El 62,96% de los edificios analizados en Castilla y León presenta carencias graves de accesibilidad, el porcentaje más elevado entre las comunidades autónomas incluidas en un estudio nacional sobre el estado del parque edificado, que sitúa además a la Comunidad muy por encima de la media española, fijada en el 39,98%.

La conclusión figura en el 'Análisis del estado del parque de edificios en España y comparativa entre comunidades autónomas con datos de la herramienta e-LEEx', que acaba de ser publicado en la revista 'Anales de Edificación' y analiza información procedente de 4.201 edificios de distintas regiones españolas a partir de los Libros del Edificio Existente elaborados mediante la plataforma digital e-LEEx.

La investigación ha sido desarrollada por especialistas vinculados a los colegios de la Arquitectura Técnica de Aragón y parte de una base de datos generada entre julio de 2022 y enero de 2026, concebida para evaluar de forma sistemática aspectos relacionados con la conservación, la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia energética de los inmuebles.

Los resultados muestran una realidad llamativa en Castilla y León: aunque las nueve provincias de las regiones de León y de Castilla lideran en su conjunto los indicadores de conservación entre las autonomías analizadas, mantiene importantes déficits en materia de accesibilidad.

Según el trabajo, el 61,40% de los edificios examinados presenta un estado de conservación favorable y otro 28,07% se encuentra en situación favorable aunque con deficiencias menores. Solo el 10,53% registra deficiencias severas y no se detectaron inmuebles con deficiencias muy graves dentro de la muestra regional.

Sin embargo, esa buena situación estructural no se traduce en mejores niveles de accesibilidad ya que el estudio revela que casi dos de cada tres edificios de Castilla y León presentan obstáculos importantes para garantizar el acceso universal a personas con movilidad reducida u otras necesidades especiales.

Solo el 25,93% cumple los criterios de accesibilidad universal, mientras que apenas el 1,85% dispone de itinerarios accesibles y el 9,26% ciento cuenta con itinerarios practicables.

1984: la huella de la antigüedad

Los investigadores subrayan que la antigüedad del parque edificatorio continúa siendo uno de los factores que ayudan a explicar parte de estas carencias: el año medio de construcción de los edificios analizados en Castilla y León se sitúa en 1984.

Además, recuerdan que, a escala nacional, más de la mitad de los edificios residenciales españoles fueron construidos antes de 1980, es decir, antes de la entrada en vigor de muchas de las normativas actuales en materia de accesibilidad, eficiencia energética y calidad constructiva. No obstante, el trabajo concluye que la edad de los inmuebles no explica por sí sola las diferencias territoriales observadas.

De hecho, la correlación entre antigüedad y problemas de accesibilidad resulta mucho más débil que la existente entre antigüedad y estado de conservación, por lo que los autores consideran que aspectos como las políticas de rehabilitación, las intervenciones posteriores realizadas en los edificios o las exigencias normativas aplicadas en cada territorio desempeñan un papel relevante.

El estudio concluye que el futuro de la rehabilitación pasa por combinar actuaciones dirigidas a mejorar la conservación de los inmuebles con intervenciones que eliminen barreras arquitectónicas y reduzcan el consumo energético, especialmente en un parque residencial envejecido como el español.

El parque multiaventura La Roca de Palencia acogerá el próximo jueves 24 de septiembre el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla y León. La inscripción, libre y gratuita y con preferencia para afiliados, se puede formalizar hasta el lunes 14 en las sedes de la UJP en cada una de las provincias de la comunidad. La capital palentina toma el relevo de Valladolid, que organizó el pasado año la primera edición en el Pinar de Antequera.

La jornada comenzará entre las 9.00 y las 11.00 horas con la recepción de asistentes y desayuno, seguida de la recepción de autoridades y un acto institucional programado para las 11.15 horas. Una sucesión de actividades dará luego paso a una comida a base de olla ferroviaria (14.45 horas).

Por la tarde serán protagonistas las actuaciones: del Nuevo Mester de Juglaría (16.15 horas) y la música y el baile con Sara Bureba (17.45 horas). A las 19.00 horas llegará el momento de la clausura de este II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

La organización calcula que alrededor de 450 personas participarán en esta cita. La provincia de León cuenta con 1.316 afiliados a la UJP.

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.

León volverá a convertirse en escaparate de la gastronomía de Castilla y León, esta vez en formato tapa, tan tradicional en la provincia, y también pincho de pago, en gran parte de Castilla. El Palacio de Exposiciones de la capital leonesa acogerá los días 28 y 29 de septiembre la segunda edición del Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León, una cita que reunirá a cocineros y establecimientos de las nueve provincias de la Comunidad y que contará con el chef gallego Pepe Solla como presidente del jurado.

La capital leonesa toma así el relevo de Zamora, donde se celebró la primera edición del concurso, para reunir durante tres jornadas algunas de las mejores propuestas de la gastronomía en miniatura de la Comunidad. Como el año pasado no pudo celebrarse este evento, esta vez serán 36 los establecimientos y los cocineros que competirán por convertirse en los mejores.

En la presentación del evento participaron el alcalde de León, José Antonio Diez, el director general de Turismo de Castilla y León, Ignacio Sicilia Doménech, el presidente de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl), Jaime Fernández Lafuente, y el presidente de la Asociación de Hostelería de León, Óscar García.

Promovido por la Federación, y con el patrocinio principal de la Junta de Castilla y León, el concurso busca poner en valor la calidad y diversidad de la cocina castellana y leonesa, promocionar el producto de proximidad y reforzar la gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos de la Comunidad, remarcaron en la presentación. Sicilia Doménech (Vox), en concreto, remarcó que en la Comunidad “la gastronomía es identidad” y por eso “integra a tosas nuestras provincias”. Diez, por su parte, remarcó el protagonismo leonés con las tapas como “referente turístico”.

En León recalarán establecimientos y profesionales procedentes de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Cada participante tendrá el reto de condensar en una tapa su creatividad, técnica y conocimiento del producto, en una competición que pretende convertirse también en escaparate de las diferentes formas de interpretar la cocina castellana y leonesa.

Pepe Solla, al frente del jurado

Uno de los principales atractivos de esta segunda edición será la presencia del chef Pepe Solla, con su veterana Estrella Michelín y tres Soles Repsol, al frente del jurado que evaluará el trabajo de los participantes, integrado también por periodistas.

Durante los dos días del concurso, el Palacio de Exposiciones se convertirá así en punto de encuentro para cocineros, profesionales de la hostelería y aficionados a la gastronomía, sumando una nueva cita a la oferta gastronómica de la ciudad.

El paro subió en agosto por segundo mes consecutivo en León. Lo hizo en 115 personas, un aumento del 0,59% con respecto a julio (la subida fue del 1,92% en la media nacional) para situar la estadística en 19.468 demandantes de un puesto de trabajo. La comparativa interanual sí es positiva al suponer 359 inscritos menos que en agosto de 2025, un descenso del 1,81%, según datos publicados este miércoles por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). Los datos reflejan también que son otra vez las mujeres las que acaparan la mayor parte del ascenso intermensual, apenas paliado por la incorporación de mano de obra a la agricultura.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la agricultura (-43, de 689 a 646). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (163, de 13.583 a 13.746) y más moderados en la industria (30, de 1.589 a 1.619) y en la construcción (18, de 1.227 a 1.245).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.623 mujeres desempleadas (106 más que el mes pasado) frente a 7.845 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (687 hombres frente a 642 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (673 hombres por 802 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.952 por 3.115) y a partir de los 45 años (4.533 por 7.064).

