde el coto se ubica.

El caso, muy enrevesado, ha tenido que llegar al más alto tribunal de la Comunidad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que confirmara íntegramente. Ahora ya de forma definitiva se produce la anulación del coto privado de caza LE-11336, desestimando los argumentos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y de la Comunidad de Propietarios de la finca rústica donde el coto, Puerto Cubil, se ubicaba.

Hace ya casi un año de la resolución judicial final, dado que la sentencia 616/2025 data de mayo de 2025, pero fue declarada firme el pasado 12 de noviembre de ese mismo año. El auto ratifica sin tocar una coma el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, el cual ya había anulado en junio de 2024 la resolución administrativa que permitió la creación del coto, santificada por la Junta, al considerar que no se ajustaba a derecho.

Incumplía el requisito del tamaño

El origen del litigio se remonta a 2021, cuando la Junta Vecinal de Robledo de Caldas recurrió la puesta en marcha de este coto privado de caza, promovido por la Comunidad de Propietarios de Puerto Cubil y que fue autorizado por Medio Ambiente. En aquella época el presidente pedáneo era al mismo tiempo el histórico alcalde, José Celestino García, a su vez también miembro del Club Deportivo de Caza El Negrón, al que se le pretendía entregar la gestión por 40 años de un coto en el mismo monte por espacio de 40 años.

Para poner en marcha este, Puerto Cubil, se declaró que disponía de una superficie declarada de 524,82 hectáreas. Pero según los tribunales no cumplía con uno de los requisitos esenciales establecidos por la Ley de Caza de Castilla y León: acreditar la titularidad de al menos 250 hectáreas.

El Juzgado primero y el TSJ después han considerado probado que la comunidad promotora no logró demostrar ni de cerca dicha superficie. La documentación aportada presentaba importantes contradicciones: mientras una escritura de 1899 situaba la extensión en unas 92 hectáreas, otros documentos posteriores hablaban de entre 113 y 200 hectáreas. No fue hasta un acta de 2019 cuando se elevó la cifra a más de 500 hectáreas, basándose únicamente en datos catastrales.

Y es aquí donde el Alto Tribunal recuerda que el Catastro tiene efectos fiscales y no sirve por sí solo para acreditar la propiedad o la superficie real de los terrenos a efectos civiles. También argumentó que no se justificó el incremento de extensión declarado.

Otro de los aspectos clave del fallo es la confirmación de la legitimación de la Junta Vecinal de Robledo de Caldas para recurrir la constitución del coto. El tribunal considera que la entidad local menor estaba directamente afectada, ya que los terrenos en disputa incidían tanto en su propio coto de caza, el LE-10715, como en el monte de utilidad pública número 155, de su titularidad.

Extinción del coto y terrenos vedados

La Junta de Castilla y León esperó todavía cerca de dos meses para ejecutar la sentencia que daba la razón a la Junta Vecinal, la cual estaba representada por el entonces procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, el abogado Ricardo Gavilanes, después elevado a portavoz popular en el Parlamento. No ha sido hasta el pasado 14 de enero de 2026 cuando el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez, dictó resolución ordenando la extinción del coto LE-11336, como la sentencia mandaba.

Como consecuencia, los terrenos han pasado a tener la consideración de vedados, lo que implica la prohibición total de la actividad cinegética en tanto no se produzca una nueva autorización. Además, el anterior titular del coto ha tenido que retirar toda la señalización existente en los plazos que marque la administración.

Un coto marcado por la polémica política y judicial

La anulación de este coto se suma a la intensa conflictividad judicial que rodea a la gestión cinegética en Robledo de Caldas, especialmente tras el caso que afectó directamente al exalcalde de Sena de Luna, José Celestino García (PP).

En mayo de 2024, el propio TSJ de Castilla y León ratificó la condena contra el regidor por un delito de prevaricación, imponiéndole nueve años de inhabilitación para cargo público. La sentencia confirmó que, en 2019, García se autoconcedió derechos de caza durante 40 años en su condición de presidente de la Junta Vecinal, beneficiando al Club Deportivo de Caza El Negrón, del que formaba parte.

