El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, en la vertiente de negociación colectiva, y las ha obligado a reanudar la negociación del convenio del profesorado. Que haga falta una sentencia para conseguir lo obvio, que las universidades se sienten a negociar, retrata la gravedad del problema. Las instituciones que enseñan derechos deben empezar por respetarlos dentro de sus propios campus.

Pero la Junta de Castilla y León también es responsable de esta situación, ahora en manos del nuevo consejero de industria, Juan Carlos Suárez-Quiñones, famoso por su incapacidad e inoperancia al cargo de la consejería de medio ambiente, la legislatura pasada, quien justificaba públicamente su ausencia, mientras ardía la comunidad, con el argumento de que él tenía “la mala costumbre de comer”. Por eso no extraña que la mesa sectorial del personal universitario lleve más de veinte años sin reunirse y, con este consejero de industria, otros veinte más que se auguran.

La actual Ley de Universidades (LOSU) establece el objetivo de alcanzar al menos el 1% del PIB en gasto público universitario para el conjunto del Estado, pero en Castilla y León solo se invierte el 0,65% del PIB autonómico. Por eso quienes pagan la factura es el profesorado y los estudiantes. La pérdida de poder adquisitivo desde 2008 es de cerca de una quinta parte para determinadas categorías. Hay profesorado que cobra 360 euros al mes. Exigir una cualificación creciente sin ofrecer condiciones para construir una vida convierte la carrera académica en una selección económica: pueden resistir mejor quienes cuentan con respaldo familiar.

Pero especialmente preocupante es la situación del personal investigador en formación y de quienes dependen de contratos temporales. Encadenar contratos, desconocer si habrá continuidad y dedicar tiempo de investigación a buscar la siguiente financiación convierte la carrera académica en una prueba de resistencia económica y personal. La Universidad Pública acaba así expulsando talento y reproduciendo las desigualdades que debería combatir: permanecer en ella depende cada vez más de poder permitirse la precariedad.

Para el alumnado, el precio de estudiar incluye matrícula, habitación, alimentación, transporte y tiempo. Una rebaja de tasas resulta insuficiente si el alquiler absorbe los recursos de la familia o si es necesario trabajar tantas horas que asistir a clase se convierte en una carrera de obstáculos. En una comunidad extensa, como Castilla y León, con población dispersa, garantizar el acceso exige matrículas reducidas o gratuitas, becas suficientes, alojamiento público y transporte asequible. La igualdad de oportunidades se vacía cuando solo se garantiza formalmente una plaza.

También se debilita cuando la financiación impide disponer de plantillas suficientes y estables. Preparar una asignatura, acompañar un trabajo de fin de grado, atender una tutoría o supervisar una tesis exige tiempo y dedicación que deben ser reconocidos y pagados. El alumnado necesita continuidad docente y atención; el profesorado necesita condiciones para proporcionarlas. La sobrecarga y la incertidumbre contractual dificultan ambas cosas. 

Presentar las reivindicaciones laborales como intereses corporativos oculta que buena parte de la calidad educativa se sostiene precisamente en esas condiciones de trabajo. Un profesorado sobrecargado, con contratos inciertos y obligado a competir permanentemente por su continuidad dispone de menos tiempo para preparar sus clases, acompañar al alumnado e investigar con rigor. Defender plantillas suficientes, salarios dignos y estabilidad laboral es defender el derecho del estudiantado a recibir una formación de calidad. Enfrentar ambos derechos sirve a quienes pretenden que la comunidad universitaria se dispute las migajas mientras renuncian a financiarla adecuadamente.

Expansión del mercado educativo privado

El desgaste de la Universidad Pública facilita, además, la expansión del mercado educativo privado. El número de universidades-chiringuitos privados ha superado al de universidades públicas. Allí donde la oferta pública resulta insuficiente, aparece una oportunidad de negocio para quienes conciben la educación superior como un mercado y al alumnado como una clientela. Las familias con recursos pueden comprar alternativas privadas; las demás deben modificar sus expectativas, desplazarse o renunciar. Ese mecanismo transforma el derecho a la educación superior en una capacidad de consumo. Y después se presenta como libertad de elección lo que para muchas personas constituye una selección forzada por sus ingresos.

El saqueo al que estamos asistiendo en las universidades públicas de Castilla y León consiste también en apropiarse del tiempo, del esfuerzo y de las expectativas de la comunidad universitaria. Se cuenta con que el profesorado seguirá asumiendo tareas, aunque no se reconozcan ni se paguen, porque le importa su alumnado; con que quienes investigan, que aceptarán nuevas incertidumbres para poder continuar su trabajo de investigación aunque aumente su precariedad; con que las familias harán otro sacrificio más para que sus hijos e hijas puedan estudiar. Esa entrega sostiene la institución, pero su utilización como sustituto de una financiación suficiente es inmoral y absolutamente injusta, porque los impuestos de todos y todas deben destinarse al bien común y a garantizar los derechos colectivos, no a desmantelar lo público para abrir nuevos nichos de negocio. La profesionalidad y la responsabilidad de la comunidad universitaria no puede convertirse en una subvención permanente a la irresponsabilidad política.

Revertir este proceso exige financiación pública estable, negociación efectiva, recuperación salarial, estabilización de plantillas y condiciones materiales para estudiar. Exige que los rectorados rindan cuentas y que la Junta asuma sus responsabilidades. También requiere una alianza entre profesorado y alumnado capaz de hacer visible lo que está en juego. Castilla y León necesita universidades públicas que permitan a su juventud aprender, investigar y construir un futuro sin que el origen social decida hasta dónde puede llegar. Defenderlas es disputar quién tiene derecho al conocimiento y quién pretende convertirlo en un privilegio.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro de la Ejecutiva Federal de la Federación de Comisiones Obreras. 

La Policía Nacional ha activado en octubre un dispositivo especial en Castilla y León para la prevención de delitos del tipo “hurto amoroso”, que suelen tener como víctimas a personas mayores, que acometen grupos especializados itinerantes, con ocho detenidos en lo que va de año, un centenar de controles y 70 identificados.

En un comunicado, la jefatura de la Policía Nacional en la comunidad ha explicado este domingo que el dispositivo ha operado en las localidades de la comunidad donde está ese cuerpo, coordinado desde la Jefatura de Valladolid.

Además de las unidades uniformadas que realizan controles preventivos, también participan efectivos de policía judicial de paisano para localizar a los autores en la vía pública antes de que cometan los delitos.

Y desde Participación Ciudadana de la Policía Nacional, están impartiendo charlas en asociaciones de vecinos y residencias de mayores, para advertir a la población diana de esta modalidad delictiva, que no es otra que las personas de avanzada edad, de cómo pueden evitar caer víctimas de estos hurtos, y en cualquier caso de la necesidad de denunciarlos.

Normalmente son mujeres de entre 25 y 35 años las que se dedican a cometer este tipo de hurtos, que forman parte de grupos organizados itinerantes que se desplazan entre ciudades para dificultar su detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Con un falso pretexto, alegando conocer a las víctimas, las abordan en la calle abrazándolas de manera efusiva y manteniendo un constante contacto físico, para así poder robarles pertenencias tales como relojes, carteras, collares, etc. sin que se den cuenta.

Las delincuentes juegan con el factor de desconcierto de la víctima, que duda de si recuerda a la persona que tan amistosamente le está saludando.

Los criminales explotan esa vulnerabilidad de los ancianos, haciéndose con su botín rápidamente y abandonando el lugar.

