La falta de “consenso” político entre todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León y el “error nuestro” de haber ofrecido en un principio un día con “bodas programadas hace tiempo” en el salón de plenos. Esos son los principales motivos por los que se ha denegado finalmente un acto institucional de recuerdo, con entrega a sus descendientes de restos recién exhumados, de leoneses 'paseados' por pistoleros falangistas tras el golpe de Estado de 1936. Uno de ellos, Miguel Carro, ejecutado precisamente por haber sido concejal del PSOE en el propio Consistorio leonés.

Este doble argumento ha sido la explicación pública ofrecida hoy por el actual alcalde socialista, José Antonio Diez, tras las críticas públicas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El colectivo censuró que el acto de entrega de los restos que aparecieron hace meses en una fosa en Mansilla de las Mulas se autorizara primero para el próximo 5 de junio, para después cambiar de postura y plantearse varias excusas para vetar finalmente su celebración.

Para empezar, el regidor aseguró que le “sorprende” la petición del uso del salón de plenos para hacer esa entrega “desde un punto de vista institucional”, a pesar de admitir que sí se otorgó permiso en un primer momento. Y ya entonces, se cometió “el error nuestro”, admitió Diez, de ofrecer la fecha de un viernes, un día en el que “había bodas y evidentemente, no se pueden cambiar porque había mucho tiempo programadas”: “Parece que eso ya no les gustó absolutamente nada”.

Pero el motivo definitivo esgrimido por el regidor fue que “no hubo consenso -político- para ese tipo de acto”. “La institución la representamos muchas formaciones políticas y no había un acuerdo claro para realizar este acto en el salón de plenos municipal, y por lo tanto, yo les he dado otras opciones que ninguna les ha parecido adecuada”, aseguró.

La posición de todos los partidos

Preguntado por los periodistas, detalló que en realidad ningún partido vio con buenos ojos el acto, a pesar de que Alcaldía lo había admitido en un primer momento: “La UPL en principio no entendía muy bien lo de que (se homenajeara a) otras personas que no habían sido concejales del Ayuntamiento, incluso algunos que no eran ni del municipio, pero siempre dijo que aquello que decidiéramos lo iban a respaldar. El Partido Popular no lo veía tampoco y al máximo consenso que se pudo llegar fue al tema del concejal Miguel Carro. Y Vox, por supuesto, dijo que no les habláramos de estos temas”.

Sin embargo, el propio Diez transmitió algunas dudas al respecto del planteamiento al que, en principio, se había dado el visto bueno, argumentando la ARMH se enrrocó: “Yo les he propuesto poder hacerlo en otro lugar, como también presidente que fue del partido (por Carro), en la Agrupación Socialista de León, hacer el acto en el partido… pero parece ser que ellos no querían tampoco que el alcalde tuviera mucha visibilidad en el acto”, justificó, de modo que al final se ha denegado definitivamente.

Una denegación final duramente criticada por la asociación, que ahora intenta pedir que se pueda realizar un acto de memoria y desagravio en el Hostal de San Marcos, actual Parador Nacional. El motivo es que fue allí, entonces campo de concentración del régimen golpista de Francisco Franco, y de donde fueron objeto de una 'saca' los cuatro republicanos 'paseados' a manos de pistoleros falangistas el 18 de diciembre de 1936, entre otros muchos.

'Ataques' desde las propias filas

El caso, además, ha servido de caldo de cultivo para la actual lucha interna del PSOE, de buena parte de la Ejecutiva provincial, que lidera Javier Alfonso Cendón, contra el alcalde de León, José Antonio Diez, y viceversa. Por eso, destacados dirigentes del partido han censurado la postura del regidor leonés desde sus perfiles de redes sociales, entre ellos la leonesa número dos del PSOE de Castilla y León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

“Personalmente me siento profundamente avergonzada. Hace tiempo que no entiendo algunas políticas que van totalmente en contra de los valores y principios que defendemos como partido”, manifestaba Rubio.

Mientras Courel incluso añadía las críticas de Diez al recién imputado expresidente del Gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevar su ataque: “Se niega un acto de la ARMH, no se quitan los nombres franquistas de las calles de León, y se ”condena sin juicio“ al único leonés que ha sido presidente del Gobierno de España. ¿Seguro que el alcalde de León es socialista?”, espetó.

Todo el mismo día en que Diez se volvía a reivindicar como candidato a repetir en la lista del PSOE a la Alcaldía de la capital, argumentando que la grave imputación judicial de Zapatero por presunta corrupción ponga freno a las maniobras para intentar evitar esa repetición.

El presidente de la Junta Vecinal de Fuentesnuevas, José Antonio Cartón (PSOE), ha reclamado este jueves una solución inmediata al problema del cementerio al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada (PP) puesto que ya no dispone de espacio y, a pesar de haber sitio para construir más nichos, la pedanía tiene las cuentas bloqueadas.

La situación en la que se encuentra el cementerio compromete la prestación de un servicio básico como es el de los enterramientos, ha lamentado Cartón en una rueda de prensa.

Cartón ha explicado que el camposanto dispone de espacio suficiente para la construcción de 42 nichos adicionales, pero la junta vecinal no puede ejecutar las obras debido al bloqueo de sus cuentas desde 2024, tras la compra de dos fincas destinadas a la ampliación del recinto sin disponer de fondos para ello, algo que todavía está por resolver en los juzgados y que, ha asegurado, fue una gestión de la anterior presidenta.

En este contexto, el representante vecinal ha insistido en que la responsabilidad debe asumirla ahora el Ayuntamiento de Ponferrada, amparándose además en una resolución del Procurador del Común de 2025, en la que se insta a la administración local a abordar la ampliación del cementerio.

“No puede ser que los vecinos tengan que irse a enterrar a otro cementerio”, ha subrayado Cartón, quien ha insistido en que la situación no puede prolongarse en el tiempo.

El puente de Ventosilla de la Tercia, un lugar de paso estratégico ubicado en esta localidad del municipio de Villamanín, se somete en estos días a un tratamiento de choque. Su progresivo deterioro, agravado por las nevadas del último invierno, lo había convertido en un elemento de riesgo. Todavía a la espera por la construcción de una nueva infraestructura que lo sustituya por parte de la Diputación de León, la institución provincial ya acomete desde el pasado lunes trabajos que al menos sirvan para evitar males mayores. El alcalde de Villamanín, Álvaro Barreales (Partido Popular), apremia a acelerar los trámites administrativos para poder ejecutar otro paso sobre el Bernesga.

Barreales reconoce su preocupación por el estado del actual puente, motivo de temor también entre los vecinos de Ventosilla. “Se va a caer cualquier día”, advierte el regidor para señalar cómo aumentaron los desperfectos tras las nevadas del pasado invierno en la Montaña Central Leonesa. Fue todavía en febrero cuando el vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras de la Diputación Provincial, Roberto Aller (Unión del Pueblo Leonés), visitó el municipio y se comprometió a acelerar la construcción de un nuevo puente.

Consciente de que la ejecución del nuevo puente obligará a cerrar el actual y habilitar uno supletorio durante las obras, el alcalde de Villamanín apremia a la Diputación a tramitar el expediente. A las puertas ya del verano, Barreales apela al incremento de población en la época estival, lo que aumenta el uso incluso peatonal de este paso. Y subraya la importancia geoestratégica de este punto, desde el que se accede a siete localidades del municipio y supone la conexión de la zona con la Collada de Aralla.

“El proyecto (del nuevo puente) ya está hecho. Ahora habría que licitarlo de urgencia”, reclama el alcalde de Villamanín, también quejoso por el estado de la carretera Nacional 630, que atraviesa el municipio para conectarlo por un lado con La Robla y por otro con el puerto de Pajares, en un entorno privilegiado desde el punto de vista natural y paisajístico, en plena Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

Los trabajos que se acometen en estos días servirán para fijar la barandilla y arreglar los baches de un paso cuyo deterioro alarma a los vecinos. “Hay que dar una respuesta para evitar posibles desgracias”, apunta el alcalde para apostar por la construcción de una nueva estructura que resuelva este problema.