Los tribunales consideraron probado que actuó “consciente y gravemente” contra la legalidad y en perjuicio de los vecinos, en una operación que el fiscal resumió como un “yo me lo guiso, yo me lo como”. Aquella decisión también fue anulada posteriormente por la vía contenciosa. Aunque el PP se resistió, finalmente la condena obligó al entonces alcalde a dimitir, cerrando una etapa de décadas al frente del Ayuntamiento, pero dejó abierto un escenario de litigios en torno a los aprovechamientos cinegéticos de la zona que ahora suma un nuevo capítulo con la desaparición definitiva del coto de Puerto Cubil.

Como lo he visto en diversos medios, y el debate es interesante, me sumo al Campeonato Nacional de Bolas de Cristal (CNBC), patrocinado por la bruja Averías, o por uno de esos canales televisivos que ocupan las horas de la basura.

Una vez que hayan pasado las elecciones andaluzas, donde lo previsible es que las izquierdas se metan una leche de campeonato, el presidente del Gobierno tendrá que elegir el momento para convocar las generales. Le queda un año y muy bien podría esperar ese plazo, para que los suyos acumulen panza y salarios, que de eso va en gran medida la cosa, pero si quiere ganar otra vez, y parece que ese es su deseo, su mejor baza es jugar con los plazos, los tiempos, y el sentir popular, que no parece muy favorable en estos momentos a la corriente conservadora.

Y si se trata de aprovechar los tiempos y los sentimientos, Pedro Sánchez no va a tener una ocasión mejor de pillar a contrapié a esos ceporros máximos que son Feijoó y Abascal, apoyando a Trump, poniéndose de perfil cada vez que se habla de aumentar el gasto militar y, en general, lamiendo botas extranjeras. Eso es algo que cabrea mucho a los españoles en general, y los cabrea de manera transversal, piensenlo que piensen los estrategas de Vox y el PP:

Pedro Sánchez no va a encontrar una causa mejor para que los suyos no se queden en casa, alimentando la abstención que acabaría con él, según el guión previsto. Si en cualquier debate electoral pregunta a los candidatos conservadores qué piensan hacer con el gasto militar, los verá esconderse en la cueva de un grillo, porque ni pueden decir que lo contendrán ni pueden decir que lo aumentarán. Y a medida que pasen los días y se comiencen a poner las cosas chungas, con posibles restricciones de la movilidad por falta de combustible, todo irá peor para esa derecha trumpista que no ha sabido leer a sus votantes. En mayo, si la cosa no se arregla por algún milagro, podemos estar cociéndonos ya en salsa trumpiana.

Es una simple cuestión de sociología: Abascal es prosionista, pero sus votantes no. Feijóo es trumpista, pero sus votantes no.

En estos momentos los dos partidos de la derecha son prisioneros de sus amos, o de sus patrocinadores, o de cómo carajo les queráis llamar. Pero prisioneros, al fin y al cabo.

La tentación de seguir un año más y que ahí se las den todas puede ser muy fuerte, pero el presidente del Gobierno ha demostrado que sabe arriesgar cuando hay que arriesgar. Sánchez tiene la ocasión de explotar esa cuña y lo creo lo bastante inteligente, o con el suficiente olfato para haber detectado esa brecha. Es su oportunidad. Es su ventana. Tiene que esperar a que pasen las elecciones andaluzas del día 17, y convocar elecciones generales acto seguido. Es la suya.

Apuesto por elecciones a primeros de julio.

Hagan juego.

El Ayuntamiento de Astorga ha dado a conocer un valioso escudo real de Amadeo I de Saboya, una pieza histórica que permaneció guardada durante más de siglo y medio sin que se conociera con exactitud su origen. El hallazgo, presentado por el actual alcalde del Partido Popular (PP), José Luis Nieto, junto al presidente del Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, Arsenio García Fuertes, que además fue su antecesor en el cargo, supone un “hito histórico” para la ciudad y un ejemplo excepcional del patrimonio heráldico español, han destacado en rueda de prensa.