En otras ocasiones, abordan a sus víctimas cuando están a punto de acceder a sus domicilios, y con falsos pretextos entran con las víctimas a las casas, en ocasiones incluso prometiendo favores de índole sexual.

Una vez dentro, otro compinche de la delincuente que actúa como gancho también entra y desvalija lo que encuentra en las distintas habitaciones, mientras las víctimas están distraídas.

La Policía ha incidido en que la sensación de vulnerabilidad y pesadumbre que sienten las personas mayores al saberse víctimas de este tipo de hechos delictivos es un factor que no favorece la actuación policial, puesto que en muchas ocasiones la víctima demora la denuncia de lo ocurrido llegando incluso a ocultarlo a sus familiares más directos.

Y los perjuicios que causan este tipo de delitos en las víctimas van más allá de la propia perdida material de los efectos sustraídos, al tratarse de joyas muchas veces con un gran valor sentimental.

Aunque no son hechos de naturaleza violenta, no están exentos de riesgo en el caso de que la víctima se percate del intento de sustracción y rechace la acción del delincuente.

El Hospital El Bierzo ahonda en su condición de centro sanitario de Castilla y León en el que los pacientes esperan más tiempo para ser operados. La estadística de demora media se sitúa en el tercer trimestre de 2026 en 215 días, 14 más que los registrados en el trimestre anterior y 103 más que hace un año, según datos publicados este viernes por la Consejería de Sanidad, que atribuye en este apartado al Hospital de León una espera de 120 días (eran 93 a finales de julio). La media autonómica se sitúa en 119 días, lo que supone un aumento en 18.

El número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica también se ha incrementado en los hospitales de la provincia en un período condicionado por la huelga de médicos. El Bierzo pasó de 2.951 del segundo trimestre a 3.313 en el tercero. Y León los subió de 4.708 a 5.392.

La comparativa interanual deja datos todavía más negativos: en el tercer trimestre de 2025 el Hospital El Bierzo tenía 2.088 pacientes en una lista de espera con una demora media de 112 días (más de 100 menos que en la actualidad); y el Hospital de León, 4.852 pacientes y 103 días.

Por especialidades, las que más pacientes acumulan en el Hospital El Bierzo son Cirugía General y del Aparato Digestivo (794), Oftalmología (759) y Traumatología (726), si bien la que más demora media tiene es Otorrinolaringología (321 días). En el Hospital de León, Traumatología es, con gran diferencia, la que registra más pacientes (2.160) y días (187). La siguiente en usuarios pendientes de una intervención es Oftalmología (1.012), que, sin embargo, tiene una demora media contenida (48 días, una cantidad únicamente mejorada por los 47 de Cirugía Cardíaca).

Castilla y León

Castilla y León cerró el tercer trimestre del 2026 con una demora media para ser operado de 119 días, que suponen 18 más que en el trimestre anterior (101) y 32 más que hace un año (87), con 36.353 pacientes pendientes de ser intervenidos a finales de setiembre, que suponen 3.319 más que hasta junio y 9.174 más que hace un año.

Son datos de las listas de espera de la sanidad de Castilla y León, lastrados por la suspensión de operaciones y consultas debidas a la sucesivas semanas de huelga médica registradas en lo que va de año, dentro de las medidas de protesta para negociar un nuevo Estatuto Marco nacional.

Por especialidades, las que más pacientes suman en el tercer trimestre del año para una intervención son traumatología, con 11.866, cirugía general y digestivo, con 6.386, y oftalmología, con 6.130. Las que menos son cirugía cardiaca, con 115, y cirugía torácica, con 114 pacientes.

Y por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 30 de septiembre de 2026 han sido los siguientes: cataratas (4.791 pacientes), hernia inguinal (1.809), artrosis de rodilla (1.762), y deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies (1.417).

La espera media para ser operado difiere en función del hospital en el que tenga el paciente programada la intervención, y va desde los 215 días del Bierzo (León) -201 en el trimestre anterior y 112 en el tercer trimestre del 2025)- y los 37 del Clínico de Valladolid (44 a final de junio y 41 hace un año).

En el hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro la demora media está en al final del tercer trimestre en 168 días (147 en el segundo trimestre y 91 en el tercero del 2025), con 151 en el hospital de Burgos (137 en el anterior y 117 hace un año), y 131 días en el de Salamanca (94 hasta junio y 91 hace un año).

También superan los cien días de espera para ser operados el hospital de León, con 120 (93 en el segundo del 2026 y 103 en el tercero de 2025), y el Santos Reyes de Aranda de Duero, con 109 (105 y 95).

Además del Clínico de Valladolid, en el hospital de Palencia la demora está en 50 días (39 en el trimestre anterior y 32 hace un año), con 61 en el de Segovia (52 y 52) y 65 en el de Medina del Campo (54 y 62 hace un año).

El hospital de Soria ha cerrado el tercer trimestre con una espera de 82 días para ser operado (75 en el segundo y 71 en el mismo del 2025); Zamora con 90 días (76 y 62); 92 el de Ávila (78 y 62), y el Río Hortega de Valladolid con 96 días (90 a final de junio y 84 a final de setiembre del 2025).

En cuanto al total de pacientes pendientes de una operación a final de setiembre, destacan los 6.908 del hospital de Salamanca, con 5.392 en el de León, 4.675 en el de Burgos, 3.679 en el Río Hortega, 3.313 en el del Bierzo, con 1.794 en el Clínico de Valladolid.

Por tiempo de espera, hay en los 14 hospitales públicos de la comunidad 7.260 pacientes en la lista de entre medio año y un año y 1.384 en la de más de 365 días.

La Consejería de Sanidad ha detallado en un comunicado que por criterio de prioridad para ser intervenido –uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera–, en el nivel 1, es decir, con indicación clínica de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay registrados 1.015 pacientes (938 el trimestre anterior), con una demora media de nueve días, uno menos que a final de junio.

En prioridad 2 –máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano– había en el plazo analizado un total de 5.768 pacientes, con una demora media de 108 días. En prioridad 3 –plazo hasta 180 días– se han registrado en septiembre un total de 29.570 pacientes, con una demora media de 125 días.

Por lo que se refiere a los datos de demoras para una consulta externa hospitalaria, los datos a fecha de septiembre de 2026 indican que la espera media estructural se ha situado en 120 días, frente a los 104 del segundo trimestre, 16 días más.

El registro de listas de espera en los hospitales de Sacyl refleja un total de 205.632 consultas externas en espera estructural a finales de septiembre, frente a los 205.627 que había a final del segundo, cinco menos.

El número total de pruebas pendientes en técnicas diagnósticas en los hospitales de Sacyl a final del tercer trimestre fue de en el TAC 3.021 pruebas pendientes (3.582); la resonancia magnética 8.072 pruebas (7.801); las ecografías 9.847 (10.408); y las mamografías pendientes suman 696 (601).

La espera media estructural de los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas a 30 de septiembre queda de la siguiente manera: el TAC 58 días de demora media (44 a 30 de junio); la resonancia magnética, 117 (98); la ecografía, 115 días (109); y las mamografías, 62 (52).

El Hospital El Bierzo, uno de los más aquejados de falta de especialistas en Castilla y León, acapara casi un tercio de las primeras plazas de difícil cobertura designadas por el Gobierno autonómico en virtud de la aplicación de una ley al respecto aprobada por unanimidad en diciembre de 2025 que establece incentivos para ser ocupadas. De los 22 puestos, siete corresponden al complejo asistencial de Fuentesnuevas: cuatro de anestesistas y tres de otorrinos, según ha trasladado este martes la Gerencia Regional de Salud a los sindicatos.