El Gobierno ha justificado el estiramiento en el tiempo, la prórroga de seis meses del contrato para redactar el estudio de viabilidad del trayecto ferroviario León-Ponferrada, por la necesidad de disponer de datos actualizados de demanda y uso de la línea. Unos datos que asegura que dependen de terceros y que han provocado una demora en los trabajos contratados hace justo dos años, en 2024., a la empresa WSP Spain Apia SA, el ramal español de la multinacional sueca WSP Europe AB.

Esa es la respuesta que consta ante una pregunta parlamentaria formulada por las diputadas del Partido Popular (PP) de León Ester Muñoz y Silvia Franco sobre el retraso acumulado en este estudio, considerado estratégico para la provincia de León y la comarca de El Bierzo, ya que debe abogar por la solución que acabe con el embudo que supone el llamado Lazo del Manzanal.

Las parlamentarias recordaban que el contrato adjudicado en mayo de 2024 contaba con un plazo inicial de ejecución de 18 meses, expirado hace medio año, y preguntaban al Ejecutivo las condiciones de la prórroga aprobada y las garantías de cumplimiento del nuevo calendario, el cual, por cierto, se desconoce.

En su respuesta, el Gobierno señala que la ampliación del plazo se debe principalmente a la elaboración del estudio de demanda, una fase clave del proyecto que requiere información actualizada sobre tráfico y servicios, cuya disponibilidad depende de fuentes externas. Según el Gobierno, esta circunstancia ha ralentizado el avance del conjunto de los trabajos más allá de lo inicialmente previsto. No obstante, subraya que la demora “no es imputable al contratista”, sino a factores ajenos vinculados a la obtención de datos necesarios para el análisis.

El estudio es vital para analizar distintas opciones para mejorar las prestaciones del corredor ferroviario León-Ponferrada, entre ellas actuaciones sobre el trazado actual, la posible incorporación de un nuevo recorrido de alta velocidad para viajeros o la implantación de una línea de altas prestaciones para tráfico mixto en el entorno del denominado Lazo del Manzanal“, uno de los puntos negros hoy en día insalvables de la red ferroviaria en la provincia.

Un precedente idéntico, también negativo para León

La estrategia de dilación de los plazos y la de no ofrecer una nueva fecha segura para la conclusión del estudio es idéntica a la que el Ministerio también ha utilizado en otra reivindicación esencial para la provincia: la reapertura de la vieja línea ferroviaria del oeste, la Ruta de la Plata, que se cerró en 1985 entre Plasencia (Extremadura) y Astorga (León). En este caso concreto, la 'culpa' de la falta de colaboración y datos se la achaca el Ministerio a algunos ayuntamientos que no han respondido en tiempo y forma.

El corredor León-Ponferrada es una infraestructura considerada estratégica para la vertebración territorial del noroeste peninsular y para la mejora de las conexiones ferroviarias en Castilla y León, especialmente en el acceso a la comarca berciana, así como la conexión con Galicia y sus puertos de mar. Y no sólo no se culmina en tiempo y forma el estudio de viabilidad, ni se ofrece certeza de nueva fecha, sino que por otra parte se impulsa otro contrato de mejoras muy puntuales en la línea, de 3,8 millones de euros, con un dilatadísimo plazo de ejecución que llevaría hasta el año 2029.

La respuesta del Ejecutivo llega en un contexto de creciente interés político e institucional sobre el futuro de esta línea ferroviaria y sus posibilidades de modernización, especialmente en relación con el tránsito por el puerto del Manzanal, identificado como uno de los principales cuellos de botella de la red ferroviaria.

“Lo grave no es solo que se prorrogue el contrato, sino que, después de reconocer esa prórroga, el Ministerio siga sin ofrecer fechas ciertas, sin concretar el horizonte real y sin mover un dedo para desbloquear una decisión clave para el futuro ferroviario de nuestra provincia”, aseguran las parlamentarias populares leonesas.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de León ha denunciado este martes la existencia en las arcas municipales de un desajuste presupuestario que cifra en al menos 33 millones de euros. El portavoz del PP, David Fernández, hizo público este dato inmediatamente después de una reunión entre su homólogo en el PSOE, Vicente Canuria, y el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, con los partidos en la oposición. Y lo aprovechó para calificar la gestión económica del equipo de Gobierno del socialista José Antonio Diez como “la peor” desde la del Ejecutivo de Francisco Fernández, de la que el propio Diez formaba parte.

“Las chapuzas de José Antonio Diez y su Gobierno tienen importantes consecuencias para los leoneses hasta el punto de comprometer la capacidad económica del Ayuntamiento para ejecutar proyectos por valor de más de 33 millones de euros”, sentenció Fernández como conclusión del informe de seguimiento y actualización del Plan Económico y Financiero al que está sometido el Consistorio leonés, emitido por la Intervención municipal para dar cumplimiento a lo exigido por el órgano tutelante (la Junta de Castilla y León, por delegación del Ministerio de Hacienda).

El PP, según detalló Fernández, solicitó ya ese informe sobre la situación económica y financiera de la institución municipal el pasado 4 de mayo. Lo hizo después de que en el Pleno extraordinario del pasado mes de marzo los gobernantes municipales aprobaron un gasto de casi 9,4 millones de euros, “para los que no tenían ni 100.000 euros disponibles”. “En aquel Pleno ya le dijimos al señor Diez que eso era una huida hacia adelante con corto recorrido”, señaló el popular, que compromete la labor de su formación para PP para “sacar del cajón todos los documentos que dejan al aire las vergüenzas de la gestión económica de José Antonio Diez”.

Tras acusar al Gobienrno de Diez de “falta de transparencia” por demorarse en la entrega de la información relativa a la actualidad del Plan Económico y Financiero, David Fernández entró al detalle para referir una primera pérdida de ingresos por valor de 16 millones de euros, resultado las dos sentencias judiciales que anulan la tasa de tratamiento de basuras de 2024 y la tasa de recogida y tratamiento de basuras de 2025. “Hay que recordar que, en este segundo caso, se han llegado a cobrar a los contribuyentes más de 3,7 millones de euros que aún no han sido efectivamente devueltos, además del gasto de medio millón de euros en las notificaciones de una tasa que, cuando se realizaron, el Gobierno socialista ya sabía que había un alto riesgo de anulación judicial”, añadió.

Además, el PP acusa al equipo de Gobierno de registrar “unos ingresos que son ficticios” por valor de 6 millones de euros, vinculados al convenio marco de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, unas anotaciones que “se realizaron a espaldas de la Intervención y bajo presiones del concejal de Hacienda a las dos funcionarias jefas del negociado de contabilidad” con el objetivo de “poder gastar más dinero del que realmente tienen”.

El desajuste se completa por otras tres vías: 1 millón de euros que la Intervención ve necesario incrementar para financiar el convenio con la Diputación de León para la coordinación del tratatamiento de residuos después de haber sido “incapaz de poner en marcha la instalación del contenedor marrón”; la citada modificación de créditos por valor de casi 9,4 millones; y un intento de cobro de la tasa de basuras de 2025 y 2026 que la Intervención considera como “no ajustado a derecho”.

¿Cuáles serán las consecuencias? “El equipo de gobierno ha estado anunciando y aprobando partidas para proyectos para los que no hay ingresos suficiente”, dijo Fernández antes de citar iniciativas que, a su juicio, quedarían en el aire como el plan de mantenimiento de calles y asfaltado, obras en colegios, instalaciones deportivas y edificios municipales, entre ellos el arreglo del consistorio, fachadas y soportales de la Plaza Mayor, las obras de la calle Demetrio Monteserín y Velasquita o parte del arreglo de los aledaños del estadio Reino de León. La repercusión, añadió el popular, también se dejará notar en ajustes en los ingresos y en la dotación de partidas.

“El alcalde conoce esta situación desde hace meses. Y le ha dado igual. No sólo no ha hecho los ajustes necesarios, sino que incluso ha seguido sumando gastos, como en el pleno extraordinario del mes de marzo; y ha seguido adjudicando contratos millonarios. Todo ello en una huida hacia delante que, como ya le dijimos, tiene corto recorrido. José Antonio Diez quiere hacer obras y anuncios en el año antes de las elecciones para solventar los problemas que no ha querido ni ha sabido solventar en los siete años que lleva como alcalde, gastando sin un criterio de proyecto global de ciudad y sin una consciencia clara de las necesidades de la ciudad”, señaló Fernández.