Castilla y León

Castilla y León sumó en agosto 2.010 parados, lo que deja en 98.323 los desempleados en esa comunidad, un 2,09% más que en julio, frente al 1,92% de aumento a nivel nacional, a la vez que el número de cotizantes a la Seguridad Social ha bajado en 3.102, lo que supone una pérdida del 0,30%, hasta dejarlos en 1.019.088 afiliados.

Los datos publicados este miércoles recogen que la Comunidad tiene 144 parados más que en el mismo mes del 2025, el 0,15% más, mientras que a nivel nacional se observa una bajada interanual del 2,91% (70.593 parados menos).

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró agosto con 18.946 cotizantes más que hace un año, el 1,89% más, por debajo del 3,13% registrado a nivel nacional.

El paro registrado en agosto subió respecto a julio en todas las autonomías, excepto en la ciudad autónoma de Ceuta, donde bajó el 1,76% (148 personas), con los peores datos en Cataluña (4,63% de subida), Baleares (3,31%) y Murcia (2,71%), con Castilla y León con el noveno incremento.

La pérdida de afiliados a la Seguridad Social sería mayor en caso de no haber contabilizado en agosto las nuevas afiliaciones procedentes del proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros, que ha aportado en Castilla y León hasta el momento 14.452 nuevas altas, que representan el 4,3% de total realizado en España (337.917).

En este registro, Castilla y León es la sexta autonomía con un más elevado número de trabajadores extranjeros regularizados, superada únicamente por la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.

Sube en todas las provincias

El paro subió en agosto en todas las provincias respecto a julio, aunque lo hizo más en Burgos, con un incremento del 4,16%, seguido de Segovia (3,36%), Valladolid (2,46%), Zamora (2,40%), Palencia (2,30%) y Ávila (2,27%), todas ellas por encima de la media autonómica.

Por debajo del 2,09% de subida en Castilla y León se situaron los alzas del paro en Soria (1,47%), Salamanca (1,18%) y León (0,59%).

Y respecto a agosto de 2025, el desempleo aumentó más en Soria, hasta el 9,08%, seguida de Valladolid (2,32%), Palencia (1,74%) y Burgos (1,14%); mientras que descendió el dato interanual en Salamanca (2,16%), León (1,81%), Ávila (0,80%), Segovia (0,58%) y Zamora (0,42%).

El desempleo aumentó en todos los sectores, excepto en Agricultura, que presentó una ligera bajada de 6 trabajadores; mientras que en el resto de sectores se registraron subidas del paro, en especial en el de Servicios, que anotó 1.469 parados más que en julio, con 225 más en Industria, 128 en Construcción y 194 en el colectivo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró agosto con 2.071 mujeres más en las listas del paro y 939 hombres, con un aumento de 481 parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la Comunidad cierra agosto con 39.274 hombres desempleados y 59.049 mujeres; y 7.782 menores de 25 años sin empleo.

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en agosto 54.098 contratos, que suponen 17.589 y un 24,54% menos que en julio, cuando se producen la mayoría de las contrataciones vinculadas al verano.

En cambio, a nivel interanual, el dato de Castilla y León mejora los resultados del pasado año, con hasta 2.018 contratos más, lo que representa un incremento del 3,87%.

Del total de contratos, 16.799 fueron indefinidos, 6.056 menos que el mes anterior, mientras que otros 39 fueron firmados con personas con discapacidad, 1.564 fueron conversiones de contratos y los restantes 37.299 fueron temporales.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de julio, fueron 73.165, 6.225 más que en el mes anterior, de las cuales 40.225 fueron prestaciones contributivas, 32.920 subsidios y 20 rentas activas de inserción.

El curso escolar 2026-2027 en las nueve provincias de Castilla y León estrena calendario. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, junto a los sindicatos del sector, hace meses que marcaron las fechas de inicio y final de las clases, así como los principales periodos vacacionales y días no lectivos de un curso que comenzará de forma escalonada en septiembre y que volverá a dejar varios puentes y descansos repartidos a lo largo del año, con un largo período vacacional en Navidad que hará que no se retomen las clases hasta el 11 de enero de 2026.

Los primeros en regresar a las aulas serán en septiembre los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, que comenzarán las clases el miércoles 9 de septiembre de 2026. Ese mismo día se incorporarán también los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizados en centros de Educación Primaria y el alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado superior.

La vuelta generalizada para los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial llegará unos días después, el martes 15 de septiembre.

El calendario mantiene además una incorporación progresiva para el resto de enseñanzas. El 22 de septiembre comenzarán las clases los alumnos de grado medio y de primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, así como el alumnado de enseñanzas en régimen a distancia y de las aulas de Educación de Personas Adultas.

La siguiente fecha marcada será el 1 de octubre, cuando se incorporarán los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas. El último inicio del calendario será el 5 de octubre, para el alumnado de enseñanzas de idiomas.

Casi tres semanas de vacaciones en Navidad

Uno de los periodos más largos de descanso del curso llegará con las vacaciones navideñas. Las clases terminarán antes de Navidad y el periodo vacacional se extenderá desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, ambos incluidos.

A este amplio parón se sumarán los días festivos y no lectivos del primer trimestre, entre ellos el 12 de octubre, que caerá en lunes, y el 2 de noviembre, ya que el día de Todos los Santos pasa de domingo a lunes), además del 30 de octubre, establecido como día no lectivo con motivo del Día del Docente, y que genera otro puente al ser viernes.

El calendario también permitirá un largo descanso en el puente de la Constitución y la Inmaculada. El 7 y el 8 de diciembre serán festivos, lo que, unido al fin de semana, dejará varios días consecutivos sin clases.

Además, los calendarios municipales podrán incorporar sus propios días festivos, que también afectarán a la actividad lectiva de los centros de cada localidad. En el caso de León capital, por ejemplo, el lunes 5 de octubre San Froilán y un adelanto inesperado del fin de curso, ya que el 24 de junio se celebra San Juan.

Carnaval y diez días sin clase en Semana Santa

El segundo gran descanso del curso llegará con Carnaval. El lunes 8 y el martes 9 de febrero de 2027 serán días no lectivos, por lo que el alumnado tendrá cuatro días consecutivos sin clase al unirse al fin de semana anterior.

La Semana Santa concentrará otro de los principales periodos vacacionales. Las vacaciones comenzarán el 20 de marzo y se prolongarán hasta el 30 de marzo, de manera que los estudiantes regresarán a las aulas el miércoles 31 de marzo. Jueves Santo será el día 25 y Viernes Santo el 26 de marzo.

Un final de curso escalonado hasta el 24 de junio

El final del curso también será diferente según las enseñanzas. Los primeros en terminar serán los alumnos de segundo de Bachillerato y algunos ciclos formativos de FP de grado superior, cuyas clases finalizarán el 21 de mayo de 2027.

El resto de finales se producirán de forma escalonada durante junio. El primer curso de Bachillerato y parte del alumnado de Formación Profesional concluirán antes, mientras que el grueso de los estudiantes de Castilla y León mantendrá las clases hasta el 24 de junio, fecha que marcará el inicio de las vacaciones de verano para Infantil, Primaria, ESO y buena parte del resto de enseñanzas.

El acuerdo de la Consejería de Educación, que se refleja en este enlace detallado con todas las fechas, contempla además que la Junta de Castilla y León vuelva a hacerse cargo de la atención del alumnado durante los periodos de reducción de la jornada lectiva en junio y septiembre. Las familias podrán contar, además, con la posibilidad de utilizar el servicio de comedor durante esas semanas.