“La declaración de siete plazas de difícil cobertura para el Hospital El Bierzo supone una noticia muy positiva para nuestra área sanitaria. Esta medida reconoce una realidad que afecta a determinados servicios estratégicos y nos dota de nuevas herramientas para atraer y consolidar profesionales en especialidades esenciales como puede ser anestesiología y otorrinolaringología”, ha reaccionado el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho.

A su entender, la medida tiene una virtud añadida: “Refleja este compromiso de las administraciones con la mejora de la asistencia sanitaria en territorios como el nuestro que afrontan mayores dificultades para la captación de especialistas”.

El pasado 17 de julio, en la comparecencia para explicar el programa de legislatura, el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ya anticipó que en ese desarrollo de la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura habían comenzado por dos especialidades prioritarias: Anestesiología, al menos en los hospitales Ávila, El Bierzo, Segovia, Soria y Miranda de Ebro; y Otorrinolaringología en los de Palencia, El Bierzo y Soria.

Este martes, la Consejería ha detallado en un comunicado que en la especialidad de Anestesia y Reanimación se declararán doce puestos de difícil cobertura: tres en el hospital de Ávila, cuatro en el de El Bierzo, dos en el de Miranda de Ebro y uno en el de Aranda de Duero, ambos en Burgos, y dos en el de Segovia.

Y en la especialidad de Otorrinolaringología son diez los puestos de difícil cobertura, tres en el Hospital El Bierzo, cuatro en el de Palencia, dos en el de Soria, y uno en el de Miranda de Ebro.

“De manera progresiva se continuará con el estudio y desarrollo de los puestos en el resto de las especialidades y/o centros en las que resulte preciso, con el compromiso de esta Consejería de llevar a cabo un seguimiento continuado y permanente de este tipo de puestos, siempre en función de la evolución de las necesidades asistenciales; para posteriormente continuar con el desarrollo e implementación de la Ley en todos sus aspectos”, explicó el pasado julio el consejero.

La ley aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León introduce incentivos para que los profesionales puedan ocupar esas plazas de difícil cobertura, tanto de carácter retributivo como en forma de puntuación para posteriores concursos de traslados.

La norma hace referencia a los incentivos económicos ya recogidos en el decreto ley de febrero del 2019, de 6.000 euros anuales para los médicos, 1.300 para las enfermeras y 300 para resto de profesionales, aunque los grupos parlamentarios han defendido la necesidad de actualizar estas cuantías por el efecto de la inflación.

Además, establece que los médicos puedan realizar de forma voluntaria guardias en un centro de salud diferentes al suyo, con un complemento salarial que irá desde los 51,7 euros entre semana; 57,6 euros los fines de semana y los 74,1 euros los festivos.

Como medida de conciliación, plantea que se podrán distribuir la jornada semanal ordinaria del personal que ocupe puestos de difícil cobertura en horario de mañana y tarde para concentrar la jornada semanal en cuatro días, de lunes a viernes, no festivos, respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha convocado la decimoquinta edición del concurso ‘¿Qué es para ti el 1-1-2?’ para que los alumnos de Primaria, Secundaria y Educación Especial presenten sus trabajos en las diferentes categorías y subcategorías y optar a alguno de los galardones, que consistirán en material artístico o educativo y entradas para espectáculos artísticos o deportivos. El plazo está abierto hasta el próximo 16 de noviembre.

El objetivo del Gobierno autonómico es divulgar entre los alumnos la importancia y las funciones del 1-1-2, número que deben recordar cuando se encuentren en alguna situación de emergencia. Además, la convocatoria de esta edición coincide con el 25.º aniversario de la primera llamada a este número, después de que la Unión Europea lo implantara como único y gratuito para todo el territorio y así centralizar la recogida de alertas todo tipo de situaciones adversas.

De este modo, la Agencia de Protección Civil tiene previsto realizar una serie de actos conmemorativos de dicha efeméride, que comienza con el concurso dirigido a los escolares de toda Castilla y León.

Dos categorías

El concurso se ha estructurado en dos categorías: una para la presentación de dibujos, más orientada para la participación a título individual, y otra que consistirá en el envío de un proyecto colaborativo. En este caso, el trabajo puede consistir en un vídeo, una canción, un juego educativo o una construcción con materiales reciclados, y se podrá presentar un trabajo por clase.

Las dos categorías se subdividen en las mismas cinco subcategorías cada una de ellas: primer ciclo de Primaria (de 1º a 3º), segundo ciclo de Primaria (de 4º a 6º), Secundaria (de 1º a 4º de ESO), Educación Especial Básica Obligatoria o EBO (de 6 a 16 años) y Educación Especial de Transición a la Vida Adulta o TVA (desde los 16 a los 21 años).

Todos los detalles del concurso se encuentran en este enlace o en sus redes sociales. Los interesados podrán encontrar el formato de presentación —vía telemática, postal o presencial en un único envío por centro—, el ya citado plazo —hasta el 16 de noviembre— y cómo se anunciará el día de la entrega de premios.

El paro volvió a superar la barrera de las 20.000 personas en León. Y es que el desempleo creció durante el pasado mes de septiembre en 563 inscritos, lo que representa un aumento del 2,89% con respecto a agosto (se quedó en un 1% en la media nacional) hasta alcanzar los 20.031. El incremento resultó algo menor en la comparativa interanual (en 254 demandantes, un 1,28%), según datos publicados este viernes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). Y afectó esta vez a todos los sectores económicos y tanto a hombres como a mujeres.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos sin excepción: lo hizo en el sector servicios (270, 13.746 a 14.016), la agricultura (75, de 646 a 721), la industria (60, de 1.619 a 1.679) y en la construcción (32, de 1.245 a 1.277).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.868 mujeres desempleadas frente a 8.163 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (774 hombres frente a 743 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (698 hombres por 842 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.043 por 3.156) y a partir de los 45 años (4.648 por 7.127).

Castilla y León

El paro aumentó en setiembre en 2.394 personas en Castilla y León respecto al mes anterior, el cuarto mayor incremento autonómico que deja en 100.717 los desempleados en la comunidad, en un mes en el que se crearon 1.440 empleos, con lo que los afiliados a la Seguridad Social suman 1.020.528. Los datos publicados este viernes dejan a Castilla y León con 21.399 cotizantes más que hace un año.

En cuanto al paro, también hay más parados en la comunidad que hace un año, en concreto 2.694 desempleados más, con un repunte anual del 2,75% frente al -1,74 de caída nacional.

El paro aumentó en todas las provincias respecto a agosto, hasta el 4,25% en Ávila, 3,81 en Segovia, 3,38% en Salamanca, 2,89% en León, 2,78% en Soria, y 2,55% en Burgos, por encima del 2,43% del dato autonómico, y con el 0,76% en Valladolid como menor subida. En Zamora el aumento fue del 1,69% y del 1,80 en Palencia.

En términos anuales, el número de parados disminuyó sólo en Salamanca (-0,23%), con aumentos en Ávila (1,26%), Burgos (4,70%), León (1,28%), Palencia (3,22%), Segovia (5,09%), Soria (12,20%), Valladolid (5,03%) y Zamora (0,19%).