Y es que el PP compara la situación actual con la que se produjo durante la etapa del también socialista Francisco Fernández, que “dejó en las arcas municipales una deuda superior a los 400 millones de euros, con facturas en los cajones por valor de varios millones de euros, y que sumió al Ayuntamiento en una profunda crisis económica de la que aún hoy el consistorio no ha salido”.

“Auténtico fiasco económico”, según los leonesistas

Tras la misma reunión con los partidos de la oposición, el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Hacienda al conocerse “el contundente informe de Intervención que evidencia el fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras impulsada por el equipo de Gobierno socialista”, señaló su portavoz, Eduardo López Sendino.

“Se trata de una situación de auténtico fiasco económico y administrativo, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal”, añadió al referirse a los efectos vinculados a la tasa de basuras.

UPL añade que el informe de Intervención advierte de una “necesidad de financiación” de más de 9,2 millones de euros y de un grave incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Y el documento recoge la existencia de más de 6 millones de euros en “derechos ficticios” que nunca llegarán a cobrarse y que deberán ser anulados, “agravando todavía más la situación financiera del Ayuntamiento”, reprochan los leonesistas.

“La gravedad de los hechos exige responsabilidades políticas, en cualquier empresa privada una gestión que provoca un agujero de más de 15 millones de euros habría supuesto el cese fulminante del responsable. No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de Hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión”, apunta Sendino.

Los leonesistas recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las ordenanzas de la tasa de residuos de 2025 y 2025 por defectos de tramitación y falta de motivación técnica suficiente. Y recalcan cómo el propio interventor en su informe alude a la posibilidad de extender los efectos de resolución judicial a la totalidad de los vecinos de la ciudad. “Es lo justo y adecuado”, valora la UPL, “y no solamente en beneficio de quien obtuvo la sentencia favorable, porque la anulación es absoluta y debe de favorecer a todos y no solo al recurrente lo que supondrá, según el interventor, una salida de fondos por importe de más de 3.700.000 euros, y una anulación de derechos, en definitiva, posibilidad de cobro, por un importe de más de 1.400.000 euros”.

“Si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizar jurídicamente adecuada la ordenanza y se hubiera evitado el fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios de las cuentas de este ayuntamiento”, agrega el portavoz leonesista.

La Junta de Gobierno Local con fecha 30 de abril de 2026 aprobó un gasto de 218.042 euros para encargar a una consultoría externa la elaboración de una nueva ordenanza. “No dudamos”, señala Sendino, “que esa empresa externa se va a encontrar con los mismos problemas que han motivado las sentencias judiciales, y todo ello porque el concejal de Hacienda no ha hecho su trabajo y sus deberes en los años anteriores para la correcta aplicación de la tasa conforme a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL exige la dimisión del concejal de Hacienda y reclama al equipo de Gobierno socialista que “asuma de una vez sus responsabilidades políticas ante uno de los mayores desastres económicos de los últimos años en el Ayuntamiento de León”.

La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

El Partido Popular (PP) exige a la Diputación que abone las ayudas de importante repercusión turística que mantiene congeladas a pesar de corresponder al año 2025, en concreto para la contratación de personal para el mantenimiento del Camino de Santiago y la apertura de las oficinas de turismo en los pueblos de la provincia.

Una situación que el portavoz popular, David Fernández, achaca “una vez más a la incapacidad de gestión del equipo de gobierno del PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación”. Y es que remarcha que “hay fondos, están resueltas las convocatorias y sólo falta abonarlas”.

La convocatoria formulada por la Diputación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) durante el mes de julio de 2025 con un plazo de ejecución, tanto la contratación para el mantenimiento como para atender a las oficinas de turismo, y expiró por tanto el pasado 31 de diciembre. El importe conjunto fue de 303.000 euros para la anualidad de 2025.

El portavoz del Grupo Popular incide que “esta situación, que se está repitiendo cada año, provoca que los ayuntamientos tengan que adelantar el dinero de los salarios de estos trabajadores, lo que provoca, en algunos, que tengan problemas de tesorería porque supone una cantidad significativa cuando la Diputación cuenta con más de 213 millones de euros de remanente”.

Como ejemplo, remarca que uno de los ayuntamientos por lo que atraviesa el Camino de Santiago ‘ha adelantado’ más de 30.000 euros en el pago de los salarios de los trabajadores correspondientes al año 2025 “sin que la Diputación, todavía, le haya abonado nada”.

Otro problema estriba en que “se puede repetir” este año 2026 ya que la convocatoria de las ayudas tanto para la contratación de personal para el mantenimiento como para la apertura de oficinas de turismo “no se ha realizado” .

David Fernández incide que “no es posible que teniendo fondos y siendo unas ayudas recurrentes sigamos, a estas alturas del año, sin cobrar 2025 y sin convocarse las de este año” ya que, prosigue, “los peregrinos ya están creciendo y no podemos llegar a la temporada alta sin estas contrataciones realizadas”.

El portavoz por último insiste que “la Diputación no puede ser un problema para que los ayuntamientos pongamos en valor nuestro patrimonio como es en este caso el Camino de Santiago” por lo que exige, una vez más, “eficiencia y gestión” al equipo de gobierno socialista y leonesista.

A veces el destino se complace en agrupar en escaso lapso de tiempo imágenes, acontecimientos y declaraciones que mueven a la especulación y al hallazgo de respuestas cuando menos curiosas. Así se nos han agolpado las elecciones autonómicas, Semana Santa y finalmente la celebración del día de Castilla y León. Cada una de estas solemnidades cuenta con sus particulares componentes y su particular relato.

Elecciones autonómicas: el Partido Popular que ostenta la gobernanza de Castilla y León desde tiempos inmemoriales, parece inmune al paso del tiempo y no sólo sufre el desgaste del gobierno sino que, contra toda lógica, ha incrementado en dos el número de escaños en las cortes pucelanas, lo que es tanto como decir en las cortes castellanoleonesas. El PSOE logra subir otros dos y Vox tan sólo uno. Dos partidos de ámbito estatal acabaron por extinguirse, era la crónica de una muerte anunciada (Podemos y Ciudadanos). Soria YA, pierde el 66% de su representación merced a la condición soriana del candidato socialista. Por Ávila conserva su único representante y UPL mantiene sus tres parlamentarios, quizá su techo electoral.

En León, los cuatro partidos con representación parlamentaria se quedan como estaban. PSOE crece en 1.400 votos, PP algo más de 8.000 votos, Vox aumenta cerca de 4.000 papeletas y UPL se queda clavado con un incremento de unos 600 votantes más (consigue aumentar 100 más en Zamora y 1.000 más en Salamanca, en total 53.805). Todas las expectativas creadas eran infundadas. UPL es incapaz de motivar a un electorado que aspira a ver acciones de peso, no solamente pasos de ballet (cambiar el orden de la lista electoral del primero por la segunda y la segunda por el primero) sin renovación alguna. UPL continúa con su pecado original de acaparar puestos en unas pocas manos. En muchos pueblos de la geografía leonesa, sus candidatos son unos perfectos desconocidos y nunca han sido vistos por sus calles. 

El conservadurismo del que hace gala UPL, tampoco despierta pasiones. Circunscribirse principalmente al ámbito municipal o de la diputación es cegar toda posibilidad de crecer. UPL no pasa de ser un partido municipalista por más que hayan tenido un gesto que les honra al jurar su cargo aludiendo a la autonomía leonesa. Sus trifulcas en el Bierzo tampoco ayudan. Sin un cambio radical de orientación y acción, este partido está condenado a la irrelevancia. El PSOE tampoco ha sido ajeno a las trifulcas porque dos gallos como Cendón y Diez no caben en el mismo gallinero. El uno declaradamente estatalista, el otro aparentemente estatalista y autonomista, es decir un sincretismo que tiende asintóticamente a la cuadratura del círculo.