A continuación dejamos el calendario oficial completo para descargar o consultar:

La Junta de Castilla y León acaba de poner en marcha las prometidas subvenciones de hasta 900 euros para ayudar en la obtención del permiso de conducir de clase B para jóvenes de entre 18 y 30 años. Se trata de una medida con la que el Gobierno autonómico busca mejorar el acceso al empleo de los jóvenes, favorecer la emancipación y contribuir a fijar población, especialmente en el medio rural, según las bases reguladoras publicadas este viernes 28 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La medida, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que dirige Cristina Sanchidrián, prevé ayudas que cubrirán parte de los gastos derivados de la obtención del carné de conducir y que podrán alcanzar un máximo de 900 euros, en función de la renta de la unidad de convivencia de la persona solicitante.

Entre las primeras condiciones, las ayudas estarán dirigidas a jóvenes que hayan cumplido 18 años y que no superen los 30 durante el año de la convocatoria. Entre los requisitos figura residir y estar empadronado en algún municipio de Castilla y León con una antigüedad mínima de cinco años antes de la obtención del permiso y mantener ese empadronamiento de forma ininterrumpida durante al menos tres años después de solicitar la subvención.

Las condiciones principales

La cuantía máxima será de 900 euros para las unidades de convivencia con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La ayuda podrá alcanzar hasta 750 euros para rentas situadas entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM; hasta 600 euros para ingresos entre 2,5 y 3,5 veces ese indicador; y hasta 450 euros para quienes superen ese umbral.

Lo que entra y lo que no

Serán subvencionables gastos como la matrícula, las clases teóricas y prácticas impartidas en autoescuelas homologadas con centros abiertos en Castilla y León, así como las tasas y derechos de examen de Tráfico. Quedarán excluidos los reconocimientos médicos y psicotécnicos y otros gastos de gestión.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenarán principalmente según el nivel de renta de la unidad de convivencia, de menor a mayor. En caso de empate, prevalecerá el orden de presentación de la documentación completa.

La gestión de las ayudas contará con la colaboración de la empresa pública Somacyl y las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica a través de la sede de la Administración autonómica, en el portal de la Sede Electrónica de la Junta, pinchando aquí.

Letra pequeña

Sin embargo, es importante remarcar, como lo detalla la Consejería, que la convocatoria saldrá en el mes de septiembre y los usuarios podrán solicitar las ayudas sólo una vez que hayan obtenido el permiso de conducir. Y que el pago de las cuantías se realizará durante el año próximo año, 2027, al incorporarse la partida al Presupuesto de la Comunidad para el próximo ejercicio.

En la orden publicada, la Junta argumenta que la movilidad constituye un elemento “estratégico” para combatir el despoblamiento y favorecer el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en una comunidad marcada por la dispersión territorial y el peso del medio rural.

El Ejecutivo autonómico destaca que disponer del permiso de conducir resulta determinante para acceder a numerosas oportunidades laborales, especialmente en sectores con relevancia en Castilla y León como los servicios, la industria agroalimentaria o la logística.

Además, recuerda que el permiso B es un requisito previo para acceder a licencias profesionales vinculadas al transporte de mercancías y viajeros, un ámbito que presenta una elevada demanda de trabajadores.

Poco menos de una anécdota para historiadores es a lo que relega el Gobierno de la actual Comunidad de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, el hallazgo del proyecto de autonomía de Asturias con la Región Leonesa (las provincias de León, Zamora y Salamanca) redactado durante la Guerra Civil por el Consejo Soberano republicano.

De hecho, el Ejecutivo autonómico incluso se muestra reticente a la reciente petición anunciada por el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), de reclamar la devolución y custodia en Asturias de este documento histórico recién descubierto en el Archivo General Militar de Ávila por el historiador Pablo Martínez Corral. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha abogado hoy por mantener “la unidad del archivo y la unidad de los archivos”. Una postura, dijo, que es la que con carácter general siempre ha mantenido el Ejecutivo, en referencia al Archivo General de la Guerra Civil Española que se conserva en Salamanca, y del que han salido documentos para Cataluña generando hace años una considerable polémica territorial. En aquel entonces, Vox exigía que se devolvieran por haberse entregado “de forma irregular”.

Hace apenas diez días, el mandatario del Gobierno asturiano, actualmente formado por PSOE e Izquierda Unida, anunciaba el interés del Principado por conservar las actas y documentos vinculados con el proyecto de estatuto que fueron incautados al Consejo Regional de Asturias, solicitando por vía formal su devolución para que quede en custodia en el Archivo Histórico de Asturias, con el fin de que puedan estar a disposición de especialistas e historiadores. Así lo anunció tras reunirse con el historiador y profesor de Secundaria Pablo Martínez Corral, artífice de su localización, y tras calificar el documento, hasta ahora inédito, como “excepcional”.

No comparte esa visión el Gobierno de derechas de la actual autonomía de Castilla y León, que insiste en el argumento de que facilitar la labor a los historiadores pasa por no desmembrar el archivo abulense. “Si nosotros queremos facilitar a los investigadores su trabajo, la protección de estos documentos lógicamente es que estos documentos estén unificados en un único ámbito, como ha ocurrido hasta ahora”, resaltó Fernández Carriedo. El portavoz insistió en que “Castilla y León afortunadamente tiene un buen número de patrimonio documental, del siglo pasado y vinculado al periodo de la Guerra Civil, así como de otras épocas históricas muy relevantes de España”, y recordó que siempre han defendido que “la protección con carácter general la unidad” de los archivos, algo que ve “básico para la investigación y para que los científicos pudieran desarrollar sus tareas”.

A la hora de valorar el posible trasfondo político o ideológico del reparto autonómico de España, tras conocerse el intento inicial de crear en plena Guerra Civil una autonomía de cuatro provincias, uniendo la de Asturias con las de León, Zamora y Salamanca, o lo que es lo mismo, uniendo los dos viejos reinos de Asturias y León, Carriedo se enrocó en defender el éxito que a juicio de la Junta ha tenido la configuración actual de León con Castilla. Justo lo contrario de lo que valoró Unión del Pueblo Leonés (UPL), que aplaudió el descubrimiento del borrador del estatuto asturleonés bajo el prisma de que otra configuración territorial era posible.

“Creo sinceramente que nos podemos sentir muy orgullosos del recorrido que ha hecho Castilla y León en este período democrático desde el año 1978 en el estado social y democrático de derecho, en la monarquía parlamentaria y en este estado de las autonomías, mejorando las circunstancias y condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos de nuestra Comunidad autónoma”, aseguró Carriedo.

Y aseveró que no hay margen para elucubraciones: “En las Administraciones públicas nos regimos siempre por la legislación vigente, y en este caso la Constitución Española, el Estatuto Autonomía de Castilla y León y todo el régimen jurídico que viene desarrollando nuestra Democracia”, un marco que es de aplicación“ incluso ”sin perjuicio de que lógicamente los historiadores y los investigadores tengan la posibilidad de realizar sus estudios y sus trabajos“.

La Junta de Castilla y León ya ha distribuido 1.265 toneladas de alimento, forraje y paja en explotaciones ganaderas de las provincias de León (casi 50 toneladas), Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia, dando respuesta a las necesidades trasladadas en las zonas damnificadas por los incendios.

En este contexto, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha visitado este martes la explotación bovina SAT GARFI, en Santa María del Condado, donde se ha realizado la entrega de un camión con 25 toneladas de pulpa de remolacha destinadas a la alimentación del ganado. Lo hizo acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León, Fidentino Reyero.

Esta entrega de pulpa se realiza en colaboración con la cooperativa ACOR, que se ha ofrecido a colaborar para facilitar el suministro de este alimento a los ganaderos afectados.