El escudo, bordado artesanalmente sobre seda y tafetán, habría sido elaborado en Astorga entre diciembre de 1870 y enero de 1871, coincidiendo con la llegada al trono de Amadeo I. Tras la conveniente investigación histórica, se ha determinado que la pieza formó parte de la antigua bandera municipal, de color rojo, en la que compartía espacio con el escudo local de la Hoja de Roble. Tras la proclamación de la I República en febrero de 1873, fue descosido, conservando aún restos de la tela original en sus bordes.

Durante 153 años, el emblema permaneció custodiado en el conocido como ‘Cofre de las tres llaves’ del Ayuntamiento, junto al histórico Pendón de Clavijo. A diferencia de lo ocurrido en otros municipios españoles, donde símbolos monárquicos similares fueron destruidos, el escudo astorgano logró preservarse, lo que lo convierte en una rareza: apenas se conservan media docena de piezas similares en todo el país, destacó el regidor.

La obra presenta, además, peculiaridades que aumentan su interés. Los cuarteles de leones y castillos aparecen intercambiados, otorgando preeminencia al Reino de León sobre Castilla, y el escusón de la Casa de Saboya muestra los colores invertidos, fondo blanquecino con cruz roja, lo que a García Fuertes le sugiere una ejecución apresurada o con errores en su confección.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta recuperación es fruto de la colaboración con el Centro de Estudios Astorganos y permitirá acercar a vecinos y visitantes una parte poco conocida de la historia local. El escudo será expuesto próximamente, consolidándose como una pieza clave para entender el pasado institucional y simbólico de la bimilenaria ciudad.

El PSOE pondrá en marcha un plan de extensión de listas municipales, una vez que se constituyan las Cortes de Castilla y León, con el objetivo de aumentar su techo electoral en la comunidad.

Así lo ha anunciado este martes el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, tras la reunión de trabajo celebrada en León con representantes de la ejecutiva provincial y procuradores electos del PSOE de León, dentro de la ronda de encuentro provinciales que viene manteniendo tras las elecciones autonómicas

En comparecencia ante los medios de comunicación junto al secretario de Organización del PSOE de León, Daniel San José, De la Rosa ha destacado el trabajo de los socialistas de León que han llevado al PSOE a ser la primera fuerza política en la provincia con el 28,3% de los votos y ha apelado a seguir trabajando para aumentar el techo electoral en las elecciones municipales de 2027.

En esta línea, el responsable de Organización de los socialistas de Castilla y León ha trasladado un mensaje de optimismo y responsabilidad para trabajar de cara a incrementar ese techo electoral.

“El objetivo para el próximo año es ganar más alcaldías y concejalías, analizando municipio por municipio para ampliar su base electoral”, ha explicado.

De la Rosa ha trasladado que el PSOE va a trabajar a nivel autonómico “mano a mano” con cada una de las ejecutivas provinciales, grupos de diputados provinciales y en cada comarca con las agrupaciones locales para ir configurando las listas de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que como ha recordado, a diferencia de los municipios de más de 20.000 habitantes no tiene establecido procedimientos orgánicos, como las primarias, para configurar las candidaturas municipales.

El responsable socialista ha insistido que tienen que “seguir apostando” por los compañeros que necesitan un impulso en sus municipios, y por “encontrar a los mejores candidatos en cada municipio”.

Para De la Rosa, es vital incrementar el techo electoral en un escenario político en el que prácticamente las mayorías absolutas ya no existen, por lo que la “gobernabilidad de los ayuntamientos depende de la capacidad de llegar a acuerdos con otras formaciones”.

Acuerdos que, en el caso del PSOE, son más complicados, ya que el “voto útil hacia el PSOE” en las últimas elecciones es “obvio” con la desaparición de las formaciones a la izquierda del PSOE en la mayoría de las provincias de la Comunicad, un voto útil que también ha recogido el PP y que ha sido fundamental para mejorar sus resultados electorales, ha señalado De la Rosa.

Dudas en torno al pacto PP-Vox

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León ha mostrado este martes sus dudas con que PP y Vox puedan cerrar un acuerdo antes del próximo día 14 para la conformación de la Mesa de las Cortes, por lo que ha apuntado a que su grupo no “renuncia a nada para tener la mayor representatividad posible” en ese órgano de la Cámara.