Semana Santa: una foto vale más que mil palabras. El periódico El Debate ha publicado una que habla por sí sola para quien preste oído a las imágenes. El alcalde de León (PSOE) aparece en primer plano con su banda de moaré, seguido de un obispo castellano. Tras ellos un encapuchado, con estética propia de verdugo medieval. Detrás, un uniformado, otra persona y Quiñones (PP), el consejero de los incendios y fotos con enfermos de ELA. Le sucede otro encapuchado y Pollán (Vox) con mirada aviesa. Diversas sensibilidades bajo un mismo paso: el del Santo Entierro de León, toda una alegoría. Huelgan más comentarios.

Día de Castilla y León: la Junta de Castilla y León, inasequible al desaliento y con su pertinaz alquimia pretende hacer aleaciones de metal con madera, sueña con la homogeneidad castellana en toda Castilla y lo que es peor, con la Región Leonesa. Con tal motivo derrocha más de un millón de euros en conciertos por las principales ciudades de la comunidad. En la provincia de León por partida doble, en un desesperado intento de congraciarse con la ciudadanía para que deponga de una vez por todas la aversión que sigue percibiendo en ella.

La Junta sabe que en León conviven dos realidades divergentes. Una es su clase política, a la que no es preciso conquistar porque ya está voluntariamente entregada a los designios y ucases castellanos en perjuicio de sus votantes, por los que no siente respeto alguno. La otra es la ciudadanía leonesa, disociada de sus políticos, de quienes sabe que no representan sus intereses, y que recibe el festejo de Villalar con la mayor de las lejanías, de hecho, los leoneses sin empleo en empresas o negocios que han de guardar día de asueto, siguen con sus quehaceres cotidianos. Esta festividad no les sugiere absolutamente nada.

Es día que algunos leonesistas aprovechan para contraprogramar estos fastos. En esta edición, el ínclito alcalde de León, que no tenía ningún acto religioso en su agenda –curioso el laicismo de este socialista– ha asistido con notable aparato. Se ha celebrado, como viene siendo habitual, una manifestación por las calles de León, al término de la cual, los representantes políticos y las fuerzas vivas asistentes se han despachado a gusto cuando les han puesto el micrófono delante. Al día siguiente, en una tertulia radiofónica, un periodista leonés con notable ironía, se mofaba de la decreciente asistencia a dicha manifestación. La misma Policía Local habló de unos 1.200 participantes. Magro seguimiento parece.

Sin ánimo de silenciar las declaraciones de sindicatos y organizadores, hay que resaltar las declaraciones del vicesecretario de UPL y del alcalde de León. El primero afirma que “…hay que decirle a los ciudadanos que de una vez por todas hay que unirse para salir de esta comunidad autónoma”. ¡Aleluya! Brillante diagnóstico, sólo falta saber quién va a aplicar el tratamiento porque no hay antecedentes de que alguien quiera hacerlo. El alcalde por su parte ha declarado. “Yo no sé si leonesista o no, yo soy evidente leonés, pero sobre todo soy constitucionalista, porque lo que estamos reclamando y reivindicando ante todo es una constitución legal y constitucional”. Abstrusas palabras dignas del diván de un psicoanalista. 

Y ahora con estos mimbres vamos a por el cesto. ¿El leonés que se siente autonomista se ve representado en el conclave de dignidades que desfila bajo las parihuelas de una figura religiosa? La doctrina de Cristo dejó sentado: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” ¿No le dice nada el brusco frenazo, derrape incluido, de las pasadas elecciones autonómicas de las tesis teóricamente más próximas? ¿Quién es el ungido que nos llevará a la tierra prometida desde nuestro éxodo particular, o acaso no ha nacido aún? ¿Alguien cree que con las declaraciones de UPL o del alcalde de León, ya tenemos todo resuelto? 

Me da que si todo se queda en gestos y declaraciones de nuestros portavoces, actos folklóricos, protestas en redes sociales, bienintencionadas manifestaciones de la mano de los sindicatos, incineración de castillos de cartón o ejercicios de halterofilia alzando leones de peluche al cielo, esto no prospera. Táchenme de derrotista, pero si no iniciamos pronto algún intento serio y oficial para desconectarnos de Castilla, francamente, creo que la Región Leonesa lo tiene de color hormiga. Van siete años desde el inicio de las mociones por nuestra autonomía y no se mueve nada. Por eso quiero amiga que me diga ¿Son de alguna utilidad? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

Ha subido muchos enteros hoy la temperatura política a costa de quién tiene la culpa del hecho de que se aproxime otro verano y los pueblos de la provincia de León aún estén desprotegidos frente a la amenaza de incendios como los que hicieron historia el año pasado, con cuatro muertos, pueblos quemados y el 10% de la superficie forestal de la provincia arrasada. Y han sido mandatarios del Partido Popular (PP) y del PSOE los que han echado la leña al fuego del enfrentamiento mutuo ante los medios de comunicación.

La chispa se prendió con la visita esta mañana a Ponferrada, por segunda vez esta semana, del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. A preguntas de los periodistas sobre las críticas del presidente socialista Consejo Comarcal porque no se hayan realizado las labores de desbroce y los prometidos 'anillos de seguridad' perimetrales en las localidades con más peligro, el consejero desvió la responsabilidad a la Diputación de León, a su vez gobernada por un pacto de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

“Si (Olegario Ramón) tiene esa preocupación, que hable con su compañero de la Diputación de León (Gerardo Álvarez Courel), que son los que tienen esa obligación”, espetó. El máximo responsable político del operativo de incendios del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco abundó en el detalle de que “les hemos dado 200.000 euros para la compra de maquinaria y ponerla a disposición de los ayuntamientos”, y atribuyó por tanto los posibles retrasos a la propia institución provincial. Y es que “la Junta tiene la gestión de los montes, no de la limpieza de los pueblos, las zonas perimetrales y agrícolas”. Aún así, añadió que “nosotros estamos haciendo nuestra parte, tenemos bulldozer contratados y vamos a apoyar a los pueblos, dado que no ha venido esa ayuda de la Diputación”, para después garantizar que las brigadas de la empresa pública estatal Tragsa “estarán en funcionamiento en la época de riesgo alto de incendio”.

No pasó mucho tiempo cuando la chispa de esas culpas estalló con fuerza. Y la respuesta, muy airada, llegó en sendas notas de prensa de la Diputación leonesa y del PSOE provincial, exigiendo este último la dimisión fulminante de Suárez-Quiñones por “desviar responsabilidades” y calificando sus declaraciones de “indecentes, cobardes y políticamente repugnantes”, entre otras gruesas palabras y acusaciones.

La Diputación, más comedida, lanzó algunas “aclaraciones” afeando que el consejero y la Junta “intenten siempre desviar las culpas hacia otras administraciones (y más si no las gobiernan)”. Y le acusó de “derivar a las diputaciones y a los ayuntamientos esta labor de prevención en lugar de organizar, liderar y ejecutar esta actividad necesaria para evitar incendios forestales y proteger los núcleos urbanos y a las personas y sus propiedades”.

Y es que ciertamente la Junta endosó desde el primer momento a las diputaciones, con la anuencia pública de éstas -la de León es la única que gobierna el PSOE-, la gestión de fondos autonómicos, la responsabilidad de los 'anillos' de protección, la gestión de maquinaria como bulldozers y a los ayuntamientos las ordenanzas para prepararse contra los que ahora denominan “días rojos”. Es decir, técnicamente, Quiñones tenía razón en su señalamiento. De hecho, la Diputación acumula un considerable retraso en la ejecución de los planes., así como en la maquinaria. Pero el equipo de Gobierno socialista y leonesista le reclama que “deje el sectarismo político para cuando actúe como presidente de la gestora del PP de León”.

Por boca de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, fue mucho más allá en sus ataques a Quiñones, tildándole de “machaca de Mañueco, el encargado de venir a León a hacer el trabajo sucio, a mentir, a embarrar y a intentar que la responsabilidad de la Junta desaparezca entre ataques a otras instituciones”. “Pero León sabe perfectamente quién tenía la competencia, quién tenía la obligación y quién falló” en el desastre del pasado verano, dijo.