En concreto, este martes han llegado a esta zona dos camiones, cada uno de ellos con 25 microsilos de pulpa de remolacha, con una capacidad de una tonelada por microsilo.

El primero se ha destinado a la explotación SAT GARFI, que cuenta con más de 250 cabezas de ganado bovino, mientras que el segundo, de otras 25 toneladas, se ha entregado en Castro del Condado, a otros dos ganaderos afectados.

Desde el Gobierno de Castilla y León se ha agradecido la colaboración de ACOR, cuya respuesta ha contribuido a reforzar el dispositivo de apoyo activado para atender las necesidades más inmediatas de las explotaciones afectadas.

En el caso de León, un total de 16 explotaciones han solicitado ya este tipo de suministro. De ellas, 12 han sido atendidas hasta el momento, con la distribución de más de 46.380 kilos de forraje destinados a siete explotaciones de ganado bovino y equino; además se han suministrado 508 litros de alimento energético y 76 kilos de alimento proteico a otras cinco explotaciones apícolas.

Ayudas a los damnificados

Asimismo, la Consejería dice trabajar ya en la agilización y simplificación de los trámites para el abono durante este mes de agosto de las ayudas directas por importe de 5.500 euros destinadas a agricultores y ganaderos profesionales que hayan sufrido daños en sus explotaciones como consecuencia de los incendios.

Con el objetivo de que estas ayudas puedan llegar a los afectados de forma inmediata, Pollán ha informado de que se está trabajando en un sistema de tramitación simplificado mediante el cruce de los datos de la Seguridad Social con la información disponible sobre las superficies y explotaciones afectadas.

Según defiende, esta fórmula permitirá reducir las cargas administrativas para los beneficiarios y acelerar al máximo la concesión y el abono de las ayudas.

El objetivo declarado es que los profesionales afectados puedan concentrar sus esfuerzos en la recuperación de sus explotaciones. Para ello, la administración pretende evitar lo que califica como “trámites innecesarios” en un momento de especial dificultad.

La Junta de Castilla y León ha consolidado la relación de municipios y localidades de la provincia de León afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2026. Tras el primer listado publicado el día de su aprobación inicial, el pasado 30 de julio, así como las ampliaciones del 5 de agosto y las correcciones de errores de este viernes 7 de agosto, la relación definitiva afecta finalmente a un total de 12 municipios y 46 pueblos diferentes afectados de manera directa, incluso con evacuación de vecinos.

La inclusión oficial acredita que estos pueblos sufrieron directamente los efectos de los incendios o tuvieron que ser evacuados, y permite encauzar las solicitudes de ayudas extraordinarias, planes de recuperación y actuaciones de emergencia de la Administración autonómica. También abre la puerta a las medidas que, dentro de sus competencias y convocatorias, pueda habilitar el Gobierno de España para las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

El listado definitivo excluye al Ayuntamiento de Villaquilambre y a la Junta Vecinal de Navatejera, incorporados inicialmente por error y retirados después al constatarse que no habían sufrido incendio grave alguno.

De este modo, la relación de municipios y de localidades afectadas en la provincia leonesa a fecha de la primera semana de agosto queda así:

Entre las localidades que precisaron evacuación figuran Barrillos; Pradilla y Valdelaloba; Barrio de La Velilla y La Utrera; Moreda, San Martín de Moreda, San Pedro de Olleros y Valle de Finolledo; Castro del Condado, Santa María del Monte del Condado, la urbanización Montesol en Santa María del Monte del Condado y Prado de la Somoza.

Las medidas aprobadas por la Junta, anunciadas por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, son muy similares a las impulsadas en el histórico verano de 2025, con las mayores superficies jamás arrasadas en la historia de la Comunidad y de provincias como León. Incluyen por ejemplo 500 euros lineales para las familias desalojadas, apoyo para alojamiento temporal, reparación o reconstrucción de viviendas dañadas y reposición de bienes básicos. También contemplan ayudas a los ayuntamientos por los gastos de emergencia y por daños en edificios, maquinaria e infraestructuras municipales, junto con actuaciones de recuperación en caminos, abastecimiento de agua, carreteras, comunicaciones y espacios forestales.

El paquete incorpora además compensaciones para agricultores, ganaderos y apicultores; ayudas a autónomos y pymes, con una cuantía directa de 5.500 euros en los supuestos previstos; incentivos para inversiones y creación de empresas; apoyo a la contratación y a los ERTE; y programas de recuperación del comercio, el patrimonio y el turismo rural. La concesión concreta de cada ayuda dependerá de los requisitos y convocatorias que se publiquen.

Las diferentes publicaciones y decisiones oficiales incluyen no sólo a la provincia de León sino también a otras que, Ávila, Segovia y Zamora, también han sufrido con especial dureza los más graves episodios de los incendios forestales en el verano de 2026.

León rompió en julio la tendencia de los últimos meses y vio crecer el paro en 94 personas, un aumento del 0,49% con respecto a junio (la subida fue del 0,85% en la media nacional). La provincia se queda en 19.353 demandantes de un puesto de trabajo, 492 menos que a la misma altura de 2025, lo que representa un descenso interanual del 2,48%, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La industria fue el único sector económico que representó un contrapeso positivo en la estadística, cuyo aumento acapararon las mujeres al repetirse el número de hombres inscritos del mes pasado.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la industria (-48, de 1.637 a 1.589). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (78, de 13.505 a 13.583) y más moderados en la agricultura (19, de 670 a 689) y en la construcción (7, de 1.220 a 1.227). La estadística del colectivo sin empleo anterior también creció (38, de 2.227 a 2.265).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.517 mujeres desempleadas (que asumen íntegramente los 94 demandantes más) frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (732 hombres frente a 596 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (644 hombres por 803 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.905 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.555 por 7.015).

Castilla y León

Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional, y los cotizantes a la Seguridad Social aumentaron en 6.170 ese mes, hasta los 1.022.190 afiliados, datos en los que se nota el reciente proceso de regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Castilla y León anotó la menor bajada del paro para un mes de julio en dato interanual con datos desde el 2021, y el mayor aumento intermensual en ese mismo periodo.

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró julio con 17.830 cotizantes más que hace un año, el 1,78% más, por debajo del 2,94 nacional.

El paro registrado en julio de 2026 bajó en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250), con subidas en el resto de comunidades encabezadas por Cataluña (7.705), Comunidad Valenciana (7.021), Comunidad de Madrid (3.822) y Castilla y León (2.053).

El paro sólo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y respecto a julio del 2025, el desempleo disminuyó en Ávila (-2,39%), Burgos (-0,53%), León (-2,48%), Salamanca (-2,56%), Segovia (-2,51%), Valladolid (-0,45%) y Zamora (-0,46%), se mantuvo constante en Palencia (0,00%) y aumentó en Soria (7,33%).

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

Respecto a julio del 2025, el paró bajó en 1.490 personas en el sector servicios, con 259 menos en construcción, 147 menos en industria y 94 menos en agricultura, y un repunte de 781 en el grupo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró julio con 1.334 mujeres más en las listas del paro y 719 hombres, con un recorte de dos parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la comunidad cierra julio con 38.335 hombres desempleados y 57.978 mujeres; y 7.301 menores de 25 años.

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que arrancó en abril, ha sumado a un total de 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026, según datos de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que sumó más afiliados en este proceso, el 19,8 % del total, seguida por Cataluña (17,8%), Andalucía (12,7%), Comunidad Valenciana (12,1%) y Castilla y León (4,4%).

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en julio 71.687 contratos, que suponen 217 y un 0,30% menos que en junio, frente al retroceso nacional del 3,77%.

El dato también es peor que el de julio del 2025, con 3.764 contratos menos en la comunidad que hace un año y una caída del 4,99%, frente al -0,12 nacional.