Y subió en todas las actividades, con 1.391 parados más en el sector servicios que en agosto, 538 en el colectivo de sin empleo anterior, 250 en la industria, 121 en agricultura y 94 en la construcción.

El paro bajó en dos comunidades Canarias (-4.156) y La Rioja (-135), con subidas en las 15 comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (6.733), Comunidad de Madrid (2.773), Galicia (2.746) y Castilla y León (2.394).

En España, el empleo logró el mejor septiembre de la historia después de sumar 92.327 afiliados en el último mes, con un aumento del 0,41%, y 739.888 respecto a hace un año, el 3,41% más, que deja en más de 22,4 millones los cotizantes.

Castilla y León cerró setiembre con 21.399 cotizantes más que hace un año, con un incremento del 2,14%, aunque en dato mensual anotó caídas en cuatro provincias, con 1.225 cotizantes menos en León y 1.046 en Segovia, 905 en Ávila y 476 en Palencia.

En cuanto al desempleo, creció en 23.587 personas en España respecto a agosto, con un 1% de aumento, aunque se recortó en 42.160 el número de desempleados, el -1,74%.

El juvenil se dispara

En setiembre aumentó especialmente el paro en el grupo de menos de 25 años, con 1.168 desempleados más en Castilla y León que en agosto, con un aumento del 15,01%, frente al 1,35 que se registró en el de mayores de 25 años.

Y 1.332 fueron parados masculinos y 1.062 femeninos, con aumentos del 3,39 y 1,80% respectivamente.

En setiembre se formalizaron 70.820 contratos en la comunidad, 16.722 más que en el mes anterior con un repunte del 30,91%, por debajo del 39,55% nacional; de ellos 25.987 fueron contratos indefinidos, 9.188 más que el emes anterior, con un aumento del 54,69%, también por debajo del 60,57% de media autonómica.

En cuanto a las ayudas por desempleo llegaron, en este caso con datos de agosto, a 74.427 personas en la comunidad, con 41.596 prestaciones contributivas, 32.813 subsidios y 18 rentas activas de insercion.

La Universidad de Burgos (UBU) y la Junta de Castilla y León han coincidido en defender e incluso aplaudir el gran aumento del número final de matrículas en el grado de nueva implantación de Medicina, que partió de 72 plazas autorizadas y suma ahora mismo 126 matriculados, a pesar de las críticas surgidas por el hecho de que la Universidad de León se ha limitado a las 80 que marcaba la memoria oficial aprobada.

En el acto oficial de inauguración del curso académico de la UBU, celebrado este lunes en el Paraninfo, el rector, José Miguel García Pérez, insistió en que dentro de la normalidad, se mantendrá el anunciado desdoble de su nuevo grado de Medicina, con dos grupos en el inicio de curso, pese a que el número de matrículas se ha ido ajustando a lo previsto en la memoria de acreditación de la nueva titulación, informa Efe.

El responsable de la universidad burgalesa ha sostenido que es “muy difícil” atinar con las listas de admisión porque en el caso de Medicina los aspirantes suelen inscribirse en todas las universidades y luego eligen la que prefieren. Las cifras más actualizadas indican que la UBU contaba antes del verano con 220 matrículas, que al 7 de septiembre ya eran 159, la semana pasada 134 y este lunes 126. En todo caso, cifras muy superiores a las 72 matrículas previstas en la acreditación. Se trata de algo que “se corregirá para próximos cursos con la experiencia de este año, para poder ajustarse a la previsión inicial”, ha explicado el rector sin ahondar más en la polémica.

Es más, coincidiendo con el argumento esgrimido la semana pasada por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que esto indica que “ha sido un éxito” la nueva titulación, “porque habíamos previsto que las universidades con la implantación reciente de Medicina en La Rioja, León y Burgos, tendrían menos alumnos para matricularse”, ha explicado García Pérez.

Por su parte, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también ha tratado de normalizar esa desigualdad final de matrículas entre las dos universidades públicas de Castilla y de León que estrenaban Medicina. Lo hizo negando que exista controversia entre los rectores, a pesar de que no ha sido la crítica de la de León, Nuria González -presente en el acto de hoy en Burgos-, sino la de Unión del Pueblo Leonés (UPL) la que ha levantado la polvareda pública.

Quiñones afirmó que “todas las decisiones se toman en comisión académica, ninguna compite con ninguna porque todas son complementarias, tanto públicas como privadas, y la rectora de Universidad de León estoy seguro de que está contenta con lo que ocurre en cualquier otra universidad”.

Suárez-Quiñones ha recordado que la Junta de Castilla y León ha incrementado la financiación para esta universidad, la de Burgos, un 35% desde 2019 y ha señalado que parte de esa financiación, 3,4 millones se han destinado este curso al arranque del título de Medicina, a los que sumarán 19,5 millones para infraestructuras necesarias para implantar esta titulación, recoge también Efe.

La Junta de Castilla y León no ve motivo alguno de polémica en el hecho de que la Universidad de Burgos (UBU) haya casi publicado el número final de alumnos matriculados en el nuevo grado de Medicina, respecto a los aprobados en su memoria, mientras la Universidad de León (ULE) haya cumplido escrupulosamente quedándose muy por debajo.

Se trata de la gran diferencia que separa los 134 alumnos ya matriculados a fecha de hoy en el campus burgalés, cuando tenía aprobados en origen 72, frente a los 80 de León. Una diferencia que ha sido motivo de fuerte crítica por parte de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que llevará este asunto al Parlamento autonómico, acusando a la Junta de actuar con “un doble rasero” dependiendo de si la universidad es de Castilla o de León.

El portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, no ha visto nada extraño en las cifras finales que se consolidan de matrícula, incluso admitiendo que no ha sido sólo en Burgos sino también en León donde se ha producido una avalancha de solicitudes de matrícula para el arranque de estos estudios aprobados en ambos casos en el año 2024.

Carriedo aseguró a preguntas de los periodistas que ese gran incremento final burgalés, lejos de ser irregular por superar el máximo del 10% de incremento que según UPL estaba establecido para las dos universidades, es una demostración de que el proceso “se ha hecho bien” y la decisión de ampliar Medicina en ambas ciudades “ha sido un éxito”. Más aún, añadió, cuando en general Castilla y León es la segunda comunidad con más alumnos provenientes de fuera de la autonomía.

Para el portavoz, la decisión de aumentar matrículas entra dentro de la “autonomía universitaria” y no hay problema “siempre que se mantenga la calidad del servicio que dan”. “Cada universidad, en el ámbito de su autonomía, es la que tiene la iniciativa para decidir su línea de actuación y, lógicamente, para decidir el número de alumnos”

Y por otro lado, vino a negar que ese notable crecimiento de alumnos suponga, a día de hoy, matizó, una mayor financiación de la Junta de Castilla y León a la UBU: “Las cantidades” en vigor “ya están acordadas y no se van a modificar”, zanjó.

La nueva Facultad de Medicina de León que echa a andar este curso, y que hoy se ha inaugurado de manera oficial con desembarco institucional, parte de 80 alumnos que fijaba la memoria que fue aprobada por la Junta de Castilla y León. Tal y como ya anunció la semana pasada la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, como mucho ascenderá a una cifra final de 88 estudiantes de este pionero primer curso porque entraría dentro del 10% que como tope se permite superar.