Sin mencionar que en la preparación de los pueblos contra las llamas de cara a este verano la competencia realmente es provincial y municipal, Cendón insistió en que “hay que tener muy poca vergüenza política para venir a Ponferrada a repartir culpas después de lo que ha pasado”, cuando lo que defiende que tendría que hacer Quiñones es “bajar la cabeza, pedir perdón y marcharse: Todo lo demás es una ofensa a León”.

El Ayuntamiento de León concederá la Medalla de Oro de la ciudad a la Diócesis de León, argumentando que el Obispado es una referencia en la atención a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, o por su contribución a la conservación de su patrimonio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León, es decir, el equipo de Gobierno que preside en minoría el alcalde socialista, José Antonio Diez, ha aprobado en su sesión de este viernes iniciar los trámites para concederle un reconocimiento que es el más elevado a nivel municipal. Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta se centra en “su incesante tarea para atender a los servicios pastorales y litúrgicos de 756 parroquias, pero sin olvidar en ningún momento la actividad asistencial a la ciudadanía”.

“Una labor que, con el obispo Luis Ángel de las Heras, se ha incrementado abriendo de una forma global la labor de la Diócesis y de las parroquias a la atención a la población”, considera el Consistorio. La decisión deberá pasar por comisiones previas y finalmente por el Pleno municipal, donde además del PSOE hay representación de Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Leonés (UPL), Vox y un edil tránsfuga de este último. Todo indica que la medida será aprobada casi seguro por unanimidad.

En la argumentación, se expone también “el esfuerzo por mantener en condiciones de conservación templos, ermitas y edificios parroquiales y eclesiásticos, que suman más de un millar en el territorio diocesano, con el patrimonio histórico, artístico, bibliográfico y documental que en ellos se guarda y que constituye un elemento esencial para entender la identidad y la historia de León”.

Según se recoge en la documentación que justifica esta distinción, también históricamente ha habido “una unión estrecha entre el Reino de León y la Diócesis, que participa en las decisiones del monarca y en la promulgación de los Fueros y otras normas de convivencia dictadas, así como corrientes culturales que se trasladarán por todo el territorio a través de escuelas y escritorios episcopales y monásticos”.

Un polémico antecedente

Este tipo de decisiones de apoyo eclesiástico cristiano del Ayuntamiento no son nuevos. Ya se produjo una considerable polémica cuando el equipo de Diez propuso en 2023 la misma distinción, la Medalla de Oro, para la Virgen del Mercado, la centenaria talla y parroquia junto a la Plaza del Grano del Casco Histórico. Se trataba de un honor que en numerosos sitios de España levantó ampollas y que incluso finalmente se comprobó que el reglamento leonés ni siquiera permitía. Por eso, finalmente ya en 2024 se le dio pero con la triquiñuela de concedérsela no a la Virgen sino a la parroquia de Nuestra Señora del Mercado.

Lo normal es que la noticia, ya demasiado recurrente, sea que un nuevo camión o furgoneta de amplio tamaño ha protagonizado un nuevo accidente bajo el puente de San Marcos. Y es que este punto negro de primer orden de la capital leonesa deja, un mes si y una semana también, escenas muy parecidas de vehículos pesados que se quedan encallados, con graves daños materiales y algún susto personal, bajo el estrecho ojo del puente del Bernesga cuando circulan por el Paseo de Salamanca de la capital.

Sin embargo hoy la noticia no ha sido que ha habido un nuevo encontronazo sino justo lo contrario. Y es que en la mañana de este viernes se ha producido un amago de colisión que ha podido ser evitada en el último momento, a costa, eso sí, de bloquearse momentáneamente el tráfico en este punto.

La maniobra llamó mucho la atención de los conductores que circulaban a primera hora de la mañana por el Paseo de Salamanca. Un camión de reparto de una conocida empresa de supermercados asturiana se dio cuenta, casi en el último tramo, de que el paso bajo el puente de San Marcos le resultaba imposible ya que es mucho más bajo de la altura del vehículo. No se sabe si, para darse cuenta, fue efectiva o no la señal luminosa -que no siempre funciona- situada hace poco tiempo para advertir a los conductores en ambos sentidos, pero el caso es que no continuó la marcha.

El problema es que el gran vehículo tuvo que salir del paso realizando una compleja maniobra de cambio de sentido. La misma estuvo supervisada en todo momento por una patrulla de Policía Local de Tráfico, que se presentó en la zona, y provocó una gran retención del resto de vehículos en espera de que el conductor culminara el viraje con éxito. De este modo, con un poco de destreza y un mucho de paciencia, la cosa no fue a mayores. Pero delata que es urgente una solución definitiva en este punto negro, como lleva años proponiendo con un proyecto muy concreto el Partido Popular desde que está en la oposición del Ayuntamiento, solución que el actual equipo de Gobierno del PSOE asegura estar ya valorando, pero de momento sin detalles concretos de inversión, plazo o solución final.

Casi una década después de las primeras promesas por parte del Partido Popular (PP), la Junta de Castilla y León anuncia la contratación de las obras de la construcción de un nuevo instituto público en el municipio de Villaquilambre. La inversión final que se anuncia por fin se elevará a 16,3 millones (16.356.142 euros) y el plazo de ejecución se cifra en 24 meses, dos años.

De este modo, el propio Gobierno autonómico, ahora en funciones y pendiente de un nuevo pacto con Vox, establece que será el curso 2029-2030 en el que abrirá sus aulas el instituto de enseñanza secundaria (IES) de Villaquilambre, terminada la obra civil y todos los equipamientos y servicios. Un plazo que superará en una década la firma del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2019 comprometió con luz y taquígrafos la ejecución del centro escolar a cambio de facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

Entre los detalles de esta novedad ofrecidos hoy por el portavoz del Gobierno de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, la Consejería de Educación resalta que el instituto centro contará con un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, es decir, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato.

Con estos datos, queda claro que el instituto no contendrá ningún estudio de Formación Profesional (FP). Es decir, finalmente Educación deja en el tintero una de las principales reclamaciones sociales de Villaquilambre, capitaneadas desde hace muchos años por la Plataforma Por un Instituto para Villaquilambre, con decenas de variadas protestas por mantener al municipio como el único de toda Castilla y León con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas. Carriedo, preguntado por esa ausencia educativa de FP, aseguró que el edificio es “flexible” y “se puede analizar” implementar esos estudios en el futuro, pero sin detalle alguno.

Respecto a los constantes incumplimientos de plazos para abrir por fin el instituto, el portavoz los justificó en un soterramiento eléctrico que el Ayuntamiento debía acometer en la parcela ofrecida, y que desde 2019 detalló que no se terminó de concretar definitivamente hasta el pasado junio de 2025. Por eso, lejos de asumir retrasos, Carriedo aseguró que la tramitación administrativa del instituto ha sido “ciertamente rápida”.

Detalles del diseño

El proyecto de construcción contempla ejecutar un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho del AMPA. Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

Más de 5.000 personas han desafiado este domingo el aguacero en la plaza de los Bandos de Salamanca para pedir más y mejores conexiones ferroviarias para la capital, universitaria y turística (entre ellas la recuperación del tren de la Ruta de la Plata), que siente que no alcanza todo su potencial por falta de comunicaciones, sobre todo con Madrid.

La convocatoria, respaldada por instituciones, partidos políticos y sociedad civil, ha contado con el apoyo del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y presencia de representantes del PSOE pese a las críticas directas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe.

Los manifestantes han agitado pancartas con lemas como 'Renfe, Salamanca no espera', 'Sin Ruta de la Plata, media España cojea' y 'Renfe nos deja en vía muerta'; además, algunos participantes han pedido la dimisión de Puente por lo que consideran un trato injusto a la provincia en materia de comunicaciones.

“Todo el progreso no se puede ver frenado o perjudicado por unas comunicaciones que no estén a la altura de una provincia como la de Salamanca”, recogía el manifiesto de la convocatoria, leído ante los manifestantes por el actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués.

Y agrega: “No solo estamos hablando de poder viajar a otros puntos del país con rapidez y comodidad. Estamos hablando de la hija que no puede venir en un tren directo desde Barcelona a ver a sus padres. Del salmantino emigrado a Madrid al que le gustaría teletrabajar desde su tierra, pero que no tiene frecuencias suficientes”.