Del total de contratos, 22.855 fueron indefinidos, 1.239 menos que el mes anterior, con un recorte del 5,14% (-9,74 nacional); y 752 menos que hace un año, el -3,19% (+1,19).

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de junio, fueron 66.940 en Castilla y León, de ellas 33.753 prestaciones contributivas, 33.163 subsidios y 34 rentas activas de inserción.

La provincia de León cerró el segundo trimestre del año con 17.700 parados, 1.100 más (un 6,6%) que los 16.600 registrados durante el primer trimestre, según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicados este martes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). La comparativa interanual sí resulta favorable dado que a estas alturas de 2025 hasta 18.000 leoneses buscaban un empleo, lo que representa en este caso un descenso del 1,6%.

El dato provincial contrasta con la media autonómica. Y es que Castilla y León redujo un 5,5% el número de desempleados en el segundo trimestre del año, con 5.700 parados menos con respecto al trimestre anterior, lo que deja la cifra total en 96.700 desempleados, y suma 28.500 ocupados, hasta alcanzar el 1.058.700, con una tasa de paro del 8,37%, por debajo de la media nacional y la novena más baja del conjunto autonómico.

En el conjunto del país, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87 %).

Por lo que respecta a León, la tasa de paro aumentó en términos intertrimestrales al pasar del 8,46% del primero al 8,84% del segundo. La evolución volvió a invertirse en la comparativa interanual, al ser inferior al 9,18% de 2025 a estas alturas.

El número de personas ocupadas sí crece en la provincia de León: son a estas alturas del año 182.100 (179.200 en el primer trimestre y 177.800 del segundo trimestre de 2025). Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025).

Y las personas activas rozan las 200.000 al situarse en 199.800 (195.800 en el primer trimestre y 195.700 del segundo semestre de 2025). Por su parte, la tasa de actividad está en un 49,89%, más que el 49,28% del trimestre anterior y que el 49,48% de hace un año.

El principal porcentaje de leoneses activos en el segundo trimestre del año se concentran en el sector servicios, concretamente un 73,1%. Le sigue industria, que acumula un 10,6% de los leoneses, mientras que el 6,1% corresponde a la construcción y un 5,4% a la agricultura.

El incendio forestal declarado el pasado miércoles en Murias de Ponjos, en el municipio leonés de Valdesamario, ha empeorado de forma notable durante la madrugada de este viernes. La Junta de Castilla y León ha elevado su Índice de Gravedad Potencial (IGR) al nivel 2, al considerar que las llamas representan ya una amenaza seria para la población, una decisión que ha venido acompañada del desalojo preventivo de 37 vecinos de las localidades de Andarraso, Rosales y Folloso. El humo de este incendio, cuya área afectada supera ya las 1.000 hectáreas según Copernicus, es visible incluso desde la capital leonesa.

La evacuación fue ejecutada por la Guardia Civil durante la madrugada, después de que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) acordara la medida tras la declaración del nivel 2. Los vecinos desalojados han pasado la noche en las escuelas de Riello, habilitadas como punto de acogida, y continúan este viernes fuera de sus viviendas mientras el operativo mantiene la vigilancia sobre la evolución del incendio.

La declaración del IGR 2 implica que el incendio puede poner en riesgo a personas y bienes y obliga a adoptar medidas extraordinarias de protección civil. La Junta justifica la decisión por la amenaza seria a poblaciones, una de las circunstancias previstas para activar este nivel de gravedad.

Hasta última hora de este jueves, el incendio permanecía en nivel 1 y la evolución era considerada “no desfavorable”. Durante la jornada trabajaron en su extinción alrededor de 40 medios, entre ellos 10 aéreos, mientras que durante la noche permanecieron desplegados los equipos terrestres, aprovechando el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad para intentar contener el avance de las llamas. Los trabajos nocturnos permitieron mejorar la situación y defender mediante fuegos técnicos y maquinaria la localidad de Andarraso, además de frenar el avance del incendio hacia Rosales y Folloso, donde los equipos tratan de contener el frente en un arroyo próximo a ambos núcleos de población.

A primera hora de este viernes el CECOPI volvió a reunirse en la Delegación Territorial de la Junta en León para coordinar el operativo. Según explicó el delegado territorial, Eduardo Diego, la evolución del incendio es favorable gracias al trabajo desarrollado durante la noche y a la bajada de las temperaturas. En estos momentos más de 80 efectivos trabajan para cerrar el perímetro del fuego y evitar que rebase el arroyo que protege a Rosales y Folloso, además de asegurar el perímetro en Andarraso y los flancos del incendio. En el operativo participan un técnico, cuatro agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, tres autobombas, cuatro bulldóceres, brigadas helitransportadas y medios aéreos de la Junta y del Gobierno central.

La tarde del viernes, cerca de una treintena de medios trabajan en la extinción de este fuego. Los efectivos trabajan desde la carretera que conecta Camposagrado con Torre del Bierzo (LE-460), usándola de línea de control, con el objetivo de cerrar el perímetro y defender la localidad de Ponjos.

El fuego se originó el miércoles y la Junta mantiene como causa más probable un origen accidental, aunque la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del inicio.

Un nivel 3 que marca un precedente

La evolución de los incendios forestales en Castilla y León ha dado además un paso inédito en las últimas horas. Mientras el fuego de Murias de Ponjos escala al nivel 2, el incendio de Burgohondo (Ávila) ha sido declarado este viernes de nivel 3 o emergencia de interés nacional, después de que el Ministerio del Interior asumiera directamente la dirección de las labores de extinción junto a los grandes incendios que afectan también a la Comunidad de Madrid.

La activación del máximo nivel de emergencia supone que la gestión operativa deja de depender de la comunidad autónoma y pasa a estar coordinada por el Estado, al existir una amenaza de extraordinaria gravedad para la población y los bienes. La decisión llega tras la evacuación de unas 11.500 personas en los incendios de Burgohondo, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y convierte a este episodio en uno de los más graves registrados en los últimos años.

La declaración del nivel 3 resulta especialmente significativa en Castilla y León porque ni siquiera durante el verano de 2025, cuando la provincia de León sufrió la peor campaña de incendios de su historia reciente, la Junta llegó a solicitar al Gobierno central la declaración del máximo nivel de emergencia ni la asunción de la dirección de la extinción por parte del Estado.

Aquel verano, León registró más de 130.000 hectáreas calcinadas, cuatro personas fallecidas —entre ellas un bombero forestal que perdió la vida durante las labores de extinción del incendio de Yeres—, la destrucción de viviendas, explotaciones y otros bienes, la amenaza sobre numerosas poblaciones, graves daños en ecosistemas de alto valor ecológico y hábitats de especies protegidas y la afección al entorno del Paisaje Cultural de Las Médulas, Patrimonio Mundial de la Unesco.

Además, la provincia llegó a encadenar varios incendios simultáneos con índices de gravedad potencial 2 y 1, cuyas consecuencias ambientales y económicas todavía siguen requiriendo trabajos de restauración. La decisión adoptada este viernes en Ávila marca así un precedente en la gestión de los grandes incendios forestales de la Comunidad.

Castropodame mejora, pero continúa bajo vigilancia

La evolución es distinta en el incendio declarado el miércoles en Castropodame, que durante la tarde de este jueves rebajó su Índice de Gravedad Potencial de nivel 2 a nivel 1 tras una mejora significativa de la situación. Las llamas obligaron a evacuar de forma preventiva a un centenar de vecinos de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, que fueron trasladados a Matachana, mientras un helicóptero vigilaba la localidad de Matavenero por si llegaba el incendio y unas 125 personas y otros 35 medios aéreos, además de numerosos medios terrestres trabajaban para contener el fuego.