En declaraciones a los medios en León, De la Rosa ha sostenido que es presumible que ambas formaciones puedan llegar a un firmar un acuerdo de legislatura, coalición o gobierno, pero “quizás no”.

Y ha recordado los problemas que están teniendo en las negociaciones para llegar acuerdos esos mismos partidos en Extremadura y Aragón y como se están dilatando en el tiempo.

Por lo que ha augurado que este posible acuerdo seguramente “tardará y, por lo tanto, nos mantendremos a la expectativa”.

El alcalde de Arganza, Javier Ovalle, de Coalición por El Bierzo, rompe el acuerdo de gobierno que mantenía con el Partido Popular y seguirá al frente del Ayuntamiento en minoría, tras comunicar la ruptura al concejal 'popular' Vicente Barrio.

El regidor ha evitado profundizar en los motivos de la decisión y se ha limitado a señalar a la agencia EFE que se ha debido a una “pérdida de confianza” en quien ejercía como teniente de alcalde, lo que ha precipitado el fin del pacto.

La nueva situación política abre una etapa de mayor complejidad en la gestión municipal, ya que el equipo de gobierno dependerá del respaldo puntual de otros grupos para sacar adelante los asuntos clave.

Entre ellos figuran los presupuestos municipales, actualmente prorrogados, o la gestión de los Fondos de Cooperación de la Diputación de León.

En este contexto, Ovalle confía en poder alcanzar acuerdos con el resto de formaciones representadas en el pleno, en un consistorio donde el equilibrio de fuerzas es ajustado.

Tras las últimas elecciones municipales, Coalición por El Bierzo y el PSOE obtuvieron tres concejales cada uno, mientras que el PP obtuvo un edil, cuyo apoyo permitió a Ovalle acceder a la Alcaldía mediante un pacto que ahora queda roto.

En un municipio como Arganza, con menos de 5.000 habitantes, no es obligatorio constituir junta de gobierno, por lo que la actividad municipal se articula principalmente a través de plenos trimestrales, donde deberán resolverse las decisiones más relevantes en esta nueva etapa sin mayoría estable. 

Coalición apoya al alcalde

El portavoz del partido Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, ha trasladado este martes su apoyo al alcalde de Arganza, Javier Ovalle, tras la ruptura del acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Según ha explicado Alonso, la decisión no ha sido repentina, sino fruto de un proceso de reflexión ante discrepancias en cuestiones clave para el municipio.

“El alcalde llevaba tiempo valorando un cambio por la pérdida de confianza en el PP en algunos aspectos relacionados con el desarrollo de Arganza”, ha referido.

Desde la formación bercianista consideran que esta nueva etapa en minoría es viable. “Sabemos lo que supone gobernar así, pero confiamos en que lo hará bien”, ha sostenido Iván Alonso.

En ese sentido, ha incidido en la necesidad de mantener el impulso en actuaciones relevantes, especialmente en materia de infraestructuras, citando vías como las de Cacabelos a Canedo, Magaz de Arriba o San Juan de la Mata, además de mejoras en telecomunicaciones.

Además, ha valorado el trabajo desarrollado por Ovalle en los últimos años, con logros como el mantenimiento de la escuela y la contención de la pérdida de población.

El Ayuntamiento de León tendrá que afrontar una vieja deuda de hace ocho años, un 'recado' envenenado que procede de la heredada de la última Corporación municipal del Partido Popular (PP). Supondrá un desembolso obligado por una sentencia judicial que superará los 100.000 euros, relacionada con el viejo proyecto de la primera fase de reforma del Parador Nacional de la capital leonesa, en León conocido como Hostal de San Marcos.

En concreto, el actual equipo de Gobierno que preside el alcalde socialista, José Antonio Diez, deberá devolver más de 100.000 euros, entre la cuantía principal, intereses y costas judiciales. El dinero tendrá que ser ingresad en la cuenta de la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la reforma del Parador de San Marcos en el año 2018. Se trata de la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, la cual que corrigió el cálculo de varios impuestos municipales a aquella obra, en concreto en abril de hace ocho años. Aunque la resolución judicial fue dictada el 26 de septiembre de 2022, ha cobrado plena actualidad después de que la Junta de Gobierno Local acordara su ejecución en la sesión celebrada el pasado 6 de marzo: de este modo, la Corporación asume que ya no hay forma de pleitear más e impedir el pago.