Estudiantes internacionales y congresos

El manifiesto ha recordado también el número de estudiantes de español o de expertos internacionales que asisten a congresos y llegan al aeropuerto de Madrid, pero luego deben desplazarse a Salamanca, así como a los empresarios de Béjar o Guijuelo que con mejores conexiones ferroviarias podrían plantearse crecer y, por ende, generar más empleo.

La concentración ha tenido que comenzar media hora más tarde porque justo antes del mediodía, momento de la convocatoria, ha caído una gran tromba de agua sobre Salamanca que ha llegado a hacer temer por la movilización.

En esta ocasión la protesta se ha realizado en la plaza de los Bandos, y no en la plaza Mayor, ya que ahí está instalada estos días la Feria Municipal del Libro, y donde hace dos años más de 15.000 personas protestaron también por la misma causa.

La nueva movilización de Salamanca, que aúna a las principales instituciones y entidades de la capital y la provincia, incluidas las universidades o los sindicatos, se ha convocado después de la supresión el pasado 7 de abril de la conexión directa entre la capital del Tormes y Barcelona.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo (PP), atribuye a la multitudinaria protesta de enero de 2024 que, seis meses después, se recuperara la cuarta frecuencia a Madrid, perdida durante la pandemia, por lo que considera que esta es la vía para que Salamanca tenga el trato ferroviario que necesita.

Unas reclamaciones que crecen

Carbayo ha defendido en el acto institucional que esta es una jornada de reivindicación para toda la ciudad y ha lamentado que las demandas son “cada vez más” en cuanto a las conexiones ferroviarias, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda las reclamaciones de la provincia.

Mañueco no ha tomado la palabra, pero sí ha apoyado la manifestación con su presencia, arropada también por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, quien ha denunciado la situación de Salamanca en un marco más amplio: “al abandono ferroviario del oeste peninsular”.

Las principales reivindicaciones son la recuperación del tren directo a Barcelona, el incremento de frecuencias del Alvia a Madrid, la mejora de las conexiones con Valladolid, las actuaciones técnicas en la línea hasta Medina, la recuperación del Ruta de la Plata, la conclusión de la electrificación hasta la frontera y que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.

Reunirse por educación. Nada más esperaba Alicia Gallego, la portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes autonómicas en Valladolid, de su cita programada con el presidente del parlamento de Castilla y de León esta mañana. La secretaria general leonesista tildó de “mero trámite” la reunión mantenida con Francisco Vázquez y ha reclamado celeridad en la formación de un nuevo gobierno criticando a Mañueco su parálisis durante cinco meses en funciones mientras las dos formaciones de derechas retrasan la firma del acuerdo hasta la votación de las elecciones de Andalucía.

Para Gallego, el acuerdo del PP con Vox “está cerrado” como se muestra en Extremadura o Aragón, criticando el tacticismo de ambos partidos. Asimismo, reclamó “agilidad” para confeccionar un nuevo gobierno autonómico tras “llevar meses parado” y aseveró que los ciudadanos de las regiones leonesa y la castellana “merecen más respeto” reclamando “que empiecen a dar solución a tantos problemas que existen en el día a día”.

Gallego ha señalado que “todo el mundo sabe” que el acuerdo entre PP y VOX “está cerrado”, como se evidencia en comunidades como Extremadura o Aragón, y ha advertido que es “muy difícil” apoyar una investidura sin compromisos claros en plazos ni en las necesidades reales de los ciudadanos.

Según una nota enviada por la UPL, la secretaria general leonesist reconoció que “son problemas que 'todos conocemos' y más con la llegada del verano para la Región Leonesa, que genera una gran incertidumbre ante lo que va a pasar en materia de incendios”.

“Aquí vemos mucha tranquilidad y como hemos dicho otras veces tanto el PP como VOX y el resto de los partidos nacionales no dejan de ser tristemente sucursales de lo que dicen desde Madrid y no atienden a las necesidades de las dos regiones”, sentenció.

Así, el comunicado leonesista indica que gallego puso de manifiesto que, por ejemplo, “León sigue teniendo la segunda peor tasa de actividad, los jóvenes siguen teniendo dificultades claras y evidentes en materia de vivienda o de empleo, o el mundo rural está tan necesitado mientras la labor legislativa que correspondería sigue esperando en el cajón de los deseos, al igual que unos presupuestos que un año más serán una entelequia”.

“Vemos muy difícil apoyar una posible investidura de la que ni se habla de plazos, ni de la que se habla de lo que realmente interesa a UPL, que son las necesidades de los ciudadanos”, manifestó Gallego. “Tampoco hay un compromiso de que avance la autonomía, que es lo que nosotros reivindicamos, y ya vimos que en la pasada legislatura no había siquiera un reglamento para una posible consulta popular para la Región Leonesa”, criticó.

En este sentido, exigió “celeridad, compromiso y respeto” a la ciudadanía y que no haya que esperar a ver qué pasa con las elecciones en Andalucía: “Ellos tienen sus problemas y para esos tienen sus elecciones donde van a elegir a sus candidatos”. Por este motivo, incidió en que la gente lo que busca realmente “son soluciones y no fotos ni entretenimientos varios, es el momento de remangarse y trabajar que es lo que piden a los políticos y a quién dirige una Comunidad Autónoma”.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

¿Una concejala del equipo de Gobierno municipal presentándose a una oposición de su Ayuntamiento? Esto es lo que está ocurriendo en Sahagún, con una edil del PP presentándose a un puesto de alguacil.

La UPL ha dado a conocer este concurso tan poco común. Los leonesistas han expresado públicamente sus dudas sobre la idoneidad de que una concejala del PP en activo concurra a una oposición impulsada por la propia Administración de la que forma parte, y más como miembro del equipo de Gobierno municipal presidido por la 'popular' Paula Conde Huerta. Aunque la formación reconoce que la legalidad del procedimiento podría no estar comprometida, advierte de un posible conflicto desde el punto de vista ético y de ejemplaridad pública.

Según la propia página web municipal de Sahagún, el nombre de la edil criticada por acudir a este concurso de empleo público es Margarita Diez Valderrey , concejala delegada del Servicio de Educación e Instalaciones Educativas, Escuela Infantil, Escuela de Música, Infancia y Adolescencia

Según los leonesistas, “este tipo de situaciones pueden afectar a la percepción de imparcialidad en los procesos selectivos”, un aspecto que consideran “clave para garantizar la confianza de los vecinos”. En este sentido, insisten en que la transparencia, la objetividad y la igualdad de oportunidades deben regir cualquier convocatoria pública de empleo.

UPL sostiene que la participación de una concejala en activo en una oposición municipal “puede generar dudas razonables entre la ciudadanía”, lo que a su juicio perjudica la credibilidad de las instituciones locales. Por ello, consideran que la edil debería valorar su retirada del proceso mientras mantenga su cargo público.

La formación leonesista defiende que“ dar ese paso contribuiría a evitar cualquier sombra de sospecha y reforzaría la confianza en la limpieza del procedimiento”, apelando así a la responsabilidad política y a la necesidad de mantener estándares éticos elevados en la vida pública.

Calle Alcalde Isidoro Díez. Un nombre de tantos. Sin embargo se ha convertido en la comidilla del diminuto pueblo de La Uña y del pequeño municipio de montaña leonés de Acebedo, en el que Isidoro Díez Valdeón sigue llevando de manera ininterrumpida el bastón de mando que cogió siendo casi un chiquillo, con 23 años. Cuando ganó las elecciones la primera vez fue en 1995 y lleva a mucha honra tener en su poder una acreditación de haber sido entonces el regidor más joven de toda España.

La comidilla estriba en que el Ayuntamiento que preside ha aprobado este año, “tras dos años de trabajo”, una reforma total de la nomenclatura del municipio, de los tres pueblos. Y entre cientos y cientos de modificaciones, en la villa de La Uña la antigua calle El Puente 4 ha pasado a convertirse en calle Alcalde Isidoro Díez, rindiendo así un honor público al propio alcalde en activo.