Según explicó el director técnico de extinción, el incendio quedó prácticamente perimetrado en un 90% tras una jornada de intenso trabajo, lo que permitió plantear el regreso de los vecinos evacuados. Finalmente, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) acordó durante la tarde del jueves el realojo de los habitantes de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero al constatar la evolución favorable del incendio.

La mejora de la situación permitió además rebajar oficialmente el incendio a nivel 1 y desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). La Junta mantiene como causa más probable un origen accidental, en una zona donde se desarrollan trabajos relacionados con una nueva línea de alta tensión.

El viento complica la extinción de los otros incendios activos

Otro de los incendios que también preocupan, aunque sigue en el nivel más bajo de riesgo, es otro foco desatado en el municipio de Balboa, en la localidad de Quintela. El incendio, comenzó sobre las 7 horas de la mañana del viernes por unas causas que siguen en investigación.

El viento, con una velocidad de más de 40 kilómetros por hora, está complicando las labores de extinción de este foco en la comarca de El Bierzo, en el que trabajan una veintena de medios, tres de ellos aéreos, entre los que forman parte efectivos del Gobierno.

Por otro lado, a los incendios controlados de la provincia de León se suma el de La Baña, que se inició el pasado 22 de julio tras ser intencionado. Ya no cuenta con medios destinados. Además, se mantiene como controlado el incendio de Caboalles de Arriba, que sigue en perimetración, y ha pasado a estar controlado también el de Requejo y Corus que se declaró el jueves a última hora de la tarde. La Junta considera que el origen de este último ha sido intencionado y evalúa la superficie dañada por el mismo.

Esta noticia puede sufrir cambios porque está en continua actualización, según la evolución de los incendios.

Castilla y León ofertará 790 plazas de formación sanitaria para el 2027 (141 en León), el 2,5 por ciento y veinte plazas más que en este 2026, con 190 para médico de familia y comunitario, el mismo dato que este ejercicio, según ha detallado este domingo la Consejería de Sanidad en un comunicado. La provincia leonesa contará con 29 puestos de médico de familia, 80 de especialistas y 32 de enfermería.

La comunidad ampliará un año más su oferta de formación sanitaria especializada por el sistema de residencia y sacará esas 790 plazas que suponen el 97,2 por ciento o de las 813 acreditadas por el Ministerio para ese 2027.

En 2026, las 770 plazas ofertas supusieron el 96,13% de las 801 acreditadas por el Ministerio de Sanidad.

Con ello la comunidad se mantiene por segundo año como la que más plazas oferta por 100.000 habitantes y la quinta a nivel del Sistema Nacional de Salud.

La Consejería busca intentar paliar el déficit de profesionales con una oferta lo más amplia posible dentro de las posibilidades legales actuales y dada la “falta de iniciativa” del Ministerio, ha criticado.

La convocatoria del 2027 incluye esas 190 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que hace un año con: 9 en Ávila; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Además, la oferta recoge 444 plazas (425 el año pasado) para el ámbito de especialidades hospitalarias, con 19 plazas nuevas con respecto a 2026.

Destacan dos plazas más en Anestesiología y Reanimación (25 en total), tres más en Medicina de Urgencias y Emergencias (8), tres más en Medicina Nuclear (total 6) o dos más en Oftalmología (total 18). Serán en resumen 12 en Ávila; 59 en Burgos; 63 en León; 17 en El Bierzo; 17 en Palencia; 98 en Salamanca; 23 en Segovia; 6 en Soria; 57 en Valladolid Oeste; 77 en Valladolid Este, y 15 en Zamora.

En cuanto a la formación especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 156 plazas, de las 167 acreditadas por el Ministerio de Sanidad.

Son 23 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (se han acreditado dos plazas nuevas en Burgos); 26 de Salud Mental; 6 en Enfermería del Trabajo; 14 en Pediatría; dos en Geriatría; y 85 para Enfermería Familiar y Comunitaria.

Por áreas, la oferta de enfermería es de 8 en Ávila; 14 en Burgos; 3 en Aranda de Duero; 3 en Miranda de Ebro; 22 en León; 10 en El Bierzo; 8 en Palencia; 19 en Salamanca; 8 en Segovia; 10 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 24 en Valladolid Este; una en Medina del Campo; y 6 en Zamora.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la convocatoria de 12.850 plazas de formación sanitaria especializada para 2027, una cifra récord que aumenta casi un 4 % respecto al pasado año y de las que cerca del 75 % corresponden a Medicina.

Según el Ministerio de Sanidad, se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas, un 3,9% más que en la convocatoria anterior, un aumento que es muy significativo si se usa como punto de referencia el 2018 con 4.448 plazas más, lo que representa un crecimiento del 53%.

El examen: el sábado 23 de enero

La fecha de las pruebas selectivas para el acceso a esta formación será el sábado 23 de enero de 2027, y el llamamiento comenzará a las 13:00 horas (12.00 horas en Canarias) y el ejercicio se iniciará a las 14.00 horas (13.00 horas en Canarias).

La convocatoria de 12.850 plazas está destinada a titulados universitarios en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, y supone un incremento de 484 plazas respecto a la convocatoria anterior.

La mayor parte de las plazas corresponden a Medicina (MIR), con 9.676, seguida de Enfermería (EIR), con 2.341. Además, se ofertan 377 plazas de Farmacia (FIR), 293 de Psicología Clínica (PIR), 69 del ámbito de la Biología (BIR), 57 de Radiofísica Hospitalaria (RFIR) y 37 del ámbito de la Química (QIR).

Los candidatos del PP en las capitales de provincia para las próximas municipales -incluidos los nueve de Castilla y León, con cinco caras nuevas, entre ellas la del de León, David Fernández, actual portavoz municipal en la oposición- han confesado este sábado su apetencia de elecciones en un acto de su partido en Santiago de Compostela, que han iniciado ellos y en el que han hecho su presentación, con un minuto cada uno.

En el edificio CINC de la Ciudad de la Cultura ha habido tiempo para todo e incluso complicaciones con un escalón, el último, que alguno al subir al atril no ha visto, aunque esto no ha restado empuje a la petición de confianza de los ciudadanos tanto en las locales como en las generales, cuando se convoquen, para hacer presidenta a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que los ha escuchado.

La final del Mundial de Fútbol y dónde dejan y dónde no dejan colocar pantallas gigantes, las invocaciones al Apóstol, la competición por si Albacete y Guadalajara tienen la mejor feria y cuál es el mejor sitio para vivir en España se han colado en estos breves discursos iniciados a las once de la mañana y, en el caso del ocio o de fijar la residencia, sin respuestas concluyentes más allá del gusto de cada uno.

En las locales de 2027 hay cambios en 11 de las 20 capitales de provincia donde el PP no gobierna, mientras que los 30 que ya son regidores repetirán.

Los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. También hay uno en Murcia, pero con otro matiz, puesto que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.

Castilla y León en territorio con más renovación en los candidatos del PP de todo el país, con cinco de las once nuevas caras.

Concretamente, será en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora donde el PP estrene candidato o candidata a las alcaldías; mientras que en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid repetirán los actuales regidores.

León ahonda en la reducción del paro. Si la bajada fue en 372 personas en mayo hasta caer por debajo de la barrera de los 20.000 por primera vez en ese mes desde la crisis de 2008, el descenso fue todavía mayor en junio, en 568 inscritos (un -2,86%, superior al -1,24% del total de España) hasta dejar la estadística en 19.259. Son 438 menos (un -2,22%) que a la misma altura de 2025, según datos publicados este jueves por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El sector servicios volvió a ser el catalizador de este buen dato.