Sin embargo, cuando la semana pasada se produjo la inauguración del también esperado arranque del primer curso de Medicina en la Universidad de Burgos, con presencia del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y del de Sanidad, el burgalés Alejandro Vázquez, se anunció que partiendo de una cifra de 72 plazas en su memoria oficial, el Campus burgalés ya duplicaba la cifra final de matriculados en el Grado de Medicina, ascendiendo finalmente a 159. En este caso, el tope del 10% permitido a mayores quedaba pulverizado: se trata de un 120% más.

Ante esta situación, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha criticado la desigual permisividad del Gobierno autonómico, formado por Partido Popular (PP) y Vox, cuando la Universidad de León sí cumple “escrupulosamente” con las plazas fijadas inicialmente para esos mismos estudios que en ambos campus se estrenan por primera vez. Por eso, en un comunicado se anuncia el registro de una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para depurar responsabilidades y conocer las causas de ese desigual incremento.

El Grupo Mixto parlamentario que lidera UPL espera que la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que dirige el leonés Suárez-Quiñones, explique por qué la UBU “se ha saltado la memoria de implantación aprobada para el Grado de Medicina”, creando a su juicio “un doble rasero” respecto al caso de León. Y de paso, reclaman del consejero “que detalle si su área va a actuar ante esta situación de perjuicio para la Universidad de León y, en caso afirmativo, qué medidas y acciones plantean tomar”.

Si no cambian las cosas, la desigualdad de alumnos entre ambas universidades será manifiesta. Pero no tan abultada. Fuentes oficiales de la UBU han detallado a ILEÓN que a fecha de hoy la cifra de alumnos matriculados no es de los 159 que se mencionó en el arranque del curso la semana pasada sino de 134, con una tendencia “a la baja”. Para que sea posible lo que sí tildan de “alta demanda” recibida, añaden, “se han duplicado grupos y prácticas”.

Matizan además que la cuantía final de alumnos del Grado de Medicina en la ciudad castellana no se conocerá como definitiva “hasta mediados de octubre”, cuando se cierre el plazo último para matriculaciones. Y desisten de entrar en polémica alguna, no detallando cuál es el motivo de haber superado con creces el límite del 10% permitido, un porcentaje que se se tiene en cuenta los 134 estudiantes ya matriculados hoy sería exactamente de más del 86%.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha actualizado su Guía de Consentimiento Informado mediante la revisión de sus contenidos y la incorporación de nuevos conceptos para reforzar los derechos relacionados con la autonomía del paciente, recordar y ayudar a todos los profesionales a formarse en la importancia del consentimiento informado y garantizar su adecuación con la normativa de referencia legal.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad ha detallado este sábado que entre las novedades que se han incorporado a esta nueva publicación destacan la revisión de la evaluación de la capacidad del paciente.

También la actualización del documento de instrucciones previas, en el que el paciente planifica el consentimiento o el rechazo de un procedimiento asistencial diagnóstico o terapéutico cuando la enfermedad le impida tomar decisiones autónomas.

E incorpora una actualización de la normativa sobre el consentimiento informado, y la revisión de las recomendaciones aplicables en situaciones especiales, como aquellas en las que están implicadas menores de edad, personas con enfermedades mentales o pacientes con limitaciones para tomar decisiones.

La actualización de la Guía, elaborada por la Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano consultivo asesor de la Gerencia Regional de Salud, responde a los importantes cambios que se han producido con la incorporación de las nuevas tecnologías, la evolución de la relación entre profesionales y pacientes, el reconocimiento de la autonomía personal y la difícil valoración de la capacidad para tomar decisiones sobre procedimientos diagnósticos y terapéuticos en determinados pacientes.

La nueva Guía de Consentimiento Informado mantiene el formato original de preguntas y respuestas lo que facilita una consulta ágil y práctica de las cuestiones más habituales que surgen en el ámbito del consentimiento informado.

El consentimiento informado constituye un proceso continuo de comunicación entre el profesional sanitario y el paciente. A través de este diálogo, el médico proporciona información comprensible, adecuada y adaptada a las necesidades de cada persona sobre los procedimientos propuestos, sus beneficios, riesgos y alternativas para que el paciente pueda decidir libre y voluntariamente conforme a sus valores y proyecto de vida.

Con ello, la Guía de Consentimiento Informado se consolida como una herramienta de apoyo para los profesionales sanitarios y como una garantía para la protección de los derechos de los pacientes.

La Consejería ha incidido en que su publicación será de gran utilidad para los profesionales y pacientes de todos los centros sanitarios y también para los Comités de Ética Asistencial.

Un incendio forestal declarado poco antes de las 15.00 horas de este domingo en el monte La Calabaza, en las inmediaciones de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, avanza con fuerza hasta el municipio de Quemada. Según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se trata de un siniestro con riesgo para la población y bienes materiales, por lo que ha sido declarado de nivel 2 en el Índice Potencial de Gravedad (IPG).

Se trata de una zona boscosa, de pinos y encina, situada cerca de Aranda de Duero, en las proximidades de la carretera BU-925 que comunica la villa arandina con la localidad de Peñaranda de Duero, y del río Arandilla, han informado fuentes de la administración autonómica.

Poco antes de las seis y media de la tarde se ha decidido el corte total de tráfico en la mencionada carretera y decidido el desalojo de tres personas de las viviendas que se encuentran más cerca del foco de las llamas.

En el control del fuego participa a esta hora una treintena de medios desplazados por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España (Ministerio para la Transición Ecológica), entre ellos cinco helicópteros e hidroaviones. Participan también de este dispositivo varias cuadrillas terrestres, helitransportadas, camiones autobomba y un vehículo bulldozer.

Un estudio liderado por el hematólogo burgalés Tomás José González López y con participación en el Hospital de León, el de Segovia y el de Zamora ha concluido que el uso temprano del fármaco Fostamatinib mejora el tratamiento de la púrpura trombocitopénica inmune (PTI), una enfermedad poco frecuente de la sangre caracterizada por una disminución anormal del número de plaquetas.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica 'Advances in Therapy', analiza la efectividad y seguridad de este medicamento cuando se emplea como segunda o tercera línea de tratamiento, una estrategia sobre la que existía todavía escasa evidencia en condiciones reales de práctica clínica.

El trabajo consultado por EFE ha sido coordinado desde el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Burgos y ha contado con la participación de 22 centros hospitalarios españoles, entre ellos el Complejo Asistencial Universitario de León, el Complejo Asistencial de Segovia y el Complejo Asistencial de Zamora.

Los investigadores estudiaron a 72 pacientes adultos tratados con Fostamatinib en España y observaron que el 83,3 por ciento logró una respuesta al tratamiento, mientras que el 65,3 por ciento alcanzó una respuesta completa.

Además, el tiempo medio para comenzar a recuperar niveles adecuados de plaquetas fue de apenas 10,5 días.

La púrpura trombocitopénica inmune es una enfermedad autoinmune en la que el propio organismo destruye las plaquetas, células fundamentales para la coagulación sanguínea. Esta situación incrementa el riesgo de hemorragias y puede provocar desde pequeños sangrados cutáneos hasta complicaciones más graves.

Fostamatinib actúa bloqueando una proteína denominada tirosina quinasa esplénica (SYK), implicada en el proceso por el que el sistema inmunitario elimina las plaquetas. El medicamento ya había demostrado eficacia y seguridad en pacientes con PTI, aunque hasta ahora la mayor parte de la experiencia se concentraba en etapas más avanzadas de la enfermedad.

Según los resultados obtenidos, los pacientes tratados en fases más tempranas también presentan elevadas tasas de respuesta. En concreto, ésta alcanzó el 76 por ciento cuando el fármaco se administró como segunda línea terapéutica y el 87,2 por ciento cuando se empleó como tercera línea.