Un hombre del que llama la atención su variado periplo político, muy poco usual. Porque tras unos largos primeros años electo bajo las siglas de Unión del Pueblo Leonés (UPL), posteriormente encabezó la lista de la Agrupación Independiente Acebedo que él mismo fundó al abandonar la formación leonesista tras el fracaso de un congreso. En el anterior mandato gobernó bajo las siglas de Ciudadanos. Y en la actual ha sido repescado por el Partido Popular (PP). Pero ininterrumpidamente alcalde.

Hasta chistes con IA

La decisión de su nombre en el nuevo callejero municipal no ha pasado indiferente en absoluto. Hay quien lo considera un acto de prepotencia y engreimiento. Hay quien se lo toma por lo humorístico, e incluso emplea la IA para hacer chistes en los que se ve al regidor en su sempiterno traje y corbata cortando con unas grandes tijeras la cinta del rótulo de una inventada “Avenida de mí mismo, el alcalde”, mientras un perro hace sus necesidades justo debajo.

Él se lo toma todo con resignación, bajo el argumento de que “en un pueblo te pueden criticar por hacer una cosa y por la contraria”, y se ofrece a dar explicaciones que incluyen muchísimos matices. Casi 50 minutos de conversación. Matices como por ejemplo que la iniciativa no fue suya, lo cual es formalmente cierto. “Cuando estábamos estudiando todos los cambios, las Juntas Vecinales de Liegos y de La Uña, y las asociaciones de cultura de ambos pueblos, registraron la petición de ponerle mi nombre y mi cargo a una calle, argumentando que al final de este mandato llevaré 32 años, tres décadas y pico”, rememora. “Para mi fue una tesitura complicada, porque si digo 'no quiero' le estoy haciendo un feo muy grande en este caso a La Uña, de donde eran mi padre y mi abuelo, de donde son mis apellidos, motivo por los que lo pedían”, añade.

“Orgulloso por la propuesta”

Los críticos con la decisión tienen mucho que matizar sobre el origen mismo de su calle, dado que “es vox pópupi que las juntas vecinales que lo pidieron son suyas, las ha puesto él” e incluso llegan a tener “vínculos familiares con miembros” del equipo de Gobierno. Como no podía ser de otra manera en un minúsculo municipio rural -128 habitantes entre sus tres pueblos-, y tras tan dilatado mandato unipersonal como el de Díez Valdeón, no son pocos los que se llenan la boca con “sus abusos”. Haciendo honor al dicho: 'Pueblo pequeño, infierno grande'.

Desoyendo esas voces, al final, “orgulloso por la propuesta”, el alcalde decidió aceptar. Pero afirma que puso una condición: “Que fuera una calle pequeña, no principal, y a poder ser sin casas ni referencias catastrales”. La explicación, dado que sospechaba que habría alguna suspicacia, cae por su propio peso: “No quería que nadie tuviera que llevar mi nombre en su DNI”.

El Pleno con la total revolución de nombres del municipio de Acebedo se celebró a finales de marzo y ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 22 de abril (la añadimos). Ahora está en el período de exposición pública, durante 20 días, una fase a la que también se aferra Díez Valdeón, instando a “cualquiera que quiera a presentar alegaciones” antes de que nombre conste ya en todos los organismos oficiales y se fije definitivamente en un cartel. Algo que por otro parte algunos detractores consultados por ILEÓN creen que podría no ocurrir, porque “si se pone la placa va a durar 10 minutos y, en todo caso, no querrá ponerla hasta que no pase el verano y se vaya casi todo el mundo”. Eso se verá. Pero el alcalde añade que “además esto es movible, cuando se quiera otra Corporación puede proponer y aprobar cambiar el nombre de esta u otra calle por cualquier otro”.

Un punto que él decidió no votar

Aquel Pleno, asegura, estuvo exento de las suspicacias que han llegado después, cuando la gente ha visto en el Boletín que la propuesta es real. Primero, afirma Díez Valdeón, porque todo el nuevo nomenclátor se votó por unanimidad. Ahora con el PP, el alcalde gobierna -como siempre- con mayoría absoluta de tres concejales, frente a uno del PSOE y otro no adscrito, en el Grupo Mixto. Y segundo, porque “cuando llegó el momento de cambiar el nombre exacto de esa calle -para poner el suyo propio- me ausenté de la votación”. Por la configuración plenaria, si los dos ediles de la oposición hubieran votado 'no', habrían empatado con los dos del equipo de Gobierno, y en ausencia del regidor no hubiera podido emplear su legal voto de calidad para el desempate.

Por todo ello, Díez Valdeón afirma rotundamente que “aquí nada se ha hecho por 'mecagüen diez'”, y sin embargo insiste varias veces en el que el asunto de “la calle mía”, como la denomina alguna vez, él respeta “las opiniones de todo el mundo”. Incluso la de quienes quizá le escucharon decir alguna vez “medio en broma medio en serio que siempre he pensado que los homenajes, mejor en vida, luego ya no tienen el mismo sentido”.

Un conocido precedente: el parque de Juan Morano

Su caso no es único, ni mucho menos, No poca gente recuerda que el alcalde de León Juan Morado inauguró mientras gobernaba un parque en la ciudad llamado 'Parque Juan Morano', entre la avenida Padre Isla y el barrio de Eras de Renueva. Muy parecidos a los argumentos actuales, el principal fue que era una iniciativa popular que no estaba dispuesto a desairar. El controvertido Morano también presentó una biografía política muy cambiante, tras gobernar presentándose por UDC en 1979, Alianza Popular, posteriormente independiente y al final repescado por el PP.

El caso es que Díez Valdeón, alcalde de Acebedo es. Calle casi seguro que tendrá. Y lo que pase después ya se verá. Porque cuando culmine este mandato y cumpla 32 años al frente del Consistorio aún no sabe qué hará: “Mi idea inicial es dejarlo en un año... pero va veremos, porque tengo claro que muchas veces no presentarse supone la destrucción total de un equipo de Gobierno; por eso he metido en las últimas listas a gente más joven, preparada, para ver si se preparan para un relevo”. Y finalmente por otra razón: “Porque todos los buenos papas y los buenos jefes organizan su sustitución”, comenta medio en broma, medio en serio.

Hace unos días nos sorprendió el subdelegado del gobierno con unas declaraciones diciendo que el gobierno, “como no”, tiene en “estudio y planificación” de todos o casi todos los proyectos anclados en el tiempo, esperando como solucionarlos mejor. Es decir, lo que nos llevan mintiendo desde hace décadas; mientras que fuera de nuestro territorio leonés todo son soluciones, ¡aquí son estudios!

El subdelegado no deja de ser un empleado del PSOE, como los representantes políticos en la Diputación, no están por votación de los leoneses, sino colocados a dedo por el partido, luego su disposición, es defender a su empresa y a quien debe su sueldo y prebendas.

Todos ellos cumplen honestamente con su función de gestión, sin más; ninguno se esfuerza en mejorar su cometido, dado que en su empresa (partido) les han transmitido –vamos a decir– el deseo de no enmendar los problemas existentes, porque a la provincia de León la tienen destinada a una producción masiva de energía, para que la disfruten, en otras latitudes, mientras aquí apoyan la despoblación para que no haya protestas ante las instalaciones de plantas de biometano, convirtiendo nuestra tierra leonesa en un vertedero nacional, e incluso de Europa. Y macroplantas de placas fotovoltaicas, además de los molinos de viento

Pasan olímpicamente de las siete Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco, la mayor concentración del mundo, la mayoría en la Cordillera Cantábrica, además del reconocimiento internacional de la montaña leonesa como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), que, dicho sea de paso, nuestros políticos leoneses han ignorado, o, insensatamente, les resbala el tema. 

El Estado, descaradamente eludiendo infraestructuras

Están descaradamente eludiendo la terminal de carga aérea; no les preocupa la falta de energía eléctrica industrial en nuestra tierra, como denuncian las fuerzas económicas y empresariales leonesas, a pesar del interés de las empresas por situarse en tierras ñeonesas, y las ya establecidas, por ampliar su capacidad de producción. Vamos que nos están aplicando aquello de en casa del herrero cuchillo de paro. 