El fallo de 2022 obliga al Consistorio a rehacer las liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la Tasa por Licencia Urbanística (TLU). El Alto Tribunal autonómico dio la vuelta a una decisión judicial previa, que desestimaba la reclamación de la UTE. Pero las dos empresas, ambas del grupo FCC -FCC Construcción y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas-, consideraban que se inflaron indebidamente las bases imponibles sobre las que aplicar ambos tributos durante la tramitación de las obras del emblemático monumento leonés, después de años de incumplimientos y retrasos en esa reforma.

Como consecuencia, finalmente el TSJ reconoce a las compañías el derecho a recuperar exactamente 98.923,30 euros abonados en exceso al Ayuntamiento, una cantidad que supera con creces los 100.000 euros se suman los intereses legales de tantos años y las costas del proceso que formaron parte de la condena final.

El origen del litigio se remonta a las liquidaciones complementarias giradas por el Ayuntamiento en relación con la primera fase de las obras de reforma del Hostal de San Marcos. Aquellos trabajos habían sido prometidos en origen por el Gobierno central socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, iniciados con retraso por el popular de Mariano Rajoy y retomado después por otro socialista de Pedro Sánchez, pero en todo momento ejecutadas durante el mandato local del PP, siendo alcalde Antonio Silván y Agustín Rajoy, primo del presidente estatal, como el concejal de Hacienda y Régimen Interior que firmó los cobros mal calculados. La UTE recurrió dichos cálculos al considerar que se habían incluido conceptos improcedentes en la base imponible, elevando artificialmente la cuantía a pagar.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León inadmitió el recurso al entender que la UTE carecía de legitimación activa, al no ser el sujeto pasivo directo del impuesto, condición que consideraba que le correspondía a Paradores de Turismo de España como promotor de la obra, y no haber interpuesto recurso previo en su propio nombre. Sin embargo, el TSJ en un auto consultado por ILEÓN revocó este criterio y dio la razón a las empresas, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que reconoce legitimación a quienes asumen contractualmente el pago de los tributos o actúan como sustitutos del contribuyente al ejecutar la obra.

Más allá de la cuestión formal, el núcleo del conflicto residía en cómo se determinó la base imponible del impuesto de construcción y de la tasa urbanística. El tribunal establece que ambos tributos deben calcularse exclusivamente sobre el coste de ejecución material de la obra, excluyendo partidas como los gastos generales y el beneficio industrial, los honorarios profesionales -entre ellos los derivados del seguimiento arqueológico que obligatoriamente hubo que hacer -y que deparó algunas sorpresas- y los costes de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos.

Asimismo, la sentencia determina que debía aplicarse la baja de adjudicación, que se cifró en 25,16% menos, incluso en las liquidaciones provisionales, al reflejar el coste real y efectivo de la obra. Como resultado de estas correcciones, la base imponible se reducía desde más de 17 millones de euros iniciales hasta exactamente 10.772.772,58 euros, lo que rebajaba de forma significativa la carga tributaria. De ahí entiende el Tribunal que surge el derecho a devolución de la mayo cifra pagada en su día.

A pesar de los ocho años transcurridos desde el inicio de aquella polémica y seis desde que se inaugurara aquella primera fase que transformó interiormente el monumento protegido de San Marcos, no sin una fuerte polémica por el gran cambio de su aspecto, todavía sigue pendiente la prometida segunda fase, que debería ampliar en gran medida el espacio de alojamiento y servicios del Parador de cinco estrellas, dado que a día de hoy no se alcazan ni las 50 habitaciones de las casi 300 que tenía antes de la primera fase. El actual Gobierno lanzó en marzo de 2023 la última promesa del diseño de la ampliación, con más habitaciones y espacios para eventos y bienestar, y se cumplen ahora tres años sin más noticias ni de inversión ni de plazos de ejecución.