Los autores destacan además que más de la mitad de los participantes recibieron Fostamatinib en monoterapia y que los efectos adversos registrados fueron, en general, leves o moderados. Los más frecuentes fueron diarrea e hipertensión, mientras que menos de un tercio de los pacientes suspendió el tratamiento por falta de eficacia.

A la vista de estos resultados, el equipo investigador concluye que el fármaco ofrece una elevada efectividad y una tolerabilidad aceptable como segunda o tercera línea de tratamiento en pacientes adultos con PTI, lo que refuerza la posibilidad de adelantar su utilización en la práctica clínica habitual.

La participación de varios centros sanitarios de Castilla y León en este trabajo sitúa a la comunidad en una investigación que busca mejorar el manejo de una patología poco frecuente pero potencialmente grave, y aporta nueva evidencia clínica para optimizar el tratamiento de los pacientes afectados.

El 62,96% de los edificios analizados en Castilla y León presenta carencias graves de accesibilidad, el porcentaje más elevado entre las comunidades autónomas incluidas en un estudio nacional sobre el estado del parque edificado, que sitúa además a la Comunidad muy por encima de la media española, fijada en el 39,98%.

La conclusión figura en el 'Análisis del estado del parque de edificios en España y comparativa entre comunidades autónomas con datos de la herramienta e-LEEx', que acaba de ser publicado en la revista 'Anales de Edificación' y analiza información procedente de 4.201 edificios de distintas regiones españolas a partir de los Libros del Edificio Existente elaborados mediante la plataforma digital e-LEEx.

La investigación ha sido desarrollada por especialistas vinculados a los colegios de la Arquitectura Técnica de Aragón y parte de una base de datos generada entre julio de 2022 y enero de 2026, concebida para evaluar de forma sistemática aspectos relacionados con la conservación, la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia energética de los inmuebles.

Los resultados muestran una realidad llamativa en Castilla y León: aunque las nueve provincias de las regiones de León y de Castilla lideran en su conjunto los indicadores de conservación entre las autonomías analizadas, mantiene importantes déficits en materia de accesibilidad.

Según el trabajo, el 61,40% de los edificios examinados presenta un estado de conservación favorable y otro 28,07% se encuentra en situación favorable aunque con deficiencias menores. Solo el 10,53% registra deficiencias severas y no se detectaron inmuebles con deficiencias muy graves dentro de la muestra regional.

Sin embargo, esa buena situación estructural no se traduce en mejores niveles de accesibilidad ya que el estudio revela que casi dos de cada tres edificios de Castilla y León presentan obstáculos importantes para garantizar el acceso universal a personas con movilidad reducida u otras necesidades especiales.

Solo el 25,93% cumple los criterios de accesibilidad universal, mientras que apenas el 1,85% dispone de itinerarios accesibles y el 9,26% ciento cuenta con itinerarios practicables.

1984: la huella de la antigüedad

Los investigadores subrayan que la antigüedad del parque edificatorio continúa siendo uno de los factores que ayudan a explicar parte de estas carencias: el año medio de construcción de los edificios analizados en Castilla y León se sitúa en 1984.

Además, recuerdan que, a escala nacional, más de la mitad de los edificios residenciales españoles fueron construidos antes de 1980, es decir, antes de la entrada en vigor de muchas de las normativas actuales en materia de accesibilidad, eficiencia energética y calidad constructiva. No obstante, el trabajo concluye que la edad de los inmuebles no explica por sí sola las diferencias territoriales observadas.

De hecho, la correlación entre antigüedad y problemas de accesibilidad resulta mucho más débil que la existente entre antigüedad y estado de conservación, por lo que los autores consideran que aspectos como las políticas de rehabilitación, las intervenciones posteriores realizadas en los edificios o las exigencias normativas aplicadas en cada territorio desempeñan un papel relevante.

El estudio concluye que el futuro de la rehabilitación pasa por combinar actuaciones dirigidas a mejorar la conservación de los inmuebles con intervenciones que eliminen barreras arquitectónicas y reduzcan el consumo energético, especialmente en un parque residencial envejecido como el español.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL) defiende la cooperación entre instituciones para la defensa de un patrimonio cultural común, tras la decisión de la Diputación de León de abandonar su patronato, y asegura que mantendrá su apuesta por el estudio y la divulgación del patrimonio lingüístico “vinculado a todos los territorios de Castilla y León”.

Así lo ha indicado en nota de prensa tras la celebración este viernes, en el Palacio de la Isla de Burgos, de la reunión del patronato, bajo la presidencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico (Vox), en la que se han aprobado la memoria de actividades y las cuentas del pasado 2025. Cabe recordar que Vox y el Partido Popular (PP) fueron las formaciones que no apoyaron en la Diputación la decisión de abandonar esta institución.

El consejero ha asegurado que la decisión de la Diputación de León de abandonar el patronato, lo que la convierte en la única institución provincial sin representación, es “especialmente significativa” si se tiene en cuenta que el Instituto de la Lengua ha desarrollado trabajos vinculados al patrimonio lingüístico leonés. Y ha recordado que entre las actuaciones más recientes se encuentra la publicación del estudio sobre la Nodicia de Kesos, uno de los testimonios documentales más antiguos relacionados con los orígenes del castellano y muestra de la labor de investigación y recuperación documental del Instituto.

La Junta de Castilla y León ha insistido en que, pese a la marcha de la Diputación de León, seguirán apostando por el estudio y la difusión del patrimonio lingüístico “vinculado a todos los territorios”, y por un Instituto de la Lengua “capaz de vertebrar ese esfuerzo común”.

“La defensa del patrimonio cultural común exige que las administraciones colaboren y contribuyan a sostener los proyectos que permiten investigarlo, conservarlo y transmitirlo”, ha indicado, y ha puesto como ejemplo de cooperación institucional el Instituto de la Lengua.

Nueva etapa

Además, con la reunión del patronato la Junta inaugura una nueva etapa en el Instituto de la Lengua, con el objetivo de reforzar la Comunidad como tierra de origen y referencia internacional del español, “uno de sus grandes patrimonios culturales”, ha indicado en nota de prensa.

El nuevo impulso buscará también reforzar la planificación y la evaluación de sus actuaciones, con una programación más reconocible, con prioridades claras y proyectos capaces de aumentar la presencia y el prestigio del Instituto dentro y fuera de Castilla y León.

La Junta ha destacado que durante 2026 el Instituto ha continuado su trabajo de investigación sobre los orígenes del español y la documentación medieval, con nuevas ediciones críticas como el Cartulario de Froncea (siglos X-XIII), el Fuero de Andaluz y los Fragmentos visigóticos de un penitencial tipo silense del siglo XI. Y se encuentra en preparación la edición crítica del Becerro Gótico de Sahagún. Liber Testamentorum Sancti Facundi.

Ha indicado igualmente que su voluntad es mantener todas las líneas de trabajo, también en los ámbitos educativo, divulgativo y de proyección internacional, y que se integren en una estrategia que permita al Instituto ganar visibilidad, ampliar su impacto y concentrar sus esfuerzos en aquellos ámbitos en los que Castilla y León puede ofrecer un valor diferencial.

El parque multiaventura La Roca de Palencia acogerá el próximo jueves 24 de septiembre el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla y León. La inscripción, libre y gratuita y con preferencia para afiliados, se puede formalizar hasta el lunes 14 en las sedes de la UJP en cada una de las provincias de la comunidad. La capital palentina toma el relevo de Valladolid, que organizó el pasado año la primera edición en el Pinar de Antequera.