Por sectores, el desempleo bajó de forma casi generalizada. Lo hizo especialmente en los servicios (-618, de 14.123 a 13.505) y, de forma más moderada, en la industria (-43, de 1.680 a 1.637) y la construcción (-14, de 1.234 a 1.220). Por el contrario, subió, aunque de forma anecdótica, en la agricultura (3, de 667 a 670), y en la estadística del colectivo sin empleo anterior (104, de 2.123 a 2.227).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.423 mujeres desempleadas frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (745 hombres frente a 642 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (624 hombres por 750 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.908 por 2.977) y a partir de los 45 años (4.559 por 7.054).

Castilla y León

Castilla y León restó en junio 2.895 parados, el tercer mayor recorte autonómico, que deja en 94.260 los desempleados en esa comunidad, un 2,98% menos que en mayo, frente al -1,24% nacional; y sumó 9.641 cotizantes a la Seguridad Social y sigue por encima del millón de afiliados con 1.016.019.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este jueves los datos de paro y afiliación de junio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 2.577 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -2,66%, ligeramente por debajo del -4,74% nacional.

En comparativa anual, Castilla y León cerró junio con 17.279 cotizantes más que hace un año, el 1,73% más, por debajo del 2,77 nacional.

En España marcó en junio un nuevo récord de empleo, tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo ha señalado este jueves que el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Se) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

El paro registrado en junio bajó en 11 Comunidades Autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-11.597 personas), Galicia (-3.587 personas) y Castilla y León (-2.895).

Y subió en las otras seis, encabezadas por Región de Murcia (739), País Vasco (479) e Illes Balears (100).      

En términos mensuales, el paro descendió en junio en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-4,40%), Burgos (-1,67%), León (-2,86%), Palencia (-3,34%), Salamanca (-3,25%), Segovia (-4,34%), Soria (-7,37%), Valladolid (-1,11%) y Zamora (-5,71%).

Respecto a junio del 2025, el número de parados disminuyó en Ávila (-2,79%), Burgos (-2,29%), León (-2,22%), Palencia (-2,24%), Salamanca (-4,76%), Segovia (-3,84%), Valladolid (-2,13%) y Zamora (-2,82%) y aumentó en Soria (2,91%).

El desempleo bajó respecto a mayo en todos los sectores menos el de sin empleo anterior, que sumó 696 parados más.

Y fue el sector Servicios el que capitalizó el descenso del paro en la comunidad el pasado mes, con 3.176 parados menos que en mayo; con 126 desempleados menos en Agricultura, 262 en la Industria y 27 menos en la Construcción.

De esos 2.895 parados menos en la comunidad, 871 fueron hombres y 2.024 mujeres, el 2,26 y 3,45% de recorte respecto al mes anterior, que deja en 37.616 los desempleados en la comunidad y en 56.644 las desempleadas.

Y, los parados de menos de 25 años eran al final de junio 7.303 en Castilla y León, 21 menos que el mes anterior y 181 menos que hace un año.

En cuanto a la contratación, Castilla y León registró 71.904 contratos en junio, 18.445 y un 34,5% más que en mayo; con 1.109 contratos más que hace un año y un repunte del 1,57%.

El dato mensual es mejor que el 24,60 de media nacional, mientras que el anual es inferior al 10,20 de mejora del conjunto autonómico.

De esos contratos, 24.094 fueron indefinidos, 4.540 y un 23,22% más que en mayo (19,54% nacional), y 943 y un 4,07% más que hace un año (16,36%). Y de esos contratos, 19.823 fueron a extranjeros, 3.970 mas que el mes anterior y 3.146 más que hace un año.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de mayo, fueron 69.216 en Castilla y León, de ellas 34.868 prestaciones contributivas, con 34.320 subsidios y 28 rentas activas de inserción.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anuncia refuerzos en la plantilla actual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Castilla y León con tres nuevos profesionales: se trata de un psicólogo en Ávila, un educador social en Salamanca y un técnico de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en León.

La medida se incluye en un plan integral del Ministerio para mejorar la eficiencia de los antiguamente conocidos como institutos anatómicos forenses de las cinco comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia.

En total, se incorporarán 33 nuevos profesionales: 23 técnicos de equipos psico-sociales (psicólogos, trabajadores y educadores sociales) y 10 técnicos de autopsias. Su incorporación se iniciará el próximo mes de julio y supondrá un crecimiento del personal laboral del 15,6%.

El objetivo estatal es avanzar en la mejora estructural del personal laboral de estos Institutos, garantizando un servicio público eficaz, de calidad y acorde con la relevancia de su función: auxiliar a la Administración de Justicia mediante pericias del ámbito de la psicología, trabajo social y educación social en casos de violencia de género y sexual, guarda y custodia, etc., así como en la realización de autopsias judiciales.

El plan integral para los Institutos, en el que el Ministerio trabaja desde hace meses, incluye medidas organizativas para mejorar la eficiencia y homogeneidad en la elaboración de las periciales. Entre ellas, un nuevo modelo organizativo más eficiente y basado en un análisis exhaustivo de las cargas de trabajo, la aplicación de metodologías comunes de intervención y modelos de informes protocolizados y una mayor colaboración entre distintos Institutos de Medicina Legal, explican en un comunicado de prensa.

La funcionarización, en tramitación parlamentaria

El Ministerio también está comprometido con el proceso de funcionarización del personal laboral de los IMLCF, una medida incorporada ya en el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

La funcionarización permitirá dotar a estos profesionales de un estatuto homogéneo, reforzar su encuadre orgánico y funcional y avanzar en la consolidación de un modelo más cohesionado y estable, concluyen.

Este miércoles ha concluido el proceso para asignar las plazas de formación sanitaria para los titulados en Medicina, los MIR, en el que a las 12.34 horas Castilla y León ha cubierto todas sus plazas con la asignación de la última de ellas, una de medicina de familia y comunitaria en Ponferrada. El proceso de elección había comenzado en mayo con otro dato curioso: apenas atrajo a dos de los primeros 700 estudiantes en seleccionar destino para completar su formación.

Las últimas seis plazas vacantes en el conjunto nacional, todas ellas de medicina familia y comunitaria, han sido tres en el área de Don Benito-Villanueva de la Serena, en Badajoz; dos en Ferrol (A Coruña) y una en Ponferrada.

La última en ser elegida ha sido una de la plazas de Ferrol, en concreto a las 12.35 horas; mientras que la última de las de Don Benito se ha asignado a las 12.32 horas, según los datos del Ministerio recogidos por la Agencia EFE.

En el caso de Castilla y León, en esta última jornada de este miércoles se han asignado 29 plazas de médico de familia y comunitaria aún vacantes desde que el pasado 4 de mayo comenzase el proceso de elección por parte de los MIR, de ellas diez en Miranda de Ebro, seis en Ponferrada, cinco en Soria, seis en Zamora y dos en Palencia.

La oferta del 2026 de formación sanitaria de Castilla y León incluía 190 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familiar y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que hace un año.

El reparto de esas 190 plazas era de 9 en Ávila; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Además, la oferta era de 425 plazas en especialidades hospitalarias, con 28 para Pediatría o Medicina Interna, 23 de Anestesiología, 20 de Radiodiagnóstico, 19 de Psiquiatría o 18 de Psicología Clínica.

Y se ofertan 10 en Ávila; 58 en Burgos; 58 en León; 15 en El Bierzo; 17 en Palencia; 93 en Salamanca; 22 en Segovia; 7 en Soria, 56 en Valladolid Oeste; 74 en Valladolid Este, y 15 en Zamora.