Sin entrar en las mejoras de las comunicaciones con Portugal por Rihonor o desde Ponferrada a Asturias o Monforte, entre otras ya conocidas, como la Ruta de la Plata o solución del Manzanal, paradores de San Marcos, y de Riaño, elevación del segundo edificio del Incibe, soterramiento del ferrocarril en San Andrés, por eso hay que desprestigiar a la regidora municipal que no acepta otra solución alternativa al enterramiento, etcétera, etcétera.

La Junta no es que sea mejor

Claro que, en la otra administración, la autonómica, nos prometieron empresas públicas y dotadas con personal cualificado para un operativo antiincendios, y siguen contratando empresas privadas. O se despreocupan de los techos conocidos como de Teitu, en Villar del Monte en la zona de la Cabrera. ¡Esta no es una comarca castellana a la que cuidar! O nos llevan a Valladolid el circuito de Ciberseguridad, proyecto tecnológico vinculado al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Estas personas que dirigen la administración autonómica, son los mismos que durante siete años administraron la de España, y no sólo no solucionaron los problemas que teníamos, y que se mantienen, sino que además negociaron el eje atlántico, que se está ejecutando, aislando a la provincia de León. ¿Con estos mimbres podemos confiar que solucionen nuestros problemas si llegan a dirigir la administración central?

Llegado a este punto la conclusión como siempre es la misma: autonomía propia, para poder administrarnos los leoneses, con nuestros intereses, y no supeditarse a los de aquellos que actualmente nos administran.

Solución: diseñar ya la autonomía de León

Pero no vale simplemente reclamar de palabra la autonomía, hay que diseñarla ya, un estatuto de autonomía leonesa, ponerlo en marcha desde las administraciones que gobernamos los leoneses, y buscar los caminos de aprobación de la Constitución española. Exigir el cumplimiento de nuestros Decretas, como lo son otros, herederos de los nuestros.

Y no tolerar más mentiras ni engaños de los políticos nuestros, o que nos visiten como enviados de las administraciones. Una vez nos pueden engañar. Dos veces, puede pasar, porque somos buenos, y admitimos errores. Un servidor, no pasa por más mentiras y engaños, por la sencilla razón que, el no tener master, ni títulos universitarios y posibles lagunas culturales, no implica ser gilipollas. Y mis paisanos creo que la gran mayoría tampoco lo son.

A mi modo de ver, debemos dejar claro a nuestros políticos –¡Elegidos por nuestros votos!– Que no podemos soportar más tomaduras de pelo, levantándose de la mesa, o saliendo de la sala, cuando empiezan con los cuentos de que están estudiando, analizando, los problemas. ¡No tienen intención de solucionar nada, por las razones que he expuesto anteriormente! 

Queremos soluciones, y no más mentiras ni engaños.

Post Scriptum: Estimado lector, estimados leoneses, o nos ponemos serios pidiendo lo que nos corresponde, o seguirán riéndose de nosotros, teniendo que ir nuestros hijos a trabajar a otras regiones, sin poder disfrutar de sus alegrías, o apoyarles en sus contrariedades. Incluida la perdida que te llamen, los nietos, Guelu o abolu frecuentemente y no sólo por Semana Santa o Navidades.

El Ayuntamiento de Astorga, con mayoría absoluta del Partido Popular (PP) ha aprobado en Pleno su presupuesto municipal para este mismo año con algunos meses de retraso respecto a los plazos legalmente establecidos. Se trata de las cuentas con las cifras de ingresos y gastos más altas de su historia, ascendiendo a 13,13 millones de euros en ingresos ya 12,53 millones de euros en gastos, y alcanzando un superávit formal de cerca de 600.000 euros, resaltan hoy en una nota de prensa.

La concejal de Hacienda, Laura Torralba, ha definido el presupuesto como “la principal herramienta para transformar la ciudad”, destacando tres ejes prioritarios: personas, identidad y futuro, y destacando que en este ejercicio habrá incremento inversor, estabilidad financiera y la visión de futuro.

Entre las medidas sociales, se mantienen las ayudas a la natalidad y se incorpora a Cáritas Diocesana de Astorga como beneficiaria de subvención nominativa. También se refuerza el apoyo a eventos y tradiciones como Astures y Romanos y la Semana Santa de la ciudad. Mientras en el ámbito deportivo los populares destaca el aumento de la subvención al Atlético Astorga hasta los 50.000 euros.

Uno de los cambios más relevantes afecta a las juntas vecinales, ya que el Ayuntamiento asumirá directamente la ejecución de obras para agilizar la gestión y garantizar la igualdad de servicios.

Respecto a casi lo más relevante para los ciudadanos, las inversiones reales, se elevarán a más de dos millones de euros y el equipo que preside el alcalde José Luis Nieto resalta la repavimentación de varias calles principales, la urbanización de los márgenes de la carretera N-VI a su paso por la ciudad, la recuperación del entorno del antiguo hospicio, un nuevo plan de asfaltado, actuaciones en parques infantiles que no se detallan y también en las zonas de mascotas habilitadas.

En cuanto a las cifras, han resaltado un ahorro neto positivo de algo más de un millón de euros, la reducción del gasto financiero en un 42% o cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y el límite de deuda. Pero por encima de todo, aseguran que esto se conseguirá sin aplicar subidas de impuestos, manteniendo las ordenanzas fiscales vigentes.

La oposición, y muy especialmente el Partido Socialista, criticó algunos de los aspectos principales de estas cuentas para 2026, que ahora entrarán en período de alegaciones antes de su aprobación definitiva. Unas críticas a las que el equipo de gobierno replicó tildándolo de “alarmismo político”.

Nieto recordó que “el PSOE de Astorga no presentó ni aprobó un presupuesto en la última legislatura y por ello tuvimos que entrar a gobernar con presupuestos prorrogados, por lo que no están para dar lecciones a nadie”, afirmó. Aunque hay que recordar que el equipo socialista gobernó sin mayoría suficiente ni apoyos asegurados para sacar adelante unas cuentas, al contrario que ahora el PP.

Por último, Torralba cerró la intervención calificando el documento como “un presupuesto responsable y ambicioso que atiende lo urgente, protege lo importante y construye el futuro de Astorga”.

Todavía no toca. A pesar de que el propio Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León decidiera prometer, hace exactamente un año, un calendario de escasos meses para reactivar una especie de 'Mesa por León 2.0' en busca de soluciones al complicado futuro de la provincia de León, ahora el Ejecutivo asegura que no se daban las circunstancias para cumplir esos compromisos. Y que será tarea del nuevo Gobierno, que todo el mundo da por seguro que conformarán una legislatura más PP y Vox si consiguen cerrar un pacto como los alcanzados ya en Extremadura y en Aragón.

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que además en persona protagonizó la reunión impulsora de hace un año de una nueva hoja de ruta por el futuro de León, junto al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó hoy públicamente que los plazos no eran adecuados para avanzar a lo largo del año pasado y lo que llevamos del ejercicio actual.

En concreto, admitió que tras una última reunión con representantes empresariales de la provincia en julio de 2025, y a pesar de los compromisos adquiridos de que en torno a esa fecha ya dispusieran de un documento muy completo sobre el diagnóstico y las propuestas para implementar en León, que la dinámica del calendario político les recomendó paralizar todo el proceso. Hasta hoy.

Carriedo lo defendió recordando que “se convocaron elecciones” autonómicas -aunque eso no ocurrió hasta enero de este año- y el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco consideró que, una vez en funciones, ya no debían dar pasos adelante en los resultados y acciones de esa nueva 'Mesa por León', por “no crear un debate que se convirtiera en un programa electoral”. A posteriori, razonó que “no es propio de un Gobierno en funciones comprometer retos o programas”, explicó hoy preguntado por todo el retraso acumulado y el incumplimiento de unos plazos públicos a los que en abril de 2025 nadie les empujó a adquirir.

El portavoz del Ejecutivo autonómico concluyó comprometiendo ahora, nuevamente, que la labor de cumplir con todo el plan será del nuevo Gobierno que salga del pacto que se adquiera a partir de ahora con la negociación que PP y Vox mantienen para reeditar su cogobierno de 2023. “Será una de las tareas de ese nuevo Gobierno”, sentenció, aunque de momento sin plazo, ya que no se conocen avances ni reparto de responsabilidades en el hipotético nuevo ejecutivo de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León.