La jornada comenzará entre las 9.00 y las 11.00 horas con la recepción de asistentes y desayuno, seguida de la recepción de autoridades y un acto institucional programado para las 11.15 horas. Una sucesión de actividades dará luego paso a una comida a base de olla ferroviaria (14.45 horas).

Por la tarde serán protagonistas las actuaciones: del Nuevo Mester de Juglaría (16.15 horas) y la música y el baile con Sara Bureba (17.45 horas). A las 19.00 horas llegará el momento de la clausura de este II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT.

La organización calcula que alrededor de 450 personas participarán en esta cita. La provincia de León cuenta con 1.316 afiliados a la UJP.

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.

León volverá a convertirse en escaparate de la gastronomía de Castilla y León, esta vez en formato tapa, tan tradicional en la provincia, y también pincho de pago, en gran parte de Castilla. El Palacio de Exposiciones de la capital leonesa acogerá los días 28 y 29 de septiembre la segunda edición del Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León, una cita que reunirá a cocineros y establecimientos de las nueve provincias de la Comunidad y que contará con el chef gallego Pepe Solla como presidente del jurado.

La capital leonesa toma así el relevo de Zamora, donde se celebró la primera edición del concurso, para reunir durante tres jornadas algunas de las mejores propuestas de la gastronomía en miniatura de la Comunidad. Como el año pasado no pudo celebrarse este evento, esta vez serán 36 los establecimientos y los cocineros que competirán por convertirse en los mejores.

En la presentación del evento participaron el alcalde de León, José Antonio Diez, el director general de Turismo de Castilla y León, Ignacio Sicilia Doménech, el presidente de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl), Jaime Fernández Lafuente, y el presidente de la Asociación de Hostelería de León, Óscar García.

Promovido por la Federación, y con el patrocinio principal de la Junta de Castilla y León, el concurso busca poner en valor la calidad y diversidad de la cocina castellana y leonesa, promocionar el producto de proximidad y reforzar la gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos de la Comunidad, remarcaron en la presentación. Sicilia Doménech (Vox), en concreto, remarcó que en la Comunidad “la gastronomía es identidad” y por eso “integra a tosas nuestras provincias”. Diez, por su parte, remarcó el protagonismo leonés con las tapas como “referente turístico”.

En León recalarán establecimientos y profesionales procedentes de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Cada participante tendrá el reto de condensar en una tapa su creatividad, técnica y conocimiento del producto, en una competición que pretende convertirse también en escaparate de las diferentes formas de interpretar la cocina castellana y leonesa.

Pepe Solla, al frente del jurado

Uno de los principales atractivos de esta segunda edición será la presencia del chef Pepe Solla, con su veterana Estrella Michelín y tres Soles Repsol, al frente del jurado que evaluará el trabajo de los participantes, integrado también por periodistas.

Durante los dos días del concurso, el Palacio de Exposiciones se convertirá así en punto de encuentro para cocineros, profesionales de la hostelería y aficionados a la gastronomía, sumando una nueva cita a la oferta gastronómica de la ciudad.

El paro subió en agosto por segundo mes consecutivo en León. Lo hizo en 115 personas, un aumento del 0,59% con respecto a julio (la subida fue del 1,92% en la media nacional) para situar la estadística en 19.468 demandantes de un puesto de trabajo. La comparativa interanual sí es positiva al suponer 359 inscritos menos que en agosto de 2025, un descenso del 1,81%, según datos publicados este miércoles por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). Los datos reflejan también que son otra vez las mujeres las que acaparan la mayor parte del ascenso intermensual, apenas paliado por la incorporación de mano de obra a la agricultura.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la agricultura (-43, de 689 a 646). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (163, de 13.583 a 13.746) y más moderados en la industria (30, de 1.589 a 1.619) y en la construcción (18, de 1.227 a 1.245).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.623 mujeres desempleadas (106 más que el mes pasado) frente a 7.845 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (687 hombres frente a 642 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (673 hombres por 802 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.952 por 3.115) y a partir de los 45 años (4.533 por 7.064).

Castilla y León

Castilla y León sumó en agosto 2.010 parados, lo que deja en 98.323 los desempleados en esa comunidad, un 2,09% más que en julio, frente al 1,92% de aumento a nivel nacional, a la vez que el número de cotizantes a la Seguridad Social ha bajado en 3.102, lo que supone una pérdida del 0,30%, hasta dejarlos en 1.019.088 afiliados.

Los datos publicados este miércoles recogen que la Comunidad tiene 144 parados más que en el mismo mes del 2025, el 0,15% más, mientras que a nivel nacional se observa una bajada interanual del 2,91% (70.593 parados menos).

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró agosto con 18.946 cotizantes más que hace un año, el 1,89% más, por debajo del 3,13% registrado a nivel nacional.

El paro registrado en agosto subió respecto a julio en todas las autonomías, excepto en la ciudad autónoma de Ceuta, donde bajó el 1,76% (148 personas), con los peores datos en Cataluña (4,63% de subida), Baleares (3,31%) y Murcia (2,71%), con Castilla y León con el noveno incremento.

La pérdida de afiliados a la Seguridad Social sería mayor en caso de no haber contabilizado en agosto las nuevas afiliaciones procedentes del proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros, que ha aportado en Castilla y León hasta el momento 14.452 nuevas altas, que representan el 4,3% de total realizado en España (337.917).

En este registro, Castilla y León es la sexta autonomía con un más elevado número de trabajadores extranjeros regularizados, superada únicamente por la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.

Sube en todas las provincias

El paro subió en agosto en todas las provincias respecto a julio, aunque lo hizo más en Burgos, con un incremento del 4,16%, seguido de Segovia (3,36%), Valladolid (2,46%), Zamora (2,40%), Palencia (2,30%) y Ávila (2,27%), todas ellas por encima de la media autonómica.

Por debajo del 2,09% de subida en Castilla y León se situaron los alzas del paro en Soria (1,47%), Salamanca (1,18%) y León (0,59%).

Y respecto a agosto de 2025, el desempleo aumentó más en Soria, hasta el 9,08%, seguida de Valladolid (2,32%), Palencia (1,74%) y Burgos (1,14%); mientras que descendió el dato interanual en Salamanca (2,16%), León (1,81%), Ávila (0,80%), Segovia (0,58%) y Zamora (0,42%).

El desempleo aumentó en todos los sectores, excepto en Agricultura, que presentó una ligera bajada de 6 trabajadores; mientras que en el resto de sectores se registraron subidas del paro, en especial en el de Servicios, que anotó 1.469 parados más que en julio, con 225 más en Industria, 128 en Construcción y 194 en el colectivo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró agosto con 2.071 mujeres más en las listas del paro y 939 hombres, con un aumento de 481 parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la Comunidad cierra agosto con 39.274 hombres desempleados y 59.049 mujeres; y 7.782 menores de 25 años sin empleo.

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en agosto 54.098 contratos, que suponen 17.589 y un 24,54% menos que en julio, cuando se producen la mayoría de las contrataciones vinculadas al verano.

En cambio, a nivel interanual, el dato de Castilla y León mejora los resultados del pasado año, con hasta 2.018 contratos más, lo que representa un incremento del 3,87%.