La adjudicación de plazas comenzó el lunes 4 de mayo con los 700 primeros aspirantes, entre los que el número 6 optó por hacer su residencia en la especialidad de Aparato Digestivo en el hospital Río Hortega de Valladolid.

Le siguieron, en cuanto a los hospitales de Castilla y León se refieren y con los puestos 16, 40 y 50, los aspirantes que eligieron su plaza de formación en Cardiología en el Hospital Universitario de Salamanca.

La Junta de Castilla y León ha hecho esperar varias semanas a ganaderos de leche de toda la Comunidad para deshojar la margarita de si podrían o no acogerse a la línea de ayudas económicas, de hasta 300.000 euros en tres años, para compensar los sobrecostes económicos de recogida de leche en zonas aisladas y de montaña.

El retraso se ha debido a que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha tenido que rectificar, casi tres semanas después, tras percatarse de un serio error en la publicación oficial de las bases reguladoras de estas subvenciones. Y es que el texto original publicado en abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) estaba incompleto y carecía de información esencial para su aplicación práctica.

La convocatoria arrancó con la publicación original el pasado 27 de abril, cuando vio la luz la Orden AGR/372/2026, destinada a regular las subvenciones de mínimis (es decir, sin obligación de notificación a Europa) dirigidas a apoyar la recogida de leche tanto de vaca como de oveja y cabra en explotaciones ubicadas en áreas especialmente desfavorecidas. Se trata de cuadras más aisladas por la orografía, la dispersión geográfica o las dificultades climáticas, y a las que les resulta complicado encontrar quien les recoja la leche producida en sus explotaciones. Sin embargo, la norma apareció sin los anexos fundamentales que permitían identificar qué municipios podían acogerse al sistema e incluso cómo debían formalizarse las peticiones oficiales.

La corrección de errores no llegó hasta el 14 de mayo: fue en esa fecha cuando la Consejería reflejó por fin en el BOCyL los importantes anexos omitidos. Entre ellos, en el Anexo I figuraba ya la relación oficial de los municipios donde los ganaderos se pueden acoger. Se trata de un total de 633 ayuntamientos considerados “zonas de montaña” a efectos de estas ayudas. El Anexo II también contiene por fin el modelo obligatorio para presentar.

La omisión provocó durante semanas una situación de incertidumbre administrativa para el sector, ya que los potenciales beneficiarios no podían comprobar con seguridad si sus explotaciones se encontraban incluidas dentro del ámbito territorial subvencionable ni preparar correctamente la documentación técnica exigida para futuras convocatorias.

El fallo no perjudicó formalmente los plazos de presentación de solicitudes, dado que con lo publicado en primer término no se había abierto la convocatoria concreta de ayudas. Pero la ausencia de los anexos vitales hacía técnicamente imposible preparar correctamente la documentación.

El reparto por provincias: Soria y Ávila, las que más

La distribución territorial de las ayudas refleja especialmente el peso de las provincias de montaña. Soria encabeza el listado con 114 municipios incluidos, seguida de Ávila con 113,. Por debajo del centenar se sitúan ya las provincias de Segovia (con 94 ayuntamientos), Burgos (93) y León (87). Completan el mapa Salamanca, con 78 municipios; Palencia, con 28; y Zamora, con 26. Valladolid no tiene ninguno.

Conforme a las bases por fin completas, estas ayudas buscan compensar el incremento de costes logísticos que soportan las empresas encargadas de recoger la leche en explotaciones alejadas de los grandes centros de transformación, donde los largos desplazamientos, las carreteras de montaña y las dificultades meteorológicas elevan considerablemente los gastos de transporte.

La medida pretende además contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera en zonas rurales especialmente afectadas por el envejecimiento y la despoblación, garantizando que las industrias lácteas continúen prestando servicio en áreas donde la recogida resulta menos rentable.

Ayudas dirigidas a los “primeros compradores”

Los beneficiarios directos de estas subvenciones serán las empresas registradas como “primeros compradores” de leche, siempre que figuren inscritas tanto en Infolac como en el sistema Letra Q y hayan mantenido los contratos de recogida durante todo el año anterior a la convocatoria.

La cuantía de la ayuda se calculará mediante un sistema de puntos vinculado a cada productor al que se recoja leche. Las cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) recibirán 3 puntos por productor, mientras que el resto de empresas obtendrán 1,5 puntos. A ello se sumarán puntos adicionales en función de la distancia entre la explotación y el centro lácteo, con incrementos que oscilan entre 0,25 y 2 puntos extra para trayectos superiores a diez kilómetros y que alcanzan el máximo cuando se superan los 100 kilómetros.

La normativa también establece límites de producción para poder acceder a la ayuda. Quedan excluidas las explotaciones de vacuno que superen los 360.000 litros anuales y las de ovino o caprino que rebasen los 100.000 litros. Se presupone que con estos volúmenes consiguen la recogida sin problema. Tampoco podrán recibir compensaciones las recogidas efectuadas a menos de diez kilómetros del comprador.

Además, al tratarse de ayudas acogidas al régimen europeo de mínimis, ningún beneficiario podrá superar la cantidad de 300.000 euros en ayudas a lo largo de un periodo de tres ejercicios fiscales.

Dejamos aquí el listado completo de los municipios y la documentación para formalizar las solicitudes:

Un montañero de unos 60 años ha perdido la vida en la vertiente abulense de la Sierra de Gredos tras sufrir una caída en el pico Almanzor, donde se encontraba acompañado por otros ocho compañeros de expedición, ha informado este domingo el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El accidente ocurrió en torno a las ocho de la tarde de ayer y fue una llamada al 1-1-2 la que alertó de que un montañero había sufrido una caída por una de las laderas de esta cubre, en el término municipal de Zapardiel de la Ribera (Ávila), y no lograban localizarlo.

A partir de entonces, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió el rescate que se inició con una multiconferencia por parte del gestor del 1-1-2 con Emergencias Sanitarias de Sacyl, que realizó una primera valoración y dio las primeras instrucciones al alertante.

Por su parte, los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias se encargaron de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al mismo tiempo, el Servicio de Emergencias 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil de Ávila, que movilizó también a los especialistas en montaña del instituto armado.

Ya en la zona del accidente, el helicóptero recorrió el canal, hasta llegar a localizar al grupo de montañeros que formaban parte de la expedición, donde dejaron en tierra al equipo de rescate, antes de retirarse de la zona ante la llegada de la noche.

Tras una progresión a pie para acceder al punto en el que se hallaba la expedición, los rescatadores fueron informados de que tres de los ocho montañeros habían descendido por sus propios medios al refugio de la Laguna de Gredos.

Ayuda a los restantes

Como consecuencia de la oscuridad y de las condiciones meteorológicas, los especialistas ayudaron en el descenso a los cinco montañeros restantes, hasta conducirlos al refugio, tras realizar diversas maniobras de descenso técnico con arneses y cuerdas.

También colaboraron en la operación agentes de la Guardia Civil especializados en montaña, así como personal del propio refugio de la 'Laguna Grande', a la vez que continuaba la búsqueda del desaparecido, cuyo cuerpo fue finalmente localizado en la cara sur del pico Almanzor, ya en el municipio de Candeleda (Ávila).

Fueron los especialistas de la Guardia Civil los que finalmente se encargaron de trasladar el cadáver a Arenas de San Pedro (Ávila), así como de los trámites judiciales.

Se trata del tercer montañero fallecido en lo que va de año en la Sierra de Gredos, después de los dos que se produjeron el pasado mes de febrero, uno de ellos tras sufrir un infarto en la garganta de Bohoyo.