Del total de contratos, 16.799 fueron indefinidos, 6.056 menos que el mes anterior, mientras que otros 39 fueron firmados con personas con discapacidad, 1.564 fueron conversiones de contratos y los restantes 37.299 fueron temporales.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de julio, fueron 73.165, 6.225 más que en el mes anterior, de las cuales 40.225 fueron prestaciones contributivas, 32.920 subsidios y 20 rentas activas de inserción.

El curso escolar 2026-2027 en las nueve provincias de Castilla y León estrena calendario. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, junto a los sindicatos del sector, hace meses que marcaron las fechas de inicio y final de las clases, así como los principales periodos vacacionales y días no lectivos de un curso que comenzará de forma escalonada en septiembre y que volverá a dejar varios puentes y descansos repartidos a lo largo del año, con un largo período vacacional en Navidad que hará que no se retomen las clases hasta el 11 de enero de 2026.

Los primeros en regresar a las aulas serán en septiembre los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, que comenzarán las clases el miércoles 9 de septiembre de 2026. Ese mismo día se incorporarán también los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizados en centros de Educación Primaria y el alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado superior.

La vuelta generalizada para los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial llegará unos días después, el martes 15 de septiembre.

El calendario mantiene además una incorporación progresiva para el resto de enseñanzas. El 22 de septiembre comenzarán las clases los alumnos de grado medio y de primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, así como el alumnado de enseñanzas en régimen a distancia y de las aulas de Educación de Personas Adultas.

La siguiente fecha marcada será el 1 de octubre, cuando se incorporarán los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas. El último inicio del calendario será el 5 de octubre, para el alumnado de enseñanzas de idiomas.

Casi tres semanas de vacaciones en Navidad

Uno de los periodos más largos de descanso del curso llegará con las vacaciones navideñas. Las clases terminarán antes de Navidad y el periodo vacacional se extenderá desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, ambos incluidos.

A este amplio parón se sumarán los días festivos y no lectivos del primer trimestre, entre ellos el 12 de octubre, que caerá en lunes, y el 2 de noviembre, ya que el día de Todos los Santos pasa de domingo a lunes), además del 30 de octubre, establecido como día no lectivo con motivo del Día del Docente, y que genera otro puente al ser viernes.

El calendario también permitirá un largo descanso en el puente de la Constitución y la Inmaculada. El 7 y el 8 de diciembre serán festivos, lo que, unido al fin de semana, dejará varios días consecutivos sin clases.

Además, los calendarios municipales podrán incorporar sus propios días festivos, que también afectarán a la actividad lectiva de los centros de cada localidad. En el caso de León capital, por ejemplo, el lunes 5 de octubre San Froilán y un adelanto inesperado del fin de curso, ya que el 24 de junio se celebra San Juan.

Carnaval y diez días sin clase en Semana Santa

El segundo gran descanso del curso llegará con Carnaval. El lunes 8 y el martes 9 de febrero de 2027 serán días no lectivos, por lo que el alumnado tendrá cuatro días consecutivos sin clase al unirse al fin de semana anterior.

La Semana Santa concentrará otro de los principales periodos vacacionales. Las vacaciones comenzarán el 20 de marzo y se prolongarán hasta el 30 de marzo, de manera que los estudiantes regresarán a las aulas el miércoles 31 de marzo. Jueves Santo será el día 25 y Viernes Santo el 26 de marzo.

Un final de curso escalonado hasta el 24 de junio

El final del curso también será diferente según las enseñanzas. Los primeros en terminar serán los alumnos de segundo de Bachillerato y algunos ciclos formativos de FP de grado superior, cuyas clases finalizarán el 21 de mayo de 2027.

El resto de finales se producirán de forma escalonada durante junio. El primer curso de Bachillerato y parte del alumnado de Formación Profesional concluirán antes, mientras que el grueso de los estudiantes de Castilla y León mantendrá las clases hasta el 24 de junio, fecha que marcará el inicio de las vacaciones de verano para Infantil, Primaria, ESO y buena parte del resto de enseñanzas.

El acuerdo de la Consejería de Educación, que se refleja en este enlace detallado con todas las fechas, contempla además que la Junta de Castilla y León vuelva a hacerse cargo de la atención del alumnado durante los periodos de reducción de la jornada lectiva en junio y septiembre. Las familias podrán contar, además, con la posibilidad de utilizar el servicio de comedor durante esas semanas.

A continuación dejamos el calendario oficial completo para descargar o consultar:

La Junta de Castilla y León acaba de poner en marcha las prometidas subvenciones de hasta 900 euros para ayudar en la obtención del permiso de conducir de clase B para jóvenes de entre 18 y 30 años. Se trata de una medida con la que el Gobierno autonómico busca mejorar el acceso al empleo de los jóvenes, favorecer la emancipación y contribuir a fijar población, especialmente en el medio rural, según las bases reguladoras publicadas este viernes 28 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La medida, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que dirige Cristina Sanchidrián, prevé ayudas que cubrirán parte de los gastos derivados de la obtención del carné de conducir y que podrán alcanzar un máximo de 900 euros, en función de la renta de la unidad de convivencia de la persona solicitante.

Entre las primeras condiciones, las ayudas estarán dirigidas a jóvenes que hayan cumplido 18 años y que no superen los 30 durante el año de la convocatoria. Entre los requisitos figura residir y estar empadronado en algún municipio de Castilla y León con una antigüedad mínima de cinco años antes de la obtención del permiso y mantener ese empadronamiento de forma ininterrumpida durante al menos tres años después de solicitar la subvención.

Las condiciones principales

La cuantía máxima será de 900 euros para las unidades de convivencia con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La ayuda podrá alcanzar hasta 750 euros para rentas situadas entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM; hasta 600 euros para ingresos entre 2,5 y 3,5 veces ese indicador; y hasta 450 euros para quienes superen ese umbral.

Lo que entra y lo que no

Serán subvencionables gastos como la matrícula, las clases teóricas y prácticas impartidas en autoescuelas homologadas con centros abiertos en Castilla y León, así como las tasas y derechos de examen de Tráfico. Quedarán excluidos los reconocimientos médicos y psicotécnicos y otros gastos de gestión.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenarán principalmente según el nivel de renta de la unidad de convivencia, de menor a mayor. En caso de empate, prevalecerá el orden de presentación de la documentación completa.

La gestión de las ayudas contará con la colaboración de la empresa pública Somacyl y las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica a través de la sede de la Administración autonómica, en el portal de la Sede Electrónica de la Junta, pinchando aquí.

Letra pequeña

Sin embargo, es importante remarcar, como lo detalla la Consejería, que la convocatoria saldrá en el mes de septiembre y los usuarios podrán solicitar las ayudas sólo una vez que hayan obtenido el permiso de conducir. Y que el pago de las cuantías se realizará durante el año próximo año, 2027, al incorporarse la partida al Presupuesto de la Comunidad para el próximo ejercicio.

En la orden publicada, la Junta argumenta que la movilidad constituye un elemento “estratégico” para combatir el despoblamiento y favorecer el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en una comunidad marcada por la dispersión territorial y el peso del medio rural.

El Ejecutivo autonómico destaca que disponer del permiso de conducir resulta determinante para acceder a numerosas oportunidades laborales, especialmente en sectores con relevancia en Castilla y León como los servicios, la industria agroalimentaria o la logística.

Además, recuerda que el permiso B es un requisito previo para acceder a licencias profesionales vinculadas al transporte de mercancías y viajeros, un ámbito que presenta una elevada demanda de trabajadores.